Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Mi amigo Humberto Campodónico, compañero de estudios de ingeniería en la UNI, ha tenido el triste privilegio de impulsar uno de los peores desperdicios de recursos fiscales de nuestra historia con la mal habida refinería de Talara, en la que estamos terminando de enterrar unos US$ 6,000 millones de todos los peruanos.

Campodónico y el diario La República llevaron de la nariz al presidente Humala para desarrollar una inversión absurda: 

• la humanidad está saliendo de las inversiones petroleras; 

• desestructurada, pues no tenemos petróleo para abastecerla; 

• y carísima, pues con una fracción de lo invertido, menos del 10%, la refinería de la Pampilla reconvirtió sus instalaciones para producir refinados sin niveles perjudiciales de azufre. 

Ahora, mi amigo Campodónico se suma al coro de los antimineros, clamando por aumentar los impuestos a la minería, que es el camino para desalentar las inversiones y malograr nuestro gran potencial de crecimiento, máxime en el caso de una actividad que ofrece muchos beneficios económicos y sociales para sacar al país de la pobreza. Ver en Lampadia: La Pachamama nos regaló la minería.

Campodónico dice en su artículo ‘Sobreganancias mineras: segunda oportunidad’ en La República hace un par de días: 

Supongamos que una empresa minera, con precios “normales” del cobre tiene una utilidad antes de impuestos (UAI) de US$ 1,000 millones y el impuesto a la renta es 30%. El Estado recauda US$ 300 millones y las utilidades son US$ 700 millones. Si el precio del cobre se duplica, el año siguiente la UAI será US$ 2,000 millones: el Estado recauda US$ 600 millones y las utilidades serán US$ 1,400 millones.

Este es el quid de la cuestión. La empresa tiene utilidades adicionales de US$ 700 millones de los recursos naturales de la nación, producto de la “ganancia inesperada” por el alza de precios, lo que el impuesto a la renta no capta. 

Campodónico desinforma groseramente, tal como se suele hacer en La república, pues la minería peruana no tiene cargas de 30%, sino de 47%. 

Veamos las cargas fiscales peruanas y comparémoslas con los países mineros que compiten con nosotros.  Para ilustrar a nuestros lectores sobre la verdadera situación tributaria de la minería, voy a usar a continuación, los textos y cuadros del Semanario Minería y Petróleo, del 3 de enero, 2022, en el que se reseña una entrevista a Raúl Jacob, presidente de la SNMPE:

Como se puede ver, Australia, Chile y Canadá tienen cargas tributarias menores que las del Perú: Australia con 44.3%, Chile con 40.7% y Canadá con 35.5%.

En el Perú no solo se paga impuesto a la renta, sino que las empresas mineras deben responder por la suma de ocho conceptos distintos:

1. Impuesto de tercera categoría, que es el impuesto a la renta empresarial, que hoy en día es del 29.5% 

2. La regalía minera que va en una tasa creciente, de modo tal que conforme se incrementan las ganancias el pago es mayor. Si aumenta la utilidad la tasa también se incrementa. 

3. El impuesto especial a la minería (IEM), que es también un impuesto con la misma estructura del anterior. 

4. El gravamen especial a la minería (GEM) que tiene la misma estructura, pero este gravamen solo lo pagan las compañías con contratos de estabilidad tributaria. 

5. Impuesto a los dividendos, equivalente al 5% de los dividendos. 

6. El Fondo de jubilación minera, que está relacionado con la utilidad operativa. 

7. Aporte por regulación a OEFA, Osinergmin y otros.

8. Participación de los trabajadores, que tiene un tope, después del cual revierte al Estado a través del Fondo Empleo.

Justamente, gracias al régimen tributario progresivo existente, el año 2021 nos ha dado una recaudación record. 

En el año 2020 el Perú recibió del sector minero 4,073 millones de soles en impuestos

• El 2021 se esperaba recibir 12,500 millones de soles

• En realidad, se va a recibir alrededor de 14,000 millones de soles, en impuestos pagados por el sector minero.

Este resultado se debe, principalmente, al efecto combinado de los mayores precios, que han mejorado los resultados de las compañías mineras y a las tasas de impuestos crecientes, a medida que van aumentando las utilidades de las compañías mineras. 

Si se mantienen, durante los próximos cinco años, los precios a los niveles en que se encuentran hoy día –con el cobre a más de 4.30 dólares la libra, el oro casi a 1,800 dólares la onza troy, la plata a 24 o 25 dólares la onza troy y el zinc a más de 1.50 dólares la libra– tendríamos un récord de recaudación según la estimación de la SNMPE. 

Estimando un precio de US$ 3.90 por libra para el cobre, que es un poco menor al de US$ 4.30 que ha prevalecido en estas últimas semanas y de US$ 1,600 para el oro, tendríamos en el quinquenio que va desde el 2022 al 2026, una recaudación de 87,700 millones de soles, la cual sería mucho mayor a la que tuvimos entre el 2017 y el 2021 de 32,979 millones de soles.

Este esquema se hizo para poder capturar ese valor adicional que tiene la industria minera cuando los precios suben. Lo que Campodónico llama windfall profit tax.

En los 10 años que siguieron desde el 2011 hasta el año pasado, el sector minero ha invertido 60 mil millones de dólares.

En esos años se desarrollaron numerosos proyectos, lo cual permitió duplicar el PBI minero entre el año 2000 y el año 2019, lo que llevó a que la economía peruana creciera anualmente entre un 6 y 8% e incluso más en varios años.

