Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 8 de noviembre de 2019
Para Lampadia

El dinero del país lo generamos todos los peruanos con nuestro trabajo. Y una parte de dicho dinero se lo entregamos al Estado – a través de la Sunat – en forma de impuestos. El Impuesto General a las Ventas (IGV), y el Impuesto a la Renta (IR) son los principales… y los más conocidos. Pero también hay otros impuestos de menor cuantía, como el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y otros más.

El IGV lo pagamos todos – ricos y pobres – cuando adquirimos un bien o un servicio. Puede ser una camisa, una lata de atún, una entrada al cine, o un pasaje en bus. Cada vez que compramos un bien o un servicio, pagamos 18% de IGV. El IGV es el impuesto que más ingresos le representa al Estado. Después le sigue el Impuesto a la Renta que lo pagan – principalmente – las empresas. El IR asciende a 30% de las ganancias de las empresas. Aparte del IR que pagan las empresas, los profesionales y los trabajadores también pagamos IR.

Ahora bien ¿para qué pagamos impuestos? Pues para que el Estado nos brinde – básicamente – salud, educación y seguridad. Además, para que nos de agua potable. También para que construya infraestructura pública como carreteras, puertos, escuelas, hospitales, comisarías, cárceles, etc.

La pregunta es ¿el Estado nos cura, nos educa, y nos da seguridad? ¿Nos da agua potable y limpieza pública? ¿Cómo está la Carretera Central? ¿Cómo están las comisarías y cárceles del país?

La verdad, la verdad… la respuesta a todas las preguntas anteriores es NO. El servicio de salud pública es pésimo. La educación pública deja mucho qué desear. La delincuencia está cada vez peor. Y la infraestructura pública… igual. El Estado – a quien le pagamos nuestros impuestos para que nos brinde dichos servicios – NO nos está atendiendo bien.

Pero ¿quién es el Estado? El Estado son las Municipalidades, los Gobiernos Regionales, y los Ministerios. El Estado son – también – la policía y los jueces. Incluso, los médicos y maestros de los hospitales y escuelas públicas.

Pregunta ¿cómo nos tratan las cerca de 1,800 municipalidades distritales que hay en todo el país? ¿Acaso no están llenas de burócratas inoperantes y corruptos? ¿Quién no ha sido chantajeado por un funcionario municipal para obtener una licencia de funcionamiento o – peor aún – una licencia de construcción?

¿Cómo así hemos terminado con cerca de 50 burocracias distritales entre Lima y Callao? ¿Porqué no mejor una sola autoridad municipal para toda la metrópoli, tal como tienen ciudades – tanto o más grandes que Lima – como Bogotá, Buenos Aires, Barcelona o Nueva York?

Y pasando a otras esferas del Estado ¿cuántos contratos de concesión suscribió Proinversión en lo que va del 2019? ¡Cero! ¿Cuánto nos cuesta Proinversión a todos los peruanos? ¡Más de S/. 200´000,000 al año! Mejor cerremos Proinversión y nos ahorramos ese platal.

Y así por el estilo. Hay cualquier cantidad de instituciones públicas que están por las puras. No brindan ningún servicio mínimamente idóneo, y cuestan un ojo de la cara. Y encima nos chantajean cada vez que requerimos – de ellos – un certificado, permiso, o lo que sea.

No hay derecho. ¡Basta ya de burocracias estatales inoperantes, maltratadoras y corruptas! Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El Perú no solo tiene la obligación de solidaridad con los venezolanos que ingresan a nuestro territorio, sabiendo por lo demás que su aporte es positivo en términos de actividad económica y empleo, sino que debería aprovechar inteligentemente para nuestro desarrollo y para mejorar los servicios del Estado, las capacidades profesionales de los venezolanos que tenemos en nuestro país, descongestionando de paso la presión que ejercen sobre los mercados laborales de bajos ingresos. 

Resulta que, como podemos ver en el siguiente cuadro elaborado con información vigente al 3 de setiembre, el 80% de los venezolanos que han tramitado o están tramitando el Permiso Temporal de Trabajo (PTP) son profesionales, incluyendo un 8.7% de técnicos y los que se autodenominan “comerciantes”. Y, según información proporcionada por la Superintendencia Nacional de Migraciones, muchos de esos profesionales lo son en ramas en las que suele haber escasez de talento en nuestro país. Hay ingenieros petroleros, industriales, civiles, ambientales; médicos con diversas especialidades, nutricionistas, profesoras de inicial con doctorados o maestrías, jefes de proyecto, etc.

El problema es que esos profesionales no pueden ser contratados formalmente como tales, ni en el sector privado ni en el público, mientras no convaliden en el Perú sus títulos profesionales o no reciban la colegiatura, sobre todo en el caso de los ingenieros y médicos. Y eso puede ser una odisea que, si alcanza la meta, dura muchos meses. Lo primero, entonces, es montar un procedimiento de validación mucho más sencillo y rápido.

Política migratoria y de trabajo

Pero hay que ir mucho más allá. Se necesita una política migratoria y de trabajo específicas que permita ubicar a estos profesionales y técnicos en los puntos del territorio nacional y en los sectores del Estado y del sector privado que más los necesiten. Es conocida la falta de médicos –y, aún más, de especialistas- en varias regiones del país. También faltan profesores de matemáticas, ciencias e inglés, y especialistas en educación inicial. Para no hablar de las necesidades de la industria de hidrocarburos en cuanto a exploración petrolera y masificación del gas en nuestro país.

Si tal hiciéramos, reduciríamos significativamente la presión que los inmigrantes venezolanos ejercen en el mercado de trabajo de bajos ingresos, desplazando eventualmente de sus empleos a algunos peruanos. Los venezolanos están sobre-calificados para esas labores. En cambio, si se desempeñaran en aquello para lo que tienen competencias, estarían llenando un vacío en lugar de ocupar un espacio ya tomado.

El gobierno acaba de publicar el Decreto Supremo Nº 008-2018-tr que simplifica la contratación por las empresas de extranjeros disponiendo que “Los contratos de trabajo de personal extranjero se consideran aprobados desde su presentación ante la Autoridad Administrativa de Trabajo a través del sistema virtual de contratos de extranjeros”.

