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El bolsón y el anti-voto

El bolsón y el anti-voto

Rafael Venegas
Director Independiente de Empresas
Para Lampadia

El Perú está totalmente polarizado en estos días, pero es una polarización rara ya que tiene tres polos, incluyendo el de los indecisos. Las personas que conforman este grupo deben ser conscientes que tienen una gran responsabilidad sobre sus hombros, ya que serán ellos los que decidirán el futuro de todos los peruanos.

Lamentablemente, lo que debería ser una contienda entre dos ideologías o dos sistemas económicos distintos, se ha convertido en una infame lucha de clases, gracias a la estrategia comunista utilizada por el partido del lápiz y que se basa en la victimización, el odio, el racismo y la división entre peruanos. Esto les ha sumado muchos votos y por eso en las primeras encuestas tienen un promedio de 40%, cuando la izquierda en su conjunto siempre ha estado alrededor del 30%.

Lo preocupante es que los últimos reportes periodísticos han puesto al descubierto que no se trata de una agrupación política de izquierda tradicional, sino que tenemos al frente a un bien organizado retorno revanchista del partido comunista sendero luminoso.

Abramos bien los ojos y votemos bien informados. No hagamos caso a los inconscientes que predican que Castillo y Cerrón no podrían hacer nada malo, porque las normas no se lo permitirían. No seamos ingenuos. El lobo (sendero luminoso) se ha puesto la piel de cordero (Movadef). Hace 30 años quisieron tomar el poder a través de la lucha armada y el terrorismo, pero fueron derrotados por las FFAA del gobierno de Fujimori, a costa de mas de 70 mil muertos. Hoy regresan con el mismo objetivo, pero esta vez a través del terrorismo ideológico y la lucha de clases.

El Movadef es sendero luminoso y el partido del lápiz es el Movadef. Por eso, así no les guste, hay que enfrentarlos y llamarlos por su verdadero nombre: Partido Comunista Sendero Luminoso.

El triunfo sorpresivo que obtuvieron en la primera vuelta se debió a que aprovecharon a su favor la crisis múltiple que azota al país. El escenario ideal para ejecutar su estrategia. Además, manejaron muy bien la indiferencia del electorado, vía redes sociales, consiguiendo que el ausentismo llegara al 30% y el voto en blanco o nulo al 12.5%. Esto los favoreció y lograron imponerse, pero sólo con el 10.5%.

Afortunadamente esta situación no se repetirá en la segunda vuelta, ya que el electorado ha reconocido su error cívico y las encuestas reportan que el 96% irá a votar. Esto significa que habrán 25% mas votantes que en la primera vuelta.

La diferencia entre ambos candidatos se ha venido reduciendo del 20% a menos del 10% y seguirá por ese camino, siempre y cuando los indecisos, que por ahora son entre el 20% y el 25%-25%) decida votar por la democracia y no en blanco. Esto es lo que decidirá el resultado final.

Aquí vale la pena hacer un símil con el caso de Ecuador, donde las primeras encuestas de la segunda vuelta le daban una clara ventaja de 20% al candidato de la izquierda (Arauz). Sin embargo, gracias a una eficaz campaña de comunicaciones, el candidato de la derecha (Lasso) logró reversar la diferencia y ganar la elección por un margen de 5%.

Los tres grupos de votantes que conforman esta singular polarización son:

  • LOS QUE QUIEREN UNA DICTADURA COMUNISTA. Aquí se incluyen a los comunistas, a los convencidos por la estrategia de la lucha de clases, a los anti-establishment y, aunque parezca mentira, a algunos anti-fujimoristas recalcitrantes. Este grupo promedia un 40% en las primeras encuestas.
  • LOS QUE QUIEREN SEGUIR VIVIENDO EN LIBERTAD Y DEMOCRACIA. Aquí se incluye a los fujimoristas y a los que no lo son, pero escogen esta opción porque rechazan al comunismo y prefieren mantener la libertad y la democracia (los verdaderos anti-comunismo). Entre ellos hay muchos que son anti-fujimoristas, pero son conscientes que mucho peor es el comunismo. Este grupo está entre el 30% y 35%.
  • LOS INDECISOS. Que incluye a los que no piensan votar, a los que no les gusta ninguna opción y prefieren votar en blanco o nulo y a los que aún no han decidido su voto. Este grupo normalmente es 10% o menos, pero esta vez está entre el 20% y 25%.

Este grupo está conformado mayormente por personas que tienen un conflicto personal porque son a la vez anti-comunistas, pero también anti-fujimoristas o anti-Keiko. Ellos, ya sea por sus principios o por sus odios, prefieren no votar o votar en blanco. Esta decisión, que es muy respetable, se convierte en irresponsable y egoísta en este caso, dado el altísimo riesgo de que el comunismo tome el poder y destruya al país.

Por eso pido a los que aún están en este grupo, que privilegien a la razón sobre la emoción y voten patrioticamente por la democracia y la libertad. Voten por el futuro de sus hijos, sus nietos y sus familias. No voten en blanco, voten por el Perú.

Para ayudar al grupo de los indecisos a tomar esta importante decisión, hago un breve análisis del anti-voto, al cual dividió entre el anti-fujimorismo y el anti-Keiko.

  1. EL ANTI-FUJIMORISMO

Este anti-voto impacta a Keiko por el solo hecho de ser hija del expresidente Alberto Fujimori (AFF). Como sabemos, AFF hizo probablemente el mejor gobierno de los últimos 50 años, pero solo en su primer y parte de su segundo periodo. Luego se desbocó.

Sus logros incluyen derrotar al terrorismo y a la híper inflación, pero el más importante fue mejorar la calidad de vida de muchísimos peruanos de los niveles D y E y dar inicio a una importante reducción de la pobreza.

Para lograr todo eso AFF tomó una decisión antidemocrática, que es la causa principal del anti-fujimorismo: disolvió el congreso y a través de una asamblea constituyente, cambió la constitución.

Sin ánimo de justificar este hecho, vale la pena resaltar que el motivo principal para hacerlo no fue el obstruccionismo del congreso como muchos piensan. La verdadera razón fue dar las facilidades legales requeridas para poder derrotar al terrorismo y encarcelar a los terroristas. Sin duda, esto no hubiera sido posible bajo la norma anterior. Este tema no es muy conocido, pero vale la pena saberlo.

También es importante recordar que, al día siguiente del autogolpe, las encuestas indicaban que mas del 80% de la población, estaba totalmente de acuerdo con el cierre del congreso. La memoria es muy frágil y muchos ya se han olvidado.

Luego vinieron los temas negativos que le dieron vida al tristemente célebre ¨fujimontesinismo¨. Aquí también vale la pena recordar que Keiko siempre hizo pública su oposición a Montesinos y que cuando cayó el gobierno, no se corrió del país, sino que decidió quedarse y enfrentar el tema.

Esta claro que para Keiko el anti-fujimorismo es una mochila que no le corresponde directamente, pero lo debería de mitigar comprometiéndose públicamente (y por escrito) a respetar los cánones constitucionales y el estado de derecho en caso sea elegida.

  1. EL ANTI-KEIKO

Este anti-voto tiene dos principales causas. La primera es la nefasta actuación de Keiko liderando la oposición obstruccionista del congreso y la segunda es su tema con la justicia, por el que estuvo en prisión preventiva.

Considero que en la primera Keiko cometió un tremendo error que generó la seria crisis política que vivimos. No supo perder, fue muy mal asesorada y no midió el grave daño que le causaría al país y a su carrera política. Primó la emoción por sobre la razón. Si ella hubiera acompañado al ejecutivo en la gobernabilidad del país, hoy ya hubiera sido elegida presidente en primera vuelta. ¡Craso error!

