El crecimiento constante del país en los últimos años y el reto de consolidarlo exige, entre otras cosas, la formación de “capital humano” que garantice su sostenibilidad y lo conduzca al nivel de desarrollo y competitividad esperados. La realidad nos demuestra que el mercado laboral actual demanda una mayor presencia de técnicos especializados en diferentes ramas, principalmente de corte industrial, cuyas remuneraciones proyectadas son mayores a la de aquellos egresados de carreras tradicionales de la universidad. A pesar de ello, la población estudiantil universitaria casi triplica a la de los institutos tecnológicos.
En el Perú, la oferta educativa tecnológica se ha mantenido casi inmóvil en los últimos cinco años, contando con 415 institutos privados y 333 públicos, registrando un crecimiento de matrícula ínfimo para el sector público a diferencia del abultado registrado en el sector privado.
En este escenario, más del 90% de institutos públicos registra una oferta educativa vinculada al sector comercio y servicios, siendo las carreras preferidas: Administración de Empresas, Contabilidad, Computación, Enfermería y Mecánica Automotriz. El Estado, por tanto, no ha tenido capacidad de reacción inmediata ante la demanda del sector industrial, a través de la reorientación de sus carreras hacia aquellas de sectores claves para la economía, como hidrocarburos, construcción o agronomía, manteniendo una oferta formativa que es clara y eficientemente cubierta por los privados.
Lo cierto es que quienes, desde el sector privado, promovemos una educación técnica de calidad, distamos mucho de ser los obtusos y desconectados promotores de la realidad, emperrechinados en ofrecer carreras que la población no requiere, que los alumnos rechazan o que resultan inútiles para el desarrollo del país, como en ocasiones se trata de hacer ver. Los privados nos hemos enfocado mayormente –y por más de dos décadas– en la atención formativa de los profesionales técnicos del sector servicios y comercio, debido a que nuestro país concentra masivamente su PEA ocupada en ellos.
La coyuntura actual y la necesidad de nuevos técnicos de corte industrial no pueden ser atendidas por los privados, con la velocidad y dinamismo que el mercado requiere, principalmente por trabas generadas desde el propio Estado al que estamos subordinados desde nuestra creación. “Trabas” que hacen, por ejemplo, casi agónica la atención de nuestros pedidos de autorización de carreras nuevas que nos permitan atender justamente las nuevas demandas del sector productivo con la rapidez que estos claman. La burocracia estatal en el sector educación es tal, que solo les ha faltado decretar el color de tinta de los lapiceros que deben usar nuestros alumnos.
Por ello, una nueva ley de institutos como la anunciada por el ministro Jaime Saavedra y el Congreso de la República, siempre y cuando cumpla con el propósito de destrabar la burocracia obsoleta en la que navegamos sin rumbo fijo, podría ser de gran ayuda, así como la desaparición inmediata de las excesivas resoluciones directorales y ministeriales que por docenas fueron expedidas por las autoridades del Ministerio de Educación (Minedu) en el año 2010, a consecuencia de la reglamentación de la nueva Ley de Institutos 29394, promulgada en el año 2009 y que para que nadie lo olvide, fue la primera Ley de Institutos en la historia de la República del Perú.
