Por: Miguel Palomino, Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)
La República, 28 de Setiembre del 2022
“En Tumbes, Áncash, Apurímac y Loreto, cerca de dos tercios de los evaluados fueron ‘jalados’ y en seis regiones no existía nadie que fuera calificado…”.
El domingo vamos a elegir a quienes liderarán nuestros gobiernos locales y regionales por los próximos cuatro años. Al elegirlos, les estamos dando, entre otras cosas, la facultad de nombrar a los principales responsables de manejar su abundante presupuesto. Porque hoy en día, gracias a la descentralización, los recursos con que cuentan los gobernadores y alcaldes son enormes, especialmente cuando se compara con el pasado.
El presupuesto público total era mucho menor al actual en 2002, antes de que se descentralizara. Así, el crecimiento de la parte del presupuesto total que le corresponde a gobiernos regionales y locales es enorme. Entre 2002 y 2022 el presupuesto para gobernadores y alcaldes ha aumentado de 11,000 millones de soles a 96,000 millones de soles. Estas cifras son las que atraen a tantos candidatos a gobernador o alcalde. Viéndolo inclusive como porcentajes, la fracción que les toca a los gobiernos regionales y locales ha crecido mucho, pasando de 25% a 41% entre el 2002 y el 2022.
El gobernador o alcalde es el responsable de hacer que su presupuesto se transforme en bienes (obras) y servicios (agua, educación, etc.) para los ciudadanos que lo han elegido. Por supuesto que elegir al líder del equipo es importante y el líder debe tener cierta injerencia en con quién trabaja. Pero cambiar a casi todo el equipo cada vez que se cambia de líder y, peor aún, escoger a personas no capacitadas para tomar las decisiones que día a día deben convertirse en obras y servicios es una receta para el desastre.
La mayor parte del trabajoso proceso de convertir el presupuesto de un gobierno regional o local en algo provechoso para la población lo realizan un relativamente pequeño grupo de personas. En el 2019, Servir, el organismo estatal que promueve la profesionalización del personal del Estado, hizo una evaluación de aproximadamente 4,000 operadores del sistema Invierte.pe. Estas personas se encargan de formular, ejecutar y hacer seguimiento posterior a los proyectos de inversión.
En dicha evaluación, el 51% salió “jalado”, es decir necesitaban calificación urgente en la función que cumplían. El 36% requería una mayor calificación en la función y para el 11% se recomendaba reforzar los conocimientos sobre la función. Solo un 2% del personal contaba con un nivel de conocimiento óptimo. Estas cifras son el promedio de todo el país, pero hay regiones que estaban mucho peor. En Tumbes, Áncash, Apurímac y Loreto, cerca de dos tercios de los evaluados fueron “jalados” y en seis regiones no existía nadie que fuera calificado con “nivel de conocimientos óptimos”.
Es claro que este bajo nivel de conocimiento sobre la función específica está relacionado con la alta rotación del personal. Carlos Oliva, exministro de Economía y actual Presidente del Consejo Fiscal, señaló en una charla organizada justamente por Servir que la duración promedio de un gerente de gobierno regional o local era de seis meses. Eso puede parecer mucho comparado con lo que dura un ministro hoy en día, pero no deja de ser escandaloso.
¿Qué podemos hacer sobre esto? Pareciera que no mucho, pero un proceso democrático no acaba con las elecciones. Al votar por un candidato es muy importante que veamos la gente que lo rodea. Son ellos a quienes estamos empoderando con nuestro voto. Exijámosle, todos, prensa, universidades, gremios y por supuesto ciudadanos, que no consideren que ganaron una fuente de empleos para sus allegados, que no es necesario empezar de nuevo cada cuatro años, que es nuestro el dinero que le hemos dado para administrar.
Quizás si somos suficientes los que practicamos estas reglas sencillas acabemos con unos gobiernos un poco mejores, unos que tengamos una buena idea de qué harán y con quién, en lugar de sentir que les hemos dado un cheque en blanco.
