Fausto Salinas Lovón
Para Lampadia

Si la obra pública en general puede ser una maldición para los ciudadanos (Ver en Lampadia: Maldición para el ciudadano), las Obras por Administración Directa  (OAD) son la madre de todos los vicios.

Comienzan con banda, pasacalle, picapica, discursos y mucho ruido, pero no se sabe cuanto cuestan ( normalmente tres o cinco veces lo que se estimó), no se sabe qué calidad tienen y, lo peor de todo, no se sabe cuando terminan. Durarán todo lo que haga falta para ser la “caja chica” de alcaldes, regidores, gobernadores y autoridades.

La Contraloría General de la República informó el año 2021[1] que en el período del  2018 al  2021 se ejecutaron 58,212 proyectos, de los cuales 24,145 (42%) se efectuaron por Administración Directa. La Contraloría advirtió en ese momento que “…esta modalidad no cuenta con un marco regulatorio de adecuaciones técnicas institucionales, análisis de costo beneficio, así como de responsabilidades, que garanticen la calidad, oportunidad y costos óptimos en la gestión de las inversiones”. Informó también que el 27% de las obras ejecutadas por Administración Directa tiene más de 3 años de ejecución :

“Superando en la mayoría de los casos el periodo previsto en el expediente técnico; esta situación pone en riesgo la calidad del proyecto, y en la mayoría de los casos conlleva incrementos de manera significativa en los costos de la inversión, generando perjuicios económicos para el Estado”  Esta situación llevó a la Contraloría a proponer un Proyecto de Ley para regular las OAD.

Juan Carlos Moron Urbina[2] explicó el año 2017 que “la administración directa de obras públicas tiene condiciones negativas para la eficacia de la gestión que deben evitarse:

(i)               la asunción íntegra de los riesgos de la construcción por parte de la administración;

(ii)               El uso fraudulento para evadir el proceso de selección necesario;

(iii)             la restricción al acceso y crecimiento del mercado de proveedores,

(iv)             la falta de transparencia en la concertación y ejecución de la administración directa; y,

(v)               La distorsión en la formación del precio que impide contar con un precio suficiente desde el inicio y su contención posterior.”

Por estas razones, la Ley 31876 que Regula el Proceso de Ejecución de Obras por Administración Directa a Nivel Nacional, es un buen paso para corregir esta situación. No es casual que la reacción ha sido más que obvia: alcaldes, regidores y cúpulas sindicales, acostumbradas a convertir las OAD en su caja chica y en el espacio local del clientelaje político, ya han salido a protestar en varias partes del país y amenazan, cuando no, con paros, movilizaciones y protestas para que se derogue esta Ley.

Esta Ley no hace otra cosa que poner requisitos, límites y topes a las OAD, reservándola para las obras menores, en la línea de lo propuesto por la Contraloría desde años atrás. Lo hace para beneficio de nuestros recursos públicos y para bien del ciudadano, que no tiene por qué esperar que una calle de tres cuadras ejecutada por OAD se demore todo un período de gestión municipal y cueste el triple o más veces de lo proyectado.

La Ley 31876 no tiene como finalidad paralizar la obra pública, como algunos alegan. La obra pública se debe seguir ejecutando y debe seguir generando empleo, sin embargo, debe hacerse a través de licitaciones y contratos que las autoridades ya no podrán hacer caer para luego hacerlas por OAD.

Desde el punto de vista Constitucional además, las OAD son la excepción, no la regla como ha venido sucediendo. Tanto el artículo 76° de la Constitución vigente, como el artículo 143 de la Constitución de 1979, establecieron el principio de que la provisión de bienes y servicios para el estado y la obra pública se efectúan por licitación y contrato, para que la determinación del precio de la obra surja de procesos competitivos y su ejecución esté a cargo del mejor postor.

Toca ahora que Contraloría, Congreso, Fiscalía, Defensoría, Juntas Vecinales, los medios de comunicación y las organizaciones sociales fiscalicen con mayor empeño la asignación de la obra pública en procesos transparentes y competitivos, abiertos a todos y los mejores postores y no en licitaciones digitadas para amigos o allegados políticos, como ya nos sucedió con las empresas brasileñas, recomendadas por Lula Da Silva y el Foro de Sao Paulo, que prostituyeron la obra pública, descompusieron toda una generación política y devaluaron las licitaciones y concursos públicos, justificando en muchos casos las OAD, que son un remedio igual o peor. Lampadia

[1] https://peruconstruye.net/2021/12/01/contraloria-regulacion-obras-administracion-directa/
[2] https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/16546/16892

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

El Perú ha sido miembro del EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) desde el año 2005, una organización mundial independiente, que registra y reporta abiertamente toda recaudación tributaria proveniente de las industrias extractivas, tales como minería e hidrocarburos, con la finalidad de ser una fuente fidedigna de los impuestos realmente recaudados en esos países. El mecanismo está diseñado para asegurar absoluta transparencia de la información y para lograrlo, se trabaja de la siguiente manera:

• Las empresas extractivas autorizan, formalmente y por escrito a la SUNAT, la entrega de la información tributaria requerida por la firma auditora independiente designada por la Secretaría Técnica de EITI en el Perú.
• La información de las Declaraciones de Impuestos proporcionada por la SUNAT, es debidamente revisada en su integridad, tabulada y estructurada de manera homogénea y es proporcionada a la Secretaría Técnica para su registro, por industria, región e identificación de los importes que deben ser transferidos a los gobiernos regionales, universidades y municipalidades correspondientes.
• La Secretaría Técnica recae en el MINEM (Ministerio de Energía y Minas).
• Esta secretaria técnica comparte la información elaborada al EITI, quien emite los informes anuales de recaudación tributaria proveniente de estas industrias extractivas, tanto por los importes pagados, como por la asignación a los distintos receptores finales indicados anteriormente.

Es muy importante resaltar, que los generadores de más del 95% de las rentas provenientes de las industrias extractivas han venido participando de este mecanismo de reporte e informes finales y, en consecuencia, es la mejor herramienta con que pueden contar: el gobierno, las empresas y los gremios empresariales, para conocer e informar la real tributación de estas empresas. Esta información es sumamente útil para la ciudadanía, permitiéndole estar en condiciones de poder exigir a los diferentes estamentos del gobierno, la ejecución de inversiones y gasto social, lo que, en última instancia, es la razón de ser de la tributación.

Hasta aquí, todo bien. Sin embargo, el problema es que marzo de cada año, es el plazo límite para que el MINEM reporte al EITI la información recibida y catalogada por el año anterior y, hasta la fecha, el MINEM no ha hecho ningún trabajo al respecto y todo indica que no estará cumpliendo con el compromiso que consistentemente se ha respetado durante los últimos 17 años.

Resulta muy curioso y peligroso, que un gobierno que ha venido amenazando y reclamando desde su campaña política electoral, la necesidad de una mayor recaudación tributaria, incluyendo la posibilidad de “nacionalización” de los recursos naturales, con el objeto de captar una “participación razonable de la renta”, ahora y una vez en control del Estado, deje de informar a través del EITI, la mencionada recaudación fiscal.  

Por eso, debemos estar muy alerta, tener mucho cuidado y ser muy suspicaces respecto al hecho que, un gobierno que, durante sólo siete meses de gestión, ha dado muestras claras que la corrupción se da a nivel extremo y masivo, pues se ha evidenciado participación de toda la estructura de gobierno, que va desde la sede presidencial, hasta los niveles inferiores de gobierno, ministerios, gobiernos regionales y municipalidades. 

Un gobierno que fomenta y promueve muy altos niveles de informalidad en actividades masivas, mientras aplica criterios muy estrictos a los ciudadanos y empresas que actúan en el ámbito formal, se convierte en un escenario muy peligroso para estos y propicio para el abuso.

No es posible que, en tan corto plazo, se esté destruyendo la institucionalidad en el Perú, que un gran número de individuos sin conocimientos, principios ni valores, esté tomando por asalto los órganos del Estado y esté arrasando con él. No podemos permitir que algunos congresistas tránsfugas y corruptos, se hayan puesto, por intereses individuales, del lado de la corrupción y con su pasividad o complicidad, estén permitiendo este desastre nacional.

Es evidente que este gobierno y los congresistas que se han puesto de su lado, tienen el mayor de los desprecios por la transparencia. Por eso, no responden a la prensa, ocultan las agendas de los miembros del gobierno y de las empresas donde se realiza licitaciones impropias. No se exhibe los controles de ingreso de las personas con las que se reúnen tales funcionarios, ni se reporta el propósito de tales reuniones, hasta el punto de haberlas efectuado a hurtadillas y fuera de sus lugares de trabajo.

Hace ya mucho tiempo que hemos excedido los límites que la ley, la ética y la moral pueden tolerar, al punto que el gerente general de la más grande empresa pública, se ha permitido amenazar a los funcionarios de la oficina de control interno de su empresa, por hacer su trabajo de investigar y, por otro lado, esté exigiendo a la firma de auditoría externa una cláusula de confidencialidad perpetua.

¡Esto ya se pasó de la raya y nadie, empezando por la fiscalía, hace nada! Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

A lo largo de la historia, encontramos figuras mitológicas de dos cabezas y dos caras, Hidra Lerma en la mitología griega y Janus en la romana. En el Perú, también hemos desarrollado nuestro personaje bicentenario de dos cabezas; una moderna, pragmática, que anhela resolver la dramática crisis sanitaria, económica, política y de valores, a través de una gestión eficiente y lograrlo lo más pronto posible y otra, para quien la variable tiempo no es una restricción y que, así como se tomó 20 años para infiltrar nuestro Estado y aletargar nuestro sistema educativo y de salud, para atontar a la población hasta lograr su voto, tampoco le preocupa el tiempo para mejorar nuestra sociedad, por lo que sólo usa el tema socioeconómico como bandera de lucha, puesto que su objetivo es político, estatista, controlista y para ello, prioriza el cambio de la Constitución, postergando lo urgente.

