Uri Landman
Para Lampadia
Por un viaje de negocios que tuve que hacer a Estados Unidos la semana pasada, viví casi en primera fila los últimos días del juicio que se le siguió al expresidente Donald Trump y la lectura del veredicto por parte de un jurado en Nueva York, que lo encontró culpable de 34 cargos en su contra.
Según la acusación de la fiscalía de Nueva York, Trump le ordenó a su abogado Michael Cohen, que le pagara a la actriz de cine para adultos, Stormy Daniels, la suma de 130,000 dólares antes de las elecciones presidenciales del año 2016, para que esta no divulgara que había tenido relaciones sexuales consentidas con Trump en el año 2006. Este hecho siempre ha sido negado por el expresidente.
Para los fiscales, este fue un intento de “influir ilegalmente” en los comicios del año 2016 y además constituyó un delito de falsedad en las cuentas. Los 34 delitos surgen de las 11 facturas, 12 vales y 11 cheques que conformaban los pagos mensuales que le hizo Trump a Cohen, para reembolsarle el monto de 130,000 dólares pagados por adelantado por el abogado.
Si bien los pagos para mantener en privado un asunto, mediante la compra del silencio, no son ilegales en Estados Unidos, la fiscalía alegó que Trump cometió un delito al registrar estos, bajo el concepto de “gastos legales”.
Es la primera vez en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica que un expresidente ha sido condenado en un juicio penal.
Para los peruanos, que estamos acostumbrados a que la mayoría de expresidentes, terminen enjuiciados o en la cárcel, es muy interesante analizar este caso. En nuestro país, Fujimori fue condenado por los crímenes en La Cantuta y Barrios Altos. Alejandro Toledo está preso por corrupción. Humala y PPK están siendo investigados por corrupción también. Castillo está preso por el golpe de estado y está siendo investigado por corrupción.
Para el norteamericano es sagrada la figura del presidente del país. Por lo que constituye casi una vergüenza nacional que un expresidente sea condenado en un juicio penal. Hasta los adversarios políticos de expresidentes como Reagan, Bush o Clinton, cuidaron de no dañar la figura presidencial con juicios penales en su contra. Sin embargo, en los últimos años, hemos visto un uso político del sistema judicial norteamericano al mismo estilo que en los países del tercer mundo.
Nuevamente hay que decir que en Perú, estamos acostumbrados de sobra a que el Ministerio Público y el Poder Judicial, estén al servicio de ideologías, grupos de poder o partidos, para perseguir a sus enemigos políticos y beneficiar a sus aliados utilizando el sistema de justicia en lugar de perseguir el crimen.
En el caso de Trump, el fiscal que presentó la acusación, Alvin Bragg, pertenece al partido Demócrata (opositor de Trump). El juez que llevó el caso, es Juan Merchan, de origen colombiano, quien anteriormente ya había presidido otro caso donde encontró culpable al director financiero de la Organización Trump y ha sido acusado de estar parcializado a favor de los demócratas. Esta acusación se basa en que Merchan realizó pequeñas donaciones a favor de la campaña de Biden y de organizaciones progresistas. Por otro lado, su hija, Loren, ha trabajado en una firma que se dedica a la recaudación de fondos para candidatos del Partido Demócrata como Biden.
Algunas analistas también afirman que era imposible tener un jurado imparcial en Nueva York, un distrito electoral en donde el 95% de los votos fueron para Biden en las elecciones pasadas. Por lo que, según ellos, no debe sorprender una sentencia condenatoria en contra de Trump.
El juez Merchan, ha informado que la audiencia de sentencia a Trump será el 11 de julio. El expresidente puede ser sentenciado a arresto domiciliario, libertad condicional y hasta pena de cárcel efectiva, lo cual es poco probable en su caso, debido a su falta de antecedentes penales. La última palabra la tiene el juez Merchan.
Sin embargo, a pesar de haber sido declarado culpable y ser sentenciado, ya sea libertad condicional o algún tipo de arresto, Trump seguirá siendo el candidato del Partido Republicano para las próximas elecciones en noviembre de este año, en donde, según mi opinión, ganará la presidencia.
Mientras los norteamericanos aprenden a utilizar la justicia como arma política, en Perú tenemos amplia experiencia en ese tema.
Solo basta mencionar que el ineficiente e inepto fiscal José Domingo Pérez, quien lleva 9 años investigando a Keiko Fujimori por el “Caso Cócteles”, ha vuelto a pedir prisión preventiva para Keiko por supuestamente haber violado las reglas de conducta en el proceso que se le sigue.
Recordemos la célebre frase de Platón: “La peor forma de injusticia, es la justicia simulada”. Lampadia
