Jaime de Althaus
Para Lampadia

El presidente Castillo, en lugar de aprovechar la aprobación por insistencia de la ley sobre el referéndum para declarar que hizo lo que estuvo a su alcance para cumplir su promesa de campaña, no se le ocurrió mejor idea que volver a la carga con unos tuits que son una declaratoria de guerra a la Constitución y al país, porque insistir en la asamblea constituyente cuando no es constitucional por ninguna parte solo revela una insistencia suicida en mantener un estado de incertidumbre y de conflicto que no le conviene al gobierno ni al país ni al pueblo, por la sencilla razón que se traduce en menor inversión privada y por lo tanto en menos empleo y menos ingresos para todos.  

No se entiende realmente. Es la obcecación ideológica, a costa del país. Lo absurdo es que, pese a esa actitud adolescente, de todos modos, la ley aprobada por el Congreso terminará beneficiando al gobierno porque, pese a los esfuerzos de Castillo, reduce la incertidumbre en la medida en que corta definitivamente el camino a la asamblea. Pero en lugar de sacarle el máximo provecho y potencial a esta situación, hace lo posible por sabotearla.

Por lo demás, esa ley viene a consolidar la caída del precio del dólar y por lo tanto de algunos alimentos, lo que, sumado a los mejores precios de los minerales de la historia, contribuye a estabilizar a un gobierno que no solo desperdicia de manera sublevante esas oportunidades únicas, sino que, lamentablemente, le viene haciendo un daño inconmensurable a la institucionalidad estatal y al país. Es lo que se conoce como la maldición de los recursos naturales, que permiten disfrazar la acción letal del gobierno.

En efecto, dos son los graves daños que este gobierno está produciendo:

1. Captura y degradación acelerada de la calidad del Estado​

a. Pésimos ministros y funcionarios en ministerios, entidades y empresas.

b. Captura de reguladores

i. Sutrán: cambio de 22 gerentes por personal incompetente con intereses informales

ii. Sunafil: renuncia de Juan Carlos Requejo, garantía de gestión racional y equilibrada

iii. Indecopi: nombramiento de Julián Palacín, con una agenda política.

iv. En los siguientes meses se nombra presidentes de Osiptel, Ositrán, Osinergmin y Sunass, normalmente elegidos por concurso público

c. Captura de ministerios

i. Captura del Ministerio de Transportes por intereses informales (por ejemplo, Lenin Checco, autor de ley de colectivos informales)

ii. Captura del Ministerio de Trabajo: ministra Betsy Chávez y la agenda 19

iii. Captura del Ministerio de Educación: Roy Palacios del Fenatep, viceministro de Gestión Institucional

iv. Ministerio del Ambiente: agencia de empleos para 6 militantes de Perú Libre incompetentes

d. Captura de empresas públicas

i. PetroPerú: despido de 17 gerentes, malos reemplazos y proyectos de explotar todos los lotes

ii. PeruPetro: Salida del experimentado Seferin Yesquén para nombrar a Daniel Salaverry

e. Captura de la PNP. 

i. Comandante general Gallardo, hombre del presidente Castillo, propone nombrar generales adictos a Palacio en la Dirección Anticorrupción y en la Dirección de inteligencia (DIRIN), y dar de baja a generales Tiburcio (Dirincri) y Arriola (Dircote). El ministro Guillén se opone y el conflicto no se resuelve.

ii. Grave desmantelamiento de la DIVIAC, que investigó a los Dinámicos del Centro: le recortaron S/864.000 y cambiaron a 40 oficiales, por 18 agentes inexpertos

f. Captura de 13 prefecturas por profesores del Fenate

El problema de las izquierdas es no tienen otra propuesta que una refundación socialista que solo conduce al desastre. En la práctica su acción gubernamental, con excepciones como el programa de vacunación, se reduce a repartir bonos y subsidios y tomar el Estado como botín laboral, anulando la meritocracia, afectando la institucionalidad estatal y dando marcha atrás en las pocas reformas que habíamos avanzado.

Ante eso, solo queda que el Congreso asuma con seriedad su rol fiscalizador y de control político, y detenga ese proceso de depredación estatal antes de que sea demasiado tarde. Lampadia

Promulgando la ley sobre el referéndum 
Por: Jaime de Althaus
Para Lampadia

El presidente Castillo tiene una oportunidad de oro de renunciar a la asamblea constituyente promulgando la ley aprobada por el congreso que reafirma la Constitución estableciendo que el JNE no puede autorizar al Ejecutivo a convocar a referéndum para modificar la constitución sin pasar antes por el Congreso, tal como lo establece el artículo 206 de la Constitución. 

Esa ley no hace sino explicitar el artículo 206 de la Constitución, en el sentido de que no es posible convocar directamente un referéndum constitucional. Por lo tanto, tiene el efecto inmediato de volver inútil el esfuerzo de Perú Libre de recoger firmas para convocar a un referéndum para consultar al pueblo si está de acuerdo o no con una asamblea constituyente. Ese esfuerzo era de todos modos inconstitucional, pero la ley se aprobó para que no quedara resquicio alguno para una interpretación contraria, como la que formulan unos pocos constitucionalistas. 

Por eso, si el presidente promulga la ley, envía una señal muy clara: el referéndum para una asamblea constituyente no va más. Es la señal que necesita dar para empezar a reorientar su gobierno, disminuir la incertidumbre y eliminar la espada de Damocles que es la causa principal de que la inversión privada se haya paralizado. Es decir, para que el próximo año la pobreza siga disminuyendo en lugar de volver a aumentar. 

Por el contrario, si el gobierno observa la ley, quiere decir que insiste abierta, tozuda y suicidamente en el proyecto de la asamblea constituyente, con todas las consecuencias señaladas. Sería un error garrafal. 

Unos pocos constitucionalistas sostienen que esta ley es inconstitucional. Argumentan que, si bien el artículo 206 de la Constitución condiciona el referéndum para una reforma constitucional a una votación previa en el Congreso, el artículo 32 establece que pueden ser sometidas a referéndum: “1. La reforma total o parcial de la Constitución”. Pero, claro, ese artículo hay que leerlo junto con el 206, que reza: 

“Artículo 206°.- Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas.”

Es muy claro: “Toda reforma constitucional…”. No hay escapatoria. Y no puede ser de otra manera, puesto que sería absurdo que la Constitución facilitara una vía para negarse a sí misma. 

Por eso es que el artículo 39 de la ley 26300 de participación ciudadana, que establece que procede el referéndum en el caso de la “reforma total o parcial de la Constitución”, dice a continuación, “…de acuerdo al Artículo 206 de la misma”. 

Entonces la ley aprobada por el Congreso es redundante. Pero se dio para que en el JNE no exista la tentación política de ceder a la interpretación de esos pocos constitucionalistas desencaminados. Lo importante es que es la ocasión perfecta que tiene el presidente Castillo para deslindar con la asamblea constituyente y retirar esa espada de Damocles. 

Jaime de Althaus
Para Lampadia

He señalado que lanzar el proceso de una asamblea constituyente no solo paralizaría al país, sino que instalaría una lógica de acumulación populista y autoritaria muy difícil de controlar. La dinámica de los hechos generaría una ola dictatorial creciente. La asamblea misma, impulsada por el presidente de la república, se convertiría en un instrumento de poder absoluto. Porque su poder es omnímodo, fundacional.[1] 

El primer acto dictatorial es la propuesta misma de crear una asamblea constituyente, porque ella no está contemplada en la Constitución. Se tendría primero que modificar el artículo 206 para habilitar esa vía. Menos aún es constitucional la idea de que formen parte de ella organizaciones sociales o gremiales, pues el sujeto de los derechos políticos –que son derechos fundamentales- en la Constitución, es el individuo, el ciudadano, la persona humana, no colectivos de ninguna naturaleza. De allí que incluso el congresista no tenga mandato imperativo, ni siquiera de su partido. En una democracia representativa quienes eligen a sus representantes son los ciudadanos, no las organizaciones.

Tampoco es válido el camino del referéndum para consultar si se quiere una asamblea constituyente, por la misma razón: no se puede consultar si se quiere algo que no es constitucional.

Se cita entonces el artículo 39 de la ley 26300 de participación ciudadana, que establece que procede el referéndum en el caso de la “reforma total o parcial de la Constitución”. Pero, dice a continuación el mismo artículo, “…de acuerdo al Artículo 206 de la misma”. Y ¿qué dice dicho artículo?

“Artículo 206°.- Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas.”

De modo que el referéndum del que se está hablando en la ley es el mencionado como segunda etapa en la primera vía de modificación constitucional establecida en el artículo 206 de la Constitución. No es un referéndum autónomo, al margen del Congreso.

Por eso la sugerente iniciativa planteada por Enrique Ghersi de un ‘contra referéndum’ que proponga que la Constitución no se puede modificar por asamblea constituyente, no sólo es redundante, sino que tampoco es viable como medio de reforma constitucional.