Keiko se ha disculpado, pero no lo ha hecho con la contundencia que requiere este tema.  Muchas personas, entre las que me incluyo, pensamos que debe hacer un contundente acto de contrición público, donde acepte hidalgamente que cometió un grave error, pida perdón y haga propósito de enmienda. Esto sería muy eficaz para mitigar gran parte de este anti-voto y conseguir muchos votos del bolsón de los indecisos.

El tema judicial es algo que ha afectado mucho a la imagen de Keiko, a pesar de que existen muchas dudas, revanchismo, abuso de autoridad y otros temas turbios. En comparación con muchos casos de corrupción destapados que involucran a altos funcionarios públicos, el caso de Keiko (que no era funcionaria pública) es de mucho menor peso y en todo caso se trata de una infracción administrativa que deberá ser sancionada. Sin embargo, la forma como ha sido tratada por la fiscalía, los jueces y los medios, ha sido muy exagerada denotando rasgos de revanchismo e injusticia.

No dudo que hay motivos suficientes para que exista este anti-voto y no pretendo que se ignoren, pero si que se mitiguen. Aparte del mea culpa, Keiko debe asumir el compromiso de gobernar con absoluto apego a la constitución, a promover las reformas necesarias y a convocar a los mejores profesionales para gestionar eficazmente.

Estamos frente a una de esas difíciles decisiones en que la razón tiene que estar muy por encima de la emoción, porque el objetivo es de muy alto nivel.

Repudiemos el fracasado comunismo totalitario, votemos por la libertad y la democracia. ¡Votemos patrioticamente por nuestro querido Perú! Lampadia




El Segundo Arresto de Keiko Fujimori

El Segundo Arresto de Keiko Fujimori

José Ugaz S.M.
Para Lampadia

La decisión de disponer una nueva detención preventiva contra Keiko Fujimori a sólo dos meses que fuera liberada de la anterior, ha vuelto a poner sobre el tapete la naturaleza y uso de esta medida temporal de privación de la libertad.

Por un lado, los fiscales que la solicitan con frecuente regularidad, sostienen que es indispensable para el desarrollo de sus investigaciones sin que éstas sean puestas en riesgo por la fuga de los investigados o por prácticas obstruccionistas, y por otro, los imputados, afirman que se la está utilizando como una condena anticipada o como un método de presión para hacerlos confesar sus delitos.

Es ampliamente conocido que la detención preventiva sólo se puede aplicar cuando concurren los siguientes tres elementos:

  1. Fundados y graves elementos de convicción que vinculen al investigado con el delito (sospecha fuerte o vehemente)
  2. Peligro de fuga u obstaculización de la justicia
  3. Prognosis de pena (condena posible superior a 4 años de prisión

Sin embargo, ello no ha amenguado la reacción de quienes denuncian que se viene aplicando arbitraria y abusivamente.

Ante esta polémica, la Corte Suprema, mediante Acuerdo Plenario 01-2019, adoptado en el 11 Pleno Jurisdiccional, ha confirmado los principios que deben orientar esta medida. Partiendo de la afirmación de la presunción de inocencia y de la libertad como regla general en todo proceso penal, la corte ha reiterado que la detención preventiva debe ser excepcional (sólo aplicable cuando al juez no le queda otra opción menos gravosa, como el arresto domiciliario) y proporcional (que comprende el principio de necesidad, es decir que sea indispensable para asegurar la buena marcha de la investigación).

En el caso de Keiko Fujimori, es evidente que el primer pedido de detención de la fiscalía estuvo justificado, pues contaba con evidencia irrefutable que acreditaba que su entorno cercano y abogados, estuvieron aleccionando testigos para mentir, lo que resulta un claro caso de obstrucción a la investigación.

Sin embargo, luego que fue liberada por orden del TC tras 13 meses de prisión, la fiscalía volvió a pedir su encarcelamiento preventivo, lo que ha sido admitido por el juez, quien le impuso 15 meses adicionales.

La pregunta es si esta segunda rigurosa medida es adecuada. Habiendo transcurrido 3 años y 10 meses de investigación preparatoria, y conforme lo han ido informando los fiscales, ésta parece estar lo suficientemente madura como para proceder a la siguiente etapa y decidir si se formaliza acusación o no. El Ministerio Público sostiene que ya tiene un caso consolidado, y por lo que se sabe, parece ser así.

Por otro lado, tras 13 meses de detención, la fiscalía, conforme se ha hecho público, ha recogido suficientes testimonios y documentos que demostrarían su teoría del caso, por lo que no hay razón aparente de devolverla a prisión para evitar que perjudique la prueba, pues ésta ya no corre peligro.

Desde esa perspectiva, el juez, siguiendo los criterios establecidos por la Corte Suprema y cumpliendo con los principios de excepcionalidad y proporcionalidad, si consideraba que subsistía algún riesgo de entorpecimiento o fuga, ha podido aplicarle una medida cautelar alternativa menos severa (arresto domiciliario), atendiendo a que el grueso de la prueba está asegurado y que con ese tipo de arraigo su presencia está asegurada hasta que se produzca el juicio y la sentencia.

Esta segunda decisión de arresto victimiza a la imputada y debilita la posición de la fiscalía, que, para un sector de la opinión pública, parece no tener cuándo terminar el caso y más bien estar promoviendo una persecución excesiva contra la investigada.

Por la salud de la investigación, corresponde formalizar la acusación si, como parece, hay suficiente prueba. En ese caso, es probable que Keiko Fujimori deba permanecer en la cárcel muchos años, pero ello será sustancialmente diferente pues obedecerá a una sentencia judicial que establezca su responsabilidad y le aplique una condena. Lampadia




Omisión de Funciones… salvo honrosas excepciones

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 29 de marzo de 2019
Para Lampadia

Si la ley se aplicara en nuestro país, el Estado estaría atiborrado de denuncias por Omisión de Funciones. Veamos a qué me refiero. Es función del Estado servir a la ciudadanía a través de los siguientes servicios públicos: educación y salud, agua y desagüe, recojo y tratamiento de basura urbana, infraestructura de transportes y comunicaciones, cuidado del medio ambiente, justicia, seguridad ciudadana, entre otros.

¿Y cómo es la nuez? Pues…

  • Muy pocos peruanos tenemos agua potable continua. Algunos tienen agua esporádicamente. Y muchos – simplemente – no tienen acceso a ninguna red de agua potable.
  • La infraestructura de transportes deja mucho que desear.
  • La crueldad y el maltrato son denominadores comunes en los servicios de salud pública. La corrupción está enquistada en casi todos los hospitales del Estado.
  • La basura está tirada por calles y plazas, y nuestros ríos y mares están llenos de plásticos.
  • La educación pública está muy lejos del nivel que merecen nuestros estudiantes.

Y en cuanto a los servicios de justicia ¿qué quieren que les diga? Últimamente, la prensa y la televisión se han ocupado inextenso de la corrupción en este sector. Ante tal nivel de podredumbre cabe preguntarse ¿qué justicia podemos esperar los peruanos? Y ¿qué decir de la inacción del Estado frente a su función de brindarnos seguridad? ¿Qué hace el Estado frente a los frecuentes bloqueos de carreteras, sabotajes anti petroleros, barras bravas, infracciones de tránsito, comercio ambulatorio, invasiones de tierras, y demás delitos flagrantes?

En general, el Estado se hace de la vista gorda ante muchos casos como los mencionados en el párrafo anterior. En ese sentido – en términos jurídicos – el Estado incurre sistemática y recurrentemente en delitos de Omisión de Funciones… salvo honrosas excepciones.

¿Cuáles son esas honrosas excepciones? Pues aquí van dos que merecen nuestro máximo reconocimiento. Dos extraordinarios ejemplos de lo que significan los principios de autoridad y justicia. Dos ejemplos que deben marcar la pauta respecto al orden y legalidad que queremos la gran mayoría de peruanos.