Esto es lo que ha permitido, justamente, el que la producción minera del país vaya adelante y los ingresos tributarios mejoren.

Del total de la recaudación tributaria minera, más o menos la mitad viene de proyectos que han sido desarrollados en los últimos 10 años.

Entonces, competitividad tributaria minera es principalmente tener proyectos que se van ejecutando gracias a que el régimen tributario no ahoga a los inversionistas, sino al contrario, lo estimula a invertir como ocurrió en este caso.

En los últimos 10 años se invirtieron 60 mil millones de dólares. Ahora, ¿qué tenemos por delante? 53,168 millones de dólares en proyectos. De éstos en los próximos cinco años, casi 20 mil se podrían hacer relativamente a buen ritmo. 

En resumen, queda claro que la minería peruana ya paga un windfall profit tax, que nos lleva a contribuir 47% sobre la renta, una tasa fiscal mayor a la de los países mineros que compiten con el Perú, Canadá, Chile y Australia.

También queda claro que la campaña del gobierno y las izquierdas anti inversión, para aumentar los impuestos a las empresas mineras, está basada en desinformación, distorsiones y graves errores de política, pues, en vez de promover el crecimiento del mayor motor de nuestra economía, se está pretendiendo apagarlo.

El desarrollo de nuestros proyectos mineros puede darnos todos los recursos fiscales necesarios para hacer un salto cualitativo en los servicios de salud, educación, en infraestructuras y tecnología. Todo lo que necesitamos para derrotar la pobreza.

La minería es el camino para efectivamente hacer realidad el ‘no más pobres en un país rico’. Destruirla es una traición anti prosperidad. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

El ejecutivo ha pedido al Congreso facultades extraordinarias para, entre otras cosas, aumentar los impuestos. 

La delegación de facultades implica que el Congreso ceda al Ejecutivo la capacidad de legislar por decreto, publicando sus propuestas sin conocimiento previo del Congreso y de los ciudadanos.

A diferencia de las normas que emite el Congreso, las originadas en las facultades extraordinarias se hacen en la oscuridad, y por lo tanto, solo se pueden encomendar a funcionarios que sean dignos de confianza y hayan demostrado capacidades técnicas y morales suficientes.

El pedido de facultades del ejecutivo debe ser rechazado completamente, pues el gobierno de Castillo no genera confianza ni reúne las capacidades técnicas y morales mínimas para asumir esa responsabilidad.

• El gobierno de Castillo se especializa en deslizarse en la oscuridad, desde la renuencia del presidente a aceptar entrevistas periodísticas, hasta las maniobras que hacen sus representantes, fuera de los cánones establecidos. 

• El gobierno está destruyendo directa e indirectamente la producción nacional, y por lo tanto, está disminuyendo la recaudación fiscal. No puede, por otro lado, pretender aumentar los impuestos.

• En sus 140 días de gobierno, el ejecutivo ha demostrado su incapacidad para recuperar la economía y el empleo después de la pandemia. 

• El ejecutivo está desalentando las inversiones y el crecimiento de la economía al punto de que ya se estima que el 2022 solo creceremos 1 o 2%, en vez de 6 o 7% que el país podría crecer lograr, si se gobernara para la prosperidad de los peruanos.

• El gobierno de Castillo ha demostrado que está rodeado de corrupción y por lo tanto no tiene capacidad moral para regular la economía de las familias peruanas

• El gobierno está permitiendo y hasta fomentando la destrucción del sector minero, el principal motor de nuestra economía y la mayor fuente de recaudación fiscal. No debe pedir facultades para aumentar impuestos.

• Incrementar los impuestos en medio de un mediocre proceso de recuperación de la economía, después del desastre económico causado por el pésimo manejo de la pandemia, es un despropósito.

No se deben aumentar los impuestos. Cuando se necesiten más recursos fiscales hay que ampliar la base tributaria, evitar gastos inadecuados, controlar la corrupción y hacer crecer la economía.

Por ejemplo, se podría devolver 5% de los 18% de IGV a todos los ciudadanos, por sus consumos desde los 18 años. De este modo se podría bajar la evasión, eliminar exoneraciones innecesarias, formalizar el empleo y facilitar pensiones adecuadas a todos los peruanos. Ver en Lampadia: Pensión para Todos.

Se debe evitar el desperdicio de recursos fiscales. No se usa el 40% de los recursos destinados a inversiones en las regiones, se hacen proyectos absurdos y la corrupción, que hoy caracteriza a los gobiernos regionales y locales, explica una pérdida importante de los recursos de todos los peruanos.

La mayor fuente de recursos fiscales es el crecimiento de la economía. Si crecemos 7% durante 10 años, podemos duplicar los recursos del Estado, como hicimos a principios de siglo. 

Haciendo crecer la economía, podemos llenar las arcas del Estado y además, generar empleo, infraestructuras y bienestar.

Lamentablemente, el gobierno hace todo lo contrario. Está en un juego puramente político para la captura absoluta del poder, y la implantación de un régimen extra-peruano de inspiración continental propiciado desde Cuba, Venezuela, el Foro de Sao Paulo y del Foro de Puebla.

Un gobierno de esas características no puede recibir facultades para legislar en la oscuridad y a puerta cerrada.

Los peruanos queremos que nos dejen trabajar y prosperar. No queremos más impuestos. Queremos un Estado eficiente que se aboque a mejorar la educación, la salud y las infraestructuras.

