Jaime de Althaus
Para Lampadia

Las movilizaciones de los últimos días han sacado a la luz una modalidad de coerción social que siempre se ha aplicado, pero ahora ha sido puesta en evidencia con más claridad: pese a que sin duda hay cierta participación espontánea, en muchos casos se obliga a las personas a participar so pena de multas o de amenazas o ataques a sus establecimientos.

En el caso de las comunidades campesinas o las juntas de regantes, la compulsión suele venir acompañada de multas o corte del agua como castigo por no participar. En una comunidad, la verdadera unidad social y económica es la familia, dueña de sus tierras de cultivo, cuyos hijos heredan, aunque la tenencia en las tierras de secano y en los pastos pueda contener algún grado de injerencia comunal. La producción es familiar, pero la construcción y mantenimiento de la infraestructura es comunal: la minka. Entonces estamos ante un tipo de organización social que, ante una lucha reivindicatoria, puede facilitar un cierto grado de dictadura comunal para efectivizar las movilizaciones. 

Pero vemos que lo mismo ocurre en las ciudades con los mercados y con los negocios en general. Se obliga a los comerciantes a cerrar y sumarse, so pena de ataques a sus puestos o a sus tiendas. Aquí no hay ninguna base sociológica que facilite esa coacción. Los comerciantes definitivamente quieren seguir trabajando. Así como los transportistas que sufren el bloqueo de las vías, otro acto criminal que se impone contra los derechos de miles de ciudadanos.

Estamos sencillamente ante micro dictaduras que imponen por la fuerza el estado de lucha o de guerra social. Y esas micro dictaduras tienen un basamento ideológico: aplican los métodos de lucha derivados de la ideología de la lucha de clases y la violencia revolucionaria para la toma del poder, donde el fin justifica los medios y donde lo individual se somete al colectivo.

Se establecen así micro dictaduras locales que, allí donde logran imponerse, no permiten la disidencia de ningún tipo. No hay libertad de expresión ni de prensa. Las voces discrepantes son acalladas o no se atreven a manifestarse.

En los días de las revueltas contra Conga, por ejemplo, se conoció el caso de varios periodistas radiales que fueron golpeados y sus radios atacadas y destruidas por expresar ideas algo más moderadas en relación con las demandas contra el proyecto minero.

Hay que prestar atención y estudiar esas micro dictaduras, porque son un microcosmos de lo que ocurre en países enteros como Venezuela, Cuba, Nicaragua y, en menor medida, Bolivia y en su momento Ecuador. Allí tampoco hay libertades.

En Venezuela el régimen ha asesinado a alrededor de 6 mil ciudadanos según el informe de derechos humanos de Naciones Unidas elaborado por Michelle Bachelet, y prácticamente ya no hay medios independientes.

Para no hablar de Cuba y Nicaragua.

En Bolivia el líder opositor Luis Fernando Camacho ha sido detenido y encarcelado por razones puramente políticas, algo que es posible desde que el pasado gobierno de Morales, gracias a la Constitución que dio, pudo intervenir en el sistema judicial para ponerlo a su servicio.

Debemos poner los reflectores en estas micro dictaduras para denunciar sus métodos antidemocráticos y profundamente atentatorios contra la libertad individual y los derechos humanos, premonición de lo que harían si llegaran al poder. Lampadia

Por: Cusco 
Facebook

Los administradores de los mercados de la ciudad, han dispuesto que se cierren los centros de abasto, en apoyo a la huelga. El nuevo alcalde los ha destituido.
Estos son sus argumentos:

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia 

El primero de enero se inaugurará un nuevo gobierno municipal en todas las provincias y distritos del Perú, y definitivamente, ésta será una gran oportunidad de demostrar, cuando menos en Lima, donde tenemos un tercio de la población del país, cómo se deben hacer las cosas.

Siempre me pregunto, ¿qué es lo que más te molesta al salir de casa cada mañana? La mayoría de los amigos contesta:

1. El tráfico.
2. Los huecos en las pistas.
3. La cantidad de “rompemuelles” (los tenemos hasta a 50 centímetros de distancia entre ellos).
4. Los semáforos que no funcionan.
5. Los absurdos límites de velocidad recientemente impuestos.
6. El endemoniado transporte público.
7. La falta de respeto a las reglas de tránsito de los conductores.
8. El comportamiento abusivo de las autoridades policiales.
9. Saber que falta agua en asentamientos humanos.
10. Que haya hacinamiento popular en los cerros de Lima.

El alcalde elegido para la Municipalidad Metropolitana de Lima, tiene sin duda una ardua labor por delante, pero si quiere que se note algún cambio debido a su administración, le sugiero que desde el día uno, elimine los “rompemuelles” redundantes. Los alcaldes han llegado al absurdo de ponerlos a las avenidas y no a las calles transversales, cambiando con esto la lógica de las preferencias en los cruces, ocasionando más accidentes. De los huecos en las pistas, es increíble, pues “no tienen” asfalto para tapar huecos, pero les sobra para más rompemuelles.

Seguro que Rafael López Aliaga (RLA), quien ya habló del asunto, ha de contar con un plan para resolver prontamente la sincronización de los semáforos, por lo que no profundizaré en esto. Por otro lado, el objetivo es que el tránsito fluya, en consecuencia, haber limitado en muchas avenidas la velocidad a 30 km/h, es absurdo. Frente a colegios es razonable ese límite, pero sólo a la hora de entrada y salida de los escolares en días de clase, fuera de esos horarios, eso no es razonable.

