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Perumin y la necesidad de resolver los impedimentos a la minería

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El ministro de Energía y Minas Oscar Vera se salvó de la censura gracias a la protección de Alianza por el Progreso, cuyo líder, Cesar Acuña, gobernador de la Libertad, quiere la bendición del gobierno. 

Quizá por eso cambió su discurso anteayer en Perumín. Luego de haber anunciado, semanas atrás, que Southern había llegado a un entendimiento con autoridades del Valle del Tambo para iniciar Tía María, lo que seguramente solo sirvió para inflamar a los opositores que se movilizaron a Arequipa anteayer, el ministro afirmó en la inauguración del evento que en realidad se requiere un acuerdo con las comunidades campesinas y con el dueño del terreno para que Tía María se inicie.

Es decir, lo mismo de siempre, con el agravante de que el ministro desconoce que en el valle del Tambo no hay comunidades campesinas sino pequeños y medianos propietarios, y que el dueño del terreno no es “la comunidad” sino la propia Southern, salvo una pequeña parte que pertenece a la Fuerza Aérea del Perú, pero que cuenta con un convenio. El terreno donde están los yacimientos ni siquiera está en el valle, sino en una zona desértica situada cientos de metros sobre el nivel del valle. 

¿Cómo podemos tener un ministro de Energía y Minas tan desinformado respecto de un proyecto que podría ser emblemático y estratégico para que el país salga del círculo vicioso de empobrecimiento sostenido en que se encuentra? 

Si ese proyecto se lanzara, cambiaría dramáticamente el clima de inversión en el país, y serviría para modernizar el propio Valle del Tambo con pozos, entubamiento de canales, riego tecnificado y sustitución progresiva del arroz por cultivo más rentables.

Peor aún, el Premier declaró que Tía María no está en la agenda del gobierno y que “tienen que solucionarse por consenso los problemas que ha tenido esta inversión”. Pretender que haya una armonía total con opositores radicales es imposible. Lo que se requiere visión nacional, decisión política  y una estrategia de comunicación y de prevención de seguridad que facilite el proyecto. Los radicales han quedado muy debilitados y desacreditados luego de las violentas movilizaciones de diciembre a febrero.

Días atrás el IPE publicó un estudio que revela los montos siderales que el país ha perdido por los proyectos mineros retrasados o no ejecutados. A estas alturas podríamos haber estado en otro nivel de desarrollo. La minería es fundamental no solo para el desarrollo regional, sino para la diversificación productiva en los clústeres minero-industriales y de servicios, y para la generación de ingresos fiscales que permitan financiar mejores servicios sociales e infraestructura.

Las razones para el aborto de parte importante de cartera minera son, efectivamente, los conflictos sociales alentados en muchos casos por anti mineros o por extorsionadores profesionales, y la densa tramitología. 

Respecto de la conflictividad social, el Estado no ha aprendido aun a prevenirla. Recién se está construyendo una “plataforma digital” en la PCM para registrar los conflictos y los compromisos del Estado, a fin de hacerles un seguimiento que permita cumplirlos a tiempo. Eso ayudaría. Pero la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas ha quedado muy debilitada luego del gobierno de Castillo e incluso desde antes, y no hay ideas para una gobernanza minera que establezca, por ejemplo, un vice premier en las zonas mineras a fin de coordinar al Estado en todos sus niveles y tampoco hay propuestas para usar el canon de un modo efectivo en un plan integral de desarrollo territorial. Parte importante del canon o no se gasta o se pierde en corrupción o en obras inconclusas. Así, solo sirve para alimentar los conflictos sociales en lugar de prevenirlos.

Y en cuanto a la asfixiante tramitología que lleva a que la exploración se haga casi inviable y que un estudio de impacto ambiental tome cuatro años o más, lo único que está funcionando es el Equipo Especializado de Seguimiento de Inversiones (EESI) del MEF, que ha empujado para que se destraben permisos para algunas operaciones como La Inmaculada y otras. Pero es un trabajo denodado. El vía crucis de entidades opinantes (Senace, ANA, Serfor, etc.) es desesperante, pues se demoran meses o años para emitir sus opiniones o autorizaciones debido a que -dicen- carecen de personal suficiente. El MEF les ha asignado un 20% más en su presupuesto del 2024 para fortalecer sus capacidades, y va a establecer un programa de incentivos de modo de aumentarles aún más su presupuesto si es que opinan o autorizan antes del plazo señalado. 

Veremos si eso funciona. La inoperancia de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) es clamorosa. Al 20 de setiembre solo había ejecutado el 0.7% de los abultados fondos que tenía para obras y tareas de prevención de El Niño. Algo realmente punible.

Lo que se requiere, en realidad, es simplificar esta tramitología y suprimir pasos y permisos. El reciente decreto legislativo N.º 1565 que vuelve obligatoria la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) a todas las normas que da el Ejecutivo y al stock de normas, debería comenzar por revisar toda la normativa vinculada a la inversión minera para eliminar todo procedimiento inútil y costoso. Eso debería ser prioritario. 

