Después de más de siete meses de vencido el plazo para regular el D.U. N° 002 – 2020, plazo que por cierto se otorgó la burocracia a sí misma, finalmente parece ser que en marzo se promulgaría el reglamento correspondiente, el cual regulará las condiciones básicas para abrir una escuela.
Según el proyecto de reglamento, que ya tiene más de cien páginas con los anexos, son seis condiciones. En principio parece razonable que sean pocas condiciones básicas, pero cuando uno lee con cuidado se percata que no tienen nada de básicas ni son seis. En verdad son centenares, ya que, con el pueril recurso de reunir la multitud de exigencias en seis grupos, exigen todo lo contenido en la normatividad existente y por existir. Es decir, en lugar de aportar a eliminar el híper controlismo, que no solo empuja a la informalidad y la reafirma, van a hacer imposible una escuela libre, innovadora y variada en su oferta. En pocas palabras, la realidad presente será aun peor.
Seguramente la burocracia del MINEDU afirmará que no les queda otra alternativa ya que tienen que cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes, pero eso no es cierto. Está en su poder modificar y derogar la multitud de ataduras administrativas existentes y llevar la simplificación al Congreso cuando estas residan en leyes, pudieron además aprovechar con el D.U. N° 002-2020 y el DL N° 1476 para simplificar las cosas, en lugar de eso modificaron lo que les pareció necesario para controlar más a la escuela privada.
Lo que ocurre es que no quieren escuchar, siguen demostrando que no son alternativas lo que les falta sino vocación por destrabar, alentar la formalización y colaborar realmente con un buen proyecto pedagógico. Se necesita libertad de gestión para la escuela privada, menos consultorías y más fondos para la escuela pública que debe, además, recuperar su autonomía para poder ser una eficaz empresa pública de servicios.
Si la normatividad vigente es tan buena y las condiciones que exige el proyecto de reglamento son tan básicas, no se entiende por qué se otorga un plazo de tres años para adecuarse, con posibilidades incluso de extenderlo a cinco. Lo que va a suceder es que los colegios, mayoritariamente, no se van a acoger a esta intrincada normatividad porque es inútil para mejorar el servicio que brindan a sus estudiantes y además extremadamente onerosa. Es imposible asumir todos los costos que implica. El día que ya no se les permita funcionar más, cerrarán y veremos cómo ese estado ineficiente no podrá atender esa demanda con sus colegios que, abandonados cómo lo están ahora, por cierto, no cumplen con las condiciones mínimas para brindar un servicio educativo decente.
Este reglamento hace tan complicado abrir una nueva escuela que pareciera querer favorecer a los colegios existentes, aunque en verdad el sueño de la burocracia y sus asesores de ONGs ideologizados es desaparecer a los privados y que, así, todos nuestros chicos reciban la misma mala educación, nada de “privilegios”, todos deben ir a colegios que no tienen agua potable ni desagüe en muchos casos, menos rampas o ascensores.
Ignora olímpicamente a la Ley de Centros Educativos Privados (Ley 26549), a la que ni siquiera menciona, salvo en el apéndice de las multas. Además, desprecia la Constitución, al pasar por alto los preceptos constitucionales que le dan autonomía y libertad de organización a la escuela privada, para terminar en son de burla, sin duda, hablando en un capítulo de las escuelas innovadoras, como si esto fuera posible con todos los parámetros existentes santificados y potenciados en este reglamento.
No contentos con exigir una gran cantidad de requisitos para cualquier trámite se premia el incumplimiento de la burocracia con el silencio negativo en contra del solicitante. El privado debe invertir en un trámite o proyecto educativo, pero si la UGEL no mueve un dedo para aprobarlo, en un plazo determinado se deberá asumir que ha sido rechazado, esto va a generar abusos y corrupción por supuesto.
Este reglamento no va a aportar nada, va a continuar la misma informalidad o será mayor aún, la burocracia tendrá más armas para fiscalizar a los colegios en lugar de apoyarlos. Fomentará que el MINEDU, a través de sus UGEL, en lugar de abocarse a lo que es su razón de existir, la escuela pública, la que pagamos todos los contribuyentes, asuma un rol policial y acosador sobre quien lo libera de un tercio de su labor. Si la educación pública fuera buena como el MINEDU sostiene, los padres no recurrirían a la oferta privada. Lampadia