Me atrevo a hacer esta afirmación, porque el partido Perú Libre no presentó jamás un Plan de Gobierno, tal como manda la ley electoral, sino sólo un ideario, que plantea su Visión de país (con una mirada y pensamientos de mediados del siglo XX), pero no cómo resolver, en el plazo más breve posible, los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Obviamente, no dice; cómo se debe encarar nuestra crisis sanitaria, ni cómo reactivar nuestra economía, tampoco cómo crear más empleo digno y permanente, ni cómo alcanzar una sociedad más igualitaria, creando más riqueza y redistribuyendo eficientemente el ingreso.

Escucho comentarios de algunos amigos, diciendo que no debemos discutir sobre ideología partidaria, puesto que resultaría absolutamente inconducente y le he estado dando vueltas al concepto. Es cierto que, una discusión política entre dos personas que tienen diferente ideología política no tiene sentido, pues cada quien resaltará las cosas positivas de su pensamiento y no verá el lado negativo de las mismas, pero esto es válido entre dos personas íntegras, cuyo objetivo es maximizar el bienestar de la sociedad, respetando los derechos individuales del ser humano.

Nuestro problema principal no es tanto las ideas políticas, como sí lo son las personas que entran en política. Aquellas personas que quieren intervenir en la cosa pública y que, ciertamente no pasan por ningún tamiz ético, moral, de valores y educativo. Estos no son idealistas, sino, mayoritariamente “pendencieros” que quieren servirse de una posición en el Estado, que les permita lucrar y medrar a partir del uso de la cuota de poder que les pueda alcanzar. Ya hemos visto cómo, en muy corto plazo, una serie de presidentes, congresistas, gobernadores regionales y alcaldes, se han enriquecido y han usado de su influencia política local o regional para evadir la justicia. También podemos ver por estos días, cómo algunos oscuros personajes pretenden ser congresistas o asesores de estos, ministros o lo que sea, pero que les dé alguna cuota de poder y se aúpan al entorno del recientemente proclamado presidente.

Dicho esto, los invito a revisar las virtudes que una persona íntegra debe poseer, teniendo en mente a los personajes que hemos tenido en la galería electoral y a quienes finalmente fueran, en estas últimas elecciones, los candidatos de su preferencia:

• Que sea una persona leal que cumple su palabra, no alguien que haga ofrecimientos en campaña política, sabiendo que no podrá cumplirlos.
• Que posea control emocional y maneje sus actitudes y comportamiento ante los demás. Nadie es perfecto, pero un líder debe tener control sobre sus emociones negativas, el estrés, la ansiedad, ira y rencor, para fortalecer las emociones positivas, como el coraje, la serenidad y el perdón.
• Que sea honrado, honesto y que merezca ser depositario de la confianza. En política, mucha gente inescrupulosa, especialmente los adversarios, tratarán de dañar honras y la única protección, es una bien forjada reputación.
• Que tenga disciplina personal, moderación, control y dominio propio. Sólo los disciplinados pueden aspirar al logro de objetivos superiores a futuro.
• El que aspira a ser un líder, debe ser coherente entre lo que piensa, dice y hace. Actúa acorde a sus principios y valores morales y se mantiene firme en defensa de sus convicciones. Sabe que debe defender y mantener incólume su honor y su honra, pues ese es su principal activo personal.
• El respeto a sí mismo y a los demás es fundamental. Quien siempre honra sus compromisos, respeta a los demás, es transparente y da ejemplo de esas virtudes, se convierte en un referente para la sociedad. Sólo deben entrar en política, quienes estén dispuestos a ser una guía para sus seguidores y partidarios.
• Las personas íntegras, tienen como ley de vida el actuar con responsabilidad. Cuidan sus talentos y los ponen al servicio del bien de la sociedad, para que todos podamos crecer y progresar como individuos y como nación.

Yo me pregunto ¿Cuántos candidatos presidenciales han cumplido con estos atributos? ¿Cuántos pasarían la prueba de honradez, honestidad, lealtad, control emocional, coherencia, transparencia, respeto e integridad? ¿Cuántos han ofrecido aquello que razonablemente podrán cumplir?

Hoy tenemos un presidente proclamado y 130 congresistas asumiendo funciones. ¿Alguno de ellos ha tenido la honestidad de preguntarse, si además de cumplir los requisitos antes mencionados, está preparado para cumplir con responsabilidad la tarea que tiene por delante? Parte de la honestidad y respeto a los demás, consiste en tener y demostrar que cuenta con la inteligencia, conocimiento y experiencia, que le permitan asegurar al Perú un camino y destino exitosos durante este lustro.

Los abuelos decían; “dime con quién andas y te diré quién eres”. Al escribir esto, se viene a la mente el grupo delictivo “Los dinámicos del centro”, liderados por un sentenciado que, según el proclamado presidente, “no sería ni portero de alguna dependencia pública” y que hoy vemos con preocupación, que asume un rol protagónico. Ya pareciera que está organizando a “Los dinámicos del Perú”.

Quisiera darle al señor Castillo el beneficio de la duda, pero no veo que, él ni sus acompañantes, pasen el tamiz que hemos mencionado.

Espero que el Señor de los Milagros nos haga uno por el Bicentenario. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Las últimas elecciones han producido la posibilidad de un quiebre dramático en la vida de los peruanos. Las propuestas de Perú Libre (PL) mostraron, sin ningún recato, un programa político extremista inspirado en el marxismo-leninismo, que se llevaría a cabo detrás de un cambio de Constitución, el quiebre de las regulaciones del sector productivo y la eliminación de una serie de instituciones republicanas.

Luego estas propuestas han ido siendo edulcoradas y cambiadas a conveniencia de la coyuntura electoral. PL ha llamado al resto de las izquierdas que, ante propuestas tan extremistas, suenan a muchos como música para sus oídos. Pero no podemos olvidar que estas siempre fueron de una oposición caprichosa, desinformada y hasta falseante, a nuestra economía de mercado.

Como hemos dicho anteriormente, las elecciones se salieron de su curso normal ante la gravedad de la multi-crisis: sanitaria, económica, social y política, creada por el desastroso gobierno de Vizcarra y sus compinches. Situación que llevó a gran parte de la población a la pérdida de confianza en los liderazgos políticos y a una tremenda confusión sobre las relaciones causa-efecto de las políticas públicas. Confusión agravada por la aparente contradicción del crecimiento económico de las últimas décadas, con los pésimos servicios públicos, sobre todo en salud y educación.

No fue suficiente que los peruanos reflexionáramos sobre el desarrollo del país desde el año 1990, en que nuestra incipiente economía de mercado redujo la pobreza de 60% a 20%, además de haber generado muchos otros indicadores positivos (ver en Lampadia: La prosperidad sin precedentes del Perú). La multi-crisis y la narrativa anti mercado de las izquierdas pre modernas, más la manipulación mediática del gobierno Vizcarrista, llevaron a muchos peruanos a abrazar la propuesta política de cambio, como un cheque en blanco, sin reparar que los remedios que planteaba, solo producirían más daños en la calidad de vida de toda la población, pero especialmente en la vida de los más pobres.

Aún así, la elección fue muy ajustada, como presagiaban todas las encuestas. La boca de urna dio la victoria a Fuerza Popular, pero horas más tarde, el conteo de votos daba como ganador a Perú Libre.

Ahí empezaron los problemas, pues el conteo rápido no incluía las actas observadas, mayormente en Lima, donde FP tenía larga ventaja. Algo que podía explicar la mínima variación que volteó el resultado. Lamentablemente, Ipsos no advirtió esto al país, y PL pasó a representarse como ganador final de la contienda. A esto se empezaron a sumar una serie de denuncias sobre irregularidades en distintas zonas del país.

Con toda lógica, FP y una gran mayoría de peruanos planteó la imperiosa necesidad de que el cómputo electoral fuera especialmente cuidadoso y transparente, y que se analizaran en detalle todas las observaciones de irregularidades.

Lamentablemente, la conducción del proceso electoral, adoleció de todo lo contrario.

• La composición de JNE fue irregular, con solo cuatro miembros y doble voto para su presidente.
• No se exigieron las mismas reglas a todos los participantes. El JNE fue muy severo con algunos (PPC, Apra, Fernando Cillóniz) y laxo con otros.
• Se pasaron por alto varias faltas, como no haber descalificado la postulación de Vizcarra al Congreso por no haber renunciado oportunamente. Lo mismo sucedió con la candidata a la primera vicepresidencia de PL. Así mismo, no se descalificó al propio Pedro Castillo de PL, por haber mentido y ocultado información sobre su situación patrimonial.
• El JNE se ha negado a analizar adecuadamente los reclamos de FP.
• Se mantuvo de manera arbitraria el límite de las ocho de la noche, en lugar de considerar las 11:59 como la ley permitiría, para rechazar expedientes de FP.
• Ante denuncias de firmas falsas, el propio presidente del JNE ha llegado a declarar que no existe disposición alguna que prohíba al ciudadano hacer una grafía distinta a su propia firma.
• Contrariamente a lo usual, la ONPE observó la mayor cantidad de actas en las zonas más educadas, ahí donde ganó Keiko Fujimori, y, en cambio validó actas con errores y vicios en la zona rural y del interior del país.
• En la revisión de esas actas observadas por lo general no se respetó el principio de salvar el voto.
• El JNE le niega a FP, acceso a información pública, como son los padrones, evitando que se despejen buena parte de la dudas y resquemores.  

