Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 11 de Marzo del 2023

“Es la gran oportunidad del Estado Peruano para entrar en esa zona con una propuesta sencilla y práctica de formalización, que serviría para la pacificación”.

Cuando el 15 de febrero el comando unificado Inca Manco Cápac “asumió” el control del orden interno en Puno, había entre 35 y 37 puntos de bloqueo. El Ejército empezó a desbloquearlos en las madrugadas, llevándose las piedras lejos solo para que los piquetes volvieran a ponerlas al día siguiente, pero en cantidad y tamaño cada vez menor. Al cabo de una semana y media, el número de puntos de bloqueo se había reducido a la mitad, pero luego de eso no ha habido mayor progreso. Es una estrategia basada en la no confrontación, buscando el desgaste (a ver quién se cansa primero), y en conseguir el apoyo de la población con acciones cívicas. A tal punto que a la hostil zona aimara enviaron pocos hombres, la mayor parte sin armas y con órdenes de no disparar. El resultado fue soldados apedreados y seis ahogados.

A una zona como esa se debe ingresar con una fuerza mucho más numerosa, no para aplastar, sino para disuadir y prevenir los ataques precisamente –aunque los aimaras pueden movilizar a 10.000 o 15.000 hombres–, y con un batallón de ingeniería para mejorar carreteras y colegios. La alternativa es dejar la zona en manos de las dirigencias radicales hasta que el aislamiento termine de rendirlos por asfixia económica.

Es claro que el orden interno lo siguen controlando esas dirigencias, que imponen una férrea dictadura. Se requiere de una estrategia política, que tampoco es fácil, porque Puno aparece casi como un monolito irreductible. Pero no es un monolito. Si bien es el tipo de sociedad en la que los intereses individuales se subordinan a la identificación étnica, de todos modos hay sectores, como los comerciantes, que están desesperados con las medidas restrictivas impuestas por las dictaduras radicales. Comerciantes puneños en Lima invitados a opinar se niegan a hacerlo por temor a represalias contras sus familiares en Puno.

El Gobierno debería nombrar un alto comisionado político con capacidad ejecutiva para terminar obras paralizadas por la corrupción y buscar interlocutores entre estos sectores oprimidos. El Gobierno –o el empresariado– debería desarrollar una campaña comunicacional exponiendo la forma en que los comerciantes y la población en general se están empobreciendo y ya no pueden pagar sus deudas, y muchos se quieren ir, como consecuencia de los bloqueos y los cierres compulsivos. Hay que mostrar el abuso para precipitar la rebelión contra esas dictaduras.

Los mineros informales de La Rinconada, en el distrito de Ananea, también están sufriendo como consecuencia de que no pueden sacar su oro a Bolivia. Lo interesante es que han enviado una carta a la presidenta Dina Boluarte quejándose por la alta inseguridad que sufren, y demandando estado de emergencia con presencia policial y militar. Allí impera la ley de la selva, y los mineros son constantemente asaltados para robarles el oro. Pero lo más interesante es que le piden a la presidenta que se instalen bancos, un centro de acopio y comercialización de oro, un laboratorio de análisis químico e incluso una pista de aterrizaje para llevar el oro directamente al aeropuerto Jorge Chávez. Quieren formalizarse para tener seguridad y poder crecer.

Entonces es la gran oportunidad del Estado Peruano para entrar en esa zona con una propuesta sencilla y práctica de formalización, que serviría como cabecera de playa para la pacificación y la recuperación de la ley y el Estado de derecho en la región. Y como laboratorio para la formalización de la minería informal a escala nacional. De paso, cortamos de cuajo la adicción boliviana al oro peruano, que ha alimentado el proyecto de Evo Morales de potenciar la nación aimara para procurar un separatismo que facilite la importación de ese oro y eventualmente el control de otros recursos como el litio. Puno es el Perú.

Por: Arturo Woodman
Expreso, 7 de Marzo del 2023

Después de las violentas manifestaciones en Lima, quedó claro que estos movimientos vandálicos trajeron destrozos a la capital y que los participantes del sur estarían contratados de 6:00 a 8:00 p.m. por 50 soles para destruir y atacar a la Policía, 85 soles a los que arrojen piedras y si herían a un Policía, obtendrían una bonificación de 50 soles.

Estos manifestantes sin apoyo de los limeños ni de sus paisanos, se les ubica como ciudadanos violentos. Al regresar a sus localidades, satisfechos por haber conocido Lima y contribuir en los actos destructivos, recibieron aplausos de parte de los que no vinieron, sintiéndose “héroes libertadores” del teórico abandono de su región.

Las diversas acciones violentas en su “toma de Lima”, capital de todos con más de 11 millones de habitantes, a la que han querido conquistar y manejar los puneños, descendientes de los valientes y aguerridos aimaras, pretendiendo emularlos, para convertirse en capitalinos y liderar Perú y Bolivia.

En realidad, los puneños son gente de trabajo, valientes y en especial excelentes comerciantes, demostrándolo en Cusco, Arequipa, Tacna y Lima, donde con su esfuerzo y habilidad de integración se convierten en empresarios de éxito. En resumen, son trabajadores, con capacidad, en especial comerciantes serios y acreditados.

