La última propuesta de Verónika Mendoza es nacionalizar el gas de Camisea, con lo cual liquidaría las posibilidades de inversión privada en hidrocarburos. De hecho, las trabas burocráticas y los conflictos sociales ya han disminuido sensiblemente la exploración y, como en ocasiones anteriores, la riqueza sigue bajo tierra sin que nadie la aproveche, mientras millones de peruanos caen en el desempleo y la pobreza.
Y es precisamente Mendoza, la heredera y continuadora de los grupos de izquierda que en la década de 1980 impidieron la explotación del gas de Camisea, la que tiene la desfachatez de insistir en su fracasada fórmula.
Como recordé en otro artículo (“Campañas de divulgación y política”, Lampadia, 4/2/21), en el primer gobierno de Alan García, las izquierdas que eran muy fuertes en el Parlamento realizaron una feroz campaña para impedir que la empresa Shell, una de las más grandes e importantes del mundo, que había descubierto los yacimientos de Camisea luego de invertir muchos millones [400 millones de dólares] de dólares, lo explotara.
Triunfaron y perjudicaron al país, pues recién el 2001, en el gobierno de Alejandro Toledo, y gracias al empuje de los ministros Jaime Quijandría y Pedro Pablo Kuczynski, el proyecto se reinició y en solo tres años se puso en marcha, se construyó el gasoducto y se empezó a producir electricidad abundante y barata que fue fundamental para posibilitar el espectacular crecimiento de más de una década que tuvo el Perú.
No es casualidad que uno de los líderes que destruyó la posibilidad de explotar Camisea en la década de 1980, Manuel Dammert, diputado de la Izquierda Unida en esa época, fue congresista de Ollanta Humala durante su gobierno -su lema fue “balón de gas a 12 soles”-, y después en el grupo de Verónika Mendoza el 2016.
Ni que decir del compromiso de Mendoza para impedir el desarrollo de Tía María e indultar a los lentejeros que han sido sentenciados por el Poder Judicial.
En suma, los mismos que causaron un enorme daño al país paralizando la posibilidad de explotar el gas y deteniendo el desarrollo de la economía, hoy, cuando gracias a que el Estado permitió que la iniciativa privada realizara una obra que ha beneficiado largamente a los peruanos, vuelven a tratar de destruir y arruinar lo que se ha avanzado debido a la colaboración pública-privada.
Y desgraciadamente los que se presentan abiertamente como izquierdistas y estatistas no son los únicos. Yonhy Lescano, de Acción Popular, que encabeza las encuestas, también pretende volver a una variante de nacionalización de la minería y, por supuesto, quiere una nueva Constitución, señal que identifica claramente a los populistas de izquierda.
George Forsyth también cree haber descubierto una mina de votos en este tema y dice “que se revisarán los contratos de mineras”. (“Gestión”, 16/3/21).
El asunto es que la ola populista izquierdista está creciendo y cada vez más candidatos se suben a ella. Si alguien cree que esa ola amainará el día de las elecciones y que en un posible gobierno populista no harían lo que ahora anuncian, se están equivocando. Serían probablemente peores. Lampadia
La Tía María de Verónika
| 18 de Marzo de 2021
Alejandra Benavides Para Lampadia
A casi un mes de las próximas elecciones generales, la contienda electoral se va haciendo más cruda, revelando las verdaderas caras de los candidatos, quienes se muestran desesperados por captar votos. Si bien las últimas encuestas de IEP y CIT podrían considerarse cuestionables, por la metodología utilizada, el alto margen de error y posibles sesgos políticos en ambas, hay una tendencia clara que indica que la derecha y la izquierda más conservadoras (Rafael López Aliaga vs. Yonhy Lescano) se enfrentarían en una segunda vuelta.
La progresía representada por Verónika Mendoza, candidata de izquierda radical, a pesar de decirse “moderna”, y de Julio Guzmán, partido sin claras convicciones, están haciendo lo imposible por repuntar. En esta última semana, Verónika Mendoza firmó un compromiso para cancelar el proyecto minero Tía María, en caso llegue a la presidencia. En declaraciones, recogidas por Gestión, expresó lo que pretendería: “Retiro inmediato de la empresa minera Southern Perú de la provincia de Islay, cancelación definitiva del proyecto minero Tía María y la Tapada. Asimismo, la cancelación definitiva de todo denuncio minero en la provincia, para garantizar el desarrollo del agro, el turismo y la agro exportación, declarando la intangibilidad del Valle del Tambo de la provincia de Islay para toda la actividad minera”. Dichas declaraciones despertaron dos cuestionamientos principales.
Primero, ¿cómo es que la señora Mendoza pretende financiar sus aventuras en caso de llegar al poder y compensar por todo lo que aporta la minería? Su plan de gobierno comprende grandes inversiones públicas, programas de empleo temporal masivo, universalización de Pensión 65, programa de “vivienda digna”, “mayores dosis” de programa Reactiva Perú, bonos universales por s/.15,000 millones a los más pobres, entre otros que incrementarían el ya golpeado déficit, que al cierre de 2020 se ubica en 10% del PBI. La señora Mendoza parece no saber que la minería contribuye con el:
20% de la recaudación fiscal (las mineras pagan aproximadamente 47% de su utilidad en regalías, canon e impuestos),
16% de la inversión privada,
10% del PBI y responde a
60% de las exportaciones.
Tenemos en cartera proyectos mineros por US$57,000 millones, entre Quellaveco, Mina Justa, Ampliación Toromocho y Ariana. Claramente, con un “compromiso” como el firmado en Arequipa, dichos proyectos se paralizarían y las empresas irían en búsqueda de algún otro lugar adonde haya estabilidad y reglas claras que se respeten.
Segundo, ¿cómo planearía compensar los beneficios que se esperaban de Tía María? Además de una inversión de US$1,400 millones, en la primera fase de construcción y operación se estima la creación de 9,000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, así como el pago de s/.270 millones anuales por concepto de canon y regalías. Se estima que el proyecto represente 0.5% del PBI.
La señora Mendoza se siente todopoderosa, cree que el Perú es de su propiedad y que vivimos en una burbuja. Sin embargo, el Perú es un país globalizado, con más de 95% de sus exportaciones destinadas a países con los que tiene Tratados de Libre Comercio – 21 tratados vigentes, que establecen cláusulas de protección de la inversión y estabilidad regulatoria. Este tipo de acciones nos cerraría la puerta a los mercados internacionales más importantes y afectaría gravemente nuestra capacidad de endeudamiento (y rating crediticio), capacidad de pago de deuda internacional, y nos sumiría en la más profunda depresión económica.Lampadia
La encuesta del IEP publicada ayer confirma el ascenso de Yonhy Lescano y coloca a Verónika Mendoza en segundo lugar, aunque prácticamente empatada con los tres que le siguen:
Si estas tendencias se confirman en la encuesta de Ipsos que debe salir el 14, es posible que una parte de quienes pensaban votar por Hernando de Soto u otros candidatos se inclinen al final por Keiko Fujimori o Rafael López Aliaga (que ha tenido un crecimiento muy veloz) para evitar que la segunda vuelta quede copada por candidatos de izquierda.
Pero hay acá un error de percepción, porque lo que pasa es que muchos no ven a Lescano como un candidato de izquierda. Según esta encuesta, la intención de voto por el candidato de Acción Popular está igualmente distribuida entre quienes se identifican a sí mismos como de izquierda, centro y derecha. Más claro aún, resulta que Lescano recibe una intención de voto proporcionalmente más alta en el sector AB que en C y D/E.
La marca de Acción Popular, asociada al centro político, disfraza el izquierdismo de Lescano. En el sector AB Lescano es conocido como defensor de los consumidores, pero es probable que aún no se conozca la verdadera naturaleza de sus propuestas. Cuando ello ocurra, podría perder votos en el AB (y también en los demás niveles) y entre los que en esta encuesta se auto califican como de derecha. Esos votos podrían ir a López Aliaga –que, además, tiene techo para crecer en sectores populares, aunque su extracción social no le ayude- o a Keiko Fujimori.
De hecho, las contradicciones entre el discurso del candidato presidencial (y el propio plan de gobierno) y el discurso de algunos candidatos al Congreso ya ha aparecido.