¡No a la delegación de facultades! Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Líneas abajo publicamos partes del ‘Balance de Gestión’ del ministro de Economía, Waldo Mendoza. Nos parece importante compartir con nuestros lectores varios de sus gráficos, que consideramos adecuados.

Sin embargo, como se puede apreciar más abajo, no coincidimos con la información que presenta el ministro sobre la presión tributaria. Uno de los caballitos de batalla de los enemigos de nuestra economía de mercado es la narrativa de que el Perú no tiene suficientes recursos fiscales. 

No nos olvidemos que los recursos que necesitamos para afrontar los retos del desarrollo están esperando, fundamentalmente, en el crecimiento de la economía.

Veamos algunos de sus cuadros:

A pesar de haber desperdiciado muchas oportunidades de crecimiento, la performance económica del Perú desde el año 2000, ha sido la mejor de la región.

Igual es en el caso de la inflación. Después del desastre de la hiperinflación que se inició en la dictadura militar de izquierda en los años 70, y que terminó a principios de los años 90 con la nueva Constitución, que estableció la autonomía del Banco Central, los peruanos aprendimos a mantener la estabilidad macroeconómica.

El regreso de la inversión extranjera, el crecimiento de la economía y la generación de recursos fiscales, permitieron que bajáramos la deuda externa de 89% del PBI a menos de 20%. Sin embargo, desde el gobierno de Humala empezó a subir nuevamente, disparándose a 35% con la pandemia.

Pero el avance en los temas macroeconómicos no fue acompañado de desarrollos en salud, infraestructuras, instituciones y otras. Hubo recursos, pero también mala gestión,  corrupción y falta de visión. Veamos el ranking del World Economic Forum.

Ya durante la pandemia, en la que el gobierno de Vizcarra generó una innecesaria crisis múltiple: sanitaria, económica, social y política; gracias a la visión y responsabilidad de Julio Velarde, como presidente del BCR, se pudo desarrollar un audaz programa crediticio que evitó el corte de la cadena de pagos. El programa más importante fue el llamado Reactiva Perú, que en contra de las mentiras de los grupos de izquierda, llegó a más de 500 mil empresas, la mayoría de ellas Mypes.

Viendo hacia el futuro, el MEF estima una recuperación importante de la economía. Sin embargo, con el acceso de Perú Libre y sus socios al gobierno, es muy probable, dadas sus propuestas, que estos indicadores no se puedan dar.

Otro tema importante, donde se está creando una narrativa descalificadora de la economía peruana, es el de la presión tributaria. En la siguiente gráfica, el propio ministro afirma que la presión tributaria habría bajado hasta 13% del PBI.

Sin embargo, el mismo ministro muestra que los ingresos del gobierno general, un indicador más realista, son de 19.9%.

Pero en el documento: PERÚ 2021 ARTICLE CONSULTATION – PRESS RELEASE; STAFF REPORT; AND STATEMENT BY EXECUTIVE DIRECTOR FOR PERÚ, del FMI, se dice que el NFPS Revenue (Non Financial Public Sector Revenue), o Ingresos no Financieros del sector público, fueron de 24.8% del PBI el 2019, y 22.1% el 2020.

Personalmente he podido comprobar que la información sobre los ingresos del Estado se está distorsionando, aparentemente para justificar eventuales incrementos de impuestos. Algo que, en las actuales circunstancias, sería una barbaridad.

Pero esa no es la única distorsión que se está creando. Los recursos fiscales los generan las empresas privadas formales, y estas sufren de sobrecargas tributarias que son las mayores de todos los países de la Alianza del Pacífico, como podemos ver en el siguiente cuadro.

Algo que el ministro destaca adecuadamente, es la identificación de los motores de la economía, la minería y las agroexportaciones, los dos sectores atacados por el populismo de izquierda.

También destaca los motores que debemos consolidar, como la acuicultura, el sector forestal y el turismo.

Ver el Power Point del MEF en el siguiente enlace:

https://www.lampadia.com/assets/uploads_documentos/238d5-mef-balance-de-gestio-n-12.07.pdf

Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

En febrero 2019 escribí el artículo “Yo no fui fue Teté”. En esa oportunidad me estaba refiriendo, entre otras cosas, a las obras que una multitud de autoridades municipales y “regionales” (en realidad departamentales), ejecutaban a partir de una ignorancia supina respecto a las zonas de riesgo y criterios de ingeniería o simplemente por una actitud delictiva.

En esa oportunidad proponía, al igual que ahora, sancionar penalmente a esas autoridades sub-nacionales y nacionales, por invertir (en realidad botar nuestros impuestos) nuestros recursos fiscales en zonas críticas de riesgo, quebradas o zonas que ofrezcan riesgos de la naturaleza que, al activarse, puedan destruir vidas y obra física ejecutada por el Estado. Igual sanción debiera recaer sobre las autoridades que otorguen permiso municipal de construcción a particulares en tales quebradas, o bien en áreas de riesgo eléctrico (debajo de líneas de alta tensión donde la ley lo prohíbe explícitamente, pero que tales alcaldes “prefieren ignorar”).

