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Dos mundos incomunicados

Dos mundos incomunicados

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La semana pasada IPAE organizó un CADEX sobre la competitividad del país en el que el ministro de economía Waldo Mendoza expuso los avances del Plan Nacional de Competitividad y Fernando Zavala presentó el Informe de Competitividad 2021 elaborado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC), que es el tercer informe producido por este Consejo con más de 100 propuestas y con una evaluación del avance de las propuestas anteriores y de cuántas han sido recogidas por el Ejecutivo. Un esfuerzo sin precedentes muy positivo que debería ayudar mucho a mejorar las relaciones público-privadas y a establecer un diálogo racional que permita un avance conjunto a cada vez mejores niveles de productividad y competitividad, indispensables para volver a crecer a tasas altas.

El problema es que este intento de conversación se da en medio de esfuerzos denodados del Congreso por destruir los fundamentos mismos de la competitividad, sin que este problema fuera señalado ni por ninguno de los dos expositores. Ambas presentaciones parecieron discurrir en la intemporalidad.

El ministro presentó una perspectiva bastante optimista del futuro de la economía peruana. Indicó que la recuperación de la economía peruana será más rápida en comparación con las recesiones que afrontó Perú en periodos previos y que el Perú seguirá liderando el crecimiento económico de la región en los próximos años. Ello pese a que, según reveló, se ha cumplido con sólo el 34% de los hitos del Plan Nacional de Competitividad y Productividad programados a julio de 2021.

Esas perspectivas optimistas de crecimiento no son compatibles con el Estado estructuralmente desfinanciado e inviable que está dejando este Congreso. Como hemos demostrado, las leyes aprobadas en los últimos meses agregan un gasto permanente y rígido del orden del 6% del PBI, mientras que otras leyes disminuyen el crecimiento al afectar motores y mecanismos de la economía de mercado. Si el próximo congreso no deroga esas leyes, no habrá manera de volver a crecer a tasas altas, y la descomposición nacional quedará asegurada.

Claro, siempre es posible que las leyes que agregan gasto no se cumplan en toda su medida, pues no habrá recursos (salvo que se afecte la autonomía del BCR, como ya anuncian algunas candidaturas). Pero también se afecta la meritocracia, con nombramientos masivos sin concurso ni evaluación. El CPC propone, por ejemplo, que los directores generales y servidores públicos en puestos clave sean contratados mediante procesos meritocráticos y con nombramiento regulado, pues no se puede estar cambiando de directores todo el tiempo (ver cuadro). O que sean gerentes públicos de SERVIR. Sería una revolución. Pero si todo el personal se maneja con criterios de nombramiento sin obligaciones, ¿servirá de algo?

Sabemos que la recuperación del empleo ha sido mucho más lenta que la del producto y que se ha degradado considerablemente la calidad del empleo. Ha aumentado es el empleo no adecuado, informal. No el formal. Ante eso, CPC hace una propuesta de sentido común: implementar un régimen laboral temporal para la reactivación económica, que brinde facilidades de contratación y liquidez (con acceso temporal a los costos laborales de la pequeña empresa), que se aplique solo a las empresas más afectadas por el COVID-19. ¿Es viable una propuesta tan sensata cuando, por ejemplo, el Congreso no hace sino encarecer y rigidizar el régimen laboral agrario que era el que más empleo formal y bien remunerado había generado?

El Informe de Competitividad del CPC contiene un conjunto de propuestas para acelerar la obra pública, que deja de ejecutar más de S/28 mil millones en promedio en los últimos 10 años -un escándalo-; mejorar la salud y la justicia, simplificar los regímenes tributarios para permitir el crecimiento de las micro empresas, y acelerar el crecimiento en general. Es chocante que un esfuerzo serio, racional y constructivo como este sea abofeteado una y otra vez por el Congreso y la política. Debe encontrarse vasos comunicantes si queremos recuperar la viabilidad del país. Lampadia




¿Cómo cortar el círculo vicioso de las leyes excluyentes?

¿Cómo cortar el círculo vicioso de las leyes excluyentes?

