Gobernanza
Arte o manera de gobernar que se propone como
objetivo el logro de un desarrollo económico,
social e institucional duradero, promoviendo un
sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil
y el mercado de la economía.
Real Academia Española

El gobierno parece no entender que su rol es amplio e integral. Como especifica la RAE, la buena gobernanza no puede desentenderse de ninguno de sus componentes, desarrollo duradero en lo económico, social e institucional. Lamentablemente el gobierno de Martín Vizcarra está a la caza de cualquier oportunidad para confrontar con el Congreso y esperar un rebote de su mermada popularidad.

Inclusive en lo institucional político, exacerba las contradicciones más allá de lo realista. En el caso de la última pechada al Congreso, si bien fue torpe archivar sumariamente la reforma de la inmunidad, el gobierno se quedó en la envoltura, pues ya se había anunciado que el tema se ajustaría vía el reglamento del Congreso. Por lo tanto, no había ninguna necesidad de forzar la mano.

Vizcarra malogró así lo avanzado en la reciente reunión de coordinación con los voceros de los partidos políticos.

En lo social, el gobierno se muestra incapaz de emprender una efectiva y urgente gesta para movilizar al país en pro de reducir la anemia infantil.

En la económico es evidente que el manejo de los conflictos sociales es muy pobre, tanto en los temas petroleros como en el caso de Las Bambas, que después de cien días aun no se resuelve definitivamente.

Lo mismo va por el caso de Tía María, un proyecto que evidentemente no trae consigo problemas ambientales, y que en lo social ha tenido avances sustanciales. Acá solo resta explicarle al país el balance del proyecto y devaluar los falaces argumentos de los minoritarios grupos anti-mineros.

Volviendo al tema político institucional, el mayor problema del país, según la opinión ciudadana e indicadores palpables, es el tema de seguridad ciudadana. El gobierno se tapa los oídos y el ministro del Interior no pierde ocasión de entrar a los juegos políticos. El colmo.

Además, ahora nos encontramos en una campaña pro cierre del Congreso, promovida por la encuestadora del IEP, ahora secundada por varios medios de comunicación.

Llegar al cierre del Congreso forzando una cuestión de confianza sería una gravísima irresponsabilidad, pero hasta el Primer Ministro mantiene el tema en el horno.

“La Magdalena no está para tafetanes”, o no está el ánimo para vanidades o adornos. La situación del país es difícil. No se puede seguir jugando la suerte del país en los extramuros. Es hora de asumir los retos que manda la buena gobernanza. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La promesa contenida en la reforma del sistema judicial que se echó a andar con la disolución del CNM y la aprobación masiva en el referéndum a la creación de la Junta Nacional de Justicia, es la implantación en el Perú del imperio de la ley, es decir, la creación, por fin, de un Estado de Derecho en nuestro país. Pero eso no pasa solo por la reforma del sistema judicial, sino por un conjunto de otras acciones y reformas. Entre ellas, por supuesto, está la política de seguridad, que lleve a una reducción sustancial del delito. Es decir, la extirpación de buena parte del crimen organizado que asola partes importantes del territorio y las instituciones, y una mejora apreciable en los índices de seguridad ciudadana.

La pregunta es si vamos en la dirección correcta en este tema crucial. En este informe examinaremos específicamente si los mega-operativos que se anuncia con frecuencia con capturas espectaculares, están produciendo resultados en términos de reducción del crimen organizado o no.

Pues algo que no tiene precedentes en nuestro país es que llevemos ya algo más de dos años realizando mega-operativos policiales a un ritmo de aproximadamente uno por semana, con algunas interrupciones como la que se produjo en abril y mayo del 2018, a raíz de la crisis política que derivó en la renuncia del presidente Kuczynski.

Reducción en el número de extorsiones

Estos mega-operativos han desarticulado y encarcelado parcialmente a sendas organizaciones criminales dedicadas a la usurpación de tierras, a la extorsión y a la corrupción municipal y estatal. Pero no sabemos en qué medida esto ha tenido un impacto en la reducción de esos crímenes, salvo en el caso de las extorsiones. La información del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público confirma que se estaría logrando resultados en lo relativo a este delito. Como podemos ver en el siguiente gráfico, su número viene disminuyendo desde el 2016.

Fuente: Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público. Elaboración propia

En la medida que este delito se concentra en la costa norte y centro y que los mega-operativos también priorizaron en alguna medida esas zonas, sería posible atribuir esta disminución a dichas operaciones. Pero lo que no tenemos es un índice de usurpaciones de terrenos y no podemos saber si estas están disminuyendo o no. El citado Observatorio de Criminalidad debería construirlo, a partir de las denuncias existentes. Más difícil aun sería medir los niveles de corrupción en los gobiernos sub-nacionales.

Tasa de homicidios sube

Una medida relativa del éxito de los mega-operativos debería ser una caída en la tasa de homicidios, porque según una publicación del Ministerio de Justicia,[1] el 45.9% de los homicidios está vinculado a delincuencia común u organizada (robo/ atraco, narcotráfico, secuestro, etc.) y a sicariato, aunque no queda claro qué porcentaje es delincuencia común y qué porcentaje es crimen organizado.

Como fuere, lo que vemos en el siguiente gráfico es que, pese a los mega-operativos, la tasa de homicidios tiende a agravarse: ha pasado del 5.4 por cada 100,000 habitantes el 2011 al 7.8 el 2017. Cierto es que esa tasa es la tercera parte de la tasa promedio de América Latina, que está en 21.5 según el Igarapé Institute, pero lo que preocupa es que esté en ascenso pese a los mega-operativos.

Fuente: “Homicidios, contándolos uno a uno”, INEI, 2018

Detenidos que son liberados

Debe estudiarse qué es lo que explica este incremento. Una hipótesis es que precisamente los mega-operativos al final no dan todos los resultados esperados porque una proporción de los detenidos es liberada y algunos de los que se quedan siguen manejando el crimen desde las cárceles. De acuerdo a fuentes vinculadas al INPE, de cada 100 detenidos por la PNP-Fiscalía en  los mega-operativos realizados a partir de setiembre del 2016, solo 53 fueron  a un penal con prisión preventiva, y de esos 53, dos años después, sólo 40 siguen detenidos y habría pocos condenados (aunque el Coordinador Nacional de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, doctor Jorge Chávez Cotrina, informó hace poco que se había conseguido 123 condenas en un total de 154 procesos judiciales, que todavía es poco considerando que solo el 2018 hubo 890 detenidos en estas operaciones).

¿Por qué solo el 40% sigue detenido? Según Rubén Vargas, ex viceministro de Seguridad Interior, ello ocurre principalmente por falta de capacidad de la Fiscalía de Crimen Organizado, debido a falta de presupuesto para que el equipo de fiscales contra el crimen organizado crezca. El resultado es que no avanzan los procesos, se vencen los plazos sin acusaciones formales, y los jueces terminan liberando a los detenidos. También podría haber desidia en algunos casos. El doctor Jorge Chávez Cotrina nos dice que “faltan fiscales y jueces, pues por la falta de estos las audiencias no se programan dentro del plazo”.

De acuerdo a conocedores, sin embargo, en cierto número de casos no habría falta de jueces sino incumplimiento de las horas de trabajo: jueces que trabajan por la mañana, pero se retiran a la 1 de la tarde y no regresan. El horario de trabajo de los jueces debe ser transparente para la opinión pública.

En opinión de Nataly Ponce, ex viceministra de Seguridad, “El Poder Judicial ha realizado varias liberaciones y en un corto plazo tras los mega-operativos. O los “megas” fueron insuficientes en lo sustantivo, o el sistema de justicia se laxa posteriormente a la prisión preventiva de los implicados. De otro lado, los penales tampoco garantizan la desestructuración efectiva de las redes criminales”.

Según fuentes vinculadas al ministerio de Interior, ocurre asimismo que en los mega-operativos se detiene a los cabecillas e integrantes, pero también a personas que simplemente fueron captadas en las escuchas telefónicas conversando en alguna ocasión con dichos cabecillas sin que pueda demostrarse una vinculación criminal.

También habría una cuota de corrupción a nivel de los jueces. Ricardo Valdez, ex viceministro de Orden Interno de la gestión del ex ministro Carlos Basombrío, nos refirió que “en un par de oportunidades después del mega-operativo, Rubén Vargas (ex viceministro de Seguridad Pública) se quejaba amargamente de que Poder Judicial no daba las detenciones preventivas, o de la corrupción en juzgados que terminaba liberando a algunos de los capturados”.

¿Mega-operativos falsos?

Otra explicación posible, sin embargo, es la que brinda el ex viceministro Dardo López Dolz, que en realidad es una verdadera denuncia que habría que verificar. Según él, en cierto número de casos lo que ocurre es que los fiscales no denuncian o la juez suelta a los detenidos porque se trata de mega-operativos artificiales: “capturaban raterillos, paqueteros y uno que otro drogo y los presentaban como banda”. Según él, muchas de las organizaciones criminales capturadas no son tales o son “engordadas”.

Pero según Rubén Vargas, eso es lo que se hacía hasta julio del 2016. “De julio para adelante, inclusive hasta ahora mismo, no hay una sola operación falsa. Deme un solo caso y le explicaré de qué se trata. Ahora, hay un sector pequeño y corrupto de la PNP que siempre pretendió deslegitimar los mega-operativos debido a que ya van más de 80 policías corruptos detenidos como parte de crimen organizado. Fueron detenidos dos generales en actividad y tendrían que correr la misma suerte por lo menos otros tres más”.

Al respecto, el ex viceministro Ricardo Valdez, aclara lo siguiente: “El escuadrón de la muerte tenía esa forma de actuar. En los “Megas” de nuestra gestión, los verdaderos mega-operativos se trabajaban a lo largo de meses con participación de fiscales durante la investigación. No se hacían mega-operativos ‘truchas’. Ahora, no doy fe de lo que ocurrió este 2018.  He visto “megas” que han sido un mamarracho, como el que encarceló al general Becerra, por ejemplo. Otrosí: la PNP también toma el nombre de mega-operativos para algunas intervenciones que no realiza con la DIVIAC (División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad)”.

El Dr. Jorge Chávez Cotrina informó a la prensa el 28 de diciembre que el 2018 “el Ministerio Público logró la desarticulación de 54 organizaciones criminales, en igual número de mega-operativos”. Agregó que el número de detenidos superó al alcanzado el año pasado, acumulando un total de 890 personas vinculadas a organizaciones criminales, de las cuales 579 fueron recluidas bajo prisión preventiva a pedido del Ministerio Público.

