Jaime de Althaus
Para Lampadia

Si Martín Vizcarra efectivamente se retira el 2021 y el Congreso complementario aprueba reformas políticas que mejoren sustancialmente la gobernabilidad de los siguientes gobiernos, y logra consolidarse una reforma del sistema judicial, entonces se podría concluir que el populismo político anti Congreso que desplegó, contrario a una democracia liberal -pues desembocó en la supresión inconstitucional de la división de poderes- tenía paradójicamente la finalidad de establecer una democracia liberal.

Sería el primer caso en la historia en el que se instala una dictadura temporal para establecer una democracia liberal duradera. ¿Si se es capaz de cerrar el Congreso sin base constitucional, se tiene la sensibilidad liberal para diseñar una buena arquitectura de equilibrio de poderes?

Una manera de responder esa pregunta sería conocer la agenda legislativa de los partidos que probablemente hagan mayoría en el congreso que elegiremos el 26 de enero. Esos partidos deberían ir trabajando desde ahora un mínimo consenso en torno a las reformas políticas indispensables para mejorar la gobernabilidad (a fin de prevenir confrontaciones estériles entre poderes) y optimizar la representación, reduciendo el tamaño de los distritos electorales para aproximar la clase política al pueblo. La base sigue siendo la propuesta de la Comisión Tuesta, a la que podríamos agregar las ideas de Carlos Meléndez en su último artículo en Perú 21, sobre todo la de poder revocar el mandato de los congresistas a mitad de periodo a fin de canalizar la ira contra el Congreso.

No menos importante, para defender la democracia de los arrestos populistas, es la sentencia que finalmente dictamine el Tribunal Constitucional en relación a la demanda competencial presentada por el Congreso disuelto. El Tribunal no puede permitir que se institucionalice la disolución por interpretación presidencial de una denegación fáctica, porque entonces estamos abriendo paso a la arbitrariedad autocrática. Mejor, en todo caso, sería sincerar el tema estableciendo que el Presidente puede disolver el Congreso una sola vez en su mandato sin expresión de causa, convocando inmediatamente a elecciones parlamentarias.

Ahora bien, como sabemos, el populismo político anti congresal que hemos vivido se ha alimentado del anti fujimorismo, y lo ha retroalimentado a su vez. Ha potenciado el repudio de un sector importante de la sociedad al “aprofujimorismo”, convirtiéndolo en el enemigo al que hay que eliminar, en la encarnación del mal. Pero derrotado el enemigo, sensiblemente debilitado y disminuido, podemos suponer que disminuirá en esa misma medida el estímulo populista, facilitando el retorno y reconversión de los impulsores de la disolución a la democracia liberal. Salvo, quizá, en el caso de los grupos de izquierda.

Pues el conflicto entre los dos bandos, si bien produjo la derrota del “enemigo”, engendró en el camino un nuevo enemigo del pueblo, todavía poco amenazante, pero que podría terminar siendo agitado por la izquierda. Para los sectores perdedores, acusados de corruptos, los grandes corruptos son en realidad Odebrecht y las empresas constructoras, el llamado club de la construcción. A la izquierda no le sería tan difícil extrapolar ese enemigo, que ya tiene existencia, al conjunto de las grandes empresas. Es algo que de todas maneras intentará dentro de su plan de ataque al modelo económico, sobre todo si la economía sigue estancada y los problemas de empleo e ingresos se agravan.

Por eso, para vacunar al país contra el populismo autoritario en su variante económica, se requiere resolver también el agudo problema del bajo crecimiento. Las reformas económicas y laborales son, en ese sentido, fundamentales. Algunas las podría ir promulgando el gobierno mediante decretos de urgencia. Pero conociendo su adicción a la popularidad, probablemente no toque las más importantes. Para abordarlas, entonces, también se requerirá de un consenso mínimo entre las fuerzas que alcancen mayoría en el congreso complementario. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Todos los argumentos a favor de un adelanto de elecciones o de una cuestión de confianza si es archivado, pecan de una grosera petición de principio: la “crisis política” que se invoca como fundamentación, ha sido creada o magnificada por el propio pedido de adelanto de elecciones. Al punto que, si el presidente retira el pedido de adelanto de elecciones, la crisis cesa como por ensalmo.

Pero como consecuencia de esa irresponsable pretensión, ahora sí que tenemos una crisis política, y grave: mientras el gobierno y sus defensores preparan los argumentos para sostener la validez de la cuestión de confianza y cerrar el Congreso, las bancadas opositoras en el Congreso arman investigaciones sobre Vizcarra para encontrar municiones para la declaración de vacancia presidencial. La colisión parece indetenible.

El presidente “no puede gobernar con un Congreso en permanente pie de guerra”, escribe Rosa María Palacios. Pero eso no era así antes del 28 de julio, como ya hemos demostrado en artículos anteriores. Más bien fue el presidente quien declaró la guerra el 28 de julio del año pasado cuando planteó un referéndum para la no reelección de los congresistas. Esa guerra, sin embargo, no evitó que se autorizaran decretos legislativos y se aprobaran todas las reformas políticas planteadas salvo una que, sin embargo, tuvo mejoras apreciables.

El presidente plantea adelanto de elecciones porque ya no podía hacer cuestión de confianza por las reformas políticas. La cuestión de confianza, que puede llevar a la disolución del Congreso si es denegada, es un recurso para devolverle la decisión al pueblo cuando el enfrentamiento entre poderes es insalvable. Pero resulta que este enfrentamiento ha sido causado por el propio pedido de adelanto de elecciones. Generar una guerra para luego hacer cuestión de confianza y disolver el Congreso, es un mecanismo cínico, populista e inconstitucional, porque manipula la Constitución contra su esencia.

El proyecto de reforma constitucional fundamenta el adelanto de elecciones en solo dos párrafos. En el primero dice:

“El adelanto de elecciones constituye el mecanismo idóneo para superar la actual crisis política en la que se advierte una notoria dificultad para encontrar consensos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo”.

El texto no especifica cuáles son esos consensos no logrados. Lo que sí tenemos son las declaraciones del ex ministro de Economía Alfredo Thorne y del ministro de Economía actual, Carlos Oliva: que el Congreso les ha facilitado todo lo que han querido, de modo que en lo esencial sí hay consensos. Y lo demuestran las estadísticas que presentó Miguel Torres, según las cuales desde julio del 2016 ha habido menos interpelaciones y censuras y más decretos legislativos aprobados que en los dos gobiernos anteriores.

Las discrepancias están focalizadas en el sector educación, donde han producido la censura –sin razones de peso- de un ministro y la renuncia de otra. Hay allí una oposición de raíz religiosa, algo que una democracia debería ser capaz de procesar, pues sólo un temperamento muy autoritario no soporta diferencias de concepto. También se mueven intereses crematísticos de universidades que podrían no ser licenciadas por el Sunedu.  En todo caso, allí sí hay un campo concreto para el ejercicio de la cuestión de confianza: si el Ejecutivo considera que las disposiciones del Congreso en materia de igualdad de género o de la reforma universitaria obstaculizan la gestión del Ministerio de Educación, puede hacer cuestión de confianza en torno a ello.   

Acuerdo de gobernabilidad

En realidad, como se sabe, no existen diferencias ideológicas o programáticas importantes entre el Ejecutivo y las fuerzas mayoritarias en el Congreso. Por lo tanto, es perfectamente posible un acuerdo de gobernabilidad hacia el 2021 en torno a una agenda país, tal como lo ha planteado el presidente del Congreso, Pedro Olaechea que, además, ha recibido el respaldo en ese empeño de la bancada de Fuerza Popular mediante un comunicado emitido el jueves pasado, luego de que se dispararan inoportunas iniciativas fiscalizadoras contra el presidente. Ocho bancadas respaldan esta búsqueda de un acuerdo. Esa agenda es muy fácil de construir. Está ya dada, en realidad. Si no se concreta formalmente es porque de hacerlo quedaría en evidencia que no hay crisis política. Por eso los ‘adelantistas’ no quieren acuerdo político y tratan de convencer de que es una ilusión.   

El segundo párrafo en el que se fundamenta el pedido de adelanto de elecciones es aún más feble. Dice:

“…se requiere adoptar una decisión que genere un recambio en la clase política que permita fortalecer las instituciones, pero sobre todo optimizar las relaciones entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo…”.

Ya hemos argumentado las razones por las que el adelanto va a producir resultados desastrosos en términos de dificultades para una buena elección y de calidad del próximo Congreso, con el agravante de que, al no haberse aprobado las reformas relacionadas a la gobernabilidad, el próximo gobierno podría caer en la misma trampa de un gobierno con mayoría congresal opositora.

Inconstitucional

El adelanto de elecciones no solo es innecesario y nocivo. Es, además, inconstitucional, por varias razones que expliqué en mi artículo anterior en este portal (viola derechos constitucionales de los congresistas, viola el principio de irretroactividad, entre otras). Pero hay una razón adicional, que se aplica también a la pertinencia de la cuestión de confianza en un caso como este. Según la Constitución, la cuestión de confianza la pueden plantear el presidente del Consejo de ministros o los ministros. Y según el Tribunal Constitucional, ella “ha sido regulada en la Constitución de manera abierta”, con la finalidad de conseguir “respaldo político por parte del Congreso, para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera” (parágrafo 75 de la sentencia del TC sobre la cuestión de confianza). Un pedido de adelanto de elecciones no tiene nada que ver con la gestión del Premier o de los ministros. Gestión que, como hemos señalado, no ha sido gravemente obstaculizada en lo esencial. 

Si el presidente realmente cree que no puede gobernar, tiene varias opciones: o el acuerdo de gobernabilidad que hemos mencionado, o la cohabitación, o un Premier de consenso, o la renuncia. Todas ellas opciones constitucionales. Opte por una de ellas presidente. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En las últimas semanas se ha producido un cambio estructural en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso: Fuerza Popular ha desaparecido como fuerza beligerante y opositora, ha declarado su voluntad de concertar una agenda de reformas, y, por lo tanto, ha abierto la posibilidad de iniciar una era de colaboración con el Ejecutivo. Se ha pasado de la confrontación a la cooperación.

Para que dicha agenda de reformas pueda concretarse, sin embargo, el Ejecutivo tiene que resolver sus contradicciones internas y el Presidente tiene que aprender a pasar de la confrontación a los acuerdos y la gestión como estrategia de gobierno.

Este cambio estructural en las relaciones entre ambos Poderes, de la mayor importancia, no ha sido registrado cabalmente por la opinión pública, que no está debidamente informada por los medios nacionales, y que en los ambientes más politizados permanece incrédula. Pero es real.