Eso está bien. Pero subsiste una limitación absurda, supérstite de las épocas del proteccionismo, que establece que las empresas nacionales o extranjeras sólo podrán contratar personal extranjero en una proporción de hasta del 20% del número total de sus servidores, y sus remuneraciones no podrán exceder del 30% del total de la planilla de sueldos y salarios (Artículo 4 del decreto legislativo n° 689, ley para la contratación de trabajadores extranjeros). La misma ley establece, sin embargo, que esa disposición no se aplica, por ejemplo, “Al extranjero con visa de inmigrante”. Debió darse un decreto legislativo o debería darse una ley que extienda esa excepción a quienes tiene Permiso Temporal de Trabajo (PTP)

La Superintendencia Nacional de Migraciones está elaborando un proyecto de plan de trabajo multisectorial con el fin de colocar en el mercado laboral especializado a los inmigrantes, pero el gobierno no ha formado un equipo de trabajo precisamente multisectorial para avanzar rápidamente en este tema a fin de capitalizar el aporte profesional venezolano. No se ha percatado aun de la importancia del tema.

Y el problema es que el flujo inmigratorio continúa, y quizá se agrave. El 3 de setiembre Migraciones tenía contabilizados 416,386 ciudadanos venezolanos en nuestro país. Al 15 de setiembre ya eran 446,072. Es decir, habían ingresado 29,686 en 12 días, a razón de 2,474 por día. A ese ritmo, tendremos alrededor de 240 mil venezolanos más a fines de año.

Urgen, entonces, las medidas y la política para colocar a los inmigrantes en los puestos en los que pueden ser más útiles para el país, donde pueden aportar al desarrollo de sectores, empresas y servicios en los que somos deficitarios o tenemos potencial.

No hay apoyo a Migraciones e Interpol demora y no se integra

Pero, además, urge dar apoyo presupuestal a Migraciones a fin de que pueda ponerse al día. Como podemos ver en el siguiente cuadro, de los 446,072 ciudadanos venezolanos presentes en el territorio nacional, solo un 21% tiene el Permiso Temporal de Trabajo (PTP) entregado,

Migraciones no ha recibido un centavo adicional a su presupuesto para manejar esta caudalosa corriente de inmigrantes que saturan sus instalaciones y su capacidad de atención. Su plataforma informática, por ejemplo, ya se encuentra colapsada. Necesitaban alquilar locales para recibir estos contingentes, pero se les recortó el presupuesto. Han tenido que desalojar oficinas del primer piso para destinarlas a recibir a los inmigrantes y atender las 24 horas del día.

Pero el problema principal es Interpol. El asunto es aún más crítico en la Interpol. Pues resulta que para obtener el Permiso Temporal de Trabajo (PTP) se requiere de un certificado negativo de antecedentes penales otorgado por la Interpol. Migraciones, que es muy eficiente considerando los escasos recursos con los que cuenta, otorga el PTP sin demora, pero la certificación de Interpol toma alrededor de 6 meses porque las oficinas locales de la Interpol están absolutamente desbordadas. Evidentemente hay que reforzarlas con más personal. Porque mientras tanto, por supuesto, ya se formaron mafias de policías que estafan a los venezolanos cobrándoles por conseguirles citas que no existen.   

El hecho es que mientras Migraciones atiende 2,500 personas por día, La Interpol apenas puede con 800. Lo increíble es que Migraciones le ha ofrecido a Interpol que se instale en las oficinas de Migraciones y se coloque en la línea de los trámites, para avanzar mucho más rápidamente, para que no tenga que recoger nuevamente la misma información que se da a migraciones -datos biográficos, fotografía, huellas digitales y firma- y les tomen el odontograma allí mismo, pero los policías de Interpol no han querido. Es posible que la razón de la negativa esté en las oportunidades de corrupción que abre el largo tiempo de demora.

La solución provisional que ha encontrado Migraciones a las demoras de Interpol, es otorgar un “acta de trabajo extraordinario”, que permite trabajar y abrir cuenta bancaria, pero que se convierte en PTP recién luego de que Interpol ha verificado antecedentes y ha dado su visto bueno.

Migraciones, que está haciendo un trabajo muy esforzado, creativo y bien estructurado, necesita apoyo del Estado y de la cooperación internacional. Y se requiere una política que permita aprovechar de manera efectiva para el desarrollo del país el capital humano venezolano. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Es lamentable que los buenos esfuerzos no se continúen cuando se cambia de gobierno. Pero lo que es incomprensible es que una administración integrada por profesionales modernos y calificados como la presente, haya casi descontinuado una reforma fundamental para la instauración de la meritocracia en el Estado peruano: la contenida en la Ley de Servicio Civil (30057), promulgada en junio del 2013. 

Esa ley buscaba incorporar a los empleados públicos que están bajo el régimen CAS (Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios), que carece de beneficios, y a los que están en otros regímenes[1], a un nuevo sistema con beneficios sociales que establece una carrera universal en el Estado –es posible pasar de una institución a otra- basada en evaluaciones de desempeño (con salida a la tercera desaprobación) y que supone que cada institución realiza un mapeo de puestos y de procesos e identifica los perfiles profesionales que requiere en función a un análisis de los objetivos de la institución, luego de lo cual convoca a concursos a los cuales se puede presentar el personal de la entidad y de fuera. Uno de los efectos es que, en la nueva estructura de personal, las escalas medio-superiores tendrían una remuneración mayor que la actual con la finalidad de atraer talento que, como sabemos, se ha ido alejando del Estado luego de los límites absurdos que estableció el gobierno de García.

Se trata de una reforma de la máxima trascendencia, que permitiría redefinir y ajustar el número y calidad del personal de cada entidad a su naturaleza y objetivos, y establecer un régimen meritocrático que permita alcanzar un Estado profesional en el cual las entidades puedan establecer y cumplir metas fiscalizables. Es la reforma ‘weberiana’ por excelencia.