Entre las organizaciones criminales desarticuladas durante este año, el fiscal superior Chávez Cotrina destacó las conocidas como ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, ‘Los Capos de la Construcción’, ‘La Jauría del Norte’, ‘El Nuevo Dragón Rojo’, ‘Los Cuervos de Paramonga’, ‘Los Nuevos Malditos del Triunfo’, ‘Los Desalmados del Tráfico Humano’, ‘Los Impunes del Norte’, ‘El Gran Chaparral’, ‘Los Gatilleros del Sur’, ‘Los Malditos de Santa Rosa’; entre muchos otros.

Se hace difícil pensar que estas organizaciones criminales hayan sido inventadas. Sería muy grave que se esté haciendo pasar por mega-operativos algunos que no lo son, acaso para obtener puntaje en los ascensos. Debe investigarse. Pero allí donde se moviliza a decenas de fiscales y centenares de policías, resultaría inaudito o poco creíble que se lo haga para capturar solo paqueteros o drogadictos. Por lo demás, es muy frecuente –como señala Vargas- que en los mega-operativos se capture a policías, y también a alcaldes.

En todo caso, cabría preguntar a la Oficina de Integridad del Ministerio de Interior y a la Inspectoría de la PNP si están supervisando esos operativos para asegurar su realidad. Según Valdez, esas oficinas usualmente actúan ex post, no de manera concurrente.

Mayor uso de armas de fuego

De otro lado, los mega-operativos y las políticas de la Sucamec tampoco han servido para contener otro indicador que viene subiendo: el porcentaje de hechos delictivos que se comete con armas de fuego. Como vemos en el siguiente cuadro, este se incrementó entre el 2015 y el 2016, aunque luego casi se ha estabilizado. Pero definitivamente no baja:

Fuente: Informes Técnicos, Estadísticas se Seguridad Ciudadana, INEI   (elaboración propia)

¿Qué explica esto? Rubén Vargas nos refiere que “En la gestión del Ministerio del Interior entre agosto 2016 y marzo 2018 se trabajó en un “Plan Integral contra la tenencia ilegal de armas”, que sería importante mejorar y potenciar. Este tuvo como estrategias: a) Regularización de licencias, b) Ejecución de mega-operativos contra el tráfico de armas, c) Labores continuas de fiscalización a cargo de la Sucamec, d) Programa de recompensas, e) Operativos sorpresa a nivel nacional y f) Campañas disuasivas.

Aparentemente, sin embargo, ese plan quizá logró estabilizar, pero no bajar ese indicador. Según el ex viceministro Ricardo Valdez, “de un lado, los operativos destinados a sacar armas de fuego del mercado ilegal no se han repetido en el 2018. De otro lado, no recuerdo operativos con resultados contundentes hacia las economías ilegales que trafican o contrabandean armas en Puno, Madre de Dios y Loreto principalmente. También se frenó en el 2018 el proceso de regularización de armas de fuego por parte de SUCAMEC. Sin dejar de mencionar el mercado de alquiler de armas de fuego en donde participan las FFAA y la PNP, aparte del sistema de alquiler dentro de la propia criminalidad”.

Dardo López Dolz, por su parte, incide en esto último: “no tengo la estadística oficial actual, pero los relatos de las víctimas y los reportajes muestran, en la mayoría de los casos, armas que coinciden con las armas de reglamento militar y policial, en algunos casos, armas de uso exclusivo de las fuerzas del orden, lo que apunta a un evidente mercado negro de venta o alquiler de armas del Estado”. Y añade algo preocupante:
“Adicionalmente, infiltrada en la migración venezolana, han ingresado -con armas y granadas- bandas de delincuentes conocidos por su salvajismo.
Muchos fueron -emulando la maniobra del puerto de Mariel- liberados y equipados por Maduro”.

Es evidente que, si en este mercado las armas de la policía y de las fuerzas armadas se alquilan o se venden, debe hacerse operativos para identificar a los responsables y castigarlos severamente. Eso es muy grave. No se puede aceptar. Y más allá de esto, como reconoce el propio Vargas, resulta importante estudiar el fenómeno para identificar la procedencia de las armas usadas para el crimen, así como comprender el circuito y dinámicas del mercado ilegal de armas en el país, algo que no se ha hecho.

¿Los penales son porosos?

A los problemas de capacidad de las fiscalías para acusar, eventual corrupción de jueces y detención de personas que no tendrían vinculación criminal sino circunstancial con la organización criminal, debe añadirse la porosidad en algunos penales: una cierta proporción de quienes quedan en prisión preventiva podrían comunicarse con el exterior disponiendo acciones criminales desde la cárcel. En esos casos de nada sirve capturar a los criminales si pueden seguir operando desde los penales.

¿Esto es así? Para que no lo sea, el bloqueo de celulares debería estar funcionando en los penales en los que se recluye a estos criminales, que son principalmente Challapalca, Ancón 1, Cochamarca y Miguel Castro Castro. De ellos, ni Challapalca ni Cochamarca, que es donde se envía a los más peligrosos, poseen bloqueadores de celulares, aunque Challapalca no los necesita porque la señal no llega hasta allí.

De acuerdo a fuentes del INPE, hay 12 penales bloqueados. Ya deberían estarlo los 33 existentes, pero la empresa que tiene la concesión, Prisiontec, viene incumpliendo sus compromisos. Entre esos 12 están Castro Castro, Lurigancho y Ancón 1. El de Cochamarca recién quedaría bloqueado a mediados del 2019.

El bloqueo, de otro lado, no alcanza al 100% de las señales, pero si al 90 – 95%. En algunos casos menos. Y esto para las señales de Movistar, Claro y Entel, pero no para las de nuevos operadores que ingresen al mercado, porque cada operador se mueve en un rango determinado.

Caen alcaldes y policías, pero no fiscales ni jueces

Ahora bien, una noticia interesante es que en la mayor parte de mega-operativos son detenidos dos o tres o cuatro policías que forman parte de la organización criminal lo que, de paso, ayuda a depurar la policía. Pero quienes no caen son fiscales y jueces, porque el artículo 454 del nuevo Código Procesal los blinda al obligar a denunciarlos primero ante el órgano de control interno inmediatamente superior, donde la denuncia suele diluirse. Esa es, entonces, otra falla que debe resolverse, pues le quita efectividad a los mega-operativos y corona la impunidad.

De otro lado, vemos con frecuencia cómo caen alcaldes y gobernadores regionales, por lo general envueltos en tráfico de tierras o en actos de corrupción. Las organizaciones de usurpadores de terrenos están siempre conectadas con policías, fiscales, jueces y alcaldes.

Esto habla de fallas estructurales en el proceso de descentralización y en el sistema de propiedad. Es probable que haya corrupción en la Sunarp, la SBN y Cofopri. El alcalde y el gobernado regional de Tacna fueron detenidos luego de haber vendido todos los terrenos del Estado que rodean a la ciudad de Tacna, asfixiándola y sin prever espacio para parques, hospitales o colegios. Y los usurpadores de tierras, por ejemplo, están siempre coludidos con alcaldes, policías, fiscales y jueces.

Conclusión

Los mega-operativos han logrado disminuir el número de extorsiones, pero no sabemos si han disminuido las usurpaciones de terrenos, porque ese indicador no se mide. Sin embargo, la tasa de homicidios viene subiendo en lugar de disminuir. Esto podría indicar que los mega-operativos no están teniendo todo el impacto que podrían. Una explicación podría estar en que el 60% de los detenidos en estas operaciones termina saliendo de la cárcel, sea por falta de capacidad de las fiscalías para seguir los casos y acusar, sea por falta de jueces o porque algunos magistrados trabajan pocas horas o son corruptos, o porque algunos casos no tienen fundamentación suficiente. Con frecuencia caen policías, pero no fiscales ni jueces porque estos gozan de un blindaje legal. Las cárceles, de otro lado, no garantizan totalmente que algunos cabecillas no sigan dirigiendo acciones criminales desde la reclusión.

Recomendaciones:

Hacen falta, entonces, varias cosas:

• Aumentar el número de fiscales y jueces si es necesario (previo estudio) o realizar una reingeniería para que los fiscales y jueces optimicen sus horarios de trabajo.
• Controlar el horario de trabajo de los jueces y fiscales y transparentarlo.
• Llevar y publicitar el registro de los detenidos que son liberados, y las razones de ello.
• No detener a personas simplemente por haber conversado alguna vez con los cabecillas.
• Tomar las decisiones necesarias para que la empresa concesionaria a bloquee efectivamente los celulares en los penales, para que los cabecillas no puedan seguir operando desde allí.
• Demandar la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior un control riguroso de los mega-operativos.
• Modificar el artículo 454 del nuevo código procesal penal para eliminar el blindaje a fiscales y jueces.
• Identificar a los policías y miembros de las fuerzas armadas dedicados al tráfico de armas, y castigarlos severamente. Estudiar bien el fenómeno y desarrollar una política adecuada de control de armas.
• Mejorar las estadísticas. Por ejemplo, medir el número de denuncias de usurpación de terrenos y su evolución.
• Reformar el sistema de propiedad (SBN, Sunarp, Cofopri, catastros), porque la propiedad o no está titulada, o hay superposición de títulos o se ha vuelto muy insegura por la corrupción existente.
• Reformar la descentralización. Los alcaldes no deben tener la atribución de vender bienes del Estado.

Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Lima, 30 de noviembre de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

La burocracia estatal está atiborrada de “servidores públicos” indolentes e ineptos. El entrecomillado es adrede porque muchos “servidores” – ni remotamente – son serviciales de cara a la ciudadanía. Ciertamente hay burócratas honestos y eficientes… pero ellos no son el problema. El problema son los burócratas que todo lo traban. Aquellos que maltratan a la ciudadanía a más no poder. Aquellos corruptos que le brindan pleitesía al dios soborno. Aquellos que – en vez de servir a la ciudadanía – más se sirven a sí mismos.

Por ellos – por los malos burócratas – los servicios públicos como salud, educación, seguridad ciudadana, justicia, etc. están muy venidos a menos. Por ellos, las inversiones – públicas y privadas – avanzan a paso de tortuga. Y para colmo de males… por ese cardumen burocrático, las cuentas fiscales están en déficit. Muchos peruanos no están conscientes de que gran parte del presupuesto público se destina al pago de remuneraciones de esa burocracia parasitaria… que crece día a día. Y que – como consecuencia de ello – queda muy poco presupuesto para mejorar los servicios públicos que merecemos los peruanos.