El miércoles pasado la bancada de Fuerza Popular junto con todas las bancadas menos las de izquierda, presentó una moción de orden del día para conformar una “Comisión especial de reformas de interés nacional, diálogo y consenso parlamentario” (ver recuadro). Dichas reformas, de acuerdo a la información que tenemos, incluyen la reforma laboral, algo que hasta hace poco era un tema tabú no solo para Fuerza Popular sino para todas las bancadas y para el propio gobierno. De hecho, un par de semanas atrás el congresista Miguel Torres declaró a El Comercio: “buscaremos una reforma laboral para reducir las exigencias de hoy e involucrar a trabajadores informales dentro de la formalidad”.

Es claro, entonces, que el tono del Congreso ha cambiado notoriamente, lo que significa que están dadas las condiciones para un conjunto de acuerdos que permitan:

• Resolver el problema creado por el posible NO a la cuarta pregunta del referéndum (sobre la bicameralidad), sea llegando a un acuerdo para que el Congreso modifique los cambios introducidos en la cuestión de confianza a cambio de que el presidente restablezca su apoyo a la bicameralidad antes del referéndum o, en su defecto, se pueda, luego del referéndum, llevar a cabo la reforma constitucional vía dos legislaturas ordinarias, con el apoyo político del Presidente, siempre y cuando se explique antes que el NO que promueve no es a la bicameralidad sino a las modificaciones introducidas a la cuestión de confianza.
• Conformar una comisión de expertos para recomendar el conjunto de reformas políticas necesarias a fin de mejorar la gobernabilidad y reconstruir el sistema de partidos y los canales de representación.
• Aprobar los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo que reforman el sistema judicial y profundizar dicha reforma con la redefinición del rol de la Corte Suprema y otras normas.
• Que el Ejecutivo observe la ley de negociaciones colectivas en el Estado, que es una verdadera bomba de tiempo fiscal, y el Congreso no insista. Y contener, en general, otras iniciativas populistas.
• Elaborar una agenda de leyes y reformas indispensables para mejorar la competitividad y la productividad del país y reanimar la inversión privada en todos los sectores de la economía. Entre ellas, tendríamos, entre otras:
  • Las reformas laborales, que se verían facilitadas, además, por la renovación del Tribunal Constitucional en junio del 2019, que puede permitir el cambio de la sentencia del 2001 sobre la reposición obligatoria en el puesto de trabajo
  • La reforma tributaria: simplificación de regímenes y reducción de exoneraciones
  • Ley para darle carácter permanente a los regímenes agrario, forestal y acuícola y extenderlos a otros sectores manufactureros exportadores sujetos a demanda cambiante e intensivos en mano de obra
  • La ley de hidrocarburos.
  • Ley para profundizar la eliminación de regulaciones contraproducentes
  • Ley que permita resolver las trabas, dificultades y cuellos de botella en la ejecución de infraestructura estratégica para el desarrollo del comercio exterior e interior. 
  • Incentivar la innovación en las empresas y favorecer la inmigración de científicos extranjeros.
• En esa línea, derogar los excesos cometidos en los decretos legislativos tributarios en los temas de anti elusión y responsabilidad penal de los directores.

La contradicción interna del Ejecutivo

El Ejecutivo tiene que aprovechar el cambio en la actitud del Congreso para proponer dicha agenda de reformas a favor de la competitividad del país. Para eso, sin embargo, tendrá que resolver la contradicción interna que lo inmoviliza:

• La que se da entre los ministros vinculados a la economía y la producción de un lado, y el ministro de Trabajo del otro, y que se manifiesta claramente en las diferencias existentes entre los lineamientos del Plan Nacional de Competitividad publicado hace unos meses
• Las declaraciones y regulaciones que emanan del ministerio de Trabajo
• Las expresiones del ministro de Justicia en el sentido de revisar integralmente la Constitución incluyendo el capítulo económico, para hacer posible una mayor presencia del sector público.

Esas contradicciones deberán resolverse en el Plan Nacional de Competitividad propiamente dicho que se publique en los próximos días. De lo contrario, no será posible avanzar, por ejemplo, en las reformas laborales, salvo que el Congreso las apruebe por su cuenta.

Si el Plan Nacional de Competitividad contiene un programa de reformas claro que le permita a nuestra economía recuperar tasas altas de crecimiento y volver a reducir los niveles de pobreza –para lo cual debería incorporar las propuestas del Consejo Privado de Competitividad-, debería ser el propio presidente de la República quien presida el Consejo Nacional de Competitividad y lidere personalmente la ejecución de ese plan.  

De la confrontación a los acuerdos y la gestión

Una segunda pregunta, en ese sentido, es si el Presidente Vizcarra está preparado para adaptar su estrategia política a la nueva situación, es decir, pasar de la confrontación a los acuerdos y la gestión. Como sabemos, el Presidente ha conseguido un incremento notorio de su popularidad enfrentando al Congreso, e implícitamente a Fuerza Popular. Pero Fuerza Popular ya ha sido completamente anulada como oposición belicosa, de modo que el Presidente ya no tiene, en ese terreno, con quién confrontar. Su triunfo, en ese sentido, ha sido absoluto. Tiene ahora que pasar de la confrontación a los acuerdos y a la gestión eficiente de los servicios públicos, lo que es más laborioso y menos rentable políticamente si no se hace bien.

Para mantener los niveles de aprobación que ha conseguido, entonces, tendría que buscar, por así decirlo, nuevos “enemigos”, con la diferencia que esos enemigos son menos visibles y personalizados que el Congreso o los congresistas. Esos enemigos son los problemas del país. Podría enfrentarlos con el formato de una cruzada, para darle a la gesta un tono populista, pero al servicio de la reforma y la eficiencia. Esos enemigos podrían ser:

• La corrupción, por supuesto
  • Destapando casos en los gobiernos regionales o locales o en entidades del gobierno central, y dándoles publicidad.    
  • Promoviendo una campaña de denuncias de los usuarios del Estado, pero para ello se necesitaría que el sistema de denuncias estuviera organizado, y aun no lo está.
• La inseguridad, supervisando en el terreno el funcionamiento de Barrio Seguro, Vecindario Seguro y los Comités de Seguridad Ciudadana presididos por los alcaldes, llamando la atención a los alcaldes que no los convoquen, por ejemplo, y a los comisarios que no se integren con la comunidad.
• La anemia, viajando al interior para constatar los esfuerzos y llamar la atención al funcionario que no esté cumpliendo su tarea en la estrategia contra ese mal.
• La mala atención y corrupción en servicios de salud, retomando la reingeniería del SIS que comenzó a aplicarse el 2017 y fue luego abandonada, y supervisando que se ejecute adecuadamente, y denunciando casos de corrupción en el sector.

De lo que se trata es que el Presidente aproveche sus viajes al interior no para inaugurar obras sino para liderar y supervisar la transformación de los servicios básicos del Estado en servicios eficientes, acompañado de un aparato de comunicación que le permita crear una mística de cambio.

Fuera de eso, el Presidente debe conducir personalmente dos grandes procesos estratégicos. Uno es el que ya hemos mencionado: la ejecución del Plan Nacional de Competitividad, si es que este realmente contiene las reformas que hay que hacer para mejorar la productividad de la economía peruana. Como parte de esta labor, resulta fundamental devolverle eficiencia a la inversión pública y público privada, es decir, al desarrollo de la infraestructura, hoy muy afectada por diversos problemas y por el temor de los funcionarios a tomar decisiones derivado de la persecución arbitraria e injusta que en muchos casos han sido objeto por parte de la Contraloría y de comisiones investigadoras del Congreso. 

Y el segundo es la gran reforma del sistema judicial, presidiendo el Consejo Nacional para la Reforma del Sistema de Justicia, que será aprobado por ley próximamente. Para que la promesa de alcanzar un sistema de justicia moderno, eficiente y limpio se haga realidad –lo que sería un cambio extraordinario- se requiere que el Presidente asuma con la mejor asesoría posible el liderazgo de ese proceso.

Más allá del ruido judicial existente, que afecta la credibilidad de la clase política, lo cierto es que están dadas las condiciones para alcanzar acuerdos fundamentales que conduzcan a un Estado de Derecho en el que impere la ley y a recuperar tasas altas de crecimiento y reducir apreciablemente la pobreza. El Ejecutivo ya no tiene obstáculos en el Congreso para este fin. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Hay un dato interesante en las cifras de candidatos en estas elecciones regionales y municipales que podría ser el punto de inflexión de una tendencia si es que se consolida con reformas políticas que habría que introducir. Nos referimos al hecho de que por primera vez luego de varios procesos electorales, el número de candidatos a gobernador regional presentados por movimientos regionales se reduce, mientras aumenta significativamente el número de candidatos presentado por los partidos nacionales.

Por supuesto, todavía hay que esperar los resultados electorales, para ver si esa inflexión se expresa también claramente en el número de candidatos de partidos políticos nacionales electos. La tendencia hasta ahora ha sido la siguiente:

El incremento de un gobernador regional puesto por los partidos el 2014 no expresa todavía una tendencia clara. Vamos a ver qué ocurre en esta elección. No tenemos la evolución del número de candidatos a las alcaldías provinciales presentados por partidos y movimientos regionales, pero los resultados electorales han registrado una tendencia clara:

Frente a esto, la novedad que trae el presente proceso electoral es un punto de inflexión en el número de listas al gobierno regional que presentan partidos nacionales y movimientos regionales. (no tenemos el dato para las municipalidades provinciales y distritales). Veamos:

Esto obedece al hecho de que se introdujo legislación que prohibió los movimientos locales (provinciales o distritales) y estableció requisitos de inscripción para los movimientos regionales algo más fuertes, similares a los exigidos a los partidos nacionales, agregando la obligación de presentar candidatos en toda la región. Requisitos, la verdad, mínimos, que deberían ser endurecidos crecientemente a fin de convertir esta inflexión que vemos en una tendencia clara en el futuro. Porque la idea es que los partidos nacionales recuperen presencia nacional. Y eso es lo que, al parecer, empieza también a ocurrir, por lo menos en cuanto al número de candidaturas, si vemos el siguiente cuadro, donde el salto importante se da en las presentes elecciones:

Recuperar la presencia de los partidos en el territorio es fundamental para la gobernabilidad, para recuperar la autoridad central en el país y restablecer los canales de representación que han sido cortados desde que los alcaldes y gobernadores no pertenecen a partidos que están en el Congreso. En ausencia de esos canales no hay manera de adelantarse a los problemas ni resolver los conflictos latentes.

