Por: Alfonso de la Torre, Piero Ghezzi y Alonso Segura
Gestión, 19 de mayo de 2020
El PBI de marzo: -16.3%. Empleo en Lima Metropolitana (aún no hay data nacional) para febrero-abril anualizado: -25%. Y solo se pondrá peor.
Estamos sufriendo un colapso económico que no comparten países vecinos como Chile y Colombia, con evoluciones epidémicas menos desfavorables. Su actividad productiva en marzo registró -3.5% y -4.9%, respectivamente. Esto se debe parcialmente a que adoptamos una cuarentena más temprana y estricta. Y también, a que no hemos logrado mitigar el impacto económico de las medidas sanitarias. Vamos muy mal en ambos frentes.
No es coincidencia. Cuando el covid-19 llegó al Perú, el consenso era que nos encontraba vulnerables en términos sanitarios –reaccionamos tarde en declarar la emergencia sanitaria, además–, pero con significativos recursos económicos de respuesta, que nos ponían en una posición favorable en comparación con el resto de América Latina. Una política económica eficaz nos permitiría tanto limitar el impacto de mediano y largo plazo sobre el aparato productivo como implementar estrategias de salud pública, en particular la cuarentena, sostenibles para los hogares.
No lo hemos logrado. Este año tendremos una contracción de doble dígito, una de las mayores de nuestra historia republicana.
¿A qué se debe? Obviamente, parte se explica por razones estructurales, incluidas la informalidad y la ineficiencia de nuestro Estado. Pero una parte importante se explica por problemas atribuibles al Gobierno en políticas de salud pública y económica durante la pandemia.
Ya nos hemos ocupado de los problemas de la política de salud pública y de cómo persistir en medidas que no han dado los resultados esperados le están imponiendo un costo insostenible a la economía (http://hacerperu.pe/y-ahora-que-el-martillo-no-chanco-que-hacemos/).
En política económica hicimos anuncios tempranos e importantes para contrarrestar el impacto del confinamiento, pero ha habido errores claros tanto en diseño como en implementación. Y la velocidad importa. Tres ejemplos.
Primero, el casi nulo financiamiento a las MYPE.
El programa Reactiva Perú esencialmente excluye a las MYPE. Muchas entidades microfinancieras no tienen acceso a la liquidez del BCRP, y por lo tanto no pueden participar en Reactiva. Pero además los requisitos para que los créditos califiquen son bastante restrictivos. Y FAE-MYPE está trabado. El dinero de Reactiva le ha llegado a empresas que podían encontrar financiamiento por su cuenta con más facilidad. Nada de esto es una sorpresa (ya lo advertíamos en “Inclusión de las MYPE en tiempos de crisis”, 17 de abril).
Segundo, la demora en la ejecución de apoyo social a las familias.
Las inyecciones de liquidez deben ser rápidas para evitar la insolvencia. Mientras que la entrega del bono rural todavía no termina, el desembolso del bono familiar universal recién comenzará esta semana, casi un mes después de haberlo anunciado (y tras nueve semanas de confinamiento). El resultado es una economía familiar en crisis que debilitará la recuperación.
Tercero, falta de mecanismos de apoyo al mercado laboral.
Se ha implementado el subsidio de 35% de planillas hasta 1,500 soles, pero por una sola vez y sin diferenciar sectores. Y, crucialmente, no se incluyó una condición de no despido (o rupturas de vínculos laborales por otros mecanismos). Recién ahora que el desplome del empleo es evidente, el Gobierno evalúa si repetir el pago del subsidio para mayo (ojalá con ajustes).
En esencia, no tenemos una estrategia articulada de contención y salida en materia económica. Una con objetivos y con claridad en el mapeo y soluciones de los problemas y retos que enfrentamos. No tenemos tampoco, por primera vez desde que el Perú era un país marginado de los mercados de capitales internacionales, una trayectoria fiscal definida o proyecciones oficiales de los principales agregados económicos.
Tener una estrategia integral no le quitaría flexibilidad al Gobierno para actuar. Siempre se podría ajustar ante situaciones imprevistas –que abundan en la actualidad– y cuando las circunstancias lo ameriten. Pero proveería una línea de base para actuar. Y en un contexto de severa contracción, una recaudación en caída libre y un Congreso irresponsable que aprueba leyes distorsionantes que comprometen nuestro futuro, la eficacia de la respuesta y su efecto sobre nuestra credibilidad fiscal se basarán tanto en la estrategia de contención y salida como en aquella de convergencia a una trayectoria sostenible.
No podemos seguir operando sobre la base de medidas bienintencionadas pero dispersas y que, al no ejecutarse oportunamente, no logran sus objetivos. Nos arriesgamos a gastar recursos hoy que podremos necesitar mañana. Es muy probable, por ejemplo, que un segmento ampliado de la población necesite de alivio económico vía transferencias por algún tiempo, ante el previsible (y lamentable) incremento en pobreza y vulnerabilidad. Prestemos atención a todo el horizonte –tanto en la fase de impulso como en la de convergencia– y a todos los frentes de manera articulada y priorizada.
Suena razonable pensar que ante la magnitud de la emergencia el Gobierno debería actuar sin restricciones. Pero no lo es. Podemos perder en meses la credibilidad construida en décadas. Y no la perderíamos por gastar mucho –que en muchos casos está justificado–, sino por hacerlo sin una estrategia. Debemos usar nuestra capacidad de respuesta fiscal de manera responsable y transparente. El bienestar, presente y futuro, de millones de peruanos está en la balanza.