El problema se ha agravado por la proliferación de instituciones públicas. Básicamente… ministerios y municipios distritales.

• Tenemos 19 ministerios y
• 1,874 municipios distritales en el país.

Pero eso no es todo:

• Hay en proceso de creación ¡120 nuevos distritos a nivel nacional!

¿Qué sentido tiene que tengamos – por un lado – un Ministerio de la Producción, y – al mismo tiempo – un Ministerio de Energía y Minas, un Ministerio de Agricultura y Riego, ¿y un Ministerio de Comercio Exterior y Turismo? ¿Acaso no todo es “Producción”? En vez de cuatro, podríamos tener un solo ministerio que agrupe a todos.

¿Para qué tenemos Ministerio de la Mujer? ¿Y qué decir del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social? Un solo ministerio debería cubrir – con mayor eficiencia – todos los programas sociales. La verdad que tenemos ministerios por las puras. Y como se sabe, a más ministerios… más burocracia. Y a más burocracia… más corrupción. Así es la nuez.

Algo parecido pasa con los distritos. Colombia tiene 50 millones de habitantes y 1,000 distritos en todo el país. Nosotros somos 33 millones de peruanos, pero tenemos más distritos que Colombia. ¡Casi el doble!

Bogotá – y Lima – tienen alrededor de 10 millones de habitantes… cada una. Son ciudades enormes. Sin embargo, Bogotá tiene un Alcalde y un Consejo Municipal para todo el territorio metropolitano. Mientras que Lima cuenta con un Alcalde Provincial Metropolitano y su Consejo Municipal… más 43 Alcaldes Distritales con sus respectivos Concejos Distritales. ¡Y lo mismo se repite en TODAS las provincias del interior del país! O sea… burocracias por las puras.

¿Se imaginan cuánto dinero habría para pagar mejor a maestros, médicos, policías y jueces; y para invertir más en carreteras, escuelas, ¿y hospitales… si elimináramos toda esa burocracia?

¡Disolver! ¡Eliminar! ¡Reducir! ¡Desaparecer! ¡Fusionar! Llamémosle como queramos. Pero para salir del caos burocrático – y presupuestal – en el que nos encontramos, tenemos que reducir el número de ministerios y distritos. ¡No a la proliferación de instituciones públicas – inoperantes y costosas – a lo largo y ancho del país!

¿Para quién debe trabajar el Estado? ¿Para la burocracia parasitaria o para la ciudadanía? Obviamente… para la ciudadanía. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 27 de julio de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

Los niños y jóvenes de Ica son lo máximo. Lo que están haciendo por el bienestar de nuestra población, es admirable. Nuestros Ángeles de la Guarda – así habría que llamarlos – ya nos libraron de la epidemia del Dengue. ¡Cómo no estar profundamente agradecidos por un logro tan importante! Gracias a ellos, miles de iqueños estamos sanos y tranquilos. Muchos ni siquiera saben que detrás de esa salud y esa tranquilidad, está el trabajo meticuloso y silencioso que hicieron nuestros chiquillos para eliminar al zancudo trasmisor del Dengue.

¡Qué ingratos somos – muchas veces – las personas! Sobre todo, los mayores. Por qué tan pocos dan cuenta del extraordinario resultado de la Campaña: En mi casa y en mi barrio… le ganamos al zancudo. ¿Será porque no hay sangre de por medio? Sí pues. Como no hay Dengue… no hay problema. Y como no hay problema… no hay noticia. ¡Qué injusticia!

Ahora los chicos están embarcados en el Campaña: + Vida – Plástico. ¡Cómo no estar doblemente agradecidos! Nuestros angelitos están limpiando nuestros barrios y nuestros pueblos. Están ayudando a nuestros Municipios a mejorar el medio ambiente. Están reeducando a sus padres para volver a utilizar las bolsas de tela – o canastas de paja – en reemplazo de las bolsas de plástico y envases de Tecnopor. ¡Una maravillosa labor!

Inclusive, están colaborando en la seguridad ciudadana a través de las Brigadas de Auto Protección Escolar (BAPES). A ese respecto, expresamos nuestro agradecimiento a la Policía Nacional del Perú por el cariño y profesionalismo que ponen en la capacitación de nuestros brigadistas. Nuestras BAPES brindan seguridad y vigilancia permanente, tanto al ingreso como a la salida de nuestras escuelas. Monitorean y controlan los kioscos cercanos, y detectan individuos – de mal vivir – que atentan contra la salud y seguridad integral de nuestros estudiantes. ¡Impresionantes!

He ahí tres funciones públicas de gran trascendencia: Salud Pública, Limpieza Pública, y Seguridad Ciudadana. Pues bien, gracias a la participación decidida – y protagónica – de nuestros escolares, nuestra región es – ahora – más saludable, más limpia, y más segura. Eso es Participación Ciudadana… de verdad.

Por otro lado, nuestros atletas escolares han progresado significativamente en cuanto a logros deportivos. En los Juegos Deportivos Nacionales Escolares 2014 obtuvimos 22 medallas, en total. El año pasado, 66. ¡Tres veces más! Mente sana en cuerpo sano… para mantener nuestra alma saludable. He ahí el poder – y el valor – del deporte.

Y lo mismo pensamos respecto al arte y la cultura. Y – concretamente – respecto a la música. Aquella expresión del viento que – según Juan Diego Flórez – vuela por los aires y se posa sublime en las almas de los niños; haciéndolos más tiernos, más felices… haciéndolos mejores personas. Eso es SINFÓNICA… nuestro coro de niños que ha calado hondo en el corazón de los iqueños.

Este artículo es para dar cuenta de la cara brillante de Ica… y del Perú. La cara oscura – la de la corrupción – es harta conocida. Esta vez no me ocuparé de ella. Nuestros niños y jóvenes merecen un reconocimiento… por todo lo alto. Ellos son el orgullo de nuestra Región. Son nuestros Ángeles de la Guarda. Muchos no los ven. Pero ahí están… protegiéndonos y labrando el progreso de Ica. ¡Que Dios los bendiga! Lampadia

El pasado 8 de setiembre, el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, sustentó en el Congreso de la República el proyecto de ley de Presupuesto General de la República 2017, el cual asciende a 142,472 millones de soles (20% del PBI). Esta cifra es 4.7 % mayor que el monto del PPTO 2016 y pone énfasis en el aspecto social. Durante su presentación, el titular del MEF destacó el incremento de los recursos para los Gobierno Locales, agua y saneamiento y, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción.

Fuente: El Peruano

Según Thorne, el objetivo del presupuesto público 2017 es “que el mayor gasto presupuestal vaya a los lugares más pobres, que cubran las necesidades del país.” Para esto, el monto de presupuesto asignado a las regiones del Perú para el 2017 tendrá un aumento de 12.6%, sin embargo hizo énfasis en que se deberá mejorar sustancialmente los niveles de ejecución del gasto, afirmando: “lamentablemente todavía nuestros niveles de ejecución, sobre todo a nivel regional, no han sido los más auspiciosos”.

Del presupuesto no financiero ni previsional, que asciende a un monto de S/. 115,230 millones, más del 60% de este está enfocado en: Educación (23%), Transportes y Comunicaciones (13%), Salud (12%), Orden público y seguridad (8%) y Saneamiento (5%).

Educación

Este sector tendrá un presupuesto mayor en 5.3% para el 2017 en comparación al de este año, alcanzando un total de S/26.179 millones. El plan incluye una inversión de S/. 1,218 millones en capacitaciones para los docentes y 721 millones para el incremento del piso salarial de al menos 90 mil docentes. Por otro lado, se destinará S/. 1,265 millones para la mejora de la calidad del aprendizaje y más de S/. 2,094 millones para las universidades públicas.

En Lampadia ya hemos informado que un aumento en el gasto para este sector no es suficiente sin una gran reforma educativa. Desde principios de siglo, se planteó llevar el presupuesto de Educación a 6% del PBI. Hace rato que hemos superado esta meta, tomando en cuenta que el sector privado ya invierte en Educación más del 3% del PBI.  Además, desde el 2000, el presupuesto público se ha triplicado, un millón de alumnos ha migrado a la educación privada, pero la calidad de la educación no ha mejorado. Ver en Lampadia: Una impostergable revolución educativa.

Agua y Saneamiento

En cuanto al acceso a los servicios públicos, Thorne explicó que aumentarán la asignación funcional en 71.6% en agua y saneamiento, recursos que irán directamente a las regiones y municipalidades. Además, un fondo de S/. 2,000 millones será orientado a la creación e implementación del “Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de agua y saneamiento, y otras materias” a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El objetivo es alcanzar una mayor cobertura de agua y desagüe en el ámbito urbano y rural.

Sin embargo, es importante resaltar que el plan del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Edmer Trujillo, de reflotar las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) que no estén funcionando bien en el abastecimiento de agua potable a la población en provincias es simplemente una pérdida de recursos y tiempo. Como afirmó Jaime de Althaus en un reciente artículo para Lampadia (Ver: Agua Potable: Un servicio público menoscabado por la política), “el problema central de las EPS es que no son capaces de mantener adecuadamente las redes que manejan y menos aún de ampliarlas, porque tienen tarifas bajas o gastos de personal excesivos o mucha corrupción, y carecen de capacidad profesional para formular proyectos. Según la Sunass, las EPS no tienen proyectos ni proyectistas. La propia Sedapal sólo puede ejecutar 400 millones al año de los 650 millones que tiene disponibles.”

Seguridad Ciudadana y lucha contra la corrupción

Para una mayor seguridad ciudadana, uno de los puntos más importantes para muchos ciudadanos, Thorne afirma que se destinarán recursos para fortalecer el Sistema de Recompensas al crimen organizado y, además, financiarán recursos para la operatividad del equipamiento policial, la construcción y mejoramiento de las unidades a cargo de la PNP y el fortalecimiento de la procuraduría pública e inspectoría en el Sector Interior.

En Lampadia hemos publicado una sugerencia que puede complementar adecuadamente los esfuerzos para mejorar la seguridad, que ojalá se pueda incorporar a los programas del próximo año. Se trata de un esquema de coordinación y acción conjunta de las partes involucradas en el proceso de lucha contra la delincuencia que tiene un costo relativamente bajo. Puede mejorar sensible y rápidamente la seguridad ciudadana en Lima y en el Perú, que solo requiere liderazgo y capacidad de coordinación. Ver: Implementemos las “Unidades de Flagrancia Delictiva”.