La ausencia de partidos nacionales en las regiones es más grave en la medida en que el único cambio estructural que se ha producido en el Perú ha sido una descentralización muy fuerte de las funciones y de la obra pública, pero sin que el gobierno central conserve capacidades de monitoreo, control e intervención. Mucho dinero sin control produce corrupción y alimenta a las mafias, que se multiplican. Miremos en el siguiente cuadro la manera explosiva como se ha redistribuido la obra pública en las últimas décadas:

Reducir el número de partidos y fortalecerlos

Suponiendo que en las elecciones venideras veamos una cierta recuperación del terreno regional y provincial por parte de los partidos políticos, quedan pendientes las reformas necesarias no solo acelerar esa recuperación sino para fortalecer los partidos y reducir su número. Es decir, para reconstruir un sistema de pocos partidos estables y verdaderamente nacionales. 

Porque no podemos seguir con 23 partidos políticos. Esa cifra tiene que reducirse drásticamente. En estas presentes elecciones regionales y municipales participan de la siguiente manera:

Hemos eliminado algunos, a favor de la claridad. Notemos que Alianza para el Progreso (APP) de Acuña, y Acción Popular, tienen muchos más candidatos que Fuerza Popular y que el APRA, cuya participación de ha reducido casi al mínimo. No sorprende el número de candidatos que presenta APP, pues Acuña ha logrado montar, con la presencia y recursos de sus universidades, una estructura clientelista que le permite apoyar candidatos en muchas partes del país. ¿Tiene potencial APP para convertirse en un partido serio? No lo sabemos.

Sorprende, sí, la vitalidad de Acción Popular (AP), un partido que luego de la desaparición de Fernando Belaunde nadie pensaba que sobreviviría mucho tiempo. Probablemente atrae candidatos no por el apoyo financiero que pueda ofrecerles, del que probablemente carece, sino porque la imagen del partido conserva todavía un halo de honestidad y desarrollo que puede ser la base para un desarrollo partidario posterior consistente. En todo caso, hasta ahora ha pasado la prueba del tiempo.

En cambio, sorprende la pequeña cantidad de candidatos del APRA –casi la cuarta parte de los de AP-, el partido histórico más importante del país. Es una lástima. Quizá el estigma de los narco-indultos y la crisis de identidad ideológica generada por el contraste entre los dos gobiernos de Alan García, haya afectado la capacidad de atraer o conservar candidatos apristas. Pero es un partido que debería tener potencial para reconvertirse. El anuncio de Alan García de regresar a la vida activa partidaria no sabemos si es una buena noticia para ese fin.  

Fuerza Popular atraviesa una situación complicada, que puede comprometer su futuro. Si aprovechara los ingresos que recibe del financiamiento público para desarrollar debate interno y capacidad propositiva, y para revisar su experiencia histórica para extraer de ella lecciones y propuestas positivas que le permitan entroncar su futuro en su pasado, podría empezar a darle forma a una militancia que sin duda existe. Es claro que Keiko Fujimori ha desperdiciado el poder convocante que pudo tener.  

En las izquierdas, sorprende también la escasa participación de Juntos por el Cambio, iniciativa de Yehude Simon en la que se agolpan Patria Roja, el Partido Comunista, Fuerza Social, Ciudadanos por el cambio y otros, y al que se plegó la agrupación sin inscripción de Verónika Mendoza (Nuevo Perú) para colocar candidatos en las elecciones internas para este proceso, sin mayor éxito.

Quien sí tiene más presencia es el Frente Amplio de Marco Arana, con candidatos fuertes en el corredor minero y en el valle del Tambo, cuya misión será, de llegar al poder local, seguramente entorpecer la inversión minera. Pero este partido sí tendría posibilidades de fortalecerse, en la medida en que posee una ideología definida.

EL PPC, por su lado, otro partido con cierta ideología e institucionalidad interna, lamentablemente ha sido afectado por sus pasadas luchas intestinas, y presenta ahora pocos candidatos, la mayor parte en Lima. Sin duda tiene potencial de recuperación.

Reformas

• La propuesta de distritos binominales para elegir a diputados, dentro de la reforma que se está planteando, puede ayudar a reducir el número de partidos.
• Debe eliminarse también la facilidad que se dio de conservar la inscripción si no se presenta candidato presidencial.
• La valla para las alianzas debe subirse dos puntos por cada nuevo integrante de la alianza, para evitar que las alianzas sean medios para burlas la valla electoral.
• Se debe mejorar la política de financiamiento público de los partidos, permitir que las empresas formales puedan donar, e incluir la propuesta de Carlos Meléndez de “impuestos por partidos” dirigida específicamente a que las empresas puedan financiar con sus impuestos think tanks en los partidos políticos, entre otras medidas tales como las que obliguen a que las elección es internas sean organizadas por la ONPE a fin de darle garantías a los ciudadanos que deseen ingresar a un partido para participar en la vida política.

En resumen, para consolidar y acelerar la aparente inflexión de la tendencia a la fragmentación política que observamos en estas elecciones regionales y municipales y aprovecharla para reconstruir un sistema de partidos con presencia nacional, es necesario endurecer crecientemente los requisitos para la inscripción y funcionamiento de movimientos regionales y aprobar reformas que lleven a fortalecer y reducir sustancialmente el número de partidos políticos. Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

El 7 de octubre próximo se realizarán las elecciones presidenciales en Brasil, en poco más de 40 días el país escogerá el próximo presidente para el período 2019-22. Si nadie logra más de 50% en la primera vuelta, el 28 de octubre, tres semanas después, se realizará la segunda vuelta con los dos más votados. Este será un proceso electoral muy breve para tomar una decisión con grandes implicancias para el futuro.

Con una economía semi paralizada y una situación fiscal insostenible, Brasil va necesitar de reformas políticas y económicas difíciles pero indispensables para viabilizar una nueva fase de crecimiento económico. La población respalda a Lava Jato y está clara sobre la necesidad de luchar contra la corrupción, pero tiene poca claridad sobre las condiciones necesarias para que sus aspiraciones comiencen a volverse una realidad. En esas condiciones, la población es una presa fácil para los discursos populistas, y los populistas abundan en Brasil.

Son 13 los candidatos a la presidencia, pero solo 5 tienen alguna posibilidad de llegar a la segunda vuelta, hasta ahora.

En la última encuesta de Data Folha (agosto)[i] el ex-presidente Lula da Silva lidera las intenciones de votos con 39%, seguido del diputado ultra-conservador Jair Bolsonaro con 19%. Sin embargo, Lula está condenado en segunda instancia y ratificado en tercera instancia, y según la ley, él no puede postular a ningún cargo público.

La única opción para que Lula pueda participar en las elecciones es que el Supremo Tribunal Federal (STF) anule su condena, o emita una resolución haciendo una excepción legal con nombre propio para viabilizar su candidatura. Considerando el gran poder económico y político de Lula, la probabilidad de que el STF, a estas alturas, tome tal decisión no es nula. Pero considerando también que tal decisión provocaría una crisis en el poder judicial del país (romper la ley para que un condenado en segunda instancia sea candidato) dicha probabilidad es muy baja.

Por lo tanto, el segundo escenario es el más probable. En ese escenario es el ex-alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, quien será el candidato del PT a la presidencia.

Si se explora el escenario en que Lula no está presente, Bolsonaro salta a 22%, seguido por la ambientalista y populista Marina Silva con 16%, el populista tradicional Ciro Gomes con 10%, el socialdemócrata Geraldo Alckimin, ligado a Fernando Henrique Cardoso, con 9%, y el representante de Lula, Fernando Haddad, con 4%.

En ese segundo caso, sin la participación de Lula, habría que ver cuánto del electorado del PT efectivamente votaría por Haddad. Data Folha dice que el 31% de los encuestados se inclinarían a votar por un candidato indicado por Lula y un adicional de 8% podría hacerlo. Ello significa que Fernando Haddad tiene un gran potencial de crecimiento. Sin embargo, los otros candidatos populistas, Marina Silva y Ciro Gomes, ya están posicionados y van disputar férreamente el voto de los electores de Lula. Las encuestas del escenario 2 evidencian cómo ellos crecen más que Haddad con la ausencia de Lula. Además, el tiempo de campaña es muy breve y el electorado brasileño dedica por espacio mental a los temas electorales.

Afectado por su condena a 12 años y por su encarcelamiento, Lula orientó su partido a mantenerlo como su candidato hasta el final. El 15 de agosto, el PT ha inscrito a Lula como candidato a la presidencia y a Haddad como su vice-presidente. Con esta estrategia maximalista, el PT ha debilitado la imagen del candidato sustituto de Lula. Sin proponérselo, el PT ha estado enviando el mensaje de que Lula es insustituible y que nadie más en su partido tiene la estatura para ser un buen candidato presidencial. Durante todo este tiempo, los otros candidatos populistas (Marina y Ciro) han podido presentarse como dignos sustitutos de Lula y han fortalecido sus posiciones.

La persistencia de Lula en ser el candidato del PT ha contribuido a la polarización política favoreciendo al candidato ultra conservador, Jair Bolsonaro, opuesto a Lula. No es gratuito que, faltando seis semanas para la elección, Bolsonaro tenga 22% de intención de voto y Haddad, el candidato sustituto de Lula, tenga solo 4%. El PT va tener que hacer una campaña excepcional de demolición de las imágenes de Bolsonaro, Marina Silva y Ciro Gomes para poder llegar a la segunda vuelta. El PT sabe destruir las reputaciones de sus críticos y rivales. Esta es, en realidad, una de sus mayores habilidades, pero no es fácil destruir a varios candidatos en pocas semanas sin que el suyo no resulte afectado en ese combate. Además, según la encuesta de Data Folha, en una segunda vuelta, Bolsonaro derrotaría a Haddad. Entonces, si Haddad llega a la segunda vuelta, la victoria del PT no estará asegurada.

En el caso de que el PT no llegue a la segunda vuelta, y la disputa sea entre Bolsonaro y Marina Silva o entre Bolsonaro y Ciro Gomes, el PT tendrá la opción de apoyar al rival de Bolsonaro, llevando a que un populista, no muy distinto del PT, gane el gobierno federal. Ello permitiría al PT arribar a acuerdos políticos con esos candidatos y tener buenos aliados en Brasilia, mientras busca reconstituir sus fuerzas.

Hay un candidato liberal, Joao Amoêdo, que merece una atención especial. Amoêdo es un empresario que ha creado un partido político llamado “Novo”, es decir, nuevo. Amoêdo es contrario al financiamiento público de los partidos políticos, ha rechazado dicho financiamiento público para su campaña en la TV y ha apostado en hacer campaña electoral solo con donaciones privadas, operando en las calles y en las redes sociales. Un casi desconocido, Amoêdo ha comenzado a crecer en las últimas tres semanas y ya tiene 2% de intención de voto. Amoêdo apoya a Lava Jato, a la economía de libre mercado, y tiene el plan de gobierno y el discurso electoral más coherente con los desafíos del país. Sin embargo, es poco probable que en cuatro semanas logre crecer lo suficiente para llegar a una segunda vuelta. Lo atractivo de Amoêdo para los sectores más educados de la clase media, es que él se presenta como una nueva forma de hacer política en Brasil, y la gente está harta con la forma corrupta de hacer política en Brasil.