Sí tendría validez, en cambio, como iniciativa ciudadana que reúna la mayor cantidad de firmas posible para llevar al Congreso un proyecto de ley de reforma constitucional. Y aunque esta reforma sería, como decimos, redundante o simplemente explicitadora, la iniciativa sí tendría mucho sentido en el terreno político, como un medio para mantener la unidad de la centro derecha y la movilización ciudadana, y tonificar la musculatura republicana. Esto a fin de dar con éxito la batalla política en defensa de la Constitución y la democracia liberal como un sistema de limitación del poder y protección de los derechos individuales. En ese sentido, la iniciativa es fantástica y merece todo el apoyo.

Y, de hecho, así es como lo entiende Lucas Ghersi, gestor también de la idea, quien respondió a mi objeción de la siguiente manera: “Las cosas son exactamente como dices. Se recogen firmas para respaldar un proyecto de ley de reforma constitucional. Si se recoge la cantidad menor de firmas (0,3% del padrón) el tema va al Congreso y este puede optar por cualquiera de las dos vías del artículo 206 de la Constitución. Si se recoge la cantidad mayor de firmas (10% del padrón) el tema también va al Congreso quien puede rechazar la iniciativa o tramitarla con referéndum de acuerdo al artículo 206. No estamos planteando un referéndum directo sin pasar por el congreso, porque eso no es constitucional”.

Muy claro. Y ¡adelante! Lampadia

Conforme pasan los días la crisis política de Gran Bretaña, producto del Brexit y la posibilidad de producirse una salida de la UE sin acuerdo, se agrava y los líderes del Partido Conservador lejos de tomar decisiones sensatas para su población, recurren al populismo y la demagogia como principales herramientas para ganar legitimidad. El recién electo primer ministro, Boris Johnson, es probablemente la más viva imagen de ello, al insistir hasta con tono matonesco y ordinario con una salida que ni siquiera tiene claros los términos que tal proceso le implicaría al país británico en temas tan importantes como el comercio o las inversiones. Su pertenencia a un mercado único, como es la UE, le permitía abaratar sobremanera los costos arraigados a tales actividades.

Como escribimos en Lampadia: ¿Qué futuro le depara a Gran Bretaña con Boris Johnson?, la única manera de frenar el suicidio económico y político que cometería Gran Bretaña con esta nefasta salida es que el parlamento acometa acciones o bien para impulsar un segundo referéndum o para prolongar el plazo de negociación con la UE. Pero, ¿qué tanto margen de acción puede tener el parlamento a menos de 3 meses de la fecha límite para interrumpir el Brexit?

A continuación compartimos un reciente artículo escrito por The Economist en el que se exploran a detalle todos los caminos posibles que le permitirían al parlamento limitar el accionar del gobierno respecto a la concreción de un Brexit duro. Desde la emisión de un voto de confianza hasta largas tertulias y debates de emergencia se encuentran como las opciones más probables. Sin embargo, el corto tiempo con el que se cuenta hasta la fecha de negociación y el posible carácter autoritario que podría asumir el gobierno para llevar el Brexit hasta las últimas consecuencias ennegrecen el camino de solución. La esperanza es lo último que se pierde y esperemos que los políticos británicos piensen seriamente en las desastrosas consecuencias que la prensa  internacional ha insistido en señalar hasta el cansancio respecto del Brexit.

Según una publicación del Foreign Policy, Boris Johnson no quiere un no-acuerdo; lo que estaría haciendo es forzar un no-acuerdo para precipitar que los ‘Remainers’ fuercen una elección general, y tener un villano contra el que combatir.

Gran Bretaña, uno de los países con mejores estándares de vida a nivel global, no puede caer víctima del nacionalismo como lo hizo el Perú en su momento y cuyos resultados saltan a la vista hasta el día de hoy (ver Lampadia: El 2014 terminó nuestro círculo virtuoso). Seguiremos atentos a los futuros  eventos que acontezcan en torno a la crisis del Brexit. Lampadia

Ejecutivo vs legislativo
¿Puede el Parlamento detener el no-acuerdo?

El gobierno afirma que los parlamentarios no pueden evitar que Gran Bretaña abandone la Unión Europea el 31 de octubre. Sin embargo, muchos están decididos a intentarlo

The Economist
10 de agosto, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

En marzo, la Cámara de los Comunes rechazó la idea de un Brexit sin acuerdo por un atractivo margen de 43 votos. Sin embargo, esta semana Dominic Cummings, asesor Svengali de Boris Johnson, sugirió que ya era demasiado tarde para que los parlamentarios impidieran que Gran Bretaña se fuera sin un acuerdo el 31 de octubre, la última fecha límite del Brexit. Esta posición fue repetida por un portavoz de Downing Street y por el secretario de salud, Matt Hancock, quien anteriormente se oponía firmemente a no llegar a un acuerdo.

Hay dos partes en el argumento. El primero es que el 31 de octubre es ahora la opción predeterminada, legalmente vinculante tanto para Gran Bretaña como para la UE. En ausencia de alguna acción específica, como aceptar otra extensión, Brexit tendrá lugar en ese momento. El segundo es que, dada la inminencia de la fecha límite, los parlamentarios no tienen suficiente poder o tiempo para evitar que no se llegue a un acuerdo, a menos que el gobierno coopere. Y Johnson no hará eso. Downing Street amenaza con forzar un Brexit sin acuerdo, incluso si el primer ministro pierde un voto de confianza.

¿Lo dirá en serio? Sería sensato tomar la última amenaza con cierta reserva. Johnson tiene dos razones claras de negociación para hablar sobre el riesgo de un Brexit sin acuerdo el 31 de octubre. Una es asegurarse de que Bruselas se tome en serio la noción, lo que no sucedió cuando Theresa May fue primer ministra. Eso debería aumentar la presión sobre la UE para que abandone su negativa a reabrir el acuerdo de retirada. El segundo es recuperar a los votantes del Partido Brexit de Nigel Farage, que favorecen positivamente el no acuerdo. La pérdida de los conservadores de la elección parcial de Brecon el 1 de agosto confirmó que, incluso bajo Johnson, todavía son vulnerables a Farage.

Aun así, una clara mayoría de los parlamentarios todavía se oponen a no llegar a un acuerdo. Las encuestas de opinión sugieren que la mayoría de los votantes también están en contra. Aunque Johnson ha exigido a todos sus ministros que se suscriban a la posibilidad, se sabe que varios se mostraron preocupados por las consecuencias, incluido Michael Gove, quien se encarga de prepararse para ello. Unas dos docenas de rebeldes tory han indicado que están listos para unirse a cualquier esfuerzo entre partidos para detener un Brexit sin acuerdo. Estos incluyen varios de los ex ministros del gabinete de May, en particular Philip Hammond, David Gauke, Greg Clark y David Lidington.

Sin embargo, hay grandes obstáculos en el camino de los intentos de evitar un Brexit sin acuerdo. Algunos miran hacia atrás, a marzo, cuando los parlamentarios lograron apropiarse de la agenda de los Comunes, que generalmente es controlada por el gobierno, para aprobar una ley que exige a May que busque una extensión del plazo del Artículo 50 del Brexit. Pero esto fue posible solo con la vinculación de la legislación o una moción enmendable. El equipo de Johnson dice que ninguno será necesario ni permitido antes del 31 de octubre.

¿Hay otras rutas? Chris White, ex asesor de Tory Whips ahora en Newington Communications, informa que se habló en Westminster de usar debates de emergencia o días de oposición. Los parlamentarios rebeldes esperan la ayuda del orador, John Bercow, que parece dispuesto a romper las reglas de procedimiento normales si es necesario. Pero el gobierno no permitirá ningún día de oposición. La escasez de tiempo parlamentario actúa a su favor: se planean menos de 30 días de sesión antes del 31 de octubre (por lo tanto, los rebeldes buscan una forma de cancelar el receso de otoño). Y no hay mayoría para la opción drástica de revocar la carta del Artículo 50 del Brexit.

Tales incertidumbres explican por qué muchos parlamentarios ahora hablan de un voto de no-confianza. El líder laborista, Jeremy Corbyn, promete proponer uno poco después de que los Comunes regresen el 3 de septiembre. El gobierno de Johnson tiene una mayoría activa de solo uno, por lo que solo requiere un puñado de conservadores para cambiar de bando para que una votación tenga éxito. Sin embargo, Johnson dirá que necesita más tiempo para asegurar un acuerdo. Es difícil para los parlamentarios sin cartera que rechacen su propio gobierno, lo cual explica porque desde 1945 solo un voto de confianza ha tenido éxito contra James Callaghan del Partido Laborista en 1979.

Las reglas también fueron cambiadas por la Ley de Parlamentos de plazo fijo de 2011. Anteriormente, cualquier voto de no confianza provocaba la renuncia del primer ministro y una elección general. Pero la ley de 2011 permite un período de 14 días durante el cual el primer ministro en funciones o una alternativa intentan formar un gobierno que pueda ganar la confianza de los parlamentarios. Solo si estos intentos fracasan se debe convocar una elección, en una fecha fijada por el primer ministro saliente. Como señala Catherine Haddon, del Instituto de Gobierno, un think tank, ni siquiera está claro en virtud de la ley que el primer ministro deba renunciar, aunque una negativa a hacerlo produciría una disputa constitucional que incluso podría involucrar a la reina.