Lo que no es plausible es que en su región, a pesar de que los acompaña un destacamento del Ejército, todavía continúan con el bloqueo de carreteras, controlan los mercados con horarios especiales y los centros comerciales operarán solo fines de semana; todas estas acciones repercuten negativamente en sus pobladores, ahuyentan las inversiones, los empobrecen, sube el precio de sus alimentos y no pueden trabajar, ni realizar su comercio local, ni con el resto del país ni con Bolivia.

Inclusive han mantenido un paro en la ciudad limítrofe de Desaguadero, impidiendo por más de 30 días el tránsito de 800 camiones, complicando el flujo comercial entre Puno y Bolivia. Y este fin de semana en Ilave, incendiaron la comisaría y la sede judicial y lo lamentable es que una patrulla militar sin despejar el puente bloqueado cruzó el río, dejando 3 militares ahogados y otros 3 desaparecidos.

Todos estos actos alejados del orden y progreso deben ser suprimidos sin perder su estabilidad, su turismo (La Candelaria, el Lago, etc.), ni la libertad que debe tener su zona andina y el país. Es posible que por la lejanía de su región no llegue oportunamente la atención que necesitan, pero resolver a través de un pequeño grupo radical los está llevando a un autosecuestro, a alejarse del correcto contexto de unión entre Puno y el Perú. Es un grave error permitir que este grupo separatista irracional lleve a sus paisanos a tener más problemas y pobreza, cuando en realidad Puno con su riqueza y manteniendo su importante turismo, puede perfectamente autosostenerse y si además ejecutan eficientemente los fondos que constantemente les asigna el Gobierno, sumado a lo trabajadores y empeñosos que son, “Puno puede ser mejor”.

Inclusive con la necedad puneña, tres camiones están viniendo nuevamente a “tomar Lima”, esperemos se capture a los cabecillas y a los financiadores.

Finalmente, esperemos que los puneños puedan convertir a Puno en una región pujante, no necesitan destruir Lima y mostrarse como destructores cercanos a terroristas, olvidándose que la irracionalidad produce pobreza y aislamiento.

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Todos los males que nos aquejan se reflejan en la desastrosa descentralización, apurada por Toledo y recargada irresponsablemente por García II.

Toledo la puso en marcha en su discurso de investidura, sin la expresa aprobación de su Consejo de Ministros, como estipula la Constitución. Y García, para disminuir su ámbito de gestión, profundizó una irresponsable transferencia de responsabilidades a los gobiernos sub-nacionales, sin establecer las mínimas capacidades de gestión y accountability (responsabilidad y rendición de cuentas).

La estructura de la descentralización, la distribución de recursos y responsabilidades, sin capacidades y controles, ha generado espacios libérrimos de corrupción que no sabemos cómo corregir. Si algo caracteriza hoy día a los gobiernos regionales y locales, es la prevalencia de corrupción generalizada y creciente y, absoluta incapacidad para administrar la cosa pública.

Como anécdota cuento que, a pedido de Confiep yo participé (ad-honorem), en el debate de la descentralización en el Congreso, donde indiqué que había una gran confusión, pues la descentralización ya se estaba dando con el regreso de la inversión privada a las regiones, que estaba generando empleo de calidad, capacitación, transferencia de tecnologías, infraestructuras y recursos públicos. Lo que faltaba era desconcentrar al Estado, y para ello propuse llevar las cúpulas militares a Arequipa, las cúpulas judiciales a Piura, la Cámara de Diputados a Iquitos, la Cámara de Senadores al Cusco y el Tribunal de Garantías Constitucionales a Huancayo. Solo habría que dejar al poder ejecutivo en Lima.

Si hubiéramos ido por ese camino el Perú Oficial se hubiera acercado a sus ciudadanos y habríamos construido importantes infraestructuras sociales y económicas. Todos los ciudadanos habríamos entendido que Lima dejaría de ser el hueco negro que atrae gente, recursos y decisiones.

Pero faltaba algo muy importante en mi propuesta, ¿cómo asegurar que el ejecutivo fuera capaz de brindar buenos servicios públicos de educación, salud, agua y desagüe, regadío, baja policía, y otros?

Justamente, la falencia de estos servicios, es el origen de la bajísima calidad de vida de los peruanos, y de la gran frustración con las autoridades políticas, desde el gobierno central, hasta el distrito más pequeño.

A estas alturas, está meridianamente claro que las autoridades políticas, gobernadores y alcaldes, no tienen, ni tendrán en mucho tiempo, la capacidad de llevar adelante gestiones efectivas, honestas y comprometidas.

Tenemos que poner a los peruanos más capaces y probos a cargo de los servicios públicos, como propone Fernando Cillóniz, siguiendo el modelo de gestión y gobernanza del Banco Central de Reserva del Perú.

Pero, evidentemente, no podemos re-centralizar la gestión de los servicios públicos en Lima. Entonces, tenemos que crear autoridades nacionales autónomas de educación, de salud, de agua y desagüe, etc., pero fuera de Lima.

• ANA-Educación en Arequipa
• ANA-Salud en Trujillo
• ANA-Sanidad en Huancayo
• ANA-Regadío en Cusco
• ANA-Infraestructuras en Piura, etc.

Más allá de como hagamos los imperiosos cambios profundos que necesitamos, está muy claro que la cosas no pueden permanecer como están.