Gane quien gane las elecciones, van a presentarse dos opciones: O se hacen las reformas fiscales y legales, o el Brasil sigue en el estancamiento o va hacia una segunda crisis económica en el corto plazo.

• Si gana un conservador (Bolsonaro) o un liberal (Amoêdo) las probabilidades de reforma son mayores, pero la oposición estará asegurada.
• Si gana Haddad, es decir Lula, el escenario más probable es una crisis institucional, económica y política en el corto plazo, con la destrucción de Lava Jato y el desencadenamiento de un conflicto político abierto.
• Si gana otro populista (Marina o Ciro), su dilema va ser difícil pues, para salir del estancamiento y evitar la crisis, va tener que hacer una serie de reformas que son opuestas a su discurso electoral, y si no hace las reformas las perspectivas no serán positivas para nadie.

El dilema de los populistas puede representarse en una frase conocida en Brasil:

• Si corres el bicho te alcanza, si te quedas quieto, el bicho te come
  (Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come).

En cualquiera de los casos, el ambiente social, político y de negocios en Brasil no será tranquilo ni agradable en los próximos años. Sin embargo, desde el 2013 el país ha ingresado a un período de profundos cambios políticos: se desencadenó la mayor operación anti-corrupción (Lava Jato) y las mayores movilizaciones de la historia brasileña, surgieron nuevos movimientos políticos, y se cerró la Era PT. Es muy probable que ese proceso continúe y que se desarrollen corrientes de pensamiento liberales y conservadoras que en el futuro puedan constituirse en alternativas de gobierno al populismo que ha dominado la política brasileña por muchas décadas. Lampadia 

El Primer Ministro, Fernando Zavala, se ha visto precisado a manifestar “su indignación por las denuncias de las Procuradoras Ad-Hoc y Anticorrupción contra Martín Vizcarra y PPK, respectivamente, y señala que están actuando así ‘por aparecer en la foto’”, según reportó el diario Correo en su edición de ayer domingo.

Efectivamente, ante el escándalo de corrupción, descubierto el esquema de penetración política y económica de Lula da Silva y sus brazos seudo-empresariales, hemos caído en el jueguito de ganar espacios mediáticos sin que muchos personajes, ya sean políticos, opinólogos, periodistas o incluso funcionarios del Estado, muestren ponderación, sentido de responsabilidad y proporcionalidad, en sus comentarios y acusaciones.

En este caso, en que el Premier reclama la acción del Ministro de Justicia, Marisol Pérez Tello, promotora de el otorgamiento de autonomía constitucional a los procuradores, se ha generado un tremendo bochinche. Por ejemplo, hoy lunes 6, los diarios adornan sus portadas con frases como: “Enfrentamiento sin tregua”, “No le teme al Premier”, “¡Desnudan faenón en Chinchero”, “Habla claro” (Pérez Tello), “Gobierno y Procuraduría en Guerra”. 

Siempre es incómodo decir “yo lo dije”, pero, da tanta pena que en el Perú se tomen decisiones, como la autonomía constitucional de la Procuraduría, sin escuchar y debatir con expertos independientes y la ciudadanía. Estamos cayendo en respuestas apuradas a los problemas delicados que aquejan a nuestras instituciones, precipitándonos en un pernicioso facilismo. Este es justamente el caso del tema que ahora tiene la atención de todo el país. Ver:

• El 6 de setiembre del año pasado, publicamos en Lampadia: Reformas que afectarían nuestras libertades, en el que reproducíamos la opinión de un experto internacional. 
• El 13 de setiembre publicamos: La ‘balcanización’ del Estado, en el que volvíamos a alertar sobre los riesgos de crear autonomías y sus eventuales desarrollos disfuncionales.
• El 13 de octubre, publicamos: Autonomía constitucional de la Procuraduría, que reproducimos íntegramente líneas abajo. 

Esperamos que este caso nos enseñe a tomar decisiones de una mejor manera. 

Cuidado con balcanizar el Estado

Autonomía constitucional de la Procuraduría

Se espera que 88 millones de personas de 122 ciudades en América Latina mejoren sus ingresos hacia el 2030. Así lo proyecta un informe titulado ‘Measuring the middle: Quantifying market opportunities in Latin America’s cities’ elaborado por el Economist Intelligence Unit (EIU) de la conocida revista inglesa The Economist.

En el estudio, Lima destaca por tener el menor índice de desigualdad entre las ciudades con menor desigualdad de América Latina. Además, se afirma que será la ciudad donde se producirá mayor incremento de personas con ingresos mayores de US$ 15,000 por año hacia el 2030. En otras palabras, Lima tiene la mejor base o punto de partida y la mejor proyección a futuro.

Se espera que América Latina continúe con un bajo crecimiento generalizado en 2017, como afirma tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, ya que ambas instituciones estiman un crecimiento de 1.2 % en la región, que es 0.4 % menos que lo previsto en octubre pasado, y se proyecta un crecimiento de un 2.1 % en 2018. El EIU, por su lado, estima que tras tres años de bajo crecimiento, la inversión se recuperará a una tasa de crecimiento anual promedio cercana al 4% en 2020-21 y que “el consumo privado se mantendrá muy por debajo de los máximos registrados durante el auge de los commodities, pero también se recuperará gracias a un retorno de crecimiento positivo de los salarios reales y una disminución constante de la tasa de desempleo desde el máximo cercano al 10% registrado el año pasado”.

Según el EIU, los mercados urbanos de las ciudades más grandes de América Latina ofrecen un gran número de consumidores de clase media, pero estos mercados ya están mostrando signos de madurez, por lo que los centros urbanos de la región competirán entre sí para ofrecer las mejores oportunidades de negocio y atraer los más altos niveles de inversión. Por lo tanto, es importante que durante la próxima década mejoremos el entorno político, económico y regulatorio, para aprovechar correctamente las oportunidades de mercado que brindan las grandes ciudades latinoamericanas.

América Latina tiene el segundo nivel de urbanización más alto del mundo (después de Norteamérica), con el 80%. Por lo tanto, la región tiene posibilidades únicas de aprender de los retos y oportunidades creados por el rápido crecimiento urbano, la desindustrialización, la globalización y la renovación urbana. Las megaciudades en América Latina enfrentan una serie de desafíos en las zonas limítrofes y más pobres: políticas y estrategias de planificación urbana (a menudo no bien coordinados), financiamiento ineficaz e infraestructuras subdesarrolladas, que traen como consecuencia una notoria desigualdad. Como se puede observar en el gráfico inferior, el índice de Gini muestra la distribución de ingresos (0 representa la igualdad perfecta y 1 representa la desigualdad perfecta). Las ciudades brasileñas presentan los mayores niveles de desigualdad, con coeficientes de Gini muy por encima de 0.6. Por otro lado, la capital peruana, Lima, y San Salvador, el capital de Salvador, registran distribuciones más equitativas, con coeficientes de 0.4.

Sin embargo, el EIU anuncia una tendencia alentadora: las mayores tasas de crecimiento anual compuesto en el número de personas están en los rangos de ingresos de entre US$ 15,000 y US$ 25,000 por año. En particular, el EIU proyecta que un total de 126 millones de personas en América Latina tendrán ingresos superiores a US$ 15,000 por año en 2030 y, de estos, 88 millones se encontrarán en las 122 ciudades más grandes. Estos son los consumidores que seguirán impulsando el crecimiento económico en la región.

Según el estudio, la ciudad de México lidera el listado de las mejores megaciudades rankeadas en materia salarial con un promedio de (9.44 millones). Le siguen Sao Paulo (8.02 millones), Buenos Aires (6.70 millones), Río de Janeiro (5.59 millones) y Santiago de Chile (3.47 millones). Luego están Lima (3.41 millones), Guadalajara (2.17 millones) y Belo Horizonte (1.84 millones).

Cabe resaltar que la ciudad de Lima, a pesar de estar en el puesto 6 del ranking, es de lejos la ciudad que más mejorará al 2030, ya que 3.4 millones de capitalinos alcanzarán este salario, lo que significa un incremento de 432% (una variación muy por encima del resto de países).

Este gran potencial peruano también se visualiza en la evaluación de las ciudades que ofrecen el mayor potencial global de mercado direccionable, donde de un ranking de 10 ciudades, la única megaciudad que aparece en el listado es Lima, volviéndola la megaciudad de más rápido crecimiento en las próximas dos décadas en la región.

Otras ciudades, principales e intermedias, que incrementarán el salario de sus ciudadanos, son Santa Cruz (522,400 personas), Cochabamba (263,000) y La Paz (168,100) en Bolivia; Chiclayo (109,400), Arequipa (281,700) y Trujillo (182,900), en Perú.

Las oportunidades de mercado presentadas por el retorno de América Latina son muchas, pero también enfrentan grandes desafíos políticos y económicos. El progreso en la reducción de la pobreza, que avanzó a pasos agigantados durante el boom de los commodities, se ha reducido y todavía existe desigualdad en los ingresos. Al mismo tiempo, el EIU afirma que “el auge de la clase media en América Latina durante el último decenio ha expuesto las continuas fallas de los gobiernos de la región para proporcionar servicios básicos como resultado de las persistentes limitaciones fiscales y la débil capacidad de implementación del sector público”. Por lo tanto, los gobiernos deben hacer reformas de políticas centradas en un ajuste macroeconómico y mejoras en el entorno empresarial que, combinadas con mejores condiciones externas, reforzarán el consumo y producirán un crecimiento económico más fuerte. Lampadia  

Jaime de Althaus

Para Lampadia

¿Qué reformas institucionales y económicas debemos hacer para prevenir  casos de mega corrupción como los que hemos tenido y reducir la corrupción masiva y generalizada que sufre el país?

Lo primero, por supuesto, es hacer caso omiso del ardid ideológico oportunista de la izquierda, que responsabiliza a la economía de mercado y a la tecnocracia de la corrupción y señala que  las Asociaciones Público Privadas (APP) están diseñadas para robarle al Estado.

Alberto Adrianzén, por ejemplo, acusa en La República a “un modelo económico que mantuvo las desigualdades, que alentó la corrupción y las prácticas lobistas, y que permitió la captura del Estado grandes grupos económicos, como hoy lo podemos constatar…”.

