Por Elmer Cuba, Socio de Macroconsult
Gestión, 14 de febrero de 2018
En el año 2014 prácticamente no había déficit fiscal y la deuda pública bruta era de 20% del PBI mientras que la deuda neta estaba en apenas 3.2% del PBI. Solo 4 años después, para 2018 se espera un déficit fiscal de 3.5% del PBI, una deuda pública bruta de 26.4% y una neta de 13.4%.
Es decir, habremos financiado ya cerca de 10.2% del PBI en este periodo, menos de dos tercios con nueva deuda y más de un tercio con diversos fondos, principalmente el de estabilización fiscal.
Cualquier incremento de gastos, como el aumento de las pensiones militares, el aumento a los profesores o las compras de papa a productores se hace con nueva deuda o utilizando los limitados fondos que mantiene el Tesoro para casos de emergencia.
El gasto total del sector público (no financiero) ha sido relativamente estable. En 2018, sería de 21.9% del PBI, mientras que los ingresos totales se han reducido a 18.4%%. La caída en la recaudación es la que explica el paulatino deterioro de la solvencia fiscal.
Así, para este año el MEF deberá buscar financiamiento de S/ 26,800 millones. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Una combinación de tres factores.
El primero es la desaceleración de la economía y la caída de las cotizaciones en parte de este periodo. Ello ha arrojado menores cifras de recaudación tanto de IGV como de impuesto a la renta.
Un segundo factor fueron los errores de política tributaria ejecutados al final del Gobierno pasado y a inicios del actual. Se redujeron las tasas impositivas del impuesto a la renta empresarial y se discriminó por tamaño de empresa. Se buscaba una mayor inversión privada, que nunca se materializó y una formalización empresarial, que no está ocurriendo. Se redujo también el impuesto a la renta del trabajo, bajando las tasas marginales y aumentando el tramo deducible. Lo primero buscaba un incremento del gasto privado, algo que no ocurrió, y lo segundo una mayor formalización, que no está ocurriendo.
El tercer factor es el administrativo. Se ha incrementado el incumplimiento tributario tanto en impuesto a la renta de tercera categoría como en IGV interno. En otras palabras, parte del sector privado ha encontrado fisuras y burla los controles de la administración tributaria.
El MEF ha anunciado una secuencia de consolidación fiscal: ir cerrando el déficit fiscal de 3.5% en 2018 a 1% del PBI en 2021. Afortunadamente las cotizaciones de los metales han repuntado en 2016-2017 y ello se reflejará en las rentas de la minería, pero no será suficiente. Será necesario retroceder en los errores de diseño y fortalecer la administración tributaria.
Es difícil avanzar en el cobro del impuesto predial o en racionalizar las exoneraciones tributarias. Lo primero aliviaría destinar el 2% del IGV a los municipios, que tendrán que cobrar a sus vecinos. Sobre lo segundo, ¿por dónde se comienza? El grueso es el IGV a los servicios bancarios y educativos; el IGV a la agricultura y al transporte público; el drawback; el IGV en la Amazonía y el impuesto a la renta para las CTS.
En definitiva, si no se hace nada de lo esbozado, nos encaminamos a paso firme hacia un aumento del IGV y/o a un ajuste fiscal por el lado de la inversión pública.
