Fausto Salinas Lovón
Cusco, 03 de abril de 2018
Para Lampadia

Quienes crean que la crisis política se superará con un nuevo Gabinete Ministerial y designando ministros que “salgan a la calle”, que “no sean de San Isidro” o que “tengan mejor comunicación política”, se equivocan y parecen no haber entendido lo que sucede hace dos años en el Perú.

La caída de PPK no es atribuible únicamente a sus antiguos conflictos de intereses durante el Gobierno de Toledo y a sus graves errores políticos.  Es la obvia y advertida consecuencia de la incapacidad de los vencedores de las elecciones del 2016 (Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio) de arribar a un punto de encuentro político y, haber permitido que la estupidez política de uno y otro lado agudice el conflicto y los dañe a ambos, en distinta medida.

LAMPADIA ha sido el medio más definido en favor de un acuerdo político por el Perú y quien escribe este artículo ha abogado junto con otros peruanos por la necesidad del mismo para dar sentido a los resultados electorales del 2016, donde el país optó por la economía de mercado y el modelo de crecimiento económico que el señor Humala estancó (El Perú no necesita una segunda vuelta – 14.04.2016, ¿Acabará la estupidez política peruana? – 15.12.2016, Vayamos a un acuerdo político de coincidencias básicas – 27.04.2017, No basta el diálogo, se requiere un acuerdo político inmediato – 06.07.2017).

Ni el claro mandato electoral del 2016, ni las lecciones de la historia política peruana que mostraban que ningún gobierno constitucional sin mayoría parlamentaria concluyó su mandato democráticamente (Bustamante 1948, Belaunde 1968 y Fujimori 1992), fueron suficientes. Los intereses domésticos de ambas fuerzas políticas hicieron que la lección de la historia no se tome en cuenta, impidieron el acuerdo (más allá de que la responsabilidad de unos sea mayor que la de los otros) y nos llevaron a la crisis pasada, cuya factura para el país es incalculable.

Felizmente, el Presidente Vizcarra, en su discurso inaugural ha dado a entender que tiene una mejor lectura de lo que sucede y ha hablado de la necesidad de poner un “punto final a la política de odio y confrontación que ha causado daño a país” y ha propuesto a todas las fuerzas políticas “un pacto social”.  

Sin embargo, bastará que el nuevo Presidente comprenda el problema y la necesidad del Acuerdo Político? ¿Será suficiente que Fuerza Popular entienda también esta necesidad por su propia supervivencia y a pesar de los intereses subalternos y menores de algunos de sus miembros?

Me temo que no.

Hay demasiados “radicales libres” o actores sueltos en la política nacional que no entienden la necesidad de este consenso político mínimo o no lo desean por sus intereses particulares o porque apuestan por el ‘reset’ político, que incluye nuevas censuras ministeriales, investigaciones, vacancias y como no, nuevas elecciones. Y estos actores sueltos se hallan en uno y otro bando y en todos los sectores políticos y pueden echarse abajo el Gabinete Villanueva, en menos de lo que todos deseamos. Por ello, lo que menos importa hoy día es saber si los nuevos ministros, muchos de ellos respetables e idóneos, saldrán a las calles a gobernar o comunicarán mejor su gestión. Lo que importa es que haya un acuerdo político que garantice la gobernabilidad y viabilidad de la segunda etapa de este gobierno.

Para algunos este acuerdo debe existir, pero puede ser tácito. Para otros, entre quienes me cuento, debería ser explícito y quienes llevaron al país al borde de la ingobernabilidad, debieran asumir la tarea de co-gobernar, como necesaria expiación política que demuestre que no solo obstruyen sino también edifican y que su mayoría parlamentaria no sólo está conformada por Bienvenidos, Mamanis o Becerriles, sino también por personas capaces de poner el hombre para reconstruir el país.  El acuerdo tácito puede crear la coartada de que no se asumirá el obvio desgaste político de todo gobierno; pero a mi juicio será insuficiente para reconstruir un caudal político destruido por acto propio. Sólo la redención de una buena gestión gubernativa compartida puede hacer que el Fujimorismo purgue los pecados cometidos y tenga alguna viabilidad futura. Asimismo, es necesario que Mercedes Aráoz, Juan Sheput y los izquierdistas más responsables, aplaquen sus dolores y dejen de jugar a la desestabilización del nuevo gobierno. 

¿En este acuerdo político hay lugar para otros sectores políticos? Yo creo que sí.

Todos aquellos que quieran sumar a la gobernabilidad y el desarrollo deben ser bienvenidos, en la medida en que respeten el claro mandato de las ánforas de abril del 2016, que son las que mandan, antes que los gritos en la calle de algunos profesionales del desorden o los alaridos anónimos e inorgánicos de otros en las redes sociales.

Por ello, no debemos creer que baste un nuevo Gabinete Ministerial. Es imprescindible un Acuerdo Político que evite mayores desgracias a nuestro país. Lampadia

Camilo Ferreira y Franco Olcese

Centro Wiñaq

Para Lampadia

Introducción

Ubicada en la provincia de Cotabambas en Apurímac y operada por MMG Limited, de China, “Las Bambas” es el mayor proyecto minero, actualmente, en operación en el Perú, representando una inversión superior a los 10,000 millones de dólares. Tras los retrocesos de los proyectos Tía María y Conga, el futuro de “Las Bambas” representa la más crítica señal respecto a la viabilidad de la gran minería en el Perú en etapa de operación, siendo el sector minero, una de las principales fuerzas detrás de la recuperación del crecimiento económico de los últimos meses.

