El haber llevado a cabo una regionalización apresurada, irresponsable y politiquera viene representando un enorme costo social, político-institucional y económico al país.  Como hemos señalado “el gran culpable de estas decisiones disfuncionales es el ex presidente Toledo y todo el Congreso que acompañó su gestión. Pero no puede dejar de reconocerse que el proceso fue agravado, por las mismas razones, durante el segundo gobierno de Alan García”. De alguna manera el actual gobierno se hace cómplice de este fenómeno básicamente por omisión (ver en Lampadia (L): La fragmentación política favorece ineficacia y corrupción). 

Anteriormente, hemos señalado que comportamientos disfuncionales como corrupción, gastos absurdos (piscinas, estadios, monumentos), autoritarismo (ver en L: Stalinismo en Cajamarca) se deben a un mal proceso de regionalización que, no contempló establecer los debidos “checks and balances”, en especial los referidos a rendición de cuentas y a la discrecionalidad absoluta de la que gozan. Tampoco consideró la elemental designación de segundas instancias para evitar que los (pésimamente denominados) presidentes regionales actúen como reyezuelos.

A eso se sumó el surgimiento de mafias dispuestas a capturar los gobiernos locales a sangre y fuego. Por eso los elevados atentados contra candidatos en las última elecciones. Como señala el estudioso costarricense, Kevin Casas Zamora, “la descentralización política, cualesquiera sean sus virtudes, crea un problema complicado… para un mafioso es mucho más barato y menos visible comprar a un alcalde que comprar a una autoridad nacional”.

Para colmo de males, con esta debilidad institucional se les asignó inmenso recursos fiscales del canon, regalías y “aportes extraordinarios”, justo en un momento en que luego del apagón de treinta años la inversión privada llegó a las provincias (Ver en L: Descentralización y Regionalización – Cara y Sello del nuevo Perú).

Esta situación, como lo señalan diversos estudios es indeseable para la democracia y, puede ser una de las causas del autoritarismo subnacional. Como asegura el politólogo argentino de la universidad de Notre Dame, Carlos Gervasoni, las transferencias fiscales serían una especie de rentismo  (“las rentas entendidas como ingresos (generalmente elevados) percibidos a cambio de un pequeño esfuerzo productivo”). Estos montos convierten a los gobiernos subnacionales en rentistas y al producirse esta relación, por lo general, genera un autoritarismo latente.

Mediante un análisis estadístico para el período 1983-2003 en la argentina Gervasoni estableció una correlación negativa entre renta fiscal y democracia en las provincias de esta nación. De esta forma este politólogo concluye que, las excesivas transferencias que se realizan a determinadas provincias “contribuyen decisivamente al establecimiento de  regímenes subnacionales poco democráticos”. Si bien reconoce que el establecimiento de una democracia saludable se debe a diversas causas, queda claro que el bajo nivel democrático de muchos municipios y provincias y regiones latinoamericanas se debería a este fenómeno que denomina rentista.

Pero en el Perú, no solo ha generado esta situación que explicaría bien lo ocurrido en Áncash y Cajamarca, sino que ha impedido que se entienda que esos ingresos provienen de la inversión privada. De allí el inentendible grito de “canon sí, minería no”.

Si una autoridad regional cree que tiene derecho a seguir recibiendo ingentes fondos sin relación con ningún esfuerzo de su parte, termina asumiendo que no debe: dar cuentas, entender el verdadero origen de los fondos (canon y regalías de los impuestos de las inversiones privadas), usarlos a su libre albedrío para acrecentar su poder o imagen, no necesita de nada más, como promover más inversión privada y, finalmente, comportarse con respeto por lo ajeno y más bien, muchas veces, caen en la corrupción más descarada.