Lescano propone nueva Constitución cambiando el capítulo económico, por ejemplo, para que los recursos mineros extraídos no sean de las empresas mineras sino del Estado. Es decir, la nacionalización a la boliviana de los recursos naturales, el modelo Evo Morales[1] (lo que, por supuesto, alejará toda inversión minera, como ha ocurrido con el gas en Bolivia).
Y también que el BCR ponga controles o topes a las tasas de interés de los bancos.
El plan de gobierno, por su parte, propone “desglobalizar la economía”, una suerte de retorno al proteccionismo de los 70, entre otras medidas.
Pero la candidata al congreso María del Carmen Alva, sobrina de Javier Alva Orlandini, aclaró el sábado en El Comercio[2] que probablemente no haya consenso en la bancada para una nueva constitución y que si bien se requiere modificar la parte política, el capítulo económico no se va a modificar. Agrega, “nosotros estamos de acuerdo con la economía social de mercado, esto no se va a modificar… Y el rol subsidiario del Estado, tampoco”.
El candidato Pedro Morales también ha remarcado que AP cree en el rol subsidiario del Estado y en una economía social de mercado, de modo que no debe cambiarse el capítulo económico de la Constitución.
En cuanto a la nacionalización a la boliviana de la minería, Alva señaló claramente que “esta es una idea debatible, y se verá en el próximo Congreso si tiene consenso. Acción Popular está a favor de la inversión minera, … Nosotros queremos una minería responsable, … Acción Popular no va a presentar ninguna norma que desaliente la inversión privada, de ninguna manera… Acción Popular es un partido de centro, que cree en la inversión privada y extranjera, …”.
Precisó también que “Acción Popular no va a plantear control de precios de ninguna manera…, sino que así como existe Osinergmin y Osiptel, que son reguladores, ver la posibilidad de crear un regulador autónomo del Minsa…, que vea la calidad de las medicinas que se compran y que los precios no se disparen”.
Aquí hay una confusión que sí es común tanto a Lescano como a muchos de sus candidatos. Morales, por ejemplo, sostiene que “la educación, vivienda, salud, sobre todo los servicios básicos, se han convertido en un negocio y el Estado no hace nada”. Pero hacer empresa en educación, vivienda y salud es bueno, no es malo. Ayuda a ampliar y mejorar los servicios. Y no puede haber empresa sin utilidades. Las utilidades no son malas. Son el motor de la inversión. No se puede creer en la economía de mercado y en el principio de subsidiariedad, y proscribir la inversión privada de esos sectores. Es una contradicción. Y la manera de asegurar que no haya precios excesivos, es la competencia.
Más bien quien es muy malo dando esos servicios, es el Estado. Allí está el problema, no en el sector privado. Lo que debe plantearse es una reforma profunda de los servicios públicos, introduciéndoles precisamente elementos de gestión empresarial, meritocracia y gestión por resultados, lo que implicará enfrentarse a grupos de interés enquistados.Lampadia
El deceso de Renzo Rossini, Gerente General del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), ha causado consternación. Rossini desarrolló toda su carrera en el BCRP y fue escalando meritocráticamente hasta ocupar el más alto cargo que puede ostentar un funcionario de carrera.
Rossini fue uno de los artífices de la estabilidad económica que ha vivido el Perú las tres últimas décadas, que permitieron el crecimiento sostenido más largo e importante del que se tenga memoria, que sacó de la pobreza a millones de peruanos y fue fortaleciendo una clase media que ahora está nuevamente en peligro de consunción.
Renzo Rossini es el ejemplo de funcionario público que debería tener el Perú. Un hombre capaz y honesto, con las mejores calificaciones académicas, con una trayectoria impecable a lo largo de varias décadas en la misma institución, que ocupó paulatinamente cargos cada vez más importantes por sus propios méritos.
Eso fue posible porque la autonomía del BCRP permite que funcionarios como Rossini permanezcan en la institución y que asciendan los mejores. Naturalmente, eso se compensa con salarios y prestaciones adecuados a la calidad de los empleados, para evitar que migren a otras empresas. Es decir, más o menos lo contrario a lo que ocurre en el resto de la administración pública.
En el Perú, a diferencia de los países desarrollados, casi no existen funcionarios de carrera de alto nivel que permanezcan establemente en sus cargos durante varios períodos. Cuando cambia el Gobierno o, peor aún, cuando cambia el jefe del sector, se modifica toda la estructura de la entidad.
La pérdida de Rossini es hoy más lamentable aún, porque el Perú sufre una ofensiva del populismo y el izquierdismo que amenazan las bases fundamentales de la estabilidad y el crecimiento. Y precisamente el BCRP es uno de los blancos favoritos de la media docena de candidatos que atacan la estabilidad.
Ellos coinciden, por ejemplo, en modificar total o parcialmente, la Constitución, que es la que garantiza, entre otras cosas, la autonomía del BCRP. Y por ejemplo, lo que establece el artículo 84°, “El Banco está prohibido de conceder financiamiento al erario”, sería una de las primeras cosas que cambiarían.
La candidata de extrema izquierda Verónika Mendoza lo ha dicho, ella emitiría moneda descontroladamente, con lo cual llegaríamos a una situación similar a la de fines de la década de 1980 o la que ahora vive Venezuela. Y varios otros harían lo mismo.
También hay que recordar que el Congreso anterior, disuelto por Martín Vizcarra con los aplausos entusiastas de los medios de comunicación y grupos que lo respaldaban, actuó responsablemente eligiendo como directores del BCRP a Elmer Cuba, Rafael Rey y José Chlimper y ratificando a Julio Velarde en la presidencia. ¿Se imaginan a quienes elegiría el Congreso actual que regaló al Perú Vizcarra y la coalición que lo respaldaba?
El mejor homenaje a Renzo Rossini será impedir que quienes quieren destruir lo que el contribuyó a edificar lleguen al poder.Lampadia
Más restricción, más movilización
| 18 de Marzo de 2021
Alejandra Benavides Para Lampadia
Es curioso escuchar a candidatos presidenciales, como Verónika Mendoza, hablar del Perú como si fuera un planeta aislado en el universo, adonde no hay posibilidad de movilidad de personas, bienes ni riqueza. Habiendo vivido fuera gran parte de su vida en Francia y graduarse de la carrera de psicología, resulta increíble que pretenda llegar al poder para gobernar a los peruanos a punta de restricciones a la individualidad y libertad, la concentración del poder a través de la planificación central de la economía y el control absoluto de la vida de los ciudadanos, desconociendo la naturaleza propia de cada ser humano. La señora Mendoza contempla la economía y la sociedad como una reserva estática, sin considerar que las personas siempre vamos a tener una alternativa mejor, y que ante más restricción, más movilización.
La señora Mendoza se olvida de que las personas siempre tienen la alternativa de ir adonde les “dejen ser” y donde creen que pueden cumplir sus sueños, ya sean monetarios, de tranquilidad/seguridad y alcanzar su propia felicidad. Esto lo hemos visto los peruanos, y lo seguimos viendo, con la migración masiva de venezolanos, quienes huyen de la miseria creada por el gobierno comunista de Nicolás Maduro – similar a la migración de cubanos a EEUU, salvo por las balsas. A fines del 2019, se tenía el registro oficial de 4 millones de venezolanos que salieron de su país para ir a otros países de la región, siendo Colombia (1.6 millones) y Perú (900 mil) los países con mayor absorción de inmigrantes, y que a la fecha debe ser bastante más.
Lo mismo vemos dentro de EEUU, donde por segundo año consecutivo California tiene migración negativa, con más de 130,000 personas huyendo a otros estados en 2020, en búsqueda de mejores condiciones de vida y oportunidades. Empresas como Oracle, Palantir, HP salieron de California, así como personajes destacados como Elon Musk a Austin y Miami, llevándose riqueza y capital humano a otro lado. En primer lugar, por un tema de impuestos, ya que el impuesto a las ventas es de 8% en California, mientras que en Florida es 6%, y más importante, el impuesto a la renta en California es 13.3%, mientras que en Florida no existe. En segundo lugar, el gobernador de California, Newsom, se ha mostrado anti-empresa, proponiendo beneficios distorsionadores para los trabajadores parciales del “gig economy” – como trabajadores de Uber, queriendo obligar, sin éxito, a dichas empresas a tratar a esos trabajadores como empleados permanentes. Asimismo, la influencia “progre” de California ha motivado leyes como el “rent control” (control de precio de alquileres) para no perjudicar a arrendatarios – quienes además tienen beneficios para evitar ser echados de sus casas, así como beneficios a los “homeless” (indigentes), quienes han contribuido a la inseguridad e inundado las calles de drogas.
