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¿El gobierno se vuelve a radicalizar?

¿El gobierno se vuelve a radicalizar?

Jaime de Althaus
Para Lampadia

¿Cómo entender que al mismo tiempo que la premier Mirtha Vásquez pide voto de confianza para una política de promoción de la inversión privada y de masificación del gas, el presidente Castillo demanda al congreso trabajar una ley para estatizar el consorcio de Camisea?

¿Cómo entender que el propio presidente Castillo invite en Estados Unidos a los grandes inversionistas a invertir en nuestro país, repita esa invitación cuando anunció la salida de Bellido, y ahora reclame la nacionalización del gas?

¿Como entender que ni la premier Mirtha Vásquez ni el ministro de economía Pedro Francke hayan renunciado después de esa proclama que contradice la política por ellos enunciada y que, en el caso del MEF, echa por tierra cualquier posibilidad de éxito del programa económico?

Claro, después, en la noche, Castillo publicó un tuit diciendo que “somos y seremos respetuosos de la libertad de empresa”, y que su compromiso es con el gasoducto y la masificación. La interpretación optimista es que se trata de una rectificación. Pero entonces, o estamos ante un presidente que dice cualquier cosa, con efectos muy destructivos, o existe acá una racionalidad. Y si la hay, la única que puede explicar todo esto, es una de cambios tácticos dentro de una estrategia única orientada a cerrar el Congreso y acelerar los pasos para la asamblea constituyente.

Es decir, hubo un retroceso cuando, ante las amenazas de Bellido de hacer cuestión de confianza por Maraví, el Congreso se unificó tras la aprobación de la ley de la cuestión de confianza, y el Ejecutivo tuvo la percepción de que la idea de la vacancia empezaba a madurar. Entonces sacó al estridente Bellido y puso a una premier más ecuánime, aunque no menos radical, que sin embargo tranquilizó relativamente al país al aclarar que la asamblea constituyente no era una prioridad en este momento.

Pero ahora el Presidente parece haber regresado al plan máximo. Con un agravante: si en la ocasión anterior fue el ex premier Bellido quien amenazó con nacionalizar el gas si la empresa no se avenía a una renegociación del contrato, esta vez es el propio presidente Castillo quien además concreta esa amenaza en el anuncio de un proyecto de ley para estatizar.

Se dirá que el tuit posterior de Castillo desmentiría que estemos ante una nueva radicalización.  Pero varias señales indicaban ya un retorno a la posición maximalista. La ministra de Trabajo, Betssy Chávez, había declarado, tres días atrás, que la asamblea constituyente “sí es una prioridad de carácter nacional”, contradiciendo abiertamente a la Premier. Y la propia presidenta del Consejo de ministros, cambiando su posición, anunció al comienzo de su intervención en el Congreso que “Hemos venido a proponer un acuerdo, un pacto, un nuevo contrato social…”, y culminó su discurso llamando a un “nuevo pacto social que se construya con las bases en el marco de una auténtica democracia”. “Un nuevo contrato social” es un eufemismo de “nueva constitución”. Y una auténtica democracia implica que la actual no lo es.

Es posible que se esté provocando nuevamente al congreso para que no de la confianza al gabinete. Todas las bancadas de oposición le pidieron a la primera ministra en las rondas de conversaciones que tuvieron con ella, que retirarse a los ministros Barranzuela y Gallardo, y que deslindara claramente con la asamblea constituyente, pero no solo no hizo caso, sino que insistió de manera agravada.

Hay un juego perverso. El gabinete tiene más de una semana para sincerar su posición antes del voto de confianza. Mientras tanto, es hora de que las bancadas democráticas se reúnan para realizar un análisis serio de esta situación y adopten una estrategia inteligente y eficaz para manejarla. Pues el país no puede permanecer indefinidamente en este juego que ya produjo una nueva subida del dólar y que solo lleva al caos económico y social. Lampadia




Suicidio colectivo

Suicidio colectivo

EDITORIAL DE LAMPADIA

Habíamos preparado un editorial resaltando los mensajes positivos del discurso de Pedro Cateriano ante el Congreso, que ayudarían a crear un clima más esperanzado en el futuro del país, aunque faltara el anuncio de cambios en la estrategia sanitaria. (Ver el texto a continuación de este editorial).