Jaime de Althaus
Para
Lampadia

El 20% de incremento (no remunerativo) en la remuneración mínima vital establecido en el proyecto de ley de régimen laboral agrario aprobado en la Comisión de Economía, que hoy debe verse en el pleno, podría sacar del mercado a más de 2,000 pequeños agroexportadores y a muchos productores no exportadores. Los grandes, entonces, comprarán a los pequeños y la concentración de la tierra se agravará. Una parte significativa de los 500 mil trajadores formales con derechos perderá su empleo formal y las posibilidades de acceder a un trabajo formal en el campo se alejarán cada vez más.

En resumen, esta ley agravará el dualismo estructural y la desigualdad social. Pero el problema es más amplio. En realidad, este no es sino un caso más de muchos en los que se manifiesta una falla de nuestro sistema de representación: los partidos en el Congreso hacen clientelismo político acogiendo demandas de los sectores organizados o de políticos que representan a sectores laborales formales, con lo cual lo que se logra es incrementar el costo de la formalidad, agravando la exclusión de las mayorías. Es un círculo vicioso.

Y en la medida en que la informalidad es menos representable porque no está organizada, no tiene partidos que la representen. Con este congreso la falla se ha hecho más notoria: ante el calendario electoral, la competencia por bolsones electorales identificables se hizo notoria.

¿Tiene solución este problema de representación? El célebre libro de Daron Acemoglu y James Robinson, “¿Por qué fracasan los países?”, explica que fracasan justamente cuando carecen de instituciones políticas y económicas inclusivas. Una formalidad muy cara es una institución excluyente, “extractiva”, como la llaman los autores, porque extrae rentas del resto de la sociedad en favor de los protegidos, e impide su inclusión en los beneficios de la formalidad.

Pero el libro no nos ayuda a responder la pregunta. Su tesis es que hay un círculo virtuoso entre instituciones políticas inclusivas e instituciones económicas inclusivas. Las primeras favorecen el avance de las segundas y previenen desviaciones de estas. Pero en el Perú tenemos, en principio, aunque con fallas, instituciones políticas inclusivas: votación universal, división e independencia de poderes y pluralismo político. Quizá demasiado pluralismo: un exceso de partidos y bancadas en el congreso. 

El análisis de Acemoglu y Robinson no toma en cuenta las realidades del populismo y el clientelismo, que generan instituciones económicas y sociales extractivistas o rentistas, excluyentes, dando ventajas a determinados sectores organizados. Para conseguir votos se extiende beneficios eventualmente rentistas a sectores organizados que los demandan. Esto se agrava cuando en la sociedad hay un mercado dualismo formal-informal, porque los beneficios a sectores formales organizados ahondan la brecha con la informalidad y dificultan la formalización.   

Mejor equipado para entender esto está Mancur Olson (1982)[1], para quien la democracia tiende a facilitar la consolidación progresiva de las “coaliciones distributivas” o grupos de intereses estrechos que se organizan para capturar rentas de la sociedad, lo que lleva a una reducción del crecimiento y del bienestar social, a la “esclerosis” económica, si es que no hay un claro liderazgo político que contrapese ese proceso.[2]

El problema es que en el marco de un dualismo formal-informal muy marcado, las “coaliciones distributivas” no tienen contrapeso en la sociedad porque, como decíamos, los usuarios no están organizados. La democracia es un sistema de contrapesos entre poderes del Estado, pero no entre grupos de interés que, por lo tanto, tienden a ganar privilegios crecientes a costa del bienestar público. Sobre todo cuando hay políticos que tienen clientelas particulares de ese tipo. El único contrapeso posible es la opinión pública, que es más fuerte en una democracia que en un régimen autoritario, o partidos que asuman la representación de los mayoritarios sectores informales emergentes, o el liderazgo político presidencial, cuya tarea debería consistir en despertar la conciencia de los sectores desorganizados y perjudicados con los privilegios de las coaliciones distributivas, a fin de conseguir su respaldo.

Es posible, sin embargo, mejorar el sistema de representación para que los informales y las clases emergentes tengan voz. Nos referimos a circunscripciones electorales pequeñas, uninominales, de modo que los electores sepan quién es su representante y puedan tener comunicación directa con él, lo que aumentaría la probabilidad de que los intereses de ese sector se expresen y se defiendan de leyes excluyentes.

Además, considerando nuestra realidad, ayudaría mucho que sea obligatorio, en los proyectos de ley que se presentan, un acápite de análisis de impacto en la informalidad. Pero un análisis serio.