Ya es hora que la clase política y el gobierno tomen en serio la necesidad de impulsar fuertemente un sector que podría ser la gran palanca del desarrollo nacional. Lampadia




La situación no está para tafetanes, se requieren acciones inmediatas

La situación no está para tafetanes, se requieren acciones inmediatas

Hay muchas razones para preocuparse. Por un lado el PBI este año no crecerá en 5.7% como se anunció inicialmente por el gobierno, sino apenas en 4.2%, si se toma en serio el último anuncio del MEF. Ver en (L): Gobierno anuncia nuevo MMM y reduce proyección de crecimiento. No obstante, lo más probable es que el crecimiento al final sea aún menor. Veamos algunos elementos que configuran una situación crítica:

  • Las importaciones están en caída. A julio del 2014 han sido 14% menores a las del mismo período del año pasado. Las de bienes de capital, como informa Eduardo Ferreyros, cayeron un 5% respecto al 2013 (cuando en el 2011 crecieron un 38.9% y en 2012 un 16.4%). Ver en (L): Las importaciones se desaceleran.
  • En las regiones se han encarcelado a varias autoridades. Eso está afectando la inversión pública.
  • La campaña navideña será la peor en una décaday aparte de su efecto en el año, eso traería un debilitado verano del 2015.
  • Para ese año habrán otros efectos negativos: cambio de autoridades en los gobiernos subnacionales que, como dice Luis Carranza, generarán un menor  gasto público por unos meses, ver en (L): Propuesta de agenda.
  • Además será un año preelectoral, lo que siempre trae incertidumbre y cautela en la inversión privada y el gasto.
  • El 2016 será el año del cambio de gobierno.Típicamente empieza con un verano caótico, lleno de críticas para la carrera presidencial. Después se espera la asunción y luego las primeras medidas del nuevo gobierno. En resumen, un año que difícilmente será alentador.

Todo eso nos lleva a pensar en la posibilidad de un escenario en el que el crecimiento no llegue a recuperarse el 2015, ni el 2016. Lo que es más, la entrada de los proyectos mineros que ya están en marcha no será suficiente para recuperar un buen ritmo de crecimiento, pues su efecto es solo pasajero. Por lo tanto, podríamos terminar el 2016 creciendo menos de 3%.

Si el gobierno sigue reconociendo cada factor negativo después que se presenta y erosiona el crecimiento, podríamos tener efectivamente, un escenario de desaceleración muy grave, justo antes de las elecciones generales.

En nuestra opinión, será muy difícil evitar esta situación extremadamente negativa, sino se hace algo drástico y muy pronto, como asegurar la reactivación de la inversión en minería (ver que salgan un mínimo de tres proyectos) y que empiecen a ejecutarse inmediatamente las grandes concesiones en infraestructuras.

  • En minería el primer proyecto debería ser el de Las Bambas. Es necesario un trabajo conjunto para que los nuevos inversionistas chinos titulares del proyecto mantengan el ritmo de construcción sobre la base de los acuerdos ya existentes con las comunidades y autoridades. Este proyecto cuprífero implica llegar a invertir US$ 6,031 millones, según el último anuncio hecho por el consorcio chino. Hasta enero del 2014 ya se había invertido US$ 3,511 millones.
  • Otro proyecto puede ser Constancia, que debería entrar en operación a fines de año. No obstante, se encuentra en una zona conflictiva y complicada: Chumbivilcas, Cusco. La empresa ha sabido manejar la situación hasta ahora. El gobierno debería estar atento a eventuales intentos por frenar esta operación. El proyecto involucra una inversión de US$ 1,790 millones.
  • Un tercer proyecto debe ser el de Tía María. El Ministerio de Energía y Minas ya ha aprobado el Estudio de Impacto Ambiental en agosto y cuenta con opinión favorable de la Autoridad Nacional del Agua. Lamentablemente, los anti-mineros Echave y Arana ya están encabezando un movimiento que pretende volver a levantar a la población en contra del proyecto. Esto sería muy grave, su inversión es de US$ 1,000 millones.

En cuanto a infraestructuras, no hay que olvidar su impacto positivo en el crecimiento y que a largo plazo mejora nuestra competitividad. Ver (L): Ranking de competitividad mundial 2014: Resultados. Según AFIN, el monto de APP adjudicadas entre 2010 y 2013 es de US$ 10,722 millones. No obstante, los proyectos no iniciados suman US$ 4,595 millones, lo cual preocupa profundamente. Si consideramos que este gremio reporta que las principales trabas son las ambientales, arqueológicas y los permisos municipales queda claro que el gobierno puede hacer mucho por facilitar los procesos. En ese sentido, sería conveniente plantearnos avances sustanciales en los siguientes proyectos:

  • Proyecto de generación de energía en centrales hidroeléctricas por 500 MW en Chaglla, Pucará y Cerro del Águila.  Este proyecto se adjudicó en el 2011 por US$ 2,300 millones.
  • Nodo Energético del Sur, adjudicado en 2013 por US$700 millones.
  • Línea 2 y Ramal Avenida Faucett – Avenida Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao, adjudicado durante este año por US$ 5,658 millones.
  • Nuevo aeropuerto internacional de Chinchero – Cusco, adjudicado durante este año por US$ 658 millones.
  • Línea de transmisión Moyobamba – Iquitos en 22 Kv, adjudicada durante este año por US$ 499.1 millones.
  • Mejoras a la Seguridad Energética del país y desarrollo del Gasoducto Sur Peruano, adjudicada durante este año por US$ 7,328 millones.
  • El túnel trasandino. En la página web de Proinversión no se encuentra listado a pesar de los beneficios que traería. Ver (L): Al futuro se va en tren… a pesar de los lobbies. La inversión necesaria, según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, es de US$ 2,000 millones. El estudio para esta obra recién culminará en unos meses.

Ante este escenario el Perú necesita una reacción inmediata. Las autoridades tienen que hacer todo lo posible por poner en movimiento la maquinaria y evitar un ritmo de crecimiento tan bajo que marcaría muy negativamente al “gobierno de la inclusión” y perderíamos nuestra mejor oportunidad de desarrollo. LAMPADIA