Por Roxana Barrantes, Investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos
El Comercio, 23 de febrero de 2018
Más de 20 años después de su creación en el Perú, a estas alturas ya tendríamos que tener claro para qué sirven los organismos reguladores de servicios públicos y estos, a su vez, tendrían que haberse ganado la confianza de la ciudadanía. No estoy segura de que podamos verificar una u otra afirmación.
Un regulador es una institución fundamental para el funcionamiento de mercados donde operan empresas privadas brindando servicios de consumo masivo y cuya oferta depende de activos específicos, de infraestructura con costo prohibitivo de duplicación.
En estas condiciones, las empresas privadas tienen incentivos para abusar de su poder de mercado. Junto con ello, los políticos tienen incentivos para expropiar las inversiones una vez realizadas, a través de la fijación de tarifas bajas que sean insuficientes para dar una rentabilidad razonable al negocio, desincentivando así la inversión futura. Y, para no quedarse atrás, los usuarios, que también somos votantes, vamos a tener una opinión, culpando al gobierno por no brindar un servicio de calidad y barato. El rol fundamental del organismo regulador consiste en dar balance a este triángulo de intereses encontrados y de ahí la importancia que sea autónomo, independiente y técnico.
¿Qué ha pasado en los últimos años en el Perú? Hace 15 años, se cambió el rol del directorio del regulador, haciéndolo menos influyente para su gestión. Desde hace 10 años, ninguno tiene el directorio completo. Varias normas supuestamente destinadas a promover la inversión privada han cambiado el papel del regulador en la formulación de contratos de concesión de infraestructura nueva –que si su opinión es vinculante o no, que si solo en sus temas, que si al principio o al final del proceso de promoción de la inversión– reduciendo así su rol de contrapeso frente a posibles decisiones arbitrarias en otras entidades del Estado.
¿Por qué? Se puede jugar con dos hipótesis. Una es que el Ejecutivo ha tenido otras prioridades. La otra es que ni el Ejecutivo entiende para qué sirven. Si se comprendiera su rol promotor de la inversión privada, ya estarían fortalecidos, con directorios completos y con remuneraciones adecuadas.
Y, en medio de esta realidad, se discute una iniciativa para fusionarlos, lo que sería un error. En cuanto a servicios públicos, la tecnología todavía no nos lleva a una convergencia que elimine las especificidades técnicas de la oferta de agua, saneamiento, energía o telecomunicaciones. Ello, a su vez, afecta las metodologías que pueden usarse para regular tarifas o las estrategias para promover que las empresas brinden mayores beneficios a los consumidores. Todo esto afectado, finalmente, por los diferentes marcos normativos, regulatorios y de contratos de concesión que afectan a cada empresa en cada sector. ¿Se justificaría una fusión únicamente para ahorrar en compra de papel (para simplificar las cosas)? No creo.
Asegurar agua para todos, acceso a comunicaciones confiables y energía sostenible serán acciones que se lograrán con un Estado fuerte promotor de la inversión, a través de reguladores técnicos y fortalecidos.