Felices con los recursos, que prácticamente “les caían del cielo”, poco les importó e importa a las autoridades locales esforzarse por atraer y contribuir a que la inversión privada se instale en sus jurisdicciones, por el contrario se han dedicado a obstaculizarla, ponerles gravámenes, trabas e incluso como en Cajamarca, financiar (con dinero público) la oposición a proyectos mineros. Es hora de repensar la regionalización. Lampadia 

Como hemos señalado anteriormente en Lampadia, la fragmentación del país impide la buena gestión pública y dificulta la relación del Estado con los ciudadanos y empresas. Hace ilusoria la coordinación de las distintas instancias de gobierno, el desarrollo de los proyectos más importantes, que no necesariamente están confinados en las demarcaciones políticas, la efectividad del gasto público con los atributos de las democracias modernas que requieren de pesos y contrapesos y de la doble instancia, para evitar la creación de feudos independentistas en un país unitario. La estructura del país con 24 departamentos, bajo el gobierno absolutista de los llamados presidentes regionales, 196 provincias y 1,846 distritos es prácticamente imposible administrar eficiente y eficazmente, pues traba el desarrollo del país.

La discrecionalidad y autonomías absolutas de las instancias de gobierno, más allá del gobierno central, junto con la abundancia de recursos provenientes de los cánones y regalías generadas por las inversiones privadas, así como la debilidad de sistemas de control; han generado gestiones inefectivas y muchas veces corruptas. Inefectivas, porque puede que gasten todo el presupuesto(eficiencia)pero adoleciendo de despropósitos en el uso de los recursos, baja calidad y/o corrupción abierta.

No vamos a enumerar los gastos absurdos como los hechos en monumentos ridículos, la cementación de las plazas o las mega-piscinas, o la falta de inversión en saneamiento o caminos porque la corrupción sobrepasa todo nivel de tolerancia.

Las cifras de corrupción subnacional son de escándalo: 22 de 25 presidentes regionales tienen serias acusaciones por actos de corrupción. Nada menos que168 procesos judiciales se acumulan en contra de estos funcionarios, los cuáles son acusados por peculado, colusión, negociación incompatible y malversación de fondos. Cinco de ellos recibieron órdenes de prisión preventiva: César Álvarez de Ancash, Gregorio Santos de Cajamarca y Kléver Meléndez de Pasco, encarcelados, Gerardo Viñas de Tumbes, prófugo desde hace tres meses e Iván Vásquez de Iquitos, investigado como reo libre.

El panorama es igual o peor en las municipalidades. De acuerdo a la Procuraduría Anticorrupción, el 92% de los de los actuales alcaldes están siendo investigados por peculado, malversación de fondos, negociación incompatible y/o colusión. Es decir, 1,699 autoridades de las 1,841 existentes.

“Son 454 alcaldes provinciales y 1,245 distritales que estarían inmersos en actos de corrupción. También hay 429 ex alcaldes provinciales y 1,326 ex alcaldes distritales que son investigados por los mismos delitos”, se señala en un informe de la Procuraduría.

Los departamentos con mayor cantidad de casos son: Ancash (46 alcaldes provinciales y 146 distritales), La Libertad (42 provinciales y 80 distritales), Cusco (41 provinciales y 96 distritales), Puno (37 provinciales y 51 distritales) y Junín (34 provinciales y 116 distritales).

La corrupción, según la PCM, produce un forado importante en las arcas públicas. Como reveló recientemente el Premier, Ana Jara, “el Estado pierde aproximadamente S/. 10 mil  millones al año, lo cual representa aproximadamente el 2% del producto bruto interno (PBI) (…). Con esta suma se pudo haber construido 72 hospitales o 360 modernos colegios o crear más de 200 mil puestos de trabajo”.

Además de la corrupción, también tenemos ahora la continua y creciente penetración del crimen organizado en las instituciones políticas y de gobierno. En estos tiempos en que las mafias (narcotraficantes, taladores y mineros ilegales, contrabandistas, extorsionadores, mafias de construcción civil y el sicariato, entre otros) consolidan “territorios libres” y capturan los gobiernos locales con suma facilidad para operar con impunidad.

Como señala el estudioso costarricense, Kevin Casas Zamora “La descentralización política, cualesquiera sean sus virtudes, crea un problema complicado… para un mafioso es mucho más barato y menos visible comprar a un alcalde que comprar a una autoridad nacional”.