Por supuesto, nadie se toma el trabajo de explicar cuál sería ese modelo económico alternativo sin mercado libre, sin tecnocracia y sin APP, intrínsecamente refractario a la corrupción. Obviamente no existe. Mejor dicho, sí existe y lo hemos tenido y lo tiene ahora Venezuela, por ejemplo, con la diferencia de que ese modelo sí es una fábrica de corrupción, o funciona gracias a la corrupción.

Ese modelo (Venezuela) consistiría en intervenir el mercado fijando precios y subsidios, dirigiendo las inversiones y estatizando sectores estratégicos. El resultado es la corrupción generalizada, porque se benefician los que tienen acceso a los que deciden qué empresas son prioritarias y quiénes reciben entonces ventajas y concesiones de todo tipo, y porque en una economía llena de peajes, permisos, subsidios, beneficios rentistas y castigos, la única manera de funcionar es pagando a los funcionarios responsables de las autorizaciones o de dispensar los beneficios o los maleficios.

En un esquema en el que la libre competencia en el mercado es sustituida por las decisiones de la burocracia o del Ministro o del Presidente, ganan quienes más llegada tienen u ofrecen compartir con el funcionario una parte mayor de la renta regalada. Es decir: yo te garantizo un mercado seguro, un subsidio o un dólar barato o lo que fuera, pero tú me devuelves una parte de la renta que te obsequio. La competencia entre las empresas no se da en el mercado para ver cuál obtiene más utilidades o mayor proporción de ese mercado mejorando su productividad, sino cuál ofrece un soborno más alto para obtener una ventaja rentista. 

Eso era lo que teníamos durante el primer gobierno de Alan García, por ejemplo. Más bien la liberación de la economía de todos los controles y subsidios intervencionistas a partir de los 90 produjo el resultado de eliminar toda esa corrupción derivada del poder discrecional del funcionario. Este poder fue reemplazado por reglas de juego iguales para todos. Claro que esa corrupción fue sustituida luego por otro tipo de corrupción, mucho más focalizada y perversa, derivada no del modelo económico sino de la concentración del poder político, pero esa es otra historia.

Repotenciar el modelo

Entonces ya vemos cuál es el modelo más proclive a la corrupción y cuál es el que tenemos más bien que profundizar para tratar de minimizarla. El problema que hemos tenido a partir de los 2000, es que gradualmente se ha ido restableciendo un intervencionismo de baja intensidad expresado en la sobre regulación de los sectores económicos, que no solo ha frenado el crecimiento sino que ha restablecido en alguna medida los pagos para obtener o acelerar permisos, licencias y autorizaciones.

Por eso, la primera medida para luchar contra la corrupción no es menos mercado libre, sino más. No es cambiar el modelo económico, sino repotenciarlo. Es también terminar de instalar lo que no se hizo, una reforma institucional que acompañe y de sustento a la economía de mercado.

El modelo económico como tal necesita más bien un over haul, un mantenimiento profundo que libere nuevamente todos los circuitos de la economía trabados por regulaciones y trámites absurdos, eliminando así peajes que sólo se superan pagando para que trámite salga o se acelere. Las municipalidades –aunque no solo ellas- se han convertido en un bastión casi inexpugnable de esta forma de extorsión.

Esa limpieza es lo que está haciendo el gobierno con el conjunto de decretos legislativos orientados a la simplificación administrativa y la eliminación de trámites, desde la estandarización de los Tupas municipales hasta el empoderamiento de Indecopi para derogar barreras burocráticas pasando por la obligación de demostrar la utilidad de toda norma a los tres años de dada y la revisión, con ese criterio, de todas las normas actuales que contienen procedimientos. Todavía hace falta, sin embargo, desregular algunos sectores específicos, en los que regulaciones excesivamente rígidas o limitativas terminan escogiendo ganadores, normalmente grandes empresas que sí pueden pagar el costo de tales regulaciones, condenando a las pequeñas y medianas a la informalidad o a la desaparición.

La obra pública y público privada

Por supuesto, hay un aspecto de la gestión económica en el que inevitablemente es el Estado quien debe escoger a los ganadores: la obra pública y público-privada. Es por eso que es allí donde se aloja el mayor volumen de corrupción y donde se han producido los escandalosos casos protagonizados por las empresas brasileñas.

Pero hay que señalar que en los casos más notorios lo que ha ocurrido es que el poder político, el presidente de la República o la Primera Dama, según el caso, es el que ha desplazado las decisiones técnicas para imponer proyectos casi al caballazo. No falló la tecnocracia, que en esos casos fue avasallada, sino el poder político, que se corrompió.

¿Cómo dificultar la injerencia política cuando esta no responde a criterios técnicos? En cuanto a las Asociaciones Público Privadas (APPs), El decreto legislativo 1251, recientemente aprobado, establece para Proinversión un Directorio integrado por tres directores independientes, además de tres ministros, que, al decir de Álvaro Quijandría, Director Ejecutivo de esta entidad, “debiera blindar a Proinversión de presiones políticas por sacar proyectos que no estén suficientemente maduros o que no respondan a las prioridades del Plan Nacional de Infraestructura que se elaborará en los siguientes meses”.

Una constante en los casos de mega corrupción ha sido el grado insuficiente, muy preliminar, de estudios con los que fueron convocados esos procesos. Por eso, según Álvaro Quijandría, una vez aprobado el reglamento se establecerá un lineamiento en el sentido de “iniciar los concursos sólo una vez que se tengan estudios definitivos y con un porcentaje significativo de los terrenos necesarios saneados con expropiaciones avanzadas, lo que podrá manejarse adecuadamente con la creación del Proyecto de Acceso a Predios para Inversiones Priorizadas APIP creado en el DL 1333”. 

El lanzamiento de convocatorias con estudios avanzados es indispensable  para evitar la mala práctica de las ofertas temerarias que ganan ofreciendo un bajo cofinanciamiento del Estado, para luego aumentar considerablemente la parte estatal vía una sucesión de adendas. En relación a esto último, Quijandría nos informa que en el reglamento se establecerá un porcentaje máximo del valor del proyecto para adendas, a partir del cual se debería rescindir los contratos.  “Esto es usual en muchos países y el porcentaje es usualmente 15-20%”, precisa. Y añade: “a fin de eliminar ofertas temerarias y/o colusión de postores en los concursos, en la mayoría de países con sistemas de APP avanzados, se establecen reglas para los concursos que permiten eliminar las ofertas muy bajas o muy altas, así como mecanismos para la presentación de ofertas y su evaluación que reducen al mínimo la posibilidad de ¨comportamientos estratégicos¨ o franca colusión entre los postores.  Por ejemplo, en Colombia se sortea en el momento de presentación de los sobres cuál será la fórmula de calificación de los factores de competencia, entre varias alternativas”.

Quijandría refiere otras medidas que se está adoptando: “Estamos creando una Dirección de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción.  Ya está trabajando en Proinversión una experta en este tema.   Adoptaremos estándares internacionales y prácticas que suelen seguir las agencias de APPs de primer nivel internacional”. Además, añade, “desde el primer día de mi gestión he dado la directiva que todos los contratos deben incluir cláusulas anti-corrupción.  Además, de hecho, se han introducido en la Ley de Contrataciones del Estado dos artículos que eliminan la posibilidad que empresas que hayan tenido cargos de corrupción o que se hayan autoinculpado puedan participar en nuevos procesos.  El reglamento está en camino”.

Hay otros aspectos igualmente importantes: Quijandría explica que a lo largo de los años, “los esquemas de contratación utilizados por Proinversión han hecho menos atractivo, o incluso han limitado severamente, la posibilidad de contratar asesores de transacción de primer nivel internacional, que pueden evitar el tener proyectos con diseños que abren la puerta a la corrupción.  Desarrollaremos lineamientos para la contratación de asesores de transacción que hagan posible que nuevamente tengamos en estos procesos la participación de los mejores asesores globales en estos procesos”.

Gobiernos subnacionales y reforma de la descentralización

Queda por enfrentar, sin embargo, la enorme corrupción que existe en torno a la obra pública en los gobiernos subnacionales, por la cual varios ex gobernadores regionales y ex alcaldes vienen pagando penas de cárcel. En realidad, el monto total de los sobornos pagados en este tipo de corrupción mediana y pequeña es mayor que el pagado en los casos de mega corrupción. Si calculamos un 10% de unos 18 mil millones de soles, que es aproximadamente el monto de la inversión pública sub nacional, estamos hablando de 1,800 millones en coimas cada año. Por supuesto, este número es hipotético.

José Escaffi señala que el nuevo “Invierte PERU”, que sustituye al SNIP, establece que en la etapa de planeamiento, no recibirá presupuesto ninguna inversión que no haya sido aprobada por el sistema de prioridades en base a brechas. Además, durante la ejecución de los proyectos habrá un mejor sistema de seguimiento y monitoreo, que antes no había, que estará desconcentrado en los ministerios y no sólo centralizado en el MEF, y, una vez terminado el proyecto, se evaluará resultados e impactos.  

No obstante, la crítica que se ha hecho es que si bien la priorización en base a brechas es correcta, el nuevo sistema relaja los controles técnicos que antes tenía el SNIP. Al respecto, Claudia Cooper, vice ministra de Economía, responde que en la práctica tales controles ya no existían, el MEF no rechazaba nada. Lo que había en cada localidad era un gran negocio de estudios de pre-factibilidad que consultores locales vendían a los gobiernos subnacionales para que estos les dieran viabilidad y llenar así el presupuesto asignado. La viabilidad la daba el propio gobierno sub-nacional y luego era supuestamente revisada por el sector y el MEF, pero esto último ya no ocurría.

Cooper explica que el fenecido SNIP estaba centrado exclusivamente en la  formulación y la adjudicación. Luego de eso no se sabía qué pasaba. Ahora el MEF va a evaluar el proyecto una vez terminado: cuánto costó en relación a lo planeado, cuánto tiene para mantenimiento, etc. Se va a poder hacer un seguimiento actualizado del estado en que está. Lo que el nuevo sistema va a generar es información que antes no existía, disponible para todos, en la web, de modo que la fiscalización será mucho más fácil para cualquiera. “Reduces corrupción generando mucho masInformación en todas las etapas”, sentencia Cooper.

Además, según la vice ministra, la nueva ley de contrataciones introduce tres cambios fundamentales que ayudarán a disminuir la corrupción en la adjudicación misma: primero, habrá mucha más información acerca del ‘track récord’ de proveedor (ratio del costo de ejecución versus el costo propuesto, por ejemplo, en los últimos diez años). Segundo, la empresa que hace el estudio adquiere responsabilidad por el tipo de estudio que haga, con sanción hasta de inhabilitación si se manipularon o falsearon datos. Y, tercero: se ha elevado considerablemente el costo de las impugnaciones y los arbitrajes.