Por eso, lo que jamás imaginamos es que se le negara el voto de confianza. Es una decisión suicida, en medio de una pandemia. Revela la hegemonía de la pequeña entraña de los intereses mezquinos por encima del interés nacional. Aprovechar el río revuelto para pescar a como dé lugar. La incapacidad para unir esfuerzos ante el enemigo común.

La señal para la inversión es pésima, de modo que la recuperación del país queda casi condenada; peor aún si el Congreso, envalentonado, aprueba la batería de leyes populistas que tiene en cartera. La gestión del gobierno, que ya era deficiente, se trabará aún más con un nuevo cambio de gabinete en menos de tres semanas.

Es prácticamente la anarquía, la ruptura de la civilización democrática. Pero hay que señalar que el primer responsable ha sido el presidente Vizcarra, que ha cosechado los vientos que sembró al haber disuelto (inconstitucionalmente a nuestro juicio) el Congreso anterior, como consecuencia de una crisis política que fue forzada y azuzada por él mismo al proponer el 28 de julio del año pasado el adelanto de elecciones.

Doble irresponsabilidad al disolver sin tener partido propio. La disolución del Congreso solo tiene sentido para zanjar la confrontación buscando un nuevo Congreso con mayoría propia para poder gobernar. Acá se trató solo de un ejercicio populista para acumular popularidad.

Definitivamente el Congreso actual ha resultado mucho peor que el anterior, que en medio de sus desatinos cuando menos tenía una fuerza que ordenaba el debate controlando impulsos populistas y no le censuró siquiera un ministro al presidente Vizcarra. ¿Pero éste? Jamás congreso alguno había negado el voto de investidura a un nuevo gabinete. Ni había aprovechado la pérdida brutal de ingresos y empleo de la gente para dar irresponsablemente cuanta ley o proyecto de ley populista puede imaginarse, hipotecando el futuro del país y socavando las bases mismas del crecimiento.  

Es increíble que una de las razones del baloteo haya sido la elocuente defensa de la minería hecha por el ex Premier. Que el Frente Amplio sea anti extractivista, vaya y pase. Pero que se sumen otros es un indicador de una enfermedad nacional. Si un paciente en estado de gravedad no quiere tomar el remedio que lo curará, es que ya no tiene, precisamente, remedio.

Quizá Cateriano debió hablar menos y actuar. Solo por defender unas ideas fue visto como arrogante. Y faltaron cambios en la estrategia sanitaria. Pero más cierto es que en Podemos, Alianza para el Progreso y buena parte de Acción Popular, se han juntado intereses pecuniarios vinculados a las universidades con prejuicios ideológicos impensables hace pocos meses en esos partidos y pequeñez política absoluta. Ha sido la alianza entre la ruindad y las izquierdas lo que se tumbó a Cateriano. En cambio, los enemigos íntimos, los protagonistas de la confrontación en el Congreso anterior, el Partido Morado y Fuerza Popular, coincidieron en el voto a favor. Habla bien de la actitud superior de Fuerza Popular en este caso.

¿Qué le queda a Vizcarra? Quizá lo que debió hacer con el Congreso disuelto: poner un primer ministro del Congreso, consultado con el Congreso, para ir a una cohabitación a la francesa. Uno que refleje el pensamiento populista y anti reformas de la mayor parte de bancadas. Pero eso sería mayor desastre aún. Dios nos coja confesados. Lampadia

[Proyecto de editorial antes de la censura del gabinete]

Cateriano en el Congreso
Un mensaje positivo; ojalá pueda cumplirse

Aunque faltó una nueva estrategia sanitaria

Fue positivo el discurso del primer ministro Pedro Cateriano ante el Congreso. Sin duda ayuda a crear un clima más esperanzado en el futuro del país. 

Tuvo anuncios interesantes en Salud (rectoría de Salud, telemedicina, historias clínicas, etc.), incluyendo un proyecto de ley para la creación del Organismo Público Descentralizado de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos, que reemplazaría a la actual Digemid, sumamente lenta y burocrática para otorgar registros y autorizaciones. 

Sin embargo, no explicó cambios en la estrategia sanitaria a fin de contener el nuevo embate de la pandemia, un vacío inexplicable. Nada acerca de conseguir el apoyo de la logística privada para aislar y abastecer a los contagiados y sus contactos, a fin de cortar la cadena de contagios. Aunque sí anunció que se está invitando a otros gremios empresariales (distintos al de las clínicas) a participar en el Comando Covid, lo que implica que por ese medio quizá se consiga el aporte tecnológico y logístico privada. Es imperioso. 