Pero lo que no estaba en mi libro es que el “Presidente ingeniero”, siendo gobernador regional de Moquegua, iba a ejecutar la construcción del Hospital Regional de Moquegua en una quebrada, que al activarse destruiría su “obra emblemática”. Es importante resaltar que el Colegio de Ingenieros de Moquegua le hizo la advertencia oportunamente, pero tanto él como su Gerente Regional (recientemente ministro de diversas carteras), ignoraron dicha advertencia y “tiraron para adelante” ejecutando el proyecto. Supongo que no puedo responsabilizar a los personajes mencionados por los cinco años que tardaron en construir el hospital (ya sabemos que un hospital capaz de atender a diez veces el número de pacientes que el de Moquegua fue construido en China, por solo 30% más de presupuesto y en diez días de plazo). El hospital fue inaugurado por el Presidente-ingeniero el 22 de noviembre de 2019, por supuesto sin equipamiento completo, con filtraciones demostradas (por las lluvias del año anterior) y sin personal asignado para su operación, pero eso sí “con bombos y platillos”. Lamentablemente, lo que estaba anunciado ocurrió en febrero 2020, se activó la quebrada Centenario produciendo estragos en los accesos del hospital y ciertas instalaciones…

No quiero ser demasiado suspicaz, pero cuando uno junta lo mencionado en párrafos anteriores, con el hecho que “soltaron” centenas de cheques en el último día de gestión en el gobierno regional, para el pago del adelanto de un alto porcentaje del presupuesto de la obra, el mismo que aún no contaba con el expediente técnico correspondiente aprobado, me suena a corrupción pura y dura.

Como “lloviendo sobre mojado”, debo reiterar que el Presidente-ingeniero pretende acelerar la regionalización, transfiriendo más recursos para que sean ejecutados por los alcaldes y gobernadores, con la mayor celeridad posible. Hemos repetido hasta el hartazgo que los proyectos de infraestructura deben tener un claro propósito, un diseño e ingeniería de calidad que resuelva el problema de manera permanente, con una vida útil de al menos 50 años y para su ejecución debemos contratar con una compañía responsable, cuya ejecutoria sea demostrada, así como una empresa supervisora también de calidad. Tanto las empresas de ingeniería, construcción y supervisión, deben ser empresas con calidad profesional y técnica, que tengan un prestigio que cuidar y que garanticen la duración de las obras que ejecuten.

La prueba ácida de lo dicho anteriormente, debería quedar certificada con una póliza de seguros internacional que nos garantice que cualquier acto de la naturaleza o acto de Dios, que fortuitamente exceda los límites razonables y previsibles por la mejor ingeniería, serán resarcidos para salvaguardar el interés nacional.

Pero no, aquí hacemos hospitales como el mencionado, puentes y carreteras diseñados, construidos y supervisados por sabe Dios quien. Contratados por alcaldes, gobernadores regionales e incluso funcionarios del gobierno central, como el de Ilabaya en Tacna, inaugurado en diciembre de 2019 por el Presidente-ingeniero quien “hinchaba pecho” por el pronto cumplimiento de su compromiso, pero que colapsó en febrero 2020. Otro ejemplo es el puente ejecutado en Huaylillas, Pataz, construido durante este gobierno y colapsado en diciembre 2019, solo por mencionar unos pocos.

Estimado lector, un capítulo aparte merecería la ya famosa “Reconstrucción con Cambios” del norte, pero no tocaré el tema porque después de tres años de ocurrido el fenómeno del niño (marzo 2017) y la miserable ejecución a estas alturas del partido (marzo 2020), se ha regado ríos de tinta sobre el asunto y no les entran balas, pues resulta que ahora están descubriendo que los PMO (Project Management Office), debieran hacerse cargo de esta reconstrucción, cosa que se le sugirió a la PCM en marzo 2017. Mejor no insistir… Lampadia

Como hemos indicado anteriormente, consideramos muy importante que se consolide el gobierno de Martín Vizcarra, que sigue siendo atacado desde las desleales izquierdas, las canteras del partido de PPK y por las insidiosas presentaciones de periodistas de Canal N, RPP y Canal 9, que echan carbón para reactivar las diferencias del gobierno con Fuerza Popular, haciendo caso omiso al llamado presidencial de ‘abandonar la política de odio y confrontación’.

Nuestro apoyo a la consolidación del gobierno, no nos inhibe de hacer críticas a políticas y medidas expresas, que en nuestra opinión desfavorecen el éxito de la gestión de Vizcarra, más allá del muy corto plazo.

Cuando el Ministro de Economía, David Tuesta, nos dijo que teníamos que crecer más, destacamos su declaración.

Pero cuando, antes de abrir el camino al crecimiento, o, aunque sea, prender una luz al final del túnel, habló de aumentar impuestos, lo criticamos.

Efectivamente, después de que el gobierno ha disminuido las posibilidades de activar los proyectos mineros en el corto plazo, algo indispensable para relanzar el crecimiento de la economía, el MEF se refugia en el aumento de los impuestos.

Como sabemos, el gobierno ha hecho un planteamiento muy tímido sobre la posibilidad de viabilizar la inversión minera, abriendo el espacio para que cualquier grupo de interés minoritario, anti-inversión y anti-minero, organice alguna turbamulta y frustre las inversiones. Los cuidados del gobierno sobre los temas sociales y ambientales, no estuvieron acompañados de explicaciones sobre la necesidad de promover esas inversiones, ni marcaron la línea entre preocupaciones sinceras y atendibles, y disculpas para que los enemigos de la superación de la pobreza, sigan paralizando la economía.