Pues bien, resulta que ni el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ni -menos aun- el Congreso se percataron claramente de que esta reforma estaba en curso. A los pocos meses de iniciado el gobierno el Congreso debatió y finalmente aprobó una ley que pasaba los CAS de Essalud al régimen del DL 728, que da beneficios y estabilidad absoluta a cambio de nada. El régimen del Servicio Civil, en cambio, ofrece los mismos beneficios sociales que la 728, pero a cambio de meritocracia, de evaluaciones de desempeño y dentro de una estructura bien pensada y eficiente, orientada a metas. El gobierno no reaccionó y dejó pasar esa ley, que fue aprobada. Ahora los trabajadores administrativos del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Congreso han presentado proyectos de ley para exonerarse de la ley de servicio civil por temor, por supuesto, a la meritocracia.

Es inaceptable que la clase política no tenga convicción acerca de la necesidad de ir hacia un Estado profesional. Y que un gobierno tecnocrático no le dé prioridad a una reforma tan importante como esta. La decisión política de llevarla a cabo es indispensable, además, porque su aplicación no solo es difícil por compleja, sino que engendra todas las resistencias imaginables del statu quo, y por lo tanto requiere de la máxima voluntad y convicción políticas. Ojalá Mercedes Araoz la adopte.

Avances

Pese a todo, ha habido algunos avances. Es cuestión de darle impulso al proceso. En la actualidad son 334 las entidades del Estado que han iniciado el proceso de transición. Ellas implican a 100 mil servidores civiles, alos 19 Ministerios, a varios organismos públicos y a 39 de 47 universidades.

Fuente: “Proceso de Tránsito al nuevo Régimen”, Servir

Pero, como podemos ver en el siguiente gráfico, ninguna entidad ha llegado aún a la etapa de realizar concursos. De los 19 ministerios, 11 han realizado su mapeo de puestos, mapeo de procesos y han identificado, según eso, sus áreas de mejoras y han terminado, entonces, el informe respectivo. Pero ninguno tiene todavía aprobada su nueva dotación de personal –estructura de puestos- y los perfiles respectivos. Es algo que deben presentar y discutir con Servir, y es el paso inmediato a la realización de los concursos para llenar esos puestos.

Fuente: “Proceso de Tránsito al nuevo Régimen”, Servir

De las 334 entidades que han comenzado el proceso, hasta el momento solo 41 tienen “resolución de inicio”, que significa que ya completaron los mapeos. Estas comprenden a 31,700 servidores públicos de los cuales un 62% está en el régimen CAS, 16% son locadores de servicios, un 9% está en el régimen del DL 276, un 8% en el del DL 728 y 5% en otros.

Según Cortez, la ONP, el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria), el gobierno regional de Piura y curiosamente el Despacho Presidencial, son las entidades más avanzadas. Como anécdota, el jefe del SENASA “encerró” a los responsables para que se dediquen solo a esa tarea hasta terminarla, y puso a sus segundos a cargo de sus funciones de línea mientras terminaban.  Y ya hicieron cambios que se desprendieron del análisis.

Estas 41 entidades son las que aparecen en el siguiente cuadro:

Sinceramiento institucional y resistencias

Lo interesante es que, en este proceso, las entidades descubren sus deficiencias y problemas. Descubren, al hacer su mapeo de procesos, que no están ordenadas precisamente por procesos o que estos no son lineales y simples sino complicados y confusos. Improductivos, en suma. Un proceso es la cadena de actos administrativos necesaria para entregar un servicio. Según el jefe de Servir, Juan Carlos Cortez, a algunas entidades les cuesta mucho el ordenamiento de sus procesos.  Lo común es que cada empleado se focaliza solo en su tarea y carece de una visión de conjunto y menos de una solidaridad con el resultado. Pero el mapeo de puestos y procesos es una mirada al espejo: le permite a la entidad saber a ciencia cierta cuánta gente tiene, qué hace cada uno, si se está duplicando funciones, si tiene sentido lo que se está haciendo. La institución, así, se sincera consigo misma y se ordena.

Para llevar adelante esto se forma una “Comisión de Tránsito”, integrada por el secretario general, el jefe de presupuesto, de recursos humanos y un representante del Ministro. Dicha comisión realiza el mapeo de puestos y de procesos e identifica mejoras en esos aspectos y cuanta gente se requiere para cada proceso. De allí sale la dotación de puestos y luego el perfil de cada puesto, para que el concurso sea transparente. 

Además, la dotación o estructura de puestos debe responder a los objetivos de la institución, lo cual supone una discusión acerca de estos objetivos. Se trata, en suma, de un proceso muy interesante y muy desafiante que, por eso mismo, encuentra resistencias en los sindicatos -por lo general opuestos a las evaluaciones meritocráticas y a definir procesos que impliquen mediciones claras de resultados y cumplimiento de metas-, pero no solo en los sindicatos. También frecuentemente en los propios jefes, que confían más en personas de su confianza que en aquellos que puedan ser escogidos meritocráticamente, y que no están acostumbrados a un trabajo orientado al cumplimiento de metas.

Por eso mismo es indispensable que el gabinete Araoz forme una voluntad política clara de llevar adelante la instauración del régimen de la ley de Servicio Civil, porque se trata de un esfuerzo complejo con resistencias de modo que sin empuje político no va a llegar a destino.

Sinergia con Análisis de Calidad Regulatoria

Por lo demás, una reforma como esta en las entidades estatales, hace sinergia perfecta con las reformas de simplificación administrativa dispuestas en los decretos legislativos del año pasado. Se viene simplificando y eliminando trámites en varios sectores y ya se inició el Análisis de Calidad Regulatoria sector por sector, que debe culminar en octubre del 2018. Este análisis, que lleva a simplificar o eliminar todo trámite o procedimiento inútil, costoso o innecesario, no se puede hacer si no se identifica el proceso del que forma parte, si no se hace el mapa del proceso. Entonces, si de simplificar esfuerzos se trata, lo lógico sería hacer las dos reformas a la vez, porque una supone parte de la otra.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En el Congreso hay 16 proyectos de ley que, sumados a 4 ya aprobados, generan costos fiscales –menores ingresos tributarios- que pueden llegar a cerca de 5% del PBI. De aprobarse, estaríamos decretando el final de la estabilidad monetaria y fiscal, el retorno a la inflación y la imposibilidad de alcanzar el desarrollo integral. Sería el suicidio económico nacional.