El endemoniado transporte público es un tema que pasa por:

1. Trazo de las rutas.
2. Aplicación del reglamento a los transportistas, fijación de paraderos, no permitir recoger y dejar pasajeros en segundo carril.
3. Las empresas de transporte público deben tener sus vehículos en buenas condiciones, registrados a nombre de la empresa y todos los vehículos deben asumir solidariamente las obligaciones y responsabilidades civiles y papeletas impuestas a sus asociados, caso contrario, no hay comportamiento de empresa única.
4. Deben contar con una cobertura de seguros, mediante una póliza que cuando menos, cubra responsabilidad frente a terceros.

Debemos hacer una revisión del sentido del tránsito en todos los distritos, incluyendo las rutas y características de las ciclovías.  Por ejemplo, Barranco es de Ripley, tiene ciclovías en el malecón, en San Martín y en Grau donde dejan sólo un carril para autos, mientras que estos autos sólo pueden transitar en el malecón de sur a norte, en San Martín de norte a sur y en Grau de sur a norte. Debiera haber una sola ciclovía longitudinal del distrito y hacer fluir el tránsito. Así ocurre en todos los distritos.

La cosa no queda sólo ahí, al término de una intervención policial, nadie entiende por qué razón los autos siniestrados tienen que ir a parar a la puerta de las Comisarías. Independientemente de ocupar las calles con carros o motos chancados y dificultar el tránsito de esa zona. No tiene ninguna lógica que se pasen días o semanas allí “estacionados”. ¿Por qué no los meten en un depósito? ¿Por qué, si no son garantía para el pago de una reparación civil, no les requisan las placas y permiten que los propietarios los lleven a un taller a reparar? Finalmente, el responsable tendrá que asumir los daños, pero no por eso, el vecindario de una comisaría tiene que sufrir las consecuencias de transitar por pistas que han sido “tomadas” por vehículos chocados, y el mal aspecto que eso da.

A riesgo de ser reiterativo, creo que debemos pensar adecuadamente la lógica que debe tener el legislador, respecto a las normas que se dan en términos de seguros obligatorios.

A diferencia de los países civilizados, donde un vehículo no puede circular sin contar con la correspondiente póliza de seguros, la que obviamente incluye la responsabilidad de daños a terceros, en el Perú se ha optado por no exigir tal seguro, sino únicamente el SOAT. Para este efecto, ni el Estado impone reglas razonables, ni las compañías de seguros se quieren comprar el pleito.

¿Qué función cumple el SOAT? Pues cubrir únicamente los gastos médicos de las personas que intervinieron en el siniestro. Como consecuencia, hemos llegado al absurdo que, un SOAT para motocicleta cuesta 590 soles al año, mientras que el SOAT para automóvil se puede comprar por 45 soles al año.

Si uno analiza el daño que puede infligir una moto a terceros, es infinitamente menor que aquel que ocasiona un automóvil. ¿Qué criterios hacen entonces que esas tarifas sean tan distintas? Y la respuesta viene siendo que: La frecuencia de los accidentes en motocicleta es mucho más alta y que el daño sufrido por estos motociclistas accidentados es mucho mayor. Esto quiere decir que, en el Perú, no hay el menor respeto ni consideración por los terceros afectados en un accidente.

Estoy seguro que, al lector le vendrá de inmediato el recuerdo de algún evento de tránsito, en el que un chofer de “combi” o “taxi”, después de chocarlo le contestó: “Qué quieres que haga pe´ hermanito, no tengo plata ni para comer. Piña pe´, si quieres te doy 10 “luquitas” y quedamos parches. Es todo lo que tengo”. O que si hubo un atropello o accidentados que requerían atención médica, ese chofer no tenía forma de afrontar los gastos médicos, más allá que la cobertura del SOAT, si realmente lo tiene. Me parece que el concepto que ha manejado el legislador y el gobernante, oculta un profundo desprecio por lo que pueda sufrir un conciudadano. Esto lamentablemente retroalimenta una cultura egocentrista y de falta de solidaridad. Ya viene siendo tiempo de corregir esto, entre tantas otras cosas, y empezar a mirar con respeto al prójimo.

Suscribo la preocupación de RLA por la falta de agua en los cerros de Lima, para eso es importante que el alcalde de Lima tenga un asiento en el Directorio de SEDAPAL, e injerencia en sus decisiones. Debemos urgentemente y como solución de corto plazo, instalar “bladers” de agua en las alturas de los cerros y abastecerlos con un bombeo adecuado, pero tenemos la obligación de extender urbanizaciones populares debidamente planificadas, con habilitación urbana y construcción adecuada de vivienda popular. No es posible que traficantes de terrenos, tengan más capacidades que el Estado y generen asentamientos inadecuados.

Estoy seguro que Rafael López Aliaga trabajará varias de las sugerencias aquí planteadas, para hacer la diferencia respecto al pésimo gobierno nacional, pues a él no le corresponde refugiarse en el lloriqueo de Castillo. Lampadia

Feudalización

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Las elecciones del domingo pasado confirmaron la débil presencia de los partidos políticos en el territorio. No solo eso. Como podemos ver en el gráfico, luego de haber acortado la distancia con los movimientos regionales el 2018 gracias a la ley que eliminó la participación de movimientos provinciales y distritales, dejando solo a los propiamente regionales (departamentales), nuevamente se ensancha la diferencia y en esta ocasión solo el 36% de los alcaldes provinciales electos postularon por partidos políticos, y el 64% por movimientos regionales.