Nuevamente Chile se apresta ha sacarnos una mayor ventaja en la producción de cobre. El país es un hervidero  de iniciativas y proyectos.Toda la industria del cobre se vuelca a nuestro vecino, donde hasta se diseñan esquemas laborales para enganchar a los mineros peruanos, profesionales y trabajadores, en ciclos de producción y descanso, que eviten un desarraigo completo.

Mientras tanto en el Perú, donde perdimos el tren de las inversiones mineras en los albores del gobierno de Humala-Heredia, y hasta ahora no podemos ni acercarnos a la estación, estamos a la espera de que no se le ocurra a nadie iniciar una protesta contra alguno de nuestros proyectos, pues el gobierno no se anima a liderar a la población explicando las ventajas y beneficios de las inversiones mineras, máxime ahora que entramos en un ciclo de vacas fiscales flacas.

Ver en Lampadia: Chile consolida su ventaja sobre el Perú – La carrera del cobre, la madera y las startups

Ayer el MEF aumentó el impuesto selectivo al consumo de bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas, cigarrillos, combustibles y vehículos nuevos. Al estilo de la política tradicional, nos quieren vender el paquetito como una medida para desincentivar el consumo de bienes que producen externalidades negativas. La verdad es que el aumento responde a la necesidad de tener más recursos fiscales, nada más.

Los aumentos anunciados, en un momento de debilidad de la demanda por empleo, de menores ingresos de la población, son un golpe a los más necesitados, los pobres y la clase media.

El Perú tiene como crecer alto y sostenido. Para ello tenemos que recuperar la inversión privada, que está a la espera de mejores señales del gobierno. Si no tuviéramos opciones de hacerlo mejor, no quedaría otra que ajustar los cinturones de todos. Pero teniendo mil oportunidades de inversión, con generación de empleo y posibilidades de multiplicar los recursos fiscales, subir impuestos sin, siquiera iluminar el camino del crecimiento, linda en un facilismo cortoplacista empobrecedor.

¡Está bien que tueste, ministro, pero que no queme! Lampadia

Como ya hemos destacado en anteriores ocasiones, el desarrollo maderero y la reforestación (diferente al cuidado de los bosques), son en nuestra opinión una gran oportunidad de desarrollo productivo y ambiental. Por ejemplo, solo en la sierra peruana tenemos 7 millones de hectáreas con capacidad de reforestación. Con sembríos industriales de árboles podemos compensar no solo nuestras propias emisiones actuales y futuras, sino también, seguramente, las de buena parte del resto del planeta. Los bosques jóvenes, a diferencia de los maduros, tienen un alto metabolismo, es decir una alta capacidad de absorber y de fijar el carbono de la atmósfera por muchos años. Ver en Lampadia: Madera: Fabulosa reserva productiva.

El Perú ha desaprovechado la riqueza de sus bosques. Basta ver el mapa del Perú con cierto detenimiento para descubrir que el 50% de nuestro territorio está cubierto de bosques naturales (68 millones de hectáreas). Somos el segundo país Latinoamericano con esta riqueza y décimo primero a nivel mundial. A pesar de ello, hemos despreciado este inmenso potencial como se ve expresado en que nuestras exportaciones no llegan ni al uno por ciento de la demanda global por recursos forestales. Como hemos señalado en Lampadia, este es un desperdicio sin nombre, que las regulaciones actuales no llegan a corregir y se ve agravado por la tala ilegal que sufre la selva amazónica al punto de poner en riesgo de extinción especies como la caoba.

Esta es la razón por la que queremos destacar el gran trabajo de la empresa nacional Reforesta Perú, la cual obtuvo el reconocimiento especial del año “Mérito a la Innovación: Innóvate 2017” en diciembre del año pasado, otorgado por el Ministerio de la Producción (PRODUCE), a través de Innóvate Perú, por promover la recuperación y puesta en valor de las tierras degradadas de la amazonia peruana, a través de una tecnología de mejoramiento genético de las plantaciones forestales clonales.

“Si nosotros reforestamos 3 millones de hectáreas de los 10 millones de hectáreas que ya están deforestadas en la Amazonía, seremos una potencia mundial en forestales. De manera que estamos muy vinculados a las políticas públicas del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de la Producción porque la cadena productiva empieza en la ciencia, a biotecnología y la genética, y termina en muebles, partes y piezas para exportar al mundo”, declaró Enrique Toledo, gerente general de Reforesta Perú.

Reforesta Perú recibió el cofinanciamiento de Innóvate Perú para desarrollar protocolos para la producción de plantones clonales de siete especies maderables nativas amazónicas, como la caoba, cedro, tornillo, capirona, marupa, estoraque, quinilla, en base a semilla vegetativa de árboles plus en la Región San Martín.

La innovación desarrollada por esta empresa tiene un alto impacto en el medio ambiente, genera mayores puestos de trabajo e impulsa el desarrollo sostenible de las comunidades aledañas. Para saber mas sobre este gran proyecto, compartimos un video muy informativo:

Promovamos el sector forestal

Ya se ha demostrado que la rentabilidad de la producción maderera que proviene de plantaciones forestales es muy superior a la producción en bosques naturales. “Tanto es así que en una hectárea de bosques naturales la producción maderera genera una rentabilidad de entre 20 a 100 dólares, mientras que en una hectárea de plantaciones forestales se obtiene una rentabilidad de entre 1,500 a 1,800 dólares”, según publicó Gestion.

