Por Michel Hoffmann Ibáñez
Dentro de los graves problemas que aquejan a la sociedad peruana se encuentran la criminalidad, la corrupción, la falta de recursos económicos, la ineficiencia administrativa y operativa del sector público, la debilidad institucional entre otros. Similares dificultades también se ven reflejadas en el sistema penitenciario nacional el cual además de lo antes mencionado tiene que lidiar con el incremento de la población penitenciaria y el hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios.
Desde que a finales de junio pasado el Congreso de la República aprobara la Ley 30336 que delega la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, el Poder Ejecutivo ha priorizado medidas para combatir el sicariato. De la misma manera en este marco de facultades delegadas en los últimos días el Premier Pedro Cateriano ha anunciado la intención de concesionar los establecimientos penitenciarios al sector privado como medida para restablecer la seguridad ciudadana.
Una de las razones para dar en concesión la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios al sector privado es buscar incrementar de manera eficiente la capacidad de albergue de internos. En su conjunto los 67 establecimientos penitenciarios fueron diseñados para albergar a 32.250 personas a nivel nacional. Sin embargo la población penal total actualmente supera los 73.000 con lo cual 41.000 internos no tendría cupo en el sistema penitenciario. Existen casos como el EP de Lurigancho donde la capacidad de albergue es de 3.200 internos y actualmente conviven más de 9.200 seres humanos. Otro caso dramático se vive en el EP Huaral que alcanza una sobrepoblación del 380%. Es evidente que en esas condiciones el INPE se ve desbordado por la cantidad de internos, haciendo complicado el orden interno y el control del crimen.
Incrementar la oferta de albergue penitenciario es solo el primer paso para reducir la sobrepoblación y hacer cumplir las normas en los establecimientos penitenciarios. Los mismos deben ser establecimientos donde el interno tenga la posibilidad de rehabilitarse, mejorar sus empleabilidad y productividad para que cuando sea puesto en libertad no sea ni peor ni igual que antes, sino sea más bien una mejor persona que pueda reinsertarse a la sociedad de manera provechosa. Cabe resaltar que el 98% de los internos sentenciados en la actualidad serán puestos en libertad luego de cumplir su sentencia convirtiéndolos en nuestros vecinos.
Adicionalmente esta alternativa privada no solo cumple con la función de aislar a la persona del resto de la sociedad, sino promueve por intermedio de programas educativos, talleres vocacionales y espirituales, capacitaciones prácticas, programas de desintoxicación, convenios laborales con la empresa privada, la resocialización integral del interno.
Finalmente debe ser la sociedad peruana en su conjunto, el estado peruano, el sector privado entre otros actores los encargados de colaborar en la prevención del delito, restaurar el orden y seguridad pública y resocializar al interno. Solo de manera integral se puede asegurar el éxito de la concesión de los establecimientos penitenciarios al sector privado y de los programas de rehabilitación que estos ofrecen.