Escaffi, por su parte, agrega que debe mejorarse el tipo de intervenciones de la Contraloría y de los procuradores con sistemas de auditoría forense (capaz de detectar fraudes), mejores controles internos y reglas de gobierno corporativo en las entidades públicas, adoptando las reglas de compliance (cumplimiento) del sector privado internacional. La Comisión Anti Corrupción (CAN), por su parte, ha anunciado el acuerdo de que todas las instituciones adquieran el ISO 37001 anti soborno.

Ahora bien, el problema no se resuelve solo con cambios en el sistema de inversión pública que faciliten más racionalidad y monitoreo. Estamos ante un problema gestado por una descentralización apresurada que transfirió muchos recursos y decisiones a los gobiernos subnacionales sin el contrapeso de sistemas de control, sanción, planificación  y monitoreo adecuados, sin acreditar sus capacidades para asumir esas funciones,  sin una adecuada delimitación de funciones entre los tres niveles de gobierno, y todo esto en el contexto de la descomposición del sistema de partidos políticos, de modo tal que la proporción de alcaldes y gobernadores regionales que pertenecen a partidos nacionales es cada vez menor y por lo tanto no están sujetos tampoco a ninguna clase de control partidario nacional.

Lo que ha ocurrido es que muchos gobiernos subnacionales se han convertido en botines presupuestales asaltados por políticos oportunistas eventualmente vinculados a mafias de proveedores, de usurpadores de terrenos y de extorsionadores de obras públicas, y que imprimen una gestión patrimonialista a sus mandatos.

La solución a este problema complejo es también compleja: pasa por restablecer la autoridad central en los procesos de inversión pública y de gestión de servicios públicos básicos (educación y Salud), donde también hay corrupción, es decir, por una reforma de la descentralización que restablezca mecanismos de control (mejorando el tipo de intervenciones de la Contraloría), sanción e intervención central ante deficiencias serias de gestión en los servicios descentralizados; que recertifique las capacidades de los gobiernos sub nacionales y delimite bien funciones y competencias entre los tres niveles, cuando menos por líneas de servicios.

Reforma del servicio civil

Algo fundamental es llevar adelante la reforma del servicio civil en los gobiernos subnacionales, sustituyendo el patrimonialismo por la meritocracia y la gestión profesional, así como profundizar los presupuestos por resultados. Estas reformas deben aplicarse, por supuesto, también en el gobierno central. Es indispensable que los cargos medios y altos estén ocupados por buenos profesionales bastante mejor remunerados que en la actualidad, pero elegidos por concurso y sujetos a evaluaciones de desempeño con la posibilidad de ser retirados en el caso de desaprobación,  tal como establece la ley del Servicio Civil, que debería merecer mayor prioridad y empuje de parte del gobierno.

En realidad, habría que empezar a instalar la idea de que no debería haber contratos indefinidos en el Estado, sino a plazo fijo. Es la única manera de garantizar eficiencia, rendimiento, honestidad y buen servicio al ciudadano, que es lo que importa. Esto, por supuesto, mientras se mantenga la rigidez laboral que cobija no solo al buen trabajador, sino también el incapaz y al corrupto.

Recientemente se ha legislado la muerte civil y la creación de un registro de sanciones a funcionarios públicos. Debería lanzarse una gran campaña de denuncias ciudadanas de actos de corrupción, una verdadera movilización. Algo de eso ha sido anunciado por el Presidente.

Reforma política

Pero se requiere además del complemento indispensable de una reforma política que permita la reconstrucción del sistema de partidos de modo que los gobiernos subnacionales vuelvan a ser dirigidos por políticos pertenecientes a organizaciones políticas nacionales, para que haya alguna clase de control político nacional. En Lampadia hemos formulado una propuesta al respecto. El Congreso está avanzando en esta reforma, pero todavía no sabemos qué forma tendrá. Un aspecto de esto es, por supuesto, el control del financiamiento de las campañas. No se debe prohibir el financiamiento privado -salvo el de las empresas extranjeras- pero éste debe ser transparente. 

Reforma del sistema judicial

Por supuesto, tampoco estará esto completo si no se emprende una reforma profunda del sistema judicial que comience por limpiar el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía de sus elementos vinculados a las mafias existentes en el territorio. En Interior se ha puesto en marcha una profunda reforma de la Policía que contiene diversas medidas anticorrupción, que ya hemos comentado en Lampadia. También está en marcha el Acuerdo por la Justicia, pero este tiene el límite de estar dirigido por los líderes de las instituciones a ser reformadas. Allí un instrumento fundamental será el expediente digital único en el tema penal, que garantiza celeridad y transparencia en los procesos, algo que todavía no ha sido proyectado. El MEF debería dar todo el apoyo a ese proyecto.

Se trata de una acción  múltiple y compleja, que toque todos los aspectos del problema. De lo contrario, no funcionará. Lampadia

Autonomía política solo para la Procuraduría Anticorrupción, si realmente esta Procuraduría es necesaria

La salida de Yeni Vilcatoma de la presidencia de la comisión de Fiscalización abre la oportunidad de discutir con un poco más de tranquilidad y profundidad el proyecto de ley de modificación constitucional acerca de la Procuraduría Autónoma que ella presentara y que ha comenzado a discutirse ya en esa Comisión con la participación de la Procuradora Julia Príncipe. Como escribiera nuestro colaborador anónimo N.N., una procuraduría autónoma puede contener peligros que no deben soslayarse (Ver en Lampadia:  Reformas que afectarían nuestras libertades y La ‘balcanización’ del Estado). 

El proyecto de ley en cuestión propone que la Procuraduría tenga el carácter de un organismo constitucionalmente autónomo (al nivel del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Defensoría del Pueblo), integrado por un Procurador General de la República y un colectivo de Procuradores designados directamente por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por un plazo de siete (7) años renovables. Un verdadero Poder del Estado.

El Poder Ejecutivo, por su parte, ha recibido facultades legislativas para “Reestructurar el Sistema de Defensa Jurídica del Estado”, con la idea de crear una Procuraduría como organismo público -hoy no existe una Procuraduría que sea un organismo público- pero, al parecer, dentro del Poder Ejecutivo, aunque dotándola de altos niveles de autonomía, quizá como la que tienen los organismos reguladores de servicios públicos.  

En los países cercanos al nuestro (por ejemplo Colombia y recientemente México) y en el propio Estados Unidos, el Procurador General es el titular del Ministerio Público, y por ende es el titular de la acción penal. El art. 159º de la Constitución peruana establece que el Ministerio Público representa en los procesos judiciales a la sociedad, conduce la investigación del delito y ejercita la acción penal. Por lo tanto, crear una Procuraduría autónoma, duplicaría y sobrepondría funciones muy delicadas.   

En el Perú, según la ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado (Decreto Legislativo 1068), los procuradores tienen una función diferente a la del Ministerio Público: representan y defienden jurídicamente al Estado, no a la sociedad. Por eso, los Procuradores están localizados en cada Ministerio, en cada Región y en cada municipalidad, porque representan los intereses de las entidades públicas de las que forman parte. Cumplen dos funciones: i) son los abogados de dichas entidades para su defensa jurídica y, a la vez ii) son los representantes de dichas entidades en los procesos judiciales. Por esa razón, cuando alguien demanda a un ministerio o municipalidad, quien acude a declarar no es el Ministro o el Alcalde sino el procurador. No obstante, debe precisarse que, según la ley, los procuradores públicos gozan de “autonomía funcional… actúan con autonomía en el ejercicio de sus funciones, quedando obligados a cumplir los principios rectores del sistema”

Lo que ha ocurrido es que en los últimos 20 años se ha ido creando procuradurías especializadas como las de anticorrupción, antidrogas, contra el lavado de activos y antiterrorismo, cuyo rol sí es diferente al de los demás procuradores, no porque no representen al Estado, sino porque se crearon para suplir las carencias del Ministerio Público o para empujarlo a actuar con más celeridad, porque esas procuraduría especializadas tendrían más recursos, personal especializado y probablemente mejor acceso a las fuentes de información del propio Poder Ejecutivo (Policía, Ministerio del Interior, etc.) para que, respondiendo a las políticas del gobierno, fueran más incisivas en las denuncias contra el terrorismo, lavado de dinero y antidrogas.

El caso de la Procuraduría Especial Anticorrupción es especial porque nació el año 2000, junto con la debacle del gobierno de Fujimori, para investigar los latrocinios de Montesinos, y por ende siempre necesitó de mayor autonomía para poder realizar investigaciones que pudieran comprometer al propio gobierno que los designaba. 

Hay, pues, dos tipos de procuradores: i) el mayor numero de ellos dedicado a la defensa jurídica del Estado (Ministerios, organismos públicos, regiones, municipalidades) en juicios, procesos arbitrales, etc., que es lógico y natural que dependan del nivel de gobierno (nacional, regional o local) que los designe, aunque con autonomía funcional; y ii) los procuradores especializados, que sí podrían necesitar mayor autonomía política, sobre todo la procuraduría anticorrupción, para poder investigar y formular denuncias ante el Ministerio Público contra autoridades y funcionarios estatales. 

Por lo tanto, carecería de sentido la creación de una Procuraduría General como organismo constitucional de carácter autónomo de los tres poderes del Estado, porque la mayor parte de su función es la defensa jurídica del Estado. En los casos de las procuradurías especializadas, si se podría justificar una mayor autonomía, pero no con el carácter de organismo constitucional autónomo. En realidad, su función tampoco es indispensable. Para ella ya existe el Ministerio Público (MP), que sí tiene precisamente autonomía constitucional desde la Constitución de 1979 (antes  formaba parte del Poder Ejecutivo). El rol de los procuradores especiales ha sido colaborar con el Ministerio Público interponiendo denuncias ante él, aportando pruebas, estimulando la celeridad de los procesos, etc., pero esta es una función que de alguna manera intenta suplir las debilidades del MP. Por eso, una alternativa sería más bien fortalecer al MP trasladándole los recursos de las procuradurías especializadas y estableciendo un enlace efectivo.

En efecto, en teoría los procuradores especializados mencionados (contra el lavado de activos o el narcotráfico, por ejemplo) son innecesarios si es que el MP ya cuenta con fiscalías especializadas en las mismas materias. Solo tiene justificación un procurador especializado si es que el Ministro del Interior quiere contar con un funcionario de su sector especialmente encargado de impulsar las denuncias en determinadas materias. Pero esta misma razón resta sentido a la idea de otorgarle autonomía constitucional a dichas procuradurías. 