Fuente: marcandoestart

Ya el Congreso avanzó el jueves con esta agenda aprobando una ley que restablece por 5 años los beneficios de la admisión temporal para las aeronaves y sus partes, con suspensión del pago de tributos hasta por 5 años, y permitiendo su nacionalización con la depreciación de la base imponible del 20% anual. Inicialmente la ley se iba a aplicar a todas las empresas aéreas, pero luego del debate se limitó a las micro, pequeñas y medianas. Esto reduce el daño, pero no lo elimina porque sólo servirá para incentivar el fraccionamiento y atomización de las empresas grandes para no pagar tributos. Según fuentes del sector economía, “una gran empresa podría crear una división de reparación con un RUC distinto y a partir de ésta realizar la importación temporal por 5 años y luego la compra de aeronaves”.

Según dicha fuente, la ley distorsiona la aplicación del régimen general de admisión temporal para reexportación pues “la deducción (depreciación) de la base imponible del 20% anual, implica en la práctica que el régimen general de admisión temporal para reexportación se convierta en un mecanismo destinado al no pago de tributos y no constituye un régimen aduanero suspensivo; por tanto, restablecer la vigencia de este mecanismo implicaría desnaturalizar el régimen de admisión temporal incorporando una exoneración del pago de tributos a la importación”.

Además, la Ley genera un tratamiento a favor del sector aéreo, lo que podría llevar al sector de transporte terrestre y a otros a solicitar el mismo beneficio.

Fuente: zestcapital.com

Pero el problema es mucho más grande. Como hemos señalado, hay en el Congreso 20 Proyectos de Ley que conceden beneficios tributarios y que ocasionarían altos costos fiscales. De esos, ya se han aprobado 4. Fuentes analíticas nos indican que el costo total de esas leyes y proyectos de ley ascendería a una cifra enorme que oscila entre S/ 27,067 millones (equivalente al presupuesto 2017 de los sectores educación y salud) y S/ 34,337 millones (equivalente al presupuesto 2017 de los sectores educación, transportes y vivienda). Lo que representa de 3.6% a 4.6 del PBI.

El más costoso de todos es PL 730/2016-CR, proyecto de ley que crea el Régimen Especial de Incentivos y Beneficios para compradores preferentes para las MYPEs, “Sello MYPE”.

Este es un proyecto de Fuerza Popular a iniciativa del congresista Edwin Vergara Pinto. Propone establecer un nuevo régimen especial de incentivos y beneficios para compradores preferentes de las MYPE — Sello MYPE. Se trata de beneficios tributarios para las empresas medianas y grandes que compren frecuentemente a las MYPE. Por ejemplo, se establece una deducción del 100% adicional de gastos para efectos del impuesto a la renta de los bienes muebles (exceptuando los vehículos automotores) adquiridos de las MYPE; un puntaje adicional en los procesos de selección que convocan las entidades del Estado; devolución en cinco días hábiles desde la presentación de la solicitud de saldos a favor de la exportación, drawback y pagos en exceso o indebidos, entre otros.

Las fuentes estiman que el costo del beneficio sobre la deducciónadicional degastos para efectos del impuesto a la renta para las compras efectuadas a MYPE por parte de las empresas medianas y grandes, ascendería entre S/ 5,310 millones (10% de las ventas de las MYPE) hasta aproximadamente S/ 10,619 millones (20% de las ventas de las MYPE).

La ley también excluye de los regímenes de retenciones y percepciones a las empresas que compren a las MYPES, lo que puede afectar la recaudación del IGV. Se calcula que el costo de la eliminación de ambos regímenes ascendería en S/ 735 millones. Fuera de que aplicar un esquema como el planteado requiere del desarrollo de un complicado sistema de información y control por parte de la administración tributaria.

En consecuencia, según las fuentes, el costo total estimando únicamente la deducción adicional de gastos para medianas y grandes empresas, así como la eliminación de los regímenes de retenciones y percepciones, ascendería potencialmente entre S/ 6,045 millones y S/ 11,354 millones.

El más inmediato de todos es el PL N° 626: Alertas Educativas, que ha sido observado por el Ejecutivo pero probablemente se aprobará por insistencia. Este proyecto obliga a la SUNAT a brindar una capacitación por cada infracción que cometa una microempresa antes de poder sancionarla por dicha infracción, y una vez por cualquier infracción en el caso de la pequeña empresa. El tema es que existen 64 infracciones posibles en el código tributario. Según el MEF, esto contraviene lo dispuesto en la Ley MYPE, que acota el acompañamiento tributario solo para las microempresas (Art. 42), condicionando ello incluso solo a las que se acojan al Registro de la MYPE (REMYPE). Asimismo, precisa que el acompañamiento es solo para cinco infracciones y solo por los tres primeros años desde la inscripción de la microempresa al REMYPE. Con este proyecto, en lugar de 5, serán 61/63 infracciones, sin pedir nada a cambio y de manera permanente.

Para el MEF no es solo que el proyecto aprobado requiere implementaciones operativas y de sistemas en SUNAT que excederán el plazo de 60 días dado por la norma para ello, y que se perderá algo de recaudación, sino el mensaje que estamos dando al contribuyente: es evidente que si le decimos que pueden cometer 50 o 60 infracciones antes de que se le ponga una multa, le comisen o le cierren su local porque por cada infracción, aunque esta sea muy grave, la SUNAT deberá primero darte una capacitación, estamos premiando su informalidad.