Algunos parlamentarios que esperan bloquear el no-acuerdo están discutiendo la formación de un “gobierno de unidad nacional” entre partidos para reemplazar a Johnson, con el propósito expreso de pedir otra extensión del Brexit para dar tiempo a una elección. La idea sería que un veterano como Ken Clarke de los tories o Margaret Beckett de los laboristas podría ser su líder nominal. Sin embargo, es difícil ver que esto funcione. El Partido Laborista no es entusiasta, y es probable que insista en que cualquier gobierno alternativo debe ser dirigido por Corbyn. Es muy improbable que los rebeldes tories respalden esto.

Las grandes batallas entre el legislativo y el ejecutivo generalmente las gana el primero. Pero la mayoría anti-no-acuerdo es menos coherente y centrada que los Brexiteers de línea dura. Esto puede explicar una sugerencia más de Cummings: que cualquier elección después de un voto de desconfianza se posponga hasta noviembre, lo que garantiza que el Brexit sin acuerdo ocurra mientras tanto. El manual del gabinete dice que, durante una campaña electoral, un gobierno interino no debe tomar grandes decisiones. Pero los Brexiteers replican que, dado que el 31 de octubre está consagrado en la ley como el día del Brexit, la gran decisión sería detenerlo, no dejar que continúe.

Para Johnson, la política de esto es incierta, en el mejor de los casos. Si se celebraran elecciones antes del Brexit, Farage aumentaría el apoyo diciéndoles a los votantes que estaban a punto de ser traicionados. Por otro lado, diseñar un Brexit sin acuerdo contra los deseos de los parlamentarios indignaría a muchas personas. Y una elección celebrada en medio del probable caos que seguiría a un Brexit sin acuerdo podría ayudar a los partidos de oposición. Por lo tanto, algunos se preguntan si el gobierno programará una votación para el 1 de noviembre, el mismo “Día de la Independencia”. Lampadia

La semana pasada, Mario Ghibellini entrevistó en Canal N a Natale Amprimo y a Diego García Sayán sobre la aprobación del Proyecto de Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Según ambos juristas, el proyecto adolece de grave fallas.

Amprimo habla de errores garrafales:

• No se ataca el problema judicial
• La ratificación de los jueces cada 7 años y su evaluación cada 3.5 años, no permite que el juez haga una carrera y que desarrollen su gestión con independencia
• Las ratificaciones generarán argollas y componendas
• El proyecto tiene un mal manejo legislativo

García Sayán incide en:

• La presencia de demasiadas incoherencias y omisiones graves
• Su promulgación no permite decir que empezó la reforma
• No existe participación ciudadana, como se anuncia
• En el mundo lo principal es la estabilidad en el cargo, las ratificaciones lo impiden
• Si no hay independencia judicial no puede haber democracia

Ver entrevista:

https://youtu.be/jzkcLtbzOoY

En resumen, el proyecto es atolondrado, inadecuado y debería ser observado o modificado, como ambos analistas afirman.

El tema de la ratificación de los jueces estuvo incluido en las bases del referendum, igualmente, por ser de crucial importancia, debiera atenderse urgentemente, así necesite una norma constitucional.

Tal vez, como dice García Sayán, se debe avanzar en la creación de la JNJ, mientras se corrigen los errores más llamativos, como el de la ratificación.

No hay derecho ni justificación alguna para que esta norma tan importante se haga de esta manera. ¡Corregir ahora! Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La promesa contenida en la reforma del sistema judicial que se echó a andar con la disolución del CNM y la aprobación masiva en el referéndum a la creación de la Junta Nacional de Justicia, es la implantación en el Perú del imperio de la ley, es decir, la creación, por fin, de un Estado de Derecho en nuestro país. Pero eso no pasa solo por la reforma del sistema judicial, sino por un conjunto de otras acciones y reformas. Entre ellas, por supuesto, está la política de seguridad, que lleve a una reducción sustancial del delito. Es decir, la extirpación de buena parte del crimen organizado que asola partes importantes del territorio y las instituciones, y una mejora apreciable en los índices de seguridad ciudadana.

La pregunta es si vamos en la dirección correcta en este tema crucial. En este informe examinaremos específicamente si los mega-operativos que se anuncia con frecuencia con capturas espectaculares, están produciendo resultados en términos de reducción del crimen organizado o no.

Pues algo que no tiene precedentes en nuestro país es que llevemos ya algo más de dos años realizando mega-operativos policiales a un ritmo de aproximadamente uno por semana, con algunas interrupciones como la que se produjo en abril y mayo del 2018, a raíz de la crisis política que derivó en la renuncia del presidente Kuczynski.

Reducción en el número de extorsiones

Estos mega-operativos han desarticulado y encarcelado parcialmente a sendas organizaciones criminales dedicadas a la usurpación de tierras, a la extorsión y a la corrupción municipal y estatal. Pero no sabemos en qué medida esto ha tenido un impacto en la reducción de esos crímenes, salvo en el caso de las extorsiones. La información del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público confirma que se estaría logrando resultados en lo relativo a este delito. Como podemos ver en el siguiente gráfico, su número viene disminuyendo desde el 2016.

Fuente: Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público. Elaboración propia

En la medida que este delito se concentra en la costa norte y centro y que los mega-operativos también priorizaron en alguna medida esas zonas, sería posible atribuir esta disminución a dichas operaciones. Pero lo que no tenemos es un índice de usurpaciones de terrenos y no podemos saber si estas están disminuyendo o no. El citado Observatorio de Criminalidad debería construirlo, a partir de las denuncias existentes. Más difícil aun sería medir los niveles de corrupción en los gobiernos sub-nacionales.

Tasa de homicidios sube

Una medida relativa del éxito de los mega-operativos debería ser una caída en la tasa de homicidios, porque según una publicación del Ministerio de Justicia,[1] el 45.9% de los homicidios está vinculado a delincuencia común u organizada (robo/ atraco, narcotráfico, secuestro, etc.) y a sicariato, aunque no queda claro qué porcentaje es delincuencia común y qué porcentaje es crimen organizado.

Como fuere, lo que vemos en el siguiente gráfico es que, pese a los mega-operativos, la tasa de homicidios tiende a agravarse: ha pasado del 5.4 por cada 100,000 habitantes el 2011 al 7.8 el 2017. Cierto es que esa tasa es la tercera parte de la tasa promedio de América Latina, que está en 21.5 según el Igarapé Institute, pero lo que preocupa es que esté en ascenso pese a los mega-operativos.

Fuente: “Homicidios, contándolos uno a uno”, INEI, 2018

Detenidos que son liberados

Debe estudiarse qué es lo que explica este incremento. Una hipótesis es que precisamente los mega-operativos al final no dan todos los resultados esperados porque una proporción de los detenidos es liberada y algunos de los que se quedan siguen manejando el crimen desde las cárceles. De acuerdo a fuentes vinculadas al INPE, de cada 100 detenidos por la PNP-Fiscalía en  los mega-operativos realizados a partir de setiembre del 2016, solo 53 fueron  a un penal con prisión preventiva, y de esos 53, dos años después, sólo 40 siguen detenidos y habría pocos condenados (aunque el Coordinador Nacional de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, doctor Jorge Chávez Cotrina, informó hace poco que se había conseguido 123 condenas en un total de 154 procesos judiciales, que todavía es poco considerando que solo el 2018 hubo 890 detenidos en estas operaciones).

¿Por qué solo el 40% sigue detenido? Según Rubén Vargas, ex viceministro de Seguridad Interior, ello ocurre principalmente por falta de capacidad de la Fiscalía de Crimen Organizado, debido a falta de presupuesto para que el equipo de fiscales contra el crimen organizado crezca. El resultado es que no avanzan los procesos, se vencen los plazos sin acusaciones formales, y los jueces terminan liberando a los detenidos. También podría haber desidia en algunos casos. El doctor Jorge Chávez Cotrina nos dice que “faltan fiscales y jueces, pues por la falta de estos las audiencias no se programan dentro del plazo”.

De acuerdo a conocedores, sin embargo, en cierto número de casos no habría falta de jueces sino incumplimiento de las horas de trabajo: jueces que trabajan por la mañana, pero se retiran a la 1 de la tarde y no regresan. El horario de trabajo de los jueces debe ser transparente para la opinión pública.

En opinión de Nataly Ponce, ex viceministra de Seguridad, “El Poder Judicial ha realizado varias liberaciones y en un corto plazo tras los mega-operativos. O los “megas” fueron insuficientes en lo sustantivo, o el sistema de justicia se laxa posteriormente a la prisión preventiva de los implicados. De otro lado, los penales tampoco garantizan la desestructuración efectiva de las redes criminales”.

Según fuentes vinculadas al ministerio de Interior, ocurre asimismo que en los mega-operativos se detiene a los cabecillas e integrantes, pero también a personas que simplemente fueron captadas en las escuchas telefónicas conversando en alguna ocasión con dichos cabecillas sin que pueda demostrarse una vinculación criminal.

