Enrique Cavero S., Abogado
El Comercio, 28 de enero de 2016
Tal vez el problema estructural más grave del país sea no contar con una administración de justicia eficaz (imparcial, predecible, transparente, expeditiva y accesible a todos). Una economía con tal administración de justicia no es economía de mercado, sino la ley de la selva. No gana quien compite mejor y respeta las reglas, sino el más poderoso y el que mejor se adapta al sistema, frecuentemente el más corrupto. ¿Suena familiar?
Si esta situación no cambia, no solucionaremos la delincuencia e inseguridad. No nos engañemos. Tampoco será posible una verdadera inclusión social ni combatir la informalidad. Esos problemas, entre muchos otros, son consecuencia directa de tener una administración de justicia deficiente, que genera enormes incentivos para infringir las leyes, patear el tablero y hacer lo que a uno le da la gana, atentando contra la competencia justa y la convivencia sana.
Atacar los síntomas no basta. De nada sirve modificar leyes que no se cumplirán o se cumplirán tarde y mal. Lo peor es que la situación es degenerativa. A medida que la falta de institucionalidad se agrava, la conflictividad social crece y el Estado pierde presencia. Lo siguiente es un país dominado por las turbas o las mafias. ¿Suena remoto?
Por otro lado, solucionar el problema de la administración de justicia es quizá la medida de mayor impacto para dinamizar la economía y lograr una mayor armonía social. En todas las transacciones e interacciones (compraventas, alquileres, créditos, matrimonios, etc.) existe un riesgo de incumplimiento y complicaciones que es internalizado por el sistema y trasladado a la sociedad a través de los precios y las tasas de incidencia. Si las garantías al crédito –como las hipotecas– pudieran ejecutarse y cobrarse en plazos y a costos razonables, las tasas de interés y los precios de las viviendas serían menores. Igualmente, si los costos y plazos de una demanda de indemnización por daños fuesen razonables, las tasas de los seguros de responsabilidad serían menores, así como los precios de todos los servicios que involucran el uso de seguros, como el transporte y el almacenamiento.
Con ello, prácticamente todo, desde la compra de víveres hasta la fusión de dos petroleras, pasando por los matrimonios, las adopciones, los robos, el tránsito y los secuestros, tiene internalizado un costo y una tasa de incidencia vinculados directamente al funcionamiento de la justicia. Hoy ejecutar una hipoteca, reclamar alimentos o perseguir un delito puede durar años y tener costos exorbitantes, con resultados impredecibles.
La solución no es tarea sencilla. Involucra asuntos complejos, como incentivos, costos, plazos y capacitación, entre otros. Sin embargo, al final, se trata de un problema técnico que tiene solución. Con los recursos y voluntad política adecuados, aunque ahora parezca imposible, el país podría tener un buen sistema de administración de justicia en breve plazo.
No obstante, llama la atención la poca importancia que otorgan al tema los políticos que aspiran a gobernar el país. Puede ser que algunos vean el problema como demasiado complejo (sea para enfrentarlo o para “venderlo” a los electores), que existan intereses creados (la ley de la selva tiene sus ventajas para muchos) o simple miopía. Lograr un sistema de justicia eficaz requiere un amplio debate. Ojalá que se produzca.