Es decir, la fragmentación política vuelve a incrementarse. Es la feudalización de la estructura política del país. Si a eso agregamos la existencia de -en algunos casos- 6 niveles de gobierno (comunidad, municipalidad de centro poblado, municipalidad distrital, municipalidad provincial, gobierno regional, gobierno nacional), tenemos una idea más clara del cuadro de disfuncionalidad e ingobernabilidad de nuestra estructuración política.

A esto agreguemos que los partidos políticos nacionales que han alcanzado cierta presencia en el interior son los menos ideológicos o programáticos.

El que más ha crecido ha sido Somos Perú que, como podemos ver en el cuadro siguiente, ha pasado de 9 alcaldes provinciales el 2018 a 27 en la actualidad.

Somos Perú aprovecha su logo poco contaminado para, en muchos casos, vender candidaturas. Mas que una tienda política es una tienda comercial.

Alianza para el Progreso tiene un carácter algo más orgánico, pero ha reducido en alguna medida su presencia.

Renovación Popular, el partido de Rafael López Aliaga, tiene muy poca incidencia fuera de Lima.

Acción Popular casi no existe no solo por el efecto Niños, sino porque presentó muchos menos candidatos que en la elección pasada debido a problemas internos. Como vemos en el siguiente cuadro, solo lo hizo en el 24% de las circunscripciones.

Y Fuerza Popular no alcanzó a ganar en ninguna provincia en parte también porque presentó también pocos candidatos, menos aún que Acción Popular: participó solo en el 11% de las municipalidades provinciales y distritales. Es decir, una mínima presencia. Fuerza Popular ha implosionado. La persecución judicial a Keiko Fujimori la ha debilitado al extremo.

Perú Libre, en cambio, si presentó candidatos en una cantidad mucho mayor de circunscripciones, pero sus resultados han sido muy pobres.

Ha colocado alcaldes en apenas 4 municipalidades provinciales.

En Junín, su cuna, no ganó ninguna municipalidad ni provincial ni distrital.

Ni siquiera en su distrito de nacimiento, Ahuac. Ni en su provincia, Chupaca.

Sí logró conquistar la municipalidad provincial de Cotabambas, donde está la operación minera Las Bambas, y en cinco de los seis distritos de esa provincia, lo que sin duda va a ser un problema para esa operación. Y logró poner al alcalde de Livitaca, en Chumbivilcas. Pero no triunfó en ninguna otra localidad del corredor minero.

La izquierda en general parece haber quedado muy disminuida. Los partidos de centro y derecha suman 67 alcaldes provinciales. Los de izquierda apenas 7. Lo que no tenemos es una clasificación de los movimientos regionales. Algunos, sin duda, son de izquierda, pero tenemos la impresión de que la mayoría han sido formados por empresarios locales u otros actores. Este análisis está por hacerse.

En general, es indispensable dictar leyes que permitan fortalecer los partidos políticos y su implantación en el territorio. Ello implicaría eliminar la participación electoral de movimientos regionales u obligar a que sean realmente regionales (tres o mas departamentos), o que participen dentro de los partidos políticos. Deberíamos aprovechar esta elección para iniciar un debate al respecto.

La descentralización en general debe ser revisada y reformada. Lampadia

Por: Aldo Mariátegui
Perú21, 29 de Setiembre del 2022

“Antauro Humala anda esparciendo su ponzoña fascistoide por todo el sur…”.

Siguen las advertencias sobre el gran peligro que corremos al poner en manos de un ministro de Defensa de corazón antaurista los muy próximos ascensos militares, tal como lo escribí aquí ayer. Recientemente, un alarmado general EP (r) Roger Zevallos ha reiterado eso mismo en el programa de Beto. Salvo Expreso, no he visto que ningún otro medio se ocupe ayer del asunto, que es muy serio. Después ustedes no lloren y me digan que “no lo vinieron venir”, que “nadie nos advirtió”, que “estaban ocupados en sus asuntos y no tenían tiempo para pensar en esas cosas”, “que ya no se informan porque se deprimen”, “que ya todo se arreglará solo”, que “peores cosas hemos pasado”, que “Dios es peruano”, que creían que “era mejor pasar de todo”, que pensaban que “Willax, Expreso, este servidor y otros exageraban”, que “el peruano es muy bueno como para hacer daño”, que “el peruano es un gran capitalista en el fondo”, que “la Corte -IDH nos defenderá”, que “Estados Unidos no va a permitir eso”, etc., todos esos mismos argumentos que vengo escuchando por años en distintos temas (el poder de la caviarada, la corrupción brasileña, las llegadas de Ollanta, Villarán y Castillo o esa idea idiota de que PPK iba a volver al Perú un país desarrollado, etc.) que después les reventaron en la cara, porque no escuchan, no creen o son indiferentes y cobardes cuando se les avisa de las amenazas.

Castillo y Antauro están por capturar a los altos mandos del Ejército. ¡Lo de Barragán en Defensa es gravísimo y todos están como si nada! Y así como el fascista Mussolini hizo su famosa “Marcha sobre Roma” en 1922, cien años después Antauro Humala está anunciando algo similar en Puno contra el Congreso en Lima. Anda esparciendo en estos momentos su ponzoña fascistoide por todo el sur, ante receptivos auditorios resentidos y a los que les encanta el discurso incendiario. Y en Lima ni se enteran. Sigan durmiendo y van a terminar, con suerte, exiliados en otro país. Siempre les he alucinado mucho. De verdad…

Por: Miguel Palomino, Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)
La República, 28 de Setiembre del 2022

“En Tumbes, Áncash, Apurímac y Loreto, cerca de dos tercios de los evaluados fueron ‘jalados’ y en seis regiones no existía nadie que fuera calificado…”.