También habría una cuota de corrupción a nivel de los jueces. Ricardo Valdez, ex viceministro de Orden Interno de la gestión del ex ministro Carlos Basombrío, nos refirió que “en un par de oportunidades después del mega-operativo, Rubén Vargas (ex viceministro de Seguridad Pública) se quejaba amargamente de que Poder Judicial no daba las detenciones preventivas, o de la corrupción en juzgados que terminaba liberando a algunos de los capturados”.

¿Mega-operativos falsos?

Otra explicación posible, sin embargo, es la que brinda el ex viceministro Dardo López Dolz, que en realidad es una verdadera denuncia que habría que verificar. Según él, en cierto número de casos lo que ocurre es que los fiscales no denuncian o la juez suelta a los detenidos porque se trata de mega-operativos artificiales: “capturaban raterillos, paqueteros y uno que otro drogo y los presentaban como banda”. Según él, muchas de las organizaciones criminales capturadas no son tales o son “engordadas”.

Pero según Rubén Vargas, eso es lo que se hacía hasta julio del 2016. “De julio para adelante, inclusive hasta ahora mismo, no hay una sola operación falsa. Deme un solo caso y le explicaré de qué se trata. Ahora, hay un sector pequeño y corrupto de la PNP que siempre pretendió deslegitimar los mega-operativos debido a que ya van más de 80 policías corruptos detenidos como parte de crimen organizado. Fueron detenidos dos generales en actividad y tendrían que correr la misma suerte por lo menos otros tres más”.

Al respecto, el ex viceministro Ricardo Valdez, aclara lo siguiente: “El escuadrón de la muerte tenía esa forma de actuar. En los “Megas” de nuestra gestión, los verdaderos mega-operativos se trabajaban a lo largo de meses con participación de fiscales durante la investigación. No se hacían mega-operativos ‘truchas’. Ahora, no doy fe de lo que ocurrió este 2018.  He visto “megas” que han sido un mamarracho, como el que encarceló al general Becerra, por ejemplo. Otrosí: la PNP también toma el nombre de mega-operativos para algunas intervenciones que no realiza con la DIVIAC (División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad)”.

El Dr. Jorge Chávez Cotrina informó a la prensa el 28 de diciembre que el 2018 “el Ministerio Público logró la desarticulación de 54 organizaciones criminales, en igual número de mega-operativos”. Agregó que el número de detenidos superó al alcanzado el año pasado, acumulando un total de 890 personas vinculadas a organizaciones criminales, de las cuales 579 fueron recluidas bajo prisión preventiva a pedido del Ministerio Público.

Entre las organizaciones criminales desarticuladas durante este año, el fiscal superior Chávez Cotrina destacó las conocidas como ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, ‘Los Capos de la Construcción’, ‘La Jauría del Norte’, ‘El Nuevo Dragón Rojo’, ‘Los Cuervos de Paramonga’, ‘Los Nuevos Malditos del Triunfo’, ‘Los Desalmados del Tráfico Humano’, ‘Los Impunes del Norte’, ‘El Gran Chaparral’, ‘Los Gatilleros del Sur’, ‘Los Malditos de Santa Rosa’; entre muchos otros.

Se hace difícil pensar que estas organizaciones criminales hayan sido inventadas. Sería muy grave que se esté haciendo pasar por mega-operativos algunos que no lo son, acaso para obtener puntaje en los ascensos. Debe investigarse. Pero allí donde se moviliza a decenas de fiscales y centenares de policías, resultaría inaudito o poco creíble que se lo haga para capturar solo paqueteros o drogadictos. Por lo demás, es muy frecuente –como señala Vargas- que en los mega-operativos se capture a policías, y también a alcaldes.

En todo caso, cabría preguntar a la Oficina de Integridad del Ministerio de Interior y a la Inspectoría de la PNP si están supervisando esos operativos para asegurar su realidad. Según Valdez, esas oficinas usualmente actúan ex post, no de manera concurrente.

Mayor uso de armas de fuego

De otro lado, los mega-operativos y las políticas de la Sucamec tampoco han servido para contener otro indicador que viene subiendo: el porcentaje de hechos delictivos que se comete con armas de fuego. Como vemos en el siguiente cuadro, este se incrementó entre el 2015 y el 2016, aunque luego casi se ha estabilizado. Pero definitivamente no baja:

Fuente: Informes Técnicos, Estadísticas se Seguridad Ciudadana, INEI   (elaboración propia)

¿Qué explica esto? Rubén Vargas nos refiere que “En la gestión del Ministerio del Interior entre agosto 2016 y marzo 2018 se trabajó en un “Plan Integral contra la tenencia ilegal de armas”, que sería importante mejorar y potenciar. Este tuvo como estrategias: a) Regularización de licencias, b) Ejecución de mega-operativos contra el tráfico de armas, c) Labores continuas de fiscalización a cargo de la Sucamec, d) Programa de recompensas, e) Operativos sorpresa a nivel nacional y f) Campañas disuasivas.

Aparentemente, sin embargo, ese plan quizá logró estabilizar, pero no bajar ese indicador. Según el ex viceministro Ricardo Valdez, “de un lado, los operativos destinados a sacar armas de fuego del mercado ilegal no se han repetido en el 2018. De otro lado, no recuerdo operativos con resultados contundentes hacia las economías ilegales que trafican o contrabandean armas en Puno, Madre de Dios y Loreto principalmente. También se frenó en el 2018 el proceso de regularización de armas de fuego por parte de SUCAMEC. Sin dejar de mencionar el mercado de alquiler de armas de fuego en donde participan las FFAA y la PNP, aparte del sistema de alquiler dentro de la propia criminalidad”.

Dardo López Dolz, por su parte, incide en esto último: “no tengo la estadística oficial actual, pero los relatos de las víctimas y los reportajes muestran, en la mayoría de los casos, armas que coinciden con las armas de reglamento militar y policial, en algunos casos, armas de uso exclusivo de las fuerzas del orden, lo que apunta a un evidente mercado negro de venta o alquiler de armas del Estado”. Y añade algo preocupante:
“Adicionalmente, infiltrada en la migración venezolana, han ingresado -con armas y granadas- bandas de delincuentes conocidos por su salvajismo.
Muchos fueron -emulando la maniobra del puerto de Mariel- liberados y equipados por Maduro”.

Es evidente que, si en este mercado las armas de la policía y de las fuerzas armadas se alquilan o se venden, debe hacerse operativos para identificar a los responsables y castigarlos severamente. Eso es muy grave. No se puede aceptar. Y más allá de esto, como reconoce el propio Vargas, resulta importante estudiar el fenómeno para identificar la procedencia de las armas usadas para el crimen, así como comprender el circuito y dinámicas del mercado ilegal de armas en el país, algo que no se ha hecho.

¿Los penales son porosos?

A los problemas de capacidad de las fiscalías para acusar, eventual corrupción de jueces y detención de personas que no tendrían vinculación criminal sino circunstancial con la organización criminal, debe añadirse la porosidad en algunos penales: una cierta proporción de quienes quedan en prisión preventiva podrían comunicarse con el exterior disponiendo acciones criminales desde la cárcel. En esos casos de nada sirve capturar a los criminales si pueden seguir operando desde los penales.

¿Esto es así? Para que no lo sea, el bloqueo de celulares debería estar funcionando en los penales en los que se recluye a estos criminales, que son principalmente Challapalca, Ancón 1, Cochamarca y Miguel Castro Castro. De ellos, ni Challapalca ni Cochamarca, que es donde se envía a los más peligrosos, poseen bloqueadores de celulares, aunque Challapalca no los necesita porque la señal no llega hasta allí.

De acuerdo a fuentes del INPE, hay 12 penales bloqueados. Ya deberían estarlo los 33 existentes, pero la empresa que tiene la concesión, Prisiontec, viene incumpliendo sus compromisos. Entre esos 12 están Castro Castro, Lurigancho y Ancón 1. El de Cochamarca recién quedaría bloqueado a mediados del 2019.

El bloqueo, de otro lado, no alcanza al 100% de las señales, pero si al 90 – 95%. En algunos casos menos. Y esto para las señales de Movistar, Claro y Entel, pero no para las de nuevos operadores que ingresen al mercado, porque cada operador se mueve en un rango determinado.

Caen alcaldes y policías, pero no fiscales ni jueces

Ahora bien, una noticia interesante es que en la mayor parte de mega-operativos son detenidos dos o tres o cuatro policías que forman parte de la organización criminal lo que, de paso, ayuda a depurar la policía. Pero quienes no caen son fiscales y jueces, porque el artículo 454 del nuevo Código Procesal los blinda al obligar a denunciarlos primero ante el órgano de control interno inmediatamente superior, donde la denuncia suele diluirse. Esa es, entonces, otra falla que debe resolverse, pues le quita efectividad a los mega-operativos y corona la impunidad.