Me refiero – en primer lugar – a la estupenda intervención del Estado en el desalojo de esos infames personajes de La Pampa en Tambopata. Por fin se acabó la terrible afectación ambiental en esa parte de nuestra preciosa y sagrada Amazonía. Y ¡qué decir de la trata de menores y demás casos de lumpen y miseria humana que se habían enquistado en aquel – otrora – majestuoso paraje de Madre de Dios! Un Estado justo, firme y respetado… ¡eso es lo que queremos los peruanos!

Y, en segundo lugar – aunque no por ello menos importante – debo referirme al alcalde Forsyth de La Victoria, y reconocer su liderazgo y compromiso en el ordenamiento del emporio comercial de Gamarra. Ojalá tuviéramos más alcaldes como él. Loor también a la Policía Nacional del Perú por su efectividad e inteligencia en aquel mega operativo. ¡Impecable! Un aplauso para estos dos grandes ejemplos de autoridad y justicia de parte del Estado.

Sin embargo, la pregunta es ¿por qué tantas Omisiones de Funciones, y por qué tan pocas honrosas excepciones? ¡Tanto les cuesta a nuestras autoridades seguir el ejemplo de Tambopata y La Victoria! La Omisión de Funciones en el Estado es un sancochado de ineptitud, cobardía, sabotaje, populismo, victimización, chantajismo, corrupción… y muchas lacras más. Lampadia




Metas de reducción de la delincuencia

Metas de reducción de la delincuencia

Como sabemos, en el Perú, la distancia de la letra y la realidad es sideral. Nos sobran leyes que no se cumplen. Muchos delitos contra la propiedad pública y privada, e incluso contra la vida, quedan impunes en la maraña de un sistema judicial que al final termina consagrando la ilegalidad.

El Ministro del Interior está produciendo normas muy ambiciosas para enfrentar la delincuencia. Como indicamos con ocasión del primer paquete de medidas  (ver La gran apuesta del gobierno contra la corrupción policial), sus logros tienen ciertos requisitos. En este caso, como en el anterior, se necesita lograr un sustancial apoyo por parte de la clase política y de los altos mandos de la Policía Nacional.  

Esperamos que en medio de los barullos políticos que estos días toman toda la atención de la sociedad, se puedan focalizar estos esfuerzos con la prioridad que merecen. Lampadia 

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Fuente:  laotravozdigital.com

Victimización por delincuencia, homicidios y extorsiones

Por primera vez tenemos metas concretas en reducción de delincuencia: ¿son alcanzables?

Jaime de Althaus
Para
Lampadia

Debe resaltarse un hecho sin precedentes: el ministerio del Interior ha anunciado unas metas de reducción de la delincuencia a fines del 2018, y el ministro ha asegurado que si no se cumplen, él renuncia. La más importante de ellas es la reducción de la victimización por delincuencia de 31.1% a 24% (ver gráfico):

Como sabemos, en el Perú el principal problema es la victimización por delincuencia, es decir, el delito común, la inseguridad ciudadana en las calles y las casas, que es la más alta en las Américas según el Barómetro de las Américas. La tasa de homicidios, sin embargo, es relativamente baja (7.2 por 100 mil versus un 21.2 en América Latina según la OEA), pero hay cinco ciudades en el Perú que sobrepasan ese promedio latinoamericano y hay 14 que tienen una tasa superior a 10 por 100 mil (ver siguiente gráfico). Por eso el ministerio se ha propuesto como meta a fines del 2018 reducir a la mitad el número de ciudades con tasas de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Lo que tenemos en esas ciudades, de la costa norte y central principalmente, es el avance preocupante del crimen organizado, el sicariato, la extorsión, etc. Son mafias dedicas a la usurpación de inmuebles y terrenos, a la extorsión de obras y negocios, al control de grandes empresas azucareras con fines delincuenciales, etc., y que suelen operar en conexión con policías, fiscales y jueces. Por eso, allí el tema es cualitativamente muy grave. El ministerio se ha propuesto reducir de 6 a 0 el número de capitales de región con una tasa de extorsión de empresas superior al 25%, que sigue siendo inaceptablemente alto. (ver siguiente gráfico) Hay varias ciudades en el Perú donde más del 50% de las empresas están siendo extorsionadas. Es insoportable.

Ahora bien, ¿podrá el gobierno alcanzar estas metas a fines del 2018? Comencemos con la relativa a bajar la tasa de victimización a un 24%. Sería  una reducción de 7 puntos en dos años, aunque sólo nos serviría para pasar del puesto 1 en victimización al puesto 5 de un total de 25 países encuestados. De todos modos, es un primer paso importante.

Para eso se necesita más policías en las calles, mas patrullaje, mejor integración con los serenazgos, mejor coordinación entre comisarías repotenciadas, la municipalidad y la comunidad,  incluso para desarrollar la “inteligencia comunitaria”[1]. Y acciones preventivas.

El Ministerio, en efecto, ha comenzado por dar el decreto legislativo 1253, que les permitirá a las municipalidades recaudar los arbitrios para financiar el serenazgo por medio de los recibos de luz, con un monto mensual máximo de 3.50 soles por vivienda. Esta medida entraña un facilismo, pues exonera a las municipalidades de la tarea de recaudar ellas mismas, que es uno de los déficit estructurales en el país, pero asegura los recursos necesarios para que las municipalidades urbanas pobres puedan comprar y gestionar vehículos de serenazgo, cerrando en alguna medida la brecha de recursos para combatir la inseguridad con las municipalidades de distritos más acomodados.

Al mismo tiempo, el Ministerio ha dispuesto implementar el “Patrullaje Integrado” en el 90% de los vehículos de los municipios. Y, sobre todo, ha reforzado de manera consistente la relación entre la Policía, las municipalidades y la comunidad, para cuyo efecto ha dado el decreto legislativo 1316, que modifica la ley nº 27933, ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

La disposición principal de este decreto legislativo (art. 13) es la que establece una sanción de suspensión de sus funciones por el plazo de treinta días calendario al gobernador regional, alcalde provincial o alcalde distrital que no instale el comité de seguridad ciudadana en el plazo legal, o que no lo convoque para sesionar, o que no disponga la formulación del plan de seguridad ciudadana. (Ver en Lampadia: Los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana).

Como se sabe, estos Comités Regionales, Provinciales o Distritales de seguridad ciudadana formulan y evalúan los planes y directivas de seguridad ciudadana ejecutados en sus jurisdicciones. La norma establece que los Comités Regionales se reúnen trimestralmente de forma ordinaria y los Comités Provinciales y Distritales se reúnen una vez al mes. Sus presidentes son el gobernador regional o el alcalde respectivos, y son responsables de implementar los respectivos planes de seguridad ciudadana.

Además, el Decreto precisa que así como la Policía Nacional brinda el apoyo requerido por la municipalidad, el efectivo policial a cargo puede solicitar apoyo o participación del personal de serenazgo, bajo su dirección. La Policía, a su vez, organiza  el patrullaje integrado.

La Comisaría también está obligada a integrar la información con las municipalidades sobre los lugares de su jurisdicción donde se concentran focos de comisión de delitos, actualizando el mapa del delito, y proponiendo las acciones que correspondan en materia de prevención social. Y, a solicitud de las municipalidades, debe programar capacitaciones al personal de serenazgo incluso “en el uso de armas no letales, menos letales o potencialmente letales o de otros implementos”.

Es decir, el decreto mejora claramente la ley de Seguridad Ciudadana precisando los roles y las obligaciones respectivas entre Policía y Municipalidades. Y sanciona el no funcionamiento de los Comités de Seguridad Ciudadana. La coordinación entre Policía y Municipalidad para prevenir el delito y organizar el patrullaje integrado resulta ahora obligatoria.