Además, el fiscal supremo Luis Arce Córdova, miembro del pleno del JNE, declinó continuar en el proceso para evitar que sus “votos en minoría sean utilizados para convalidar falsas deliberaciones constitucionales, que son en realidad decisiones con clara parcialización política”. En su carta pública, hizo acusaciones muy graves contra los presidentes de los órganos judiciales y electorales, sobre algunas supuestas irregularidades en el proceso electoral.

Este proceso, evidentemente lleno de irregularidades, para no hablar de algo más grave, ha sido, indebidamente, santificado por el presidente Sagasti, por los negligentes observadores de la OEA y de la Unión Europea. Del mismo modo, apuradamente, los medios internacionales tomaron partido por PL, mediante (hasta groseras) manipulaciones de muchos de sus corresponsales en el Perú, la mayoría de izquierda pre moderna, a pesar de que no representan la línea editorial de sus medios.

La honrosa excepción a estas reacciones del exterior, es la expresada por el Premio Nobel peruano, Mario Vargas Llosa, que apoya a Keiko Fujimori y a todas las gestiones que está haciendo ante la autoridad electoral. Un gesto doblemente valioso, pues MVL representó durante varios lustros, la inspiración de una acérrima oposición a todo lo que se relacionara con el fujimorismo.

Hoy día estamos ante la posibilidad de que se entronice un gobierno de izquierda radical, sin pasar por un proceso electoral claro y transparente. Llama especialmente la atención, la pertinacia, la arbitrariedad y la poca voluntad del JNE para ser transparente y legitimar el proceso electoral.

Por nuestro lado, tenemos que insistir en que se corrijan todas las actitudes oscuras que nublan las elecciones. Deben revisarse todos los reclamos, incluyendo los rechazados por el supuesto vencimiento de plazos y revisarse todos los votos.

¡Nunca es tarde para hacer las cosas bien! Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Transparencia ha invitado la semana pasada a un acuerdo nacional. Semanas atrás Juan de la Puente había señalado la necesidad de un acuerdo nacional en un artículo en La República. Luego el propio Presidente Vizcarra anunció que durante lo que llamó “la segunda fase”, entre mayo y diciembre, tendría que haber un diálogo nacional para buscar consensos en temas fundamentales, que luego se plasmaría, en una “tercera fase”, a partir de enero del próximo año, en cambios o reformas estructurales.

Tanto Transparencia como de la Puente sugieren que se trataría un nuevo Acuerdo Nacional, luego de que el anterior, de inicios de los 2000, ya se habría agotado. Y apuntan, como vehículo, a la misma institucionalidad y estructura del anterior.

Discrepo de esa aproximación. El Acuerdo Nacional vigente fue un esfuerzo loable e interesante de diálogo y precisión de políticas y metas, pero consistió en esencia un acuerdo en aquello en lo que todos estábamos de acuerdo. Su expresión máxima fue el objetivo de que el gasto público en educación alcanzara un 6% del PBI. Era imposible no estar de acuerdo con eso, de la misma manera como ha sido imposible alcanzar la meta. En ese sentido, terminó siendo un esfuerzo valioso, pero inútil, aunque algunas de sus políticas hayan servido de referencia sectorial.

A mi juicio, es un error ingresar por temas y más aún por gran cantidad de temas. Debemos ingresar por problemas. Y pocos. Identificar dos o tres grandes problemas y llegar a un acuerdo acerca de cómo resolverlos. Esta crisis, como lo señala el comunicado de Transparencia, los ha puesto claramente de manifiesto: la informalidad, que impide distribuir eficazmente bonos y acatar la cuarentena, y la precariedad de los servicios de salud, y de los servicios públicos en general, que impide responder a la pandemia.

En realidad, se trata de dos dimensiones de un solo gran problema, y lo mencionó Rolando Ames en la conferencia de prensa de Transparencia: la incorporación de todos los peruanos: incorporación a la ley, al Estado legal (formalización), y a servicios públicos de calidad (universalización).

¿Qué hacer para lograr esa incorporación? Esa debe ser la agenda de Acuerdo nacional. Mucho más transcendental que diseñar 30 o más políticas sectoriales o nacionales. Si nos ponemos de acuerdo en cómo resolver ese gran problema, que es el problema histórico de la nación, todo lo demás cae por su propio peso.

Y más difícil, por supuesto, porque es allí donde las posiciones e intereses difieren, y donde, por lo tanto, se requiere precisamente llegar a un acuerdo. No es fácil, porque con frecuencia las posiciones, revestidas de ideología, reflejan intereses económicos o de poder inmediatos, egoístas y circunscritos al muy corto plazo, que nublan una reflexión que ponga esas relaciones en un marco mayor que a la larga resulte más beneficioso para todos.

Es la eterna pugna entre lo inmediato y el futuro. Ese es el acuerdo nacional que necesitamos, si queremos resolver las fallas estructurales de nuestra sociedad y nuestro Estado. Lampadia

La siguiente entrevista forma parte de nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI.

“No es necesario crear un Senado, y sí es bueno dividir Lima en distritos electorales mas pequeños”

Martín Tanaka, politicólogo

Entrevista de Jaime de Althaus

Para Lampadia

P. ¿Cuál es tu opinión acerca de las propuestas de reforma política formuladas por Lampadia? (Ver: Empecemos a debatir la Reforma Política).

R. Antes de empezar, quiero mencionar que fui parte del equipo que elaboró la propuesta de reforma institucional presentada por la Asociación Civil Transparencia, que puede verse en: http://www.transparencia.org.pe/documentos/propuestas_de_reforma_institucional.pdf.

Varias de las propuestas de Lampadia coinciden con la propuesta de Transparencia, que suscribo; otras no son parte de esa propuesta, con algunos estoy de acuerdo y con otras no. Pero más allá de esto, me parece importante contar con un diagnóstico claro de cuáles son los problemas más importantes y urgentes, cuáles serían los mejores caminos para enfrentarlos, y que al mismo tiempo puedan contar con el consenso necesario para ser implementadas. Sin una mirada integral, corremos el riesgo de tener nuevamente una falsa reforma política como la que tuvimos al final del Congreso anterior.

P. ¿Respecto de la propuesta de crear un  Senado con funciones solo revisoras, y elegido en distrito único nacional mientras no se integren regiones propiamente dichas?

R. No me es evidente cuál es el problema que se pretende resolver con el Senado, y deberíamos tenerlo claro antes de embarcarnos en su reinstauración: ¿Mejorar la representación con una lógica de elección diferente a la departamental? ¿Hacer más exigente el proceso legislativo, con otra instancia revisora? ¿Aumentar el número de legisladores? ¿Atribuir funciones específicas a una instancia electa con una lógica diferente a la departamental? El asunto es que estos problemas se pueden solucionar con medidas que no pasan por la creación de un Senado.

Si se quiere que los proyectos de ley tengan un mejor proceso de maduración, con lo que estoy de acuerdo, podríamos ser más exigentes con el proceso legislativo: más transparencia en comisiones, en la determinación de sus agendas y las del pleno, más consulta con la sociedad civil; doble votación en el pleno sin excepciones, etc. Si se quiere elegir representantes útiles que no tienen cabida en un esquema departamental, con lo que también estoy de acuerdo, podríamos elegir un grupo adicional de congresistas por lista, para acercar más la votación congresal a la proporcionalidad, como sucede en Alemania; o podríamos simplemente elegir un grupo adicional en lista única, independientemente del criterio de proporcionalidad, que también me parecería bien. El asunto es que ninguna de estas cosas requiere necesariamente de un Senado, como es evidente en la propuesta de un congreso unicameral de 150 miembros, con 30 electos en circunscripción nacional.

En el fondo, tenemos que, sin hacer otras reformas, el Senado podría ser más de lo mismo que hemos visto en los últimos años. Preferiría por ello empezar por fortalecer los partidos, y terminar con el Senado.

P. La idea central de un Senado elegido en distrito único o en macroregiones sería limitar el poder de un congreso unicameral que, por ejemplo, tenga una mayoría absoluta y pudiera instaurar una suerte de “dictadura parlamentaria” populista (de izquierda o de derecha) por ejemplo. Y, a la vez, balancear el efecto distorsionador de la proporcionalidad de diputados elegidos en distritos pequeños…   

R. Si lo que se busca es evitar la “dictadura parlamentaria”, funciona mejor la propuesta que uds. formulan de elevar a los 2/3 o 3/5 el porcentaje de votos que se requiere para insistir en un proyecto de ley observado por el Ejecutivo.  De acuerdo con buscar mejor proporcionalidad, y también abrir espacio para liderazgos no territoriales, pero para eso podría funcionar la idea de un congreso unicameral de 150 miembros, con 30 electos en circunscripción nacional.

P. ¿Y sobre la propuesta de eliminar el voto preferencial y establecer distritos electorales más pequeños (uni o binominales) para elegir diputados o la parte mayoritaria de la cámara única?

R. Varios puntos diferentes en esta propuesta. De acuerdo con eliminar el voto preferencial, siempre y cuando se asegure la democracia interna en los partidos, y se asegure la alternancia de género. Respecto al tamaño de las circunscripciones, en realidad en nuestro país sólo Lima tiene un tamaño “excesivo”; estaría por ello de acuerdo con “achicar” su tamaño, partiéndola en varios: podría ser Lima norte, sur, este y oeste, y además la de peruanos en el extranjero. Las demás circunscripciones departamentales tienen tamaño chico o mediano, en realidad. No estoy de acuerdo con llegar a circunscripciones uni o binominales, porque se distorsiona en exceso la proporcionalidad del voto nacional, y porque se acentúa en demasía la “provincianización” del Congreso, ya de por sí excesiva en la actualidad.