Hizo una elocuente defensa de la importancia de la minería, sobre todo para un momento de gran dificultad como el actual. En realidad, es increíble que haya quienes se oponen a poner en valor el recurso más rico e importante que tenemos para nuestro desarrollo, más aún cuando existe la tecnología para no perjudicar el ambiente. Anunció una serie de medidas para simplificar procedimientos y reducir plazos, a fin de facilitar la inversión. Explicó la modificación al Reglamento de Exploraciones Mineras para que, entre otras cosas, la ficha técnica ambiental (FTA) se apruebe en diez días hábiles con silencio administrativo positivo.

No se refirió directamente a Tía María ni a ningún proyecto minero en particular, pero en el capítulo de agricultura -no en el de minería- anunció la construcción de represa Yanapuquio en valle del Tambo, donde está Tía María, con una inversión de 608 millones de soles para irrigar más de 11 mil hectáreas. Esperemos que esa obra forme parte de un plan para sacar adelante el proyecto minero y que se nombre a alguien encargado de llevarlo a cabo. Pues, al final, ¿de dónde salen los recursos para las obras hidráulicas y para las obras en general?

Cateriano reveló que hay más de 13 mil millones de soles de canon que los gobiernos regionales no han ejecutado, y anunció un DU para usar expeditivamente ese dinero en salud y agua potable, por ejemplo, en el corredor minero. Pero allí debería aprovecharse para difundir masivamente las tecnologías de Sierra Productiva, que incluyen agua segura en las viviendas, pero permiten que los campesinos salgan de la pobreza por sus propios medios convirtiéndose en empresarios. Haku Wiñay tiene algo de esas tecnologías, pero debe ser reorientado sobre todo a los microreservorios familiares y al riego por aspersión. Ese programa debería ser priorizado porque es mucho más importante que varios de los programas de empleo temporal que mencionó el Premier (Trabaja Perú, por ejemplo), pues entraña una transformación estructural del agro andino -que es una deuda histórica del país-, y con efecto inmediato.

Cateriano informó que el segundo bono universal se distribuirá por medio de la banca celular (en lugar de billeteras electrónicas), lo que supone desaprovechar una vez más el bono para hacer inclusión financiera. ¿Qué impide masificar billeteras electrónicas? En cambio, sí formuló un anuncio muy promisorio: inclusión financiera con cuenta DNI para todos, en poco tiempo. Una cuenta DNI no es exactamente una billetera electrónica, pero es posible depositar dinero en ella y desde allí pagar a otras billeteras electrónicas. Veremos.

Hubo otros anuncios esperanzadores. Por ejemplo, que desde junio pasado la plataforma de PerúEduca puede capacitar simultáneamente hasta 500 mil docentes. Eso es un cambio revolucionario. Puede ayudar a mejorar rápidamente la calidad del profesorado. Si eso se suma a la distribución de tablets con cursos interactivos incorporados, podemos soñar con un salto en la calidad educativa de la escuela pública en pocos años.

También anunció un tren de pasajeros Callao-Chosica, Choquequirao, la interconexión eléctrica con Chile, más competencia bancaria, 6 mil grilletes electrónicos, expediente penal electrónico, un observatorio de avance de obras, entre otros.

¿Qué faltó? Fuera de la estrategia sanitaria arriba mencionada, lo siguiente:

•          Anunciar una flexibilización de las normas laborales para recuperar millones de empleos formales perdidos y facilitar los emprendimientos. Podría convocar a las asociaciones de micro y pequeños empresarios para que formulen una propuesta de normatividad laboral inclusiva.

•          Un comando público-privado para recuperar economía (aunque sí lo convocó en el comando Covid),

•          Proponerle al Congreso trabajar una agenda legislatura conjunta. O una política de diálogo con las comisiones para frenar la hemorragia populista   

•          Aprobar reformas de gobernabilidad para darle viabilidad al próximo gobierno, que deberá reconstruir el país.

