Simplificar el Estudio de Impacto Ambiental y proponer paralelamente el Estudio de Desarrollo Integral para el adelanto social

Jaime de Althaus
Para Lampadia

 

La creación de una institucionalidad que facilite la comunicación y el desarrollo compartido entre empresa minera, Estado, comunidad y sociedad civil a fin de hacer posible la inversión minera con beneficio para todos, está aún por crearse. Forma parte de ella el planteamiento del “adelanto social”, que se aplicó en cierta medida en Las Bambas pero que no ha sido sistematizado ni se ha hecho el esfuerzo de aprender de las experiencias existentes. La SNMPE (Sociedad Nacional de Minería y Energía)  tampoco ha procesado, que sepamos, las experiencias mineras exitosas de comunicación, relacionamiento y desarrollo rural y ambiental que hemos tenido en el país, como la de la mina Corani de Bear Creek en Puno por ejemplo, la de Antamina en algunos aspectos, la de Goldfields, o las de Barrick, Milpo y Minsur con Sierra Productiva, entre muchas otras. Menos aun ha hecho un recuento sistemático de lo que no funciona, de lo que resulta contraproducente, de lo que no hay que hacer. 

Representantes del Poder Ejecutivo en una mesa de diálogo con dirigentes de Cotabambas
Fuente: El Comercio

 

Uno de los elementos de esta institucionalidad que hay que mejorar, son los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Para comenzar, son enciclopédicos y están escritos en un lenguaje inaccesible para las poblaciones. No sirven como un instrumento de comunicación y de socialización de las tecnologías que usará el proyecto y de los posibles impactos positivos y negativos de la operación minera.

El siguiente cuadro muestra claramente las dimensiones del delirio. El EIA de Cerro Verde, por ejemplo, tuvo ¡36,617 páginas! Había que transportarlo en camión. El más pequeño, del proyecto Tambomayo de Buenaventura, tuvo 15,414 páginas. Los resúmenes ejecutivos no bajan de ¡300 páginas! Es evidente que documentos tan voluminosos no los leen ni los especialistas, de modo que pierden incluso su utilidad preventiva. Y ni qué decir de los alcaldes y las poblaciones que asisten a los talleres y a la audiencia final, que obviamente no pueden digerir tamaña información. Y por lo general no se hace el esfuerzo de poner esos tomos en presentaciones sencillas y comprensibles. Lo que debería ser un instrumento para no solo para prevenir impactos sino también explicar y compartir la naturaleza del proyecto y sus efectos, no funciona como tal. Se instala, entonces, el reino del oscurantismo en el que los miedos y las medias verdades, manipulados por agentes interesados, terminan copando la escena. 

La excesiva extensión de los EIAs se origina no sólo en una normatividad (por lo general absurda y detallista), sino en los temores de los funcionarios a la Contraloría, que sienten que tienen que pedir más y más información y hacer observaciones tras observaciones para que no se les acuse de nada. La buena noticia es que, según Patrick Wieland, jefe del SENACE, esta entidad está contratando una consultoría para modificar el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para introducir términos de referencia y requisitos más simples y sencillos, y que el resumen ejecutivo no pase de 25 páginas, como es en Chile. También para que el SENACE pueda “ponderar” o filtrar mejor los pedidos que formulan otras entidades a las que debe pedírseles opinión, que son innumerables: la ANA, DIGESA, SERFOR, Produce, DICAPI, y muchas otras. 

Pero no basta con simplificar los EIA de modo de convertir los talleres con las comunidades en ocasiones fructíferas desde el punto de vista de la comunicación y discusión de las características del proyecto. En realidad, esta tarea debería ser anticipada por la mina en grupos pequeños a los que se les explique bien en qué va a consistir el proyecto, qué tecnologías va a usar, si estas contaminan o no, de dónde y cómo va a tomar el agua, etc. La única manera de despejar los temores es viendo con claridad cómo va a operar la mina. Y eso requiere de un trabajo paciente de explicación muy didáctica a toda la comunidad pero en grupos pequeños.  Es lo que se hizo, por ejemplo, en la mina Corani en Puno.

Por último, tampoco basta con esta difusión. Raúl Delgado Sayán de CESEL ha propuesto que antes o junto con el EIA, el Estado, quizá el CEPLAN, prepare y consulte un Estudio de Desarrollo Integral, con la propuesta de desarrollo rural integral del área que pueda ser ejecutada por una APP productiva y con un fideicomiso financiado con el adelanto del canon, el famoso adelanto social. Todo proyecto minero tiene que formar parte de un plan de desarrollo integral de la región en la que opera, de modo que los campesinos y los agentes económicos auto generen ingresos con sus propias actividades productivas y comerciales, abasteciendo incluso a la mina pero sobre todo al mercado. Es la única forma de establecer relaciones sanas y no parasitarias entre comunidad, sociedad civil y mina. Así debería ser.  Lampadia

 

El bienaventurado Ministro de Educación y la Comisión de Educación del Congreso participaron en sorpresivo plan para cambiar el Sistema de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), aprobando (en la comisión congresal) una norma apoyada por el Ejecutivo, sin debate alguno y pidiéndole al pleno que la apruebe en 48 horas.