La historia ya es sabida, pero es importante recordarles a aquellos que buscan el control absoluto, que no vivimos en un planeta aislado y que siempre podemos ir a otro lugar y aspirar a algo mejor, algo como “el sueño americano”, que no es nada más que la libertad para lograr lo que queramos.
La hegemonía sanitaria que pretende la señora Mendoza
Fausto Salinas Lovón Desde Cusco Exclusivo para Lampadia
La candidata de Nicolás Maduro en nuestras elecciones presidenciales, la señora Verónika Mendoza, se rasgó las vestiduras porque el gobierno publicó el reglamento para el registro sanitario de las vacunas. Acusó al presidente Sagasti, también de izquierda, pero moderada, de “convertir la salud en negocio”. La señora Mendoza, fiel a su credo estatista, está en contra de la comercialización de vacunas y prefiere que no la tenga nadie.
¿QUE HAY DETRÁS DE ESTA POSICION?
El sentido perverso y distorsionado de la igualdad, según el cual, si existe el riesgo de que algunos perciban un bien antes que otros, es mejor evitar que todos lo tengan. La lógica del perro del hortelano de la que habla la cultura popular.
La creencia cínica de que un Estado, que demostró incapacidad en detener los contagios y evitar la destrucción de la economía, debe seguir ordenando nuestras vidas, nuestra salud y decidiendo quienes, cuando y a cambio de qué se vacunan.
El afán electoral de hacer creer a los electores qué declarando las vacunas como bien público universal, llegarán para “todos y todas” (sic) gratis y pronto y no tendrán costo.
DE LA HEGEMONIA CULTURAL A LA HEGEMONIA SANITARIA
Lo que pocos han advertido es que las vacunas, como en su momento lo fueron las pruebas del Covid 19 que se pudieron bajo el exclusivo control del Estado, son instrumentos de la nueva hegemonía sanitaria a la que el marxismo latinoamericano nos lleva, con el aplauso de muchos intonsos que creen que lo hace por nuestro bien.
En virtud de esta hegemonía sanitaria, la salud deja de ser un asunto ciudadano, deja de ser una responsabilidad del padre o madre de familia y pasa a convertirse en otro bien más provisto, controlado, decidido y mal gestionado por el Estado. No importa que lo haga mal. No importa que demuestre que no lo pueda hacer. No importa siquiera que haya mucha corrupción cuando lo hace. Menos importa que otros lo podrían hacer mejor y más rápido que el Estado. Lo que importa es tener el control, solo así se obtiene la hegemonía.
Este término lo mencionó todavía en abril de 2020 el escritor y filósofo Francisco Tomás Gonzales Cabañas desde su blog en la provincia de Corrientes, Argentina, donde denunciaba como los seguidores de la hegemonía cultural gramsciana nos llevaban, so pretexto de la pandemia, a la hegemonía sanitaria, donde “decidían lo que debe o no realizarse, so pena de aplicar la fuerza de la ley”.
En el Perú quien dio el primer paso en esta dirección fue el Ministro de Salud Víctor Zamora, candidato en la lista parlamentaria de la señora Mendoza en las elecciones del 2016. Bajo su administración se dispuso la “hegemonía” de las pruebas en manos del Estado. Grave error que limitó la capacidad de diagnóstico de la enfermedad y nos mantuvo artificialmente por algunos meses como un país con pocos contagios debido a las medidas extremas de hegemonía sanitaria. La realidad desnudó este despropósito y hasta el gonfaloniero del pensamiento anticapitalista en nuestro país, el señor Hildebrandt denunció el ocultamiento de infectados y muertos.
Hoy, cuando en el mundo ya hay vacunas y los seguidores de la “hegemonía sanitaria” no pudieron conseguirle al país ninguna, pretender que las vacunas que no llegan aún, también estén en manos del Estado so pretexto de su falsa gratuidad, no es una medida de salud pública razonable, sino una medida ideológica que hay que desnudar y criticar.
VACUNAS A CAMBIO DE VOTOS
Lo que quiere la señora Mendoza, con un cinismo que su cada vez menos juvenil apariencia ya no puede disimular, es que las vacunas son para ella y sus seguidores un instrumento importante de dominación política. Una pieza más que ella podría controlar, desde una estrategia de dominación y hegemonía cuando llegue al poder.
Que las vacunas se vendan en el mercado, que haya competencia entre laboratorios y que el precio de ellas disminuya por efecto de dicha competencia bien impulsada desde el Estado no sirve. Tampoco sirve que los peruanos tengan recursos para comprarle la vacuna a sus hijos. Todo eso puede evitar los contagios, puede detener la enfermedad, pero no permitirá mantener la “hegemonía sanitaria”, por eso se lo repudia y se lo rechaza.
Vacunas a cambio de votos. Eso es lo que se pretende, como se da la educación, la salud y el alimento a cambio de la sujeción al dictador Chávez o a su tragicómico sucesor Nicolás Maduro en el régimen venezolano que la señora Mendoza admira, no condena y seguramente obedece.
LIBERTAD DE COMERCIALIZACION Y VACUNA GRATUITA PARA LOS PERUANOS SIN RECURSOS.
Lo correcto es que el peruano que pueda pagar una vacuna lo haga. También es correcto que el Estado oriente sus recursos para proveerla a los servidores de la salud, a los servidores estatales que están en la primera línea de la lucha contra el Covid 19 y que la haga llegar a nuestros compatriotas que no tienen recursos para pagarla. Ese es el rol subsidiario del Estado que se debe cumplir.
Para que esto funcione se necesita un Estado concentrado en proveer lo que le compete y no en buscar la hegemonía sanitaria por afanes ideológicos o cálculo político. Se necesita también crear las condiciones para que exista competencia entre laboratorios, droguerías, farmacias y establecimientos de salud para que, cuando la vacuna esté disponible para el comercio, pueda llegar al mejor precio y de la forma más rápida posible.
ABSURDOS DE LA HEGEMONIA SANITARIA
Bajo la lógica de la señora Mendoza se le impedirá al emprendedor norteño, del sur o de Gamarra vacunarse pese a que está dispuesto a asumir el costo para proteger a su familia y seguir trabajando. Bajo esta misma lógica, algunos empresarios acaudalados de nuestro país, que exhiben entre sus hazañas políticas haber alentado las marchas del 15 N que hoy explican la segunda ola de la pandemia, que podrían pagarse una vacuna para ellos, sus familias y trabajadores, se la pedirán al Estado a cambio de su apoyo, quien se las dará antes que a los peruanos que también la necesitan, pero no la pueden pagar.
Bajo la lógica de la hegemonía sanitaria habrá quienes sigan gastando su dinero en “tabaquitos” y “enrollados”, porque el Estado les dará la vacuna, más si son del mismo tinte político.
PALABRAS FINALES
Está usted avisado. No se queje cuando en un tiempo tenga que mostrar su “carnet de la patria” o su “sujeción a la revolución” no sólo para vacunarse, sino también y sobre todo para conseguir una cita en el hospital, una vacante en la escuela o su DNI. ¿No me cree? Pregúntele al que le vende el chicle en el bus o al muchacho que le trae el delivery. Lampadia
¿Reforma agraria o Sierra Productiva?
| 18 de Marzo de 2021
Pablo Bustamante Pardo Director de Lampadia
Como siempre, tropezamos con la misma piedra, Verónika Mendoza, la candidata presidencial de la izquierda tradicional, propone que emprendamos una segunda reforma agraria.