Como toda gran operación minera, “Las Bambas” se ha dado dentro de un complicado entorno social. La población en la provincia de Cotabambas llega a 46,000 habitantes, eminentemente rurales (81.6%[^1]). A esto se adiciona que el 90% de la población tiene como lengua materna el quechua,^[2] la tasa de pobreza llega al 88% y a 70% en el caso de la pobreza extrema.^[3] En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en esta provincia, el Frente Amplio obtuvo un 56%, Democracia Directa de Gregorio Santos obtuvo 16% (totalizando, las fuerza anti-mineras un 72%), y Fuerza Popular 17%.

Es de esperar que los profundos cambios económicos y sociales desencadenados por una inversión de esta magnitud en semejante entorno esté a asociada a fuertes dinámicas sociales. Estas dinámicas llegaron a un nivel dramático en setiembre del año 2015 cuando se dio un conflicto social en el que lamentablemente, se produjeron enfrentamientos que generaron un saldo de 6 fallecidos[⁴] y la posterior instalación de una Mesa de Diálogo.

Hasta hace poco “Las Bambas” se encontraba amenazada por otro conflicto social. Manifestantes de Quehuira y de las comunidades vecinas de Allahua, Choquecca, Antuyo  y Pumamarca bloquearon uno de los accesos a la mina, aunque la empresa fue capaz de sacar su producción por una vía alterna. Y más aún, la empresa logró llegar a acuerdos con los dirigentes para desbloquear la vía.

Las fuerzas anti-mineras están desplegando líneas de acción que, de ser exitosas, llevarían a que el actual gobierno enfrente su primer conflicto social de gran dimensión, intentan que “Las Bambas” enfrente una conflictividad que implique un permanente riesgo para sus operaciones y que se constituya en un “cerco social” inviabilizando cualquier posible expansión u modificación futura de la operación. Además, estas líneas de acción son un riesgo potencial de seguridad para las personas, para vidas humanas y por último, podrían infringir costos a la Empresa que afecten los niveles de producción y por ende los impuestos que abona al Estado. 

Sin entrar en juicios de valor, en el presente artículo detallaremos algunas de las principales líneas de acción de los anti-mineros hacia las Bambas y describiremos algunas de las implicancias estratégicas de dichas líneas. Por anti-mineros no nos referimos a organizaciones o actores que se encuentren dedicadas en la plenitud de sus esfuerzos a la abolición de la minería, damos este apelativo a aquellos actores que de manera consistente –y con una agenda oculta- porque públicamente dicen una cosa y en privado hacen otra, promueven y financian  actividades que reducen la viabilidad social de la actividad minera formal.

La Nación Yanawara

La población del entorno de “Las Bambas” es masivamente quechua hablante, rural y con un bajo nivel de conectividad con el resto del país. Esto facilita la consolidación de una identidad local alrededor de la idea de la “Nación Yanawara”. Se está impulsando la idea de que las poblaciones en el entorno de “Las Bambas” deben luchar por su reconocimiento como pueblo indígena por parte de las instituciones del Estado.

Si el Estado reconociera a estas poblaciones como pueblos indígenas, esto tendría amplias consecuencias sobre la legitimidad de las Bambas, las resoluciones del Estado y los acuerdos con las comunidades que viabilizaron el proyecto. Aceptar a la población del Área de Influencia como pueblo indígena, permitiría el despliegue de un conjunto de “herramientas de lucha” que facilitaría enormemente el accionar hostil hacia “Las Bambas”.

En primer lugar se podría reclamar que los acuerdos con las comunidades cuyas tierras fueron adquiridas para poder realizar el proyecto no han cumplido con los requisitos de la Consulta Previa y el Acuerdo 169 de la OIT sobre los derechos de los Pueblos Indígenas^[5]. Ambos cuerpos jurídicos detallan un conjunto de principios y prácticas en el relacionamiento entre Estado, Empresa y Pueblos Indígenas. Estos principios y prácticas no fueron requeridos al momento en el que la Empresa llegaba a acuerdos con las comunidades campesinas de la zona, según la legislación aplicable.

Una vez dado el reconocimiento como pueblo indígena a la “Nación Yanawara”, los radicales podrían estar en mucho mejores condiciones para exigir, como ya lo vienen haciendo, la nulidad de TODOS los acuerdos entre la empresa minera y las comunidades. Los mecanismos de presión podrían ser tanto las acciones directas tales como marchas y tomas de carreteras, la incidencia mediática y el Litigio Estratégico.[⁶]

Un momento crítico para esta línea de acción es el próximo censo a ser realizado el año 2017 el cual incluiría una pregunta (¿sembrada?) de auto-identificación como pueblo indígena.  Es de esperar que en aquellas zonas en las que una mayoría se reclame como indígena, se genere una fuerte campaña política para que las mismas se añadan al Registro de Pueblos Indígenas que lleva el Ministerio de Cultura. A esto se agrega la interpretación de los radicales tienen respecto a al significado de “Derecho de Autodeterminación” mencionado en el Acuerdo 169.