El balance del discurso, sin embargo, es positivo. Ahora hace falta que se cumpla lo anunciado. Podría pedirle a la Contraloría que empiece a sancionar a los funcionarios que demoran o que no deciden. Comencemos por allí. Lampadia




El constitucionalismo gourmet

El constitucionalismo gourmet

Aníbal Quiroga León
Jurista. Profesor Principal PUCP
Para Lampadia

El señor Presidente del Consejo de Ministros ha declarado que las discusiones, por el mismo causadas, acerca de si le corresponde comparecer ante el Congreso de la República -con su Gabinete- para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión, solicitando el correspondiente voto de confianza de que trata el Art.130° de la Constitución que, por lo demás, nunca recibió; al mismo tiempo que  exponer los actos llevados a cabo por el Poder Ejecutivo durante el pasado interregno parlamentario causado por la disolución del Congreso, conforme reza el Art.135° de la misma, son “exquisiteces técnico-constitucionales”.

Es decir, para el Premier el cumplimiento de claros y expresos obligaciones y mandatos constitucionales, resultan una delicatesen constitucional a la que, en verdad, no merece la pena prestar atención ni gastar tiempo alguno.  Como si fueran adornos intelectualoides sólo para discusiones de café de nerds constitucionales que se muerden la cola y que desconocen en verdad cómo es que funciona la cosa política, lo que él y el Presidente de la República si conocen.

Las malvadas lenguas atribuyen este tipo de expresiones a la formación jurídica (o a su ausencia, en verdad) del Premier proveniente de una universidad que no ha logrado el licenciamiento de la SUNEDU, algo que paradójicamente el propio Gobierno alienta con gran firmeza.  En casa del herrero, el cuchillo es de palo.  Como cuando el Premier confundió en televisión el principio de la libertad -aplicable a las personas naturales- para definir la función pública, que más bien se rige por el principio de taxatividad, su antónimo. Se diría, benévolamente, que de lo que adolece más bien es una adecuada asesoría ya que de cuando en cuando algún consejero bien rentado le induce a ciertos desbarros jurídico-constitucionales de marca mayor.

Ahora resulta que dar cumplimiento a un deber constitucional sobre cuya base está estructuraba la columna vertebral de nuestra forma de gobierno, y que se ha dado ininterrumpidamente y sin discusión por más de veinte años en cuatro sucesiones presidenciales sucesivas termina siendo una “exquisitez técnico-constitucional”. Una alegoría de mal gusto para de eludir un deber constitucional.

En verdad no parece ser una deficiencia en el saber jurídico-constitucional.  Se trata de algo más complicado y más profundo.  Tanto el Premier, como el propio Presidente, comulgan en una idea de democracia y de Constitución bastante alejada de su significado esencial y bastante más cercana a un pensamiento autoritario, de manera que los deberes constitucionales terminan denostados por ser producto de “mentes exquisitas”.

Nuestra Constitución perfila una democracia de presidencialismo atenuado semiparlamentaria.  Es su ADN y eso determina su viabilidad y solidez.  Por eso se exige el voto de confianza cada vez que un Gabinete inicia su andadura, por eso existen las cuestiones de confianza ministeriales y del Premier, y las censuras ministeriales y del Premier.  Cuando recaen en éste, o son protagonizadas por éste y no logra la confianza, o es derribado por la censura, se produce la crisis total de Gabinete.  Así está escrito en blanco y negro en la Constitución que los altos dignatarios han jurado solemnemente cumplir.

Lo que ocurre es que el Gobierno ha caído presa de su propio laberinto.  El Presidente anunció en TV la disolución del Congreso por una supuesta “negativa fáctica de confianza” -que ni siquiera el Tribunal Constitucional tuvo el pudor de recoger-.  Eso lo hizo con un Premier renunciado y sin Gabinete. Es decir, sin refrendo ministerial. Luego de anunciar públicamente la disolución, recién nombró a un nuevo Premier, y al día siguiente -con éste- conformó un nuevo Gabinete con el que convalidó la disolución y el que nunca pudo concurrir al Congreso a dar cuenta de su política general y solicitar la confianza porque en los hechos ya no había Congreso en pleno, tan solo su Comisión Permanente.  En consecuencia, ingresamos al interregno parlamentario sin haberse solicitado ni obtenido la requerida confianza prevista por el Art. 130° de la Constitución.

Conformado por la vía electoral el nuevo Congreso en enero último, corresponden las dos obligaciones, la del 130° -que nunca pudo cumplir- y la del 135° por el interregno parlamentario.  Esas normas deben leerse sistemáticamente bajo el principio de la unidad de la Constitución.  ¿Es muy difícil eso? ¿En verdad es una “exquisitez constitucional”?

