Comentario de Lampadia
El Contralor Fuad Khoury, que a lo largo de su gestión muestra pobres resultados (como se puede comprobar al repasar la actuación de la Contraloría en Ancash), ahora exige que los organismos internacionales que permiten agilizar la contratación de bienes y servicios a las entidades públicas se sometan a los controles de la institución que preside. Lo cierto es que, como ha tenido que reconocer el antiguo crítico de este sistema, el Presidente Ollanta Humala, solo recurriendo a estos mecanismos se puede saltar la burocracia e ineficiencias del sistema estatal de contrataciones. Y, precisamente, la Contraloría es parte de ese sistema. Por tanto, el Contralor antes de proponer una idea como esta debiera hacer dos cosas: realizar una propuesta de reforma y agilización de sus procesos de control y otra similar para evitar que las autoridades recurran a organismos internacionales para agilizar la urgente acción del Estado. Lampadia
Tensión entre autonomía y control
Por: Fuad Khoury
(El Comercio, 25 de abril de 2014)
Queda la duda de si las operaciones efectuadas por los organismos internacionales se están realizando correctamente
El control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación del gasto público y de los resultados de la gestión pública, contribuyendo a la reducción de la corrupción, el peor de los males que afecta el desarrollo de nuestro país.
La corrupción aprovecha cualquier debilidad en los controles, los espacios vacíos y las zonas grises del ordenamiento legal para sacar ventaja e incluso apropiarse de los recursos públicos, por lo que es necesario eliminar estos riesgos estableciendo instrumentos, reglas y procedimientos claros y que promuevan la transparencia en la gestión pública.
A propósito de esta falta de control y transparencia en la gestión pública, desde hace un buen tiempo se discute cómo los organismos internacionales intervienen en las contrataciones de bienes, servicios y obras con recursos del Estado.
Una de las formas de intervención de los organismos internacionales es la prevista por la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, que permite a las entidades públicas realizar procesos de selección por encargo para la contratación de bienes, servicios y obras, considerando sus normas y procedimientos, y solo en tanto estas cumplan con los principios establecidos en la ley de contrataciones. Cabe mencionar que las estadísticas muestran que en el 2013 se habrían realizado transacciones por la suma de S/.1.466 millones.
Un aspecto fundamental que habilita la suscripción del convenio por encargo es la provisión de información periódica a la Contraloría General de la República, lo que, sin embargo, no necesariamente viene sucediendo.
Otra forma en la que participan los organismos internacionales es a través de convenios de administración de recursos, mediante los cuales el Estado les entrega recursos presupuestales para la ejecución de proyecto o actividades; es decir, realizan los procesos de contratación de bienes, servicios u obras, y gestionan la ejecución de los contratos.
En estos casos, la transparencia y los mecanismos de control se ven debilitados con mayor intensidad, dado que –a pesar de que usan fondos públicos– ni la contraloría ni otros organismos encargados de la fiscalización y control pueden acceder a parte de los documentos e información fuente que sustentan las transacciones, por los privilegios y la inmunidad diplomática de los organismos internacionales y sus funcionarios.
La pregunta que surge es: ¿por qué las entidades del Estado optan por estos mecanismos? La respuesta fáctica y objetiva la ha señalado el propio presidente de la República: tenemos procesos y procedimientos de contratación, complejos, complicados y confusos, que generan ineficiencias y controversias.
En tanto, como Estado, no logremos superar la situación descrita, seguramente seguiremos encontrando razones y justificaciones para requerir los servicios de los organismos internacionales, cuyo costo en algunos casos supera el 3% del monto de las transacciones a su cargo. Mientras ello suceda, los organismos internacionales que operan en el país deberían contribuir a la transparencia, aceptando que se incluya en los convenios que suscribe la posibilidad de acceder a sus archivos y documentos con respecto a los fondos públicos que adm
En la contraloría estamos a favor de la innovación y de las buenas prácticas para dotar de celeridad a los procesos de la administración pública. Todos los esfuerzos en ese sentido son plausibles, pero no debemos descuidar que vengan acompañados de los controles que aseguren el buen uso de los recursos públicos.
Con tal fin, desde el 2010 venimos impulsando un proyecto de ley para corregir esta situación, asegurando el acceso irrestricto a toda la documentación relacionada con los mencionados convenios. De aprobarse esta iniciativa, el Parlamento nos permitiría fortalecer el Sistema Nacional de Control, a fin de perfeccionar la legislación que regula las compras públicas y facilitar el ejercicio del control gubernamental.
Mientras tanto, seguirá la duda de si las operaciones efectuadas por los organismos internacionales se están realizando correctamente.