“Necesitamos una segunda reforma agraria”. (RPP)
“Necesitamos la Segunda Reforma Agraria en el sentido de reformar las políticas del Estado dirigidas a este sector. ¿Cómo? Implementando un Gabinete Agrario y Rural, con distintos ministerios, no solo el de Agricultura, sino de Producción y otros; impulsando un gran Programa Nacional de Compras Públicas directas a los productores; constituyendo una verdadera Banca de Fomento de Desarrollo Agropecuario y Rural; también un Programa Nacional de Riego que requiera participación activa de comunidades y municipalidades; además es necesario mejorar carreteras y caminos rurales para que los productos puedan salir rápidamente… y si el agro ha estado abandonado, el sector pecuario peor, se requiere una institución específica para impulsar este sector”. “No hay nada de qué asustarse, solo justicia y una gestión eficiente”.
Roberto Sánchez, presidente de Juntos por el Perú, afirma que “Verónika no ha hablado de estatización, nacionalización o expropiación, hablamos de poner la agricultura en el centro del desarrollo”. (La República)
Esta gente no ha registrado la historia de los últimos 50 años en el mundo ni en el Perú. No han registrado la caída del Muro de Berlín, la implosión de la Unión Soviética, la reconversión capitalista de China, la miseria de los cubanos y el desastre humanitario de Venezuela. Tampoco han registrado, por supuesto, el brutal empobrecimiento que produjo la reforma agraria, ni la situación actual del sector agrario en el Perú.
Según el economista Carlos Adrianzén, la reforma de Velasco “incrementó la pobreza rural del Perú a niveles nunca antes vistos, [llegando a] alrededor del 70% de la población”.
“Hubo una extrema corrupción en la administración de la reforma. Hubo fondos en todo el Perú que –como no había derechos de propiedad– lo manejaron hasta los burócratas del Ministerio de Agricultura”, indicó Adrianzén.
Para el ingeniero y exministro de Agricultura Carlos Amat y León, actualmente ya hay muchas reformas agrarias que están en curso. “Están las nuevas empresas modelo de agroexportación, la pequeña agricultura comercial que está siendo competitiva en los mercados y que abastece de alimentos a las ciudades del país, la nueva ganadería con mayor productividad en leche y carne en las zonas altoandinas; también están las organizaciones comunitarias como el Parque Nacional de la Papa en Pisac, que son pequeños agricultores con alta tecnología genética donde están conservando 1,474 variedades de papas nativas”, explicó.
Amat y León considera que el sector agrario tiene una “nueva cultura empresarial de emprendimientos sobre la base de la buena gerencia y adopción de tecnologías de punta”.
Además, señaló que resulta clave identificar las necesidades de acuerdo a cada tipo de agricultura y región. “Una cosa es el manejo laboral del café o el cacao; otra cosa son las irrigaciones en la costa; otra cosa es la pequeña agricultura de los valles de la sierra. Son diferentes sistemas productivos que implican distintas relaciones laborales. (Perú21)
En el Perú, el campo demoró décadas de mucha pobreza para reconvertirse a su situación actual, donde ya no quedan vestigios del colectivismo de la reforma agraria de la dictadura militar. Veamos algunos desarrollos:
Del colectivismo a la propiedad privada
En las comunidades de la sierra se ha producido una transformación importante de la propiedad. Si bien, subsisten la propiedad comunal, los espacios productivos asignados a cada familia, son considerados propiedad privada. Si una familia puede regar una ladera, incorpora ese espacio a su propiedad. Además, el poseedor puede heredar sus parcelas a sus hijos.
Revolución productiva en los minifundios altoandinos
El programa de Sierra Productiva ha desarrollado una veintena de tecnologías apropiadas a la realidad de los minifundios altoandinos que permiten incrementos inmensos de productividad. Con el riego por aspersión se puede pasar de cosechar pastos pobres con el secano, que te dan 15 centímetros al año, a pastos cultivados que te dan cinco cortes de un metro por año, generando una explosión productiva de múltiples productos.
Estas tecnologías ya han llegado a unas 60,000 familias que se han insertado en mercados de productores.
Increíblemente, Sierra Productiva, en vez de haber sido apoyado por los distintos gobiernos, ha sido combatida, y ha sido denigrada por las izquierdas, empezando por Javier Diez Canseco.
Empresas azucareras
Las cooperativas agroindustriales de la costa, pasaron de una realidad de miseria para sus trabajadores, a empresas modernas con alta productividad y buenos ingresos y condiciones de vida para sus ex cooperativistas.
El café y el cacao
En la ceja de selva, los productores de café y cacao, también han tenido un desarrollo muy positivo. En este caso se trata generalmente de pequeños productores asociados a cadenas productivas.
La revolución de las agroexportaciones
El Perú se ha convertido en uno de los mejores proveedores globales de frutas y hortalizas frescas, una industria muy sofisticada que requiere un alto desarrollo tecnológico. Después de décadas, desde la reforma agraria, se ha generado empleo formal en el sector rural. Hay importantes regiones del país, donde las agroexportaciones han generado pleno empleo.
Hoy llegamos a más de 150 países con productos variados a alta calidad.
Esta revolución ha sido posible por el desarrollo tecnológico de los productores peruanos, que han sabido aprovechar nuestras condiciones climáticas y contra estacionales, junto con el marco promotor establecido para los aspectos laborales y tributarios.
Nuestras exportaciones superan los US$ 7,000 millones anuales y muestran una evolución sólida.
Es pues absolutamente ridículo hablar de una nueva reforma agraria. Esto solo refleja la ignorancia de los políticos de izquierda y su desconexión con la realidad nacional.
Esta gente es víctima de ideologías trasnochadas, como el pos-extractivismo, que postula que produzcamos lo mínimo posible, en energía, minería, madera y agricultura entre otros rubros.
Estos personajes postulan que no exportemos productos alimenticios, que solo produzcamos lo que podemos comer nosotros en el Perú. Esta es una propuesta verdaderamente descabellada, pues condenaría a la pobreza eterna a nuestros campesinos. Imagínense lo que esto significaría para los millones de trabajadores actuales del agro y la pesca.
No dejemos pues que nos pongan agendas políticas absurdas, justo cuando tenemos que afinar nuestras estrategias para salir de la crisis sanitaria y económica y recuperar el empleo y el crecimiento.
Todo esto no significa que no tengamos que superar muchos problemas en el sector, entre ellos, la canalización y acumulación del agua en reservorios de diversos tamaños, desde los familiares para Sierra Productiva, hasta los masivos. Empecemos por promover la multiplicación de los reservorios familiares que resuelven el desarrollo productivo y de calidad de vida en la sierra altoandina, la zona más pobre del país.
La izquierda creció apreciablemente en las elecciones de enero
| 18 de Marzo de 2021
Jaime de Althaus Para Lampadia
Las elecciones congresales del 26 de enero han producido algunos resultados que no han sido suficientemente analizados, y revelan una tendencia que habría que preguntarse si se manifestará en las elecciones presidenciales del 2021.
El siguiente cuadro, que compara los porcentajes de votación congresal del 2016 con los del 2020 por partidos, nos sirve para darnos una idea de hacia dónde fueron los votos que perdió Fuerza Popular y los que obtuvo PPK que esta vez no participó.
Fuerza Popular perdió 29.1 puntos porcentuales entre ambas elecciones. Suponemos que los votos del FREPAP y de Podemos vinieron principalmente de allí, pero vemos que ambos sumados alcanzan 16.76 puntos, bastante menos. De modo que hay casi 13 puntos que se han ido a otros grupos, la mayor parte quizá de izquierda, como veremos.
Y ¿dónde fueron a parar el 16.46% de los votos que obtuvo PPK el 2016? Si sumamos los porcentajes del Partido Morado, Somos Perú y ese adicional de 3.06 que obtuvo Acción Popular en esta elección en relación al 2016, llegamos a un 16.51%, proporción casi idéntica a la que tuvo PPK el 2016.
Por su parte, el Frente Amplio obtuvo un 13.84% de los votos el 2016 y bajó a 6.16% en esta elección. Pero si le sumamos el porcentaje obtenido por UPP, llegamos a un 12,93, similar al 13.84 del 2016.
Sin embargo, esto último no se puede calcular así, porque la verdad es que si sumamos el porcentaje obtenido por todas las agrupaciones de izquierda, incluyendo las que no pasaron la valla (Juntos por el Perú, Democracia Directa, Perú Libre, RUNA), vemos que las izquierdas sumaron en total 26.6% de los votos el 2020, 8.33 más que el 2016.