Un verdadero demócrata jamás rehuiría semejante responsabilidad, máxime la hora actual en que se debate el país, salidos de una inédita disolución congresal e inmersos en una emergencia nacional de grandes proporciones.

Pero no, ahora el consejero con muy mala leche le ha hecho repetir al Premier que no le corresponde solicitar el voto de confianza del Art. 130° porque su designación, y la de su Gabinete, resultan “preexistentes” al actual Congreso recién elegido.  La preexistencia es un concepto extrapolado, normalmente, de derecho de seguros, del seguro médico en particular, para excluir de una póliza la cobertura a una enfermedad “preexistente” a la firma del contrato.  Es inédito ese concepto en el derecho constitucional o en la ciencia política.  Pero vamos, siempre se puede ser innovador sin llegar a ser “exquisito”.  Lampadia




El Ejecutivo, primer Poder del Estado

El Ejecutivo, primer Poder del Estado

Ernesto Álvarez
Ex magistrado del Tribunal Constitucional
Para Lampadia

Mientras los textos constitucionales son redactados por representantes del electorado, políticos profesionales en el mejor de los casos, la jurisprudencia constitucional que desarrolla los distintos aspectos de la Constitución es producida por jueces que actúan en nombre de la sociedad y son elegidos, en Europa y Estados Unidos, por el poder político; son estos magistrados los que actualizan el texto constitucional encontrando respuestas ante los nuevos retos que presentan los cambios  sociales, económicos y políticos. Lo deseable es que cultiven el Derecho Constitucional porque así comprenden la necesidad de preservar el equilibrio de poderes, de forma que ninguno predomine sobre los otros. Lamentablemente, la sentencia recaída en el expediente 006-2019-CC/TC responde a la necesidad política de proteger la disolución del Congreso decretada, por el presidente, por sí y ante sí, ignorando deliberadamente el daño que provocará a la vigencia del principio de separación de poderes y, en consecuencia, a la República Democrática peruana.

El abuso del Congreso, expresado en la continua censura a ministros y al no otorgamiento del Voto de Confianza al nuevo Consejo de Ministros, puede ser respondido por la disolución parlamentaria. Pero la Cuestión de Confianza es un instrumento adicional que podría ser usado arbitrariamente por el Presidente con cada proyecto de ley, incluso con aquellos que interfieren con atribuciones exclusivas del Poder Legislativo como la reforma constitucional, la elección de directores del BCR o magistrados del TC; el Ejecutivo puede objetar la oportunidad, el procedimiento o la velocidad en la que trabaja el Congreso, siempre y cuando el presidente invoque alguna política de Estado o el interés público como la transparencia; lo curioso es que tal razonamiento no es de aplicación para la designación de ministros, ni para las decisiones del Consejo de Ministros, que son también, atribuciones exclusivas que nadie discute, por ahora.

Las limitaciones establecidas en la sentencia son genéricas y obvias, aunque al mencionarlas abre la posibilidad del control constitucional vía demanda de amparo, a fin de garantizar la vigencia efectiva de la Constitución mucho antes que el TC pueda pronunciarse dentro de un proceso competencial. Cierto es que de la lectura de los fundamentos se desprende una notoria y académica ingenuidad de los autores, especialmente cuando usa ejemplos para graficar, como en un salón de clase, cuándo estaría prohibida y cuándo permitida la Cuestión de Confianza. Ojalá en los próximos años, cuando los actuales apellidos no actúen en política sino otros peores, no tengamos que lamentarnos de esta sentencia que eleva al Ejecutivo a la condición de primer poder del Estado. Lampadia




“Sin voto de confianza igual no habría crisis”

“Sin voto de confianza igual no habría crisis”

Entrevista a Enrique Ghersi

Por: Gonzalo Pajares

(Perú 21, 22 de Agosto del 2014)

“Lo que acabamos de ver en el Congreso es un ejercicio democrático, es legítimo, nadie debe escandalizarse”, nos dice el abogado Enrique Ghersi, a quien convocamos para analizar por qué el Congreso no le dio el voto de confianza al gabinete Jara.