Ahora bien, fuera de esto, el Ministro ha anunciado varias políticas complementarias: los Comisarios serán elegidos mediante concurso y serán capacitados, se fortalece las Oficinas de Participación Ciudadana en comisarías, que son las encargadas de relacionarse con las juntas vecinales, rondas campesinas y otras organizaciones locales para organizar rondas, actividades preventivas y facilitar la “inteligencia comunitaria”. Las Comisarías tendrán una estrategia de “servicio al cliente”. Además, se ha lanzado, el programa Barrio Seguro o “Pa’barrio, yo”, que consiste en una intervención integral en barrios críticos, con participación de varios sectores (Educación, Salud, Ambiente, Cultura, etc.).  Este programa se aplicará en los  100 barrios más peligrosos del país, ya hay 5 pilotos lanzados: La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora en Trujillo, Chocoy en Barranca y San Agustín en Chincha. Recientemente se han incorporado tres más en Ica. Y está en proceso un crédito y asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo para este fin.

Dentro de la meta general de reducir a 24% la victimización, se ha fijado la de bajar de 14.8% a 10.5% la victimización por robo (ver siguiente gráfico). A este fin ayudará considerablemente el Decreto Legislativo 1338 que crea el Registro Nacional De Equipos Terminales Móviles y en buena cuenta haría que un celular robado ya no se pueda usar. En la medida en que el robo de celulares es el de mas alta prevalencia, su disminución influirá en la caída de dicha tasa.

Y habrá también un  sistema de comandos de control, comunicación y cómputo para lo cual se está negociando un crédito con el BID también.

Ahora bien, para alcanzar las metas de reducción de la tasa de homicidios y de los porcentajes de extorsión en las ciudades, el Ministerio ha puesto en práctica varias estrategias. Una es el Programa Nacional de Recompensas, con la idea de llegar a no menos de 6,000 requisitoriados con recompensas, con 1,500 de ellos detenidos. La segunda es la ejecución de no menos de 150 mega operativos contra la organizaciones criminales en toda la costa, y la ejecución de no menos de 300 operaciones cerrojo contra portadores de armas ilegales, que tienen ahora pena de cárcel.  Además, por supuesto, el Ministerio se propone el fortalecimiento de la investigación criminal como tal, reclutando y especializando investigadores, intensificando el uso de tecnología, modernización los laboratorios de criminalística y formando equipos especiales para el seguimiento y solución de casos complejos.

Lo que hace pensar que este conjunto de metas podría alcanzarse, es no solo la consistencia de las políticas propuestas, sino el conjunto de reformas que se está introduciendo para la lucha contra la corrupción interna (ver en Lampadia: La gran apuesta del gobierno contra la corrupción policial) y para mejorar y modernizar la gestión de los recursos materiales y humanos, lo que le daría soporte a las políticas de línea. Al respecto se está planteando tercerizar los servicios de mantenimiento de locales y vehículos, geo-referenciar los vehículos para asegurar que se esté patrullando según los recorridos establecidos y que no haya robo de gasolina, y modernizar los sistemas de compras y adquisiciones.

Estaremos atentos a la evolución de los indicadores para ver el avance hacia la consecución de las metas. Es que por primera vez tenemos efectivamente unas metas concretas que podemos monitorear y exigir. Eso solo ya es un gran avance. Lampadia

[1] Ver “La Gran Reforma”, Planeta, de Jaime de Althaus




Otra norma pensada para Noruega

Otra norma pensada para Noruega

El siguiente artículo de Jaime de Althaus que formará parte de nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI, nos demuestra que la orientación de esta nueva norma va en contra de los intereses nacionales. Como se ha explicado anteriormente, uno de las mayores causas de los crecientes niveles de criminalidad en el Perú, es la impunidad, agravada por la falta de carcelería efectiva por los delitos menores, como producto de la laxa normativa actual.

Pues, por más increíble que pueda parecer, el proyecto del nuevo código amplía los espacios posibles para penas sin carcelería efectiva. Pareciera que el proyecto se ha escrito para ser aplicado en Noruega, donde se están cerrando las cárceles por falta de reos.

En todos los aspectos de la vida del país tenemos normas perniciosas, contradictorias, sobrepuestas y que se exceden largamente en el número de ellas, al mismo tiempo que traen un menor nivel de gobernanza. Es inaceptable que una revisión de un código tan importante sea diseñada para agravar nuestros males institucionales.

El proyecto del nuevo código penal no reduciría la inseguridad ciudadana

La discusión en torno al proyecto del nuevo Código Penal se ha centrado en problemas de inconsistencia y falta de proporcionalidad en la duración de las penas: delitos menos graves tienen penas más altas que otros más graves, y en el tratamiento benevolente a ciertas formas de discriminación, etc. Pero hay un aspecto aún más importante y en el que este proyecto retrocede reduciendo la posibilidad de dar una respuesta eficaz al problema de la inseguridad ciudadana, específicamente a la altísima tasa de victimización por delincuencia que nos asola, que es la más alta en América.

Hemos sostenido que la causa principal de tan alta tasa delincuencial radica en la impunidad: los delincuentes no son atrapados o si lo son, con frecuencia no se les castiga si el delito que han cometido tiene una pena de cuatro años o menos pues el juez tiene la facultad de suspender la ejecución de ese rango de penas, y eso es lo que hace. Pero lo que se ha olvidado es que según el artículo 29 del código penal, el juez tiene la facultad de aplicar penas privativas de la libertad efectivas de dos días o más. No lo hace porque no hay centros de detención locales o municipales donde los reos puedan cumplir penas cortas, y no tiene sentido enviar a Lurigancho a un sentenciado por una semana o un mes o tres meses.

Entonces lo que hemos propuesto es que las municipalidades construyan pequeñas carceletas para esa clase de delitos y que –en Lima- la justicia penal se descentralice a los distritos. Es decir, que en cada distrito haya cuando menos un juez, un fiscal y una pequeña carceleta, para hacer posible el castigo efectivo de los delitos menores, que son los que en mayor cantidad afectan a la población, y suprimir entonces la impunidad, que es la madre de la delincuencia. Sin impunidad, la tasa de victimización se encogería sensiblemente.  Esta es la solución que demandan, de otro lado, los juzgados de flagrancia para que se vuelvan realmente efectivos. Sin ella, caen en lo mismo: no pueden condenar a pena efectiva.

Pues bien, ocurre que el proyecto del código penal anula la posibilidad de condenar a penas privativas de la libertad cortas. Según el artículo 31.2 del proyecto “la pena privativa de la libertad tiene una duración mínima de dos años”, ya no de dos días. Increíble. No solo eso: el artículo  72 del proyecto de nuevo código penal establece que el juez puede suspender la ejecución de la pena siempre que “la condena se refiera a pena privativa de la libertad no mayor de 5 años”. Es decir, sube de 4 a 5 años la pena cuya ejecución puede ser suspendida. Con lo que la esperanza de reducir la impunidad se aleja aun más.  

Al mismo tiempo, sin embargo, el proyecto sube las penas a varios delitos  cuando de nada sirve subir las penas si estas no se ejecutan o si en la base de la pirámide delictiva lo que reina es la impunidad total y, por lo tanto, la ley de la selva. Lampadia




No dejemos la mentira sobre la mesa

Datos demasiado grandes para el formato del archivo




La inseguridad en Lima alcanza niveles alarmantes

La inseguridad en Lima alcanza niveles alarmantes

La percepción de inseguridad en la capital ha llegado a un nivel alarmante: el 90% de limeños entrevistados se siente inseguro en las calles, según la última encuesta realizada por Ipsos-Perú.

www.Perú21.pe

El informe: Encuesta sobre seguridad en América Latina, reitera algo que el Barómetro de las Américas había mostrado, que los niveles de victimización e inseguridad en el Perú son los más altos en América Latina. En este caso la comparación es con Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia  y México. El 30% de personas declara haber sido víctima de algún hecho delictivo el último año, lo que coincide con las cifras de la encuesta del INEI al respecto. Estas últimas registran una mejora en los últimos años (la victimización habría bajado 10 puntos), pero seguimos siendo el país más inseguro. Las reformas judicial-penal-policial, para las que hemos venido formulando propuestas, siguen siendo urgentes y deberían ser abordadas por el próximo gobierno.  

