Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Introducción

El proyecto cuprífero las Bambas es el proyecto minero de mayor envergadura actualmente operativo en el país y representó una inversión de 10,000 millones de dólares, tiene una vida útil de 18 años y representa una producción de 453,000 toneladas de cobre al año. El yacimiento se encuentra ubicado en el distrito de Challhuahuacho en la provincia de Cotabambas en la región Apurímac.

Este proyecto ha estado asociado a conflictos sociales que han tenido ciertos picos el año 2012 y entre el 2015 y 2017. Período en el que se produjo el fallecimiento de cuatro personas en diversos enfrentamientos entre manifestantes y la policía.

En la actualidad el foco de los reclamos se encuentra asociado a (1) las posibles afectaciones sobre las comunidades en la ruta del traslado de mineral, (2) los compromisos asumidos por parte de la empresa y del Estado, y (3) las relaciones con la comunidad de Fuerabamba, la cual fue reubicada tras un acuerdo de compensación, debido a que se encontraba sobre el área del yacimiento.

Recientemente la conflictividad en la zona se reactivó al darse bloqueos en las carreteras utilizadas para trasladar el mineral al puerto de Matarani. Estas se iniciaron el 22 de agosto y terminaron el 3 de septiembre con el despeje de estos caminos.Sin embargo, los sentimientos de agravios, las expectativas y las demandas sociales no han sido resueltos, y es muy probable que estos se reactiven.El Estado había estado intentando manejar la conflictividad a través de la implantación de múltiples Estados de Emergencia (de enero de 2018 a mayo del 2018) y que habían logrado mantener el flujo de transporte en la vía en disputa. Sin embargo, ese mecanismo está perdiendo su efectividad original.

 La reasignación de actores.

La actual conflictividad se da en un contexto en el cual el activismo anti-minero se encuentra reasignando sus activos desde el norte peruano hacia el sur. En esta región se encuentra hoy el grueso de la inversión minera. El llamado Corredor Minero, involucra a las regiones de Cusco, Apurímac y Arequipa, y acumula el mayor volumen de inversiones mineras recientes. Por ello, quienes tienen una hostilidad ideológica a la gran inversión minera, ven en esta región una oportunidad para golpear lo que ellos denominan un ejemplo del modelo de “extractivismo depredador”. El sur, dentro de su concepción ideológica y política, es donde pueden y deben concentrar fuerzas y propiciar los conflictos sociales[1]. En especial el foco de esta predisposición de fuerzas es el “Corredor Minero del Sur” donde se encuentran los proyectos de Espinar, Tía María y Las Bambas.

Esta reasignación del activismo anti-minero tiene diversas expresiones. ONGs y activistas individuales que se dedicaban a la región norte, como principal centro de operaciones, han pasado a realizar actividades anti-mineras en la zona sur del país.  La producción de contenidos audiovisuales destinados a visibilizar supuestas afectaciones ha cambiado de foco.  Es especialmente llamativo el caso de campaña “La vida no vale un cobre”[2] en la cual se plantea una narrativa hostil a la extracción de cobre y se caracteriza a las actividades mineras como contaminadoras del medio ambiente y de la población, enemigas de la agricultura y violadoras de los DDHH. Esos grupos han generado videos en los cuales diversos pobladores denuncian afectaciones teniendo, en la inmensa mayoría de los casos, su testimonio como única ‘prueba’.

El accionar de los anti-mineros y su avance.

Se puede identificar que, desde el último pico de conflictividad en 2016, cuando se dio el fallecimiento del comunero Quintino Cereceda, se han dado avances del activismo anti-minero en tres frentes principales. Estos avances implican que, en el momento en el que estalle nuevamente un evento conflictivo, las condiciones para avanzar sus objetivos ideológicos de lucha contra el “extractivismo”, serán mejores que en el pasado. Los aspectos en los que se puede considerar que el activismo anti-minero ha avanzado son los siguientes:

1. Construcción de Discurso: Un discurso anti-minero es efectivo en la medida que cumpla con atributos tales como:

• credibilidad ante la opinión pública
• que despierte sentimientos que incentiven la movilización local y
• que socave la legitimidad de la minería en general y de un proyecto o empresa en particular.