Esperemos que prime la cordura en el Congreso y se deseche este tipo de proyectos de ley. Mucho le ha costado al pueblo peruano alcanzar la estabilidad monetaria y fiscal para ponerla en peligro de esta manera. No nos podemos arriesgar al retorno de la inflación ni podemos sacrificar ingresos tributarios necesarios para mejorar la calidad de la infraestructura y los servicios públicos, con normas de la mejor tradición populista latinoamericana. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 14 de julio de 2017
Para Correo Ica y Lampadia

¿Qué es el Dengue y el Sika? Veamos qué nos dice el Ministerio de Salud al respecto. Son enfermedades infecciosas, trasmitidas por un zancudo llamado Aedes Aegypti – ¡qué nombre tan feo! – que se reproduce en depósitos de agua de consumo doméstico.

En otras palabras, el Dengue y el Sika son enfermedades que se trasmiten de personas enfermas a personas sanas… a través del zancudo ese. No es que una persona enferma contagia a una persona sana. No. Es el zancudo, que habiendo picado a una persona enferma, se vuelve portador de la enfermedad, y contagia – mediante su picadura – a personas sanas que encuentra en su camino.

Fuente:  miempresaessaludable.com

Ello explica, porqué las epidemias de Dengue y Sika se combaten PREVINIENDO la causa de la enfermedad. Es decir… eliminando al zancudo. Si no hay zancudo… no hay Dengue… no hay Sika… y problema resuelto. ¡Así de simple!

Pero hay un pequeño detalle. Resulta que al zancudo no le gusta el frío. Por eso – ahora que estamos en invierno – da la impresión de que la epidemia ya pasó. Pero no. Efectivamente, no hay zancudos en las casas, ni en el ambiente. Al menos, no tantos como en los veranos. Y por el lado de los hospitales, ya no se reportan nuevos casos de “febriles” … así les llaman a los pacientes que tienen Dengue y Sika, y que acuden a nuestros hospitales para ser atendidos.

Fuente: prevencionhn.wordpress

Pero las apariencias engañan. Los zancudos pueden no estar presentes en su estado adulto. Es decir, como el típico insecto de cuerpo delgado y patas alargadas; y cuyas picaduras causan tantas molestias. El problema es que el zancudo se cobija durante los inviernos en forma de huevos o larvas. O sea, no causan ninguna molestia, sino hasta que llega el verano y se transforman en zancudos adultos. En buena cuenta, los zancudos ¡están “escondidos” en los recipientes de agua… en nuestras propias casas!

Entonces ¡ahora es cuando! Si no eliminamos – ahora… en este invierno – los huevos y larvas del zancudo trasmisor del Dengue y Zika, el próximo verano la vamos a pasar mal… muy mal. Si comparamos las estadísticas del verano pasado con la del 2016, veremos que la epidemia creció exponencialmente de un año a otro. Efectivamente, en el 2016 el brote de Dengue apareció en Pachacútec – Ica y terminó con 148 casos, y – felizmente – ninguna fatalidad. En cambio, el verano pasado el brote apareció en Sacramento – Palpa, luego se esparció por toda la región, y terminó con 1,529 casos de Dengue, 242 casos de Sika, y – desgraciadamente – 2 fatalidades. Como se ve, los estragos de la epidemia crecieron exponencialmente de un año a otro… y lo mismo pasaría el 2018, si esperamos de brazos cruzados la venida del próximo verano.

A lo que quiero llegar es que TODOS los iqueños – no sólo la Dirección Regional de Salud – debemos asumir la responsabilidad de eliminar al enemigo que – repito –tenemos dentro de nuestras casas… allí donde tenemos agua almacenada. En tachos, baldes, botellas, llantas viejas, ollas, platos, vasos, floreros, bebederos de animales, etc. Lo que tenemos que hacer es eliminar todos los recipientes inservibles, y limpiar con escobilla – y tapar – todos recipientes, para que el zancudo no pueda poner sus huevos en el agua, y reproducirse. En eso consiste la lucha contra el zancudo que trasmite el Dengue y el Sika.

Fuente:  silvitablanco.com

Pues veremos cómo nos va esta vez. Nuestra esperanza está en la participación de la ciudadanía en pleno… y particularmente en nuestra población estudiantil. El Gobierno Regional se abocará – básicamente – a motivar a la población a que participe en esta noble campaña. Pero los grandes protagonistas de esta gran cruzada serán los iqueños. TODOS los iqueños.

Entonces, empezó el partido. Ica, Ica, Ica… sin Zancudo, Dengue y Zika. Y que Dios nos bendiga. Lampadia

El escándalo de corrupción del asesor presidencial, cirujano Carlos Moreno Chacón y la declaración de emergencia del sector salud (aunque no oficializada) han dejado a la luz la gran problemática que existe en nuestro país en el sector de la salud pública. En los audios, se oye a Carlos Moreno hablar de un ‘negociazo’ para beneficiarse económicamente de convenios entre el Sistema Integral de Salud (SIS), clínicas privadas con convenios con el Arzobispado de Lima e influencias indebidas en ESSALUD.

Este ‘negociazo’, según los audios, beneficiaría a Aldo Peirano, gerente del citado centro, con lo recaudado en los exámenes médicos, operaciones quirúrgicas y medicinas, debido a la mayor cantidad de pacientes y las tarifas complementarias del hospital Loayza. El ex asesor Carlos Moreno sería socio (en la sombra) de esa entidad.  El ex -asesor de PPK incluyó frases como “El SIS paga muy bien, vas a ganar plata” y “Esto es para hacer una millonada”.

Fuente: archivo.eltoque.com

Este caso de corrupción no es el único y solo es una ventana que muestra una de las tantas deficiencias en el sector. La calidad de los servicios de salud dejan mucho que desear. Como ya hemos informado múltiples veces en Lampadia, la calidad y acceso a la salud constituyen una de las grandes brechas sociales acumuladas desde las nefastas décadas perdidas entre los años 60 y 80. Desde la gran reforma de la economía con la Constitución de 1993, en que se permitió el retorno de la inversión privada, hemos progresado muchísimo, pero no hemos podido ponernos al nivel de nuestro desarrollo potencial.

En el cuadro inferior se puede observar claramente que la demora y el maltrato en la atención hospitalaria son solo algunos de los problemas reportados. Esto es imperdonable y debe ser solucionado lo antes posible.