Existen fuertes incentivos para que las poblaciones del entorno de los proyectos extractivos se proclamen indígenas, independientemente de cual sea su identidad cultural.  El ser declarado como indígena brinda a las comunidades una posición de mayor fuerza respecto a las empresas y al gobierno central. Facilita iniciar Litigios Estratégicos[⁷], tener acceso a recursos internacionales para las movilizaciones, genera una mayor empatía en la prensa, pone en duda la totalidad de acuerdos previamente negociados, y permite que se pretendan ubicar al margen del marco normativo y jurídico del país.

Hay una confluencia de actores interesados en fomentar la construcción de una fuerte identidad indígena en el entorno de las Bambas. ONGs ecologistas e indigenistas que podrían tener un mejor caso para justificar desembolsos de la cooperación, buscadores de rentas locales y políticos radicales ligadas al nacionalismo indígena^[8] verían facilitado el avance de sus objetivos políticos o “lentejeros”. Esta convergencia por el reconocimiento de la “Nación Yanawara” reúne las características necesarias para ser el mejor propiciador de conflictividad asociada a “Las Bambas”.

La Acumulación del Agravio

Juzgar los impactos ambientales de un proyecto enorme como “Las Bambas” requiere de un conocimiento técnico y de una disponibilidad de tiempo que muy pocos tienen como para revisar expedientes de mil 500 folios. Un Estudio de Impacto Ambiental tiene miles de páginas difíciles de evaluar por quienes no tienen una formación especializada. Por ello, la eventual decisión de una mayoría de personas respecto a la idoneidad de un proyecto extractivo no se da dentro de la esfera técnica. A pesar de que el discurso político menciona los impactos ambientales como elemento central no es ahí en donde se disputa la postura que asumirán los diversos públicos involucrados en un conflicto social.

En buena medida, el público y los líderes de opinión se decantarán por aquellos que tengan una aparente mejor caracterización ética. En simple, apoyarán a los “buenos” frente a los “malos”. Por ello, son tan importantes las denuncias de abusos hacia la población local que los anti-mineros realizan de manera sistemática y que difunden en tiempo real principalmente en las mismas redes sociales, en formato de mensajes mandados a través de las redes sociales, con baja llegada al gran público. Sin embargo, estos mensajes, sí son observados por periodistas y líderes de opinión y podrían afectar la actitud de los mismos hacia los proyectos y operaciones mineras.

El efecto de las denuncias sobre los conflictos emergen cuando la conflictividad incrementa y pasa a tener relevancia política nacional, ahí es que las consecuencias de este proceso de demolición de la caracterización ética se hacen visibles. La predisposición negativa de algunos periodistas y líderes de opinión llevan a una cobertura negativa por parte de la prensa, a entrevistas favorables a los anti-mineros, reportajes que sirven de propaganda para los radicales, entrevistas hostiles a los voceros de la empresa, etc. Esto lleva a una erosión del soporte de la opinión pública a una operación minera mientras el conflicto se mantenga[⁹].

En el caso de Las Bambas, frente a la opinión publica nacional, se están dando denuncias respecto a MMG Limited en múltiples aspectos. Se le ha acusado de haber comprado las tierras en las que opera a 20 céntimos el metro cuadrado, de haberse apropiado de las tierras de los campesinos abusando de su ingenuidad, de realizar audiencias públicas trayendo personas ajenas a las comunidades e impidiendo el ingresos de los lugareños, de tener a la Policía Nacional como “mercenaria” a sus órdenes, modificaciones inconsultas al proyecto, hacer firmar a niños y ancianos a favor del proyecto, hacer lobby con el Estado para aprobar cambios en su Estudio de Impacto Ambiental junto con un largo etc. No es la primera vez que se ve este “paquete” de acusaciones contra una empresa minera. Podemos ver los mismos argumentos y hasta los mismos adjetivos en el entorno de otros proyectos que estas mismas organizaciones han tratado o están tratando de obstaculizar en el Perú. Es que el conflicto como la probreza también sus fuentes de ingresos para aquellos que hablan en nombre de los peruanos más excluidos y necesitados.

Además, se están elaborando los contenidos “académicos” tales como estudios u conferencias, entrevistas a supuestos técnicos para intentar invalidar cambios en Estudios de Impacto Ambiental aprobados por el Estado, cuyos nombres no pueden revelar por razones de seguridad ¿de quién y por qué necesitan  protegerse?, reportajes escritos y audiovisuales que facilitan caracterizar a la MMG Limited como una empresa que abusa de manera sistemática de los campesinos y vulnera sus derechos. Una vez que la caracterización ética haya socavado la imagen de la empresa, las acusaciones respecto a ‘impactos’ medio ambientales aumentan en credibilidad.

La construcción de un historial de abusos por parte de MMG Limited facilita la coordinación de diversos actores sociales en su contra. Una vez que una empresa ha sido caracterizada como un abusador en serie de campesinos, se hace más fácil que diversos actores políticos se articulen en la realización de acciones en su contra.  Aquellos actores sociales a los que les resulta conveniente que se les vea como opositores al “monstruo” minero convergerán naturalmente en la realización de acciones hostiles al ente caracterizado como abusador.