Propongo abordar el tema de la nueva descentralización con urgencia, y no se trata de alargar los períodos de gobierno de las autoridades sub-nacionales. Se trata de establecer meritocracia y probidad en el Estado. Lampadia

Por: Rolando Arellano
El Comercio, 27 de Febrero del 2023

“Los alcaldes deberían dar facilidades para que más empresas creen puestos de trabajo”.

Nuestra columna “Hoy sí atiendo provincias” (EC 2/1/23) generó interés en empresarios de todo tamaño, pero más de uno manifestó que un gran impedimento para invertir fuera de la capital es la falta de apoyo de las autoridades regionales y locales. Los alcaldes y gobernadores que asumieron sus puestos hace pocas semanas podrían cambiar eso. Veamos.

Si es difícil lidiar con la burocracia limeña, dicen que esa situación muchas veces se magnifica en provincias. Allí, obtener permisos de funcionamiento, licencias o cualquier trámite similar exige procedimientos muchas veces insalvables para las empresas que tienen códigos de conducta ética bien definidos. Y si eso se supera, algunas autoridades, aprovechando el monopolio administrativo que poseen, comienzan un control exagerado, a veces irracional que, acompañado de ataques mediáticos, hace muy difícil funcionar de manera eficiente.

¿Cómo deberían entonces actuar?, preguntamos. Como ocurre en los países con más trayectoria democrática, nos responden, donde la función de las autoridades, muchísimo más amplia que gastar (bien) los presupuestos que reciben, es generar más oportunidades de bienestar a sus vecinos. Por ello, en vez de oponerse, los alcaldes y gobernadores deberían atraer y dar facilidades para que más empresas, fábricas, hoteles y minas creen puestos de trabajo y paguen arbitrios. Así, sin renunciar a su función de autoridad y control a esas empresas, generarían un círculo virtuoso de más empleo para sus electores, y más presupuesto para darles mejores servicios.

¿Pero eso no es función del Gobierno Central? Lo es, pero no de manera exclusiva, pues municipios y regiones son niveles de gobierno con muchas más capacidades que las que la mayoría de ellos ejerce o quiere asumir. De hecho, el problema del centralismo no se resolverá solo pidiendo más recursos a Lima, y menos aún si para ello paralizan la inversión o le causan daño. El centralismo solo desaparecerá de forma permanente cuando las provincias se involucren más en generar trabajo y producción que las haga menos dependientes de la capital.

Por todo lo anterior, las nuevas autoridades deben entender que su rol pasivo de demandantes de más recursos y de ser solo caja de resonancia de las quejas de sus electores contra Lima limita mucho su accionar. Mucho más útiles serían si asumieran el rol activo de ser generadores de ingresos, crecimiento y bienestar duradero para sus comunidades. Actuando así todos ganarían, pues, además de mejorar el nivel de vida de sus vecinos, contribuirían a una verdadera descentralización y, de paso, ellos se convertirían en los líderes que las provincias, y todo el país, necesitan. Les deseo una gran semana.

Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 11 de Febrero del 2023

“Una revisión de los números del crecimiento puneño desmiente todos los mitos”.

Una revisión de los números del crecimiento puneño desmiente todos los mitos. El primero es el que le echa la culpa de lo que ocurre al centralismo. Veamos. En el 2021, Puno representaba el 2% del producto nacional, pero ese año el gasto público en la región fue el 3,3% del total nacional, y los proyectos de inversión pública alcanzaron el 3,7% del total (MEF). Es decir, Puno, recibe más de lo que da. El problema está en la corrupción local y regional, lo que inflama a la gente. Según el contralor Nelson Shack, en Puno se han dejado de gastar en cinco años S/2.600 millones, con los que se hubiera podido cerrar muchas brechas.

El segundo mito es el que asegura que el modelo económico lo dejó fuera, que Puno es un perdedor del modelo. Por el contrario, si bien es el cuarto departamento más pobre del país, ha crecido a una tasa mayor que el promedio nacional. Entre el 2007 y el 2021, su ingreso por habitante aumentó 4% al año; en el resto del país, solo 2,8% (Iván Alonso). La actividad que más ha crecido en la última década y media es la construcción, 7,4% al año. La cantidad de ciudadanos peruanos y extranjeros que llegaron a establecimientos de hospedaje entre el 2001 y el 2019 pasó de 240.000 a 1′295.000, multiplicándose por 5,5% (INEI, 2022). La producción de quinua se multiplicó casi por tres entre el 2001 y el 2022, exportando una parte importante, y la producción de papa por 3,1, para atender el mayor consumo de las ciudades generado por la gran cantidad de personas que salían de la pobreza.

En efecto, entre el 2004 y el 2019, la pobreza en Puno cayó abismalmente, del 79,3% al 34,7%. Surgió una clase media emergente, un capitalismo popular que incluso acudió a la banca formal a buscar financiamiento. En efecto, el valor de los créditos de la banca múltiple entre el 2001 y el 2021 se multiplicó por ¡29!, pasando de S/82 millones a S/2.388 millones. Una expansión exponencial.

Y es aquí donde nos empezamos a asomar a los problemas. Es posible que una parte de esos nuevos prestatarios tuvieran problemas para pagar sus créditos con la pandemia. De hecho, la pobreza, que había caído tanto, volvió a subir ocho puntos luego de la pandemia, llegando al 42,6% en el 2021. No hay peor fragilidad, malestar y frustración que no poder pagar obligaciones y perder un nivel de vida ya alcanzado.

