Jaime de Althaus
Para Lampadia
El Perú tiene su propio modelo de lucha contra la criminalidad, que fue el que aprendió a desarrollar exitosamente en la guerra contra Sendero Luminoso y el MRTA. Ese es el que hay que adaptar y potenciar. En nuestro país no tenemos grandes concentraciones de poblaciones criminales fácilmente identificables como en El Salvador. Aquí no tendría sentido cercar un barrio o un distrito para detener a los que tienen tatuajes y llevarlos a la cárcel sin orden del juez. Nótese que en El Salvador hay casi la misma cantidad de presos que en el Perú y su población es cinco veces menor que la nuestra.
A diferencia de El Salvador y de Ecuador, las bandas criminales peruanas son pequeñas y localizadas.
Por eso, no hay guerras territoriales como en el país del norte. Suelen ser clanes familiares que no pasan de 50 personas. La organización más grande en nuestro territorio es el venezolano y peligroso Tren de Aragua, responsable del incremento notorio de las extorsiones y el sicariato. Y el Comando Vermelho en la Amazonía, donde el área sembrada de coca ha crecido explosivamente.
Entonces el objetivo de una estrategia anticriminal en nuestro país debe ser impedir el crecimiento de las bandas locales, desarticular y desaparecer el Tren de Aragua y contener el Comando Vermelho.
Para eso no se necesita crear una nueva policía de segundo nivel, como pretende el gobierno, sino potenciar la inteligencia e investigación policial, que es algo que nuestra policía sabe hacer muy bien desde que fue capaz de capturar a las cupulas terroristas, y reducir al mínimo las liberaciones de delincuentes. Para ello, lo primero es aumentar las unidades dedicadas a la investigación policial, desplegándolas en las zonas más complicadas. José Luis Gil ha propuesto, al respecto, incorporar rápidamente a efectivos policiales jubilados a labores administrativas y asesoramiento operativo e implementar un Servicio Policial Voluntario para cubrir los puestos de seguridad en locales, a fin de recuperar un contingente de agentes activos que se destinarían exclusivamente a tareas de inteligencia policial operativa contra el crimen.
Pero al mismo tiempo es indispensable devolverle atribuciones de investigación a la policía, preservándole cierta autonomía frente al fiscal, con cargo a dar cuenta. Hacer esto claramente por lo menos para las unidades especializadas. Es algo que está considerado en el pedido de facultades legislativas cuando se pide modificar el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) a fin de “contar con un marco normativo que fortalezca las atribuciones de la PNP en la investigación del delito”. Esas facultades deben ser otorgadas.
Ahora bien, una de las causas de las frecuentes e indignantes liberaciones de delincuentes es el rigor garantista del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), que exige pruebas de criminalística para otorgar la detención preliminar o preventiva. Y el problema es que en el Perú solo tenemos un laboratorio de criminalística bien equipado, en la Avenida Aramburú. Entonces los policías no pueden aportar pruebas y liberan a los detenidos. Se ha pedido facultades para que los gobiernos regionales y locales puedan destinar parte del canon a proyectos tales como estos laboratorios. Esa facultad debe ser concedida. Algo más orgánico sería destinar directamente por ley un porcentaje del canon a fines de seguridad. Pero mientras no tengamos los laboratorios, debería evaluarse alguna flexibilización de nivel de pruebas para casos flagrantes o bastante claros. Esto no ha sido materia del pedido de facultades.
Todo lo anterior ayudará a reducir la sensación de impunidad. Pero para eliminar la impunidad se requiere que todo aquel que haya cometido, aunque fuere un hurto menor, sea condenado a una pena corta de semanas o meses. Pero para eso se necesita que los módulos de flagrancia existan y funcionen: las municipalidades deberían poner locales donde despachen la policía, un fiscal, un juez y haya una carceleta para cumplir penas cortas de semanas o meses. Esto no está considerado en el pedido de facultades ni en los presupuestos respectivos. Tiene que hacerse.
Pero, claro, mayores capturas y menos liberaciones exigen más cárceles. Como sabemos, las que tenemos están inhumanamente hacinadas. Al respecto, el propio Gil propone convertir una parte de los dos mil inmuebles incautados por el Estado en “módulos carcelarios temporales” para trasladar allí a los internos que están por cumplir condena, tienen edad avanzada o enfermedades graves e incurables o que hayan cometido delitos no violentos (estafas, delitos alimentarios y otros). “Esto permitiría liberar espacio en las cárceles principales para sacar a los criminales de las calles”, agrega Gil. También debería ser posible construir campamentos carcelarios de rápida construcción en las punas, por ejemplo.
El Perú tiene su propio modelo de lucha contra la criminalidad. Hay que perfeccionarlo y potenciarlo. Lampadia