Servicio de Salud

Con el objetivo de asegurar un servicio de salud orientado a las personas, el financiamiento en este sector será principalmente dirigido a reducir los índices de anemia y desnutrición crónica infantil. Además se buscará mejorar la infraestructura hospitalaria, con la creación de 32 hospitales y 25 centros de salud.

En esta propuesta, sin embargo, no se considera promover más APPs, como las de ‘bata blanca’ que desarrolló Essalud en el gobierno del Apra y no continuó promoviendo el de Humala. Entonces se desarrollaron dos hospitales de altísimos niveles de servicio: en el Callao y en Villa María del Triunfo. Ver en Lampadia: Las APP han generado servicios de salud de alta calidad.

Infraestructuras

El último pilar del presupuesto está dirigido a impulsar las Infraestructuras públicas, a las cuales se destinarán S/. 15,389 millones para gastos de capital en los sectores de Transportes y Comunicaciones, Agropecuaria, Vivienda y Desarrollo Urbano y Energía y Minería, del cual en el área Transportes y Comunicaciones se concentra el 72% de dichos recursos, priorizando la construcción, mejoramiento y rehabilitación de carreteras, caminos vecinales y departamentales, puertos, aeropuertos.

El presupuesto 2017 tiene previsto aportes para megaproyectos como el de construcción de la Línea 2 del Metro de Lima (S/. 2,185 millones), el mejoramiento de la capacidad de la Línea 1 del Metro de Lima (S/. 305 millones), así como S/. 1,195 millones para corredores viales.

Entre los principales proyectos agropecuarios para el año 2017 se tiene: Chavimochic Tercera Etapa” con S/. 334 millones, “Majes Siguas” con S/. 234 millones, “Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura” con S/. 62 millones.

Ojalá que estos financiamientos vayan de la mano de un proceso de desregulación, para así viabilizar de por lo menos siete proyectos productivos y de infraestructuras, públicos y privados, para poder reactivar rápidamente la economía del país. Para ello es necesario convocar a los peruanos más capaces de diagnosticar la situación de cada macro proyecto, explicar sus beneficios a la población y, facilitar y resolver la tramitología y las decisiones multi sector. (Ver en Lampadia: 7 equipos que aseguren el desarrollo de 7 proyectos).

Insistimos en que las mejoras presupuestales, sobre todo las referidas a remuneraciones e inversiones en agua y saneamiento, deben tener como contrapartida los compromisos necesarios de los servidores del Estado a los que se mejorará sus ingresos, ya sean maestros, policías o funcionarios y trabajadores de las EPS. Lampadia

Los últimos ‘5 para los 200’, el último lustro antes del bicentenario, tiene que ser el de un gobierno excelente, y eso no es broma. Los peruanos nos enfrentamos con dos grandes retos: superar las brechas económicas y sociales que arrastramos del pasado y aprovechar las oportunidades y evitar los riesgos de la ‘cuarta revolución industrial que trae el futuro inmediato (Ver: Gobernabilidad con un gabinete multipartidario). La mediocridad ya no es una opción.

El flamante Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha iniciado su mandato con un mensaje positivo que analizamos líneas abajo y agregamos algunas ideas que esperamos escuchar del Presidente en los próximos días.

EL MENSAJE

Lo que nos gustó

o    “Queremos una nación moderna, de mil valles en un solo país”.
o    Tenemos que dar un gran salto, hacer una revolución social y ser un país moderno, justo y solidario.
o    Necesitamos la acción conjunta del sector público y privado.
o    Priorizaremos la formalización.
o    Cero corrupción.
o    Debemos ser un “faro de civilización”.
o     PPK irá a las regiones a comunicar los beneficios de la industria extractiva.
o    “No puedo solo”.
o    “Una sola República, firme y feliz por la Unión”.

Lo que no nos gustó

o    Pensar que sin una verdadera revolución educativa, podemos formar a los jóvenes que necesitamos en el mundo de hoy.
o    Perdió la oportunidad de transmitir un conjunto coherente de ideas para que los ciudadanos nos ubiquemos en nuestro tiempo y nuestro espacio y sobre cómo podemos lograr un mejor futuro para todos los peruanos. Para ello se requieren respuestas a preguntas como las siguientes:

¿Qué pasó con el Perú en las últimas décadas?
¿Qué necesitamos los peruanos?
¿Podemos lograrlo?
¿Cómo hacerlo?

LAS RESPUESTAS QUE SOLO PUEDE DAR EL PRESIDENTE

El Presidente Kuczynski es uno de los peruanos mejor educados, versados, pleno de conocimientos, con experiencias valiosas y diversas y una muy buena comprensión del mundo en que vivimos y viviremos. Nadie como él para ilustrarnos sobre nuestra realidad. Veamos algunas ideas al respecto:

¿Qué pasó con el Perú en las últimas décadas?

Al año 90 llegamos prácticamente en ‘artículo mortis’ como producto del oncenio de la dictadura militar, el segundo gobierno de Belaúnde y el primero de García.

En 25 años pasamos del estancamiento y la pobreza generalizada a la abundancia (“lo que sobra es plata”), para luego caer en la falta de recursos. ¿Qué pasó en los 90? ¿Por qué fue tan importante la Constitución del 93? ¿Cuánto aportó el regreso del sector privado? 

Ver en Lampadia: Cifras del prosperidad y ¿Qué calato ni qué ocho cuartos?

Desde el año 90, ningún presidente pudo explicar nuestra realidad:

–    Fujimori (gracias a Dios) hizo lo contrario de lo que ofreció. Y su lema era hacer primero y comunicar después.
–    Paniagua no tuvo tiempo para comunicar.
–    Toledo no comunicaba, no era su estilo.
–    García no podía comunicar, pues era coautor del desastre. Pero sí supo navegar ‘la mejor ola de nuestros mares en la historia’.
–    Humala se equivocó de ola.
–    PPK SI LO PUEDE HACER:

¿Qué necesitamos los peruanos?

–    Educación de calidad para el nuevo mundo.
–    Acceso a la salud para todos los peruanos.
–    Seguridad ciudadana.
–    Empleo de calidad
–    Oportunidades para todos.
–    Ingresos altos.

¿Podemos lograrlo?

Sin lugar a dudas, pues tenemos:

–    Un país maravilloso.
–    Todos los recursos que podemos necesitar. El país nos queda grande a los 30 millones de peruanos.
–    Nuestra gente es trabajadora, creativa y resiliente.
–    El mundo tiene mucha riqueza esperando para enviarla al Perú, cuando multipliquemos la producción y exportación de nuestras:

– Frutas y hortalizas
– Peces
– Minerales
– Maderas
– Granos, tubérculos y raíces andinas
– Fibras naturales

Así cómo cuando multipliquemos el turismo por cinco.

¿Cómo hacerlo?

–    Con una verdadera revolución educativa.
–    Con un shock productivo.
–    Con inversión que da crecimiento y recursos fiscales para la educación, salud, infraestructuras y programas sociales productivos, como el de Sierra Productiva.
–    Con reformas institucionales en lo:

     – Judicial,
     – Policial,
     – Político,
     – Burocrático, y 
     – Regulatorio.

¿Qué debe producir todo esto?

>>>   Éxito
>>>   Orgullo
>>>   Sentido de pertenencia
>>>   Identidad nacional
>>>   Confianza en el futuro y entre los peruanos

¿Cómo podemos redondear la faena? – Con:

•     Un Visión positiva y compartida de futuro
•     Liderazgo (Pedro Pablo Kuczynski y Fernando Zavala)
•     Compromiso con la acción de todos los peruanos.

El Perú es un país en construcción.
Todos debemos poner ladrillos.

Pero falta algo muy importante:
La unión, la convergencia de los grupos políticos comprometidos con la creación de un país moderno y con ciudadanos ricos.

Lamentablemente no todos los grupos políticos, ahora representados en el Parlamento, están identificados con la Constitución de la República, con la economía de mercado, con la modernidad, con el Estado de Derecho y con los valores de la democracia.

Por ejemplo, en el caso del llamado Frente Amplio (ya en descomposición), en su último acto de la campaña, en el debate multipartidario, insistieron en el cambio de la Constitución del 93. Todos sus grupos han adscrito los absurdos planteamientos del pos-extractivismo que va contra la economía de mercado, la modernidad y los pobres del campesinado^[1]. Sus líderes más connotados han atentado contra el Estado de Derecho en relación a los llamados conflictos sociales, en los que pretenden imponer sus ideas por las buenas o las malas. Y, por último, pero no por menos, muchos de ellos no son verdaderos demócratas, pues siguen defendiendo como democrática la dictadura venezolana, a la que no tocan con ni con el pétalo de una rosa, a pesar de la crisis humanitaria que le ha impuesto a su pueblo.

No nos dejemos engañar por las poses políticas ni por el manejo mediático de nuestros izquierdistas de las ‘ideas muertas’. En el Perú no podemos caer en el ‘síndrome de Chamberlain’. 

Esperamos que los líderes de los partidos pro mercado y modernizantes de la política y del Estado logren organizar un gobierno de ‘co-habitación’, como sugirió un importante estudioso en la Hora N el 29 de julio pasado. Esperamos mucho de Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, así como de Fernando Zavala y Luz Salgado. Todo el Perú lo necesita. Lampadia     

^[1]: El sector agrícola solo puede crecer, sostenidamente, llegando a más estómagos. Como un agricultor peruano decía hace algunos años, una persona solo puede comer un kilo de comida por día. ¿Cómo puede entonces mejorar sus ingresos un agricultor peruano? Si 3 millones de agricultores pueden abastecer a 27 millones de habitantes, sus ingresos estarían limitados a un promedio de 9 consumidores o 9 kilos. Pero si exportamos a mercados de 2,700 millones de personas, en teoría, cada agricultor podría abastecer a 900 consumidores, 100 veces más.Ese es el potencial de este sector, el eventual enriquecimiento de nuestros campesinos, que, además, son dueños de la mayor parte de las tierras agrícolas del Perú. Ver en Lampadia: Agroexportación: Una industria de clase mundial. 

Uno de los temas confrontados en el último debate entre PPK y Keiko Fujimori fue el de seguridad ciudadana. PPK plantea algo fundamental: depurar la Policía. Keiko Fujimori no lo hace -aunque en su plan de gobierno sí lo insinúa- quizá por razones electorales. Ella se ha dedicado a cultivar el voto de los policías. Por eso ha ofrecido restablecer temporalmente el 24 x 24, una anti promesa que esperemos no cumpla.