De modo que si clasificamos los partidos que participaron en ambas elecciones congresales -hubieran o no pasado la valla- en las categorías clásicas de derecha, centro e izquierda, constatamos que la tendencia más clara ha sido la del crecimiento de la izquierda entre ambas elecciones.
También parece haber crecido el centro en detrimento de la derecha, pero puede ser un tanto subjetivo tipificar un partido en la derecha o en el centro. Lo que es indubitable es cuando el partido es de izquierda.
Ahora bien, la pregunta es si esta es una tendencia que pueda manifestarse en las elecciones del 2021, en el sentido de que una candidatura de izquierda pueda pasar a la segunda vuelta.
Puede ocurrir, si la izquierda se une. Y se daría una cuasi unión de facto, en la medida en que la mayor parte de los candidatos presidenciales potenciales de la izquierda están en la cárcel o prófugos. Antauro Humala recién recobra su libertad el 2024. Eso deja a Verónika Mendoza sola junto con Marco Arana, quien tendría poco arrastre.
En general, sin embargo, una elección solo congresal carece de poder predictivo porque en ella no participan candidatos presidenciales. Lo que se ve hasta ahora es que hay tres grandes corrientes o demandas.
Una, que podemos llamar anticorrupción, tendría como candidato principal a Salvador del Solar, si se presenta.
La segunda, que responde a la demanda por seguridad y orden, se encarnaría en Daniel Urresti.
Y la tercera, que reflejaría una demanda por mayor igualdad (de izquierda), sería encabezada por Verónika Mendoza.
Veremos. Lampadia
Las leyes no son para los izquierdistas
| 18 de Marzo de 2021
Lula, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, condenado a 12 años de cárcel por corrupción desde el gobierno, se ha resistido a su condena con ‘docenas de amparos’ presentados por grandes estudios de abogados. Acaba de perder su última carta ante la Corte Suprema de Brasil, y el reconocido y probo Juez Moro ordenó su encarcelamiento, pero Lula, en rebeldía, se refugió con los sindicalistas metalúrgicos dando un pésimo ejemplo, y dejando por los suelos la imagen de las izquierdas latinoamericanas.
El Sol, Argentina
Pero Lula no tenía escapatoria. Después de organizar su entronización como mártir, fue llevado por la Policía Federal a la cárcel de Curitiva, diseñada para albergarlo.
El Clarín, Buenos Aires
Con la caída de Lula y el fracaso del gobierno del PT en Brasil podemos ver el alma de las izquierdas latinoamericanas.
Siguen cayendo las caretas de los (dizque) defensores de los pobres, de los derechos humanos y de la moral pública.
Defensores de los pobres: Ya sabemos, producto de tantas experiencias fallidas del comunismo y el socialismo, que el discurso de los izquierdistas sobre su compromiso con los pobres, es solo un mecanismo de acceso al poder. Una vez en el gobierno, son los campeones en la creación de pobreza, por la que muestran desdén y distancia. Ejemplo: Los Kirchner dejaron al 29% de argentinos en la pobreza.
Defensores de los derechos humanos: Otra estrategia electoral. Por ejemplo, Ecuador con Correa, pasó al puesto 156 de 179 países en libertad económica. En Venezuela hay una crisis humanitaria. Los venezolanos se mueren por falta de alimentos y medicinas, pero el socialismo del siglo XXI, no hace nada por evitarlo, y además rechaza la ayuda humanitaria de otros países. Dos derechos humanos pisoteados, la libertad y la vida.
Defensores de la moral pública: Los gobiernos de las izquierdas suelen ser los más corruptos de todos. Como asumen que gobiernan por una suerte de derecho divino, se alucinan por encima del bien y el mal. No olvidemos el famoso dictum del comunismo moscovita: ‘El fin justifica los medios’. Ejemplos cercanos: Los niveles inhumanos de corrupción del chavismo en Venezuela. La descarada corrupción de los Kirchner en Argentina. Y la inmensa corrupción de Lula con el PT de Brasil, llevada a toda la región con un inaceptable afán intervencionista.
Pero, además, ninguna evidencia es suficiente para que nuestros izquierdistas latinoamericanos reconozcan los delitos de sus socios ideológicos. Veamos algunas manifestaciones en relación al caso de Lula, el gran corruptor de la región:
Ricardo Lagos, probablemente el más respetado izquierdista de la región
Evo, Cristina y Maduro
Verónika Mendoza y Nuevo Perú, la gran defensora del chavismo y asistente de Nadine Heredia
Manuel Dammert, el pequeño géiser de denuncias maniqueas que reemplazó a Javier Diez Canseco en el Congreso y en el oficio
Nota de El Comercio en la misma línea de denuncia
El periodismo extremista festeja la resistencia a la justicia (reyes del doble estándar):
Hace algunas semanas, Jaime de Althaus postuló la posibilidad de pedir una compensación al gobierno de Brasil por su política pública de injerencia política y promoción de la corrupción en el Perú y otros países de la región. Ver en Lampadia: Exigir reparación económica al Brasil.
El pasado sábado 7 de abril, Oscar Schiappa-Pietra, sustentó la misma posición en Expreso:
¡Cómo se quieren y apoyan los patéticos socios de las izquierdas!
Más evidencias de quienes son y qué hacen desde el poder los izquierdistas de la región (para no recordar los crímenes de Stalin, Mao, Pol Pot y Fidel Castro), no se pueden tener. Artistas en el verbo, diligentes saboteadores de la inversión privada, buscadores del caos para llegar al gobierno, pero finalmente, solo tristes empobrecedores y hasta criminales, una vez en el poder.
No nos dejemos engañar. Nuestras izquierdas tradicionales, defensoras de Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro y de Luiz Inácio Lula da Silva, no tienen nada bueno que ofrecernos.
¡Necesitamos con urgencia, nuevos izquierdistas, más modernos, menos ideologizados, más consecuentes y menos corruptos!Lampadia
Tracemos un claro ‘divortium aquarum’
| 18 de Marzo de 2021
Después de las elecciones de abril del 2016, los políticos peruanos cometieron el grave error de no respetar el mandato del voto popular y optar por políticas pro democracia y pro mercado. Máxime, si el gobierno anterior había desandado el camino del desarrollo integral y paralizado la inversión y el crecimiento.
En el caso del gobierno de PPK, se crearon brechas con Fuerza Popular y se pasó a coquetear con los perdedores de la opción electoral, las desorientadas izquierdas, que habían planteado el cambio de Constitución y políticas anti mercado y anti inversión privada.
Lamentablemente, este coqueteo continúa hasta días recientes. Por ejemplo, Mercedes Araoz, declaró hace pocos días que iban a buscar el diálogo, y que porque no se podía hacer esto con la izquierda.
Pero, el gobierno recibió otra ‘cachetada’, como la que le dio Gregorio Santos a PPK, al día siguiente de la primera vuelta electoral, cuando declaró que lo visitaría en la cárcel, y Santos dijo que no lo recibiría. Pero el gobierno sigue esperando que la izquierda le dé una mano. No importa que ellos fueran los que plantearon la vacancia.
Pero lo que ya supera todos los límites, es la pasividad del gobierno con las actitudes y planteamientos de las izquierdas de los últimos días. Los del Frente Amplio (que no es ni ‘frente ni amplio’), vuelven a pedir la vacancia. Y los de ‘Nuevo Perú’, se juntan en Cajamarca, con Verónika Mendoza a la cabeza, con Gregorio Santos, uno de los radicales que destrozó el crecimiento de Cajamarca, y que, desde su libertad, por fallas procesales, ha estado incendiando el llamado corredor minero del sur.
Nuestras fuentes nos dan la siguiente información:
Se estarían organizando movilizaciones radicales y bloqueo de carreteras
Una escalada de protestas contra el gobierno de PPK, con la participación de Santos, del etnocacerismo y de Joys Edward Quiroga Vargas, presidente del centro de intercambio cultural Inkarrislam
Cuestionamientos a los contratos de estabilidad jurídica con el propósito de desestabilizar la minería
Ver las expresiones del aviso de Cunarc-Perú:
“Sistema neoliberal (…) nuevas elecciones presidenciales y congresales (…) fundar una nueva república con una nueva constitución (…) exigir que se vayan todos (…) realizar la asamblea constituyente de los pueblos del norte (…) fortalecer las rondas campesinas, que deberán ampliar sus alianzas con otros sectores progresistas”
A esto hay que agregar las expresiones de la resiente junta de Santos, Verónika Mendoza y otros, en Cajamarca, que entre otras perlas, plantean nuevamente el cambo de constitución.