De otro lado, vemos con frecuencia cómo caen alcaldes y gobernadores regionales, por lo general envueltos en tráfico de tierras o en actos de corrupción. Las organizaciones de usurpadores de terrenos están siempre conectadas con policías, fiscales, jueces y alcaldes.

Esto habla de fallas estructurales en el proceso de descentralización y en el sistema de propiedad. Es probable que haya corrupción en la Sunarp, la SBN y Cofopri. El alcalde y el gobernado regional de Tacna fueron detenidos luego de haber vendido todos los terrenos del Estado que rodean a la ciudad de Tacna, asfixiándola y sin prever espacio para parques, hospitales o colegios. Y los usurpadores de tierras, por ejemplo, están siempre coludidos con alcaldes, policías, fiscales y jueces.

Conclusión

Los mega-operativos han logrado disminuir el número de extorsiones, pero no sabemos si han disminuido las usurpaciones de terrenos, porque ese indicador no se mide. Sin embargo, la tasa de homicidios viene subiendo en lugar de disminuir. Esto podría indicar que los mega-operativos no están teniendo todo el impacto que podrían. Una explicación podría estar en que el 60% de los detenidos en estas operaciones termina saliendo de la cárcel, sea por falta de capacidad de las fiscalías para seguir los casos y acusar, sea por falta de jueces o porque algunos magistrados trabajan pocas horas o son corruptos, o porque algunos casos no tienen fundamentación suficiente. Con frecuencia caen policías, pero no fiscales ni jueces porque estos gozan de un blindaje legal. Las cárceles, de otro lado, no garantizan totalmente que algunos cabecillas no sigan dirigiendo acciones criminales desde la reclusión.

Recomendaciones:

Hacen falta, entonces, varias cosas:

• Aumentar el número de fiscales y jueces si es necesario (previo estudio) o realizar una reingeniería para que los fiscales y jueces optimicen sus horarios de trabajo.
• Controlar el horario de trabajo de los jueces y fiscales y transparentarlo.
• Llevar y publicitar el registro de los detenidos que son liberados, y las razones de ello.
• No detener a personas simplemente por haber conversado alguna vez con los cabecillas.
• Tomar las decisiones necesarias para que la empresa concesionaria a bloquee efectivamente los celulares en los penales, para que los cabecillas no puedan seguir operando desde allí.
• Demandar la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior un control riguroso de los mega-operativos.
• Modificar el artículo 454 del nuevo código procesal penal para eliminar el blindaje a fiscales y jueces.
• Identificar a los policías y miembros de las fuerzas armadas dedicados al tráfico de armas, y castigarlos severamente. Estudiar bien el fenómeno y desarrollar una política adecuada de control de armas.
• Mejorar las estadísticas. Por ejemplo, medir el número de denuncias de usurpación de terrenos y su evolución.
• Reformar el sistema de propiedad (SBN, Sunarp, Cofopri, catastros), porque la propiedad o no está titulada, o hay superposición de títulos o se ha vuelto muy insegura por la corrupción existente.
• Reformar la descentralización. Los alcaldes no deben tener la atribución de vender bienes del Estado.

Lampadia

A medida que se avanza en las negociaciones del Brexit, se está produciendo un nuevo enfrentamiento político entre los líderes que negocian el acuerdo para que Gran Bretaña abandone la Unión Europea. Entonces, ¿qué está pasando con el Brexit, exactamente?

El lunes 10 de diciembre, la primera ministra Theresa May anunció que el llamado “voto significativo” sobre cómo abandonar la UE se posponía, en un movimiento que dejó a muchos sorprendidos. Aunque la votación iba a ocurrir en el Parlamento el martes, la BBC afirma que un día antes (el lunes 10), May la rechazó por miedo de que no obtuviera los votos necesarios para aprobarla. Según Reuters, May ahora está buscando obtener una votación antes del 21 de enero del próximo año.

El referéndum inicial para una salida británica (Brexit) de la UE fue aprobado por los votantes del Reino Unido en junio de 2016, lo que resultó en la decisión de que el Reino Unido deje la asociación económica y geopolítica de décadas a cerca de 30 países europeos, que permitía un comercio más libre y la movilidad entre sus miembros. Según las normas sindicales, el Reino Unido tiene hasta el 29 de marzo de 2019 para hacer su salida. Esto lo hemos venido explicando en Lampadia: Entendamos los factores que impulsan el Brexit

Pero está siendo muy difícil que todas las partes lleguen a un acuerdo para la salida del Reino Unido de la UE y la fecha límite para las negociaciones se está acercando rápidamente. Si no se llega a un acuerdo, el Reino Unido esencialmente hará una salida “dura” que alterará la dinámica social y económica de la relación con el resto de la UE de la noche a la mañana.

La votación que el Parlamento debía llevar acabo el martes habría sido para aprobar el acuerdo de salida. Para entender esto, cabe recordad que, a finales de noviembre, la UE y el Reino Unido acordaron un borrador con dos partes sobre cómo sería la salida del Reino Unido de la UE:

• La primera parte: Afirma que el proceso de salida comenzaría con un período de transición que podría durar hasta el 2022. En ese momento, el Reino Unido pagaría un estimado de £ 39 mil millones a la UE por sus contribuciones obligatorias. En segundo lugar, la residencia y la ciudadanía para los ciudadanos de la UE y el Reino Unido no se verían afectadas por el cambio y cualquier persona que haya cambiado de residencia durante la transición podría quedarse después de que concluya ese período.
• La segunda parte: Establece un marco para la dinámica general que el Reino Unido y la UE desean mantener después de la salida, y señala cómo es que las entidades independientes reanudarán las operaciones de comercio y seguridad, entre otras cosas.

Uno de los puntos clave en el acuerdo es cómo lidiar con la frontera en Irlanda y evitar una “frontera dura” entre Irlanda del Norte (parte del reino Unido) y la República de Irlanda, que seguirá siendo miembro de la UE.

Incluso con un voto diferido, no es seguro que este acuerdo actual tenga la aprobación de los legisladores británicos. Los miembros del Parlamento no están sorprendidos con el anuncio de un retraso en la votación. Ese mismo día, un miembro del Parlamento retiró el ‘mazo’, un adorno metálico que simbóliza los deberes reales de la legislatura, para hacer una demostración de protesta en contra de May. El gesto, que cuestionó simbólicamente la autoridad de la cámara y sirvió como una prueba de la crítica realidad en el que se encuentra el país, solo ha aumentado la tensión del acuerdo Brexit. Como afirma Foreign Affairs, “El posible conflicto de soberanías, la cuestión de la gente frente al Parlamento, se dejó de lado en 2016. Ahora ha reventando. Al mismo tiempo, los partidos políticos que normalmente mantienen a los parlamentarios en línea están totalmente divididos sobre lo que debería venir a continuación.”

Entonces, ¿qué deben hacer? The Economist, una revista que ha demostrado múltiples veces estar en contra del Brexit, están a favor de un segundo referéndum, afirmando que “si los británicos están decididos a seguir adelante, ese es su derecho. Pero ahora que saben lo que realmente significa Brexit, merecen la oportunidad de decidir si todavía lo quieren.” Sin embargo, son conscientes de los problemas que esto podría traer, “Un segundo referéndum causaría un resentimiento duradero y alimentaría a los partidos populistas que venden la teoría de la puñalada en la espalda. Sin embargo, descartarlo sobre esta base, ignora cómo cualquier trato que busque un Brexit blando también sería denunciado como una traición.”

Foreign Affairs, por su lado, propone que “La Cámara de los Comunes probablemente podría estar de acuerdo con un Brexit más suave que el acuerdo de May, y probablemente incluyendo una membresía a largo plazo del mercado único de servicios y bienes. Este punto final, actualmente conocido como “Norway Plus”, podría ser el destino final de Gran Bretaña.”

Ver líneas abajo más detalle sobre la situación actual del Reino Unido y el impacto (positivo y negativo) de hacer un segundo referéndum:

El caso para un segundo referéndum
La mejor salida del lío del Brexit

El Parlamento no puede ponerse de acuerdo sobre qué tipo de Brexit quiere la gente. En lugar de adivinar, deberían preguntarles.

The Economist
8 de diciembre, 2018
Traducido y glosado por Lampadia

Tardó un año y medio en llegar a un acuerdo con la Unión Europea. Ahora parece que el propio Parlamento británico tardará menos de un mes en deshacerse de él. Es muy posible que pierda, por un amplio margen, el inminente voto sobre si aprobar el acuerdo Brexit del primer ministro.

La lucha del gobierno para lograr el acuerdo a través del Parlamento expone una grieta que Brexit ha creado en el corazón de la democracia británica. La mayoría de los miembros del parlamento creen, con razón, que el compromiso imperfecto de Theresa May es peor que el statu quo. Como representantes electos del pueblo, tienen todo el derecho de bloquearlo. Por otro lado, el referéndum de 2016 les dio una clara instrucción de irse. Aunque ese voto no tiene peso legal, ha adquirido una fuerza moral. La parálisis de hoy es el resultado de la incapacidad de Gran Bretaña para reconciliar su tradición de democracia representativa con sus experimentos más recientes.