P. No entiendo bien el argumento de la “provincianización”: no hay contradicción, un buen líder o representante, entenderá los temas nacionales. Con la ventaja de que  el distrito pequeño uni o bi nominal permite una clara relación entre representados y representantes, dándole sentido, contenido real, a la democracia, al Congreso. Y con un distrito electoral pequeño habrá muchos menos candidatos y el elector podrá elegir mejor. De modo que los representantes tenderían a ser mejores. Y en cuanto a la distorsión de la proporcionalidad, esta se corregiría precisamente con un Senado o una parte del Congreso elegida en distrito nacional o macroregional…

R. Yo sí tengo el temor de que circunscripciones uni o binominales acentúen el provincianismo, de que terminemos eligiendo “caciques” provinciales, por así decirlo. No me parece que tengamos distritos muy grandes en Perú, salvo Lima, cuyo tamaño es claramente excesivo. Madre de dios tiene un congresista; Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Moquegua, Pasco, Tacna, Tumbes y Ucayali, tienen dos; Ayacucho y Huánuco, tres; Callao, Ica, Lima provincias, Loreto y San Martín, cuatro; Ancash, Cusco, Junín, Lambayeque y Puno, cinco; Arequipa, Cajamarca seis; La Libertad y Piura, siete. Viendo estos datos, no me preocupa tanto el tamaño, porque se trata de un número no tan grande, que permite cierta proporcionalidad. Lo que me preocupa más no es el número por región, sino la distribución demográfica de la misma, de modo que la representación se concentra en las ciudades o provincias más grandes en desmedro de otras: para solucionar ese problema aceptaría “achicar” algunas para dar cabida a otros, pero no me resulta claro que distritos más pequeños impliquen menos y mejores candidatos, o un mejor trabajo congresal.  

P. Bueno, si eliges entre un número mucho menor, puedes elegir mejor, y si tienen 4 o 5 o 6 representantes, ya no tienes ninguno… La siguiente propuesta es la de Transparencia: elegir el Congreso junto con la segunda vuelta presidencial, o dos semanas después de ella, para favorecer que el gobierno tenga mayoría y acelerar el proceso de reducción de partidos que ya vendría impulsado por los distritos uni o binominales.

R. De acuerdo. Para mí, la principal fundamentación está en permitir que las preferencias de los ciudadanos se dé con la mayor información posible: después de conocer los resultados de la primera vuelta, los electores decidirán si concentran el voto en las fuerzas principales o no, pero es importante saber quiénes pasan a segunda vuelta. Y de acuerdo con que la votación se concentre en las fuerzas más importantes.

P. ¿Subir la valla a las alianzas? 

R. De acuerdo. Hasta el momento, la facilidad para integrar alianzas es el mecanismo que ha permitido la supervivencia de muchos partidos cascarón. En Transparencia propusimos una barrera general del 5% de votos válidos para contar con representación, y en el caso de alianzas 2.5% de votos válidos por cada partido adicional.

P. ¿Reducir significativamente el número de firmas para formar un partido pero obligarlo a participar con candidatos por lo menos en el 50% de las regiones, provincias y distritos?

R. De acuerdo, en tanto las firmas no son un mecanismo que permita identificar la representatividad de los partidos. Ella se define a través del desempeño electoral, así que estoy de acuerdo. En Transparencia hemos sugerido algo muy parecido.

P. ¿Aumentar los requisitos para formar y mantener movimientos regionales. Deben acreditar existencia y presentar candidatos por lo menos en tres regiones? 

R. De acuerdo con ser más exigentes con movimientos regionales, equiparables a las de los partidos nacionales: así deberían estar obligados a presentar candidatos a en las elecciones municipales provinciales y distritales; podría ser además estén obligados a presentar candidatos en más de una región; de otro lado, si no ganan representantes en consejos regionales o alcaldías provinciales, deberían perder el registro. Finalmente, deberían desaparecer las candidaturas de organizaciones políticas locales distritales. Cada vez pierden más terreno, y fomentan la fragmentación.

P. Aumentar el financiamiento público de los partidos y subir el tope de las aportaciones privadas (transparentadas)… 

R. De acuerdo, hacer efectivo el financiamiento público, pero con controles estrictos y sanciones drásticas al mal manejo del mismo. De otro lado, transparentar y hacer más realista la normatividad referida a los aportes privados. Urge hacer transparente los gastos en medios masivos de comunicación, los más costosos.

P. ¿Y respecto de la idea de permitir la candidatura al Congreso de los candidatos a la presidencia, a fin de que los líderes partidarios estén en el Congreso y este se convierta en un verdadero foro político? 

R. De acuerdo, pero debería ir junto con todas las medidas destinadas a reducir la fragmentación política. Atención que la eliminación de la postulación simultánea buscaba desincentivar que los aspirantes al Congreso lanzaran candidaturas presidenciales solo con fines propagandísticos.

P. Jorge Morelli ha propuesto elevar a los 2/3 o 3/5 el porcentaje de votos que se requiere para insistir en un proyecto de ley observado por el Ejecutivo, como es en la mayor parte de democracias presidencialistas, a fin de contener los impulsos populistas. 

R. De acuerdo, el Perú aparece como una rareza de poder parlamentario, a pesar de que algunos señalaban, en especial durante los años noventa, que la Constitución de 1993 es “hiperpresidencialista”. Hoy, con mayoría congresal fujimorista, señalan que el presidente es muy débil. Sería prudente subir a los tres quintos los votos necesarios para la insistencia congresal en una ley observada por el ejecutivo, que igual nos pondría en una zona moderada en el contexto regional.

P. ¿Derogar cambios absurdos como que los partidos que no se presenten a una elección general pueden conservar su inscripción, la no reelección de autoridades regionales y locales, y la exclusión de los candidatos por repartir dádivas?

R. De acuerdo, estos cambios fueron resultado de oportunismos de última hora del Congreso anterior, que buscaban preservar el statu quo o aprobar medidas efectistas. Entonces, los partidos que no participan en elecciones (no solo nacionales) deben desaparecer; se debe permitir la reelección inmediata por un solo periodo adicional en regiones y municipios; y el reparto de dádivas debe ser sancionado, pero con castigos proporcionales a las faltas, y en donde la pérdida de registro puede ser la pena máxima aplicada solo en casos extremos, y no durante un proceso en curso.

Lampadia

El resultado electoral tan ajustado a favor del PPK (hasta el momento) y el hecho de que Fuerza Popular posea una mayoría parlamentaria holgada, son casi un mandato para el cogobierno. Pero es muy poco probable que Fuerza Popular acepte cogobernar, si es que PPK se lo propusiera en el caso de que éste resultara elegido. Lo que sí podría y debería haber es un acuerdo político para que el Congreso apoye un conjunto de reformas indispensables para implantar el imperio de la ley; reducir la inseguridad; buscar un Estado profesional, meritocrático, eficiente y facilitador; formalizar; y levantar el potencial de crecimiento del Perú.

Ese acuerdo podría darse muy fácilmente en torno a las reformas y propuestas en las que ambos planes de gobierno coinciden, que son muchas. Aquí las enumeramos y también sugerimos los puntos que no están en ambas propuestas pero podrían agregarse a un eventual acuerdo de gobierno:

1. Reforma judicial, policial y anticorrupción

a. Reformar el Consejo Nacional de la Magistratura

b. Limitar el acceso de casos a la Corte Suprema para favorecer la predictibilidad

c. Expediente digital único desde la PNP hasta el INPE

d. Depuración de la policía

e. Reorganizar las escuelas policiales

f. Policía comunitaria

g. Reforzar la investigación policial

h. Interconexión digital y plataforma de interoperabilidad al interior de la PNP y con todas las instituciones judiciales-penales

i. Reforma de la Contraloría

j. Gobierno Abierto (Autoridad Nacional acceso a la información)

Además, en este punto, el Congreso podría aprobar dos medidas propuestas por Fuerza Popular que serían de mucha utilidad en la lucha contra la corrupción:

k. Crear  una Procuraduría General autónoma y lejana del poder político

l. Darle a la Defensoría del Pueblo la condición de “litis consorte” para que se sume a la causa del denunciante de un acto de corrupción

2. Estado moderno, digital, facilitador, profesional

a. Reforma del Servicio Civil en todos los niveles y gestión por resultados

b. Eliminación de trámites, requisitos y exigencias en todos los sectores. PPK propone una ley de eliminación de 150 trámites y creación de la Oficina de Impacto Regulatorio. FP tiene una propuesta más agresiva.

c. Gobierno electrónico, digitalización del Estado, plataforma de interoperabilidad, integrar bases de datos

Además, Fuerza Popular propone:

d. TUPAs municipales y sectoriales únicos

3. Gestión de la infraestructura

a. PPK propone nuevo rol para Proinversión: planificará y priorizará toda la obra pública y público-privada en un plan quinquenal. Y se descentralizará.