El domingo vamos a elegir a quienes liderarán nuestros gobiernos locales y regionales por los próximos cuatro años. Al elegirlos, les estamos dando, entre otras cosas, la facultad de nombrar a los principales responsables de manejar su abundante presupuesto. Porque hoy en día, gracias a la descentralización, los recursos con que cuentan los gobernadores y alcaldes son enormes, especialmente cuando se compara con el pasado.

El presupuesto público total era mucho menor al actual en 2002, antes de que se descentralizara. Así, el crecimiento de la parte del presupuesto total que le corresponde a gobiernos regionales y locales es enorme. Entre 2002 y 2022 el presupuesto para gobernadores y alcaldes ha aumentado de 11,000 millones de soles a 96,000 millones de soles. Estas cifras son las que atraen a tantos candidatos a gobernador o alcalde. Viéndolo inclusive como porcentajes, la fracción que les toca a los gobiernos regionales y locales ha crecido mucho, pasando de 25% a 41% entre el 2002 y el 2022.

El gobernador o alcalde es el responsable de hacer que su presupuesto se transforme en bienes (obras) y servicios (agua, educación, etc.) para los ciudadanos que lo han elegido. Por supuesto que elegir al líder del equipo es importante y el líder debe tener cierta injerencia en con quién trabaja. Pero cambiar a casi todo el equipo cada vez que se cambia de líder y, peor aún, escoger a personas no capacitadas para tomar las decisiones que día a día deben convertirse en obras y servicios es una receta para el desastre.

La mayor parte del trabajoso proceso de convertir el presupuesto de un gobierno regional o local en algo provechoso para la población lo realizan un relativamente pequeño grupo de personas. En el 2019, Servir, el organismo estatal que promueve la profesionalización del personal del Estado, hizo una evaluación de aproximadamente 4,000 operadores del sistema Invierte.pe. Estas personas se encargan de formular, ejecutar y hacer seguimiento posterior a los proyectos de inversión.

En dicha evaluación, el 51% salió “jalado”, es decir necesitaban calificación urgente en la función que cumplían. El 36% requería una mayor calificación en la función y para el 11% se recomendaba reforzar los conocimientos sobre la función. Solo un 2% del personal contaba con un nivel de conocimiento óptimo. Estas cifras son el promedio de todo el país, pero hay regiones que estaban mucho peor. En Tumbes, Áncash, Apurímac y Loreto, cerca de dos tercios de los evaluados fueron “jalados” y en seis regiones no existía nadie que fuera calificado con “nivel de conocimientos óptimos”.

Es claro que este bajo nivel de conocimiento sobre la función específica está relacionado con la alta rotación del personal. Carlos Oliva, exministro de Economía y actual Presidente del Consejo Fiscal, señaló en una charla organizada justamente por Servir que la duración promedio de un gerente de gobierno regional o local era de seis meses. Eso puede parecer mucho comparado con lo que dura un ministro hoy en día, pero no deja de ser escandaloso.

¿Qué podemos hacer sobre esto? Pareciera que no mucho, pero un proceso democrático no acaba con las elecciones. Al votar por un candidato es muy importante que veamos la gente que lo rodea. Son ellos a quienes estamos empoderando con nuestro voto. Exijámosle, todos, prensa, universidades, gremios y por supuesto ciudadanos, que no consideren que ganaron una fuente de empleos para sus allegados, que no es necesario empezar de nuevo cada cuatro años, que es nuestro el dinero que le hemos dado para administrar.

Quizás si somos suficientes los que practicamos estas reglas sencillas acabemos con unos gobiernos un poco mejores, unos que tengamos una buena idea de qué harán y con quién, en lugar de sentir que les hemos dado un cheque en blanco.

Por: Ruben Vargas
Expreso, 28 de Setiembre del 2022

Mandatario decide retirar FF.AA. de zonas rojas y, sin embargo, reafirma adquisición de naves y pertrechos.

El presidente Pedro Castillo decidió retirar a las Fuerzas Armadas de la lucha contra la minería informal, y decidió no prorrogar el estado de emergencia en la zona, denunció el experto en crimen organizado y lucha antidrogas Rubén Vargas Céspedes.

“Castillo decidió retirar a las FF.AA. de la lucha contra la minería ilegal en La Pampa (Madre de Dios) y Alto Nanay (Loreto). En la lucha contra esta economía ilegal es fundamental el apoyo de las FF.AA. Gobierno decidió no prorrogar el estado de emergencia”️, señaló el exministro del Interior.

Advirtió también que el Gobierno “tiene acuerdo político con coca ilegal. Las víctimas de ese acuerdo son los nativos que siguen perseguidos y asesinados por los narcotraficantes. Comisión de Defensa del Congreso debe citar al jefe de Devida para que explique la estrategia antidrogas del Ejecutivo”.

ARMAS PARA MILITARES

Ayer el mandatario llegó a Piura para dirigir las maniobras tácticas “Fortaleza 2022”, que realizó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas-Co mando Operacional del Norte.

En su alocución justificó su empeño en la compra de armamento en tiempos de crisis. “Hemos tenido un informe de que parte del armamento corresponde a muchos años de adquirido, pero es tiempo que el Perú este a la altura de otros países”, enfatizó.