A ello se sumó la mayor presión de la Sunat. La recaudación creció en Puno a una tasa mayor que el crecimiento de la producción. En efecto, entre el 2007 y el 2021 el valor bruto de la producción a precios corrientes se multiplicó por tres. En cambio, entre esos mismos años, la recaudación por tributos internos se multiplicó por cinco. A su vez, los ingresos recaudados por tributos aduaneros se multiplicaron por seis, con un gran crecimiento el 2021 y el 2022, lo que significaría que aduanas se puso fuerte esos dos últimos años. Y el número de contribuyentes pasó de 51.300 a nada menos que 319.000.

Entonces, es posible que el crecimiento de ese extendido capitalismo popular emergente haya chocado con el límite impuesto por una tributación y unas regulaciones excesivas impuestas por Lima, que les impedían formalizarse o mantenerse en la formalidad y pagar sus obligaciones al mismo tiempo, en circunstancias de caída económica general, estallando contra el sistema bajo el liderazgo de una izquierda radical precisamente antisistema que atizó la indignación generada por la posverdad de unos poderes limeños que derrocaron a su representante Pedro Castillo. Y con el soporte de una minería ilegal que tampoco se puede formalizar debido a normas imposibles de cumplir.

Por: Richard Webb 
El Comercio, 12 de Febrero del 2023

“El paralelismo entre las recientes revueltas –primero en Ica y ahora en Puno– es sugestivo del poder desestabilizante del rápido progreso económico”.

“Que esperabas pues” –contesta un Puno sufrido–. “Siempre me han tenido de último” –continúa– “colocado en el fondo del barril e identificado con el atraso boliviano. Recién a finales del siglo XX me conectaron con Cusco por una carretera decente”.

Y, efectivamente, revisando cálculos realizados hace medio siglo en base al censo de 1961, se comprueba que el atraso productivo de Puno tiene larga historia. Una de sus provincias –Huancané– era incluso la más pobre del país. El altiplano, además, ha estado identificado con sequías y hambrunas, una de ellas fue muy grave a fines de los años cincuenta y motivó la creación del Plan Sur con ayuda externa. La emergencia alimentaria en ese momento se sumaba a la amenaza creada por la reciente revolución cubana. Una de las iniciativas de esos años fue la creación de las cooperativas de crédito en pueblos rurales que empezó en un pequeño pueblo de Puno.

Pero hay una segunda posible explicación para la nueva emergencia política centrada en Puno, que también es plausible, aunque consiste en exactamente lo contrario al primer argumento. En vez del atraso, el protagonismo protestante sería consecuencia de las muy buenas noticias económicas que viene reportando la región puneña desde inicios del nuevo milenio. Según las cifras oficiales, la economía de Puno ha sido boyante durante al menos dos décadas. Su producto por persona aumentó un 42% entre el 2004 y el 2021, más que duplicando el avance de apenas el 13% logrado por Lima. Además, el despegue económico abrupto de Puno no ha estado concentrado en una mina, como sucedió en Apurímac por el impacto de Las Bambas. En Puno, más bien, el avance se ha producido en una generalidad de actividades y lugares, incluyendo una nueva agricultura, minas, desarrollo urbano y multiplicación comercial. Todo esto estimulado y financiado por una multiplicación del gasto público. Como resultado de ese dinamismo se ha reducido la pobreza en casi la mitad de su nivel inicial durante este breve período del siglo XXI (2004-2021), bajando de un 79% a un 43%.

Una mirada más detallada a los jornaleros agrícolas refuerza la tesis de un comportamiento paradójico de la economía reciente de Puno. Se trata de la categoría laboral especialmente desventajada por tratarse de personas que mayormente carecen de tierra propia, de educación completa y de otros instrumentos de producción, por lo que dependen mayormente del trabajo físico del jornalero en las chacras. Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el jornal promedio de ese grupo ha aumentado sustancialmente en todo el país en las últimas décadas, pero los aumentos más significativos se registraron en Ica, donde el jornal de campo creció en promedio 8,5% en soles constantes entre el 2006 y el 2018, y luego en Puno, con un alza promedio de 8,0% anual.

¿Habría que optar entre estas dos explicaciones – aparentemente contradictorias– de la violencia que se ha desatado actualmente en Puno? Una profesora de la Universidad de Yale, Amy Chua, ha sugerido –en su libro “El mundo en llamas”– que en realidad las dos interpretaciones no se contradicen y que la experiencia mundial registra muchos casos de avance económico acelerado acompañados de turbulencia política. Afirma, además, que un factor desestabilizante en muchos casos ha sido la diferencia racial y de castas. Esto ocurre porque el despegue económico casi siempre viene acompañado de cambios difíciles de digerir a nivel personal y social, como es la migración acompañada muchas veces de la separación de familias y cambios en las reglas de juego en los entendimientos personales que acompañan toda actividad humana. La aceptación de tales cambios puede requerir altos niveles de tolerancia y confianza en otras personas.

En cuanto a esas relaciones personales, habría que tener en cuenta el efecto de los cambios económicos en una población caracterizada por una fuerte presencia de diferencias raciales, comunales y de preferencias políticas.