Esta solución tendría que ser concertada con FP, que propone un “sistema Integrado de Planeación de Políticas Públicas” y “Unidades de Gestión de Servicios y Procesos”

b. Reforma de las Empresas Municipales de saneamiento (EPS)

4. Educación

a. Afianzar la carrera magisterial meritocrática

b. Aprendizajes usando tecnologías de la información y pedagogía constructiva

c. Impulsar investigación, ciencia y tecnología

PPK propone ley para viabilizar el canon universitario para investigación

5. Salud

a. PPK plantea integrar sistemas vía una “Tarjeta Única de Salud”. Buena idea.

b. Fuerza Popular propone:

a) Meritocracia y gerencia por resultados

b) Extender horario en los hospitales

c) Restaurar CLAS

d) “Bonos de Impacto Social” para crear postas o centros de Salud

c. Ninguno de los dos plantea una reforma fundamental: avanzar en separar la financiación de la prestación de servicios: fondos que contraten, contra resultados. Habría que acordarla.

6. Descentralización

Ambos proponen fortalecer la capacidad del gobierno central para capacitar, monitorear y negociar mejoras en los servicios y la ejecución de la obra pública de las regiones y municipios, pero con mecanismos institucionales distintos:

a. PPK: Ministerio de Apoyo a las Regiones (MAR) y descentralización de una nueva Proinversión

b. Fuerza Popular:

a) Unidades de Gestión de Servicios y Procesos (UGSP) para acordar metas,   reformar y garantizar los servicios de educación, salud, agua y saneamiento y la inversión pública.

b) Las transferencias a gobiernos sub nacionales condicionadas  a la reducción de brechas

Una posibilidad es que en este punto PPK, si es Presidente, pida facultades legislativas para desarrollar su propuesta.

Pero lo que ninguno ha planteado son las medidas para ordenar el proceso y recuperar capacidad de supervisión y sanción por parte del gobierno central, que necesitarían ser parte de un acuerdo político:

a. Redistribución racional de competencias entre los tres niveles de gobierno (matrices)

b. Proceso de recertificación y acreditación de capacidades para desempeñar funciones transferidas

c. Instrumentos de supervisión, control, sanción e intervención temporal ante incumplimiento de políticas o falencia de servicios públicos.

d. Todos los auditores pasan a la Contraloría (lo plantea FP)

e. Reforma del canon (lo plantea PPK)

f. Incentivos a la integración regional (PPK plantea mancomunidades y FP “contratos plan” interregionales. Pero se necesita más).

7. Formalización

a. Reforma de la SUNAT (reorganizar, facilitar)

b. Fortalecer Consejo Nacional de Trabajo para lograr consensos (para flexibilizar)

c. Reforma integral de sistema de pensiones (desafío luego de la ley 95.5%)

d. Titular comunidades campesinas y nativas (ninguno lo propone, pero habría que avanzar hacia la titulación individual voluntaria al interior de las comunidades)

e. Formalización de la minería informal, pero proponen mecanismos distintos:

a) PPK: Crear Banco de Fomento Minero que adquirirá producción

b) FP: Legislación diferenciada por regiones, valla más baja

f. PPK propone reducciones tributarias: bajar IGV, 10% del Impuesto a la Renta por   10 años, o Impuesto  2.5% de las ventas, a empresas que facturen hasta 2,300 UIT. Está por verse si el Congreso aprueba estas medidas.

g. PPK propone sustituir la CTS por seguro de desempleo para los nuevos. Una  buena  medida que parece difícil que FP la apruebe.

h. FP propone dos años sin impuesto a la renta y apoyo en la gestión.

i. FP propone evaluar la posibilidad de usar parte del IGV para aportes pensionarios lo que tendría un efecto positivo en la formalización

Ninguno propone la necesaria flexibilización laboral para facilitar la contratación y des-contratación. Esto es indispensable y debería ser motivo de un acuerdo político.

8. Reactivación

a. Eliminar drásticamente tramitología para impulsar inversiones productivas y en infraestructuras

b. Impulsar APPs

c. “Adelanto social” en minería

d. Masificación del gas, petroquímica y modernización de PetroPerú

e. Extender Sierra Productiva o Haku Wiñay a toda la sierra rural

f. Profundizar diversificación productiva: turismo, plantaciones forestales, acuicultura

A estos puntos, que podrían formar parte de un acuerdo político, habría que agregar los relativos a una reforma electoral y política que no ha sido  planteada en ninguno de los dos planes de gobierno, pero que es fundamental para reconstruir un sistema de partidos y mejorar la calidad de la democracia y de las elecciones. Al respecto, durante la campaña voceros de ambos partidos expresaron que tomarían como base las propuestas de la asociación Transparencia presidida por Felipe Ortiz de Zevallos. Es indispensable un acuerdo sobre una reforma política que sea aprobado a comienzos del nuevo Congreso. 

Lampadia

Uno de los temas confrontados en el último debate entre PPK y Keiko Fujimori fue el de seguridad ciudadana. PPK plantea algo fundamental: depurar la Policía. Keiko Fujimori no lo hace -aunque en su plan de gobierno sí lo insinúa- quizá por razones electorales. Ella se ha dedicado a cultivar el voto de los policías. Por eso ha ofrecido restablecer temporalmente el 24 x 24, una anti promesa que esperemos no cumpla.

En realidad, depuración de la Policía y dedicación exclusiva son dos temas que están vinculados. La primera depuración es eliminar la doble dependencia, eliminar el trabajo para un tercero no policial que en ocasiones es una mafia. En Colombia la depuración de la Policía, que se realizó entre 1995 y 2000, alcanzó al 12% de los efectivos. El resultado fue que la aprobación ciudadana de la Policía pasó de un 21% al 72% en diez años. Pero para hacer posible el retiro de ese porcentaje de policías sin que necesariamente se tenga que probar los delitos o faltas que cometieron, porque muchas veces no es posible la probanza, se aprobó una ley que otorgaba discrecionalidad al ministro del Interior para efectuar la poda. En nuestro país se ha venido preparando un proyecto de ley en el ministerio del Interior en ese sentido, que permite separar al personal nocivo por la causal de ‘falta de idoneidad para la función policial’, aunque siempre con una fundamentación, es decir, con un menor grado de discrecionalidad que en la norma colombiana. Esa ley debería ser aprobada en el Congreso que viene y debe gozar de consenso, incluso con el Poder Judicial, para evitar que éste reponga al personal expelido.

Ahora bien, no se trata solo de limpiar la Policía de los malos elementos. Los que queden en ella deben elevar sustancialmente su nivel profesional, que en ocasiones es lamentable. Las 25 pésimas escuelas de policía deben ser fusionadas en no más de 7 (adecuándose a la estructura regional de la PNP), pero dotadas de buenos profesores e instalaciones, hoy deplorables. Esto es, por lo demás, lo que establece el decreto legislativo Nº 1151, ley del Régimen Educativo de la Policía Nacional del Perú, que no se ha cumplido hasta ahora por oposición de los gobiernos regionales.

Y el sistema de ascensos en la Policía debe ser meritocrático, y no sobre la base de relaciones personales y de compadrazgo como es ahora. Esto es lo que establece el Decreto Legislativo Nº 1149, Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú, pero no se cumple. El artículo 36° de la ley establece  la “evaluación de desempeño” con la finalidad de “aportar indicadores objetivos para los procesos de ascensos, asignación de cargo, otorgamiento de incentivos y evaluación para la permanencia en la institución; y garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas, mediante indicadores de desempeño”. Han pasado casi 4 años desde que se promulgó esa ley, y aun no se aprueba el reglamento de la “evaluación de desempeño”, de modo que ésta todavía no se aplica ni para los subalternos ni para los oficiales. Ascienden sobre la base de otras consideraciones, no meritocráticas.

Sin embargo, ninguno de los dos candidatos ni sus planes de gobierno hacen referencia a la necesidad de implantar la meritocracia en la Policía. Tampoco en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, donde los sistemas de medición de la productividad de fiscales y jueces son todavía muy rudimentarios y no sirven para montar un sistema de evaluación que influya en ascensos o en incentivos o bonos de cualquier tipo. Hay jueces penales que ni siquiera saben tipificar un delito.

En ese sentido, debería acogerse la propuesta de Transparencia según la cual no solo hay que modificar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura -reforma constitucional-, sino, además, retirarle la función de ratificar a los magistrados cada 7 años, legislando una carrera fiscal y judicial que rija los ascensos y también el retiro de los magistrados a partir de buenos sistemas de evaluación de desempeño propios. Y el mandato del presidente del Poder Judicial debe extenderse a 4 años para que pueda hacer las reformas. Nadie plantea esto.

Pero el problema no está solo en las calidades internas de cada institución, que requieren una reforma profunda, sino también en la articulación entre ellas, que es muy deficiente. Pues la lucha contra la delincuencia requiere de una coordinación muy afinada. Eso lo planteó Keiko Fujimori en el debate: articular el trabajo de la PNP, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE. No entró en el cómo. Pero parte del cómo está mencionado en ambos planes de gobierno: instaurar el ‘expediente digital’ único: un solo expediente, digital, para cada caso, a lo largo de todo el proceso desde que el delincuente es capturado en la Policía, hasta el INPE, pasando por la fiscalía y el Poder Judicial. Ese proyecto costaría alrededor de 300 millones de dólares y debería ser priorizado por el próximo gobierno. Junto con el expediente digital se requiere avanzar en la interoperabilidad de las bases de datos de todas las instituciones vinculadas a la seguridad y la justicia.

La otra parte del cómo es mencionada en el plan de Fuerza Popular: reformar el nuevo código procesal penal para darle algo más de autonomía a los policías a fin de que puedan hacer diligencias e interrogatorios sin tener necesariamente que pedir permiso al fiscal, pero dándole cuenta por supuesto.