En realidad, depuración de la Policía y dedicación exclusiva son dos temas que están vinculados. La primera depuración es eliminar la doble dependencia, eliminar el trabajo para un tercero no policial que en ocasiones es una mafia. En Colombia la depuración de la Policía, que se realizó entre 1995 y 2000, alcanzó al 12% de los efectivos. El resultado fue que la aprobación ciudadana de la Policía pasó de un 21% al 72% en diez años. Pero para hacer posible el retiro de ese porcentaje de policías sin que necesariamente se tenga que probar los delitos o faltas que cometieron, porque muchas veces no es posible la probanza, se aprobó una ley que otorgaba discrecionalidad al ministro del Interior para efectuar la poda. En nuestro país se ha venido preparando un proyecto de ley en el ministerio del Interior en ese sentido, que permite separar al personal nocivo por la causal de ‘falta de idoneidad para la función policial’, aunque siempre con una fundamentación, es decir, con un menor grado de discrecionalidad que en la norma colombiana. Esa ley debería ser aprobada en el Congreso que viene y debe gozar de consenso, incluso con el Poder Judicial, para evitar que éste reponga al personal expelido.

Ahora bien, no se trata solo de limpiar la Policía de los malos elementos. Los que queden en ella deben elevar sustancialmente su nivel profesional, que en ocasiones es lamentable. Las 25 pésimas escuelas de policía deben ser fusionadas en no más de 7 (adecuándose a la estructura regional de la PNP), pero dotadas de buenos profesores e instalaciones, hoy deplorables. Esto es, por lo demás, lo que establece el decreto legislativo Nº 1151, ley del Régimen Educativo de la Policía Nacional del Perú, que no se ha cumplido hasta ahora por oposición de los gobiernos regionales.

Y el sistema de ascensos en la Policía debe ser meritocrático, y no sobre la base de relaciones personales y de compadrazgo como es ahora. Esto es lo que establece el Decreto Legislativo Nº 1149, Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú, pero no se cumple. El artículo 36° de la ley establece  la “evaluación de desempeño” con la finalidad de “aportar indicadores objetivos para los procesos de ascensos, asignación de cargo, otorgamiento de incentivos y evaluación para la permanencia en la institución; y garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas, mediante indicadores de desempeño”. Han pasado casi 4 años desde que se promulgó esa ley, y aun no se aprueba el reglamento de la “evaluación de desempeño”, de modo que ésta todavía no se aplica ni para los subalternos ni para los oficiales. Ascienden sobre la base de otras consideraciones, no meritocráticas.

Sin embargo, ninguno de los dos candidatos ni sus planes de gobierno hacen referencia a la necesidad de implantar la meritocracia en la Policía. Tampoco en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, donde los sistemas de medición de la productividad de fiscales y jueces son todavía muy rudimentarios y no sirven para montar un sistema de evaluación que influya en ascensos o en incentivos o bonos de cualquier tipo. Hay jueces penales que ni siquiera saben tipificar un delito.

En ese sentido, debería acogerse la propuesta de Transparencia según la cual no solo hay que modificar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura -reforma constitucional-, sino, además, retirarle la función de ratificar a los magistrados cada 7 años, legislando una carrera fiscal y judicial que rija los ascensos y también el retiro de los magistrados a partir de buenos sistemas de evaluación de desempeño propios. Y el mandato del presidente del Poder Judicial debe extenderse a 4 años para que pueda hacer las reformas. Nadie plantea esto.

Pero el problema no está solo en las calidades internas de cada institución, que requieren una reforma profunda, sino también en la articulación entre ellas, que es muy deficiente. Pues la lucha contra la delincuencia requiere de una coordinación muy afinada. Eso lo planteó Keiko Fujimori en el debate: articular el trabajo de la PNP, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE. No entró en el cómo. Pero parte del cómo está mencionado en ambos planes de gobierno: instaurar el ‘expediente digital’ único: un solo expediente, digital, para cada caso, a lo largo de todo el proceso desde que el delincuente es capturado en la Policía, hasta el INPE, pasando por la fiscalía y el Poder Judicial. Ese proyecto costaría alrededor de 300 millones de dólares y debería ser priorizado por el próximo gobierno. Junto con el expediente digital se requiere avanzar en la interoperabilidad de las bases de datos de todas las instituciones vinculadas a la seguridad y la justicia.

La otra parte del cómo es mencionada en el plan de Fuerza Popular: reformar el nuevo código procesal penal para darle algo más de autonomía a los policías a fin de que puedan hacer diligencias e interrogatorios sin tener necesariamente que pedir permiso al fiscal, pero dándole cuenta por supuesto.

Consolidar los juzgados de flagrancia, que han significado un avance revolucionario en la capacidad de hacer justicia y sentenciar en pocos días (y horas inclusive), a fin de disminuir drásticamente la impunidad que es la madre de los altísimos niveles de victimización por delincuencia, es otra tarea prioritaria. Y junto con ella avanzar en lo que hemos llamado la “atención primaria de la justicia penal”, es decir, en la descentralización a los distritos de Lima de jueces, fiscales y carceletas, a fin de aplicar justicia inmediata en la localidad haciendo que sea posible condenar a penas cortas de días, semanas o meses en lugar de liberar delincuentes porque su pena es inferior a los 4 años de cárcel.

Esto, por supuesto, sin dejar de reformar el sistema penitenciario en la línea planteada por ambos candidatos: cárceles factorías para recuperar a los delincuentes primarios e incluso esas cárceles a 4 mil metros para delincuentes peligrosos planteadas por Keiko Fujimori.  

Si todo lo anterior se complementa con una reorganización de la PNP a fin de, por un lado, establecer unidades de investigación las ciudades más afectadas por el crimen organizado y poner en operación el potente equipo de interceptación telefónica adquirido por la DINI,  y, de otro, poner más policías en las calles y desarrollar una policía comunitaria capaz de generar inteligencia comunitaria coordinando con las juntas vecinales, la municipalidad y el serenazgo, habremos completado el cerco institucional necesario para que los delincuentes no se puedan escapar e incluso para que ni siquiera puedan nacer.  

Lampadia

El siguiente informe sobre la seguridad ciudadana (parte 3) escrito por Jaime de Althaus para nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI, describe la gestación de la Policía Comunitaria y la multiplicación de las Juntas Vecinales como un proceso que ha permitido un gran avance en la mejora de la seguridad.

El caso más emblemático de este desarrollo es el de El Agustino y La Victoria, donde se han logrado resultados muy aleccionadores. El concepto principal de esta estrategia es abrir espacios de colaboración con la población y las demás instituciones que se vinculan con el tema. Justamente lo contrario de lo que hemos venido haciendo desde la amenaza terrorista que generó el levantamiento de vallas de desconfianza entre todos los agentes públicos y sociales.

Policía Comunitaria y Juntas Vecinales

– El Caso de El Agustino y La Victoria

El mecanismo clave para la consecución de la seguridad ciudadana es la integración de la policía con la comunidad. Es lo que se llama “policía comunitaria” o policía de proximidad. Esto comienza, ya lo hemos dicho, con la relación entre las comisarías y las municipalidades en los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC) liderados por el alcalde. Allí se aprueba el plan distrital o provincial de seguridad ciudadana, y se le hace un seguimiento semanal con la ayuda de un mapa del delito, según lo establecido en el reglamento de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Pero, como hemos visto, si bien el 100% de las municipalidades han instalado sus CODISEC y han aprobado dicho planes, son muy pocos los que se reúnen semanalmente. En Lima solo lo hace la municipalidad de Miraflores, con resultados excelentes. Ver: Los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana.

Los CODISEC son los puntos de partida para la coordinación de la policía con las entidades u organizaciones representadas en él. Pero la policía comunitaria va más allá: supone una actitud proactiva del Comisario y los policías de la Comisaría buscando alianzas con todas las organizaciones y entidades significativas que haya en su jurisdicción: con las juntas vecinales, los clubes deportivos y culturales, los comedores populares, los mototaxistas, las iglesias, etc., con la población misma. Y con Ministerios, instituciones públicas y empresas. Alianzas para prevenir el delito recuperando espacios públicos y realizando actividades que fortalezcan el tejido social: también para alertar acerca personas sospechosas o de hechos cometidos, y para generar una ‘inteligencia comunitaria’ que permita planificar intervenciones eficaces. Una policía comunicada y amiga de la gente dispone de toda la información necesaria para prevenir y atacar el crimen y promueve la solidaridad para resolver problemas comunes.

En las últimas décadas, desde el terrorismo, la policía no ha sido muy afecta a estas prácticas. Recientemente, sin  embargo, con las nuevas consignas, el liderazgo de un jefe policial y su equipo hizo posible el desarrollo de una experiencia de policía comunitaria en los distritos de La Victoria y El Agustino que resultó muy exitosa al punto que ganó el 2015 el premio de buenas prácticas otorgado por Ciudadanos al Día.

Esto comenzó el 2014, con un proyecto piloto en Cerro el Pino, dirigido por el  Coronel José Díaz Guevara, actualmente Director Nacional de Prevención y Programas Especiales de Seguridad Ciudadana. Esta fue la base para dar el salto al conjunto de los distritos de El Agustino y La Victoria el 2014. Para ello, en enero del 2015 el Coronel Díaz Guevara fue nombrado jefe de la División Territorial Centro 2 (DIPTER 2), que incluye precisamente a esos distritos y que tiene bajo su mando a 8 comisarías. Díaz Guevara era el Comisario Mayor, o comisario de comisarios.

La situación en Cerro el Pino, San Pedro, San Cosme, El Porvenir y Renovación se había degradado a niveles infrahumanos. Según el Coronel Díaz Guevara, de cada diez pobladores, ocho habían sido víctimas de un acto delincuencial. Había bandas armadas, homicidios, familias expendedoras de estupefacientes, extorsión, violaciones sexuales, hurtos a domicilio, delincuencia juvenil, prostitución, violencia familiar, jóvenes pandilleros y niños desertores del colegio.