Ciertamente, el paralelismo entre las recientes revueltas –primero en Ica y ahora en Puno– es sugestivo del poder desestabilizante del rápido progreso económico.

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 6 de febrero de 2023
Para Lampadia

Como todo en la vida, Puno tiene dos caras. Veamos la cara brillante y maravillosa de Puno.

El majestuoso Lago Titicaca: el azul más azul del mundo.
El altiplano infinito: sólo Dios pudo allanar la cordillera para convertirla en una meseta tan vasta y bella.
El 2 de febrero de todos los años: no hay celebración más colorida, sonora e intensa que la fiesta de la Mamacha Candelaria.
La Diablada: sólo en Puno, los diablos son encantadores y preciosos.
Sandia: el mejor café del mundo crece en las nubes de Puno.
Puno: cuna de las más de 4,000 variedades de papa que alimentan al mundo.
Puno: las mejores ganaderías alpaqueras, bovinas y ovinas del país.
Puno: la mejor leche y los mejores quesos del Perú.
Puno: las más finas lanas.
Puno: las quinuas más coloridas para escoger… blancas, rojas, negras, amarillas y moradas.
A Puno hay que vivirlo para contarlo.

Los puneños están en todo el Perú. Muchos de los mejores y más pujantes empresarios del Emporio Comercial de Gamarra en Lima, son puneños. Unicachi… ¿de dónde creen que provienen los empresarios del más grande y diverso mercado de Comas? Pues del distrito de Unicachi, de la provincia de Yunguyo, a orillas del mítico Titicaca. Todos los alimentos, toda la ropa, todas las flores, todo para el hogar… en Unicachi se encuentra de todo lo habido y por haber. Los puneños son los mejores comerciantes del mundo.

En Arequipa, Moquegua y Tacna hay también muchos puneños. Será por su topografía privilegiada, pero Puno tiene una excelente red vial y ferroviaria que lo integra con el Norte, Sur, Este y Oeste. La Carretera Interoceánica IIRSA Sur pasa por Puno. O sea, Puno se comunica perfectamente con el Cusco, con Madre de Dios y más allá con Brasil, con Bolivia, y con la Costa del Pacífico. Además, Puno cuenta con una muy buena infraestructura de transporte aéreo y lacustre.

Sí… el Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac de Juliaca – aquel que un grupo de delincuentes está obsesionado en destruir – es un muy buen aeropuerto. ¡Ya quisieran muchas otras regiones del país, tener un aeropuerto como el de Juliaca!

En Ica también acogemos a muchos puneños. Y los queremos mucho. Los algueros de Ica son todos puneños… o casi todos. Claramente, dominan el mundo del agua, y todo lo que vive alrededor y debajo del agua: las algas, los peces y moluscos, la totora, etc. Si no, pregúntenles a los Uros de Puno ¿cómo viven – desde hace mil años – en sus islas flotantes en el Titicaca?

Bueno pues, gracias a los puneños – y a muchos otros compatriotas de la Sierra – los iqueños somos lo que somos. Nuestra agricultura, minería, pesca, comercio, turismo, industria, nuestros piscos y vinos… Ica está grande y eternamente agradecida al extraordinario aporte y encanto de los puneños… y de nuestros compatriotas de la Sierra.

Lamentablemente, hay iqueños – como otros peruanos de otras regiones – altaneros, déspotas, soberbios y asquerosamente racistas… ¡que se pudran con sus consciencias inmundas! Felizmente, la gran mayoría de iqueños – y peruanos – somos buena gente, alegres y querendones.

En fin… sigamos con la cara brillante de Puno.

¿Cómo hizo don Enrique Torres Belón – puneño, lampeño – para convencer al Papa Juan XXIII, de acceder a La Piedad (la máxima obra del genial Miguel Ángel) para obtener una réplica de la maravillosa escultura y exhibirla en la preciosa iglesia Santiago Apóstol de Lampa? Pues así son los puneños… ¡capaces de todo!

Y así podría seguir indefinidamente hablando de Puno, así como de mis brillantes compañeros puneños de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI); antes, durante y después de mi paso por la universidad. ¡Claro que Puno es el Perú! ¡El Perú le debe mucho a Puno!

Sin embargo, Puno tiene un problema. Un problema oscuro. En realidad, el problema de Puno es el problema del Perú: LA CORRUPCIÓN. Sobre todo, la corrupción generalizada en el Gobierno Regional y Gobiernos Locales… salvo muy honrosas y contadas excepciones.

Sí pues, al igual que en Cusco, Loreto, Arequipa, Junín, Ica, La Libertad, Lima… la corrupción estatal en Puno es endémica. Pocos se salvan. ¡Cuánta coima, cuánto clientelismo político, cuánta inoperancia estatal, cuánto abuso e injusticia, cuánto cinismo e hipocresía, cuánta crueldad y maltrato, cuántas obras inacabadas y abandonadas, cuánto narcotráfico y minería ilegal… cuánta corrupción hay en Puno! Por eso los puneños no tienen agua, salud, educación ni seguridad. ¡Ese es el problema de Puno!