Todos estos problemas son el riesgo que corrimos y que hoy pagamos hasta con sangre, al haber llevado a cabo una regionalizaciónapresurada, irresponsable y politiquera. El gran culpable de estas decisiones disfuncionales es el ex presidente Toledo y todo el Congreso que acompañó su gestión. Pero no puede dejar de reconocerse que el proceso fue agravado, por las mismas razones, durante el segundo gobierno de Alan García.

Peor aún, luego se fue facilitando la formación de movimientos regionales “independientes”, sin estructuras partidarias ni la debida organización, o que solo representan grupos de interésy mafias para que puedan postular y copar las presidencias regionales y municipios. (Ver en Lampadia (L): Un poco de humildad, es el momento para la reforma política).

No se trata de dar marcha atrás, ni es una mirada limeña, es hora de efectuar una reforma que impida la corrupción y la captura de los gobiernos locales por aventureros o mafiosos. Lo que debiera hacerse primero, como se ha planteado aquí, es reducir sustancialmente el número de regiones e incluso provincias y distritos. Esa es la manera más adecuada de efectuar controles más efectivos y que el gasto sea más adecuado.

Asimismo, dado que el país se define como unitario, los partidos políticos o movimientos que postulen en elecciones de gobiernos locales tendrían que ser de alcance nacional o vincularse a ellos. Si este gobierno no corrige, aunque sea lo más evidente, entrará a la galería de culpables del fracaso de la regionalización, esta vez por inacción.

Por otro lado, queremos recordar que es importante no confundir regionalización con descentralización. La regionalización es de carácter político y la descentralización, económica y social, que en el Perú ha producido grandes avances. (Ver en L: Descentralización y Regionalización – Cara y Sello del nuevo Perú).

Dada esta situación reiteramos nuestra invocación a los políticos para que con humildad atiendan el clamor nacional. “En la situación en que se encuentran, desprestigiados según todas las encuestas y con el peso que se acaban de poner a sus espaldas, ya no pueden seguir manteniendo las estructuras políticas y los sistemas electorales que favorecen sus intereses de grupo. Ahora deberían viabilizar las reformas reclamadas por la ciudadanía y puntualizadas por diferentes especialistas en múltiples ocasiones”. Lampadia

En todos los foros en los que los peruanos hemos podido intercambiar opiniones sobre nuestro sistema político y sobre la regionalización se ha planteado la necesidad de debatir y revisar, reformar o mejorar dichas instituciones. En cuanto a la regionalización, el propio Presidente de la República pidió en su presentación al Congreso del 2013, que debatamos el tema. Se pensaba que el actual Congreso iba a efectivizar algunas reformas, pero ni siquiera pudieron cambiar la denominación de los llamados Presidentes Regionales.

Las recientes elecciones de autoridades regionales y locales, han hecho patente, nuevamente, las debilidades de nuestro sistema electoral desde: la relativa ausencia de los partidos políticos nacionales; reglas que favorecen a los movimientos llamados regionales, que se pueden montar de la noche a la mañana; determinación de la idoneidad de los candidatos y una estructura política des-articuladora de la representación nacional.

Pero algo que no puede pasar desapercibido es “el fracaso de los partidos políticos nacionales”. Esto, ya sea por los resultados de los que participaron, como por la ausencia de postulaciones que cubran el conjunto del territorio nacional.

Después del reciente fracaso de los partidos políticos, estamos seguros que los ciudadanos esperan de ellos un poco de humildad y consecuencia con los reclamos nacionales. En la situación en que se encuentran, desprestigiados según todas las encuestas y con el peso que se acaban de poner a sus espaldas, ya no pueden seguir manteniendo las estructuras políticas y los sistemas electorales que favorecen sus intereses de grupo. Ahora deberían viabilizar las reformas reclamadas por la ciudadanía y puntualizadas por diferentes especialistas en múltiples ocasiones.