No basta con tener una conducta socialmente responsable para evitar que se caracterice a una empresa como generadora de agravios contra la población de su entorno. El caso de Máxima Acuña nos muestra claramente que es posible generar artificialmente un agravio[¹⁰] y que buena parte de la prensa está dispuesta a participar activamente en la propagación de una mentira que de tanto repetirla se convierte en verdad.

En el caso de las Bambas dado su valor simbólico como mayor emprendimiento minero del país, ello no sólo genera grandes expectativas en una población de ha vivido por décadas sumida en la pobreza ante la poca presencia del Estado sino que provoca el natural alineamiento de quienes consideran que hay que golpear al “Modelo Primario Exportador” en su puntos más débiles.

Afectación Ambiental

El núcleo de la narrativa anti-minera consiste en la visión de la actividad minera a gran escala como antagónica a la actividad agrícola. Esa supuesta contradicción es repetida, aunque exista evidencia de que ambas pueden convivir de manera armónica no sólo en el Perú sino en otros países con presencia de gran minería. En especial como una amenaza a la cantidad y calidad de agua disponible para la población. En el caso de “Las Bambas” lo reciente de su puesta en operación reduce la credibilidad entre la prensa nacional de versiones respecto a que la explotación minera estaría acabando con el suministro agua en la cuenca en la que este proyecto se encuentra ubicado. La minería moderna usa tecnología de punta, la misma que permite reciclar el consumo de agua en el procesamiento del mineral.

Si bien todavía no se han acumulado los “estudios técnicos”[¹¹] que brinden credibilidad en el aparato mediático nacional respecto a la acusaciones de impactos medio ambientales en el suministro agua, ya se están realizando las primeras denuncias al respecto al impacto del polvo levantado por los camiones que trasladan mineral desde las Bambas.[¹²]

Sin embargo, en la zona rural de Cotabambas y su vecina provincia de Grau los ataques a las Bambas en el frente ambiental son sistemáticos y sostenidos. El discurso de los dirigentes de los Comités de Lucha y Frentes de Defensa hace hincapié permanentemente, en los supuestos efectos devastadores de las operaciones mineras sobre el ambiente local. Estos efectos imputados son los que legitiman los pedidos compensatorios tales como “una participación de 50% en las utilidades” y un “justi-precio” de 5,000 dólares por metro cuadrado en los territorios adquiridos por MMG.

Con el paso del tiempo la ideología de la “cabecera de cuenca” y las “fuentes naturales de agua” puede mutar de ser un mero recurso discursivo para presionar a MMG Limited hacia una creencia con la que la población se encuentra profundamente comprometida y que guiará su acción social y política a futuro. Los resultados de años de “concientización” anti-minera se pueden ver en Majaz, Quilish, Conga y Tía María donde los radicales han conseguido una masa movilizable local que ha logrado bloquear las inversiones.

Conclusión

En el corto plazo las actuales movilizaciones contra “Las Bambas” están asumiendo un carácter eminentemente distributivo en el que los movilizados tienen como principal motivante el acceso a una fracción de la renta generada por el proyecto. Sin embargo, ello va mudar.

En el mediano plazo existen un conjunto de dinámicas que pueden llevar a consecuencias aún más negativas, tanto para Las Bambas como al resto del sector minero y el país. En primer lugar la instrumentalización de la lucha por la identidad indígena como un mecanismo de pugna permanente con las empresas extractivas bajo una correlación de fuerzas claramente más favorable a las fuerzas radicales de la que se da actualmente. En segundo lugar, se puede generar una carga de agravios atribuibles a Las Bambas que deje el proyecto sumamente vulnerable a los conflictos sociales para convertirlo en una piñata mediática. Finalmente, la propagación de la ideología de la “cabecera de cuenca y las fuentes naturales de agua” entre las poblaciones rurales del entorno de un proyecto puede llevar a que el mismo termine enfrentando “un cerco social” que inviabilice cualquier expansión posterior de la operación.

Lampadia

El reinicio de los grandes proyectos productivos y de infraestructuras es vital para la reactivación del crecimiento de nuestra economía. Sin embargo, la conflictividad social que se ha desarrollado alrededor de muchos de ellos, es tal vez el mayor impedimento para su viabilidad. Por ello, es crucial evaluar las estrategias del gobierno de Peruanos Por el Kambio (PPK) para enfrentar la conflictividad.

El tema del avance de los grandes proyectos de inversión actualmente paralizados por verse involucrados en conflictos sociales no ha sido de los más expresados en el discurso presidencial ni comentados por los diversos voceros del recientemente instalado gobierno de PPK. Sin embargo, han dado algunas señales respecto a la manera como buscarán enfrentar la conflictividad social relacionada a la minería.

Este es un análisis inicial, puesto que hasta ahora solo disponemos de unas pocas declaraciones específicas. A futuro esperamos poder brindar un análisis más completo en la medida se vaya reduciendo la incertidumbre sobre las intenciones y estrategias del nuevo  gobierno.