Además la sensación de inseguridad es alta: el 90 por ciento de los encuestados afirmaron sentirse inseguros en las calles de la ciudad. Para complementar esta encuesta, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público anunció recientemente que en la capital se producen más de 250 robos por día.

El Observatorio registró 29,484 robos y hurtos entre enero y abril de 2015. Sin embargo, los especialistas afirman que no se notifican todos los casos y el número de casos no denunciados podrían representar 15% del total. En promedio, afirman que el 30% de los residentes de Lima han sido víctimas de un delito en el último año.

Los distritos con la tasa de criminalidad más alto son el Cercado de Lima, Callao, San Juan de Lurigancho, Ate, La Victoria, Santa Anita, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, Comas, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

Según los expertos entrevistados por Ipsos, el aumento en la percepción de inseguridad, así como la tasa de victimización, se pueden explicar por una desconfianza generalizada en las autoridades, así como por la creencia de que el Gobierno no prioriza la seguridad.

Además, el economista y ex presidente del Banco Central, Richard Webb, en un artículo de opinión en el diario El Comercio, dijo que la corrupción generalizada en el poder judicial, cuyo trabajo consiste en garantizar la justicia, es también una de las causas del aumento de la corrupción y del creciente miedo que afecta a todos los niveles de la sociedad. Este retroceso, a pesar de muchos avances económicos recientes, se debe incluir en la ecuación a la hora de evaluar la calidad de vida, dice Webb.

El clima de inseguridad en el país fomenta el desorden y la corrupción, así como los radicalismos, lo cual tiene un impacto negativo en la inversión y en el futuro económico y social del país. No permitamos que esto continúe y tomemos acciones asertivas. Lampadia

 




La Reforma Policial (IV)

El Presupuesto por resultados

Según lo ofrecido, continuamos con el análisis de la Reforma Policial. Una de las reformas que ha sido reclamada con insistencia por la sociedad civil. Este despacho es parte de nuestra biblioteca virtual sobre: Estado del Siglo XXI.

Una herramienta de gestión que ha probado ser muy positiva en distintas instancias del Estado, es el ‘presupuesto por resultados’, que permite un mejor control de la ejecución de los programas públicos y eventualmente facilita la participación de la ciudadanía. 

Resumen ejecutivo

La política que empieza a tener un efecto en la organización, racionalidad y resultados del ministerio del Interior y la Policía Nacional, ha sido la inclusión de un porcentaje creciente del presupuesto del sector dentro de la metodología del presupuesto por resultados. Esto ha permitido iniciar un proceso de interacción con el Ministerio de Economía que deberá llevar a definir claramente objetivos y organizar el gasto en función de esos objetivos.

Introducción

La aplicación de la metodología del presupuesto por resultados (PPR) al Ministerio del Interior comenzó el 2011, con el “Programa Estratégico Seguridad Ciudadana”, que abarcó el 40% del presupuesto total asignado al Pliego. El objetivo principal de este programa era reducir la victimización en las zonas urbanas del país, es decir, el porcentaje de personas y hogares que fueron víctimas de uno o más eventos que atentaron contra su seguridad durante los últimos 12 meses. La victimización había empezado a ser medida sistemáticamente por la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos (ENAPRES) desarrollada por el INEI a partir del 2010, como parte de esta exigencia. Para reducir ese indicador, el ministerio diseñó varios “productos”. Tres de ellos, por ejemplo, fueron considerados en una evaluación externa del programa: el patrullaje, los operativos y la mejor relación con la comunidad.

La evaluación externa

Esta evaluación externa fue hecha por un  panel independiente de expertos integrado por Nelson Shack (Coordinador), Lucía Dammert (Especialista Temática) y Felipe Chacón (Especialista en Metodologías de Evaluación).

La evaluación encontró, por ejemplo, que no existía relación entre la distribución del personal operativo y la densidad poblacional de cada departamento. También que la información estadística interna era muy deficiente de modo que no se podía establecer las metas con claridad ni cuántas operaciones había que hacer para alcanzarlas. No se sabía, por ejemplo, cuál era la capacidad operativa de las fuerzas policiales: “Aunque se sabe el número de vehículos de la PNP, el área de planeamiento no conoce cuánto rinden o cuál es su estado, ni sus necesidades de mantenimiento. Si no se conoce la capacidad instalada, no es posible definir la capacidad de producción operativa de las fuerzas policiales y por consiguiente, tampoco las metas (p. 12).

El informe advierte que no existe una base de datos ni instrumentos estandarizados para que la Oficina de Planificación del MININTER pueda administrar el sistema de seguimiento del propio programa presupuestal.

Sin embargo -anota el informe-, la PNP sí cuenta con información sobre el funcionamiento de las comisarías: ocurrencia de delitos, detenciones, incautaciones, y su dotación de recursos: armas y municiones, personal y vehículos por comisaría, patrullaje, operativos realizados. No obstante, “la Alta Dirección de la PNP no genera retroalimentación hacia las comisarías con respecto a su desempeño o posibles aspectos de mejora”.

Y agrega: “El MININTER cuenta con dos sistemas de seguimiento simultáneos: el del área de planificación y el del área operativa. Sin embargo, ambas áreas no comparten información al desarrollar la planificación estratégica y operativa” (p. 12).

“Además, los indicadores operativos existentes no se usan para analizar los costos y por tanto, no se puede conocer los niveles de eficiencia (del)  servicio” (p. 12). En general, el informe señala que el programa no muestra el costo real de productos y actividades y por tanto, no se conoce cuánto se destina efectivamente al gasto en Seguridad Ciudadana, que se mezcla con otros gastos.

En cuanto al patrullaje, que es uno de los “productos” del PPR, la evaluación señala que no existen instrumentos de seguimiento operativo -mediante el uso de GPS, por ejemplo-, para saber si “los patrullajes se realizan acorde a lo planificado, a lo pertinente y si existen déficits de recursos para cubrir las áreas especificadas” (p. 13).

Además, la evaluación constata que los recursos no se asignan en función de una focalización basada en índices de criminalidad. Es decir, no se actúa más allí donde los índices son peores. Recomienda “establecer un Mapa Nacional del Delito, con plataforma en tiempo real, generar un Observatorio de Criminalidad y un mapa del delito a nivel local que sirva de insumo para el Mapa Nacional”. Algo elemental.

La Matriz de compromisos

En resumen, no se puede medir la eficacia del programa, no se puede determinar el área geográfica efectivamente controlada, ni la calidad de los productos. La evaluación entonces culmina con una serie de recomendaciones que han sido la base de una “Matriz de Compromisos suscrita entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía y Finanzas”, que se puede ver en la página web del ministerio de Economía. Y cuyo cumplimiento es evaluado semestralmente. El MEF ha atado el incremento de recursos presupuestales al cumplimiento de las metas establecidas en esta matriz, condicionamiento que ha sido clave para empezar a introducir racionalidad en el gasto y la gestión del sector.

Para poder evaluar los requerimientos y la eficacia del patrullaje, por ejemplo, la matriz de compromisos recomienda “diseñar e implementar una operación piloto focalizada con protocolos de operación, concentrada en dos productos: patrullaje y comunidad organizada”. Al respecto, el ingeniero Francisco Carbajal, Director General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del Interior, nos informa que el Ministerio ha contratado consultorías para diseñar el proyecto de la operación piloto, el personal y equipamiento que necesitaría una comisaría modelo según tipos de comisarías, y definir el patrullaje óptimo a fin de poder, por ejemplo, calcular el déficit existente, y los protocolos de patrullaje. No obstante, hay un retraso, porque la operación piloto correspondiente ya debía estar culminada a fines del 2015.