Por ejemplo, Enrique Bernales sostiene que los ajustes que deben efectuarse para contar con un Estado de verdad han sido identificados: “La agenda está prácticamente lista: ley de partidos políticos, revisión de leyes electorales, derogación del voto preferencial, retorno de la bicameralidad, relaciones Ejecutivo-Legislativo, revisión y mejora de la regionalización, de los sistemas transversales de gobierno, de los mecanismos de elección y funciones de los órganos jurisdiccionales y de control constitucional. Estas medidas debieron adoptarse hace tiempo, pero más vale tarde que nunca. El Estado Peruano no puede llegar al 2016 en la crítica situación en que hoy se encuentra” (ver en Lampadia (L): Se debe revisar la estructura del Estado).

A esto se puede agregar el planteamiento de Alberto de Belaunde, que sugiere rediseñar los Jurados Electorales Especiales (JEE), que son la primera instancia del sistema electoral (ver en L: Institucionalización de los JEE).

Además, según José Luis Sardón no se debe alentar la fragmentación legislativa y menos que solo una fracción de los muchos partidos inscritos tenga representación parlamentaria (ver en L: Fragmentación legislativa).

En el tema de la regionalización, es evidente que debe hacerse una evaluación seria y proceder a una reforma que se hace urgente. En Lampadia recogimos la propuesta del Presidente de la República y promovimos un debate que deberíamos enfrentar con mucha seriedad más allá del Congreso. Ver nuestras reflexiones en L: Por una descentralización más efectiva, Enfrentando el debate sobre la reforma de la regionalización y Descentralización y Regionalización – Cara y Sello del nuevo Perú. En este último artículo hacemos una clara diferenciación entre los resultados de la regionalización (que tiene carácter político) y la verdadera descentralización (que es de carácter económico y social) y que ha tenido avances extraordinarios. Eso, por supuesto, no justifica esos argumentos sobre que el divorcio de la política y la economía son positivos, eso es indeseable y contraproducente. Más bien, los éxitos económicos y sociales de los últimos 20 años, se han dado a pesar del atraso de la política.

También hemos publicado opiniones importantes sobre este tema, de múltiples autores como Jaime de Althaus, Richard Webb, Carlos Milla, Roberto Abusada, Eduardo Ferreyros, Luis Carranza, Gianfranco Castagnola y otros  que pueden revisarse en L: /analisis/opiniones-autores.

Nuestro país es extraordinario y está destinado, tarde o temprano a realizarse en el éxito y el bienestar general. No hace falta que sigamos profundizando la crisis política y el debilitamiento de la economía para reaccionar. Con un poco de humildad y consecuencia, sentados al mismo lado de la mesa, podemos resolver todos nuestros problemas. ¡Acción! Lampadia

Por Hilario Yalta (Cajamarca) especial para Lampadia

Un artículo del prestigioso historiador Antonio Zapata, publicado en La República, sostiene que la detención preventiva de Gregorio Santos Guerrero conducirá a su reelección en las elecciones del cinco de octubre. Como Gandhi o Mandela, Santos ganará las elecciones desde la cárcel.

El comentario de Zapata es, en realidad, el resumen de lo que piensa la “clase política” de Lima, obsesionada aun por los sucesos del 2011. Los observadores políticos capitalinos contemplan a Cajamarca con los criterios y aun las imágenes generadas por las masivas movilizaciones de ese año: se considera que Cajamarca está unida alrededor de Santos, contra Yanacocha y contra Conga; que Santos es un líder respetado y querido por la población y que existe una voluntad masiva de luchar contra el centralismo capitalino , uno de cuyos errores habría sido encarcelar a Santos, porque inexorablemente el electorado se va a poner de su lado y lo va a reelegir. Ese es un razonamiento mecánico, un conjunto de paradigmas explicable en quienes no conocen el ir y venir diario de la opinión pública y la política de Cajamarca.

Refleja un hecho lamentable: Lima no entiende a Cajamarca. La dinámica provinciana es diferente a la capitalina. Los “hondos y mortales desencuentros” de que hablaba Degregori prevalecen en la mentalidad limeña, aun en personas tan reflexivas y conocedoras de la historia del Perú como Antonio Zapata.