Inteligencia comunitaria: los tukuyrikuy

Su primera labor fue el empadronamiento casa por casa para conversar con la población, empezar a ganarse su confianza y detectar de paso casos de violencia familiar. A partir de allí comenzó a organizar, por un lado, las juntas vecinales, capacitándolas, y, por otro, paralelamente, la “red de cooperantes”, integrada por mototaxistas, chocolateros, canillitas, etc. Formaron 74 juntas vecinales en Cerro El Pino y alrededor de 229 en total incluyendo San Pedro, San Cosme, El Porvenir y Renovación.

Cada Junta está formada por 10 personas y su labor principal consiste en vigilar su zona y pasar la voz a la policía de cualquier acto cometido o sospechoso: “son los tukuyricuy de la policía”, indica. “Nos informan donde hay drogas, por ejemplo. Cumplen una función de prevención e inteligencia, lo que llamamos ‘inteligencia comunitaria’. Es la mejor información posible”, explica el Coronel Díaz Guevara. Incluso llaman al comisario a cualquier hora de la madrugada e inmediatamente éste envía un patrullero si es el caso. La policía, al responder de manera inmediata, va recuperando la confianza de la población. Confianza que se consolida cuando el Coronel o los comisarios participan en caminatas con las juntas los fines de semana, a modo de expansión deportiva. Las “redes de cooperantes”, de otro lado, sirven para alertar acerca de personas sospechosas o de actos cometidos.

De otro lado, junto con las municipalidades se controló el expendio de bebidas alcohólicas: muchos bares que eran nido de delincuentes fueron cerrados, se prohibieron las fiestas en la vía pública sean patronales o no y cadetes de la policía pintaron las casas. Se crearon puestos policiales de auxilio rápido con personal motorizado y vigilancia policial las 24 horas del día.

Recuperación de espacios públicos

Pero allí no quedó todo. El Coronel Díaz formó un pequeño grupo voluntario de profesionales civiles, a quienes conoció en el CAEN, y a los cuales luego se sumaron otros, para diseñar y ejecutar mediante donaciones, sin costo para el Estado, pequeñas obras que permitieron recuperar espacios públicos en los distintos cerros y zonas degradadas de ambos distritos. Así, se recuperaron espacios públicos en los Cerros San Pedro y San Cosme y en las Avenidas El Porvenir, Renovación/Huascarán, Grau/Aviación y en el Damero de Gamarra A y B. Lo que hicieron fue poner policías en esas zonas y ejecutar obras tales como losas deportivas, recuperación de áreas verdes, locales comunales y pintado de casas, por ejemplo. En la ejecución de esas obras participó la comunidad y también los propios policías e incluso generales invitados, “que se sumaron como peones a los trabajos”.

Alianzas con ministerios y universidades

Además, se estableció alianzas con ministerios y universidades “para darle futuro a los jóvenes”. El Ministerio de Trabajo fue reclutado para aplicar el programa “jóvenes productivos” que otorgó becas para 19 jóvenes a fin de que siguieran una carrera técnica de jóvenes emprendedores en la Universidad de San Marcos, contratada para ese fin por el Ministerio. De los 19 jóvenes, 11 terminaron y 3 sacaron los primeros puestos. A ellos la Universidad les dió un capital semilla de 2,500 soles. La Universidad de las Américas, por su parte, fue reclutada para dar clases de computación a las que acuden, por ejemplo, abuelos y nietos juntos. La Universidad Privada del Norte ofrece cursos en formación de pequeñas empresas, tratamiento de alimentos, etc.

Con el ministerio de Salud realizan acciones cívicas periódicamente, en las que el ministerio aporta médicos, enfermeras y medicinas. El Ministerio de Educación organiza  programas especiales tales como policía escolar, brigadas de autoprotección con padres y profesores para que no se venda drogas a la salida de los colegios, clubes de menores (deportivos) y campeonatos. El Instituto Peruano del Deporte, por su lado, lleva a cabo el programa “Tu otra Mitad”, que capacita en deportes a través de la web, “pero desarrollan las horas prácticas con nuestros menores: les damos certificación de prácticas a cambio de que capaciten a nuestros menores”, explica el Coronel Díaz Guevara.  

Integración con las municipalidades y los CODISEC

Por supuesto, trabajan con los alcaldes. “Somos amigos”, dice el Coronel. Los comisarios forman parte de los Comités de Seguridad Ciudadana (CODISEC), como debe ser. Los CODISEC de El Agustino y La Victoria sesionan una vez al mes, pero los comisarios se reúnen con los gerentes de seguridad ciudadana respectivos semanalmente. El gerente de Seguridad Ciudadana de El Agustino era un coronel en retiro de la PNP, lo que facilitaba la coordinación. Este CODISEC tiene un mapa del delito integrado, que es actualizado cada mes.

“El 2014 el CODISEC de El Agustino no tenía fondos, pero planificó para adquirir con el presupuesto del año siguiente alarmas inteligentes, cámaras de video vigilancia, 10 camionetas, sirenas así como chalecos y megáfonos para equipar a las Juntas Vecinales. Se compraron unas 20 alarmas inteligentes: los miembros de las juntas vecinales presionan un  número en su celular y activan la alarma. Con el mismo teléfono pueden hablar a través del magáfono que tiene la alarma”, narra el Coronel Díaz Guevara.

Recientemente la DIPTER ha conseguido que la empresa Jaitera les regale un ‘video wall’ para las Juntas Vecinales, que es una pantalla grande con mapa para ver donde están los patrulleros y serenos dotados de GPS. Y le han pedido a mil teléfonos a Telefónica para las Juntas a nivel nacional.

El alcalde del distrito de La Victoria realiza audiencias públicas todos los jueves a 5.30 de la mañana. “Los comisarios no querían ir por temor a recibir ‘palo’ de la gente. Entonces les dije por eso mismo debemos ir, para atender los reclamos y quejas de los vecinos. Y empezamos a resolver sus problemas. Ahora la relación con la población ha mejorado mucho”.

Otra decisión fue que los 8 comisarios de ambos distritos participaran juntos en las intervenciones. “Es una manera de asegurar que no haya malos manejos”, explicó.

Acciones y resultados

Según Díaz Guevara, con todas estas medidas las denuncias han bajado en un 80% según las estadísticas de la SIDPOL. Los delincuentes se fueron. Los resultados se pueden observar en los siguientes cuadros:

Generalizar la policía comunitaria a nivel nacional

Ahora el Coronel Díaz Guevara y su pequeño equipo han sido promovidos a una función normativa en la Dirección Nacional de Prevención y Programas Especiales de Seguridad Ciudadana. Su tarea es sistematizar y generalizar el piloto desarrollado en estos dos distritos. Aún son pocos los policías comunitarios pero, según él, hay ya una tendencia hacia la policía comunitaria en la PNP. Para acelerarla, se estaba organizando una reunión con 180 comisarios de Lima, gerentes de seguridad ciudadana y presidentes de Juntas Vecinales. La idea era replicar estas reuniones a nivel nacional. De hecho, el Coronel Díaz Guevara y su equipo habían empezado a viajar al interior para dar charlas explicativas, y el 2016 el piloto antes reseñado se replicaba en profundidad en tres DIPTER: Sur 2 (Lurín, Pachácamac, Villamaría del Triunfo y las playas), DIPTER Este 2, (Ate, Manchay, Cieneguilla), y Este 1 (San Juan de Lurigancho). La idea era incluso comenzar a hacer operativos dentro del nuevo esquema en esas DIPTER.

Esto forma parte de una política orientada a que los comisarios coordinen con los alcaldes. “Comisario que no trabaje con el alcalde, es cambiado de colocación. Ya se dio esa disposición. Se les ha dicho a los alcaldes que pueden pedir cambio del comisario si no cumple con coordinar, con informar y trabajar conjuntamente”, nos reveló el general Villar, Director General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.

Las juntas vecinales a nivel nacional

En el país hay una base para avanzar rápidamente hacia una policía comunitaria.  Son las Juntas Vecinales. El artículo 41 del reglamento de la Ley de Seguridad ciudadana le ordena a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana de la Policía nacional llevar el Registro Nacional de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana. Estas deben ser  promovidas por las Oficinas de Participación Ciudadana (OPC) de las Comisarías. El artículo establece que “El Comisario, como máxima autoridad policial en su jurisdicción, deberá determinar y mantener actualizada la información sobre las zonas, sectores, barrios y poblaciones que constituirán el territorio jurisdiccional de las respectivas Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana promovidas por la Policía Nacional del Perú. En ese propósito, el Comisario sostendrá reuniones periódicas con el Alcalde de su jurisdicción”.

El número de Juntas Vecinales va en aumento a nivel nacional, lo que significa que la PNP ha empezado a tomar en serio este trabajo. En efecto, según información de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana de la Policía, durante el año 2014 existieron 8,138 Juntas Vecinales, con 102,315. El  2015 el número de Juntas vecinales había subido a 8,593, con 120,289 integrantes. Y a marzo del 2016 había ya 9,784 Juntas, integradas por 133,390 personas. Esta Dirección ha elaborado, además, un Manual de Organización de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana promovidas por la PNP. “Asimismo, actualmente se tiene un Coordinador Nacional de Juntas Vecinales, cargo que ostenta el Sr. Manuel Ugarte Chirinos”, informa.

Lampadia

Entrevistas

Coronel José Díaz Guevara, director nacional de prevención y programas especiales de seguridad ciudadana

Gral ® Villar Amiel, Roberto, Director General de la Dirección General de Seguridad Ciudadana,l Ministerio del Interior

Bibliografía

Díaz Guevara, José: “Integrados nos Protegemos y Crecemos PNP y Comunidad, Premio a las Buenas Prácticas de Gestión Pública 2015”, PPT

Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana de la PNP: “Informe sobre absolución de preguntas formuladas por el periodista Jaime de Althaus”

Decreto Supremo Nº 011-2014-IN que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana

Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINACEC)

El Instituto Peruano de Economía publicó recientemente su entrega sobre Institucionalidad, donde comunica sus propuestas sobre las más importantes reformas que debiéramos emprender. Esta es una parte importante de nuestras agendas pendientes. Por ejemplo, tenemos que aplicar un sistema meritocrático para los funcionarios públicos, reformar el desprestigiado sistema judicial, flexibilizar el régimen laboral, y simplificar normas y trámites administrativos que ahogan a empresas y ciudadanos y han parado nuestro desarrollo. Al final, buena parte de estas reformas, redundarían en menores espacios para la corrupción.