Muchos argumentan que los miembros del parlamento (MPs, por sus siglas en inglés) deben cerrar los ojos y votar por lo que creen que es un plan perjudicial, por respeto al referéndum. Están equivocados. Su argumento se basa en una suposición errónea: que la mayoría que estuvo a favor del Brexit en 2016 significa que cualquier acuerdo resultante refleja la voluntad de la gente. No está nada claro que el plan de May lo haga. Rompe muchas de sus propias líneas rojas de negociación, sin importar las promesas hechas por los activistas en el período previo a la votación. El gobierno ha renunciado en gran parte a argumentar que su acuerdo será bueno para el país, en lugar de insistir en que es lo que exige la democracia. Sin embargo, nadie puede pretender intuir lo que la gente quiere. La única forma de saber es preguntándoles.

El trato de May no es el compromiso que buscan los partidarios del Brexit y los que están en contra. La idea de que un Brexiteer podría simplemente tomar un tren a Bruselas y negociar uno mejor es fatua. El primer ministro ha hecho de su prioridad el poner fin a la libre circulación de personas, una mala idea en nuestra opinión, pero difícilmente impopular. Eso implica dejar el mercado único, una gran pérdida. Pero, de lo contrario, ha mantenido una relación económica lo más estrecha posible con la UE, en parte para evitar la introducción de nuevos controles fronterizos en Irlanda del Norte.

No obstante, está claro que el acuerdo de May es en casi todos los aspectos peor que el que Gran Bretaña ya ha construido, lo que le da los beneficios de estar en la UE, al tiempo que le permite optar por la moneda única y mantener su propio pasaporte. cheques y recibir un reembolso de gran presupuesto. Las nuevas barreras al comercio separarán su dinámica industria de servicios de su mercado más grande y podrían dañar las cadenas de suministro manufactureras de Gran Bretaña. Según el acuerdo irlandés, Gran Bretaña tendrá que seguir las reglas de la UE hasta nuevo aviso. Las consecuencias podrían llevar a un mayor daño constitucional y territorial, incluida la ruptura de la unión con Irlanda del Norte y Escocia.

May ha pasado la quincena pasada en una campaña de referéndum virtual, tratando de persuadir al público de los méritos del acuerdo y, a su vez, persuadir a los MPs de que el acuerdo cuenta con el respaldo del público.

Neverendum

El camino hacia un segundo referéndum es traicionero. El Parlamento luchará para ponerse de acuerdo sobre su forma. La fuerte derrota de May podría llevar a una elección general, en la que todos los partidos propondrían planes Brexit que suenan muy bien, pero que son imposibles, lo que se sumaría a la confusión. El rechazo del acuerdo de May aumentaría el riesgo de que se salga sin ningún acuerdo, un desastre para Gran Bretaña y malas noticias para sus vecinos. Afortunadamente, un Brexit accidental y sin trato se volvió menos probable esta semana, porque los MPs, la mayoría de los cuales lo ven como una catástrofe, ahora tendrán una mayor opinión.

Incluso si se superaran esos obstáculos, seguiría siendo la objeción más poderosa a un segundo referéndum: que engañaría a los que votaron en el primero. La UE tiene una tradición innoble de hacer que la gente vote nuevamente cuando eligen la respuesta “incorrecta”. Si la votación para irse fuera una rebelión contra el establishment, un segundo referéndum sería visto como una contrarrevolución.

El riesgo es real. Un segundo referéndum causaría un resentimiento duradero y alimentaría a los partidos populistas que venden la teoría de la puñalada en la espalda. Sin embargo, descartarlo sobre esta base, ignora cómo cualquier trato que busque un Brexit blando también sería denunciado como una traición. Los partidarios de la línea dura describen el plan de May como “vasallaje”, una “humillación nacional” y un “engaño” de aquellos que votaron para irse. Del mismo modo, la creencia de que aprobar el acuerdo hará que todo el episodio de la división termine y se haga caso omiso del hecho de que, después del día del Brexit, Gran Bretaña enfrenta tal vez una década de negociaciones comerciales con la UE, lo que implica una mayor parte de las dolorosas concesiones entre la prosperidad y control del cual el público se ha cansado tanto. Mientras tanto, el país se quedará más atrás con respecto a su potencial. Es cierto que un segundo referéndum causaría una ira duradera y socavaría la fe en la política. Pero también lo haría presionar a través de un acuerdo en nombre de la gente que no estaba convencida.

El Brexit es a menudo comparado con un divorcio. De hecho, los dos años transcurridos desde el referéndum han sido más como un compromiso rocoso. Los votantes se dejaron llevar por las promesas de la campaña del Brexit, solo para descubrir que la relación futura no iba a ser como lo habían imaginado. Cancelarlo sería mortificante. Sin embargo, hacerlo podría ser un error grave y permanente. Si los británicos están decididos a seguir adelante, ese es su derecho. Pero ahora que saben lo que realmente significa Brexit, merecen la oportunidad de decidir si todavía lo quieren. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El referéndum ha servido para consolidar la aprobación presidencial y para canalizar el rechazo de la población al Congreso y a la clase política. Pero, como sabemos, las soluciones respaldadas por el pueblo no son las mejores para consolidar una democracia funcional y eficiente. La unicameralidad sin reelección es un albur completo, y no sirve para consolidar una clase política capacitada ni para reconstruir un sistema de partidos. En ese marco, ¿qué podemos hacer?

La solución que había conversado en privado el presidente Martín Vizcarra con el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, era que luego del referéndum, el Congreso aprobaría el establecimiento de la bicameralidad vía dos legislaturas ordinarias, lo que sería respaldado por el Presidente para darle respaldo político. Pero el resultado del referéndum ha sido abrumador en este punto: sólo un 9% del voto válido respaldó el SI a la bicameralidad. Más de un 90% lo ha hecho por el NO. ¿Es viable políticamente que el Congreso proceda a aprobar una reforma constitucional que el pueblo ha rechazado de manera tan contundente?

Muy difícil. Si, como parece, no queda más remedio que resignarse a mantener la unicameralidad, solo quedan tres medidas para controlar en alguna medida tanto la tentación del poder como la eventual mala calidad o el populismo de las normas que pueda dictar una cámara única:

• La primera sería que la insistencia del Congreso ante una ley observada por el Ejecutivo, sólo pueda ser aprobada por los 2/3 del número legal de congresistas (como es en casi todas las democracias) y no solo por la mitad más uno, como es ahora, que limita severamente el poder de veto presidencial. La observación de leyes excesivas por parte del Ejecutivo cumpliría en alguna medida el papel del Senado.
• La segunda es que las exoneraciones de segunda votación o del pase a comisiones, o sean prohibidas, o requieran también una votación bastante más alta que en la actualidad.
• La tercera es aún más importante: crear en el Congreso una Oficina de Análisis de Impacto Regulatorio y Económico de los proyectos de ley, cuyos informes no tengan necesariamente poder vinculante pero sí sirvan como una referencia tanto para el legislador como para la opinión pública, que podrá juzgar si una ley tiene efectos contraproducentes o un costo mucho mayor que el beneficio que traería. El congresista Alberto de Belaunde planeó a inicios de este Congreso un proyecto de ley para crear dicha Oficina, pero no ha sido considerado hasta ahora. 

Por su parte, la no reelección de congresistas, que dificulta la formación de una clase política y atenta contra la consolidación de los partidos políticos, obliga a aprobar una reforma política que ayude a consolidar unos pocos partidos serios y a que los congresistas que no pueden reelegirse de manera inmediata puedan reciclarse en un think tank partidario un su período sabático.  Las reformas serían las siguientes:

Para reducir el número de partidos:

• Distritos electorales más pequeños, uni o binominales
• Subir la valla a las alianzas, para que no sean una manera de saltar la valla del 5%
• Obligación de participar en todas las elecciones generales y en todas las subnacionales con candidatos por lo menos en el 50% de las circunscripciones

Para fortalecer los partidos:

• Eliminar el voto preferencial (reemplazándolo precisamente por distritos electorales más pequeños)
• Elecciones internas, de preferencia primarias y abiertas, organizadas por la ONPE

Para que los congresistas que acaban su periodo puedan tener la opción de seguir en actividad política en el partido y contribuir así a firmar una clase política preparada:

• Que las empresas puedan financiar con el pago de sus impuestos think tanks en los partidos. Es decir, Partidos por Impuestos (PxI), una muy buena propuesta de Carlos Meléndez.

Esta reforma como esta ayudaría de paso a fortalecer los partidos políticos, pues tendría el efecto importantísimo de permitir que las organizaciones partidarias se conviertan en centros de estudios y discusión de la realidad nacional e internacional de modo que puedan formular planes de gobierno serios que les sirvan para gobernar cuando llegan al poder. Esto redundaría, entonces, en la gobernabilidad del país, haciendo la democracia más eficiente y capaz de responder a los problemas del pueblo.  