También recomienda diseñar e implementar un sistema de costos que permita diferenciar los costos de los productos “patrullaje por sector” y “operaciones policiales para reducir los delitos y faltas” en las comisarías, distinguiendo tipos de comisarías. Es decir, identificar los recursos necesarios y el costo de lo que es seguridad ciudadana propiamente dicha, según tipos de comisarías. Para eso se ha contratado también consultorías. Según Carbajal, se ha identificado los insumos por tipo de comisarías y se tiene ya la matriz de costos. Lo que hace falta, ahora, es sistematizar el software del MEF para incorporar esta información.  

Se tiene una definición provisional de 5 tipos de comisarías según cantidad de población atendida, donde se está revisando, por ejemplo, el área que debe haber en cada comisaría para las reuniones con las juntas vecinales. Esto se relaciona con otro de los compromisos de la matriz, referido a establecer mecanismos de coordinación con gobiernos locales y juntas vecinales y definir los protocolos de las juntas vecinales articuladas a las comisarías. Al respecto, Carbajal informa que ya se tiene un manual para dichos protocolos y lo que falta son los trípticos y videos para su difusión, algo que debió estar listo en junio del 2015.

Por supuesto, otros compromisos se refieren al desarrollo de un mapa nacional del delito y mapas del delito locales georeferenciados, usando el software del sistema de denuncias policiales (SIDPOL). Se ha avanzado en georeferenciar el SIDPOL a nivel de prueba, y se espera que este año 2016 1,200 comisarías podrán tenerlo operativo en la medida que se expanda la banda ancha.

Un tema importante son los indicadores de resultados. Como se sabe, la encuesta de la ENAPRES del INEI registra una sorprendente y difícil de explicar caída de 10 puntos en la victimización por delincuencia entre 2011 y 2014, pero la matriz de compromisos pide separar los delitos que corresponden a seguridad ciudadana, y añadir un indicador que incluya a las faltas y contravenciones, que son poco denunciadas. De otro lado, lo ideal sería que el indicador de victimización pudiera darse a nivel de comisarías.

Algo que no aparece en los compromisos es la necesidad de identificar el déficit de investigadores o detectives, una cifra que ni la Policía ni el ministerio del Interior poseen. No saben cuál es el déficit de personal policial dedicado a la investigación del delito. Carbajal explica que es posible medirlo a partir de la cantidad de denuncias que se resuelven y las que no se resuelven en un año. Se tiene ese indicador pero no lo han usado para hacer el cálculo de cuál sería el mencionado déficit.

Carbajal concluye que, gracias a los presupuestos por resultados, que ya son 7 y cubren el 56% del presupuesto del sector, que es de 10 mil millones, el presupuesto ha evolucionado en el sector. “Hasta el 2013 el presupuesto era muy desordenado. Carecía de sustento. Ahora todo tiene sustento, hay metas, números. La dirección ejecutiva de presupuesto de la PNP es dirigida por un oficial general, pero contrata a civiles en los equipos técnicos.  Por todo esto tenemos ahora más recursos en el sector”, explica.

Recomendaciones

  1. Profundizar el presupuesto por resultados en el sector Interior y exigir el cumplimiento de la matriz de compromisos a cambio de dar más recursos.
  2. Identificar el déficit de investigadores o detectives.

Entrevistas

Carbajal, Francisco, Director General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del Interior, 21 de enero 2016

Reyes, Jaime, Jefe de gabinete de asesores del Ministro del Interior, y Javier Llaque, asesor, 16 de octubre de 2015

Bibliografía

INEI: Encuesta Nacional de Programas Estratégicos  2011-2014

Lampadia, “La Reforma Policial (I)”, 14 de enero de 2018

Lampadia, “La Reforma Policial (II)”, 8 de febrero de 2016

Ministerio de Economía y Finanzas: “Matriz de Compromisos de Mejora de Desempeño ‘Seguridad Ciudadana’”

Shack, Nelson (Coordinador), Lucía Dammert (Especialista Temática) y Felipe Chacón (Especialista en Metodologías de Evaluación): Evaluación de Diseño y Ejecución Presupuestal – EDEP Seguridad Ciudadana – Policía Nacional del Perú, 2013

Lampadia

 




“Fuera de la ideología todo es ilusión” (I)

“Fuera de la ideología todo es ilusión” (I)

Es paradójico que en el Perú, un país en el cual se están dando pasos efectivos para sacar a su población de la pobreza, surjan corrientes de pensamiento que proponen, en diversos aspectos, el regreso al pasado pre-industrial e incluso pre-Colombino.

¿Cómo puede ser que surjan corrientes de pensamiento contrarias al desarrollo y que defiendan como alternativa la permanencia de la pobreza?

¿Cómo puede ser que, con el eufemismo de alternativas al desarrollo, le propongan a la población rural renunciar a sus aspiraciones de progreso en función a una idea de buen vivir en la pobreza? Esas corrientes evidencian una indiferencia chocante con las aspiraciones de progreso de las poblaciones rurales del país. Desde su condición de clase media y alta financiada con donaciones y/o con fondos públicos, ellos buscan venderle al país un discurso hostil en contra del progreso, de la minería y del aprovechamiento de los recursos naturales en general, e indiferente frente al sufrimiento que genera la pobreza rural.

 

Fuente: http://ambiental.net/2015/11/transiciones-al-pos-extractivismo-conferencia-en-cajamarca/

Las ideas de los pos-extractivistas peruanos no son ni latinoamericanas ni peruanas.[1] Son copiadas de pensadores radicales europeos y americanos, marginales en sus propias sociedades. En realidad, los pos-extractivistas locales o regionales son básicamente reproductores de un discurso creado en Europa y Estados Unidos. Ellos mismos fueron adoctrinados en universidades del norte (Edinburgh, Yale, Madrid, etc.), y buscan hacer lo mismo con los líderes de la población local.[2] Aunque no visten camisas blancas ni usan corbatas cortas, no son muy distintos de algunos promotores religiosos-americanos que encontramos en los barrios de Lima.

El origen de los Anti-Mineros

El primer gran movimiento en contra del uso de tecnología moderna surgió en Inglaterra a inicios de la revolución industrial. Fue Ned Ludd (un personaje que no se sabe si es ficticio o  real), quien en 1811 se le atribuyó la iniciativa de convocar a los trabajadores ingleses para destruir las máquinas que posibilitaban la emergencia de la industria textil.

La rebelión Ludita fue duramente reprimida por el Estado Británico. Sus líderes fueron encarcelados o asesinados, y el movimiento salió de la historia por más de un siglo. En su lugar, surgió el Marxismo, la cual en vez de oponerse a la industrialización, hablaba de una utopía autoritaria basada en la industria y dirigida por un partido formado por intelectuales de clase media que decían representar a los trabajadores industriales.

Más allá de su intento insensato de bloquear la revolución industrial, el movimiento Ludita, como se le conocía, tenía una justificación social. Los cambios en la  economía inglesa estaban generando serias dificultades a los diversos sectores de esa sociedad, ya que el uso de los telares industriales estaba literalmente llevando a la quiebra a miles de artesanos y trabajadores textiles. Además, los artesanos estaban siendo desplazados por los telares industriales en dónde los obreros trabajaban 16 horas diarias viviendo una existencia corta y miserable. 