Desde que un militar tomó a su cargo el tema de la educación en el Congreso, el Perú no de(mora) en mirar hacia atrás, a aquella época en que la dictadura militar imponía sus ideas con la pistola encima de las mesas de diálogo.

Mientras el mundo se transforma con una revolución tecnológica sin precedentes, que abarca de manera especial a la educación, donde los expertos globales declaran que no “sabemos que tipo de profesionales debemos formar para el [incierto] futuro”, mientras el concenso global se inclina por abrir espacio a la innovación y la libertad, multiplicando los caminos de la formación escolar y universitaria; en el Perú, nuestras autoridades se portan más como jefes de cuarteles y pretenden regimentar la educación a su gusto pretendiendo uniformizar los procesos y haciendo cambios entre gallos y media noche.

Uno de los temas que merece mayor debate, participación y reflexión en el mundo de hoy es la educación. Tanto por su importancia para el conjunto de la sociedad como por las incertidumbres del futuro. Pero, parece que en ‘Perulandia’ los gobernantes creen que no necesitan opiniones de nadie, ni debates ni ideas claras para legislar sobre educación.

Como ilustración de este despropósito adjuntamos el comunicado de FIPES (Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior).

 

La semana pasada fue aprobado el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero, mediante Decreto Supremo No. 040-2014-EM. Esto tendría como objetivo establecer mejores condiciones para fomentar las inversiones privadas de manera sostenible y garantizaría la protección y conservación del medio ambiente. Sin embargo, las medidas conseguirían todo lo contrario a lo que se proponen. Como ha señalado la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo “en lugar de simplificar los trámites y contribuir a las inversiones (manteniendo el nivel de exigencia de las normas ambientales), lo que hacen es generar más problemas al administrado”. 

Este reglamento ambiental para la actividad minera actualizaría el marco legal del sector después de 20 años. Establece varios cambios en el proceso de certificación ambiental, como la introducción de nuevos criterios e instrumentos ambientales y sociales, y agrega una serie de informes anuales con objetivos de informar y mantener la transparencia.

Al analizar a detenimiento y evaluar su desempeño, se comprueba que habrá un aumento de certificaciones que generará  más trabas burocráticas y desincentivará la inversión minera, yendo en contra de los objetivos del reglamento.

Por ejemplo,  para que el Senace apruebe un Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d), se tendría que incluir opiniones técnicas vinculantes de varias instituciones públicas y, de no conseguir dichas opiniones en el plazo de 50 días, se archivaría todo el expediente de solicitud de aprobación. La viabilidad de un proyecto dependería quedaría en juego. Como afirma la SNMP: “Es decir, el administrado sería castigado con la conclusión de su procedimiento porque una institución/funcionario no cumplió con su función de evaluación en el tiempo estipulado”.

Asimismo, también se establece la obligación de presentar un Sistema Integrado de Certificación en el marco de la ventanilla única de certificación ambiental, en el cual se puede optar por entregar un expediente de EIA-d que incluya solicitudes de permisos obligatorios que requieren la emisión de informes técnicos favorables por parte de las entidades a cargo de emitirlos. Sin embargo, si el Senace no obtiene dichos informes de las instituciones públicas involucradas, en el plazo dado, excluye el permiso y tocará al administrado presentar, ahora en forma independiente, aquellas solicitudes que inicialmente integró.

Cabe recordar que el principal obstáculo es la desaceleración de la inversión privada causada por el deterioro de la confianza, las expectativas y el clima de inversión. Para esto se debe facilitar el impulso de grandes proyectos, atrayendo a los inversionistas para desarrollar su potencial. Actualmente ya se tiene una gran cantidad de trámites en el sector: Enexploración (6), explotación (84), ambiente (47), agua (10), tributos (9) y cierre de minas (13), llegando a un total de 180 normas que hoy regulan la minería en 130 instancias distintas. Ver en Lampadia (L): Destrabemos la construcción de nuestro futuro.

Se tienen que eliminar o acortar el número de normas y permisos que enfrenta la actividad minera y los proyectos de infraestructuras, no aumentarlo.  En las palabras del gran reformador Neranda Modi, Primer Ministro de la India, lo que se necesita es: “No red tape, only red carpet for investors”. (Ver en L: La visión de país y reformas que el Perú necesita).