Por: Carlos Casas Tragodara, profesor principal del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico
El Comercio, 22 de Setiembre del 2022

“La falta de cultura de evaluación que existe en nuestro país nos pasa factura en muchos aspectos, especialmente en la descentralización”.

Va a ser la sexta vez que vamos a votar por autoridades regionales desde el inicio del último intento por descentralizar nuestro país. En el caso de las municipalidades, las elecciones tienen mayor tiempo, pero lo que ha marcado este proceso es la aparición de los gobiernos regionales. Este nivel intermedio de gobierno debe ser una bisagra entre el nivel nacional y el local, y jugar un papel articulador. Lamentablemente, no ha sucedido nada de ello. Es más, podemos decir que no existen regiones hasta el momento dado que estas se formarían a partir de la unión de dos o más departamentos.

Los problemas de ineficiencia, falta de capacidad de funcionarios y corrupción que han aparecido en los últimos años han añadido elementos que han creado una corriente en contra de la descentralización, echando la culpa a este proceso de buena parte de los problemas del país. Ello es un análisis simplista dado que existen otros factores que contribuyen a la situación actual. Sin embargo, nada está labrado en piedra y siempre existe la posibilidad de mejoras. Eso es algo que algunos gobiernos no entendieron, dado que creyeron que el proceso terminaba con la transferencia de competencias y no había nada que supervisar.

En las actuales circunstancias, esa es una de las tareas que hay que recuperar: la de supervisión, monitoreo y establecimiento de sanciones si no se cumplen ciertos compromisos. Con las sanciones hay que tener cuidado debido a que los ciudadanos no deben ser los que asuman los costos si es que surge una sanción. Esto nos lleva a un tema que se deja de lado muchas veces: la justificación de la descentralización es acercar el Estado al ciudadano. Es un medio y no un fin. Bajo esa perspectiva, debemos evaluar el proceso de descentralización. No sabemos a ciencia cierta si se ha logrado mejorar los niveles de vida de la población a través de la descentralización y si los recursos se usan eficientemente. Un poco de competencia no haría daño a los gobiernos subnacionales en el sentido de, si un nivel de gobierno no puede cumplir su rol, sea reemplazado por otra entidad del mismo nivel o de uno superior.

La falta de cultura de evaluación que existe en nuestro país nos pasa factura en muchos aspectos, especialmente en la descentralización. Hablamos de una evaluación desde el mapeo y análisis de data dura que nos permita identificar qué se ha hecho bien (algo habrá) y en dónde debemos mejorar. A su vez, este ejercicio nos permitirá establecer una priorización y una agenda de reformas al proceso.

Por ello, desde la Universidad del Pacífico hemos planteado un conjunto de recomendaciones de política pública en aspectos muy diversos para la mejora del proceso de descentralización. Esto, desde una perspectiva en la que se ve que los países están cada vez más descentralizados a nivel político, administrativo y fiscal. Es una tendencia mundial en la medida que aumentan los niveles de educación y de ingreso. Por ello, debemos encauzar el proceso para que responda a las expectativas de los ciudadanos. Ir en contra de ello sería suicida en nuestro país. Sería como echar combustible sobre una llama ya ardiendo.

Por ejemplo, en el Perú, el canon genera una fuerte desigualdad fiscal en el sentido de que algunos distritos reciben mucho dinero y otros ningún recurso. Por otro lado, los gobiernos regionales no han sido capaces de generar una diversificación productiva que permita darles una mayor sostenibilidad a los territorios y que esté ligado a la promoción de exportaciones a nivel regional. El caso de la inversión pública subnacional (con bajos ratios de ejecución y calidad del gasto no evaluada) urge plantear medidas como, por ejemplo, la tercerización. Las políticas anticorrupción cobran mayor vigencia en el contexto actual y deben fortalecerse.

Por otro lado, la descentralización implica la administración de ciudades que son cada vez más complejas y en las que el tema del servicio de transporte de carga o el recojo y disposición de residuos sólidos son claves por temas de salubridad y de congestión. La problemática es muy compleja y requiere soluciones creativas o replicar prácticas experiencias de otros países. La urgencia nos debe llevar a actuar de inmediato y existen espacios de mejora que podemos aprovechar de manera inmediata. La academia debe cumplir con su rol de aportar con soluciones concretas y basadas en evidencia. El esfuerzo de Agenda 2022 va en ese sentido.

Por: Instituto Peruano de Economía (IPE)
Perú21, 14 de Setiembre del 2022

La región minera fue duramente golpeada en el segundo trimestre por paralizaciones en las Bambas. Desatención de conflictos y caída de precios de los metales ya pasan factura, explica analista del IPE.

En el segundo trimestre del año, la actividad productiva de ocho regiones retrocedió, mientras que el país avanzó 3.3%, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Apurímac fue la que registró la mayor caída con un descenso de 33.1%, ante la paralización de Las Bambas ocurrida del 20 de abril al 10 de junio.

Moquegua, por su parte, bajó 3.2%, explicado por los menores volúmenes de extracción de cobre y molibdeno afectados por la paralización de Cuajone desde el 28 de febrero al 22 de abril.

Otras zonas del país que también mostraron resultados negativos fueron Amazonas (-2.8%), Tacna (-2.7%), Pasco (-2.4%), Huancavelica (-1.3%), Piura (-1.2%) y La Libertad (-0.9%).