En el caso de la procuraduría anticorrupción cabe preguntarse, además, si su labor no se confunde con la del Contralor o la de la oficina de control interno. En realidad no, porque no cuenta con los medios que sí tiene la Contraloría para hacer auditorías o practicar investigaciones en cada una de las entidades de la administración pública, aunque en la práctica la Contraloría tampoco cumple bien estas funciones. La Procuraduría Anticorrupción tuvo mucho sentido al comienzo, durante la caída de Fujimori y Montesinos, cuando todavía el Ministerio Público y el Poder Judicial estaban en alguna medida dominados por el poder oculto, pero ahora su rol vuelve a ser el de un colaborador de esas instituciones con la ventaja de poseer más tiempo y medios económicos para investigar y acopiar pruebas. Pero, repetimos, estos recursos podrían trasladarse al Ministerio Público. De mantenerse, sin embargo, sí se  justifica que tenga algún nivel de mayor autonomía respecto de las autoridades políticas, pero no una autonomía con rango constitucional. 

Por último, tampoco tiene sentido que se proponga que el CNM designe a todos los procuradores porque es una entidad desprestigiada y mal conformada, cuya reforma más bien se está planteando.

Más allá de las consideraciones jurídicas o judiciales, la eventual autonomía constitucional de la Procuraduría tiene especial incidencia en la relación dispareja y desbalanceada de ésta con el común de los ciudadanos y las empresas. El Procurador, como abogado del Estado, ya tiene mucho peso en las disputas con los miembros de la sociedad. No solo tiene al costado a la maquinaria del Estado, también cuenta con una influencia mediática muy importante, tal como explicó el director de este medio en la Hora N (Diálogo sobre el Procurador, el Contralor y el Defensor). Lampadia

La siguiente entrevista forma parte de nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI.

“No hay que tener tanta esperanza en las reformas políticas o electorales”

Eduardo Dargent, politicólogo

Entrevista de Jaime de Althaus

Para Lampadia

P: Te has mostrado escéptico respecto de la reforma política. ¿Por qué?

R: Si, en general he hablado más de no ponerle tanta esperanza a las reformas electorales y políticas como solución a una serie de problemas como la debilidad partidaria, la ilegalidad o la falta de articulación política. Es bueno poner paños fríos y no ver la reforma como la clave de la articulación política en el Perú. Considero que el diagnóstico que se suele hacer al proponer reformas es problemático; suele ser algo así:

1. Tenemos problemas políticos serios (transfuguismo, debilidad partidaria, fragmentación política).
2. En otros países no tienen esos problemas (generalmente se menciona al mundo desarrollado)
3. En esos países hay X,Y, Z instituciones políticas y electorales, que son distintas a las nuestras.
4. Entonces, adoptando esas instituciones nos pareceremos a ellos, avanzaremos en la solución de estos problemas.

Mi punto no es negar que algunas reformas podrían ayudarnos a mejorar nuestros problemas políticos o que es bueno mirar a otros países para aprender; mi punto es recalcar que ese razonamiento probablemente falle. Y no solo porque, como hemos visto una y otra vez, los actores políticos aprovechan la reforma para hacer reformas parciales, incompletas o provechosas para sus intereses de corto plazo, sino incluso si estos actores hacen todo lo que los “expertos” les digan, la reforma integral de la que hablábamos, es probable que las reglas no funcionen como se espera y sus efectos sean limitados.

Ello porque al plantear las reformas no se suele estudiar cómo afectará el contexto al funcionamiento de las nuevas normas, lo que nos hace diferente a esas sociedades de las que se han copiado las reglas. No observamos las condiciones que hacen que ciertas reglas funcionen de la forma en que lo hacen en otros países. No evaluamos posibles consecuencias inesperadas o que surjan nuevos problemas con las normas aprobadas. Parece más útil que mirar el mundo desarrollado observar cómo han funcionado esas reformas en contextos que conocemos mucho menos pero que se nos parecen mucho más: otros países de América Latina, Europa del Este, incluso África. Por ejemplo, puede ponerse como ejemplo una reforma que suele atraer atención: creemos que un sistema de elección parlamentaria de distritos uninominales “construirá” el bipartidismo sin contemplar que, por ejemplo, puede dar lugar a más fragmentación en el Congreso…

P: ¿Cómo así un sistema de distritos uninominales puede dar lugar a más fragmentación?

R: Se suele asumir que con distritos uninominales se dará un bipartidismo pues motivaría la coordinación entre grupos a fin de poder ganar la posición. Así, se piensa, habrían dos grupos grandes como sucede en EEUU o Reino Unido. Pero ello solo sucede si tenemos dos partidos fuertes y presentes en forma homogénea en el territorio. Bien leída, la llamada “ley de Duverger” predice dos partidos por distrito, no necesariamente serán los mismos partidos en todo un país.

Pero incluso hay buenas razones para pensar que tampoco se daría este bipartidismo local y, como señalaba antes, puede más bien darse más fragmentación a nivel local. Sin partidos fuertes a nivel local puede darse que una multiplicidad de actores compitan en un distrito pues se ve que es posible ganar la posición con un porcentaje bajo.De acuerdo a Robert Moser, algo así se observó en los distritos uninominales en Rusia tras la caída de la Unión Soviética: el número de candidatos efectivos por distrito electoral fue bastante superior a dos. Pero el mejor “experimento” que nos muestra que esto no sería necesariamente así en el Perú lo vemos en las elecciones distritales o provinciales:  al ser posible ganar una alcaldía con 20% el incentivo a correr solos es muy poderoso, no se busca coordinar. Lo mismo podría pasar en una elección congresal. Nuestro número de candidatos efectivos en las elecciones locales nos muestran entonces esta tendencia a la fragmentación. Interesante es ver que donde sí hay partidos medianamente fuertes (Callao, La Libertad) vemos menos candidatos y con las reglas actuales. Una posibilidad, entonces, es más fragmentación partidaria, con diversos candidatos locales llegando al Congreso.

P: Pero lo que dices solo podría ocurrir si  partidos locales o regionales pudieran presentarse como tales a las elecciones congresales. Y eso no es posible. Solo partidos nacionales pueden presentar candidatos al Congreso. Entonces, un partido chico tendría que unirse a otros o a uno grande para tener opción de ganar en alguna circunscripción si en ella solo gana un candidato. De allí el efecto reductor en el número de partidos…

R: No necesariamente. Tenemos un montón de partidos nacionales que podrían brindarse como vehículos a los actores locales. Pero, de acuerdo, asumamos que se señala que solo pueden presentarse candidatos de partidos nacionales y de alguna manera hemos logrado reducir su número: mirando el mapa electoral pareciera que lo más probable es que  tengamos mucho más de dos partidos: el Fujimorismo y Alianza por el Progreso en el Norte, PPK en Lima, FA con claro control del Sur, etc. Es decir, un número de partidos similar a lo que ya tenemos hoy. No veo mayor efecto de la reforma.

P: Bueno, si pudiéramos consolidar un sistema de partidos con cuatro o cinco partidos más o menos estables, ya sería un gran avance. De eso se trata. Lo que tenemos ahora es una gran volatilidad, en cada elección hay gran cantidad de partidos nuevos…

R: -…pero hay otros riesgos. Más que a un bipartidismo puede llevar a formas mayoritarias de control del Congreso que potencien líderes plebiscitarias con tendencias autoritarias. Como ha sucedido en otros países y como probablemente hubiese pasado en el Perú en el 2000, 2006 y en el 2016, podría producir una clara mayoría parlamentaria en vez de bipartidismo. De hecho, algo similar sucedió en países de África y Europa del Este tras sus procesos de democratización cuando partidos autoritarios mantuvieron su control gracias a su mejor posición en el territorio. Un líder populista, de ascenso rápido, con llegada en el territorio, digamos con 30%, puede ganar más del 50% del Congreso y no es de esperarse que los demás grupos “coordinen” para evitar esa posibilidad.

Pero vamos más allá. Como ya debe resultar obvio en el Perú, menos partidos tras una elección no garantizan que estos partidos se mantengan juntos. Nuestras reglas electorales han producido cinco o seis bancadas en el Congreso en las últimas elecciones, no me parece tan mal. El problema es que al final del periodo son nueve o diez. Podemos crear artificialmente menos bancadas, o menos “partidos” si quieres, pero la ausencia de organizaciones fuertes y la débil articulación entre espacios nacionales, regionales, locales, lleva a que se produzca la fragmentación. La organización partidaria, la voluntad de permanecer juntos y coordinar más allá de una elección, obedece a factores que trascienden las reglas electorales que fuerzan que haya menos partidos un día después de las elecciones pero que no llevan a que haya menos poco tiempo después. Por ejemplo, el tener un candidato o candidata viable para la siguiente elección parece hacer más por la unidad que ninguna otra cosa. En estos años el APRA y el Fujimorismo mantuvieron bancadas unidas, a pesar de no tener gran solidez partidaria en el segundo caso, porque hay un candidato con posibilidades, es mejor no bajarse del barco. En este Congreso probablemente el Fujimorismo y el Frente Amplio (quizás APP si César Acuña logra presentar un relevo creíble) mantengan cierta unidad al tener candidatos con expectativas para el 2021. Con Verónika Mendoza probablemente los incentivos a la microfragmentación en la Izquierda se reduzcan, como  pasó con Humala el 2011. Me preocuparía más de otras reformas y menos en las referidos a distritos electorales cuya magnitud promedio no me parece tan mal.

P: ¿Qué reformas?

R: Mirando el contexto podemos discutir varias reformas y las consecuencias positivas que se les atribuyen: eliminar el voto preferencial, si bien puede ayudar a reducir algunos problemas actuales, también puede dar lugar a que el “precio” por los primeros puestos de las listas aumente y no  a más disciplina partidaria;

P: Pero justamente si tienes distritos electorales pequeños no tienes “primeros lugares en la lista”

R: Claro. Me refiero a si se mantienen las listas actuales. Se suele señalar como un cambio de impacto alto para la disciplina partidaria, se asume que los líderes ocuparán los primeros puestos. Si hoy se compran los puestos de la lista al carecer los partidos de recursos de campaña, es probable que mañana se vendan los primeros puestos de la lista. A eso me refería. Haciendo sumas y restas, apoyo esta reforma, pero no creo que tenga los efectos positivos que se señalan, o en todo caso no solo esos efectos.

O pensamos lo sucedido con el deseo de castigar la entrega de bienes en campaña para reducir la corrupción. Es loable la intención, pero vimos que abre la puerta para la aplicación selectiva de la norma, deslegitimando una campaña electoral. O cómo incrementar los requisitos para crear partidos, hacerlos más fuertes por procesos de competencia interna o participación, puede dar lugar a que se asfixie a partidos en formación y que los ya establecidos se conviertan en maestros del papeleo para cumplir de forma con la norma. Y un largo etcétera. A veces incluso proponemos reglas que en realidad ya existieron y que en su momento fueron cambiadas por lo que se percibió como efectos negativos. Nos hemos olvidado de nuestro propio pasado. O incluso renegamos de él con furia, cuando en su momento se aplaudían los cambios: la revocatoria de autoridades locales fue presentada como un avance de la democracia.