Las principales disposiciones de este nuevo reglamento serían:

1. Cambios en el proceso de certificación ambiental

Se establece la obligación de informar el inicio de elaboración de un estudio ambiental. De esta manera, el MINEM supervisará que dicho proceso siga las normas de Línea Base Ambiental, Evaluación de Impactos, Estrategia de Manejo y Participación Ciudadana.

Además, se uniformaría el contenido de los estándares ambientales mediante los Términos de Referencia Comunes y se obligaría a presentar en versión digital y en internet los resultados del estudio. La versión digital tendría como objetivo agilizar los trámites y evitar trabas.

2. Divide en dos categorías los estudios ambientales

Las actividades de labor general, transporte o almacenamiento de minerales y/o concentrados, serán consideradas como categoría II (Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado). Por otro lado, los proyectos que involucren actividades de explotación y/o beneficio minero serán considerados como categoría III (Estudio de Impacto Ambiental Detallado).

Este último incluiría los ya mencionados informes y opiniones de distintas instituciones y su rapidez y viabilidad dependería de las instituciones públicas involucradas. Si no se son entregadas en el plazo de 50 días, se declararía archivado todo el estudio, anulándolo.

3. Proyectos que requieren la previa aprobación de Términos de Referencia Específicos

Se plantea estandarizar los proyectos de explotación, beneficio, labor general, transporte y/o almacenamiento de mineras, con el objetivo de optimizar la elaboración y evaluación de los instrumentos ambientales. Sin embargo, existirían excepciones que requerirían de una serie de estudios de evaluación y previa aprobación de Términos de Referencia Específicos, anulando la eficiencia del sistema y creando más trabas. Esto sucedería:

i. Cuando se localicen en ecosistemas frágiles o áreas vulnerables declaradas por autoridad competente.

ii. Impliquen el drenado o trasvase de lagunas.

iii. Impliquen la explotación de minerales radioactivos.

iv. Impliquen el reasentamiento, desplazamiento o reubicación involuntaria de una población.

v. Impliquen procesos de fundición y/o sinterización que emitan dióxido de azufre.

vi. A requerimiento del titular del proyecto o la Autoridad Ambiental Competente, antes de la presentación del estudio.

4. Elaboración de los Estudios Ambientales

Deberán incluir todas las actividades que puedan causar impactos ambientales negativos significativos. Además, deben considerar la recopilación de información durante un tiempo determinado, que permita la adecuada y representativa caracterización de los efectos de las distintas variaciones estacionales.

5. Presentación del informe de cumplimiento de la Estrategia de Manejo Ambiental

Se crea la obligación de presentar de manera anual un informe de cumplimiento de la Estrategia de Manejo Ambiental junto con la presentación de la Declaración Anual Consolidada (DAC). Esto implicaría un informe más a la ya creciente cantidad de documentos presentados a lo largo del proceso y de la supervisión constante del MINEM.

6. Presentación del reporte público de sostenibilidad ambiental

Además, se deberá presentar anualmente un reporte de sostenibilidad ambiental, que contenga información del desempeño social y ambiental de su actividad en el ejercicio anterior, el cual deberá ser presentado al MINEM y al OEFA. Esto sería un informe casi repetitivo e innecesario al que se deberá someterse.

7. Monitoreo

Se dispone que los registros de monitoreo deben conservarse por un período de cinco años, los cuales deben ser remitidos al OEFA y estar a disposición de las autoridades en caso lo soliciten.

8. Vencimiento de Gestión

Se establece una vigencia de la certificación ambiental de 3 años, ampliable a 2 años adicionales de proyectos mineros que no inicien actividades. Vencido estos plazos debería presentarse otro estudio a evaluación, porque se considera que habrían cambiado las condiciones ambientales del proyecto original aprobado. En un sistema con tantas variables y trámites, con plazos difíciles de cumplir y posibilidad de tener que empezar nuevamente cualquiera de los antes mencionados estudios, esto generaría más incertidumbre en la viabilidad de los proyectos.

 

Es importante destacar que la minería representa alrededor de dos tercios de las exportaciones del Perú, teniendo proyectos de inversión que llegarían a más de US$ 68 mil millones. Por lo tanto es fundamental que no sean trabados aún más y, sobretodo, que se tomen medidas para incentivar su desarrollo y así se viabilicen los proyectos productivos y de infraestructuras, públicos y privados, para poder reactivar rápidamente la economía del país. (Ver en L: 7 equipos que aseguren el desarrollo de 7 proyectos).

Este nuevo reglamento crea muchas barreras y no permitirá que nuevas inversiones lleguen al país y que estás puedan, en los plazos establecidos, empezar operar. La contracción del PBI se debe primordialmente a la fuerte ralentización de la inversión minera, que representa casi el 25% del total de la inversión privada. Este reglamento es un paso atrás en la tarea de atraer nuevas inversiones mineras y prender los motores del crecimiento.  Lampadia