El economista jefe del Instituto Peruano de Economía (IPE), Víctor Fuentes, explicó que anteriormente el buen precio de los metales ayudó a la actividad minera, y por lo tanto a algunas regiones.

No obstante, comentó que ahora, con menores precios, hay “menos perspectivas de inversión” y esto sucede en un contexto en que no se trabaja para solucionar la conflictividad social.

“No solo continúa la conflictividad, sino que se deteriora. Sienta un mal precedente para la competitividad minera”, añadió.

Datos

-Ica fue la región con mayor crecimiento en el segundo trimestre, con un avance de 11.7%, impulsada por la actividad minera y el mayor volumen extraído de cobre.
-En cuanto al departamento de Lima, la producción se incrementó en 3.4%.

Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia

Según una investigación del diario El Comercio, 1,403 candidatos a gobiernos regionales y municipales tienen sentencias (627 sentencias penales, 972 sentencias civiles, 196 sentencias penales y civiles). (Ariana Lira, ECData, 7/8/22).

Otros 89 tienen investigaciones o están procesados. Un candidato del partido de César Acuña en San Martín está en prisión preventiva por tráfico de drogas.

Obviamente esto es solo una muestra. Muchos otros no han sido investigados ni procesados todavía, por la ineficacia y corrupción del sistema judicial, Y muchos más, que no han tenido aun la oportunidad de acceder a cargos públicos, no han podido cometer todavía ninguna fechoría punible. Solo están esperando su oportunidad.

Según la Contraloría el año pasado hubo un perjuicio por la corrupción en el ámbito regional y municipal por más de trece mil doscientos millones de soles (S/. 13,200 millones), con Piura y Arequipa a la cabeza. (Jorge Falen, ECData, 7/8/22). Eso sin contar, por ejemplo, las obras innecesarias realizadas tanto por la incompetencia como por la corrupción.

En suma, los gobiernos regionales y municipales son un barril sin fondo, un hueco negro donde cada año se hunden miles de millones que van a engrosar las arcas de las nuevas oligarquías regionales que, fortalecidas con ese dinero, se perpetúan indefinidamente y, peor aún, han adquirido un poder nacional que las hace prácticamente invulnerables. (Ver: Nuevas oligarquías regionales Lampadia, 16/6/22).

El citado informe de ECData muestra que los “partidos” con más sentenciados son APP, Somos Perú, Perú Libre, Podemos, Juntos por el Perú. En realidad, difícilmente se puede calificar de partidos políticos a lo que son redes u organizaciones criminales dedicadas al saqueo de los recursos públicos y a proteger negocios privados de dudosa honestidad.

Un ejemplo de cómo funciona este entramado es el que denunció Panorama el domingo 7.

Trabajadores de la congresista de APP Rosío Torres, que preside la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales, se dedican a hacer campaña para su esposo Fernando Meléndez, que postula al gobierno regional de Loreto por APP. Meléndez fue gobernador regional entre 2015 y 2018 por el Movimiento de Integración Loretana y fue denunciado en varios casos de corrupción. En 2020 fue electo congresista por APP.

Su hermano, Jorge Meléndez, fue congresista en 2016 por Peruanos Por el Cambio (PPK), ministro en el Midis con Pedro Pablo Kuczynski y luego con Martín Vizcarra. Tuvo que renunciar en octubre de 2019 cuando se difundieron audios que lo vinculaban al tráfico ilegal de madera en Loreto, ilícito negocio en el que presuntamente participaba junto con su hermano, el actual candidato.

Un resumen de algunas andanzas de esta linda familia, según Wikipedia:

“En marzo de 2017 la fiscalía intervino la sede oficial del Gobierno Regional de Loreto en Iquitos por las constantes acusaciones de varios sectores internos del gobierno regional que acusaban un acto de corrupción durante una licitación de útiles escolares para el periodo 2017-2018 en las cuales Meléndez Celis y toda su junta de regidores supuestamente habían sido coimeados por una de las empresas competidoras para que recibieran la buena pro de la licitación.

En abril de 2017 el diario nacional El Comercio mostró que Meléndez Celis era investigado por el presunto delito de lavado de activos. La fuente del diario se basaba en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), según el informe Meléndez movilizó grandes cantidades de dinero mal habido.

A finales de octubre de 2019, se destapó que durante la gestión de Meléndez, junto a su hermano Jorge Meléndez Celis formaban parte de una red de tala ilegal de madera en la provincia de Loreto. En el momento del escándalo, su hermano ocupaba el cargo de titular de Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del cual tuvo que renunciar por las fuertes críticas.” (9/8/22).

La congresista Rosío Torres ha sido descubierta en falta porque sus trabajadores del Congreso eran usados ilegalmente en la campaña electoral de su esposo Fernando Meléndez. ¿Cómo evitará una sanción? Negociando con otros congresistas en su misma situación. Protección mutua. Y da la casualidad que ella preside la sub comisión que tiene a su cargo las acusaciones contra Pedro Castillo y Dina Boluarte, entre otros.

Este es solo uno de los muchos ejemplos de los intrincados entramados de corrupción que se han tejido en las últimas dos décadas y que han convertido el sistema político en una democracia fallida, que no puede arreglarse en su propio marco institucional.

¿O alguien cree que el Congreso, donde dominan los mismos “partidos” que albergan esa cantidad de indeseables que postulan en las próximas elecciones corregirá esas gravísimas lacras?