La mencionada “victimización” de Santos no se va a producir por un conjunto de razones que no se perciben –todavía- en la capital:

La reacción inmediata

Según el esquema capitalino ese mismo día, el 25 de junio, al conocerse la detención de Santos, Cajamarca debería haber quedado paralizada, las carreteras tomadas y las calles bloqueadas. La respuesta popular debió haber sido masiva y contundente. Pero nada de eso ha ocurrido. Para sorpresa general, las movilizaciones han sido muy pequeñas, mínimas: unas 80 personas en Cajamarca, 100 en Jaén. Todo lo contrario a lo supuesto en el esquema vigente en la capital. Cajamarca no se ha solidarizado con Santos, no lo considera una víctima. Santos ha sido encarcelado y Cajamarca ha recibido su detención en calma.

La reacción mediata

Patria Roja o más bien una parte de Patria Roja la que encabeza Idelso Hernández ha convocado a una “movilización” para el día 10. Como se sabe aquí, existe una escala numeral, de abajo a arriba en el lenguaje formalizado del movimiento antiminero. Una “vigilia” es menos numerosa que un “plantón”. Una “movilización” es una marcha más o menos concurrida y un “Paro”, el más alto nivel de la escala, es una paralización urbana y un bloqueo de carreteras. Cuando se necesitan un mínimo de 15 días para organizar una “movilización” los organizadores están dando una muestra de debilidad antes que efectuar una demostración de fuerzas. Lo anterior desmiente también, como es obvio, la teoría de la “victimización”.

El proceso político

Cajamarca vive, desde el 2012, una etapa de recesión económica, fraccionamiento político y desmovilización social. Esas tres tendencias se expresan en la dramática reducción de la actividad económica y la circulación monetaria, la división interna de los políticos, el volumen siempre decreciente de las movilizaciones y la sensación, creciente entre los pobladores, de que sus líderes se aprovecharon de la lucha contra Conga para lanzar sus propios proyectos partidarios. Santos, protagonista central de las movilizaciones de los años previos es considerado como el responsable de la recesión; los diferentes grupos políticos y gremiales se están dividiendo en fracciones antagónicas y por eso, sus partidarios necesitan un largo políticamente largo, dos semanas, para organizar una “movilización” de respaldo.

Las encuestas

Como producto de ese mismo proceso, la intención de voto por Santos está bajando en las encuestas desde varios meses antes de su detención; quienes están ganando en la pugna estadística son Osías Ramírez y Absalón Vázquez. Al margen de que sean o no precisas exactas, como se supone en la capital, todas las encuestas coinciden en reflejar una tendencia coherente con el proceso histórico que estamos describiendo. Santos estaba cayendo en las encuestas antes de su arresto.

La caída de un caudillo

Santos no es o era un líder marxista leninista sino un caudillo provinciano, cortado con la misma tijera que los Benel o los Puga de decenios pasados: autoritario, poderoso, carismático. Con la detención de Santos ha perdido a su líder más carismático, con una altísima presencia mediática y notable capacidad organizativa. Naturalmente que el MÁS va a tratar de mantener en agenda la imagen de Santos pero eso va a ser cada vez más difícil. Los “mensajes” de Santos reales o supuestos, como el publicado algunos días son un recurso ingenioso, pero no impacta. El nuevo candidato, que va a conducir realmente la campaña, es Porfirio Medina; no es un líder carismático ni un orador eficiente. Es un “apparattchiki”, un hombre habituado al trabajo clandestino y al perfil bajo, inadecuado para conducir una campaña electoral.

El dinero negro. Una campaña electoral cuesta mucho dinero. Santos controlaba los fondos negros de las contratas y las licitaciones, que ahora, estén donde estén, no se van a poder canalizar. El propio Santos admitió durante la audiencia en que se decidió su encarcelamiento que muchos de los depósitos registrados en sus cuentas o las de los familiares eran, en realidad, aportes destinados al MÁS. Tampoco contara con los abundantes recursos logísticos del Gobierno Regional. El nuevo Presidente Regional, Cesar Aliaga, no se va a arriesgar a ir la cárcel por la reelección de Santos. Tiene mucho que perder y nada que ganar si Santos es reelegido.

