Por: Jaime de Althaus, Periodista y antropólogo
El Comercio, 28 de junio de 2019
El ministro Carlos Oliva dijo hace casi tres semanas que la semana siguiente saldría la licencia de construcción de Tía María. Ya pasó la semana siguiente y no ha salido nada. Parece que estuvieran cultivando el miedo, dándoles tiempo a los opositores para que armen su resistencia.
En Espinar, el proyecto Ccorcohuayco, de 700 millones de dólares, fue congelado por la empresa cuando recibió la comunicación del Ministerio Energía y Minas de ampliar la consulta previa de 3 a 8 comunidades.
El corredor minero ya se convirtió en el reino de la extorsión. Los de Fuerabamba obtuvieron millones luego de bloquear impunemente durante tres meses y ahora quieren que se les pague sin trabajar. Velille, que ni siquiera está en el área de influencia, exige 50 millones anuales para dejar pasar los camiones. Los hermanos Chávez, acusados de extorsión, fueron puestos en libertad. No hay una estrategia para el imperio de la ley.
La exploración se ha parado porque el Ministerio del Ambiente ha impuesto unos requisitos cercanos a estudios de impacto ambiental. Y así sucesivamente. El Estado se ha vuelto el principal bloqueador.
Hay una batalla por y contra la minería que se está librando en cada proyecto minero y dentro del propio Estado. Corremos el riesgo de que la minería se vuelva inviable. Rechazamos patológicamente el as bajo la manga que tenemos para conquistar el desarrollo, la llave para ingresar al primer mundo.
Los antimineros tienen ONG financiadas desde el exterior (Cooperacción, Grufides, Derechos sin Fronteras, etc.), organizaciones políticas (Frente Amplio, Nuevo Perú, etc.), medios y radios (la Red Muqui, SER), aventureros y operadores políticos, y hasta abogados extorsionadores. Ni el Estado ni la Sociedad Nacional de Minería (SNM) tienen estrategia alguna para contrarrestar esa agresión al Perú.
La desidia del Estado es asombrosa. Nadie explica los beneficios para todos de la minería. No existe una persona encargada de una estrategia para sacar adelante Tía María. El ministro de Energía y Minas es lo más parecido a Hamlet. Raúl Molina de la PCM es un destacado especialista pero no es un negociador político capaz de llegar a acuerdos con los alcaldes y otros actores.
No existe en las regiones mineras un task force encargado de dar asistencia técnica a los gobiernos locales para que ejecuten bien el canon, fuente de corrupción y conflictos. La PCM no tiene un representante de alto nivel en las regiones mineras que coordine a los sectores y a los niveles de gobierno. La oficina de conflictos del Minem ha sido medio desmantelada.
La SNM, por su parte, carece de un plan de monitoreo y construcción de confianza con los distintos actores que se adelante a los hechos y movilice al Estado para actuar y hacer desarrollo. Ni siquiera ha sido capaz de sistematizar sus buenas prácticas ambientales y de desarrollo comunal. Algunos de sus directores son empleados de empresas con sede en el exterior cuyo foco no está en el futuro del país sino en sus operaciones en curso y por eso prefieren no hacer olas.
No dar licencia a Tía María equivaldría a renunciar a la minería como la gran palanca para saltar al desarrollo. Una irresponsabilidad suicida.