Está pues muy claro, que las izquierdas de todo pelaje y los movimientos anti sistema se quitaron sus caretas y, aprovechando la debilidad del gobierno de PPK, pretenden liderar un ‘putch’ para desestabilizar al país.
Por lo tanto, ha llegado la hora de trazar una línea divisoria con todas esas propuestas y con sus propiciadores. El Perú tiene que optar por defender los deseos de las grandes mayorías de peruanos, comprometidos con una democracia que respete los cánones de nuestra Constitución y, una economía de mercado que respete la inversión privada para recuperar el crecimiento de la economía y consolidar el desarrollo integral y sostenible.
El gobierno de PPK no puede seguir coqueteando con esas izquierdas desestabilizadoras. Fuerza Popular debe parar sus aprontes populistas y asumir las propuestas reformadoras que planteó su plan de gobierno. Los medios de comunicación deben dejar de actuar como cajas de resonancia de la verborrea de las izquierdas y movimientos anti patriotas. La clase dirigente no politizada, debe hacer escuchar su voz para ayudar a los ciudadanos entender la gravedad del momento que vivimos y orientar la acción ciudadana hacia la sensatez y la prosperidad.
Tracemos una buena línea que marque la diferencia entre las necesidades de los peruanos de buena voluntad y los aventureros que solo juegan a la captura del poder, para implantar sus empobrecedoras y decimonónicas ideas. Lampadia
Nuestros izquierdistas se quedaron calatos
| 18 de Marzo de 2021
Durante los últimos tiempos, después de haber apostado por Alberto Fujimori en 1990 y terminar con el rabo entre las piernas, en el albor de la democracia del nuevo milenio, las izquierdas tradicionales peruanas se la jugaron por el ‘socialismo del siglo xxi’ del chavismo, por la mano de Lula con el Foro de Sao Paulo, y en su última jugada por el gobierno por el nacionalismo de Humala.
En los tres casos salieron chamuscados, pero haciendo mucho daño en el camino. Hoy no tienen ya con qué cubrirse, ni de donde traer ideas, dinero ni soporte político. ¡Nuestros izquierdistas se quedaron calatos!
Fuente: Twitter
La jugada por el chavismo Como ya no se puede negar, el chavismo, el albismo, y el ‘socialismo del siglo xxi’, fueron la nueva estrategia cubana por hacerse de recursos financieros y de penetrar ideológica y políticamente la región latinoamericana ,desde Centro América hasta la Patagonia.
Lógicamente, con ello, nuestros izquierdistas, no solo tuvieron otra oportunidad de continuar su filiación a la dictadura cubana, también encontraron un nuevo sustento ideológico con el refrito del llamado ‘socialismo del siglo xxi’, para respaldar sus ‘ideas muertas’ y refundacionales, y, tal vez al final lo más importante para ellos, se les presentó una fuente inmensa de recursos financieros para soportar sus agendas políticas.
No es pues de extrañar, que nuestros izquierdistas hayan hecho todo lo posible por justificar el gobierno de Chávez y Maduro, de relativizar sus gruesos errores, de tapar la descarada corrupción de sus líderes y de negar la dictadura chavista; incluso cuando la pestilencia del régimen venezolano había llegado a traer un hedor nauseabundo.
Ahí están, escritas sobre piedra, las sucesivas declaraciones de todos los personajes de nuestra izquierda, como las del cura Arana (caserito de RPP) y Marisa Glave de Tierra y Libertad (luego separados), de Verónika Mendoza, la ex candidata del Frente Amplio (FA) (que no es ni frente, ni amplio), de la fracasada ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, de Gregorio Santos, del MAS, y de todos los demás, casi sin excepción. Del mismo modo se expresan los repugnantes votos de la representación parlamentaria del FA, con respecto a las condenas al régimen dictatorial del chavismo.
A estos izquierdistas, supuestos defensores de los pobres, no se les mueven ni los párpados ante la crisis humanitaria por la que atraviesan los abusados venezolanos, no se inmutan por la falta de alimentos y medicinas, o por los asesinatos de jóvenes en las protestas callejeras, ni por los presos políticos.
La jugada por Lula La opción por Lula y el Foro de Sao Paulo tuvo en Javier Diez Canseco (el ícono de la izquierda), su inicial y más notorio adherente.
Hoy sabemos (sin dudas) que Lula, dueño del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, había montado un plan de penetración política y económica en toda la región. Para ello complotó con las grandes empresas constructoras brasileñas para generar estructuras societarias, refugios financieros y cuentas secretas con los que manejaría inmensos recursos que le permitieron cooptar a los políticos de su país y, además, extender sus brazos para financiar el acceso al poder de las izquierdas latinoamericanas.
El Foro de Sao Paulo, apadrinado por el propio Fidel Castro y el ‘Apparátchik’ cubano, ofrecía sustento político internacional a los huérfanos (de ideas) izquierdistas locales, y los fondos corruptos generados por los brazos empresariales de la estructura imperialista de Lula, facilitaban el acceso al poder de sus socios políticos en la región.
Lula terminó controlando una gran maquinaria que debemos llamar ‘Corrupción de Estado e Imperialismo’, que digitaba a través de Odebrecht y otros, los pagos a los políticos peruanos como Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Susana Villarán y personajes menores del Apra, por mencionar los que hasta ahora han sido denunciados por los compinches de Lula.
Esto fue la hipocresía política llevada a su máxima expresión, un movimiento de izquierda que capturó grandes empresas para corromper y reinar. Adiós las ideas del socialismo, adiós los pobres de la región, adiós los valores de la democracia. Era un inmenso juego político para apoderarse del subcontinente.
Esto no era la descomposición de los representantes corruptos del sector privado, esto era corrupción política de las izquierdas más encopetadas de la región.
Y por supuesto, nuestros izquierdistas se enorgullecían de estar bajo la sombra y el favor del gran Lula y su PT.
La jugada por Humala La adhesión de las izquierdas peruanas al nacionalismo de Humala fue desvergonzada desde el inicio. Para variar, en 2005, los pobres izquierdistas no solo eran huérfanos de ideas por su atomización, tampoco tenían candidato para el 2006. Así que, ‘facilito’, se auparon al nacionalismo sin importarles la consistencia ideológica de Humala ni su expediente político y delictivo.
Es entendible que un ciudadano común pueda decir no sabía aquilatar los eventos de Locumba con su tufo montesinista, o de la violencia del Andahuaylazo, o de las acusaciones por los delitos de Humala en la base anti terrorista de Madre Mía con sus consiguientes maniobras judiciales; pero los políticos ‘aupados’, no pueden ahora alegar desconocimiento. Necesitaban el vehículo para llegar al poder y ni siquiera se taparon la nariz para buscar posiciones políticas.
En la campaña del 2006, la influencia del dinero chavista era muy clara, así como la inaceptable intromisión del propio Chávez. Posteriormente, en la campaña del 2011, escondieron la participación del chavismo y presentaron con orgullo a su nuevo ‘padrino’, el mismísimo Lula.
Recordemos como Salomón ‘Siomi’ Lerner, el exitoso empresario, auto definido como izquierdista (amigo predilecto de Toledo durante su gobierno), y auspiciador principal de las candidaturas de Humala, decía, nosotros no estamos con Chávez, somos amigos de Lula. Pues ahora sabemos que clase de amistad era esa.
En ese predicamento estuvieron todos nuestros izquierdistas, y con Siomi Lerner a la cabeza como Primer Ministro, tomaron posesión del gobierno del nacionalismo, hasta que la muy lista y astuta Nadine Heredia se deshizo de buena parte de esos malos socios de conveniencia (lamentablemente el gobierno siguió teñido de una orientación anti economía de mercado que rompió el proceso virtuoso de crecimiento que gozamos -especialmente los pobres- hasta el 2011).