Lamentablemente el sector público sigue siendo muy resistente a promover la participación del sector privado moderno en los servicios de salud. Esto también se ve en ESSALUD, donde a pesar de haber tenido un tremendo éxito en sus dos hospitales con APPs de ‘bata blanca’, ha descontinuado el proceso y está retrocediendo a esquemas de ‘bata gris’. Ver en Lampadia: Asociaciones Público Privadas: Una solución efectiva ‘HOY’.

El problema es que todo lo que se nomina como concesiones y APPs es tildado peyorativamente como “privatización”. Pero en realidad solo se trata de contratar la inversión, operación, la gestión, del establecimiento, a cambio del cumplimiento de metas preestablecidas y claramente fiscalizables por parte del Estado. En cambio, cuando los servicios se mantienen en manos del Estado, nadie supervisa, no hay estándares ni metas establecidas, no hay rendición de cuentas ni transparencia.

Estas objeciones a que se priorice el servicio a los ciudadanos antes que los resabios es producto de la ‘lluvia ácida’ socialistoide que hemos sufrido por décadas y, que se agravó sustancialmente en el gobierno del nacionalismo, que entendía al sector privado como una suerte de fuerza de ocupación extranjera y sembró funcionarios y procesos resistentes a su participación.  

Las APP son la mejor manera de servir mejor al ciudadano. La acusación de “privatización” esconde el temor a perder las prebendas que una gerencia privada desterraría, o a tener que incorporarse a un régimen de trabajo más disciplinado y exigente. De hecho, por ejemplo, se reducirían las posibilidades de vender servicios por lo bajo o de desviar pacientes hacia la práctica privada. Lo que se ha desarrollado es una forma de privatización de segundo nivel, sin concursos ni transparencia, y con operadores de cuestionable capacidad. Ver en Lampadia: No habrá ‘revolución social’ sin una verdadera reforma de salud.

El mejor ejemplo de lo adecuado que pueden ser las APP en el sector de la salud, que accidentalmente lograron pasar las vallas de la mentalidad estatista, son los hospitales de ‘Bata Blanca’ de ESSALUD: Alberto Leopoldo Barton Thompson y Guillermo Kaelin de la Fuente. (Ambos iniciados en el gobierno de García). Ver en Lampadia: APPs en salud: Poniendo a la población por delante y Las APP han generado servicios de salud de alta calidad. Estos son los mejores hospitales del Estado (y probablemente también, del sector privado) que se hayan construido en toda nuestra historia. Pero, ¿ha aprovechado esta experiencia el gobierno para difundirla como ejemplo de lo que significa una APP para la población? No, en verdad está muy escondida de la opinión pública. Lo que es más, el propio ESSALUD no pretende replicar el éxito en los nuevos hospitales, que está desarrollando en la modalidad de ‘Bata Gris’ (que excluyen los servicios médicos y un servicio integral).

El mayor aporte de los hospitales basados en APPs de ‘bata blanca’ para la calidad de la salud, es que al mismo costo por asegurado de la operación directa de Essalud, se logran estándares inmensamente mejores y verificables. Por ejemplo: solo pueden demorarse cinco días en dar la primera cita a un paciente, diez como máximo para la segunda cita y solo demorar 30 días en realizar una intervención quirúrgica en caso que esta sea necesaria.

Essalud está de retroceso con operaciones directas y concesiones de ‘bata gris’, para dar gusto a sus médicos que pretenden mantener su clamoroso nivel de servicio en todos los espacios posibles, y el Ministerio de Salud no  ha logrado recuperar el control y manejo en la aplicación de las políticas sectoriales en los gobiernos descentralizados, uno de los objetivos del Seguro Integral de Salud (SIS). Por lo tanto, ¿cómo queda el sistema público de Salud?

Fuente: cdne.ojo.pe

El SIS ya está en crisis. Miguel Palacios Celi, decano del Colegio Médico del Perú, afirmó que el número de afiliados aumentó de 12 millones en 2011 a 17 millones a junio del 2016. Sin embargo, en paralelo, el presupuesto otorgado ha venido de caída año tras año. Según el Colegio Médico del Perú, el SIS apenas destina S/. 24 anuales por cada asegurado a los hospitales.

Por otro lado, no podemos dejar de mirar la evolución de los servicios de salud en el mundo y su performance. Lo que nos permite mirar que adémas de nuestros problemas internaos, estamos muy lejos de  estándares racionales. Ver el ránking mundial de eficiencia en el sector salud elaborado por Bloomberg al final del artículo. 

Esperamos que tras este escándalo de corrupción, la reorganización anunciada por el Ministerio de Salud incluya una alianza con el sector privado moderno para lograr una verdadera revolución en el sector salud, que los peruanos  necesitamos a gritos. ¡La salud está antes que los atavismos, la ideología y los prejuicios! Lampadia

Al igual que Petroperú, Sedapal goza de privilegios abusivos e indebidos, como no reportar al Fonafe, el holding que agrupa las empresas del Estado. Pero ojalá fuera solo eso, Sedapal tiene un grupo de trabajadores que pueden dejar en herencias sus puestos. Entre desperdicios de agua y facturación pierden cerca del 40% del agua que producen. No cubren a toda la población; muchos tienen un servicio por horas y otros, los más pobres, se ven precisados a comprar el agua en baldes a un costo 12 veces mayor del que pagan los más pudientes.

Con estos resultados, nadie se imaginaría que, gobierno tras gobierno, se vaya renunciando a implantar un profundo cambio que remedie todos estos desastres.

Hoy comentamos otro caso clamoroso, que solo una empresa muy poderosa puede darse el lujo de manejar sin la menor vergüenza.

Resulta que la empresa estatal ha perdido un caso contencioso con unos supuestos invasores que han tomado control de instalaciones esenciales para mantener un mínimo de servicio. Más allá del caso, esto era previsible y se debió buscar una solución efectiva.

Pero esta empresa poderosa decidió tirar los desagües a la playa y dar dos horas de plazo a las industrias de la zona para que suspendan sus actividades empresariales en forma indefinida. Tal cual. ¿Parece chiste o ciencia ficción?