Nuestro país vecino, Chile, tiene instalado casi tres millones de hectáreas de plantaciones forestales y genera exportaciones en este rubro por más de US$ 8,000 millones mientras que el Perú no supera las 100 mil hectáreas a nivel nacional y sus exportaciones forestales anuales están por debajo de los US$ 400 millones.

Como hemos señalado en Lampadia, “el potencial de desarrollo del sector forestal en el Perú debería ser del orden de cinco veces el de Chile, y constituye un buen ejemplo de una magnífica oportunidad que se está desperdiciando para generar una producción forestal” de más de 40,000 millones anuales, dando empleo de calidad a toda la población de la selva y a buena parte de la de la sierra.

Como afirma Gestion ¨Una de las tareas del presidente Vizcarra en materia agraria debería ser la de instalar un millón de hectáreas de plantaciones forestales al año 2021. Si se logra alcanzar esta meta, se estima un aumento de hasta US$ 1,800 millones en las exportaciones madereras permitiendo adicionar anualmente hasta 1.7 puntos porcentuales al crecimiento del PBI agrario y generar más de 500 mil nuevos puestos de trabajo.”

Como señaló en Lampadia, antes de su sensible fallecimiento, Antonio Brack Egg, uno de los mayores problemas que impiden el desarrollo de la industria forestal es que “el estado no garantiza los derechos de los inversionistas y eso empezó antes del 2006, cuando un grupo de personas, cerca de Atalaya, invadió un campamento forestal con una inversión española calculada en 36 millones de dólares, quemó el campamento, se robó todo lo que podía llevarse, y gente política del gobierno de aquel entonces los apoyó. Eso paralizó enormemente. Tenemos que ser conscientes: El sector forestal en el Perú puede ser un sector económicamente poderoso, fuerte, pujante, pero tenemos que dar el marco y el control para que eso se verifique, y dar confianza al inversionista”.

Por lo tanto, si queremos desarrollar este sector, es necesario que el gobierno promueva inversiones privadas rentables de largo plazo, además de reducir regulaciones engorrosas y disuasivas de su desarrollo.  

Es hora de que empecemos a desarrollar esta industria y que apuntemos a ser una potencia maderera. Como es el caso de la explotación de otros recursos naturales, este desarrollo permitiría múltiples encadenamientos con otros sectores, una gran demanda de empleo de calidad, mayores exportaciones y recursos fiscales. Lampadia

Todos hablan ahora de cómo podemos beneficiarnos por el aumento de los precios de los metales como el Cobre y el Zinc. Con ello se generan mayores ingresos por exportaciones, mayores recursos fiscales y disminuye el déficit fiscal.

Pero si no desarrollamos nuestros proyectos, y solo nos contentamos con los mejores precios de la producción actual, estamos perdiendo una gran oportunidad de generar riqueza. Este es el momento de iniciar inversiones. Pero para lograrlo, se requiere que el gobierno y el gremio minero, le expliquen a la población los grandes beneficios que podemos obtener y comprometer el apoyo de la población para contrarrestar las asonadas anti-mineras de quienes promueven las ideologías de la pobreza y viven del conflicto.

Como sabemos, los buenos precios no son eternos. No aprovechar estos momentos e impulsar las inversiones mineras es un acto de irresponsabilidad supina.

Veamos en qué estamos:

La mirada desde Chile

Las ilusiones oficialistas

Las inversiones mineras en el Perú se expandirían 20% este año y superarían los US$ 5,000 millones, afirmó el MEM recientemente, resaltando que este crecimiento se debe mayormente a los cambios normativos como la simplificación administrativa y la creación de condiciones sociales en los entornos mineros para que los proyectos puedan desarrollarse y seguir las operaciones.

Además, el Perú recientemente presentó una cartera de inversiones en minería proyectada para los próximos 10 años, tanto en exploración, explotación y ampliaciones, que supera los US$ 58,000 millones en la Feria Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) 2018. También promocionó los proyectos Colca y Jalaoca, cuya convocatoria a concurso se abrió el viernes pasado. Nótese que en la relación presentada no figura Tía María.

La cartera estimada de los proyectos mineros es descentralizada y se ubica en regiones como Cusco, Cajamarca, Moquegua, Tacna, Ica, Lima, Arequipa, Junín, Piura, Áncash, Huancavelica y Lambayeque.

Aterrizando

Según el Mercurio de Chile, el Banco Central de Reserva del Perú, en uno de sus últimos informes, calculó que la inversión minera llegaría a US$ 6.529 millones durante los años 2018 y 2019. Por su lado, según estimaciones que han realizado el Consejo Minero y la Sonami, la industria minera chilena invertirá US$ 7 mil millones en el 2018. El doble de inversión que el Perú.

Además, según el último estudio de 2017 del Instituto Fraser, el Perú fue desplazado del primer puesto de América Latina por Chile como “jurisdicción favorita para invertir en minería”. El estudio se basa en una encuesta que evalúa cómo las dotaciones mineras y los factores de política pública (impuestos e incertidumbre regulatoria) afectan la inversión en exploración minera.

Entre las razones del salto chileno, el Instituto Fraser destaca “una disminución en la preocupación por el sistema legal de Chile (-16 puntos), régimen impositivo (-14 puntos) y base de datos geológicos (-13 puntos).