El Congreso debería aprobar estas propuestas, a fin de sacar el mejor provecho posible del referéndum del 9 de diciembre del 2018. Lampadia

En los últimos meses, el Perú ha sido víctima de dos grandes escándalos de corrupción que han puesto en evidencia la precariedad de sus instituciones públicas y el comportamiento antiético de sus gobernantes en todos los niveles de Gobierno, llámese nacional, regional y municipal.

El primero, bautizado como el “Caso Lava Jato” por la jurisdicción brasilera, es considerado como el mayor escándalo de corrupción de América Latina, organizado y dirigido por el gobierno de Lula en Brasil y sus socias empresariales corruptas. Según la Corte de Justicia de Estados Unidos, en el Perú, involucró el pago de sobornos por parte de la empresa brasilera Odebrecht a funcionarios públicos por 29 millones de dólares entre el período 2005 y 2014. Asimismo, según el reciente informe de la Comisión Lava Jato del Congreso, se habrían estimado sobreprecios en las obras adjudicadas por más de 3 mil millones de dólares.

Peor aún, desde que se destapó el escándalo en diciembre del 2016, los esfuerzos desde el Gobierno y el Congreso para lidiar con la situación, a través del DU 003 y el PL 1410, agravaron aún más el problema, ya que paralizaron innecesariamente el sector construcción y múltiples obras de infraestructura. En vez del caos con que el gobierno enfrentó el tema, Lampadia propuso designar interventores en las empresas y obras, [Ver: DS 003 y PL 1410, despropósitos y pasiones]. Lamentablemente el gobierno no quiso hacer caso y terminamos siendo el único país que paralizó su sector construcción. Fue tal el impacto en la economía peruana por la paralización de dichas obras, que el MEF tuvo que reducir su proyección de crecimiento en el año 2017 en un punto porcentual, reducción que está asociada a 140,000 empleos perdidos y que 320,000 peruanos no hayan salido de la pobreza, según Apoyo Consultoría.

Por otra parte, se tiene el escándalo de los audios del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) o más conocidos como los audios de la “vergüenza”, difundidos desde julio del presente año. En ellos, se dejan entrever conversaciones de jueces y miembros del CNM en el que se revelarían presuntos ofrecimientos de rebajas de penas, pedidos y agradecimientos de favores o negociaciones de ascensos de funcionarios. Tal difusión puso en tela de juicio la institucionalidad de uno de los más importantes brazos del Estado encargados de velar por los derechos fundamentales de los peruanos, el Poder Judicial.

En esta línea, hubo consenso de que una reforma judicial era necesaria y por tanto, se propusieron diversas líneas normativas desde el Congreso y, recientemente, se instaló como una de las propuestas del referéndum del pasado 9 de diciembre.

Es aquí donde vale la pena preguntarse, ¿Cuál es el status actual de las reformas que permitirán prevenir hechos de similar magnitud en un futuro cercano?

Curiosamente, la atención del Caso Lava Jato en el Perú se ha desviado por completo hacia la investigación de los aportes a los partidos políticos, en particular, la Campaña de Fuerza Popular 2011. Este hecho se ha mediatizado de tal manera que se ha vuelto el centro de gravedad de las preocupaciones del país, con fiscales y jueces dictando prisiones preventivas de manera completamente arbitraria sin considerar el debido proceso y la presunción de inocencia de los implicados, aún cuando ya hay sentencias del Tribunal Constitucional que advierten acerca de los excesos de estas prácticas.

Estamos terminando en una ‘justicia plebiscitaria’, que se expresa con lo expuesto por César Hildebrandt en una reciente entrevista con Patricia del Río en RPP en la que indica que “la lucha contra la corrupción no puede ceder en nombre de un garantismo  formalista”, es decir, basta con que el repudio popular sea tal que no importa que no se sigan los procedimientos judiciales habituales, la sentencia de culpabilidad será justa porque será justa “socialmente”. Adiós Constitución y leyes.

Y este punto es vital ya que nos lleva al tema de la reforma judicial, cuyos avances lamentablemente han sido prácticamente inexistentes, justamente porque la atención pública se encuentra empecinada en exigir prisión a la oposición. No es coincidencia que se hayan abandonado las 7 líneas normativas de la reforma judicial que fueron pre-dictaminadas en el Congreso en octubre del presente año. Por otra parte, aún con los escándalos de los audios del CNM, no se ha hecho un proceso de escrutinio de la realidad del Poder Judicial que llevaría hacia la limpieza de los cuadros corruptos. De esta manera, algunas personas empiezan a ver el caso Lava Jato, con todos sus excesos, como una distracción que nos está haciendo olvidar de algo sumamente importante que, a diferencia del escándalo brasilero, es de naturaleza estructural: una débil institucionalidad de nuestro sistema de justicia.

En este sentido, consideramos que un buen primer paso estaba contenido en la primera pregunta del referéndum y por ello sostuvimos una posición del SÍ en ella [ver: Mi voto en el referéndum]. Tal como se puede deducir del escándalo de los CNM audios, consideramos que dicho consejo debe desaparecer, y la nueva Junta Nacional de Justicia, cuya base será la meritocracia en la selección de los jueces y fiscales, permitirá tener mejores capacidades de fiscalización y control de la labor judicial. Sin embargo, ello no es suficiente. El Congreso debe acelerar la promulgación de las 7 líneas normativas que aún están pendientes ya que permitirán tener un sistema judicial más eficiente, transparente y con una mejor labor de cara a los peruanos. La reforma judicial no puede esperar.

En enero próximo el Congreso debería convocar a legislatura extraordinaria para aprobar la ley orgánica de la nueva Junta Nacional de Justicia y los 7 proyectos de ley ya dictaminados, porque sin eso no se puede convocar al concurso para elegir a los miembros de la Junta, y esta no puede dilatar tanto el inicio de sus funciones. Lampadia

Una cámara única, con su sistema electoral basado en la representación regional, trae el parlamento las mismas visiones sub-nacionales de los gobiernos regionales. Por lo tanto, se pierde la posibilidad de que la importante labor legislativa se inspire también en una visión compartida del país que debe moldearse y construirse.

Un Senado debe ser la amalgama que le dé contenido político al Perú ‘unitario’. (Ver en Lampadia: Un Senado es mucho más que una segunda instancia.)

El voto del domingo no debe distorsionarse por pasiones políticas de ningún color, ya sea por una sentida animadversión contra el Congreso, o un rechazo a las actitudes del ejecutivo.

La Constitución no es un elemento de la coyuntura política, su carácter es estructural y su normativa de largo plazo. Lampadia

César Azabache Caracciolo
Para Lampadia

La agenda institucional ha quedado atrapada en cuatro asuntos sobrepuestos: La anulación del indulto, la detención de Keiko Fujimori, la solución del caso Chávarry y ahora la aprobación de la ley de desactivación parcial de las condenas impuestas a adultos mayores. Los cuatro asuntos reclaman soluciones urgentes.