El SUTE

El poderoso sindicato magisterial la herramienta política con que Patria Roja ganó las elecciones, la “correa de transmisión” entre el partido y la base rural, las rondas campesinas. En estos meses, Santos ha perdido el control del SUTE. La semana previa a la detención, el actual comando del SUTE Regional ha efectuado un Paro y una marcha contra Santos, algo que no había ocurrido nunca. Sus dirigentes, como Luis Espino y Narda Silva, son los primeros en insistir que Santos no es un perseguido sino un delincuente común. El SUTE, la columna vertebral de Patria Roja, no va a apoyar a Santos. Espino, secretario general del SUTE Provincial, ha pedido a los maestros “Que voten por quien quieran, pero que no voten por Santos guerrero”.

La mentalidad andina

Los códigos culturales de una sociedad andina, que recién sale del feudalismo como Cajamarca, valoran mucho los criterios de poder, de fuerza. Santos se había construido una imagen de líder poderoso, conductor de las masas, invulnerable frente al Estado. Su detención destruye esa imagen: se lo percibe ahora como débil, vulnerable. La gente piensa que Santos “ya perdió”. En la mentalidad andina, en la situación actual, al margen delos juicios valorativos de inocencia o culpabilidad, la sensación es de derrota. La gente va a votar por un Presidente Regional que pueda gobernar y ejecutar las obras que le ha ofrecido, no por un Presidente preso. El electorado, en ese sentido, es pragmático.

La corrupción y la obra pública

La gente, en general y más aún en la sierra, se preocupa poco de la corrupción, pero pide efectividad en las obras: “que robe, pero que haga obra”. Lo que impacta a la población no es tanto que un político haya robado, sino que no ha hecho obra. Santos no ha cumplido sus promesas electoras de obra pública. Y las obras incumplidas más significativas son precisamente los tres Hospitales de Chota, Jaén y Cajabamba, asignados precisamente a Wilson Vallejos y sus asociados; se trata de tres localidades de alta concentración electoral. Tampoco ha cumplido otro compromiso ineludible: la construcción de una carretera vecinal hasta cada capital de distrito. La percepción va a ser pues inversa: “Santos robó y no cumplió”.

La ruptura del Frente Único

Entre 2011 y 2012, Santos encabezó un Frente Único, una acumulación de diversas fuerzas, no exclusivamente de Patria Roja que se movilizaron contra el Gobierno y el proyecto Conga: desde los ecologistas de Arana hasta los radicales y etnocaceristas de Saavedra entre diversas fuerzas antagónicas de la izquierda. No fue una acumulación de fuerzas espontanea, sino el producto de una serie de presiones provenientes de los grupos radicales y ecologistas que trabajaron mediante paros, movilizaciones, tomas de local y amenazas de revocatoria, que empezaron en agosto y finalmente obligaron al Presidente Regional a pronunciarse contra Conga y el Gobierno recién en noviembre. Aparentemente, Santos era el líder, pero en realidad mantenía un difícil equilibrio, una frágil alianza anti Conga. Una muestra de esto es el famoso episodio del 3 de diciembre, donde Santos quiso dialogar con Lerner, pero Saavedra se lo impidió con una sola señal en negativo. Esa centralización –expresada en su mejor momento en el CUL; Comando Unitario de Lucha – ya no existe. Los diversos líderes de la izquierda cajamarquina están buscando su propio espacio político, quieren a su vez disputarse la herencia electoral de Santos. Saavedra ya organizó su propia lista (Luchemos por Cajamarca ) y Arana, que apoya nominalmente a Santos, quiere ser candidato a Presidente Regional y está embarcado en una silenciosa lucha interna, orientada ya no ,tanto a ganar el Gobierno Regional, sino restarle oportunidades a Patria Roja en las elecciones del 2016. La unificación del movimiento de izquierda, indispensable para victimizar electoralmente a Santos, ya no existe. Lampadia