A pesar de las bondades objetivas del proyecto minero que está más cerca de efectivizar inversiones, Tía María, y de una importante campaña de Southern Copper para generar el apoyo de la población del valle de Cocachacra, en Arequipa, que aclara todas las dudas y mitos sembrados alrededor del proyecto, los representantes del gobierno, tanto en su momento, Cayetana Aljovín como ministra de Energía y Minas, como la actual ministra, Ángela Grossheim, siguen omitiendo toda referencia al proyecto, dando la impresión de que estuviera vetado (por pura y llana cobardía).

¿Qué debemos hacer?

Recordemos que, al contrario de los mitos anti-mineros, el Perú ha mejorado a pasos agigantados gracias al crecimiento de este sector. La inversión privada, liderada por la minería, ha permitido un crecimiento sostenido del PBI, durante más de quince años, permitiéndonos reducir la pobreza, la desigualdad, la desnutrición y la mortalidad infantil.

Lamentablemente, en el 2011, como hemos destacado anteriormente, el 2011 se dio el punto de inflexión, coincidiendo con el inicio del ‘gobierno de la inclusión’, tanto en aspectos sociales como económicos. Ver en Lampadia: En el 2011 se dio el Punto de Inflexión de nuestro Desarrollo.

Para poder retomar recuperar el crecimiento económico, el principal camino para la reducción de la pobreza, la generación de empleo y mejoras sociales, es necesario poner en valor nuestros proyectos y situarnos como uno de los principales exportadores mineros del mundo. Nos guste o no, la inversión minera es el mejor y más rápido camino para que podamos cerrar nuestras brechas económicas y sociales.

Contamos con un sector que aporta un gran valor agregado a la economía (superior a 65%), generando miles de millones de dólares de exportaciones. Ver en Lampadia Conflictividad y debilidad política impiden desarrollo minero

Pongamos en valor los recursos mineros que tenemos el privilegio de tener y actuemos en pro del desarrollo integral, duradero y sostenible, sin que los mitos y las mentiras nos aparten del camino de la reducción de la pobreza. 

Para que estas palabras no sean una simple ficción, solo falta un liderazgo asertivo, valiente y consecuente con el reto de superar la pobreza, como primera prioridad de gobierno. Lampadia

Los antiguos egipcios utilizaban cobre para esterilizar heridas y agua potable. Miles de años más tarde, parece que algunos hospitales recogerán esta idea para aumentar su capacidad de erradicar bacterias y otros microbios, lo que puede ayudar a reducir las infecciones mortales en los centros de salud.

El año pasado, en el American Journal of Infection Control, se demostró que el cobre es un elemento antimicrobiano. En otras palabras, inactiva bacterias, hongos y virus. Está demostrado científicamente que bacterias de las más resistentes, no han sobrevivido a su contacto con el cobre. Esto ha presentado una oportunidad única para el súper elemento, el cual podría ser una gran alternativa para ser utilizada en los quirófanos y las habitaciones de los pacientes en hospitales y clínicas. 

El estudio, a través de la International Copper Association (ICA, por sus siglas en inglés) descubrió que el uso del cobre en superficies y objetos en salas de cuidados intensivos reduce la carga bacteriana en, aproximadamente, 83%. Posteriormente se demostró que “dicha reducción en la carga bacteriana permitía además una baja de, al menos, un 40% en las infecciones intrahospitalarias”.

Debido a sus propiedades únicas, el cobre no permite que ocurran mutaciones, evitando que el microbio desarrolle algún tipo de resistencia. La preocupación mundial sobre la resistencia antimicrobiana está creciendo, así como el riesgo de muerte que presentan algunas infecciones comunes, incluso en operaciones menores.  Por lo tanto, la importancia del uso de cobre en hospitales es aún mayor, especialmente en superficies en habitaciones y unidades de cuidados intensivos, incluyendo postes de cama, brazos de silla, botones de llamadas, mesas sobre la cama, grifería y manijas de las puertas.

Varios lugares ya están empezando a utilizar el cobre como medida sanitaria y de salud. El nuevo Instituto Francis Crick en Londres, un centro de investigación bioquímica líder en el mundo, está equipado de cobre. En EEUU, al menos 15 hospitales en todo el país han instalado componentes de cobre en superficies de “alto contacto” fácilmente contaminadas con microbios, como manijas de grifos en lavamanos, manijas de gabinetes, palancas de inodoro y botones de llamada. El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta instaló fuentes de agua potable con superficies de cobre antimicrobiano. En Colorado Springs, el centro de entrenamiento insignia del Comité Olímpico de EEUU, usa mancuernas personalizadas con asas de cobre antimicrobiano.

Sin ir muy lejos, nuestro país vecino, Chile, ya empezó a instalar cobre en sus centros de salud. El Hospital Clínico de la Universidad de Chile está implementando cobre en algunas superficies como dispensadores de jabones, los postes de suero y los carritos de transporte de alimentos.  Además, la Clínica Las Lilas fue el primer centro privado de salud en ‘cobrizar’ sus instalaciones, con una inversión de 2’643,704 millones de pesos (unos US$ 4,000 millones). Y su aeropuerto internacional, Santiago-Pudahuel, tiene 73 casetas del área de control migratorio cubiertas de cobre antibacterial, para evitar el contagio de bacterias y virus. 

Todas estas medidas en Chile son lideradas por la iniciativa “Cobre: Una puerta limpia para Chile” en conjunto con el Centro Chileno de Promoción del Cobre, “Procobre”.  Esto debería llamarnos a reflexión, pues nuestro vecino pocas veces pierde buenas oportunidades y toda la sociedad tiene muy claro la importancia del cobre. El gobierno lo promociona hasta en las garitas de migraciones e inclusive Salvador Allende lo tenía claro cuando afirmó: “El cobre es el sueldo de Chile”. El Perú debería seguir su ejemplo.