Jamás olvidaré el testimonio de un ex docente de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), quien me contó que algunos profesores – para aprobar a sus alumnos – les exigían el pago de las cuentas de las cantinas de Juliaca, donde dichos profesores iban a emborracharse los fines de semana. ¡Podredumbre total!

Por eso, no nos vayamos por las ramas. El problema de Puno no es la Constitución del 93, ni el modelo económico peruano. En ese sentido, el problema de Puno no es un problema legal o presupuestal. Y menos, uno de falta de recursos naturales o humanos. Dicho sea de paso, Puno registró grandes progresos en materia económica y reducción de pobreza desde el año 93.

El problema actual de Puno es la cara oscura de su medalla… la corrupción. ¡Ese es el problema de Puno! Lampadia

Por: Patricia Teullet
Perú21, 6 de Febrero del 2023

“La descentralización fue una tremenda zancadilla a lo que habría podido lograrse si los recursos destinados a las regiones hubieran sido administrados de mejor manera”.

“Pero eso es lo que pasa cuando (…), en vez de procurar hacerte buena propaganda escribiendo libros diciendo lo guapo y estupendo que eres y lo mucho que te quieren todos, eres tan gilipollas que dejas que los libros los escriban e impriman otros”. En Una historia de España, Arturo Pérez Reverte hace así referencia a un tema que hace años ronda entre quienes están preocupados por la idea que se tiene en nuestro país con relación al sistema que nos llevó, como ningún otro, al crecimiento y la reducción de la pobreza. Y eso es, con todas sus fallas, la economía de mercado, la independencia del Banco Central de Reserva, el rol subsidiario del Estado y el respeto a la inversión que, entre otros, defiende la Constitución de 1993.

Entre los reclamos de las protestas violentas está, por supuesto, el que “se vayan todos” y un adelanto de las elecciones que, hasta ahora, parece que no va a ocurrir. Nada asegura, además, que un adelanto de elecciones calme las protestas y desde hace rato se sabe que la demanda es, más bien, de una Asamblea Constituyente. Quienes lideran este reclamo saben que la Constitución puede ser modificada (y de hecho lo ha sido en diversas oportunidades) mediante mecanismos previstos en la misma. Entonces, el llamado a una Constituyente tiene otra finalidad, y esta es la de profundizar aún más en la inestabilidad y el desorden que ya vivimos desde más tiempo del que quisiéramos reconocer.

Es preciso aceptar, sin embargo, que poco hemos hecho para que la Constitución del 93 tenga más defensores, no solo en la narrativa, sino en las acciones de los diferentes niveles de gobierno. Por ejemplo, la descentralización fue una tremenda zancadilla a lo que habría podido lograrse si los recursos destinados a las regiones hubieran sido administrados de mejor manera, llevando obras allí donde más falta hacían. Un proceso trunco (nunca se conformaron las macrorregiones) que todos los días nos pasa la cuenta.

Hoy, mientras unos discuten sobre la fecha en que se deberían realizar las nuevas elecciones, y otros lanzan piedras, bloquean las carreteras e incendian propiedad pública y privada, la mayor parte de la población debe enfrentar el día a día. Y, en ese día a día, está la necesidad de alimentación de la familia pues las revueltas hacen más difícil conseguir esos 2 soles o 2.50 que cuesta cada menú (cuyas fuentes de proteína animal son el espinazo de pollo y el bofe) en una olla común.

Los problemas de la población que hoy nadie atiende requieren que se restablezca el orden. La fecha en la cual se decidan realizar las próximas elecciones es una discusión que en poco va a contribuir a ello pues las demandas siempre irán en escalada. Por un lado, está comprobado que, por el bienestar general, el capítulo económico de la Constitución merece defenderse. Y, finalmente, sabemos que la agenda de quienes promueven las protestas violentas es otra que poco tiene que ver con los justos reclamos sociales de la población.

Por: Aldo Mariátegui
Perú21, 25 de Enero del 2023

“En Lima nos suena poco 3,000 revoltosos, pero para la mucho más pequeña Juliaca es un montón de gente”.

Para que tengan una idea de la magnitud de lo que significó proporcionalmente el ataque al aeropuerto de Juliaca hagamos un ejercicio aproximado de su equivalencia en Lima. Juliaca tiene unos 300 mil habitantes (posiblemente sean más en una ciudad tan informal, pero es el número que más aparece en web y por eso lo usaremos. Esto es un ejercicio rápido y sin pretensión de mucho rigor, no una tesis).

Según la versión oficial, los manifestantes eran unos 9,000, de los cuales más de 2,000 de ellos atacaron el aeropuerto puneño. Nueve mil manifestantes vienen a ser como el 3% de la población de Juliaca. Asumamos, siempre para simplificar, que unos 3,000 de ellos atacaron el aeropuerto, lo que vendría a ser el 1% de la población juliaqueña. Proyectemos esas magnitudes a Lima-Callao, megaconglomerado urbano que ya tiene 11 millones de habitantes.

Entonces, es como que 330,000 personas (el 3% de Lima-Callao) hayan salido a manifestarse y que 110 mil de estos (el 1%) haya luego atacado al aeropuerto internacional Jorge Chávez. Siendo realistas, veo casi imposible de que no hubiera habido muertos en una situación así en Lima, con las fuerzas del orden enfrentando a una agresiva masa descontrolada equivalente a esas proporciones (no estoy justificando muertes, por si acaso. Que eso quede claro). Y en Lima nos suena poco tres mil revoltosos, pero proporcionalmente para la mucho más pequeña Juliaca es un montón de gente en sus calles (y me pregunto cuántos uniformados tendrían al frente para detenerles). O sea, para Juliaca esa algarada fue proporcionalmente colosal respecto a su población.

