Jaime de Althaus, Antropólogo y periodista
El Comercio, 20 de enero de 2017
La cancillería peruana debería enviar una nota de protesta al Brasil exigiendo una reparación porque la penetración corruptora de las empresas brasileñas en nuestro país, profundamente dañina y desmoralizadora, no fue el producto de iniciativas propias y aisladas de cada empresa sino fue una política de Estado dirigida desde los más altos niveles del gobierno del Partido de los Trabajadores (PT).
Tuvo, de un lado, un objetivo geopolítico de orden imperialista: expandir la presencia económica y el control político del Brasil en América Latina y África principalmente. Los instrumentos de esa estrategia no fueron ejércitos sino grandes empresas privadas y públicas que coordinaban entre ellas para simular que competían en las licitaciones de los países atacados y que recibían el apoyo político de su Gobierno y la financiación concesional del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil (BNDES) para los proyectos que ganaban pagando sobornos. Se sobornaba incluso para conseguir la facilitación de proyectos innecesarios.
Cuando hace tres años le pregunté al embajador Carlos Alfredo Teixeira si el hecho de que el ex presidente Lula viniera como embajador de Odebrecht al Perú, no era una forma de corrupción, lo negó enfáticamente explicándome que la expansión internacional del Brasil a través de sus empresas era una política de Estado.
Pero dichas empresas no solo ganaban malamente licitaciones para ejecutar grandes proyectos, sino que financiaban campañas electorales de partidos ideológicamente afines al PT. Según se ha publicado, fue Lula quien usó a Odebrecht para financiar la campaña de Hugo Chávez y la de Humala, por ejemplo. Y habrían ayudado a Villarán, pagando a Favre, en la revocatoria. La estrategia no se contentaba con la penetración económica. También quería el control político.
Por supuesto, tenía asimismo objetivos mafiosos internos: buscar la perpetuación del PT en el poder estableciendo una alianza con las empresas constructoras y proveedoras, de modo que al mismo tiempo que estas pagaban un 3% de cada compra u obra contratada por Petrobras –presidida por Dilma Rousseff–, al PT y sus aliados (2% al PT y 1% que se dividía entre el Partido Progresista –PP– y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño –PMDB–) para sus campañas electorales y sus dirigentes, las empresas se aseguraban contratos sobrevalorados distribuyéndose los proyectos y obtenían apoyo para su incursión en otros países. Una asociación mercantilista y corrupta entre el PT y las empresas para perpetuarse y expandirse.
El daño económico, político y moral ocasionado al Perú por esta política de Estado es inconmensurable. Ahora mismo afecta la recuperación económica y la propia credibilidad en nuestra democracia. Tendremos que hacer un gran esfuerzo de reconstrucción institucional y moral para reparar el tejido destruido. Por eso, necesitamos más que unas disculpas del Estado Brasileño. Y enviar a la cárcel a todos los receptores de coimas en nuestro país, por supuesto.