Finalmente, creo que poner tanto énfasis en las reglas tiene otra consecuencia negativa: impide discutir seriamente otros aspectos clave sobre la aplicación de las reformas o sobre problemas actuales que podrían solucionarse reforzando los organismos estatales a cargo de aplicarlas. Y partidos comprometidos con su cumplimiento, colaborando entre ellos. ¿De qué sirve señalar requisitos sobre financiamiento de partidos si luego no hay quién aplique esas reglas en forma efectiva?

Dicho todo esto, no quiero parecer crítico de todo intento de reforma. Es saludable que los políticos muestren preocupación por estos problemas y la sociedad entienda mejor los problemas derivados de un débil sistema político. Además, sí creo que algunas reformas son necesarias, especialmente aquellas referidas a construir más espacios de discusión de temas nacionales (creación del Senado, por ejemplo) y romper la dispersión en el Congreso que atomiza agendas y quiebra la representación.

P: Pero la pregunta es precisamente cómo logramos “romper la dispersión en el Congreso” o cómo revertimos la fragmentación política, cómo reducimos el número de partidos…

R: En esa línea, podemos aumentar los requisitos para las alianzas o aumentar el número de congresistas necesarios para formar una bancada. Y puede pensarse el financiamiento de partidos para actividades claramente vinculadas a la actividad partidaria (capacitaciones, actividades internas), no un cheque en blanco. Si tenemos en cuenta lo dicho antes y vemos la reforma solo como un alivio parcial, un paso que requiere muchos más hacia adelante, pues algunas reformas pueden ayudarnos a comenzar a pensar algunos de nuestros problemas y contribuir a su solución.

P: En resumen, ¿cuál sería tu opinión acerca de las propuestas de Lampadia para una reforma política?

R: De las propuestas presentadas por Lampadia, entonces, me parecen atractivas (o en todo caso merecen más discusión): la creación de un Senado con distrito nacional (pero añadiría valla electoral alta); eliminación del voto preferencial; subir la valla a las alianzas; estudiaría más el tema del poder del veto presidencial; y especialmente me parece importante lo referido a derogar cambios absurdos como que los partidos que no se presenten a una elección general puede conservar su inscripción, la no reelección de autoridades regionales y locales, y la exclusión de los candidatos por repartir dádivas (aunque algunas de estas normas buscaron solucionar problemas que habría que enfrentar por otros mecanismos). Las otras considero que no tendrán los efectos deseados o, en todo caso, requieren mucho más debate. Y añadiría el financiamiento de partidos como un tema importante, también con salvaguardas.

Lampadia

No se necesitan más llamadas de atención para que los peruanos nos aboquemos a corregir las deficiencias de nuestro sistema de partidos políticos y las normas que regulan el proceso electoral. Es suficiente apreciar el continuo descrédito del Congreso de la República en opinión de los ciudadanos y recordar las vicisitudes del reciente proceso electoral, para que asumamos la tarea de sus reformas.

La siguiente propuesta, preparada por Jaime de Althaus pretende poner en la agenda inmediata una de las reformas pendientes más importantes para mejorar la calidad de nuestra democracia. Ver otras propuestas de reformas en nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI.

La indispensable reforma política que el nuevo Congreso deberá abordar

El nuevo Congreso deberá abordar, como una de sus primeras tareas, la reforma electoral y política indispensable para que no se repitan los problemas que se presentaron en el reciente proceso electoral y, sobre todo, para resolver los problemas de fondo de la democracia peruana: la ausencia de un sistema de partidos, el desequilibrio potencial en las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, y el descrédito del Congreso.

En los dos gráficos que siguen podemos ver la tragedia del sistema de partidos políticos del Perú. En el primero muestra cómo el sistema de partidos colapsó en 1989 y nunca se pudo recomponer:

Y en el siguiente constatamos cómo en cada elección municipal los partidos nacionales ganan cada vez menos alcaldías provinciales, de modo que su presencia en el interior del país es cada vez menor, en provecho de movimientos locales liderados en ocasiones por aventureros políticos que convierten a los gobiernos sub-nacionales en botines políticos. Es la feudalización del país, que tiene que acabar.  

La otra cara de esto es la ruptura de los canales de representación: no hay conexión ni comunicación entre alcaldes o gobernadores regionales que no pertenecen a ningún partido, y los partidos presentes en el Congreso. Y los congresistas representan colectivamente a circunscripciones relativamente grandes, donde nadie sabe quién es realmente su representante: no hay relación entre electores y representantes. La consecuencia es el descrédito total del Congreso.

El problema es que ningún partido político de los que accedió al nuevo Congreso formuló propuesta alguna de reforma política en sus planes de gobierno. Sugerimos, por lo tanto, que se forme una comisión integrada por especialistas para elaborar un proyecto de tales reformas que tome como base la propuesta de reforma institucional elaborada por la Asociación Transparencia[1]. Mientras tanto, nos adelantamos a presentar la nuestra, que creemos recoge un conjunto de medidas orgánicamente pensadas para resolver los tres problemas mencionados.

Reformas electorales para no repetir los problemas que se presentaron en las últimas elecciones generales:

1. Calendario electoral: inscripción de candidatos presidenciales y congresales con más anticipación. Y acortar la segunda vuelta a 4 semanas.

2. Requisitos: disminuir la cantidad de requisitos formales para acreditar democracia interna y reemplazarlos por una fórmula como la que propone Transparencia: que los partidos políticos elijan a sus candidatos mediante elecciones abiertas supervisadas obligatoriamente por los organismos electorales. En esas elecciones podría participar cualquier ciudadano esté o no inscrito en el partido y lo ideal sería que se realizaran simultáneamente.

3. Exclusión de candidatos: derogar la sanción de exclusión para los candidatos que distribuyan dádivas o mantenerla solo para casos muy escandalosos, pero habría que tipificarlos con claridad. Y, tal como propone Transparencia,  prohibir la candidatura de personas que hayan cumplido condenas por terrorismo, narcotráfico, corrupción, delitos contra el Estado, homicidio, secuestro o violación sexual.

Reformas políticas para resolver los desequilibrios potenciales entre Ejecutivo y Legislativo:

1. Creación del Senado. Podría tener 30 miembros y ser elegido en distrito único nacional hasta la creación de regiones propiamente dichas, momento en el que se elegirían por regiones. Su función sería principalmente revisora. Es particularmente importante y necesario aprobarlo en una circunstancia como la actual en la que un partido tiene la mayoría absoluta, pues dos cámaras son una forma de limitar el poder del Congreso. Fuerza Popular podría dar una señal democrática muy positiva si propone auto limitar su poder con el restablecimiento de la bicameralidad. 

2. Elevar a los 2/3 o 3/5 el porcentaje de votos que se requiere para insistir en un proyecto de ley observado por el Ejecutivo, como es en casi todas las democracias presidencialistas. Actualmente es de solo la mitad más uno del número legal de congresistas. Esto, junto con lo anterior, para prevenir el populismo parlamentario.

3. Permitir la candidatura al Congreso del candidato a la presidencia de la República. Esto es muy importante para dos efectos:

a. Que el Congreso se convierta en un verdadero foro político, con la presencia de los líderes partidarios.

b. Que el ex candidato o líder del partido pueda mantener unida a su bancada.

Reformas políticas para revalorizar el Congreso y reconstruir el sistema de partidos

1. Eliminación del voto preferencial y su reemplazo por el distrito electoral uni o binominal para el Congreso o para la Cámara de Diputados. El mejor voto preferencial es el voto por un representante en un distrito electoral pequeño en el que solo se elige a un representante. Esta reforma es fundamental por varias razones:

a. Para que los ciudadanos se sientan representados en el Congreso y la democracia tenga sentido concreto: en un distrito uninominal uno sabe quién es su representante y puede expresarle sus demandas y problemas, y puede fiscalizarlo. Y el representante está obligado a relacionarse con sus electores para representar bien sus intereses si quiere ser reelegido. En cambio, en el sistema plurinominal o proporcional, el congresista representa al partido y no a los electores[2]. Por eso en la última elección para el Congreso el 34% votó en blanco o nulo.

b. Para elegir mejores representantes: en un distrito uninominal no se presentan decenas o cientos de candidatos, como ocurre actualmente, sino solo uno por cada partido que participa. Conforme se reduzca el número partidos, los electores tendrán que escoger entre, digamos, 4, 6 u 8 candidatos. Pueden entonces conocerlos mucho mejor antes de elegir.

c. Para reducir el número de partidos: el distrito uninominal induce a los partidos pequeños a aliarse con otros más grandes a fin de tener chances de ganar en algún distrito. De lo contrario, no ganaría en ninguno. Fomenta, así, la aglutinación partidaria, lo contrario de nuestra actual fragmentación. Apunta al bipartidismo, que es el sistema más eficiente.[3]  

2. Inscripción y vigencia de los partidos políticos. La idea es bajar la valla para la inscripción de los partidos pero subirla para su permanencia.

a. Reducir sustancialmente el número de firmas (no más de 10 mil, por ejemplo) para formar un partido, pero éste queda obligado a presentar candidatos por lo menos al 50% de las regiones y municipalidades provinciales y distritales del país.

b. Subir la valla para las alianzas. El Congreso recientemente la subió un punto por cada partido que se suma a una alianza, pero eso es insuficiente. La propuesta original fue aumentar 2.5% por cada partido adicional.

3. Subir los requisitos para formar y mantener movimientos regionales. Para inscribirse y funcionar, deberán acreditar existencia y presentar candidatos en por lo menos tres regiones.

4. Financiamiento público y privado de los partidos.

El financiamiento público de los partidos debe comenzar a ejecutarse a partir del 2017 tal como lo establece la tercera disposición transitoria de la ley Nº 30414, de modo que debe estar incluido en el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo envía al Congreso en agosto del presente año.

En cuanto al financiamiento privado, este tiene un tope anual muy bajo, de 60 UITs, equivalentes a 237 mil soles, lo que obliga a los partidos a buscar formas de disfrazar aportes mayores y favorece la búsqueda y blanqueo de financiamiento ilegal. Si el monto que una persona individual o una empresa formal puede dar es mayor –bastante mayor- entonces será más fácil para los partidos depender de financiamiento privado formal o legal, que del ilegal. Para eso tiene que ser transparente, por supuesto.

Lampadia