En los últimos días los anti-mineros han dispuesto de espacio mediático, gracias a la cobertura del bloqueo de la carretera, en la cual han podido desplegar su narrativa con un nivel mínimo de oposición por parte de sectores pro-mineros. Ellos ahora señalan nuevas afectaciones, respaldados por estudios realizados por ellos mismos (por ejemplo en el documento de 16 páginas presentado como “libro” por Cooperacción).

A los reclamos sobre polvo y acusaciones de ‘mercenarización’ de la PNP por parte de la minera, se está agregando la contaminación de fuentes de agua en Challhuahuacho, incumplimiento de compromisos, polvos emitidos por la chancadora, falta de títulos de propiedad de los pobladores de Fuerabamba y un largo etcétera. La desproporcional diversidad de voceros y versiones[3] de afectación facilita una caracterización de Las Bambas conveniente a los objetivos de los anti-mineros.

Estos voceros (dirigentes de frente de defensa, periodistas locales, congresistas y concejeros regionales) repiten un discurso en gran medida facilitado por la ONG anti-minera Cooperacción, la cual en meses previos[4] al actual bloqueo de carreteras, articuló una narrativa coherente.

2. Formación de cuadros: ONGs como Aprodeh, Cooperacción y Bartolomé de las Casas han estado brindando cursos para líderes locales, como presidentes de frentes de defensa, académicos y periodistas locales, etc. Estos cursos son en la práctica seminarios de adoctrinamiento de ideología pos-extractivista, siendo los textos del uruguayo anti-extractivista Eduardo Gudynas un material de lectura obligatoria.

En dichos cursos los profesores realizan diversas dinámicas de consolidación ideológica con los estudiantes. También se les dota a los participantes de un discurso anti-minero bastante atractivo, que influencian el accionar público futuro de los alumnos.

Estos cursos tienden a recibir nombres que esconden la clara orientación ideológica anti-minera frente a la opinión pública en general y a algunos de los donantes. Un ejemplo de esto es el caso del diplomado “Derechos Humanos, Ambiente y Desarrollo Alternativo en Contextos Extractivos en Apurímac” organizado por Aprodeh que tuvo entre los profesores a conocidos pos-extractivistas como Raphael Hoetmer, Fabiola Yeckting y Ana Leyva Valera.

3. Articulación de actores: Un movimiento social efectivo requiere de articulación entre activistas locales, nacionales e internacionales, medios de comunicación, intelectuales y líderes de opinión. En los últimos tres años el grado de articulación de los actores hostiles a las bambas se ha incrementado notablemente. El numero de activistas con acceso a medios, de los productos culturales asociados al conflicto y de los eventos que sirven para consolidar redes se ha elevado.

Implicancias

Este accionar anti-minero contra Las Bambas, de ser exitoso, puede tener un conjunto de implicancias en distintos ámbitos.