Hasta ahora, de las declaraciones vertidas, se pueden extraer algunos lineamientos respecto a la manera como el gobierno de PPK se dispone a enfrentar la conflictividad social. Considerando lo dicho hasta ahora encontramos las siguientes ideas:

1. La necesidad de convencer a la población

El Presidente Kuczynski manifestó que tratará de convencer a la población de las zonas conflictivas respecto a los beneficios de los proyectos extractivos, de ser necesario haciéndose presente en dichas zonas. Esto implica un reconocimiento de la importancia asignada a la opinión pública en dichas zonas, esto es positivo y distancia a PPK respecto a los enfoques anteriores que combinan la negociación con dirigentes y la represión policial como principales herramientas para viabilizar los proyectos. Por otro lado, es necesario que el gobierno tenga presente que la narrativa anti-minera en las zonas conflictivas lleva años siendo propagada entre la población gracias a su hegemonía mediática local, y que la lucha anti-minera forma parte de la “memoria histórica” de gran parte estas personas. Es algo ingenuo creer que unos pocos meses de trabajo de convencimiento pueden cambiar años de trabajo político sistemático de operadores anti-mineros.

2. La importancia de la prevención

El Primer Ministro ha mencionado que se establecerá un sistema de prevención de conflictos sociales en el que se monitoreara el surgimiento de los mismos antes de que se den manifestaciones violentas. Esta es una iniciativa valiosa puesto que en buena medida cuando un conflicto llega a tener repercusión mediática nacional ya se ha dado una correlación de fuerzas en el entorno del proyecto que pone en serio riesgo su viabilidad.  Queda aún por definir cuáles serán los mecanismos exactos mediante los cuales se dará este monitoreo y cual será el tipo de eventos a los que haga seguimiento el mencionado sistema de prevención.

3. La necesidad de incrementar la presencia el Estado

Al ser preguntados respecto a la conflictividad, diversos voceros del Gobierno afirman que pondrán énfasis en incrementar la presencia del Estado mediante la aplicación de un Adelanto Social que lleve a que las poblaciones en el entorno de los grandes proyectos extractivos reciban un mayor beneficio de los mismos. Sin duda es positivo que estas poblaciones vean sus condiciones de vida mejoradas por la inversión pública, especialmente considerando que gran parte de la riqueza minera del país se encuentra en zonas con altos niveles de pobreza.

Sin embargo, hay que considerar que la mayor presencia del Estado no es suficiente como desmovilizador de la protesta anti-minera. En el caso de la provincia de Islay, donde se encuentra el Proyecto Tía María, la misma se encuentra con niveles de conectividad muy por encima del promedio nacional al ser atravesada por la carretera Panamericana y tener vías asfaltadas comunicando sus zonas más importantes, este mayor nivel de integración social y comunicacional no ha sido suficiente para impedir altos niveles de movilización y la realización de acciones violentas. (Por ejemplo, en Tía María, uno de los factores aprovechados por los anti mineros para las movilizaciones contra el proyecto, fue el interés de corto plazo de los agricultores arroceros, sobre el posible aumento del precio del jornal agrícola por la presencia de la mina). Sin embargo, la presencia del Estado puede ayudar a que la población recupere la confianza en las instituciones públicas, entre ellas las encargadas de vigilar las actividades extractivas. De esta manera se podría lograr una mayor confianza local en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) o en los estudios del ANA. Incrementar la presencia del Estado puede ser una medida desmovilizadora en la medida que la misma se enmarque dentro de una estrategia de recuperación de la legitimidad del Estado y de las instituciones públicas en las zonas conflictivas. Sin embargo, esta confianza se encuentra muy debilitada y no es realista esperar que pueda ser recuperada en un plazo breve, es decir, de unos pocos meses.

4. No ir contra “la voluntad del pueblo”

Durante su mensaje el Presidente mencionó explícitamente que no se impondrán proyectos en “contra de la voluntad del pueblo”.  Hay dos problemas que se derivan de esta postura: La definición de quienes son el pueblo cuya voluntad será tomada en consideración a la hora de determinar si un proyecto debe desarrollarse o no, es decir la delimitación de las fronteras de quienes pueden participar en esa decisión, ya sea a nivel distrital, provincial, regional o nacional.  Y por otro lado, cual será el mecanismo de evaluación del Estado de esta “voluntad del pueblo”.

En el caso del proyecto Conga, el mismo es apoyado por la población del entorno más cercano al proyecto y rechazado por la población más lejana. Esto genera dudas respecto cual sería la población cuya voluntad se tomaría en cuenta, ya sea el entorno más inmediato al proyecto o uno más lejano. En función a qué entorno se consulte,  los resultados respecto a la “postura del pueblo” pueden ser muy diferentes. ¿Cuales son las poblaciones que van desear ser parte de esa decisión, independiente de su cercanía geográfica, económica o ecológica? En el caso de Tía María se tiene un rechazo en las cercanías al proyecto pero una ligera mayoría favorable de la opinión pública a nivel regional.