Asimismo, integrar representantes de la microempresa en proporción al 70% que representan en el Consejo Nacional de Trabajo. Para volverlo inclusivo.

Algo tenemos que hacer para el círculo vicioso generador de informalidad no se trague al país. Lampadia

[1] Olson, Mancur, The Rise and Decline of Nations. Economic Growth, Stagflation and Social Rigidities. Yale Universwity Press, New Haven, 1982

[2] Ver  De Althaus, Jaime, La Revolución Capitalista en el Perú, FCE, 2011




DU autorizando a pagar jornal integral mientras no haya ley

DU autorizando a pagar jornal integral mientras no haya ley

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Lo que ocurrió la semana pasada en Ica puede ser un juego de niños al lado de lo que puede venir esta semana y la siguiente si es que el gobierno no da normas transitorias que en buena cuenta restablezcan los derechos anulados al derogar la ley de promoción agraria.

En los bloqueos de la semana pasada se movilizaron mil o 2 mil o 3 mil personas, la mayor parte jóvenes desempleados o personal enganchado sin derechos. Pero como podemos ver en el siguiente cuadro, al 2019 había casi 450 mil trabajadores laborando formalmente dentro del régimen laboral agrario. Esos se han quedado sin ley. Hoy, cuando lleguen a trabajar, se llevarán la sorpresa de que el jornal básico o mínimo ya no es de 39 soles sino de 31, porque las gratificaciones y la CTS ya no se agregan al jornal (remuneración integral) sino que se pagarían semestralmente. Porque ya no hay ley.

Además, ¿con qué modalidad van a contratar las empresas si la norma ha desaparecido? La calle es brillante, sobre todo cuando el gobierno la deja actuar. Y el Congreso, su fiel amanuense.

Podemos entonces imaginar el volumen de la protesta que podría desatarse a partir de hoy, un conflicto generado por la derogatoria del régimen de promoción agraria sin que se haya aprobado una nueva ley. El Congreso se ha dado 15 días para hacerlo.

Mientras tanto el gobierno debe urgentemente emitir un decreto supremo o de urgencia autorizando a las empresas a otorgar la remuneración integral en el jornal durante ese periodo, si el trabajador así lo solicita. Una remuneración integral voluntaria. Así debería ser en general. Al final, el Congreso deberá aprobar un régimen muy parecido al actual si es que quiere que la actividad siga prosperando y entregando derechos a trabajadores formales.  

Es obvio que una nueva ley que introduzca rigideces y costos excesivos solo servirá para dar marcha atrás en la historia y reinformalizar lo que se había formalizado. Pues esos 450 mil trabajadores formales acogidos al régimen agrario no son solo los de las agroexportadoras. La ley es para el sector agrario en general. Por eso es este sector el que más ha formalizado el empleo en los últimos 20 años.

La otra pregunta es qué va a pasar desde hoy con los trabajadores de las empresas que supuestamente contratan informalmente, a través de enganchadores. Si la Sunafil esta vez va a ir a esas empresas y no a las que contratan formalmente como suele hacer, tendrán que incorporar en planilla a sus trabajadores. ¿Tienen las oficinas para ello? De todos modos, acá hay una pregunta anterior: se supone que las empresas agro exportadoras deben tener certificaciones de empresas certificadoras internacionales para poder llegar a los mercados del norte. Reciben visitas de inspecciones. Incluso de sindicatos. ¿Cómo es posible que empresas que contratan informalmente puedan pasar esas inspecciones? Hay algo que está fallando en esta información. Lampadia




El régimen laboral agrario debe ser permanente y extenderse incluso a las industrias ligeras

El régimen laboral agrario debe ser permanente y extenderse incluso a las industrias ligeras

Jaime de Althaus
Para
Lampadia

Bastó que el régimen laboral agrario de la ley 27360 fuera exitoso, para que se convirtiera en un blanco de ataques. Nuestra consabida pulsión tanática no se pudo resistir. No soportamos lo que funciona bien, porque sus virtudes nos pueden alcanzar, sobre todo si pertenecemos al segmento exclusivo protegido por la costosa regulación común. Que un régimen flexible y menos oneroso generara rápidamente mucho empleo formal, era un mal ejemplo. Sus logros espectaculares eran un cuestionamiento directo al oneroso y sacrosanto régimen general. Había que igualarlo en lo posible a ese régimen, para quitarle amenaza. Es lo que está haciendo, en lo que se refiere a los beneficios sociales, el dictamen aprobado en la Comisión Agraria del Congreso, que eleva los costos no salariales del trabajo equiparándolos a los del régimen común.