1. Para el proyecto: La erosión de la legitimidad de Las Bambas puede no implicar el cierre inmediato del proyecto, pero sí implica mayores costos asociados a una mayor conflictividad presente y futura. Esta baja legitimidad implicara mayores perturbaciones a las operaciones, necesidad de mayores compensaciones en caso de futuras expansiones, gastos mayores en Relaciones Comunitarias, inestabilidad en los acuerdos con las comunidades y costos legales derivados de los “Litigios Estratégicos” a desplegarse en el futuro. En un mediano plazo, ese proceso de erosión genera una imagen negativa del proyecto en el país y expande el número de actores con opiniones hostiles en los medios de comunicación, en las universidades y en las instituciones públicas y civiles. Ese ambiente hostil produce una especie de cerco social, mediático e institucional que afecta a la empresa en cualquier situación conflictivo.
2. Para el sector minero: Los episodios de alta conflictividad son vistos por los pos- extractivistas, con razón, como disparadores de dinámicas políticas en las que se puede llevar al sector minero a enfrentar un marco regulatorio más hostil. Los casos de Bagua, Conga y Tambogrande propiciaron incrementos en un tipo de regulación que dificulta la actividad minera en el país. En esa lógica, el conflicto en Las Bambas puede servir para generar precedentes, narrativas e instrumentos que pueden ser nocivas para el sector en múltiples áreas. Un ejemplo de tal precedente puede ser el criterio de que la ruta de transporte del mineral es parte de la zona de afectación de un proyecto minero. Otro ejemplo es la necesidad de nuevos EIA para cualquier tipo de modificación en un proyecto, anulando a la herramienta actual del Informe Técnico Sustentatorio (ITS). Un tercer ejemplo es la masificación del uso de la consulta previa a través de la aplicación del criterio de auto-identificación como suficiente para considerar una población como pueblo indígena y adicionalmente inviabilizar toda coordinación entre las fuerzas del orden y las empresas mineras.
3. Para la población del entorno: La conflictividad permanente facilita a los pos-extractivistas la construcción de una hegemonía ideológica y política en el entorno de la empresa. Esto puede tener un efecto distorsionador poderoso sobre el sistema político local. El caso de Cajamarca es ilustrativo. Producto de 20 años de conflicto existe un bolsón electoral anti-minero que permite obtener triunfos políticos a movimientos radicales con bajísima capacidad de gestión. Estos triunfos se viabilizan al tener como base de su propuesta de valor frente al electorado la “defensa de la población”, contra un sector minero caracterizado como nocivo. Esta hegemonía anti-minera facilita el persistente mal uso de los ingentes recursos provenientes del canon a ser asignados a las autoridades locales en el entorno de Las Bambas.

Conclusiones.

La reasignación o reubicación del activismo anti-minero hacia el sur peruano y el especial el “Corredor Minero del Sur” implica un conjunto de riesgos para Las Bambas y el sector minero en general. Los avances principales se están dando en la capacidad de los anti-mineros para incidir sobre los movimientos sociales locales y la opinión pública relacionada al proyecto. Estos avances pueden no traducirse de inmediato en una mayor capacidad de movilización, pues el Estado de Emergencia la evita. Sin embargo, lo observado en el sur es un proceso sistemático de creación de condiciones negativas para la actividad minera y de construcción de capacidades políticas e institucionales para pasar de la fase actual, de secuencia de eventos discontinuos, a una nueva fase, con una dinámica de conflictividad durante prolongados periodos.

Considerando que en el sur se concentra la mayor cantidad de inversiones mineras del país, esa labor de promoción de la conflictividad pueda afectar la calidad del ambiente de negocios que enfrenta el sector minero, frenar el desarrollo del país y bloquear la posibilidad de la población local para apalancarse en la minería para su desarrollo. Lampadia

Las empresas mineras tienen por delante importantes retos para superar los riesgos que se avecinan en su sector. En un reciente informe de EY Perú (Ernst & Young), se analizan cuáles son los 10 riesgos globales que la industria debe tomar en cuenta, basándose en una encuesta realizada por EY Global a ejecutivos de las más importantes empresas de la industria a nivel global.

El análisis reseñado, no incluye el riesgo político, que en el caso del Perú se ha venido agravando por:

• Las acciones (no contrastadas de los grupos anti-mineros)
• La impunidad ante los delitos cometidos en las protestas político sociales contra los grandes proyectos de inversión
• La debilidad expositiva y de liderazgo del gobierno

Según Víctor Burga, Socio Líder de Auditoría en Minería y Metales de EY Perú, “El informe de riesgos mineros de este año muestra cambios importantes con respecto al año anterior: los precios vienen repuntando y los estados financieros de las empresas se ven más sólidos. Son tiempos de seguir con la gestión óptima de los costos, de buscar la innovación en los procesos de negocios y de mantener buenas relaciones con las comunidades. La gestión de estos aspectos resultará clave para el logro de los objetivos de las empresas mineras.”

Este reporte lista los 10 principales riesgos para la minería para los periodos 2017-2018:

1. Efectividad digital

El riesgo está en no darse cuenta del impacto de la digitalización en la minería, en otras palabras, que las compañías no visualicen la relevancia de dicha transformación. El enfoque debería estar en el uso de lo digital para resolver el problema más urgente del negocio: mejorar la productividad y los márgenes de toda la cadena de valor.