Consolidar los juzgados de flagrancia, que han significado un avance revolucionario en la capacidad de hacer justicia y sentenciar en pocos días (y horas inclusive), a fin de disminuir drásticamente la impunidad que es la madre de los altísimos niveles de victimización por delincuencia, es otra tarea prioritaria. Y junto con ella avanzar en lo que hemos llamado la “atención primaria de la justicia penal”, es decir, en la descentralización a los distritos de Lima de jueces, fiscales y carceletas, a fin de aplicar justicia inmediata en la localidad haciendo que sea posible condenar a penas cortas de días, semanas o meses en lugar de liberar delincuentes porque su pena es inferior a los 4 años de cárcel.

Esto, por supuesto, sin dejar de reformar el sistema penitenciario en la línea planteada por ambos candidatos: cárceles factorías para recuperar a los delincuentes primarios e incluso esas cárceles a 4 mil metros para delincuentes peligrosos planteadas por Keiko Fujimori.  

Si todo lo anterior se complementa con una reorganización de la PNP a fin de, por un lado, establecer unidades de investigación las ciudades más afectadas por el crimen organizado y poner en operación el potente equipo de interceptación telefónica adquirido por la DINI,  y, de otro, poner más policías en las calles y desarrollar una policía comunitaria capaz de generar inteligencia comunitaria coordinando con las juntas vecinales, la municipalidad y el serenazgo, habremos completado el cerco institucional necesario para que los delincuentes no se puedan escapar e incluso para que ni siquiera puedan nacer.  

Lampadia

Por primera vez, en las elecciones generales, se pretende utilizar, en forma masiva, el voto electrónico, impuesto por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En Lampadia hemos advertido varias veces que su uso es inaceptable, por su propia naturaleza y por el riesgo de manipulación ligado a los programas asistenciales del Estado.

Manipulación

El 22 de enero de 2014, en Lampadia hicimos una primera advertencia sobre la inconveniencia de ir adelante con la propuesta de la ONPE. Entonces dijimos: “El sistema de votación electrónico que desea implementar la ONPE, puede torcer la voluntad popular, ya sea por falta de control ciudadano o por intimidación al elector. En otras partes del mundo ha mostrado seria fallas y en Alemania ha sido prohibido por la Corte Constitucional debido a que no asegura transparencia”. Ver: Peligro para la democracia – No al voto electrónico.

En el Perú, millones de ciudadanos reciben distintas prestaciones asistencialistas de programas sociales como Juntos, Beca 18, Qali Warma, Pensión 65 y otros. Múltiples funcionarios públicos nacionales y regionales entregan directamente los aportes asistenciales y es evidente que ellos podrían manipular muy fácilmente la votación con aseveraciones, que sin basarse en la realidad, intimiden a los votantes con la amenaza de retirarles los beneficios.

‘Cuidado, yo voy a saber por quién votas’, podría ser la aseveración que se de al ciudadano, quién no tendría los elementos de juicio necesarios para saber si es cierta o no. Ante ello, es pues presumible, que muchos de los electores, podrían votar en la dirección de las ‘recomendaciones’ del funcionario público ‘benefactor’.

Más allá de los aspectos técnicos o de seguridad del proceso, la principal debilidad del voto electrónico es entonces, que se puede torcer la voluntad popular. Así lo explico también, en un artículo para Lampadia (febrero 2014), el especialista en sistemas y asuntos electrónicos, Franjo Kurtovic (ver: Votación “fraudelectrónica”: ¿Buena para quién?).

Kurtovic afirmó: “el voto electrónico es un sistema fácilmente manipulable, genera miedos, -a veces bien fundados como en el caso de Venezuela-, sobre la posibilidad de vincular al ciudadano con su voto, y esto se presta para una serie de manipulaciones políticas y manipulación psicológica del ciudadano votante que pueden alterar la voluntad en favor del gobernante manipulador”.

Esto ya ha sucedido anteriormente, durante las elecciones de Venezuela, donde se han denunciado varios fraudes electorales y sobre todo, se ha comprobado que el sistema puede emplearse para amedrentar al votante.

“Pero lo realmente importante de este tipo de votación es que por los serios problemas que ha tenido, por la posibilidad de fraude y la dificultad de su control, se ha proscrito de la mayoría de aquellos países donde se hicieron pilotos o se utilizara: Australia,  Holanda, Irlanda (luego de haberse incluso comprado equipos por más de US$ 100 MM), Portugal, Italia, Finlandia (se usó por primera vez hace 7 años pero se anularon elecciones por problemas de diferencia confirmados), Costa Rica, Noruega, Guatemala, Kazajistán (luego de haberse usado por más de 9 años se prohibió su uso por problemas técnicos y falta de credibilidad) y en Alemania, donde se lo ha prohibido judicial y constitucionalmente”, comenta Kurtovic.

Falta de Transparencia

El uso del voto electrónico no es un mecanismo transparente porque el votante no puede comprobar claramente qué pasó realmente con su voto, teniendo que confiar ciegamente en una tecnología encerrada en ‘cajas negras’. Por lo tanto, los resultados de la votación podrían ser manipulados sin que los ciudadanos tengamos algún nivel de control.

A diferencia de lo que se dice en los medios, este sistema es muy nuevo en el país. No tiene mucho tiempo de creación e implementación, y mucho menos de pruebas. La primera votación electrónica fue en Pacarán, Cañete, en la segunda vuelta presidencial del 2011, luego, con un sistema diferente fue usado durante las elecciones municipales y el proceso de revocatoria, donde se incluyó a Santa María del Mar.

Para esta segunda ocasión, los equipos y el software se compraron recién entre julio y agosto, y se instalaron para su primera prueba tres semanas antes de los comicios. Ahora, unos meses después, la ONPE desarrolló un nuevo sistema, hecho en casa, “el voto electrónico es un producto muy confiable y 100% peruano”,  afirma Gilbert Vallejos, gerente general de la ONPE.

Debido a que la ONPE no cuenta con ninguna experiencia relevante con el voto electrónico, el Instituto Republicano Internacional (más conocido como IRI, una organización no gubernamental de política internacional de Estados Unidos, asociada al Partido Republicano, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), proporcionó asistencia técnica a la ONPE en la planificación, realización y evaluación de la prueba piloto.

Este proyecto, realizado en tan poco tiempo, con tan pocas pruebas y por una organización sin ningún tipo de experiencia en la realización de software (menos aún con protección anti-hacking), no puede inspirar ninguna confianza al electorado.

A pesar de estas evidencias y temores, la ONPE está a punto de implantarlo para la votación de 3 millones de votantes en Lima.

Falta de confianza

Se ha demostrado que a medida que los sistemas de votación se hacen más complejos, se hacen susceptibles al fraude. La crítica técnica más seria a este sistema es la falta de confianza que genera, pues no hay forma de comparar la emisión del voto real con los resultados finales. No hay forma de verificar que los votos son los mismos que están siendo contabilizados. Además, para poder fiscalizar esta actividad tendría que recurrirse a expertos y esto le resta control ciudadano al proceso.

Conclusión

Abramos los ojos, estas medidas no “facilitan la votación para los electores” ni “reduce las tareas de los miembros de mesa” ni “hace más rápido el conteo de votos y la emisión de los resultados”, sino que proporcionan la oportunidad de una manipulación política masiva que se puede hacer con el voto de los peruanos que reciben asistencia social por parte del Estado.

En Lampadia hemos reiterado nuestras llamadas de atención (ver: La peligrosa campaña por el voto electrónico) y, más recientemente, en enero de este año: ¡No al voto electrónico! Lamentablemente, para variar, ningún medio de comunicación o líder de opinión ha recogido estas muy importantes observaciones.

Hoy tenemos que reiterar nuestro llamado, tanto por los aspectos técnicos, como por el riesgo de la manipulación desde el asistencialismo: ¡No al voto electrónico! Lampadia

Después de haber acumulado varios fracasos, finalmente, con el esfuerzo de varios años de negociaciones sobre el calentamiento global se concretó de un acuerdo considerado positivo en París este sábado (12/12/15) por la noche, cuando el presidente de la COP21, el canciller de Francia y presidente de la conferencia, Laurent Fabius, dio el martillazo simbólico sobre la mesa y dijo: “el acuerdo de París por el clima es aceptado”.

El acuerdo de 31 páginas firmado en París, que entrará en vigencia en 2020, pasó por varios borradores antes de ser aceptado. Acá una pequeña explicación de los principales temas:

Objetivo a largo plazo:

El objetivo a largo plazo del acuerdo es hacer que el calentamiento global se mantenga “muy por debajo” de los 2 grados centígrados y para “seguir con los esfuerzos” de limitar el aumento de temperatura de 1.5 grados centígrados. Las temperaturas ya han aumentado en cerca de 1 grado Celsius desde los tiempos pre-industriales. Para lograr ese objetivo, los gobiernos se han comprometido a detener el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero que atrapan el calor “tan pronto como sea posible.” En algún momento después de 2050, dice el acuerdo, las emisiones de origen humano deben reducirse a un nivel que los bosques y los océanos puedan absorber.

Objetivos de emisiones

Con el fin de alcanzar el objetivo de largo plazo, los países acordaron establecer objetivos de reducción de emisiones nacionales cada cinco años. Más de 180 países ya han presentado objetivos para el primer ciclo que comienza en el año 2020. Se espera que sólo los países desarrollados recorten sus emisiones en términos absolutos; las naciones en desarrollo son “incentivadas” a hacerlo ya que sus capacidades evolucionarán con el tiempo. Hasta entonces, se espera sólo frenen el crecimiento de sus emisiones a medida que sus economías se desarrollan.

