Por: Miguel Palomino
La República, 30 de abril del 2024
«Calcular la injerencia del Congreso en las leyes se va tornando en inútil porque el Ejecutivo ahora es tan débil que ni siquiera se molesta en, aunque sea simbólicamente, objetar las leyes que no deberían aprobar».
En los últimos años, el Congreso ha venido promulgando muchas más leyes por insistencia, es decir, que pese a haber sido objetadas por el Ejecutivo, el Congreso insiste en aprobarlas. No es que esto no se haya hecho antes. Como indica un informe del IPE, el 7% de las leyes fueron aprobadas por insistencia en los veinte años entre el 2000 y el 2019. El problema es que ahora ¡una de cada cuatro leyes son aprobadas por insistencia!
Además, esta forma de calcular la injerencia del Congreso en las leyes se va tornando en inútil porque el Ejecutivo ahora es tan débil que ni siquiera se molesta en, aunque sea simbólicamente, objetar las leyes que no cuentan con su aprobación. Efectivamente, el Ejecutivo ya tiró la toalla ante el Congreso.
Este festín de leyes aprobadas por insistencia no es solo porque el Ejecutivo es débil, también es producto de que el Congreso ha perdido el rumbo. Hoy no existen partidos políticos con objetivos que vayan más allá de lo inmediato, sino grupos de interés interpartidarios que se conforman con quienes hayan sido cooptados para apoyar tal o cual ley en favor del grupo, sin importar que tan malo pueda ser el resultado para el peruano promedio.
Esto no es inconstitucional, más bien lo que viene sucediendo es que el Congreso no ha sabido autolimitar sus funciones y legisla alegremente sobre casi todo, en lugar de lo importante. Veamos como ejemplo los diversos proyectos con los que el Congreso ha interferido o piensa interferir con el funcionamiento del sistema financiero.
Antes de entrar en detalles, veamos el entorno. Recordemos que el Congreso aprobó la ley 26702 cuyo objetivo es la competitividad, solidez y confiabilidad del sistema financiero. Para ello se creó un ente especializado, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), para ser el órgano rector y supervisor del sistema financiero. Como debería ser obvio para todo el mundo, regular el sistema financiero es una tarea especializada de una gran complejidad. Por ello es que el cargo de Superintendente de la SBS es uno de los cargos más altos y prestigiosos del país y es de los pocos que es propuesto por el Ejecutivo y ratificado por el Congreso.
Todo esto indica que, en general, debiera ser la SBS la que regule los detalles del sistema financiero y que, en aquellas oportunidades en que el Congreso considere sea necesario una ley al respecto, se debería consultar la opinión de la SBS y tomarla en cuenta. Pero en repetidas ocasiones se aprueban leyes a pesar de la oposición claramente sustentada de la SBS (es más, también se han opuesto a estas mismas leyes el BCR y el MEF).
Hay quienes piensan (no hay como evitarlo) que la SBS (y el BCR) no está protegiendo los intereses del público, sino que está a favor de los bancos. De ser así, la SBS estaría actuando en contra de su mandato de asegurar la competitividad, solidez y confiabilidad del sistema. Si la mayoría del Congreso lo considera así, entonces deberían proceder a remover a la Superintendente, pero no es así, siendo que la Superintendente cuenta con un amplio prestigio bien ganado (lo mismo se puede decir del BCR).
Parece un chiste cruel, pero lo que está ocurriendo es que en un país donde el 90% de los niños no aprueban las pruebas básicas de lectura y matemáticas, donde la anemia infantil ronda el 40%, donde el 80% de la población está insatisfecha con la calidad de los servicios médicos y de salud pública, los congresistas están ocupados en prohibir que se cobren comisiones por transferencias bancarias. Además, lo hacen en contra de la opinión de la SBS, el BCR y el MEF y a sabiendas de que tendrá un impacto reducido pues las transferencias menores ya se hacen sin costo.
Es como si en lo que usara su tiempo el director de un hospital fuera en determinar el ancho de la gasa que se utiliza en una curación. Es ridículo que los congresistas utilicen su tiempo en cosas sin mayor trascendencia habiendo cosas más importantes de que ocuparse.
Lo peor es que las leyes que aprueba el Congreso no solo son con frecuencia inconsultas, pusilánimes e interesadas, sino malísimas. En las palabras precisas del exministro de Economía y Finanzas Waldo Mendoza, el Congreso es “prepotente, abusivo y autor de las peores leyes de la historia contemporánea”.
Esto es particularmente malo porque desde que en noviembre del 2022 el Tribunal Constitucional interpretó el artículo 79 de la Constitución de tal manera que el Congreso tuviera iniciativa de gasto, este se ha encargado de ofrecer el oro y el moro a quienquiera que esté suficientemente organizado. Así, el Congreso ha aprobado en los últimos años S/86,000 millones de soles en gasto (equivalentes a aproximadamente el 40% del presupuesto anual), lo cual eventualmente pone en peligro nuestra duramente ganada estabilidad económica.
Este estado de cosas es negativo para el Perú, lo cual han venido advirtiendo desde hace años diversos economistas, entre ellos los que trabajan para las clasificadoras de riesgo. La semana pasada, la importante clasificadora Standard and Poor’s (S&P) redujo su clasificación de riesgo de la deuda peruana de modo que retuvimos con las justas el ansiado “grado de inversión”, que el Perú había alcanzado por primera vez en el 2008. Nuevamente, hemos retrocedido en logros económicos, esta vez en dieciséis años. De darse otra bajada, la deuda peruana pasaría a integrar la categoría de “bono basura”. Esto tiene un impacto directo sobre el peruano promedio ya que pagaríamos mayores tasas de interés (incluyendo, por ejemplo, las tasas hipotecarias).
Para S&P, el empeoramiento en nuestra clasificación se debe a “un Congreso fragmentado y al limitado capital político del Gobierno”, lo cual no es novedad, pero nos dice que finalmente se nos acaba el tiempo. Nótese que S&P ya había reducido nuestra clasificación de riesgo anteriormente en el 2022.
El cuento de las “cuerdas separadas” de la política y la economía es un mito. La inestabilidad política puede tomar algo de tiempo en hacer evidente sus costos, pero siempre lo hace. El Congreso nos lo ha recordado.
Pensemos en los inmensos sacrificios que hicieron nuestros conciudadanos para poder alcanzar finalmente la notable reducción de pobreza que volvió a la clase media peruana, por primera vez, en la más numerosa. Eso que se logró con más empleos creados por mayor inversión que fue impulsada a su vez por la fe en un futuro mejor. No podemos permitir que un Congreso incapaz nos arrebate nuestra esperanza en el futuro.
Estamos en peligro de repetir la historia del país que una vez fuimos, en el que casi nadie esperaba un futuro mejor, donde los jóvenes se marchaban adonde fuera para tener oportunidades de mejora. ¿No es mejor volver a ser el país con futuro, el país al cual retornaban muchos de los que se fueron en momentos más oscuros, para reencontrarse con la esperanza? Estoy seguro que sí.