Muchos niegan ahora su complicidad con ese proceso político. Los activistas de los derechos humanos, solo se sumaron a Humala para el 2011. Antes, hasta lo habíann denunciado. Ahora, muy pocos, como Francisco Soberón, de la Coordinadora de Derechos Humanos, tienen la franqueza de reconocer que su odio lo haría repetir exactamente lo mismo.
Hay muchos responsables de esta inconsecuencia que deben ser señalados, empezando por Mario Vargas Llosa, el garante-padrino de Ollanta Humala y Nadine Heredia, que solo hace pocos días ha declarado que la plata recibida de Odebrecht en la campaña no calificaría como delito penal, pues entonces el buen señor, no era funcionario público.
La desnudez de nuestros izquierdistas ¿Y ahora qué harán nuestros izquierdistas tradicionales? El chavismo está en una descomposición total, Lula apesta a una corrupción sin límites, y Humala se está convirtiendo en ‘el innombrable’.
¿Qué van a hacer ahora, sin ideas propias, sin las ideas de sus antiguos socios, sin el dinero de Venezuela o Brasil y con el mal olor de sus cuestionables andanzas?
Bueno, todavía tienen una tablita en medio del mar, increíblemente, el gobierno de PPK les dio ‘vela en el entierro’, y por más que no brinden un apoyo real, están por todas partes. Igualmente, todavía se multiplican en los medios, especialmente en la radio y la televisión, donde son caseritos, mañana, tarde y noche.
Pero los ciudadanos ya sabemos lo que hicieron y lo poco que tienen que ofrecer. Ya sabemos que: ¡Nuestros izquierdistas se quedaron calatos!Lampadia
¿El fallido golpe de Maduro es comparable al 5 de abril?
| 18 de Marzo de 2021
Jaime de Althaus Para Lampadia
Puestos contra la pared de tener que condenar la clausura del congreso en Venezuela, varios políticos de izquierda en el Perú encontraron la coartada prefecta: si estuve contra el autogolpe de Fujimori, no me queda más remedio que rechazar el golpe de Maduro. En realidad, aprovecharon el golpe venezolano no para condenarlo, sino para condenar el golpe fujimorista. “Si condenamos el 5 de abril de Fujimori, no podemos cerrar los ojos ante lo que acaba de ocurrir en Venezuela”, tuiteó Marisa Glave, del Frente Amplio. Ollanta Humala ni siquiera menciona a Venezuela, pero si recuerda a Fujimori: “En el Perú hubo una ruptura del orden constitucional a cargo del gobierno de Fujimori, y yo me enfrenté a esa dictadura”, escribió, tratando de mostrar una prueba de sus convicciones democráticas. Y Nadine Heredia mata dos pájaros de un tiro, solo que ninguno de ellos es Maduro: “Viendo este video (2011) me pregunto si PPK, quien apoyó a Fujimori, es coherente con posición sobre Venezuela”. ¿Condena a Venezuela? Ninguna. Verónica Mendoza no se refiere a Fujimori, pero recién se percata de que el equilibrio democrático –no la democracia como tal- se ha roto en Venezuela. Escribió: “La resolución del Tribunal Supremo de Justicia rompe el equilibrio democrático en Venezuela”, como si no hubiese estado roto hace tiempo y como si lo que terminó de romperse no fue la democracia como tal.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Foto: AP
Al final, presionado interna y externamente, Muduro ha tenido que dar marcha atrás y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la resolución por medio de la cual reemplazaba en sus funciones al Congreso. Pero, en realidad, todo podría haber sido parte de un libreto bien montado, porque basta una revisión de la relación entre la Asamblea Nacional de Venezuela y los demás Poderes para percatarse de que la Asamblea ya estaba completamente anulada en los hechos y siempre lo estuvo. Había perdido todos sus poderes y las leyes que aprobaba eran automáticamente declaradas inconstitucionales por la Sala Constitucional de TSJ. En ese sentido, la fallida resolución del TSJ anulando la Asamblea Nacional no venía sino a formalizar lo que siempre fue un hecho lamentable, y por lo tanto Maduro pudo darse el lujo de aparecer como el restaurador de la Asamblea porque ella era ya y es un poder inexistente en Venezuela.
La Asamblea Nacional nunca tuvo poder
Revisemos los hechos. En las elecciones de diciembre del 2015, la opositora MUD obtuvo 112 diputados, las dos terceras partes de la Asamblea. Con esa mayoría absoluta, la MUD tenía poderes muy amplios. Por esa razón, ya el 30 de diciembre del 2015, la Sala Electoral del TSJ suspendió arbitrariamente las proclamaciones de 3 diputados de la MUD, con lo cual perdía los dos tercios. El 5 de enero, no obstante, los tres diputados separados juramentaron como parte de la Asamblea. Esto llevó a la Sala Electoral del TSJ a denunciar por desacato a la Junta Directiva del Parlamento y ordenar la desincorporación inmediata de los tres diputados del estado Amazonas. Estos solicitaron entonces su desincorporación para “defenderse por vías externas legales y evitar involucrar al Parlamento”.
Luego, el 15 de enero, Maduro dicta el Decreto N° 2,184, por el cual declara el estado de excepción para enfrentar la emergencia económica, lo que le permite dictar leyes sin pasar por la Asamblea. Esta invita al equipo económico del Ejecutivo para que sustente la medida, pero el mencionado equipo decidió no acudir a la Comisión respectiva. Entonces la mayoría de la Asamblea Nacional decide desaprobar el Decreto de estado de excepción en virtud de las razones expuestas en el informe final de la Comisión correspondiente. Ante ello, la Sala Constitucional del TSJ interpretó que el control político de la Asamblea Nacional sobre el Decreto de estado de excepción no tiene efectos jurídicos.
Este sainete en torno al decreto de estado de excepción, el rechazo del Congreso, y la anulación de la decisión de la Asamblea por parte del TSJ, se repitió dos veces más a lo largo del 2016.
En realidad, todos los actos de la Asamblea fueron sistemáticamente anulados, desde el comienzo. El 17 de febrero, por ejemplo, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional decide investigar supuestas irregularidades ocurridas en la empresa Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). La respuesta no se hizo esperar: el 1° de marzo La Sala Constitucional del TSJ interpretó las facultades de control político de la Asamblea Nacional en el sentido de que no se aplican a funcionarios de las empresas públicas.
El 23 de marzo la Asamblea Nacional aprueba la Ley de Reforma del Decreto-Ley del Banco Central de Venezuela, que sencillamente dejaba sin efecto las reformas introducidas el 2015 que limitaban la autonomía del Banco Central. Pocos días después, el 31 de marzo, el TSJ declara la nulidad de la Ley de Reforma del Decreto-Ley del Banco Central de Venezuela. Lo mismo pasó con la importante Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, que fue declarada inconstitucional estableciendo, además, que la Asamblea Nacional no puede revocar designaciones de Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
El 7 de abril se aprobó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que entre otros aspectos, aumentó el número de magistrados de la Sala Constitucional. Esta, por supuesto, también fue declarada inconstitucional.
Lo mismo ocurrió con cerca de 15 leyes más que se sancionaron el 2016. Hecha la ley, hecha su anulación. La impotencia y la sensación de irrelevancia en la Asamblea eran absolutas.
El 20 de abril fue aprobado en primera discusión el Proyecto de Enmienda N° 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de reducir el período presidencial a cuatro años, regulando la convocatoria de elecciones durante el 2016. EL TSJ interpretó que dicha reducción no se aplicaba al período 2014-2019. No solo eso, el TSJ contraatacó suspendiendo los efectos de varios artículos de Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional.
El 11 de octubre, la Sala Constitucional del TSJ concluye que el Presidente de la República no queda sujeto a los controles de la Asamblea para dictar el presupuesto 2017.
El 25 de octubre fue aprobado el inicio del procedimiento para la declaratoria de la responsabilidad política del Presidente de la República. Ese procedimiento fue anulado también por el TSJ. Y así sucesivamente. Lo que hemos mostrado no es ni el 30% de lo ocurrido.