Revisión de los objetivos

Los objetivos iniciales no serán suficientes para encaminar al mundo para alcanzar la meta de temperatura a largo plazo. Así que el acuerdo pide a los gobiernos revisar sus objetivos en los próximos cuatro años y ver si pueden ser “actualizados”. Eso no requiere que los gobiernos profundicen sus recortes de emisiones, pero la esperanza es que lo hagan a medida que las fuentes de energía renovables se vuelvan más asequibles y eficaces.

Transparencia

No existe penalidad para los países que no cumplan con sus objetivos de emisiones. Pero el acuerdo tiene normas de transparencia para ayudar a alentar a los países a hacer realidad sus promesas. Esa fue una de las piezas más difíciles de acordar, con China pidiendo requisitos más suaves para los países en desarrollo. El acuerdo dice que todos los países deben informar sobre sus emisiones y sus esfuerzos para reducirlas. Pero permite cierta “flexibilidad” para los países en desarrollo ya que “lo necesitan.”

Apoyo financiero

El acuerdo dice que los países ricos deben seguir ofreciendo apoyo financiero para ayudar a los países pobres a reducir sus emisiones y adaptarse al cambio climático. También alienta a otros países a apoyar en forma voluntaria. Esto allana el camino para que las economías emergentes como China contribuyan, a pesar de que no es obligatorio que lo hagan.

No se ha acordado un monto fijo de apoyo financiero, pero los países ricos ya se habían comprometido previamente en proporcionar US$ 100 mil millones al año en el financiamiento climático para el año 2020.

Estas son hermosas promesas. Sin embargo, queda mucho trabajo que por hacer. Algunos analistas describen el pacto de París tanto como un milagro y un desastre. Entre sus debilidades más significativas está el hecho de que las emisiones de la aviación y el transporte marítimo están excluidos del acuerdo, las promesas nacionales de los países para reducir las emisiones son tan sólo de carácter voluntario y que la ayuda financiera para que los países en desarrollo migren a economías bajas en carbono puede ser pequeña y tardía.

“París es sólo el pistoletazo de partida en la carrera hacia un futuro bajo en carbono”, dijo el presidente ejecutivo de WWF (World Wild Fund), David Nussbaum. “Este acuerdo por sí solo no nos va a sacar del agujero en el que nos hemos metido”, dijo el director ejecutivo de Greenpeace, Kumi Naidoo, “pero hace que la caída sea menos pronunciada”.

Muchos en el Perú ven el acuerdo de Paris como muy lejano a Perú, ya que América Latina solo es responsable del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero muchas zonas del continente son vulnerables en un mundo que se calienta. Significa mucho, por ejemplo, que el acuerdo de París señale que los países deben hacer su mejor esfuerzo para evitar que el aumento de la temperatura global supere los 1.5 grados centígrados, aunque el límite haya sido establecido “muy por debajo” de los dos grados centígrados.

Tal vez el cambio más significativo que afecte a América Latina en el futuro será el cambio a la economía sin el uso de fuentes de energía fósiles. Los observadores dicen que el objetivo del acuerdo es alcanzar un techo mundial de las emisiones de gases de efecto tan pronto como sea posible y que eso implica una dirección clara para evitar el uso del petróleo, gas y carbón y el traslado de las economías a la dependencia de las energías renovables. América Latina es considerada una región bastante atractiva para la inversión en energía limpia y este acuerdo podría ayudar al ímpetu de los inversionistas para que se interesen en las energías renovables.

Un último tema relevante para Perú es el de la Selva Amazónica. Ecuador, Bolivia, Colombia, Brasil y Perú, tienen un tercio des selvas tropicales y millones de pobladores en ellas. Muchos países del continente dependen de reducir la deforestación con el ánimo de alcanzar sus objetivos en la reducción de emisión de gases. Las movilizaciones en París reclamaron a los presidentes latinoamericanos un alto a la deforestación de bosques para construir carreteras y exploración petrolera.

El presidente de la COP21, el ministro de Relaciones Exteriores francés, Laurent Fabius, fue explícito en afirmar que el acuerdo va a ayudar a los países latinoamericanos en sus intentos de reforestación y protección de la enorme selva amazónica. El pacto de París también reconoce la importancia de proveer “adecuados y previsibles” fondos para ayudar a los gobiernos para reducir la deforestación. Esto significa el incremento de dinero para los países que tienen parte de la Amazonía, en tanto puedan alcanzar los requerimientos para asegurar la reducción de la deforestación de una forma confiable. En el caso del Perú, una agenda ofensiva consecuente con nuestra realidad, de un país que tiene mucho por crecer, debería basarse en compromisos de reforestación (ver en Lampadia: El Perú tiene que abordar la COP20 con sus cinco sentidos bien puestos) y en la limpieza de nuestras aguas (en el mar, ríos y cochas).

Por lo tanto, hay sentimientos encontrados sobre el resultado de la reunión de Paris, ya que tiene puntos fuertes y débiles. La situación actual de la COP21 puede ser resumida en las palabras de la Ministra sudafricana Edna Molewa en una de las conferencias en Paris, en las que canalizó el espíritu de Nelson Mandela, citando: “He recorrido el largo camino hacia la libertad. He tratado de no fallar, he tenido errores en el camino. Pero he descubierto que el secreto después de escalar una gran colina, es que uno sólo encuentra muchas más colinas que subir. Me he tomado un momento para descansar, para robar una vista de la gloriosa visión que me rodea, para mirar hacia atrás y ver desde donde vengo. Pero sólo puedo descansar por un momento, ya que con la libertad viene la responsabilidad, y no me atrevo a quedarme, mi larga caminata no ha terminado”. Lampadia

Líneas abajo compartimos algunas imágenes ilustrativas y las cifras más relevantes presentadas en la COP21:

HOLANDA: 1er gobierno en ser declarado culpable de no proteger a sus ciudadanos del cambio climático en julio de 2015

La Contaminación del Agua: Se estima que hay 1.75 mil millones de piezas de plástico flotando en el medio del Océano Atlántico 

 Hay 6 gases de efecto invernadero enumerados en el marco del Protocolo de Kyoto

 La contaminación del aire: 57% del metano producido en Francia cada año proviene de los animales de granja

 Carros Eléctricos: 33% de los nuevos autos registrados en Noruega en 2015 fueron eléctricos, 

volviendo al país en el líder mundial de carros eléctricos

 Los recursos renovables fueron la única fuente de electricidad en Costa Rica por 75 días en 2015

 Agua: 250 mil millones de galones de agua fueron utilizados por empresas energéticas de EEUU para el gas de esquisto entre 2005 y 2014

Energía: Los Emiratos Árabes Unidos se han comprometido a invertir $ 35 mil millones en 2025 

para reducir su dependencia del gas natural 

 La Contaminación del Aire: Letonia es el país que menos contamina de la UE, liberando tan sólo 3.8 toneladas de CO2 por persona al año

Cambio Climático: 8% de las especies están en peligro de extinción  si la temperatura global se eleva en 3°C al 2100

Reforestación: Una cifra récord de 100,450 árboles fueron plantados en una hora en Perth, Australia en Julio de 2014 

Calentamiento Global: La Tierra será 2.7°C más cálida a finales del siglo si los gobiernos 

no hacen recortes de emisiones de carbono 

Desastres Naturales: Las empresas de seguros pierden $50 mil millones cada año por desastres naturales 

relacionados a cambios climáticos

Energía: 46,150 paneles solares proveen toda la electricidad que necesita el Aeropuerto Internacional Cochin de la India 

Cambio Climático: Julio de 2015 fue el mes más cálido registrado en la historia por el NOAA, con una temperatura promedio de 16.61°C 

Cambio Climático: Se impuso un feriado obligatorio de 4 días en Iraq por las olas de calor de Julio de 2015 

Cambio Climático: El aumento anual de los niveles del mar es de 3.2mm desde 1993

Ahorro de Energía: El 100% del alumbrado de las calles en la isla francesa de L’île de Sein provienen de luces LED

-25% del CO2 de bosques son el resultado de los esfuerzos de preservación entre 2001 y 2015 

Deforestación: Se pierde 1Km cuadrado de bosque en el mundo cada segundo 

Cambio Climático: Hubo 91 huracanes en 2014, un récord mundial 

Cambio Climático: Tener hasta 80 días de nieve al año en Suecia será historia al 2100 

Objetivo: 40% del total de la producción eléctrica en Francia vendrá de fuentes de energía renovable al 2030 

Cada búsqueda en Google produce 7 gramos de CO2  

La Contaminación del Aire: China, el país que más contamina en el mundo, liberó 8.1 mil millones de toneladas 

de CO2 a la atmósfera en 2013 

Calentamiento Global: Los países desarrollados se han comprometido a invertir $57 mil millones 

La Capa de Ozono: 2 millones de casos de cancer a la piel serán prevenidos al 2030 

gracias a los esfuerzos de reparar la Capa de Ozono de la Tierra

Al cumplir tres años de vida sentimos que hemos avanzado mucho, pero ahora vemos que lo que nos falta hacer es aún más de lo que teníamos planeado el primer día. Así como dicen que la felicidad no es una meta sino un proceso, así también la misión de una institución es un proceso para lograr un objetivo que nunca se alcanza, pero que debe retarnos con más fuerza cada día.

Mantenemos sentimientos muy positivos a muchas personas, pero en especial a nuestros lectores, principalmente a los jóvenes y a la gente de las regiones que está un poco más alejada de la información que se puede conseguir en Lima. En ese abrazo están todos, seguidores, gente que nos da consejos y también nuestros trolls que se multiplican en la medida de nuestro avance.