También se generan dudas en el mecanismo mediante el cual se conocerá “la voluntad” del pueblo. Podrían ser encuestas, audiencias públicas, plebiscitos, etc. Si no se especifican respuestas a esta pregunta lo que quedaría por pensar es que se considera como que están “contra la voluntad del pueblo” todo proyecto que enfrente alguna resistencia social significativa con lo que se estaría proclamando una alta propensión a la capitulación por parte del gobierno.

5. Conversar con líderes locales

El gobierno ha  manifestado el deseo de conversar con líderes locales tales como alcaldes y gobernadores regionales con el fin de viabilizar proyectos conflictivos. Tener a las autoridades locales en favor de un proyecto sin duda es positivo y necesario, pero no se debe creer que es una panacea frente a la conflictividad social. En múltiples ocasiones las autoridades locales asumen una postura inicial favorable a los proyectos y el movimiento social anti-minero consigue ser efectivo en modificar la postura de estas autoridades mediante acciones de presión política, social y mediáticas. A la larga, ellas terminan asumiendo posturas hostiles a los proyectos con el fin de mantener una  acción política coherente con la postura de quienes serán sus votantes en el siguiente ciclo electoral. Al final todos tienen sus ambiciones políticas y no están dispuestos a sacrificarlas por un proyecto minero, cuyos impactos se dan mayormente en el largo plazo. Mientras el movimiento social anti-minero no se encuentre severamente debilitado en su credibilidad, las articulaciones del gobierno central con autoridades y líderes sociales locales enfrentarán el permanente riesgo de ser revertidas.

6. El rol de la obra emblemática

PPK ha mencionado explícitamente que considera que la llave para la viabilidad del Proyecto Tía María pasa por la ejecución de la represa de Paltiture la cual expandiría el suministro de agua en el valle del Tambo, planteándose entonces que la realización de dicha obra incrementaría dramáticamente el apoyo a Tía María. Esto expresa la visión transaccional con la que se quiere enfrentar la conflictividad. Se quiere saber “¿qué  hay que ofrecer?”  a las poblaciones locales para que acepten un proyecto. Sin embargo, en zonas de actividad anti minera, la misma se fundamenta en generar un nuevo “sentido común” hostil a las industrias extractivas. En Islay la suma del voto de Verónika Mendoza y Gregorio Santos llega a un 47%, comparable al 51% que se dio en la Región Cajamarca. Los resultados electorales nos señalan un penetración ideológica que una obra emblemática no podrá por si sola mitigar. Ya hay una narrativa anti-minera establecida, pues gran parte de la población de la zona cree sinceramente que el proyecto Tía María implica la erradicación del valle del Tambo y la contaminación irremediable de sus aguas. Para quienes tienen esas creencias, la construcción de Paltiture no es suficiente como medida compensatoria. El principal activo estratégico de los anti mineros es la difusión de la idea de un antagonismo intrínseco entre agricultura y minería. Esto lleva a que las obras emblemáticas difícilmente puedan compensar, en la mente de gran parte de la población, una percepción ‘catastrófica’ del impacto de un proyecto extractivo. Mientras esta creencia no sea afectada, la reacción de la población local va ser de aceptar todas las inversiones del Estado y seguir rechazando a los proyectos mineros.

En general las propuestas lanzadas por el gobierno en lo concerniente a conflictividad social van en el sentido correcto, sin embargo hay que recordar que por sí mismas no serán capaces de reducir de manera decisiva la conflictividad social y que este es un problema complejo que requiere se desplieguen múltiples líneas de acción, de manera sostenida y, entender claramente la correlación de fuerzas que enfrenta cada proyecto y como afectarla.

Ello requiere tomar muy en serio el sistema de creencias de la población local y la fuerza de la narrativa anti minera. Las propuestas transaccionales pueden parecer muy inteligentes, pero pueden no ser tan efectivas como parecen al principio. Sin entender como la población va razonar sobre el tema de la minería, sus aspiraciones y sus temores, las propuestas de ganarse a la opinión publica vía proyectos de inversión puede no tener los resultados esperados.

Es muy positivo que el gobierno tenga la intención de reactivar la minería, pero también es verdad que su capital político no es infinito, y por lo tanto es esencial que sus primeras iniciativas no fracasen. 

Lampadia

El siguiente artículo del especialista en educación del Perú, León Trahtemberg, nos explica las limitaciones que afectan a la educación pública en el país y, plantea la posibilidad de buscar un desarrollo paralelo a la educación formal, que seguramente tardaremos en poner al nivel requerido. Trahtemberg, como todo innovador de nota, sabe salir de los límites de los cuadrados que encierran los análisis tradicionales para plantear soluciones ingeniosas y disruptivas.

En este caso nos dice que mediante asociaciones público privadas con municipios y universidades o institutos de educación superior, se podrían generar procesos de formación complementarios que puedan apuntar a llenar los vacíos de la educación formal, que con metodologías modernas, eficaces y empáticas a los niños, puedan difundir habilidades blandas, aprendizajes multidisciplinarios, los deportes y las artes, que generen capacidades valoradas por los estudiantes. Este esquema puede efectivamente dar cuerpo a una gesta de la sociedad por la educación, sin tener que pasar por las garras de la burocracia estatal.