El gobierno de PPK espera llamarse el ‘gobierno del agua’. Señor presidente, esto no da más. Es el momento de actuar para que el agua llegue a los pobres y cortar la ineficiencia, el abuso y la prepotencia de una empresa que debiera pasar a la lista de malos recuerdos.

Líneas abajo publicamos el reporte de un operador industrial y la carta notarial de Sedapal indicando el corte del servicio. Además, publicamos también el artículo de El Comercio del 5 de octubre pasado que presenta el suceso a la ciudadanía y un video sobre los sucedido hoy en Lurin:

1. Comunicación empresarial

Estimado …

SEDAPAL ha perdido a manos de un invasor conocido de la zona,  la posesión de la PTAR nuevo Lurín y ha declarado emergencia sanitaria y ambiental;  al no poder operar las lagunas empezaron a desaguar en playa Arica lo que les generó un problema con la municipalidad, los vecinos etc., llegó la prensa y televisión, pésimo manejo.

Este Sábado 01 de Octubre  por carta notarial (adjunta)  han exigido al Centro Industrial Las Praderas de Lurín, suspender el envío de sus efluentes en un plazo de 2 horas, o sea amenazan a las empresas en lugar de retirar a los mafiosos de sus instalaciones y retomar el control y la operación de la laguna de oxidación.

No hay donde echar los desagües de 1,200 empleados y de 36 industrias, 18 de las cuales están en el Centro Industrial y  que descargan sus efluentes industriales en esa laguna desde hace 19 años.

Las empresas no pueden dejar de producir, ni las personas dejar de usar los servicios.

SEDAPAL debe restituir la posesión y manejo de la laguna inmediatamente para evitar un desastre ambiental ya que los desagües serán tirados a las pistas de la zona y no pretender evadir su responsabilidad e ineficiencia echándole la culpa a las empresas del posible daño ambiental que esto puede generar.

Deben usar todo el poder que les faculta la ley para desalojar a estos invasores que con autorización judicial, que pareciera amañada, están en posesión de la laguna, al  ser este servicio de necesidad pública deberían procesar a los usurpadores y no amenazar a las empresas, tengo la impresión que puede existir un tema de corrupción judicial y por supuesto ineficiencia total de SEDAPAL.

Gracias adelantadas por tu atención a la presente.

Saludos

‘Locatario industrial’

2. Carta notarial de Sedapal cortando los servicios

3. Artículo de El Comercio

Batalla ecológica en playa Arica: así luce el balneario

Pamela Sandoval Del Águila

El Comercio, 05 de octubre de 2016

Glosado por Lampadia

Milko Cortez despierta cada mañana con el hedor de huevos podridos, heces y restos en descomposición que se infiltra por la ventana de su casa, en la playa Arica de Lurín. Su vivienda es una de las 240 del balneario afectadas desde hace 12 días por la apertura de una línea de rebose de aguas negras, desviadas desde la planta de tratamiento de Nuevo Lurín.

“Además del mal olor, hay vecinos que se quejan de problemas estomacales. Necesitamos una solución cuanto antes, pues si el vertimiento continúa hasta diciembre tendremos a 5,000 veraneantes expuestos a la contaminación”, observó José Arakaki, alcalde de Lurín. 

Como informó El Comercio hace una semana, una disputa entre el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) y la Asociación Agropecuaria Súmac Pacha –donde queda la planta de tratamiento– impide que el primero administre la estructura y que las aguas residuales sean bombeadas desde las lagunas de oxidación hacia la planta de San Bartolo. Ambos aducen ser dueños de los 67.000 m2 de la planta, inscrita en los Registros Públicos a nombre de Sedapal. “El 23 de setiembre nos enteramos de que Súmac Pacha había obtenido una medida cautelar de la Primera Sala Civil de la Corte Superior, que nos impide entrar a la planta”, explicó Antonio Angulo, de Asuntos Legales y Regulación de la empresa pública.

Ante el temor de que las lagunas colapsen, pues los desagües del distrito –60% industriales y 40% domésticos– continúan llegando a la planta de Nuevo Lurín, Sedapal optó por activar la línea de rebose, que vierte 1 m3 por segundo al mar. Es decir, la playa Arica ha recibido más de 15.840 m3 de aguas negras sin tratar, el equivalente a seis piscinas olímpicas.

“A nadie le gusta que se viertan aguas residuales, ¿pero dónde las prefieren? ¿En las calles, corriendo como ríos, porque ha habido una afectación por culpa de terceros?”, agregó Angulo, quien espera tramitar mañana una medida cautelar ante el Poder Judicial para recuperar el control de la planta.

 La medida se ampara en una denuncia por delito ambiental contra Súmac Pacha, que cuenta con un reporte que constata el daño, realizado por el Ministerio Público el 30 de setiembre pasado.

Mientras tanto, aprovechando el reemplazo de 1.5 km de redes de desagüe, Sedapal inició la construcción de un ‘by-pass’ para enviar aguas negras de Nueva Lurín a San Bartolo, sin entrar a playa Arica. La infraestructura estaría lista en tres meses, por lo que la vía judicial subsiste como la salida más rápida al problema.

Augusto Nishimura, de Servicios a la Ciudadanía y Gestión Ambiental de Lurín, informó que la comuna también ha denunciado a Súmac Pacha. El funcionario lamentó que Sedapal no haya contemplado un plan alterno como el ‘by-pass’ con anticipación. “Según nuestras mediciones, hay 200 km de litoral afectado. El daño alcanzaría a las playas San Pedro y Los Pulpos”, dijo.

Voceros de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), a cargo de medir el impacto de la contaminación de este tipo, precisaron que hoy informarán sobre este caso.

—Otras afectaciones—

Diosdado Navarro, dirigente de Súmac Pacha, precisó que, aunque el hedor y el riesgo de desborde también los amenaza, no desistirán de su propósito de recuperar la propiedad del terreno de la planta. “Hace 18 años, Sedapal registró el área pese a que la asociación es dueña. Ellos tienen espacio libre en el km 40 de la Panamericana Sur, pero optan por arrojar el desagüe a la playa porque no les interesa eso, sino la propiedad”, dijo Navarro, quien según funcionarios edilicios y los de Sedapal es sospechoso de tráfico de tierras.