Hoy queremos reiterar nuestra misión, nuestro compromiso con la sociedad y nuestro objetivo primordial, empoderar a los peruanos. Gracias. Lampadia  

La Misión de Lampadia

• Defender la economía de mercado, la inversión privada, el desarrollo y la modernidad.
• Promover el Estado de Derecho y la meritocracia para los funcionarios públicos.

Nuestro compromiso con la Sociedad

Durante las últimas dos décadas se ha producido una profunda transformación de la vida nacional, tanto en lo económico, como en lo social e institucional. Lamentablemente, esta transformación no está acompañada por una adecuada conciencia social, debido fundamentalmente a la falta de liderazgo y comunicación de nuestra clase dirigente.

Hay una gran confusión sobre nuestra nueva realidad y mucha angustia e incertidumbre sobre el porvenir.

El Perú ha pasado de tres décadas (60s, 70s y 80s) de estancamiento económico, empobrecimiento, escasez de recursos, frustración, violencia y falta de esperanza en el futuro, a una nueva realidad marcada por el crecimiento, la inversión, la creación de riqueza, la disminución de la pobreza y la desigualdad, la abundancia de recursos, la paz, y por una nueva capacidad de soñar con un futuro de prosperidad.

Sin embargo, a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes que ya no proyectan sus vidas fuera del Perú, no se les ha explicado los condicionantes de la nueva realidad, no se han mostrado las relaciones causa-efecto que la han creado, no se discute sobre nuestras potencialidades, no tenemos claras las prioridades de acción colectiva y de las políticas públicas que puedan consolidar el bienestar general.

Así es que mientras la economía nacional se debilita, el entendimiento de nuestra realidad se hace cada día más confuso. En la vida política y mediática se entrecruzan distintos lenguajes y distintas dimensiones de análisis, muchas veces producidas con propósitos específicos de manipulación y beneficio de parte.

En este contexto, LAMPADIA pretende, con veracidad y rigurosidad, aportar luces sobre nuestra realidad. Queremos comunicar y compartir información, cifras, hechos relevantes y opiniones sobre el Perú y el mundo de hoy y mañana para contribuir a la formación de una conciencia nacional más informada que propicie la convergencia de nuestras acciones para la construcción de un Perú de éxito y bienestar para todos.

Nuestro Objetivo:

Lograr que los peruanos optemos por una Sociedad de Libre Mercado​

 ° No tenemos Derechos Reservados – Información Libre °

La reducción de la desigualdad está en el centro de la agenda de la política económica actual en todos los países. Instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) han aceptado que la alta desigualdad conduce a inestabilidad macroeconómica y reduce el crecimiento y que una menor desigualdad ayuda a que estesea sostenible en el largo plazo.

Pero no hay una solución mágica. La reducción de la desigualdad requiere un duro y largo trabajo de construcción de instituciones sólidas y transparentes para mejorar las políticas de impuestos y gastos, la eficiencia de la redistribución, garantizando una mayor equidad. Además se necesita un Estado que diseñe políticas fiscales eficaces y proteja los intereses de los que luchan por proporcionar estabilidad económica y seguridad para sus familias, tanto en los países desarrollados como en el mundo emergente.

Según Nora Lustig, economista de la Universidad de Tulane y una de las primeras en documentar la reducción de las brechas de ingresos de la región en América Latina, hay dos factores principales que han logrado un gran impacto. Estos se analizan en su informe ‘Commitment to Equity’ (Comprometidos por la Igualdad) que todavía está en construcción mientras que analiza distintos aspectos en diferentes países (Brasil, Chile, Colombia, Indonesia, México, Perú y Sudáfrica). Ver en Lampadia: Comprometidos con la Desigualdad, por Nora Lustig.

En primer lugar, el aumento en la educación secundaria ha incrementado la oferta de trabajadores alfabetizados, razonablemente bien educados, y los años de crecimiento constante han elevado la demanda relativa de los menos calificados en el mercado laboral formal. En segundo lugar, los gobiernos de toda América Latina han reforzado la reducción de las diferencias salariales con el gasto social dirigido a las personas con ingresos más bajos. Estos incluyen pensiones más generosas y esquemas de transferencias condicionales de efectivo que ofrecen un pago a las familias más pobres a cambio de cumplir con condiciones específicas, tales como asegurarse de que sus hijos vayan a la escuela.

El cambio más notable ha sido en la educación. La inversión pública en la educación ha dado lugar a una expansión de la educación terciaria que redujo la desigualdad salarial en países como Brasil. Al mismo tiempo, al pasar de los subsidios generales a las transferencias de efectivo, se mejoró la focalización y aumentó la eficiencia de las políticas redistributivas.

Según Lustig, anteriormente los gobiernos latinoamericanos invertían gran parte de sus recursos en educación en las universidades. Las escuelas primarias y secundarias del Estado tenían bajos fondos y una calidad mediocre. Ese sesgo a favor de la educación terciaria benefició a los ricos, que habían asistido a las escuelas primarias y secundarias privadas. Pero desde principios de 1990, el gasto en educación se ha vuelto mucho más progresivo, con una enorme expansión en la educación secundaria pública entre los pobres. Según Karla Breceda, Jamele Rigolini y Jaime Saavedra, tres economistas del Banco Mundial, los gobiernos de América Latina, en promedio, gastan una mayor proporción de su PBI en educación para el 20% de niños más pobre.

Además, Lustig  presentó pruebas de que casi la mitad de los 78 países incluidos en el informe ‘Commitment to Equity’ han demostrado una disminución en la desigualdad, principalmente motivado por la actuación estelar de América Latina en los últimos 15 años.

De hecho, los datos muestran que hoy los países en desarrollo están gastando mucho más en la redistribución de los recursos fiscales que lo hecho por los países desarrollados cuando estaban en el mismo nivel de ingresos. El mensaje es que los políticos tienen las herramientas para reducir la desigualdad, si tuvieran la voluntad de hacerlo.

En el caso específico del Perú, el informe muestra un cuadro (reproducido líneas abajo) que contiene la incidencia de pobreza de acuerdo a las distintas líneas de pobreza internacionales de US$2.50 y US$4.00 por día y por persona, así como las estimaciones de pobreza extrema y moderada con líneas de pobreza nacionales para el ámbito rural y urbano. Estas estimaciones son comparadas al utilizar los conceptos de ingreso de mercado, disponible y post-fiscal (ver definición de los conceptos más abajo).

Hay tres principales resultados que vale la pena destacar. En primer lugar, sin importar la línea de pobreza y el ámbito geográfico, los niveles de pobreza disminuyen si se toman en cuenta las transferencias e impuestos directos (diferencia entre ingreso de mercado y disponible); en segundo lugar, estos niveles aumentan si se toman en cuenta impuestos al consumo y subsidios indirectos representados por la diferencia entre ingreso disponible y el ingreso post-fiscal para zonas urbanas; finalmente, la magnitud del impacto de transferencias directas y los impuestos al consumo es reducida. Existen diferencias notables en los niveles de pobreza de acuerdo al ámbito, por ejemplo, el porcentaje de la población con un ingreso disponible menor a US$2.50 PPP es de 3.8 por ciento para la población urbana y de 33.5 para la rural.Para un ingreso menor a US$4.00 PPP el resultado es de 11.7 y 58.4 por ciento respectivamente.

En el caso de la desigualdad, al utilizar el coeficiente de Gini (ver el cuadro inferior), los niveles de desigualdad son mayores en localidades urbanas si se toma en cuenta cualquiera de las  definiciones de ingresos indicadas. Sin embargo, la brecha de desigualdad entre un grupo población y el otro aumenta conforme se van tomando en cuenta impuestos directos, transferencias (ingreso de mercado a disponible), impuestos y subsidios indirectos (ingreso post-fiscal).

Como se ha observado, las diferencias en la incidencia de la pobreza extrema rural y urbana y la distribución de la población pobre muestran que el sector rural está en gran desventaja. Si bien las brechas en las incidencias de la pobreza con las cuatro líneas utilizadas se reducen por el efecto de la política fiscal, según Lustig, esto se debe en parte “a que la pobreza post-fiscal en zonas urbanas termina siendo más alta que la pobreza pre-fiscal”. 

El principal problema, entonces, es que “la política fiscal tiene un sesgo anti-pobres urbanos que se debiera corregir mediante la expansión de los programas de transferencias a zonas urbanas. Asimismo, el grado de reducción de la pobreza rural es bajo debido a que las transferencias, aun teniendo el sesgo pro-rural, son pequeñas y no cubren a toda la población en pobreza extrema en zonas rurales.”

En Lampadia asumimos que esta interpretación es resultado de una visión muy generalizada de Nora Lustig, ya que su análisis abarca a otros países del mundo, en los cuales la pobreza extrema urbana puede ser alta. Específicamente en el Perú, esto no es aplicable ya que la pobreza extrema urbana es casi nula y, más bien, ha habido una migración hacia la nueva clase media. Por su lado el BID, en su estudio La Clase Media en el Perú: Cuantificación y Evolución Reciente, destaca que, entre el 2005 y el 2011, la clase media aumento de 51% a 72%, debido a que “el crecimiento económico ha sido pro pobre, permitiendo salir de la pobreza a millones de peruanos, y ha sido pro clase media, permitiendo al mismo tiempo una expansión y consolidación de los estratos intermedios”. No olvidemos que “seis de cada diez peruanos pertenecen a la clase media”. Ver en Lampadia: El BID lo confirma: la clase media crece como espuma.

Deberíamos tomar en consideración este análisis a la hora de tomar medidas de política fiscal en el país. Hemos sido muy exitosos en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los últimos años, esforcémonos en continuar con esta senda de desarrollo y aprovechemos los consejos que se nos están brindando. Lampadia