Los anti-mineros modernos son tan o más retrógrados que los Luditas del siglo 19, no solo porque repiten los mismos errores dos siglos después, sino porque al bloquear la minería moderna, sacrifican las aspiraciones de progreso de las poblaciones rurales del Perú y lo hacen para defender los intereses ideológicos de las corrientes radicales europeas y americanas que los adoctrinan y financian.[3]

Surge el Neo-Ludismo

A pesar de la derrota de los Luditas en Inglaterra, el rechazo a los avances técnicos (basado en las actividades industriales) siguió teniendo adeptos, especialmente en los Estados Unidos. En 1975, Edward Abbey escribió una novela de gran éxito e influencia, The Monkey Wrench Gang [La Pandilla del Sabotaje], en la que cuatro personajes luchan contra la construcción de represas hidroeléctricas y del desarrollo industrial en el oeste americano. Los personajes de la novela se dedicaban a destruir las instalaciones que, según ellos, afectaban las costumbres locales y la belleza del paisaje natural. La novela se transformó en una referencia para el naciente movimiento Neo-Ludita, un movimiento hostil en contra del uso la tecnología moderna y las actividades extractivas. Una comparación entre los discursos de los pos-extractivistas peruanos y las ideas de los personajes de la novela de Edward Abbey permite ver que el pensamiento Neo-Ludita los ha influenciado, aunque  ellos se resistan a reconocerlo.[4]

Con la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, se desprestigió el Marxismo. La utopía comunista resultó ser una dictadura muy semejante a la fascista, y su economía centralmente planificada se derrumbó ante el avance de la innovación en los países capitalistas. El giro de China hacia el capitalismo, con fuerte rol del Estado, y su extraordinario éxito económico reforzó el desprestigio de la ideología marxista. Hoy, el Marxismo es un símbolo de dictaduras y de atraso económico con dos íconos claros: Corea del Norte y Cuba.

Ante el fracaso del Marxismo, los grupos anti-capitalistas, marxistas y no marxistas, los grupos anti-modernidad, y los diversos rebeldes confusos, volvieron sus ojos hacia una nueva versión del Ludismo: una versión que combina elementos del marxismo con ideas de un ecologismo radical y un histórico resentimiento social. Esas corrientes están activas en Perú, influenciando fuertemente al movimiento anti-minero, canalizando marxistas frustrados, aventureros políticos locales, izquierdistas desocupados e intelectuales de menor rango. Ellos se auto-titulan pos-extractivistas.

El Terrorismo Anti-Tecnología

En 1995, el matemático americano Theodore Kaczynski, autor de una serie de atentados terroristas con cartas bombas, le exigió al New York Times y al Washington Post que publicaran su “Manifesto” en contra de la sociedad industrial, en donde planteaba la necesidad de destruir la tecnología moderna y regresar a la vida pre-industrial.[5]

El texto de Kaczynski, claro y consistente, es uno de los pronunciamientos Neo-Luditas más completos e influyentes.[6]La lectura de sus textos y la comparación con las ideas de los anti-mineros peruanos evidencia cierta convergencia evolutiva entre ambos grupos de ideas.

Para Kaczynski, las sociedades primitivas posibilitaban una experiencia de vida más acorde con la naturaleza humana (similar al Buen Vivir de los pos-extractivistas). En la párrafo 115 de su Manifesto, dice: “Entre los pueblos primitivos las cosas en que los niños son entrenados tienden a ser razonablemente en armonía con los impulsos humanos naturales. Entre los indios americanos, por ejemplo, los niños eran entrenados en actividades en el campo. Pero, en nuestra sociedad los niños son empujados a estudiar temas técnicos, lo que la mayoría hace en forma reluctante.”

En un artículo sobre el post-extractivista uruguayo Eduardo Gudynas de The Guardian (periódico inglés que influencia la izquierda latinoamericana),  se ilustra el concepto del Buen Vivir con una foto de dos niños amazónicos desnudos jugando con papagayos, dejando claro a qué tipo de pasado los post-extractivistas nos quieren llevar en el futuro.[7]

La utopía de los post-extractivistas peruanos y de los Neo-Luditas es la misma: una sociedad sin tecnología industrial. En esto coinciden Gudynas, Abbey y Kaczynski. Aún con diversos niveles de radicalidad, los tres sienten aversión ante el progreso técnico y a la manera cómo éste ha modificado la forma en que estructuran sus sociedades y sus métodos de producción en masa.

El costo humano que se genera como consecuencia de sus absurdas ideas en términos de permanencia de la pobreza y deterioro de la calidad de vida de la población rural no les interesa mucho. Son de clase media y alta, y sus ingresos no dependen de cómo le va a la población rural.

La contradicción más evidente del pensamiento de los post-extractivistas es que, sin el desarrollo industrial moderno, Gudynas no estaría publicando sus opiniones en The Guardian, ni viajando en avión (con turbinas de alta tecnología) para dar charlas en reuniones de anti-mineros en Cajamarca y Lima y no tendría celular con procesadores de última generación.

Algunos anti-mineros pueden considerar injusta la comparación de sus ideas con las de conocidos anarquistas y terroristas de los países del norte, sin embargo, una lectura cuidadosa y objetiva de los materiales producidos por ambos grupos pone en evidencia muchas coincidencias entre sus ideas. Quienes todavía tengan dudas, pueden leer todos los textos citados.

Una diferencia importante con los pos-extractivistas peruanos es que Kaczynski es revolucionario y propicia el terrorismo como método de propaganda, mientras los pos-extractivistas son, por lo general, reformistas radicales. Aunque promueven la violencia en las marchas anti-mineras, no promueven el terrorismo como estrategia política. Su actuación política combina una diversidad de métodos: la promoción de conflictos locales, la intimidación y represión de la población local vía rondas campesinas u otros elementos de poder local (ver: El cerco cognitivo de las comunidades donde operan), la realización de los actos de sabotaje a instalaciones mineras, la incidencia política en el Estado, la destrucción de la legitimidad de las empresas mineras y el adoctrinamiento de la juventud y líderes locales. Algunos ex-terroristas han encontrado en el movimiento anti-minero el lugar perfecto para canalizar su radicalismo ideológico, sus inclinaciones hacia la violencia y sus habilidades en organizar conflictos, pero ello no justifica llamarlos de terroristas.

La narrativa pos-extractivista tiene una deficiencia fundamental.

Los pos-extractivistas no pueden ofrecer una respuesta efectiva a las aspiraciones de progreso de las poblaciones rurales. Para ocultar esa deficiencia, hablan del Buen Vivir o de la Dignidad. Esas dos opciones le sugieren a la pobreza rural que su sufrimiento es un problema de actitud y no una cuestión de ingresos económicos, acceso a servicios de salud, electricidad, productividad agrícola, costos de transporte, etc.

En una reciente conferencia en Cajamarca (2015), la región más pobre del Perú, el ícono pos-extractivista Eduardo Gudynas (ver foto del evento con líderes de Patria Roja) no pudo decir nada claro ni efectivo sobre cómo abrir una ruta de progreso para la población Cajamarquina. En una conferencia que tenía por temática la transición de la sociedad actual con minería industrial hacia el pos-extractivismo (sin minería moderna), no propuso ninguna medida específica con la cual se pudiera realizar dicha esta transición. Lo único concreto que dijo fue la necesidad de oponerse a los grandes proyectos mineros, a la agro-exportación y a las hidroeléctricas.

Ese desinterés e incapacidad de los pos-extractivistas de ampliar las rutas de progreso de la población rural incrementa la responsabilidad de las corrientes pro-desarrollo, pero también ofrece una oportunidad para aislarlos socialmente.

Los pos-extractivistas solo pueden ofrecer la permanencia de la pobreza y una cultura de victimización y resentimiento.

Las corrientes pro-desarrollo pueden promover el debate público mostrando cómo la minería responsable puede generar recursos y oportunidades que dinamicen el desarrollo regional y les permitan a los niños de esas regiones tener el futuro que se merecen.