En efecto, el dictamen aprobado aumenta la remuneración básica diaria en 8%, aumenta la indemnización por despido de 15 a 45 días por cada año completo de servicios con un máximo de trescientas sesenta remuneraciones diarias, pasa las vacaciones de 15 a 30 días por año, e incremente el aporte del empleador a Essalud de 4% a 6%. Es decir, salvo por el pago a Essalud, que todavía está debajo del 9%, en lo demás los beneficios sociales son tan elevados como en el régimen general.

Perjudica a pequeños y medianos

El problema de esto es el mismo que con el régimen general: los costos no salariales del trabajo son tan caros que resultan excluyentes, salvo para la gran empresa, que puede pagarlos. Justamente en el siguiente cuadro, que aparece en el propio dictamen aprobado, vemos que el 61% de las empresas acogidas a la ley 27360 (régimen laboral especial) tienen entre 1 y 10 trabajadores y el 79% tiene entre 1 y 50 trabajadores. Esto significa que el régimen modificado, más costoso, va a perjudicar, si se aprueba, a una gran proporción de las empresas acogidas a él. Muchas quizá tengan que re-informalizar a sus trabajadores.

Aunque es cierto que la mayor parte de los trabajadores (339,176 de 382,094 según un cuadro de la Sunat publicado en el dictamen) labora en empresas agroexportadoras grandes, de modo que su situación probablemente no variará, de todas maneras la ley, si se aprueba, puede afectar a los 43 mil que están en empresas pequeñas o medianas y de hecho pone una valla difícil de saltar para todas aquellas empresas pequeñas o medianas que quieran formalizarse. El mismo problema de siempre.

Subir IR en lugar de encarecer formalidad laboral

Menos mal que el dictamen mantiene el concepto del pago diario en el que se incluyen los distintos beneficios, que es clave para poder llevar adelante la actividad. Mantiene también el impuesto a la renta (IR) de solo 15% de las utilidades. En verdad, debería ser al revés: desde el punto de vista estructural –tanto de la formalización de la mano de obra como de la necesidad de incrementar los ingresos fiscales-, mucho más lógico hubiese sido subir en alguna medida el impuesto a la renta –no al 30% pero si cuando menos al promedio global que está alrededor del 23%-, en lugar de encarecer la formalidad laboral. Tendríamos más ingresos fiscales y también más formalidad laboral: dos áreas en las que tenemos déficits estructurales. 

Extenderlo a la industria ligera

Pues, además, al haber el dictamen optado por equiparar los beneficios con el régimen general, pierde mucho de su sentido la posibilidad interesante de extender este régimen a otros sectores nacientes o a aquellos vulnerables que afrontan competencia externa desleal. En efecto, si el régimen, tal como estaba, había resultado muy efectivo para formalizar el trabajo en el sector rural agroexportador, la idea no era anular algunas de sus ventajas como se haría al encarecerlo, sino, por el contrario, extenderlo al sector forestal, a la acuicultura y también –algo que no se ha planteado pero que sería necesario- a la industria ligera y sensible que genera mucho empleo y compite con importaciones del exterior que muchas veces viene con precios irrealmente bajos y frente a las cuales las medidas antidumping no son lo suficientemente rápidas ni eficaces. Esa industria necesita un régimen como el de la ley 27360.

Permanente

Por último, algo que tampoco se entiende es por qué en el dictamen, si ya los beneficios sociales son iguales a los del régimen general, se prorroga el régimen especial por diez años en lugar de convertirlo en permanente. El concepto del pago diario con los beneficios incluidos es la clave de su éxito, medido en términos de expansión de la actividad y del empleo formal. Es consustancial al tipo de actividad. Por lo tanto, no tiene un carácter promocional temporal. Es indispensable para el mantenimiento y crecimiento del sector. Debe ser permanente.

El sentido común indica que si algo funciona bien, no hay que tocarlo sino consolidarlo y más bien tratar de extender su principio a otros ámbitos. Pero ya sabemos que en la política nacional el sentido común es el menos común de los sentidos. El problema es que un país no puede avanzar si no capitaliza sus buenas experiencias y desecha las malas. Lampadia