Por: Jaime de Althaus
(El Comercio, 24 de julio de 2015)
El país no puede parar, efectivamente. Estamos en lucha contra las mafias que quisieran terminar de capturarlo y en carrera angustiosa por engancharnos con posibilidades a la división del trabajo global. No podemos darnos el lujo de parar el carro y esperar al próximo gobierno.
Y el gobierno no está muerto. Para comenzar, debe terminar la tarea de desmantelar las sobrerregulaciones de todo orden que dio al comienzo, que, para ser justos, se iniciaron, algunas de ellas, desde el gobierno anterior.
Regresemos al sano “aporte voluntario” en la minería, ahora que los precios siguen cayendo, y demos condiciones más atractivas para una inversión petrolera que se va corriendo. Regresemos a las reglas laborales que teníamos antes de este gobierno, que ya eran muy rígidas, pero algo menos que las actuales.
Claro, el tema de fondo, la extrema rigidez para la contratación y el despido, es algo que este gobierno no podrá resolver pero sí podría inducir foros reservados de discusión entre trabajadores y empresarios para ir gestando un nuevo pacto laboral.
El próximo gobierno lo va a necesitar porque es imposible subsistir con un 72% de la PEA informal y con millones de microempresas reprimidas. Tampoco podemos pedir una reforma tributaria este último año, aunque sí una Sunat más facilitadora con los micro y pequeños empresarios.
Pero la única manera de hacer un esfuerzo orgánico de simplificación administrativa profunda que facilite la producción y la formalización es aplicando con determinación un instrumento que ya tiene: la ley de servicio civil. Porque para definir los puestos y perfiles que requiere cada entidad, esta debe primero revisar sus objetivos y sus procesos, para simplificarlos o eliminarlos. Es un trabajo arduo que requiere presión política. Quisiéramos ver al Ministerio de Economía ya dentro del nuevo régimen de servicio civil, para dar el ejemplo. ¿Por qué se demora tanto?
Si el gobierno avanza en esto habrá impulsado la reforma (del Estado) más importante de los últimos 20 años. Sería su legado. Lo mismo que en educación, donde se ha puesto en marcha por fin, luego de dos años y medio de paréntesis, una dinámica meritocrática que está llevando a los maestros a autocapacitarse por voluntad propia.
Estamos esperando todavía la primera evaluación de desempeño, y el ministro podría ampliar la convocatoria para un gran pacto educativo, como el propuesto por Lampadia. Más difícil quizá sea profundizar la reforma iniciada en Salud, por la resistencia reaccionaria de los médicos. Pero para Essalud cuando menos podría contratar un estudio serio que proponga su reforma.
La gran tarea del próximo gobierno será recuperar la gestión unitaria del Estado e implantar el imperio de la ley, para impedir que el crimen organizado, la delincuencia y la corrupción se apoderen del Estado y del país. Pero el gobierno que termina podría comenzar fortaleciendo la investigación policial, homologando comisarías con distritos en Lima y estableciendo pilotos de atención primaria de la justicia penal juntando en distritos a un fiscal, un juez y un pequeño centro de detención para castigar de inmediato a penas cortas y cortar de raíz la masiva impunidad. Sería un gran avance.