Se necesitan soluciones radicales. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 22 de julio de 2022
Para Lampadia

Muchos políticos corruptos no quieren – mejor dicho, no les conviene – hablar del fracaso estrepitoso del proceso de la regionalización de nuestro país. La mayoría de Gobernadores Regionales – ex y no ex – están presos, escondidos; o, en el mejor de los casos, procesados por corrupción. La mayoría de los alcaldes provinciales y distritales también están metidos en la colada. Si eso no es fracaso… ¿qué es entonces?

Es verdad que el Gobierno Central y demás poderes del Estado, también tienen vela en este entierro. Muchos presidentes y ministros – sobre todo los actuales – y otros tantos congresistas y jueces son también muy corruptos e inoperantes. Pero de ellos me he referido inextenso en otros artículos. En este me referiré a nuestras autoridades regionales y municipales… corruptas e incompetentes.

Bueno pues, por culpa de ellos tenemos – en todo el país –

hospitales y centros de salud inacabados y abandonados;
plantas de tratamiento de aguas servidas inoperativas;
escuelas sin puertas ni ventanas;
carreteras y puentes intransitables;
monumentos al sombrero, a la maca, a la ojota, al árbitro de fútbol, y así;
estadios con aforos superiores a las poblaciones totales del lugar;
piscinas y piletas sin agua…

todas obras sobrevaloradas,
todas obras con mucha corrupción detrás.

Por otro lado, los servicios públicos – regionales y municipales – son de pésima calidad. Los servicios de salud y educación – en manos de los Gobiernos Regionales – son lo que son… paupérrimos, crueles, miserables. Los municipios – provinciales y distritales – son tal para cual. Por ellos, el agua potable y alcantarillado, la limpieza pública, la vivienda, el tráfico vehicular… peor no pueden estar.

El común denominador de la regionalización de nuestro país es corrupción, sólo corrupción, y nada más que corrupción. Y los paganos somos los ciudadanos… padres de familia, empresarios, trabajadores, estudiantes – incluso, niños y adultos mayores – que vemos atónitos cómo se malgasta el dinero del Estado; el dinero de todos los peruanos.

Sin embargo, frente al tremendo problema, pocos proponen alternativas de solución. Como si haciendo lo mismo año tras año – sin mover nada en el Estado – las cosas fueran a cambiar.

De ahí mi propuesta de crear Organismos Constitucionales Autónomos – previstos en la Constitución – altamente profesionalizados, meritocráticos, y especializados en cada uno de los servicios públicos fallidos: salud, educación, agua y saneamiento, limpieza pública, tráfico vehicular, vivienda y urbanismo, infraestructura, entre otros. Para ello, no queda otra que quitarle las competencias correspondientes a los Gobierno Regionales y Municipales, incluso a los Ministerios que claramente han fracasado en su función de servir honesta y eficientemente a la población.

Se trata – básicamente – de reestablecer la meritocracia y la carrera pública en el Estado, de profesionalizar y despolitizar la gestión estatal, y – lo más importante – de mejorar los servicios públicos en favor de la ciudadanía. El ejemplo a seguir es el Banco Central de Reserva del Perú (BCR), el emblema máximo de la excelencia y eficiencia institucional en el Estado.

Varias veces he escrito y opinado a este respecto. Y así como he recibido opiniones favorables, también he recibido comentarios en contrario… con insultos y mentadas de madre de por medio. Sin embargo, lo que menos me preocupa son las groserías, pues provienen de políticos y funcionarios corruptos, que no quieren – para nada – perder la teta del Estado. En ese sentido, los comprendo. Mi propuesta les debe saber a chicharrón de sebo.

Sin embargo, llama la atención la cantidad de gente que critica la propuesta – sin proponer nada a cambio – diciendo que “¡cómo se le va a quitar las competencias a los Gobiernos Regionales y Municipales!”. En buena cuenta sugieren que todo siga tal cual. Simplemente, temen la reacción de los políticos corruptos que abundan en todo el país. ¡Pura cobardía!

Los organismos autónomos – dicho sea de paso – deberían ser totalmente descentralizados. Nada de centralizar nuevamente al Estado. El centralismo es tan malo o peor que la regionalización. Pero eso sí, los organismos autónomos – como el BCR – serían totalmente profesionales, altamente especializados, articulados digitalmente entre sí, blindados de los políticos corruptos, y diseñados exprofesamente para evitar discrecionalidades que – como sabemos – siempre derivan en malos tratos a los ciudadanos, y peor aún, en corrupción.

Paralelamente, habría que reducir drásticamente la burocracia estatal. Fusionar ministerios para reducir de 19 a unos 10 u 8 el número total de carteras. Fusionar instituciones estatales redundantes. Reducir el número de distritos en todo el país, y empoderar – más bien – a los Municipios Provinciales.

La idea sería reducir el número total de autoridades políticas y sus respectivas burocracias, y evitar las consabidas interferencias administrativas en el Estado. Todo dentro del marco de un radical proceso de simplificación administrativa y transformación digital del Estado.

Aparte de reducir significativamente la corrupción y la inoperancia en el Estado, la propuesta generaría un gran ahorro en gastos burocráticos improductivos, los cuales se invertirían – eficiente y transparentemente – en mejorar las remuneraciones de los funcionarios públicos, sobre todo de maestros, médicos y enfermeras, policías y militares, y jueces y fiscales; y en construir más y mejores obras de infraestructura social.

En definitiva, el objetivo final es el bienestar del ciudadano, en vez del bienestar del funcionario o político corrupto e inoperante. Quien no gobierna para servir a la ciudadanía, no sirve para gobernar al país. ¡Esa es la idea!