La Constitución señala que hay un plazo de 30 días para que el Congreso le dé su voto de confianza al gabinete. Ese plazo se cumplió ayer…

La Constitución establece claramente que, dentro de los primeros 30 días de juramentado, el Consejo de Ministros debe presentarse ante el Congreso a exponer su plan de acción. Ese plazo es perentorio y lo establece la propia Constitución. La fórmula que buscó la presidenta del Congreso, la de suspender la sesión y reanudarla hoy, es válida, forma parte del Derecho Parlamentario y no atenta contra el artículo 130 de la Constitución y el Reglamento del Congreso.

¿Se nos vendría una crisis mayor si el Congreso no le da su voto de confianza a Jara?

No se ha votado en contra del gabinete. Las abstenciones superaron al voto a favor: 63 frente a 50, pero todo está previsto en la Constitución. Si no hay voto de confianza, no habría una crisis mayor: el gabinete Jara tendría que cesar en sus funciones, pero, tranquilicémonos, eso no ha pasado; aún no se ha producido la votación final.

¿Qué pasaría si no hay voto de confianza?

La Constitución tiene muy claro el procedimiento: de no alcanzar el voto, el presidente de la República debe nombrar un nuevo gabinete y este, otra vez dentro de los primeros 30 días de juramentado, debe presentarse al Congreso por un voto de confianza. Si el Parlamento negara por segunda vez el voto, la propia Constitución prevé el mecanismo de solución a la crisis: el presidente podría legalmente disolver el Congreso –ojo, podría, no es una acción perentoria, sino facultativa; es decir, podría no hacerlo– y convocar inmediatamente a elecciones.

¿También a elecciones presidenciales?

No, solo a elecciones parlamentarias. El presidente seguiría gobernando hasta completar su periodo, y el nuevo Parlamento elegido también estaría en funciones solo hasta completar el periodo. Pero especulaciones de este tipo son excesivas. Repito, que un gabinete no reciba el voto de confianza no produce ninguna crisis constitucional, institucional. Por el contrario, es parte del ejercicio democrático.

Algunos miembros del oficialismo se han quejado de este mecanismo…

El voto de investidura –o de confianza– es propio de los regímenes parlamentaristas. Fue recogido en el Perú por la Constitución del 93, lo que hace de nuestro sistema político uno semipresidencial: tenemos un jefe de Estado, que es el presidente de la República, y un jefe de Gobierno, que es el primer ministro. Por eso, este necesita el voto de investidura del Congreso, y este voto corresponde a la naturaleza jurídica de los regímenes semipresidenciales: lo mismo pasa en Alemania, España y Francia. Aunque a algunos les suene extraño, nuestra tradición no es presidencialista, sino semipresidencialista, pues todas nuestras constituciones, al menos en el siglo XX, han tenido la figura del primer ministro, que preside el gabinete y cuya ‘presidencia’ es distinta a la del presidente de la República.

Desde el punto de vista político y de la gobernabilidad, ¿este voto de confianza es un mecanismo sano?

Por supuesto. La democracia se basa en el equilibrio y en la separación de poderes; no puede haber un poder por encima del otro. El Parlamento debe controlar al Ejecutivo. Al gabinete Jara no le han negado esta confianza, tan solo ganaron las abstenciones: este es un acto político, legítimo en democracia. Es decir, la oposición ha ganado, pero no se ha puesto en riesgo la gobernabilidad; tan solo le ha hecho saber al gobierno que está en desacuerdo con determinadas acciones, y esto es normal en democracia. Su mensaje es político, es una llamada de atención al Ejecutivo para que enmiende su camino. Ya depende de este si escucha o no a la oposición. La oposición acusa al gobierno de arrogante, el gobierno debe demostrar en este momento que no lo es.

A raíz de lo sucedido, algunos hablan de la posibilidad de un quiebre democrático…

Ese riego no existe. No creo que el gobierno arriesgue tanto, que sea suicida: si disuelve el Congreso y convoca a elecciones parlamentarias, lo más probable es que obtenga menos curules que las que tiene ahora. Es decir, no lo conviene. El Perú está inmunizado en las crisis políticas. ¿Acaso ha subido el tipo de cambio? ¿Acaso se ha devaluado el sol? La economía está separada de los avatares de nuestra política. Por eso, sus consecuencias son menores. Más afecta la inseguridad jurídica.

¿Es sano para nuestro país que la política afecte tan poco la vida ciudadana, la economía?

Es muy sano. Cuanto menos influencia tengan los políticos en la economía, más prósperos son los países. Miremos a Suiza. Nadie sabe quién es su presidente, pero es uno de los países más ricos del mundo.