Esta inspiradora idea de León Trahtemberg tiene además, un tremendo potencial global en relación al futuro del empleo en el mundo, una vez que se asiente la ‘cuarta revolución industrial’. Como hemos informado varias veces (ver los informes en nuestra biblioteca virtual: Revolución Tecnológica), con el avance de la robótica y de la inteligencia artificial, se habla de eventuales altísimos niveles de desempleo en sociedades de alta productividad, con recursos económicos para sustentar a su población, pero sin capacidad de ofrecer quehaceres satisfactorios en el día a día. La idea del ‘bono educativo’ permitía también organizar respuestas masivas para promover las artes, los deportes, la investigación científica, etc., etc., entre poblaciones que deberán alcanzar una suerte de ‘ocio productivo y gratificante’.

Agradecemos a León Trahtemberg que haya compartido con nosotros sus ideas sobre cómo complementar la formación escolar de nuestros niños.   

León Trahtemberg

26 de julio de 2016

¿Qué país de América Latina tiene una educación pública con futuro auspicioso? Ninguno. Las comunidades educativas de todos los países se quejan por su deficiencia e incapacidad de dar buena educación a sus alumnos para lidiar con  las exigencias de su tiempo. Las gestiones ministeriales hace casi 40 años intentan hacer viable el mismo modelo educativo necrosado, sin mayor éxito.  

Mientras los gobernantes, burocracias ministeriales y sindicatos magisteriales encuentran la cuadratura del círculo y concuerdan con alguna fórmula mágica, quizá haya que ir pensando en darles una opción educativa extracurricular a los niños y jóvenes, que no dependa del aparato formal ministerial ya existente. Podría ser un sistema de educación complementaria, regida por una entidad privada diferente al ministerio de educación, que ofrezca un abanico completo de actividades educativas extracurriculares, de refuerzo y complemento, presenciales y virtuales, a las que pueda acceder todo niño peruano tanto en época de clases como fines de semana y vacaciones mediante un “bono educativo extracurricular”. Allí podría desarrollar sus capacidades sin que ello dependa exclusivamente de las clases y profesores de la escuela pública formal oficial.

Esta no necesariamente anda mal por culpa de los profesores (hay muchísimos que son competentes, dedicados, responsables y hasta sobresalientes), sino por falta de visión, creatividad y voluntad innovadora de los gobernantes, congresistas y las burocracias oficiales.

Agreguemos a eso que buena parte de la educación privada latinoamericana también languidece por estar basada en modelos educativos retrógrados e inviables para nuestros tiempos, que siguen basados en la idea de que la escuela es una cárcel con reglas autoritarias y represivas en la que está prohibido disfrutar y lo que es peor, pensar. Por ello muchos jóvenes de sectores privilegiados ya acuden a las mil formas de esta educación complementaria. Casi no hay niño que no haga alguna actividad extracurricular en la cual realmente disfruta, a diferencia de su sentir en el horario escolar cargado de clases insufribles, exámenes, notas, tareas, trabajos y pruebas.

Darle a los niños y jóvenes la opción de asistir a actividades educativas complementarias de alto nivel, diferentes a las convencionales, puede abrirles las puertas mentales, corporales, expresivas y emocionales que la educación tradicional les cierra.

¿CÓMO OPERATIVIZARLO?

Imaginemos una provincia cuyo municipio, en asociación pública-privada con los gremios empresariales y universidades e institutos superiores, ofertara a los escolares de su provincia un menú de infinidad de actividades extracurriculares que no dependan del ministerio de educación ni de la contratación de profesores titulados del escalafón oficial que  laboran en la escuela pública (aunque no se excluye contratar a algunos en régimen privado). Actividades deportivas de toda índole, talleres de ciencias, todas las artes, estudio de la naturaleza, experimentos científicos, club literario para aficionados a escritores, artesanía, carpintería, joyería, fotografía, diseño gráfico, diseño utilitario, informática, diseño de aplicaciones para móviles, robótica, arqueología,  periodismo, etc.  Todos ellos a cargo de profesionales del área que no necesitan título pedagógico para tal función.

El objetivo es que cada escolar escoja aquello en lo que disfruta y siente que tiene éxito, cultive sus fortalezas (a contrapelo de la escuela en la que se suele señalar sus debilidades golpeando su autoestima) y vaya encontrando su pasión. Habrá aquellos que se vuelvan tan solventes en la actividad que al terminar la secundaria podrían haber adquirido una habilidad u oficio que les ayude en su sostenimiento económico e inserción en el mercado laboral o gestación de su pequeña empresa.

Cada alumno (sea de colegio público o privado, que tienen iguales derechos como residentes de la provincia, lo que además facilitaría el encuentro entre ambos cosa que usualmente no ocurre en nuestro país) recibiría un carnet (en forma de tarjeta de crédito) por medio del cual tendría el derecho a consumir gratuitamente 40 horas semanales de las actividades en las que se haya inscrito. Cada trimestre podría cambiar de actividades o continuar en las mismas perfeccionándose.   

Si queremos ser más ambiciosos aún podríamos extenderlo para que también los adultos de la provincia tengan derecho a tomar parte de los talleres en un  horario especial para ellos.