El Congreso peruano dio facultades pero las recortó también
Ahora bien, ¿son comparables estas relaciones entre poderes en Venezuela que acabamos de reseñar, con las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo en el Perú entre agosto de 1990 y el 5 de abril de 1992? Hay algunas semejanzas, por supuesto, pero también diferencias. Una de estas es lo que acabamos de ver: en Venezuela no necesitan un 5 de abril porque para todo efecto práctico la Asamblea está cerrada.
La semejanza principal es que ambos casos el gobierno carecía de mayoría parlamentaria. Fujimori había ganado en segunda vuelta con el 63 por ciento de los votos, pero sólo contaba con el 18 por ciento de los diputados y el 23 por ciento de los senadores, pues en la primera vuelta solo había obtenido el 29% de los votos. En Venezuela, la opositora MUD tenía el 67% de los escaños y el oficialista Gran Polo Patriótico Simón Bolívar el 33%.
Y, por supuesto, en el Perú también hubo conflictos entre Ejecutivo y Legislativo. El mejor relato y análisis de esos conflictos es el del politólogo norteamericano Charles D. Kenney, publicado en el libro de Fernando Tuesta (editor) Los Enigmas del Poder. En síntesis, luego de un serio enfrentamiento en torno a la ley de presupuesto para 1991, el Congreso otorgó facultades legislativas al Ejecutivo para llevar a cabo reformas económicas y para enfrentar al terrorismo. Sin embargo, de 117 decretos legislativos, el Congreso derogó 27, la mayor parte en los temas de seguridad, cuestionando la estrategia que el gobierno planteaba, aunque en algunos casos con razón porque se otorgaba facultades excesivas al SIN, por ejemplo.[1] Este fue el pretexto que probablemente usó Montesinos para convencer a Fujimori de dar el golpe, pues Sendero Luminoso ya atacaba Lima y proclamaba que había alcanzado el equilibrio estratégico.
El Congreso también negó facultades legislativas en materia tributaria. Entonces vinieron las escaramuzas. Fujimori atacó al Parlamento y propuso un plebiscito para renovarlo por tercios. Javier Alva Orlandini respondió proponiendo incluir una pregunta sobre vacancia del Presidente. El Ministro de Agricultura fue censurado y Fujimori demoró dos semanas en aceptar renuncia. Entonces el senador Rafael Belaunde advirtió que el Presidente puede ser destituido por incapacidad moral. Fujimori, por su parte, sugirió que había un lobby de narcodólares en el Congreso pues se había derogado un decreto contra el narcotráfico. El Senado aprobó una moción que “descalifica moralmente al Presidente”, y en Diputados casi se discute la vacancia presidencial pero se desistió por temor a un golpe militar.
Luego el Congreso aprobó la llamada “ley de control de actos del Presidente” que incluso permitía dejar sin efecto estados de emergencia, lo que sin duda era excesivo. Entonces, cuando Fujimori observa 41 artículos de ley de presupuesto de 1992 y el Congreso insistió, Fujimori replicó suspendiendo tres de los artículos invocando el artículo 211, inciso 20 de la Constitución (del 79) que le permitía dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera cuando así lo requiriese el interés nacional. Pero ese recurso ya no tenía efecto porque la ley de control de los actos del presidente lo anuló.
En resumen, el Legislativo, aunque dio facultades, también impuso recortes, tanto a las políticas necesarias para enfrentar la grave emergencia nacional (algunas cuestionables, sin embargo) como a los poderes presidenciales (en temas críticos como el orden interno). A ello se sumó un Tribunal de Garantías Constitucionales controlado por el APRA que había comenzado a derogar reformas que ni siquiera eran inconstitucionales. Pero también es probable que Fujimori y particularmente Montesinos hubiesen estado anidando desde meses atrás una voluntad golpista que tomó estos hechos como pretexto. Recordemos que desde los últimos años de García los militares habían concebido un proyecto nacional de largo plazo, el “plan verde”, que pasaba, en realidad, por el control autoritario del poder.
Similitudes aparentes
Es interesante constatar que las similitudes con Venezuela son más aparentes que reales. Para comenzar, la Asamblea Nacional venezolana es un adorno. El Congreso peruano 90-92 sí ejercía poder. La Asamblea Nacional intenta poner límites a un presidente autoritario que necesita controles, pero esos límites son anulados por el TSJ. En el caso peruano era al revés: el congreso recortaba facultades y poderes a un Presidente que los necesitaba para enfrentar la grave emergencia nacional (aunque algunos de los poderes pedidos fueran excesivos y si recibiera facultades legislativas una de las dos veces que las pidió)
Fujimori buscaba poderes legislativos para reformar y liberalizar la economía –en esto contó con la ayuda del Congreso- y para enfrentar al terrorismo senderista que era una amenaza a la supervivencia del Perú como nación. Maduro, en cambio, acumula poderes y anula la Asamblea no para liberalizar la economía sino para controlarla cada vez más, y en la medida en que eso no hace sino agravar la situación económica, no lo queda más remedio que radicalizar su autoritarismo concentrando más poder.
Fujimori da el golpe para enfrentar una grave amenaza nacional (por lo menos ese fue el pretexto). Maduro anula la Asamblea y controla todos los poderes sencillamente para sobrevivir en el poder. En la medida en que la situación se agrava, no le queda más remedio que suprimir libertades, en un círculo vicioso. No es la sobrevivencia del país, sino la suya propia.
Ahora bien, en parte forzado por la presión internacional, Fujimori a los pocos meses de 5 de abril convocó a un congreso constituyente que elaboró la Constitución de 1993, que instauró una economía de mercado libre y abierta que le permitió al país crecer de manera sostenida luego de 30 años de estancamiento y retroceso.[2]
En su segundo mandato, sin embargo, entre 1995 y el 2000, Fujimori, lejos de hacer el tránsito hacia una democracia liberal propiamente dicha, institucionalizando la propia Constitución de 1993, desarrolló una estrategia para controlar los Poderes constitucionales y la prensa, sobre todo televisiva, con el fin de conseguir su segunda reelección. Es quizá esa etapa, de un control político creciente para perpetuarse en el poder, la que más se parezca a la actuación de Maduro de hoy. Con la diferencia enorme de que Fujimori no necesitaba controlarlo todo para mantenerse en el gobierno. Podía sencillamente terminar su mandato el 2000 y tentar una nueva elección el 2005. Era Montesinos quien no podía dejar el poder. Lampadia
[1] El 733, ley de movilización nacional, establecía que los bienes de todas las personas naturales o jurídicas podían ser requisados y las personas movilizadas, que todos estaban obligados a otorgar la información que se les solicite y aquellos que se negaran serían considerados traidores a la patria. También el 746, ley del Sistema de Inteligencia Nacional, que otorgaba al SIN poderes amplísimos, incluyendo el recabar la información que deseara de los organismos públicos y privados, bajo responsabilidad penal, y creaba órganos de inteligencia en los ministerios y organismos públicos, que respondían al SIN. El 762 establecía penas de cárcel para las personas que revelasen, reprodujeran, exhibieran, difundieran o hicieran accesible a través de cualquier medio, información referida a las actividades del Servicio de Inteligencia Nacional.
Sin embargo, el Congreso también modificó el 743, ley del sistema de defensa nacional, que creaba el Comando Unificado de Pacificación y el Comando Operativo del Frente Interno (COFI), que era necesario (ver “La Promesa de la Democracia” de Jaime de Althaus, Planeta 2011).
[2] El Congreso disuelto hubiese podido modificar el Título III de la Constitución de 1979, que consagraba el modelo económico estatista e intervencionista, pero la verdad es que ni en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores se formaron comisiones ni hubo propuestas de modificación de dicho Título, ni como un todo ni por artículos específicos. Según Luis Bustamante Belaunde, no las hubo porque se trataba de “un Congreso fraccionado, en el cual coexistían rezagos importantes de la izquierda, la representación aprista ufanada en no ‘retroceder’ de las ‘conquistas’ de la Constitución del 79, los mismos socios del Fredemo que compartían similar posición quietista, y donde la propia representación oficialista no estaba tan convencida al principio como al final de la conveniencia de estas iniciativas y medidas”. Se desprende, entonces, que el Congreso electo en 1990 no hubiese podido modificar el capítulo económico de la Constitución de 1979 (ver “La Promesa de la Democracia” de Jaime de Althaus, Planeta 2011).