2. Retornos competitivos para el accionista

Los accionistas están ávidos de recibir retornos en niveles superiores respecto a los años previos, lo que genera una disyuntiva en las compañías respecto a invertir o repartir sus utilidades. EY considera que el retorno al crecimiento traerá oportunidades para la creación de valor. Esto invita a las compañías mineras a construir portafolios resilientes y de multicíclicos que ofrezcan rentabilidad sostenible a los accionistas.

3. Riesgo cibernético

El mayor grado de automatización que presentan las compañías mineras aumenta el grado de exposición ante ataques cibernético. Las empresas deben aplicar un marco de seguridad cibernética para identificar brechas de control cibernético importantes que deben cerrarse para lograr el perfil de riesgo cibernético meta

4. Nuevas materias primas del mundo

Comprender el impacto del cambio de actitudes y tecnologías es vital para mantener un equilibrio entre las nuevas y antiguas materias primas del mundo. Fenómenos como la electromovilidad están impulsando la demanda por productos como el litio, ante lo cual las mineras están en la disyuntiva de focalizar sus esfuerzos en sus productos tradicionales o en ingresar a nuevos mercados.

5. Riesgos regulatorios

El riesgo regulatorio se ha incrementado para el sector a medida que los gobiernos demandan una mayor rentabilidad y supervisión de sus recursos naturales. Con el ciclo minero al alza, se produce un mayor interés en obtener parte de esas utilidades, por ejemplo a través de modificaciones en los impuestos. A ello se suma la inestabilidad jurídica a la que se ven enfrentados los inversionistas.

6. Optimización del dinero

Riesgo vinculado al desafío de asignar el capital y gestionar de manera competitiva las demandas de los accionistas, frente a la situación de los proyectos en crecimiento. Además, el retorno al crecimiento probablemente impulsará una mayor producción, que a la vez necesitará inversión en el capital de trabajo e inversiones de capital. Estos cambios jugarán un papel importante en las decisiones sobre asignación de capital y cómo esta asignación optimiza el dinero.

7. Aceptación social comunidad local y una variedad de accionistas (ASPO)

Las mineras afronta el desafío de atender los requerimientos de sus diversos stakeholders: comunidad, medio ambiente, proveedores y empleados; ya que, con frecuencia, hay una brecha de expectativa entre lo que las compañías mineras ofrecen y lo que la comunidad quiere, y, como resultado, muchos mineros han tenido que abandonar proyectos.

8. Reemplazo de recursos

El menor Capex de las mineras ha repercutido en una disminución de las inversiones en proyectos de exploración. Para superar algunos de estos desafíos, además de incrementar la inversión en exploración, las compañías de la industria minera deben formar asociaciones estratégicas, comenzar joint ventures, adquirir proyectos o minas existentes y mejorar la tecnología para obtener mayores índices de éxito en la exploración.

9. Acceso y optimización de la energía

Las mineras buscan menores costos y una mayor certeza de su suministro energético, siendo un aspecto relevante que tendrá el tipo de energía elegida, debido a por ejemplo su impacto ambiental. Las operaciones mineras en áreas remotas enfrentan desafíos únicos en cuanto al desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de energía independientes. El acceso al suministro mediante red eléctrica puede brindar beneficios en cuanto al precio, pero es bastante complejo al evaluar opciones, riesgos y beneficios.

10. Gestión de Joint Ventures

Cuando las joint venture son bien gestionadas, tienen el potencial de brindar valor sustancial a los grupos de interés, aumentando significativamente el valor de los portafolios de la compañía y el acceso a las reservas y capacidades. Sin emabrgo, si se gestiona de manera incorrecta, puede convertirse en un gran riesgo.

Conclusión

Como afirma Miguel Zweig, Líder en Minería y Metales de EY Global, “La transformación digital, la constante innovación y el enfoque en las nuevas materias primas del mundo están causando un diferente tipo de volatilidad en el sector minero. Las compañías tendrán que ser cada vez más flexibles y ágiles en sus modelos de negocio para continuar siendo competitivas.” Lampadia