Según el Índice de Competitividad del World Economic Forum (WEF), las instituciones en el Perú son las más precarias si las comparamos con las de nuestros pares regionales. A pesar de mejorar en el pilar instituciones (subió 2 posiciones con respecto al año pasado), el país aún enfrenta desafíos en relación con la ética y corrupción (bajó 7 posiciones) y el pobre desempeño del sector público (bajó 8 posiciones). Para continuar el crecimiento de la economía  peruana, tendrá que “construir resiliencia abordando desafíos estructurales en instituciones, eficiencia del gobierno, corrupción e infraestructura”, afirma el WEF.

Como afirma Roberto Abusada, Presidente del IPE, “el Estado opera en una institucionalidad deficiente. Tenemos fallas graves en el sistema judicial, la inseguridad ciudadana; y un desprestigio de los poderes del Estado, además de la carencia de partidos políticos sólidos que den fundamento a la democracia. Para tornar la situación más grave aún, al poner en marcha la necesaria descentralización de manera tan torpe como desaprensiva, hemos dilapidado el carácter unitario de la nación.” Recomendamos revisar nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI, un espacio donde compilamos los distintos aspectos relativos a las imperiosas reformas del Estado por emprender.

Comparando al Perú con los demás países de la Alianza del Pacífico y Brasil, las regulaciones impuestas por el gobierno son excesivas y la eficiencia del marco legal es uno de los más bajos de la región.

La falta de instituciones sólidas en un país tiene un impacto sobre la vida de sus ciudadanos en la forma de corrupción generalizada. El mal uso de los recursos del Estado lleva a una pobre provisión de servicios públicos, lo cual constituye una barrera para el desarrollo.

Según el último informe de opinión pública de Latinobarómetro, la percepción que tienen los peruanos respecto al progreso  en la reducción de la corrupción es una de las más bajas de la región. 

En 2015, solo el 24% de los peruanos cree que se ha progresado mucho o algo en reducir la corrupción en el Estado. Aplicar un sistema meritocrático para los administradores de justicia y simplificar normas y trámites administrativos para disminuir la discrecionalidad de los funcionarios públicos son dos medidas que podrían acelerar la lucha contra la corrupción.

Además, el Perú tiene el nivel más bajo de aprobación presidencial en América Latina. Lo mismo se ve en el caso del congreso, el cual obtiene una aprobación de tan solo 8%. Para solucionar esto, el IPE sugiere “Cambiar circunscripciones electorales de manera que sean proporcionales al número de electores y los acerquen a las autoridades elegidas. Ver en Lampadia: Chile abjura del bipartidismo. Actualmente las elecciones al Congreso consideran la circunscripción plurinominal que es muy grande y no guarda relación con el número de votantes, por ello recomendamos cambiarla a una uninominal lo que incrementaría el grado de identificación de la población con el Congreso. En el caso de Lima, el número de candidatos para el Congreso, entre los que debe elegir el ciudadano puede ascender hasta 684 (36 por 19 partidos) cifra que hace imposible identificar la mejor alternativa para cada persona y sobretodo mantener un seguimiento del representante elegido al Congreso.”

Uno de los problemas más grandes de institucionalidad es la falta de confianza en la policía, la cual se considera una de las instituciones más corruptas en el Perú. El 36% de la población indica que el problema más importante es la delincuencia. Según el IPE, existe un problema de articulación entre la policía, fiscalía y juzgado que impide que se imparta la pena debida a los delincuentes.

La explicación que brinda el IPE es que existe una disociación entre el número de delincuentes capturados por la DIRINCRI y los que son efectivamente procesados, lo cual genera una norme desconfianza en la población hacia las instituciones involucradas: la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Ver avances y carencias sobre este importante tema en nuestra biblioteca virtual Estado del Siglo XXI, ‘Servicios del Estado‘.

Para solucionar esto, el IPE recomienda una integración efectiva del sistema de seguridad y administración de justicia es un proceso en el que participan la PNP, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE. Esto fortalecería, en particular, la policía nacional, con el fin de mejorar la investigación y contrarrestar el alto índice de delincuencia en el país.

Según Daron Acemoglu, profesor de Economía en la Universidad de MIT en EEUU y autor del libro ‘Why Nations Fail’ (Por qué fallan las naciones), la institucionalidad tiene tres características clave: “reforzar los derechos de propiedad para incentivar la participación económica, restringir el poder de políticos y élites, y asegurar un cierto grado de igualdad y acceso a las mismas oportunidades para la mayoría de los ciudadanos. Estos son los cimientos que aseguran el desarrollo sostenido de una economía”.

La institucionalidad es una de las principales garantías para el crecimiento económico, pues se transmite confianza a los inversionistas a través de reglas claras que no dependen de las autoridades de turno. Aparte de la recuperación del crecimiento económico, la materia prima para un Estado presente y efectivo, la gran tarea del próximo gobierno debe priorizar las distintas reformas institucionales que viene reclamando el conjunto de nuestra sociedad. Lampadia

La candidata del Frente Amplio (FA), Verónika Mendoza (VM), al estilo de los países del ALBA, ha propuesto implantar una nueva constitución a través del Parlamento o la acción popular, del mismo modo que el radical reo candidato Gregorio Santos. Curiosamente, el candidato de Acción Popular, Alfredo Barnechea, juega con la idea de “otro modelo”, sumándose así  a este tipo de propuestas, que invocan el respaldo falaz de encuestas mal hechas, que transmiten la falsa sensación de una población que estaría optando por cambios radicales y no por cambios en la calidad de los servicios del Estado, empezando por seguridad ciudadana y combate efectivo de la corrupción. 

Mendoza lleva de candidato a la primera vicepresidencia al ex cura Marco Arana y en su equipo a gente que representa una visión estatista y expresa una oposición abierta a la inversión privada, especialmente contra la minería. Arana y Santos, en consonancia y competencia, fueron los responsables de las asonadas anti mineras contra el proyecto de Conga en Cajamarca, con lo cual no solo condenaron a esa magnífica región a la mayor pobreza del país, sino que también arrinconaron al gobierno, que desde entonces no ha sido capaz de proteger los proyectos de inversión. Por su lado Barnechea parece por momentos haber regresionado a las ideas que dieron luz al Acción Popular Socialista de fines de los 60,  que terminó traicionando al propio Belaunde, sumándose a los planteamientos con los que se ilusionó en la dictadura militar.

Esta gente no quiere entender que los países que han logrado la prosperidad, lo han hecho promoviendo sectores privados pujantes e innovadores que han multiplicado la inversión de emprendimientos pequeños y grandes sin las trabas burocráticas e ideológicas que han paralizado la inversión en el Perú los últimos años. Nuestro propio país es un testimonio formidable de los impactos positivos de la inversión privada en la economía y las condiciones sociales. Después de superar treinta años de parálisis por el estatismo militar y su cola democrática con Belaunde-2 y García-1, las dimensiones del Perú cambiaron a la fórmula: 90-90-90.

90-90-90, porque aproximadamente el 90% del empleo, la inversión y los ingresos fiscales, los generó el nuevo sector privado que pudo hacer la verdadera gran transformación desde el estancamiento hasta el crecimiento con reducción de la pobreza y la desigualdad. Por lo tanto, quienes pretendan gobernar o medir el país con los instrumentos del siglo pasado, sólo nos llevarán a un estrepitoso fracaso.

Sin embargo, más allá de los verdaderos enfoques políticos de las izquierdas tradicionales, transparentados en el debate presidencial del domingo pasado, pareciera que después del mismo, habrían reparado que desde el punto de vista de la campaña (no de los planes de gobierno), de las acciones tácticas, no sería conveniente seguir hablando de cambiar la Constitución.

Es así que al día siguiente (lunes), un economista del FA, de visión estatista, que cree en el ‘poder’ del Estado para resolver todos los problemas del país, Oscar Dancourt, enfatizó en el programa la Hora N que para hacer los cambios económicos que plantea (salvo en lo relativo a la nacionalización de la ‘molécula’ de gas, un ejemplo de  renacionalización de los recursos naturales), no se necesitaría cambiar la Constitución. El martes, otro conspicuo miembro del FA (de las canteras de Tierra y Libertad de Arana), en el programa De las 5 a las 7,  de RPP, le echó agua fría al pedido de una nueva Constitución, como una evidente corrección táctica, sin cambiar  la esencia de sus ideas.

Lo que es más, la propia candidata del FA, Verónika Mendoza, al día siguiente del debate, cambió el contenido de su discurso, dejó de hablar del cambio de Constitución, y pasó a ofrecer una “revolución productiva y educativa”, con la eficiencia de un cassette recién grabado.

Pero debe  señalarse  que una revolución productiva es imposible de realizarse con un cambio de Constitución. En otras palabras, un cambio de Constitución paralizaría la producción del país por lo menos por dos años. Durante ese tiempo se debatiría y procesaría la nueva carta, y nadie podría invertir con un horizonte de mediano plazo, sin conocer el ambiente normativo futuro.

Un ejemplo reciente y cercano de cómo el anuncio de una nueva Constitución paraliza la inversión, es el caso de Chile, donde Bachelet-2 incorporó el planteamiento a su programa de gobierno. Ver: Una agenda anti inversión, Chile sigue ejerciendo su derecho a ser estúpido y Diálogo de Conversos.

El FA ha caído, pues, en una trampa estratégica. Por un lado habla de revolución productiva (a pesar de descartar el desarrollo de los grandes proyectos) y por otro amenaza con una nueva Constitución que nos paralizaría por lo menos por dos años y que muy probablemente ampliaría de manera considerable el espacio de inversión para el  Estado,  terminando por inhibir para siempre una inversión privada dinámica e innovadora.

Más claro ni el agua: un eventual gobierno del FA desestabilizaría al país, regresaríamos a la falta de inversión, a industrias locales protegidas que nos endilgarían productos caros y de mala calidad, para beneficio de los productores amigos del régimen, la escasez y las colas. Eso sí, habría mucho trabajo en el Estado, en las agencias reguladores, ministerios y nuevas empresas públicas, donde los miembros de las cúpulas de la izquierda tradicional y los profesionales que no pudieron prosperar compitiendo en el sector privado, serían nuestros nuevos ‘señores feudales’.

¿Es esto lo que necesitan nuestros jóvenes? ¿Queremos que nuestros hijos y nietos  tengan que migrar a un EEUU más reacio a la migración, ya no a hacer la América, sino a ser ciudadanos de segunda clase? Lampadia  

En el siguiente informe sobre la seguridad ciudadana (parte 1), se muestran los avances logrados a la fecha y se incide en la necesidad de que el monitoreo de las reformas ya establecidas genere mayor efectividad en su aplicación.