La condición para que las corrientes pro-desarrollo sean capaces de responder a las expectativas de las poblaciones de las regiones mineras del Perú es superar los enfoques asistencialistas y el pragmatismo transaccional aún presentes en las estrategias de las empresas mineras para que la minería contribuya efectivamente a dinamizar las economías locales y brindarle la posibilidad a la población rural y los sectores urbanos que visualicen un futuro mejor en relación sinérgica con la minería. Lampadia

 

[1] El pedagogo brasileño Paulo Freire, un pensador del sur, desarrolló un enfoque de alfabetización que hasta hoy influencia las universidades del norte, pero ese no es el caso de los post-extractivistas, pero este no es el caso de los post-extractivistas peruanos.

[2] Una estrategia mediática de los post-extractivistas es el adoctrinamiento de voceros locales para dar la ilusión de que sus ideas son originarias de los países en donde operan.

[3] Los luditas no entendieron que la industrialización no era solo consecuencia de las condiciones en Inglaterra sino de la naciente demanda global de telas, máquinas, insumos industriales, etc. La industrialización de China e India, y después de África, va incrementar la necesidad de la minería hacia niveles nunca antes conocidos en la historia de la humanidad. El bienestar futuro de la humanidad va requerir más minería y no menos minería como se imaginan los post-extractivistas.

[4]Otras corrientes Neo-Luditas buscan bloquear la tecnología digital y la ingeniera genética: computadores, robots, modificaciones genéticas, etc., pero ese no es el caso en Perú en donde la minería, el petróleo y las represas hidroeléctricas son los blancos preferidos de los pos-extractivistas.

[5] Kaczynski, un matemático con un IQ de genio, entre 150 y 170, redactó su Manifesto en forma muy lógica e completa. Más allá de sus ideas absurdas, es un documento de lectura entretenida.

[6] En el final del Manifesto (del §213 al §232), Kaczynski realiza una crítica aguda a la izquierda y a su ambición de poder por el poder. Por ello, sería más adecuado caracterizarlo políticamente como más próximo a los anarquistas que a la izquierda tradicional de Latino América o de los países del norte.

[7] http://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/buen-vivir-philosophy-south-america-eduardo-gudynas

 




LA REFORMA POLICIAL (I)

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Procesos inmediatos, condenas rápidas, penas desproporcionadas

Procesos inmediatos, condenas rápidas, penas desproporcionadas

Continuando con el desarrollo de nuestro repositorio ‘El Estado del Siglo XXI’, publicamos a continuación el artículo de Carlos Zoe, sobre los códigos y procedimientos penales.

Carlos Zoe Vásquez Ganoza

Director General de Política Criminal y Penitenciaria

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

El Perú, dentro del sistema de justicia penal, cuenta con tres (3) códigos o normas de carácter general: a) el código penal de 1991 que regula los delitos y sus penas; b) el código procesal penal de 2004 que regula el procedimiento que se llevará a cabo para imponer dichas penas; y, c) el código de ejecución penal de 1991 que establece la forma de cómo se cumplirán las penas impuestas en el sistema nacional penitenciario.

Desde el año 1991, el Código Penal y, con ello los delitos y las penas que regula, fue modificado 575 veces: el 72% de esas modificaciones fueron para “agravar las penas”; un 20.5% para incorporar “formas agravadas”. De otro lado, el Código Procesal Penal de 2004 fue modificado 33 veces, 70% de ellas para “flexibilizar algunas instituciones procesales de cara a la criminalidad organizada”, como es el caso de la Ley N° 30077, Ley de Crimen Organizado. Finalmente, el código de ejecución penal siguió una suerte similar desde el año 1991, con 50 modificaciones, de las cuales un 86% fueron para “eliminar beneficios penitenciarios” (basta ver las Leyes N° 30076 y 30077);  

MODIFICACIONES NORMATIVAS

(1991-2015)

Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP.
Fuente: SPIJ – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Hasta aquí podemos concluir una primera premisa: frente al problema de la criminalidad, el Estado busca siempre respuestas de carácter legal, especialmente punitivas, en el entendido que “a mayores sanciones, menos beneficios y mejores instituciones procesales” se podrá “reducir la criminalidad”.

Esta política criminal “normativa” de carácter “represivo”, en la mayoría de los casos, ha sido de “corto plazo”, fundada especialmente frente a fenómenos sociales temporales o violentos, por lo que es considerada como una política “reactiva”, sin sustento empírico alguno, en algunos casos sin marco constitucional que los respalde y, como regla, ha carecido de un monitoreo o seguimiento del impacto de dicha norma para con la finalidad argumentada en las exposiciones de motivos de los proyectos de ley que le dieron vida.

¿Pero es cierto que a mayores penas, menos beneficios y mejores instituciones procesales” se podrá “reducir la criminalidad”? La hipótesis de que dicha política se orienta a la reducción de la criminalidad no es contrastable. Por el contrario, la fuente empírica determina que, allí donde se verifican incrementos significativos en las tasas de victimización (delitos), se ha verificado a su vez que las normas se habían endurecido (incremento de penas). En conclusión, no hay relación alguna entre el crecimiento o reducción de la delincuencia con el aumento de las penas. (Solo un ejemplo: para el año 2004 se modificaron 31 delitos para aumentar sus penas; al siguiente año tuvimos una de las tasas de victimización más altas 47%).

VICTIMIZACIÓN Y MODIFICACIONES PUNITIVAS  (2006-2011)

Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP.
Fuente: Latinobarómetro (victimización). SPIJ (modificaciones). 

De otro lado, este año el Legislativo otorgó facultades al ejecutivo, mediante Leyes N° 30335 y N° 30336, para legislar en materia de seguridad ciudadana y económica. De los 66 Decretos Legislativos que se han promulgado, 31 de ellos son sobre seguridad ciudadana. De estos, no cabe duda que el Decreto Legislativo N° 1194 que regula el proceso inmediato para casos en flagrancia ha sido el de mayor impacto. Solo en su primer mes de vigencia ha logrado, según información del poder judicial, resolver más de mil casos en tiempos menores a una semana desde producido el hecho.

El caso más emblemático es el que hemos asistido en los últimos días: la condena de 6 años y 8 meses de pena privativa de libertad, en menos de una semana, a la ciudadana Silvana Buscaglia. La sanción por haber cometido el delito de violencia a la autoridad en su forma agravada (violencia frente a un efectivo policial) ha puesto en debate la “proporcionalidad de la pena impuesta”.

El delito de violencia a la autoridad en su forma agravada se encuentra tipificado en el código penal en su artículo 367 y ha sufrido, desde su vigencia en el año 91 a la fecha, 4 modificatorias. Esto ha determinado que este delito, sancionado en el año 91 con una pena no menor de 3 ni mayor de 6 años, pase a tener una pena no menor de 8 ni mayor de 12 cuando la violencia se realiza sobre un efectivo policial, estableciendo incluso una pena no menor de 10 ni mayor de 15 años si como consecuencia de la violencia deviene la muerte la víctima.

Vamos concluyendo. Así como ha existido reformas interesantes dentro del sistema de justicia penal, como ha sido el Código Procesal Penal de 2004, un código moderno y eficaz (que incluye la posibilidad del proceso inmediato con condenas rápidas), también es cierto que ha existido toda una política punitiva que se ha traducido en el aumento de penas y eliminación de beneficios penitenciarios, lo que ha determinado que hoy el juez no tenga otra opción que imponer penas desproporcionadas y que cada día más internos no accedan a beneficios penitenciarios y, con ello, hayan dejado de trabajar o estudiar dentro de los establecimientos penitenciarios.

Desde hace ya más de 2 años, el Congreso ha tenido en sus manos la posibilidad de promulgar un nuevo código penal moderno, que responda a las nuevas tendencias actuales y no a las que fundamentaron el código de 1991. Lamentablemente al cierre de esta legislatura esto no ha sido posible. Esperamos que esta reforma se logre con un nuevo gobierno y un nuevo legislativo para el año 2016 y podamos tener procesos simplificados, rápidos, pero sobre todo, justos. Lampadia

 

 

 

 




El Nuevo Código Procesal Penal

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