Por: Asociación de Contribuyentes
Perú21, 8 de febrero del 2024
En 2023, Perú pasó el límite de 2.4% del déficit fiscal. La solución más responsable es exigirle al Estado que reduzca planillas, elimine empresas estatales inútiles y se vuelva más austero.
Así como una familia, el gobierno también experimenta flujos de ingresos y gastos que son fundamentales para su funcionamiento. En términos generales, los ingresos provienen de la recaudación de impuestos y desempeñan un papel crucial en la financiación de los gastos gubernamentales.
Estos ingresos se clasifican en tributarios, que incluyen el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC); y no tributarios, como las contribuciones a la seguridad social. En tanto, los gastos se dividen en dos categorías: gasto corriente y gastos de inversión pública. El primero cubre la planilla de sueldos, para mantener el funcionamiento diario de las actividades gubernamentales. Lo segundo se centra en inversiones a largo plazo como proyectos en seguridad, educación, salud y otros, con el objetivo de mejorar y fortalecer la infraestructura y los servicios públicos. En el Perú, este gasto se divide en 70% corriente y 30% inversión. Esto de por sí ya es inaceptable. Siete de cada 10 soles sirven para mantener la burocracia, no necesariamente para servir a los ciudadanos.
Entonces, si el Estado tiene más ingresos que gastos afronta un superávit fiscal, lo que le permitirá ahorrar dinero para tiempos más desafiantes. Pero cuando gasta más de lo que genera por ingresos tenemos un déficit fiscal. ¿Y qué se hace ante un déficit?
Del mismo modo que actuaría una familia frente a un exceso de gastos sobre sus ingresos, los gobiernos se enfrentan a esa diferencia mediante la cobertura o financiamiento a través de deuda interna, deuda externa o la utilización de ahorros previos. Según el BCR, en el Perú, el financiamiento del déficit fiscal proviene básicamente del endeudamiento externo e interno.
En ese contexto, en 2023, el Perú experimentó un déficit fiscal del 2.8% del PBI, superando la meta del 2.4%. Esta situación se atribuye principalmente a la disminución de los ingresos tributarios debido a la baja demanda interna y los precios de exportación más bajos, especialmente en el sector minero. El problema está en que el Estado si bien no recauda más, sigue aumentando gastos en remuneraciones, impulsados por aumentos en distintos regímenes laborales del sector público y pagos de sentencias judiciales. Esto no es aceptable. Si se recauda menos, se debe gastar menos. ¿Y en qué se debe gastar menos? En planillas, sueldos, consultorías, burocracias, entre otros.
El dinero de los contribuyentes debe ser utilizado para servir a los contribuyentes, no para servir a la burocracia y a cientos de miles de funcionarios que muchas veces no hacen nada, malgastan el dinero, o se lo roban, coludidos con otros agentes corruptos. Así, urge una reflexión sobre el gasto corriente del Estado, sus planillas, y sobre si es responsable aumentar sueldos a la burocracia (¡!) cuando la economía no avanza (¡!). Una familia no incrementaría sus gastos si sus ingresos se reducen. Una familia responsable reduciría sus gastos, sería más austera, ahorraría. Pero no, nunca esperemos esto del burócrata y el político. Ellos prefieren seguir afirmando que Petroperú es una empresa “estratégica”.