Pero miren como todo siempre es tan relativo si se examina desde otra óptica radicalmente distinta: nueve mil manifestantes significan que solo el 3% de la población de Juliaca se involucró activamente en la marcha, lo que arroja que una aplastante mayoría (97% o 291 mil personas) no se hizo presente, por lo que entonces la participación local fue bastante minoritaria en números.

Por: Ivan Alonso 
El Comercio, 20 de Enero del 2023

“¿Cómo explicar, con todos estos indicadores, que miles de personas hayan salido a marchar?”.

Puno, donde han sido más violentas las protestas de las dos últimas semanas y más numerosos los bloqueos de carreteras, es, sin duda, uno de los departamentos más pobres del Perú. Su ingreso por habitante es menos de la mitad del promedio nacional. Pero es también uno de los que más ha progresado, en términos relativos, en los últimos 15 años. Entre el 2007 y el 2021, su ingreso por habitante creció 4% al año; en el resto del país creció 2,8%.

La economía puneña se ha ido formalizando rápidamente. A principios del 2005 había 51.900 contribuyentes inscritos en la Sunat; a fines del 2022 eran seis veces más, 321.500. Ningún otro departamento, con excepción de Huancavelica, ha visto crecer tanto su base de contribuyentes. La recaudación de impuestos aumentó en la misma proporción, de S/59 millones en el 2005 a S/383 millones en noviembre del 2022. Solo en otros seis departamentos hubo un aumento proporcionalmente mayor.

Puno no es precisamente un departamento minero. Difícilmente se puede decir que las transnacionales se llevan su riqueza. La minería genera menos del 6% del valor agregado departamental. Más de la mitad proviene de la agricultura, el comercio y los servicios. Pero la actividad que más ha crecido en la última década y media es la construcción, 7,4% al año, en promedio.

¿Cómo se ha reflejado el crecimiento económico en el bienestar de la población? El porcentaje con, al menos, una necesidad básica insatisfecha –la pobreza no monetaria, como algunos economistas la llaman– se redujo de 33% en el 2009 a 21% en el 2019. El número de conexiones residenciales de electricidad subió de 175.000 a más de 300.000 en ese mismo lapso. Las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento han logrado una cobertura que va del 90% en el caso de Seda Juliaca hasta 98%, 99% y 100% en los de Emsa Puno, Emapa Yunguyo y EPS Nor Puno, respectivamente. En las ciudades de Puno y Juliaca se dispone hoy de unos 200 litros diarios de agua por persona, frente a los 110 o 120 de diez años atrás.

Puno tiene hoy el doble de profesionales de salud, en proporción al tamaño de su población, de los que tenía hace diez años: 65 médicos y 158 enfermeros por cada 100.000 habitantes en el 2010; 136 y 290, respectivamente, en el 2019. La mortalidad infantil bajó de 44 a 18 niños por cada 1.000 nacidos vivos. Solamente dos departamentos, Cajamarca y Amazonas, tuvieron una tasa de mortalidad por COVID-19 menor que la de Puno; en los tres casos, menos de la mitad del promedio nacional.

Paradójicamente, los ataques al aeropuerto y los bloqueos de carreteras no habrían tenido el mismo efecto hace diez años. Los 11.000 kilómetros de carreteras se convirtieron en más de 13.000; los 37.000 carros, camionetas, ómnibus y camiones, en más de 55.000; los 250.000 pasajeros que pasaban por el aeropuerto de Juliaca, en 385.000.

¿Cómo explicar, con todos estos indicadores, que miles de personas hayan salido a marchar? Los avances no serán espectaculares, pero son muy buenos. Preguntémosle a la mayoría de puneños si no son importantes para ellos.

Por: Yesenia Álvarez
Perú21, 13 de Enero del 2023

“Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre y quien fue inhabilitado de esa plancha, ha dicho sin ningún escrúpulo que “derecha son 42 muertos propinados al pueblo””.

Por supuesto que el Estado no puede reaccionar con desproporción y debe ajustarse a estándares internacionales de derechos humanos cuando hay protestas. Por supuesto que Dina Boluarte es presidenta por sucesión constitucional de un proyecto político de izquierda que fue elegido por el pueblo. Cuando eligieron a Pedro Castillo, la eligieron a ella. Hoy, las izquierdas peruanas no quieren reconocer que esta sucesión constitucional es parte de lo que ofrecieron a los peruanos y por quien pidieron votar.

Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre y quien fue inhabilitado de esa plancha, ha dicho sin ningún escrúpulo que “derecha son 42 muertos propinados al pueblo”. Una muestra más de que jamás asumen responsabilidad y nunca pierden la oportunidad para desinformar.

No hay justificación de la violencia de ningún lado, pero hay que contar la historia completa, algo que no están haciendo los corresponsales sesgados en el exterior. No están contando que el grueso de estas manifestaciones no es pacífico, y que el derecho de protesta no comprende la violencia.

