Por: Iván Alonso
El Comercio, 1 de mayo de 2020
¿En qué momento se evaporó la fortaleza macroeconómica de la que nos ufanábamos hasta hace unas semanas y que nos iba a permitir enfrentar la crisis del coronavirus mejor que otros países? ¿Dónde quedaron esos 25 años de disciplina fiscal que nos dan acceso preferente al mercado internacional de capitales, como quedó demostrado con la reciente emisión de 3.000 millones de dólares de bonos a tasas nunca antes vistas? ¿Cómo así, de pronto, nos falta plata y tenemos que crear un nuevo impuesto, cuando aún no se ha terminado de usar el Fondo de Estabilización Fiscal de 15.000 millones de soles? Si no hubo necesidad de ningún impuesto extraordinario para acumularlo, tampoco debería haberla para reponerlo.
La justificación aparente del nuevo impuesto es la solidaridad. Lo que eso significa es que las personas que más ganan o que más riqueza tienen, según la versión del nuevo impuesto que se adopte, deben contribuir a solventar el costo de la crisis. Pero eso es ignorar la estructura de la tributación en el Perú y la manera en que la cuarentena está golpeando la economía del país.
En su versión de impuesto a las ganancias, por lo que ha dejado entrever el señor Zeballos, el impuesto se aplicaría a los sueldos que superen los 10.000 soles mensuales. Si nos guiamos por las declaraciones juradas presentadas a la Sunat, los afectados serían unos 150.000 contribuyentes, que, en conjunto, pagan dos de cada tres soles recaudados por el impuesto a la renta de personas naturales. En otras palabras, el 2% que más gana paga casi el 70% del impuesto a la renta (y el 1% que más gana paga el 50% del total). Así, en esas proporciones, es como “los que más ganan” han contribuido a lo largo de los años a formar el Fondo de Estabilización Fiscal, que es de donde salen los bonos que solidariamente se están entregando a quienes se han quedado sin ingresos. Y así también, en esas proporciones, es como se reconstituirá ese fondo cuando la crisis haya terminado.
Pasemos a la otra versión del impuesto, la que pretende gravar a “los que más tienen”. Se ha hablado de los patrimonios de más de un millón de soles. Supongamos que no afecte el patrimonio inmobiliario. Un millón de soles es el patrimonio del dueño de cualquier empresa mediana. Esa persona ya está pagando más que su “fair share” del costo de la crisis. Su empresa no puede operar desde hace mes y medio porque el Gobierno ha decretado una cuarentena. No tiene ingresos, pero tiene que seguir pagando sueldos. Puede ser que su empresa se acoja al programa Reactiva Perú, pero Reactiva Perú no asume las pérdidas que está sufriendo la empresa; solo las financia. Es el dueño quien pagará las pérdidas cuando devuelva el préstamo con la plata que, de otra manera, habría retirado como utilidades.
Además de la injusticia, del revanchismo oportunista que encarnaría, el nuevo impuesto afectaría los incentivos para crear más riqueza en el futuro. No es verdad, como se ha dicho, que un impuesto a la riqueza no afecta los incentivos para ahorrar e invertir porque grava los ingresos del pasado y no los del futuro. El impuesto sentaría un mal precedente. Sería un mensaje para empresarios y emprendedores –tal como se entienden esos términos entre nosotros– de que el patrimonio que acumulen a partir de hoy podría ser sujeto de otro impuesto extraordinario en el futuro.
