Charo Camprubi
Desde España
Para Lampadia
Gobernar en tiempos del coronavirus es una pesadilla para cualquier gobierno pero, en particular, para el español, por una serie de razones entre las que figuran: el que el gobierno sea frágil por carecer de una mayoría estable; el que España sea un país descentralizado y que sus 17 Comunidades Autónomas hayan resentido que hubiese un mando único durante la crisis; el que en su espectro político figuren partidos políticos independentistas que piden la luna y no son de fiar; el que cuente con una ultraderecha potente y agresiva que llama al presidente “asesino” y pide su dimisión para dar paso a un gobierno de “unidad nacional” mientras inflama las redes sociales con bulos y noticias falsas y organiza manifestaciones callejeras al grito de “Libertad”, y, por último, el que el Partido Popular, principal partido de la oposición, quiera utilizar la crisis del coronavirus como trampolín al poder para lo cual tiene que magnificar los errores cometidos por el gobierno. De lo que se trata es de no tener que esperar los cuatro años que quedan de legislatura.
En este contexto, no es de extrañar que para Sánchez solicitar al Parlamento cada quince días la renovación del estado de alarma se haya convertido en un Vía Crucis y que se haya visto obligado a hacer auténticos malabarismos para conseguirla ya que cada partido le pide algo a cambio. Se diría que votar la prórroga del estado de alarma es como estar en un zoco árabe distribuyendo prebendas. Los intereses partidistas priman descaradamente sobre el interés general que es el de prorrogar el único instrumento que garantiza una salida del confinamiento ordenada, por fases, asimétrica (en función de la evolución de la pandemia en cada territorio) y cuya estricta aplicación está dando muy buenos resultados.
Sánchez es un buen malabarista y ha ido sorteando todos los obstáculos. Pero en todo ejercicio de malabarismo la pelota suele caerse al suelo. Eso fue lo que le pasó en la quinta prórroga, cuando prometió a EH Bildu (ex etarras) derogar la reforma del mercado laboral de Rajoy a cambio de su abstención. El error fue garrafal porque se echó en contra a todo el mundo. Dicha derogación formaba parte de programa electoral del PSOE con Unidas Podemos, pero era el peor momento para plantearla. No solo saltaron chispas en la oposición y en la patronal sino también en los partidos que apoyan al gobierno e, incluso, en el propio gobierno, porque rompía la estrategia de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la de la ministra de Trabajo que lucha por llegar a acuerdos entre la patronal y los sindicatos. Sánchez se defendió diciendo que se vio abocado a hacerlo por la “irresponsable” decisión del Partido Popular de votar en contra, lo que ponía en peligro la prórroga. El paso en falso fue producto del pánico.
También han saltado chispas entre el ministro del interior, Grande Marlaska, y la Guardia Civil por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos (al que han seguido otros ceses en el cuerpo). Según el ministro dicho cese responde a una “pérdida de confianza” en Pérez de los Cobos y, en términos generales, a una reestructuración del cuerpo que tenía en mente desde enero. Niega pues que haya relación entre dicho cese y un informe preparado por la Guardia Civil y entregado a una juez sobre la manifestación del 8 de marzo en Madrid que culpabiliza al delegado del gobierno por no prohibir dicha manifestación, contribuyendo supuestamente a que se propagara el virus, tesis que defiende la derecha. Sin embargo, al Partido Popular no le importa votar en contra del estado de alarma, lo que facilitaría el contagio. Dice que lo considera “innecesario y perjudicial”. También Vox vota en contra. La incoherencia es flagrante.
El informe como tal está siendo cuestionado ya que, según parece, está plagado de errores, citas inexistentes, etc. Sin embargo, meterse con la guardia civil en España es un tema tan delicado que hay que cogerlo con pinzas. El solo hecho de que haya saltado la liebre, sea cuales sean las verdaderas razones, es motivo de gran preocupación. Dado que la guardia civil tuvo un papel muy relevante durante la dictadura franquista todo lo que la toque, de cerca o de lejos, es material inflamable. La oposición ha reaccionado con virulencia a dicho cese, solicitando la dimisión del ministro. Pablo Iglesias no se ha mordido la lengua y ha acusado a Vox de querer dar un “golpe de estado”. Sánchez por su parte acusa al Partido Popular de poner en peligro la democracia española. La vida política se degrada.
Y, justo después de que subiera como la espuma la tensión política en la que fue una semana nefasta para el gobierno, a España le llegaban muy buenas noticias de Bruselas. La Comisión Europea ha aprobado un fondo de 750,000 millones de euros de los cuales 140,000 irán a parar a manos de España (aunque aún sin confirmar porque se requiere de la aprobación de los Estados). Eso infunde optimismo. Por otro lado, el gobierno acaba de aprobar el ingreso mínimo vital para los españoles, para ayudar a unas 850,000 familias (2,3 millones de personas) que no tienen medios de subsistencia debido al coronavirus. Su coste estimado es de 3,000 millones. La medida no solo refuerza el estado del bienestar, sino que también impulsará el consumo.
El gobierno ha legislado profusamente para afrontar la pandemia durante el estado de alarma. En total, unas 200 normas de las cuales 18 son decretos-leyes. Pronto se votará la sexta y última prórroga. Ya tiene los votos para sacarla adelante. Desde su inicio, el 14 de marzo, el estado de alarma español, uno de los más duros de Europa y del mundo, ha sido gestionado con seriedad y coherencia. Los resultados son positivos porque España está venciendo al coronavirus y en julio podrán venir los turistas a sus playas. Lampadia
