La República, 4 de Abril de 2017
El segundo proyecto de dos parlamentarias fujimoristas para controlar contenidos periodísticos está condenado al fracaso, y no es seguro que lo discuta la Comisión de Constitución. Allí su debate no será prioritario, según anunció su presidente, Miguel Ángel Torres. El fiasco no se explica solo por el rechazo de los medios. Era indefendible en cualquier terreno, incluso en el de Fuerza Popular.
Salta una idea
La inspiradora fue la fujimorista Martha Meier Miró Quesada, accionista de El Comercio, donde mantiene controversia con el grupo mayoritario, al que pertenece el ex presidente de Graña y Montero (GyM), José Graña. Cuando se supo que Jorge Barata, de Odebrecht, confesó que GyM contribuyó al financiamiento de coimas a Alejandro Toledo, Meier hizo pública su posición de que propietarios de GyM no debían participar en la Junta de Accionistas del diario. Esta junta eligió hace poco a Meier miembro del directorio, donde es minoría. En 2015 fue despedida de El Comercio por una columna difamatoria, según el director, Fernando Berckemeyer. Actualmente goza de cierto liderazgo entre periodistas reciclados.
GyM dice que Barata miente. Aún no se conocen pruebas que Barata habría presentado, si es que lo ha hecho. Meier difundió su posición contra Graña desde una columna en el diario Expreso. De allí la idea saltó al Congreso.
El 25 de febrero, diez días antes de que el proyecto fuera presentado, Meier citó en Expreso una frase del ex director de El Comercio, Alejandro Miró Quesada Garland, relacionándola con su postura. La expresión, acerca de la independencia periodística, fue reproducida textualmente en la propuesta de ley.
Él no miente
La parte de la primera versión del proyecto que margina de los medios incluso a los investigados por corrupción, fue hecha sobre todo pensando en Graña. En Expreso, junto con dictámenes de ética periodística, Meier sostuvo que es “bastante improbable y hasta imposible” que Barata mienta. En el supuesto de que Graña fuera sometido a investigación —lo que hasta ahora no ocurre— participaría en un proceso de varios años, durante los cuales la iniciativa legislativa, de aprobarse, no afectaría sus derechos societarios en El Comercio.
El primer error del fujimorismo fue dejarse llevar de las orejas por quien defendía un interés propio. El segundo, no haber sopesado la dosis de chifladura que había en la propuesta. Nunca convenció respecto de su finalidad, algo que ha remarcado ayer el Relator para la Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza. ¿Por qué habría menos corrupción con el silencio de los culpables o porque solo los limpios acaparen los medios?
La aspiración de transformar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en una suerte de policía de la verdad era igualmente desquiciada. Muchas reacciones contrarias, como la de la Defensoría del Pueblo, incidieron en el desprecio a la presunción de inocencia. Siendo preocupante, no era el defecto principal.
Su voz existe
El mayor argumento contra el proyecto es que los condenados por cualquier delito no pierden su derecho a la libertad de expresión. Por eso los emblemáticos Vladimiro Montesinos y Abimael Guzmán han escrito libros desde la prisión, sin ser sometidos a censura previa. En general, el Estado pone todo tipo de obstáculos a los periodistas que desean entrevistar a presidiarios que pudieran dar un mensaje incómodo, y la prensa ha optado por hacerlo informalmente, pero la política debiera ser otra. El INPE, garantizando condiciones de seguridad, debiera facilitar el acceso a los medios a los sentenciados que lo deseen. En teoría los convictos pueden escribir en un medio de comunicación e incluso ser parte de uno de sus comités. Pueden proporcionar contenidos para una revista de los presos. Ni la Constitución ni ninguna ley lo impiden.
Por otra parte, quienes recibieron sentencia por cualquier delito podrían ser accionistas de un medio. Es en este punto donde el segundo proyecto de las congresistas-abogadas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo choca con la Constitución. El artículo 2 del Capítulo I, referido a los derechos fundamentales de la persona, considera que la libertad de fundar empresas periodísticas es parte de la garantía de informar y opinar libremente. El mismo artículo proscribe la censura o cualquier impedimento. Ante estos conceptos el proyecto no opone otros de igual fuerza. No existen.
Hace 20 años…
El documento de las congresistas se basa en el derecho a recibir información veraz, que se menciona en la Convención Americana de Derechos Humanos y que ha sido citado por una sentencia del Tribunal Constitucional. Estos instrumentos no establecen que el Estado debe garantizar dicha veracidad o imponerla recortando derechos fundamentales.
Hace veinte años, en una Cumbre Iberoamericana celebrada en la Isla Margarita, el gobierno de Hugo Chávez produjo una controversia entre mandatarios cuando pretendió que la declaración final incluyera un capítulo relativo al “derecho a la información veraz”. La propuesta fue retirada luego de una polémica regional. La cuestión era muy simple: ¿quién era el dueño de la información veraz?
Los medios del continente se opusieron, aún aquellos que, como El País, de España, establecían la “información veraz” como uno de sus valores en su libro de estilo. Porque siendo la veracidad un concepto fundamental en el periodismo, solo la búsqueda diligente y la contrastación permiten presentar una versión confiable. Y aún en los casos exitosos habrá discusión sobre su calidad.
DOS ENIGMAS
Cubrí aquella cumbre para El Comercio en 1997: lo que Chávez quería era reaccionar contra una prensa crítica estableciéndole tutela a la veracidad. Las legisladoras peruanas van más allá. El proyecto insiste en garantizar que la información, además de veraz, sea objetiva, plural y oportuna. Para lo cual, según declaran, debe impedirse la influencia de los sentenciados en la sociedad a través de los medios. Un intento de controlar contenidos, como dijeron el Consejo de la Prensa y el IPYS.
De modo que si el proyecto se debatiera en el Congreso, lo que estaría en primer plano no sería la lucha contra la corrupción sino un recorte de libertades. Es lo que sugirió Kenji Fujimori cuando dijo que insistir le haría daño a Fuerza Popular. Incluso, si la ley llegara a aprobarse, el Tribunal Constitucional podría invalidarla. Cuando anunció el retiro del primer proyecto, Alejandra Aramayo dijo que presentarían otro en el que se había “logrado consenso”. Parece claro que ella y Letona se tiraron nuevamente a la piscina con el aval de Keiko Fujimori. ¿Qué orientación dará la líder ahora? Es una incógnita tan interesante como las pruebas que brindaría Barata en el caso GyM.