Por ello, primero hay que terminar con el Gobierno actual. Felizmente, falta poco para que caiga. Que este sea el último 28 de julio del Presidente Castillo y su pandilla en el poder… son muy fervientes deseos de estas Fiestas Patrias. ¡Feliz 28 y salud con pisco! Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

No quisiera repetir las cifras reportadas por los organismos oficiales y la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), que lamentablemente, por negligencia del Estado y los ministros de Energía y Minas de Perú Libre, no han sido corroboradas por el EITI – La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, (Extractive Industries Transparency Initiative, en ingles), pero que es importante resaltar. Durante los últimos 10 años, han sido 40 mil millones de soles transferidos por las empresas mineras, por concepto de canon y regalías, a las regiones, municipalidades y universidades de las zonas donde operan. Es claro también, que el nivel de ejecución de esos fondos, a duras penas llega al 60% de ellos, pero lo más grave aún, es que lo ejecutado es de muy mala calidad, en muchos casos en obras inconclusas por mala ingeniería y altísimo nivel de corrupción.

Si bien este es un diagnóstico conocido por muchos, es inevitable mencionarlo, pues de otro modo, no sería comprensible nuestra propuesta de solución. De otro lado, si tomamos en consideración los precios actuales de los metales y los proyectos que se están incorporando como nuevas operaciones, las sumas que viene recaudando el Estado en estos últimos tiempos se vuelven increíbles, pues serán, cuando menos, 60 a 70% superiores a lo antes mencionado.

Ya es conocido el altísimo nivel de ignorancia y corrupción existente entre las autoridades elegidas en el gobierno nacional, pero estamos ad portas de elecciones regionales y municipales que, sin duda, traerán consigo más ignorancia y corrupción, pues la corrupción que antes se movía a nivel distrital o regional, hoy viene operada y avalada por los más alto niveles del ejecutivo (presidente, ministros y viceministros), pero son una moneda corriente para controlar a muchos congresistas venales, ligados a toda esa mafia descentralizada.

Lo antes dicho: gran riqueza generada en el país, versus prácticamente ninguna mejora para las poblaciones más necesitadas, pueblos que han estado, casi siempre, abandonados a su suerte por los sucesivos gobiernos, ha generado una deuda histórica con la sociedad, quien pudo y debió proporcionar un gran progreso y desarrollo económico para los más pobres y desvalidos.

La solución a este problema, no pasa por distribuir a los comuneros cantidades importantes de dinero, como un porcentaje del canon, tal como ha propuesto algún partido. Esta solución facilista, no haría otra cosa que generar el “síndrome del ganador de la lotería”, síndrome por el cual, quien recibe una suma desmedida e inesperada de dinero, pierde la cordura, se aleja de su realidad, no sabe qué hacer con ese dinero inesperado y lo malgasta, lo derrocha o mal invierte. El resultado final es que, al no organizar ni encarrilar su vida económica, gastará sin control aquello que no le costó trabajo digno obtener y al cabo de muy poco tiempo, volverá a la búsqueda de más dinero fácil.

El caso más palpable y directo lo tenemos en los pobladores de Chalhuahuacho, quienes permutaron sus tierras por otras en ubicaciones menos agrestes (menor altitud), cobraron en efectivo por los terrenos, no una, sino dos veces, recibieron casas construidas en tres pisos, diseñadas como para poder ser usadas en el negocio hotelero, lo que funcionó durante los años de construcción del proyecto, un colegio de magníficas características arquitectónicas, con redes wifi y computadoras para todos los alumnos y un muy buen hospital, con todo el equipamiento necesario, ambas instalaciones usadas a menos del 30% de su capacidad, habiendo comunidades vecinas que lo necesitan. No obstante, hoy bloquean las carreteras e invaden los terrenos vendidos, reclamando mayores (exorbitantes) sumas de dinero y hasta participación igualitaria en la propiedad del negocio.

Creo que, el Estado debiera transparentar las brechas que debe cerrar, bajo su responsabilidad, para elevar los índices de desarrollo humano de esas comunidades. Es importante hacer hincapié en que, lo que más tarda y resulta más difícil de obtener aprobación, es la contratación de los expedientes técnicos, no sólo por la frecuente contratación de “estudios” de muy mala calidad, sino porque ha sido una fuente tradicional de corrupción. En segundo lugar y considerando lo difícil que se les hace contratar, a esas autoridades, de acuerdo a lo explicado anteriormente, deberíamos promover que la empresa privada contrate el desarrollo de los expedientes técnicos requeridos para estos proyectos, bajo una priorización debidamente consensuada, para finalmente ayudar a las autoridades regionales y municipales, a contratar debidamente la ejecución de tales proyectos, obviamente con la participación concurrente de la Contraloría General de la República.

No es posible, que esté sobrando el dinero en las regiones y municipalidades, pero que, por incapacidad y altísimo nivel de corrupción de alcaldes, regidores y gobernadores regionales –ahora secundados por el gobierno central-, mantengamos una pobreza secular y sin visos de solución. Ya, casi sin darse cuenta, se les está agotando el primer año de gobierno o 20% de su período, sin ningún avance para mejorar el bienestar de los más pobres.

Déjense ayudar y así podremos involucrarnos, con reglas claras, en la solución de este problema generado por la incapacidad técnica y moral permanente de los gobernantes, pero teniendo claro que: “EN ARCA ABIERTA, EL JUSTO PECA”. Lampadia