Además de los vecinos, este problema también afecta al Parque Industrial de Lurín, donde 18 de las 36 empresas agremiadas ya han reducido su producción por falta de acceso al desagüe.

4. Video

Compartimos un video sobre el aniego que se causó por el desborde de las lagunas de oxidación en Lurín: 

Lampadia

La candidata del Frente Amplio (FA), Verónika Mendoza (VM), al estilo de los países del ALBA, ha propuesto implantar una nueva constitución a través del Parlamento o la acción popular, del mismo modo que el radical reo candidato Gregorio Santos. Curiosamente, el candidato de Acción Popular, Alfredo Barnechea, juega con la idea de “otro modelo”, sumándose así  a este tipo de propuestas, que invocan el respaldo falaz de encuestas mal hechas, que transmiten la falsa sensación de una población que estaría optando por cambios radicales y no por cambios en la calidad de los servicios del Estado, empezando por seguridad ciudadana y combate efectivo de la corrupción. 

Mendoza lleva de candidato a la primera vicepresidencia al ex cura Marco Arana y en su equipo a gente que representa una visión estatista y expresa una oposición abierta a la inversión privada, especialmente contra la minería. Arana y Santos, en consonancia y competencia, fueron los responsables de las asonadas anti mineras contra el proyecto de Conga en Cajamarca, con lo cual no solo condenaron a esa magnífica región a la mayor pobreza del país, sino que también arrinconaron al gobierno, que desde entonces no ha sido capaz de proteger los proyectos de inversión. Por su lado Barnechea parece por momentos haber regresionado a las ideas que dieron luz al Acción Popular Socialista de fines de los 60,  que terminó traicionando al propio Belaunde, sumándose a los planteamientos con los que se ilusionó en la dictadura militar.

Esta gente no quiere entender que los países que han logrado la prosperidad, lo han hecho promoviendo sectores privados pujantes e innovadores que han multiplicado la inversión de emprendimientos pequeños y grandes sin las trabas burocráticas e ideológicas que han paralizado la inversión en el Perú los últimos años. Nuestro propio país es un testimonio formidable de los impactos positivos de la inversión privada en la economía y las condiciones sociales. Después de superar treinta años de parálisis por el estatismo militar y su cola democrática con Belaunde-2 y García-1, las dimensiones del Perú cambiaron a la fórmula: 90-90-90.

90-90-90, porque aproximadamente el 90% del empleo, la inversión y los ingresos fiscales, los generó el nuevo sector privado que pudo hacer la verdadera gran transformación desde el estancamiento hasta el crecimiento con reducción de la pobreza y la desigualdad. Por lo tanto, quienes pretendan gobernar o medir el país con los instrumentos del siglo pasado, sólo nos llevarán a un estrepitoso fracaso.

Sin embargo, más allá de los verdaderos enfoques políticos de las izquierdas tradicionales, transparentados en el debate presidencial del domingo pasado, pareciera que después del mismo, habrían reparado que desde el punto de vista de la campaña (no de los planes de gobierno), de las acciones tácticas, no sería conveniente seguir hablando de cambiar la Constitución.

Es así que al día siguiente (lunes), un economista del FA, de visión estatista, que cree en el ‘poder’ del Estado para resolver todos los problemas del país, Oscar Dancourt, enfatizó en el programa la Hora N que para hacer los cambios económicos que plantea (salvo en lo relativo a la nacionalización de la ‘molécula’ de gas, un ejemplo de  renacionalización de los recursos naturales), no se necesitaría cambiar la Constitución. El martes, otro conspicuo miembro del FA (de las canteras de Tierra y Libertad de Arana), en el programa De las 5 a las 7,  de RPP, le echó agua fría al pedido de una nueva Constitución, como una evidente corrección táctica, sin cambiar  la esencia de sus ideas.

Lo que es más, la propia candidata del FA, Verónika Mendoza, al día siguiente del debate, cambió el contenido de su discurso, dejó de hablar del cambio de Constitución, y pasó a ofrecer una “revolución productiva y educativa”, con la eficiencia de un cassette recién grabado.

Pero debe  señalarse  que una revolución productiva es imposible de realizarse con un cambio de Constitución. En otras palabras, un cambio de Constitución paralizaría la producción del país por lo menos por dos años. Durante ese tiempo se debatiría y procesaría la nueva carta, y nadie podría invertir con un horizonte de mediano plazo, sin conocer el ambiente normativo futuro.

Un ejemplo reciente y cercano de cómo el anuncio de una nueva Constitución paraliza la inversión, es el caso de Chile, donde Bachelet-2 incorporó el planteamiento a su programa de gobierno. Ver: Una agenda anti inversión, Chile sigue ejerciendo su derecho a ser estúpido y Diálogo de Conversos.

El FA ha caído, pues, en una trampa estratégica. Por un lado habla de revolución productiva (a pesar de descartar el desarrollo de los grandes proyectos) y por otro amenaza con una nueva Constitución que nos paralizaría por lo menos por dos años y que muy probablemente ampliaría de manera considerable el espacio de inversión para el  Estado,  terminando por inhibir para siempre una inversión privada dinámica e innovadora.

Más claro ni el agua: un eventual gobierno del FA desestabilizaría al país, regresaríamos a la falta de inversión, a industrias locales protegidas que nos endilgarían productos caros y de mala calidad, para beneficio de los productores amigos del régimen, la escasez y las colas. Eso sí, habría mucho trabajo en el Estado, en las agencias reguladores, ministerios y nuevas empresas públicas, donde los miembros de las cúpulas de la izquierda tradicional y los profesionales que no pudieron prosperar compitiendo en el sector privado, serían nuestros nuevos ‘señores feudales’.

¿Es esto lo que necesitan nuestros jóvenes? ¿Queremos que nuestros hijos y nietos  tengan que migrar a un EEUU más reacio a la migración, ya no a hacer la América, sino a ser ciudadanos de segunda clase? Lampadia