Por Richard Webb
(El Comercio, 20 de Julio de 2015)
¿O a la cuarta? En todo caso, el mensaje que nos deja la experiencia reformista en el agro es que, con las reformas, debemos armarnos de paciencia.
Sigamos, por ejemplo, el curso de la reforma agraria en la provincia de La Convención, Cusco, donde se dice que nació la reforma agraria, no como acto aislado de recuperación de tierras sino como proceso de transformación nacional. Sin embargo, esa transformación no se logró a la primera, ni a la segunda. Contemos.
Podría decirse que todo empezó hace unas seis décadas, cuando –según Mariano Valderrama– los actos del campesinado pasaron de espontáneos y locales a la “eclosión” de un movimiento nacional, destacando una huelga general del sindicato de trabajadores de las haciendas de La Convención. Esa huelga, y otros levantamientos ocurridos en el norte y centro del país, estimularon un conjunto de iniciativas reformistas legales, que incluyeron el Instituto de Reforma Agraria y Colonización (IRAC) y el Servicio de Investigación y Promoción Agraria (SIPA), creados por Pedro Beltrán. Vino luego la ley de reforma agraria del gobierno militar de 1962-1963, que entregó títulos a los arrendires del valle de La Convención. Apenas un año después, el gobierno de Fernando Belaunde dio una nueva ley de mayor alcance. Se produjo así un consenso reformista, un cambio histórico de las normas y de cultura democrática.
Un segundo acto se inició poco después con movimientos guerrilleros en Ayacucho y La Convención, aunque ambos fracasaron rápidamente. El guerrillero Héctor Béjar explicó así la derrota: “La elección de [La Convención] hubiera sido correcta en 1962; en 1965 llevaba consigo grandes riesgos”. Es que ya “eran pocos los latifundistas que quedaban y un gran sector del campesinado tenía asegurada la posesión de su tierra”. En Ayacucho atribuyó el débil apoyo a que “el latifundio decae en todas partes” y “los gamonales venden sus tierras o se alejan abandonando a sus siervos la posesión de los cultivos”.
No obstante esas frustraciones, la violencia dio su fruto en 1969 con un tercer esfuerzo de reforma: la ley dictada por el gobierno militar de Juan Velasco. Fue como la llegada de los tanques, un acto legal que aplanó drásticamente la anterior estructura de propiedad. Pero, como suele suceder con las intervenciones militares, se confundió el instrumento –reestructurar la propiedad– con el objetivo –reducir la pobreza–. La expropiación y redistribución de nueve millones de hectáreas no afectó prácticamente la honda pobreza rural. Tampoco se logró un segundo objetivo, más de carácter político, la colectivización de la agricultura. Más bien, los campesinos lotizaron y privatizaron sus parcelas.
Pero llegó un cuarto acto en la reforma que viene logrando finalmente el objetivo central, la reducción de la pobreza rural y la plena inclusión del poblador rural como ciudadano, a base del crecimiento productivo. Es lo que se observa en La Convención, donde el dinamismo agropecuario ha elevado el jornal real en 7% al año durante una década, el valor de la tierra aun más y el número de agricultores en 31% en dos décadas, y se observa la adopción de simples, pero mejores prácticas agrícolas y pecuarias ha superado el promedio nacional.
Dos instrumentos parecen haber jugado un papel clave para esa transformación: primero, un alto nivel de asistencia técnica al agricultor, y segundo, la construcción y mejora de los caminos. En ambos casos, el activismo bien financiado de los gobiernos locales ha sido un factor determinante. ¿Debemos seguir contando? El tiempo lo dirá.