Esto daría trabajo a gran cantidad de profesionales o especialistas en todos estos campos, especialmente jóvenes, y daría una opción a tantos niños y jóvenes que si encuentran actividades educativas con sentido que los incluya en la comunidad, podría alejarlos de la tentación de dedicarse a vicios o fechorías propias de los jóvenes que no se ubican dentro de los marcos sociales convencionales. 

El alcalde provincial que se atreva a hacer algo así tendría un enorme prestigio social y tendría la satisfacción de que los municipios puedan aportar de manera significativa a la formación de sus vecinos y a la generación de empleo para los jóvenes de su jurisdicción. Si para ello hay que dar algunos incentivos tributarios municipales a las empresas e instituciones educativas que participen, además de los propios recursos de responsabilidad social de las empresas y algo más del presupuesto municipal, bien valdría la pena. Es sólo cuestión de hacer números, costos, y diseñar una logística apropiada.

¿Viable?

Tenemos la obligación de pensar en fórmulas originales porque las que corresponden al pensamiento convencional tradicional no dan (ni parece que van a dar) resultados satisfactorios. Ésta es una de ellas.

Lampadia

Los problemas, necesidades y oportunidades del Perú son múltiples y difíciles de enfrentar, sobre todo por las limitaciones de la clase política: orientada al corto plazo, a las peleas de barrio y a visiones parroquiales no convergentes.

En la campaña electoral que va tomando cuerpo, seremos inundados de propuestas de todo color. Muchas de ellas estarán diseñadas para el aplauso fácil de las tribunas y tendrán altos contenidos de populismo que no tienen posibilidad de llevarse a cabo. Para el ciudadano común, como en anteriores ocasiones, será muy difícil separar la paja del trigo, evaluar (aunque someramente) los posibles impactos y encontrar los elementos de consistencia y coherencia.

Por esta razón, cumpliendo con nuestro objetivo de empoderar a nuestros ciudadanos mediante análisis e información e inspirados por nuestra Misión, mientras avanza la campaña electoral iremos armando un “Súper Combo Electoral” en el que acopiaremos las mejores propuestas específicas de los diferentes candidatos, cuidando un cierto nivel de coherencia entre ellas.

La idea es promover un debate sobre lo que pueden ser las mejores ideas de gobierno y que, en conjunto, puedan ser tomadas por el ganador, con una cierta indicación de viabilidad y conveniencia.

Todavía es pronto para recolectar propuestas de todos los candidatos, algunos todavía no han hecho públicos sus planteamientos, como es el caso del líder en las encuestas, Keiko Fujimori. El CADE que se inicia hoy nos adelantará varias propuestas de los cinco candidatos, cosa que recogeremos para la próxima semana. Un buen referente para el análisis de las propuestas que nos harán durante la contienda electoral, es también La Visión del Perú al Tercio de Siglo, presentada en CADE 2014, que lamentablemente IPAE no ha sabido difundir.

Mientras tanto queremos adelantar unas pocas propuestas de dos candidatos que ya hicieron públicos algunos planteamientos, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski.

Alan García

Canon Comunal

Propone que a las comunidades del área de influencia de los proyectos mineros se les entregue como ‘Canon Comunal’ una parte de los impuestos y regalías que pagan las empresas. 

Propiedad del subsuelo

Plantea que los propietarios del suelo sean también propietarios del subsuelo, tal como sucede en algunos otros países. Este cambio, según García, debería hacerse mediante un referéndum. La propuesta no es nueva y para hacerla viable hay muchos requisitos previos y se requerirían varios años de preparación. Por ejemplo: los programas de titulación están truncos; en las comunidades de la sierra coexisten dos tipos de propiedad, comunal e individual, pero ninguna está debidamente registrada; no hay un registro formal de la propiedad de cada comunidad y menos catastros que delimiten las tierras de cada una; las directivas de las comunidades no están inscritas en los Registros Públicos, como sucede con cualquier empresa e institución. Por lo tanto, sus actos sociales de venta, renta o cualquier otra transacción relacionada a sus derechos, tampoco son registrados. Ver más información en Lampadia: La propiedad del subsuelo y la explotación de los RRNN.

En consecuencia, esta propuesta puede ser filosóficamente deseable, pero no podrá implantarse en el siguiente período de gobierno ni, quién sabe, en los próximos dos o tres. Compartimos la idea, pero la propuesta parece apurada.

Pedro Pablo Kuczynski

Proinversión en cada Plaza de Armas de las Regiones

La propuesta de PPK es dar mucha fuerza y presencia a Proinversión para que se acerque a las poblaciones de las regiones, donde deben darse la mayor parte de los proyectos de inversión en infraestructuras sociales y económicas.

Impuesto plano a la renta

Se propone un impuesto plano de 17.5% sobre una mayor base de aplicación, que incentive el empleo y la inversión. El impuesto se calcularía deduciendo de los ingresos todos los costos laborales y el íntegro de la inversión del año correspondiente. Este es un sistema tributario que ha sido muy exitoso en varios países y es coherente con los grandes objetivos nacionales: promoción del empleo, inversión y recaudación tributaria.

Ayúdennos a armar el Súper Combo Electoral como una contribución al empoderamiento de nuestros ciudadanos y al futuro gobierno. Lampadia