Hay que tener presente que la política es el gran invento que surge para resolver el desacuerdo o el conflicto que se origina como natural consecuencia de la diversidad de opiniones y de la pluralidad de pensamiento sobre cómo deben llevarse a cabo los asuntos públicos. Con la política se evita la barbarie y la violencia; por eso la política está vinculada a dialogar y a respetar el orden jurídico. Si buscan asesinar policías dentro de sus unidades y comisarías, si quieren tomar lugares estratégicos para provocar terror, si impiden que una ambulancia avance para salvar a un bebé, si amenazan a ciudadanos para que se sumen a su reclamo, entonces no están protestando pacíficamente; por el contrario, están socavando el derecho de protesta. Y con quienes ejercen violencia no hay posibilidad de diálogo o de hacer política. No se puede hacer política con quienes no respetan ni quieren respetar las reglas de la misma política, de la democracia y del Estado de derecho. Sin embargo, en sus relatos de este contexto, la izquierda y sus defensores omiten esta parte importante de la política, y no tienen la valentía para hacerse cargo del doloroso momento que está pasando el país, y mucho menos la honestidad para contar la historia completa.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Las movilizaciones y bloqueos venían descendiendo hasta que se produjeron las pérdidas fatales y lamentables de Juliaca. Han vuelto a aumentar, como podemos ver en el siguiente cuadro elaborado por el Centro Wiñaq:

Los ataques con explosivos y armas hechizas al aeropuerto y otros objetivos en Puno señalan la existencia de una cierta simbiosis entre grupos radicales y economías ilegales, pero también se ha comprobado la participación en las movilizaciones de comunidades campesinas, transportistas, el Sutep y hasta asociaciones de comerciantes y mercados, acaso con algún grado de coacción en algunos casos. Los radicales son expertos en agudizar sentimientos de agravio que existen en la población. Por supuesto, las muertes los potencian.

En Puno la pobreza se había reducido considerablemente hasta el 2019. Había bajado de 79.3% el 2004, a 34.7% ese año, a bastante menos de la mitad. Pero el 2021, luego de la pandemia, aumentó 8 puntos, pasando a 42.6%. Es posible que la pérdida de niveles de bienestar alcanzados forme parte del trasfondo social de las protestas.

Algunos indicadores mejoraron apreciablemente en los últimos lustros. La desnutrición crónica se redujo de 36.7% del 2007 a 12.5% en 2021. Es decir, a la tercera parte, sin duda un avance social extraordinario. El número de médicos por cada 10,000 habitantes pasó de 6.5 del 2010 a 14.5 en 2029, se más que dobló. El porcentaje de partos atendidos en un establecimiento de salud por personal calificado pasó de 43,4% el 2007 al 94.7% el 2021. También se mas que dobló, alcanzando casi la totalidad de los casos: un avance sorprendente de un Estado supuestamente indolente en sus servicios de salud. De otro lado, el porcentaje de hogares con acceso a electricidad agua y desagüe pasó de 23.2% el 2004 a 45% el 2021.[1]

Sin embargo, el porcentaje de la red vial pavimentada o afirmada y el número de horas al día de agua potable no solo son bajos, sino que han experimentado un avance pobre.

Como fuere, lo cierto es que Puno ha experimentado un proceso de desarrollo y de reducción de la pobreza en las últimas décadas, aunque golpeado por la pandemia al final, provocando malestar. Pero es probable que el progreso económico de comerciantes, transportistas, agricultores y mineros informales o ilegales se haya topado con un límite impuesto por las leyes y regulaciones nacionales, las leyes de Lima, y por un aparato fiscal y judicial encargado de aplicarlas. No son casualidad los ataques recurrentes a las oficinas de la Sunat.

El rechazo a una formalidad excluyente se agrega y confunde además con el rechazo étnico y sociológico a Lima, a la capital, alimentado por una prédica infundida desde Bolivia en años recientes y por una ideología de clases que ha sido predicada en las escuelas del Perú por maestros formados en canteras como las de Patria Roja en su momento. Es eso lo que explica que ese capitalismo popular tan notorio y bullente en Puno encuentre su expresión política en radicalismos de izquierda, que le son funcionales para desafiar el cumplimiento de obligaciones legales, reglamentarias y tributarias impuestas por los poderes centrales.

La fuerte descentralización de los servicios y del 70% la obra pública no ha servido para atenuar el rechazo al centralismo, pese a que una región como Puno recibe bastante más recursos fiscales que los que generan las empresas y personas radicadas allá. Es un receptor neto de ingresos.

La presencia de grandes inversiones mineras en las regiones andinas pobres es ideal para la narrativa clasista de grandes empresas extranjeras que se llevan la riqueza y no dejan nada. Ello se suma a un sentimiento o percepción en la sociedad andina de falta de reconocimiento y hasta de desprecio racista por parte de las altas esferas del “establishment”, hábilmente manipulada también por las dirigencias radicales, para encender los ánimos contra el sistema.

El problema es que lo que está en marcha es un proyecto que explota esas condiciones históricas y culturales para avanzar hacia la asamblea constituyente como medio para concentrar el poder y perpetuarse en él, implantando un socialismo que solo llevaría al Perú al pantano de la miseria y la dictadura. Lampadia

[1] Indicadores recogidos por el IPE en Incore.