Muchos de los avances no han sido suficientemente difundidos entre los ciudadanos y la percepción de la sociedad sigue siendo, que hasta la fecha no se ha hecho prácticamente nada. Es muy importante hacer más esfuerzos por involucrar a los ciudadanos en estos procesos.

Este artículo es parte de nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI, que recomendamos revisar como un espacio donde compilamos los distintos aspectos de las imperiosas reformas del Estado.

Reforma de la Seguridad Ciudadana (I)

Resumen Ejecutivo

Recién a partir del 2012 se pone en marcha una política seria de seguridad ciudadana con supervisión central e incentivos fiscales que buscan que funcionen los Comités Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana, presididos por los alcaldes, elaborando y aplicando planes de seguridad ciudadana en cada circunscripción. Pero contrariamente a lo que se esperaría luego de eso, el INEI registra una caída en los niveles de vigilancia de los serenazgos y la Policía en los barrios a partir del 2013, lo que, a su vez, tampoco es congruente con la reducción de la tasa de victimización. Algo anda mal.

Creación del Sinasec

A partir del año 2003, el Estado peruano empezó a tratar de responder a los problemas de inseguridad ciudadana mediante la coordinación de la Policía Nacional y el sistema judicial con los ministerios, los gobiernos regionales y locales y las juntas vecinales. Es decir, mediante un enfoque más integral, participativo y preventivo.

En efecto, ese año, en febrero, se promulgó la Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINACEC), cuyo artículo 4º establece que son instancias integrantes de dicho Sistema el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), presidido por el Presidente del Consejo de Ministros[i]; los Comités Regionales de Seguridad Ciudadana, presididos por los presidentes (ahora gobernadores) regionales, los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana y los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana, presididos por los alcaldes respectivos. En todos ellos participan las autoridades policiales, judiciales y fiscales al nivel que corresponda, junto con representantes de otras instituciones y ministerios.

El CONASEC aprueba las políticas y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y evalúa su aplicación. Tiene una secretaría técnica que es la Dirección Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior creada recién a partir del 2013. Los comités regionales, provinciales y distritales de seguridad ciudadana también elaboran planes y los supervisan y evalúan.

Toda esta estructura permaneció vacía y sin actividad hasta hace relativamente poco. Durante años el CONASEC se reunió en contadas ocasiones y los comités regionales o locales de seguridad ciudadana[ii], si se instalaban, no operaban. Cada año se elaboraba un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, pero era declarativo. No se evaluaba ni se cumplía.

Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, evaluación, sanciones e incentivos

Esta realidad cambió con las reformas que se dieron a partir del 2012. La nueva ley orgánica del ministerio del Interior creó la Dirección General de Seguridad Ciudadana a la que se le encargó la secretaría técnica del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana así como elaborar y evaluar el cumplimiento del Plan. Se aprobó entonces el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, cuyos avances son evaluados semestralmente. La última evaluación, publicada en la web del Ministerio del Interior[iii], corresponde al primer semestre del 2015.

Pero, además, el reglamento de la ley de seguridad ciudadana le da dientes a la Dirección General de Seguridad Ciudadana para proponer sanciones a los gobernadores regionales y alcaldes por no instalar los comités de seguridad ciudadana o no convocarlos para sesionar. El castigo puede llegar a la suspensión en el cargo[iv]. No solo eso, los representantes del Ministerio Público ante los comités regionales, provinciales y distritales de seguridad ciudadana están obligados a denunciar los incumplimientos de lo establecido en la Ley de Seguridad Ciudadana y sus modificatorias, “ya sea por acción u omisión, por parte de los miembros que integran los citados comités. El Ministerio Público determinará en cada caso si existen indicios de la comisión de delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales”. Esto es lo que establece la Tercera Disposición Transitoria y Final de la Ley Nº 27933 incorporada por la Ley Nº 30055.

El asunto, pues, se ha vuelto obligatorio y sancionable. De hecho, la Dirección General de Seguridad Ciudadana ha denunciado a 464 alcaldes (de un total 1,851) por no haber formulado el Plan de Seguridad Provincial o Distrital. Si luego de una primera advertencia, los alcaldes omisos no cumplen, se les suspende 30 días en el ejercicio del cargo. A la segunda advertencia pueden ser vacados. Preventivamente, la Dirección General capacita a los alcaldes en lo relativo a sus responsabilidades en seguridad ciudadana.

El resultado ha sido el que podemos ver en los siguientes cuadros: el 100% de los Comités Regionales de Seguridad Ciudadana formularon sus planes de seguridad ciudadana, y el 93.3% y el  83.6% de los Comités Provinciales y Distritales hicieron lo propio.

Pero no solo hay castigos. También hay incentivos presupuestales. Junto al palo hay una zanahoria. Desde el año 2013 las 250 municipalidades más grandes (tipo A y B, según la clasificación del MEF) tienen el componente de seguridad ciudadana en el programa de incentivos para la mejora de la gestión y modernización municipal del Ministerio de Economía. Desde esa fecha reciben asignaciones presupuestales adicionales para seguridad aquellas municipalidades que ejecuten “al menos el 75 % de las actividades programadas en el Plan Local de Seguridad Ciudadana (PLSC)” del semestre en cuestión. El 2015 el 25% de los 1,100 millones de soles del Programa de Incentivos se podía destinar al componente de seguridad ciudadana.

Es la Dirección General de Seguridad Ciudadana la que verifica que los planes se cumplan. El año 2015, por ejemplo, sólo aprobaron 110 de las 250 municipalidades, nos informa el General Roberto Villar, director general de Seguridad Ciudadana. A las restantes, las que no cumplieron, se les retira el 25% del presupuesto de incentivos que recibían para seguridad, pero pueden recuperarlo si ejecutan las actividades contenidas en el plan respectivo. La municipalidad de San Isidro, por ejemplo, fue una de las desaprobadas.

Además del programa de incentivos, el Ministerio de Economía dispuso el año pasado de 300 millones del FONIPREL[v] para proyectos municipales de seguridad ciudadana, pero Villar nos informa que sólo se gastó 75 millones porque concursaron muy pocas municipalidades.

¿Pero hay menos vigilancia en los barrios?

Ahora bien, la relativa institucionalización de los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana y los presupuestos para seguridad ciudadana entregados como parte del programa de incentivos municipales, deberían haber llevado a una mayor vigilancia y presencia en los barrios del serenazgo, de la policía misma o del patrullaje integrado (un policía en el vehículo del serenazgo). Pero resulta que, según el INEI, dicha vigilancia ha caído justamente desde el 2013, año en que empiezan a aplicarse dichas políticas. Veamos el siguiente gráfico:

El INEI especifica que se considera que existe vigilancia en la zona o barrio, si la persona entrevistada manifestó que existe al menos una de las tres formas de vigilancia (Policía Nacional del Perú, Serenazgo o Patrullaje integrado) en las calles de su zona o barrio.

Esta tendencia se mantiene en el 2015, según el boletín de seguridad ciudadana de febrero del 2016 del INEI, que mide hogares en lugar de población:

Una explicación podría ser que los planes de seguridad ciudadana que elaboran los CODISEC, etc, pues son puramente declarativos, no se aplican. Al mismo tiempo, sin embargo, las estadísticas sí registran una disminución de la victimización por delincuencia, lo que sería coherente con una política de vigilancia más estricta producto de la coordinación con los gobiernos locales.

Lo que no es congruente es la caída en los niveles de vigilancia según el INEI, y la caída al mismo tiempo en los niveles de victimización. Alguna de las dos estadísticas tendría que estar mal. El Jefe del INEI, Aníbal Sánchez, nos dice que una explicación podría ser que “hay un cambio de modalidad, los sistemas de vigilancia han variado en estos últimos años: los hogares que tenían vigilancia del Serenazgo en un lugar fijo, ahora lo tienen en forma motorizada; y ello aún no es percibido por algunos hogares como una medida de vigilancia segura en su zona o barrio”. Ello, sin embargo no explicaría la caída en el patrullaje dado por la policía, como se puede constatar en el siguiente cuadro:

Sánchez observa, además, que lo que sí se ha incrementado son “las medidas de seguridad adoptadas en su zona o barrio por los hogares para auto protegerse”. Así, los sistemas de control de acceso a personas ajenas al lugar (rejas con vigilante, tranqueras con vigilante entre otras), aumentaron 7 puntos porcentuales en el último año (2015). Los sistemas de vigilancia a través de video cámaras se incrementaron también en 4,4 puntos porcentuales; y la vigilancia particular en 1 punto porcentual.  

Como fuere, el asunto es importante porque no cabe duda del potencial de una buena coordinación entre la Policía y las municipalidades. Como hemos visto, según el propio INEI el patrullaje del serenazgo está mucho más presente en los barrios de las ciudades del país, que el de la PNP.

Por lo tanto, es importante sumar esfuerzos y avanzar hacia el llamado “patrullaje integrado”, algo que ahora no requiere de la compra del día de franco de los policías sino que la PNP pone los policías en los vehículos del serenazgo a título gratuito, por lo menos en alguna medida. Pero para que esto funcione bien el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, presidido por el alcalde y en el que participan el o los comisarios del distritos junto con otras autoridades, tienen que reunirse regularmente para que el alcalde pueda asumir el liderazgo que le corresponde y aportar los recursos necesarios para integrarlos con los que posee la PNP.

Entrevistas

Gereda Espinoza, Luis O. Director de Diseño y Evaluación de Políticas de Seguridad Ciudadana, Ministerio del Interior

Sánchez, Aníbal, Jefe del Instituto nacional de Estadística e Informátiva (INEI)

Gral ® Villar Amiel, Roberto, Director General de la Dirección General de Seguridad Ciudadana,l Ministerio del Interior

Bibliografía
Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC): Informe experiencias exitosas en prevención de la criminalidad en América Latina. Una perspectiva territorial de las políticas públicas de seguridad ciudadana en América Latina, Diciembre 2015.

Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana: Evaluación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013 – 2018, periodo ene –jun 2015, Ministerio del Interior

Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana: Evaluación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013 – 2018, periodo jul – dic 2014, Ministerio del Interior

Decreto Supremo Nº 012-2003-IN,  Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana

INEI, “Estadísticas de Seguridad Ciudadana Abril – Septiembre 2015. Informe Técnico No 4 – Diciembre 2015

INEI, “Victimización en el Perú, 2010-2014”, Julio 2015

Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINACEC)

Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018

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