1. El indulto se anuló el 4 de octubre, con un Alberto Fujimori que evidentemente tuvimos que tolerar que terminara internado en una clínica. Tenía todo el sentido del mundo que la mayoría del Congreso retomara la idea desechada por ellos mismos al principio del periodo basada en una ley que permita a los ancianos cumplir bajo ciertas condiciones el saldo de sus condenas en detención domiciliaria. Pero la manera constructiva de resolver el momento suponía entregar estas decisiones a un Juez y dejar a salvo los derechos de las víctimas, a través de un procedimiento que incluya a quienes aún en el presente viven impregnados por el dolor que causaron los crímenes del pasado. La meta apropiada en términos institucionales suponía poner las cosas donde estaban antes de diciembre de 2017, cuando el proceso iniciado en tiempos de Humala sufrió́ la enorme interferencia que le impuso un PPK que evidentemente solo pensaba en salvar su propia vacancia, a toda velocidad y a cualquier costo. Al no dirigirse a las víctimas, Alberto Fujimori comenzó́ a insinuar que mantiene intacto el desprecio que hasta ahora le impide percibir que su propio proceso, acaso el último del que será́ protagonista, sólo se volverá́ sostenible si comienza por lanzar puentes de reconocimiento mutuo hacia quienes resultaron afectados por los hechos por los que él en persona ha sido condenado.
2. El 10 de octubre, a pedido del Fiscal Pérez Gómez el Juez Concepción Carhuancho ha ordenado la detención por 10 días de Keiko Fujimori y de otras 19 personas a las que relaciona con una maquinaria que encuentra montada para lavar el millón de dólares que Odebrecht sostiene haber entregado en efectivo a dos dirigentes del partido con ocasión de las elecciones de 2011. La decisión no tiene nuevas evidencias, salvo algunos registros formales de comunicaciones telefónicas vacíos de contenido. No anuncia la proximidad de una acusación en forma ni el descubrimiento de una interferencia con las investigaciones o de un plan de fuga en marcha. No explica porqué necesita que los intervenidos pasen 10 días bajo detención justamente ahora. Entonces la medida nos deja en una incertidumbre imposible de despejar. Y esta incertidumbre arriesga la legitimidad de la medida y de las autoridades que la han promovido. Las decisiones judiciales que no se explican por sí mismas no son decisiones apropiadas. Pero además las fiscalías anticorrupción ya se expusieron más de lo necesario en el caso Humala. No encuentro sentido a que se arriesguen igualmente ahora, menos si están preparando alguna evidencia concluyente que aparentemente aún no tienen lista. En todo caso, espero que la fiscalía tenga algo concluyente que mostrarnos. Si no, el respaldo moral de su caso contra Keiko Fujimori se verá fuertemente afectado en apenas algo más de una semana. Y es más que incómodo institucionalmente pretender que la Fiscalía merezca el beneficio de la duda cuando se pide que toleremos el costo sobre la libertad de personas (inocentes o culpables esa es otra discusión). La Fiscalía entonces ha asumido un reto enorme y está poniendo en esto demasiado en juego. Esperemos que no sea cierto que procedió́ únicamente para forzar a la Suprema a no declarar en retardo el caso más antiguo de los que tiene entre manos, el de los cocteles, que fue desestimado a su favor al día siguiente de la detención, el 11.
3. El caso Chávarry quedo entre tanto invisibilizado en medio de la coyuntura. El debate que encierra se refiere en efecto a asuntos de moral pública y no a crímenes que puedan reclamarse probados. Tiene entonces diferencias que es preciso reconocer si se le compara con los debates que acaban de terminar sobre el señor Hinostroza. El caso del Fiscal de la Nación tiene que ver con el rotundo fracaso del proceso de elección del Fiscal de la Nación, que ha demostrado no poder garantizar la solidez institucional de una de las magistraturas mas importantes del país. Tiene que ver además con la ausencia de procedimientos claros de rendición de cuentas, exigencia de responsabilidad política y destitución de quien en los hechos tiene que gestionar institucionalmente un recurso publico tan escaso como la persecución penal. Sin duda este es uno de los asuntos peor regulados por la Constitución de 1993 y merece cambios que comprometen reformas constitucionales. En medio del referéndum en proceso, tomar decisiones definitivas sobre un asunto que tiene esta envergadura puede ser un verdadero sin sentido. El caso Chávarry entonces, merece un clima más calmado para terminar de evaluarse. Un nuevo informe de las Fiscalías Supremas y Superiores sobre el estado de las políticas del sector y sobre el significado de los acuerdos recientemente difundidos que pedían la remoción del Fiscal de la Nación podría ayudar a aplazar este debate y trasladarlo a un momento en que pueda ser abordado condiciones más equilibradas que las que ahora tenemos. El caso Chávarry compromete una cuestión sobre el modo de reorganizar a la autoridad a la que se ha encargado la administración de un recurso tan escaso como la percusión del delito. Debe entonces ser debatido con calma. No en este momento.
4. En medio de esta sobrexposición de temas complejos el Congreso no tuvo ayer mejor idea que poner las cosas en mayor tensión aprobando una ley que se proclama dirigida a resolver la cuestión Fujimori, pero no la resuelve, sino que la expone todavía más a situaciones regresivas. Violando la Constitución, el Congreso pretende entregar al INPE sin la medicación de un Juez el procedimiento para establecer la forma de cumplimiento del saldo de condena de adultos mayores a 65 años (hace 40 años que la expectativa de vida promedio en el Perú equivale a 75 años, no 65). Debería bastar esto para que el Ejecutivo observe la ley y no la promulgue. Sin duda el INPE debería protestar por este intento de involucrarle en decisiones que no están dentro de sus competencias. Pero además la ley aprobada no tiene clausulas especiales para los casos que comprometen graves violaciones a los derechos humanos. Y no contiene ninguna condición que le conceda la palabra a las víctimas afectadas por los crímenes que provocaron la condena cuyo destino final se pretende modificar casi de plano. Entonces la ley no sólo debe ser observada por el Ejecutivo (cosa que por cierto encierra el riesgo de una torpe insistencia del Congreso) sino que además puede ser dejada sin efecto por el Tribunal Constitucional, que debería proceder con urgencia porque sin duda se pretende forzar su aplicación rápidamente. Y queda claro que una sentencia que reproduzca el sentido del fallo que hace solo unos días anuló el indulto de Alberto Fujimori (indulto precario, como ha quedado en evidencia) no le va a hacer bien a nadie, tampoco al supuesto beneficiado por la medida. Me atrevo entonces a sospechar que tienen razón quienes sostienen que esta ley no ha sido pensada para resolver los problemas de Alberto Fujimori, sino para aprovechar de manera perversa la oportunidad que el caso genera y filtrar una variante de la ley de amnistía de 1995, que en el 2010 intentó regresar al sistema legal como una reforma que autorizaba desestimar casos sobre derechos humanos por retardo en el juzgamiento.

Cuatro asuntos sobrepuestos. Los cuatro de diferente tesitura. Pero los cuatro reclamando decisiones institucionalmente maduradas en condiciones de un equilibrio reflexivo que sólo el debate, jamás el apresuramiento, nos podrían conceder. Lampadia

Nota. El autor ejerce la defensa de Milagros Maravi, incluida en el procedimiento únicamente en atención de ser pareja de Augusto Bedoya y aportante a la campaña del partido al que entre los años 2010 y 2011 respaldó como parte del equipo de plan de gobierno. Ejerce además la defensa de su hermano, incluido en el caso por razones semejantes. No tiene relación con ninguna otra persona relacionada con esta historia.

EDITORIAL DE LAMPADIA

El Congreso aprobó anoche el segundo proyecto de reforma constitucional, el referido a la financiación de los partidos.

El cambio más importante es el que dispone que “sólo se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos mediante financiamiento público indirecto”. Esto significa que los partidos y candidatos ya no podrán comprar spots radiales y de televisión, sino que estos tendrán que ser colocados en las franjas electorales que el Estado compre en las estaciones de radio y los canales de televisión.

Esta disposición tendrá varias consecuencias. La primera es que tenderá a haber mayor igualdad entre las agrupaciones políticas desde el punto de vista del acceso de sus mensajes de propaganda al gran público. Ello ya no dependerá de los ingresos que para tal efecto logre recaudar el partido. Esto sin duda beneficia a las organizaciones políticas menos proclives a recibir financiamiento de fuentes empresariales o ilegales.

Pues la segunda consecuencia es que los partidos necesitaran, efectivamente, mucho menos recursos para desarrollar sus campañas porque es sabido que el gasto mayor en el que incurren en una campaña electoral es precisamente en el de la propaganda televisiva y radial. Esto podría ser calificado como un avance desde el punto de vista democrático.

Y una consecuencia derivada de esta es que, por esa misma razón, tenderá a haber menos dependencia de fuentes ilegales.

Además, en este mismo sentido, se establece que “el financiamiento privado se realiza a través del sistema financiero con las excepciones, topes y restricciones correspondientes”. Se incorpora así en la Constitución algo que ya estaba en la ley: la bancarización de los aportes. Eso es importante. Y, felizmente, se retiró del texto final la prohibición a las empresas formales de hacer contribuciones en las campañas. Esta prohibición, sin embargo, se mantiene en la ley.

Otra consecuencia debería ser que, en la medida en que los candidatos al congreso ya no puedan comprar publicidad en esos medios, pues el voto preferencial pierde el principal instrumento que tenía para potenciarse. Por esa razón, pero sobre todo porque si el Estado va a invertir mucho más dinero en financiar las campañas de los partidos vía la compra de espacios publicitarios, no tiene sentido que al mismo tiempo propugne un tipo de voto que atenta contra la unidad y consistencia de los partidos al fomentar la competencia y la lucha fratricida entre los candidatos del mismo partido y la emisión de mensajes diferenciados. Por lo tanto, no debería prosperar la parte de la propuesta del proyecto del Ejecutivo que restablece la bicameralidad que, si bien elimina el voto preferencial para la elección de senadores, lo mantiene en los distritos binominales para elegir diputados.

Asimismo, igualmente, si el Estado va a aportar –vía compra de espacios en la televisión y la radio- una cantidad de recursos mucho mayor que en el pasado en beneficio de los partidos, resulta fundamental ir a una reforma que apunte a reducir drásticamente el número de partidos eliminando aquellos que no lo son en realidad. Para ello son buenos los distritos binominales pero también requisitos más fuertes para mantener la inscripción partidaria y para ingresar al Congreso.

Ahora bien, sería importante, si luego se va a aprobar la absurda reforma constitucional que prohíbe la reelección de los congresistas, que en una ley posterior se establezcan incentivos para que las empresas puedan donar recursos para crear think tanks en los partidos a fin de que los congresistas que no puedan ir a la reelección inmediata puedan reciclarse en ellos hasta la siguiente elección. Esto a fin de paliar el sabotaje a la formación de una clase política experimentada que implica la no reelección de congresistas. El mecanismo de impuestos por partidos para este fin podría ser una opción muy interesante. También debería crearse en el nuevo congreso bicameral –si se aprueba- o en el actual, una o dos oficinas de estudios parlamentarios en las cuales también se pueda contratar a congresistas que por razón de la no reelección se encuentran en periodo sabático. Lampadia