Este mensaje de 28 de julio es la última oportunidad del presidente Ollanta Humala para hacer algo realmente significativo en su gobierno. Tuvo la gran oportunidad de hacer el mejor gobierno de la historia del país, pero desgraciadamente no se aprovecharon las excepcionales condiciones que existían. Más allá de las opiniones sobre puntos más o puntos menos de crecimiento, la realidad pura y dura es que el desempeño económico del país será decepcionante de aquí a lo que resta del gobierno. En vez de discutir sobre el impacto del arsénico o el aporte al PBI de las grandes obras que recién se han adjudicados (una vez que efectivamente arranquen), el Ejecutivo debería plantear un pacto nacional por el crecimiento económico.
El hecho indiscutible es que los países con alto PBI per cápita tienen mejor calidad de vida que los países con PBI per cápita bajo. Como ejemplo veamos la situación de las dos Coreas luego de tomar caminos opuestos después de la guerra. Hoy en día, una persona que nace en Corea del Sur no solo tendrá un ingreso promedio 15 veces más alto que si viviera en Corea del Norte, sino que vivirá 14 años y 8 meses más y la probabilidad de que se muera su hijo al nacer será 12 veces menor. Ese es el objetivo final del pacto por el crecimiento: el bienestar real de todos los peruanos.
Luego de la década perdida de los ochenta, en América Latina se hicieron pactos nacionales para restablecer la estabilidad macroeconómica, los cuales se reflejaron en nuevas constituciones en la mayoría de los países. En algunos casos extremos, como el de Argentina, se ataron a un esquema de convertibilidad para ganar credibilidad; en otros casos, como el de Colombia optaron por un pacto descentralista. Pero en general, el foco estuvo en construir instituciones que garanticen la estabilidad macroeconómica.
Al final de la década de 1990, luego de la severa recesión producto del contagio de la crisis financiera, surgieron pactos nacionales orientados a la “inclusión social”. En algunos casos, como el Perú, Chile o Brasil, los pactos nacionales se hicieron dentro del marco constitucional, fortaleciendo la estabilidad macroeconómica, pero sin debilitar las instituciones democráticas. En otros casos, como Argentina o Venezuela, los pactos nacionales que se firmaron implicaron refundaciones de la República, con orientación autoritaria, debilitando las instituciones democráticas y modificando la estructura económica del país con un mayor peso del tamaño del Estado.
Nuevamente, los países se están replanteando sus pactos nacionales. En algunos casos, como en Venezuela, estos nuevos pactos serán obligados por el inminente colapso económico, que requerirán trasformaciones radicales y procesos de ajuste drásticos con costos sociales muy altos. En otros casos, como México, se están planteando reformas profundas para dinamizar el crecimiento del país, aprovechando mejor sus recursos naturales, alentando la competencia y promoviendo la inversión privada.
En el Perú debemos tomar como ejemplo a México [y a Colombia]. Luego de tres años de pasividad y letargo, pensando que la tasa de crecimiento de 6% estaba garantizada, es momento de asumir el liderazgo y convocar a las fuerzas políticas para respaldar políticas de Estado que tiendan a promover la productividad y la competencia, lo cual llevará a dinamizar la inversión y por tanto a mayor crecimiento. Este solo hecho puede generar una mejora en la confianza, que mal no viene en el corto plazo, pero lo más relevante es la legitimidad de las políticas para sostener el crecimiento en el largo plazo.
Cada vez que hemos intentado con políticas de distribución, descuidando el crecimiento, nos ha ido mal. La receta ya la conocemos: políticas enfocadas al crecimiento y eficiente gestión de programas sociales. Esa receta nos ha funcionado bastante bien. No pensemos que el bajo crecimiento significa que el modelo se ha agotado y hay que buscar “otros motores”. Lo que hay que hacer es prender los motores que nosotros mismos hemos apagado.