Según Cómex-Perú, en el período enero-noviembre del 2016 se extrajeron en el país 2.15 millones de toneladas métricas finas de cobre, lo que reflejó un crecimiento del 42% respecto al mismo período del año anterior. Este nivel de producción situó al Perú como el segundo productor mundial de cobre, por delante de China. Y es que el cobre peruano es uno de los más competitivos del mundo, como afirmó el Presidente PPK en el último CADE: “el cash-cost del cobre en el Perú es de US$ 1.25/lb”. 

Como se puede observar en el gráfico inferior, durante la última década, pocos países lograron mantener el crecimiento de la producción de cobre, y el Perú creció, en promedio, un magnífico 8.1% por año.

Pero lamentablemente, estamos haciendo todo lo necesario para perder el desarrollo futuro del cobre y de toda la minería. A estas alturas del gobierno, tenemos unas seis minas gravemente afectadas por los llamados conflictos sociales, que más bien son, en gran medida, conflictos políticos. 

Para lograr desarrollar una estrategia efectiva para enfrentar la conflictividad (político) social, debemos empezar por explicar a todos los ciudadanos la situación que nos afecta, nuestras potencialidades y capacidades para salir adelante con un crecimiento inclusivo que genere empleo de calidad y reduzca la pobreza y la desigualdad. Uno de los pasos para lograrlo debería ser la creación de un Instituto del Cobre en el Perú, que tenga el objetivo de promover el uso del cobre, impulsar la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías y comunicarle a la población sobre sus beneficios y el impacto positivo en lo social y económico.

Este es el momento de difundir la verdad sobre la minería y el cobre para luego destrabar los nuestros proyectos y brindar soporte en gestión social. Esto permitirá que los inversionistas se sientan atraídos para desarrollar nuestro potencial y eficiencia para producir este bello metal. Tenemos que facilitar la inversión y reactivar la minería, como un acto de consecuencia elemental con el frenazo de nuestra economía y la impostergable obligación moral de reducir la pobreza, teniendo como hacerlo.

En los últimos años hemos logrado incrementar nuestra producción de cobre de forma importante, pero nuestro potencial es aún mucho mayor. Como vemos en el siguiente gráfico, Chile aún duplica nuestra producción con más de cinco millones de toneladas anuales, meta a la que nosotros debemos apuntar.

El Perú debe aprovechar sus recursos naturales para apostar por el desarrollo de proyectos en exploración y avanzar en los proyectos paralizados, elevar su contribución al PBI, seguir ayudando al crecimiento de nuestro sector industrial y llevando recursos fiscales al Estado para afrontar nuestros déficits en educación, salud, infraestructuras y tecnología. Lampadia

El Presidente del Consejo de Ministros del Perú anunció la aprobación del ‘Paquete Simplificador Administrativo’, cuyo objetivo es eliminar los trámites inútiles que deben realizar los ciudadanos ante la administración pública. Entre los beneficios, se destaca la medida que obliga a entidades a interconectarse y compartir bases de datos para que no pidan más documentos a los ciudadanos.

Fuente:  www.hnworth.com

Fernando Zavala, jefe del Gabinete de Ministros, dio a conocer los trámites eliminados en conferencia de prensa. “Son acciones concretas dentro de las facultades dadas por el Congreso al Ejecutivo para beneficio de los ciudadanos y de las pequeñas empresas”, manifestó. Según explicó, las entidades públicas podrán pedir documentos o información del usuario solo una vez, estas deberán estar interconectadas, y no podrán exigir documentos inútiles, entre otras.

Además afirmó que “¿Por qué hacemos esto? Primero, hay un montón de trámites inútiles en el Estado que afectan al ciudadano y a la micro y pequeña empresa”. En Lampadia felicitamos al Gobierno y celebramos esta gran primera medida de destrabe de tramitología. Hace algunos meses comentamos y presentamos el artículo de José María Ruiz Soroa, abogado español, publicado en El País de España: ¡Dejen de legislar! Ruiz reflexiona sobre la naturaleza del parlamento y los comportamientos disfuncionales de los congresistas en España. Explica que el principal propósito de los parlamentarios es ‘parlamentar’. Su análisis parece escrito para el Perú. Dice que “la vorágine normativa ha devaluado el Estado de derecho”. Ver la nota completa en Lampadia: Selva legislativa asfixia e incapacita al Perú.

Fuente: PCM

La hipótesis de Ruiz Soroa es la siguiente: “La ambición de los políticos, de todos, es hacer y hacer nuevas leyes. Una legislatura se considera un éxito cuando ha añadido a la colección legislativa unos cuantos textos, un fracaso cuando no ha conseguido sacar adelante ningún proyecto. Si una ley no funciona se hace otra más, que tampoco funcionará”.  Eso es lo que ha sucediendo en el Perú. En Lampadia denominas a ese exceso normativo como una ‘urdimbre regulatoria’ (urdimbre = maniobra, intriga, maquinación, enredo, etc.), ver: El Perú sucumbe a la ‘urdimbre regulatoria’.

Es por eso que hemos propuesto innumerables veces la necesidad de desenredar las trabas burocráticas y liberar a los ciudadanos y empresas para que sus emprendimientos e inversiones nos traigan un mayor crecimiento económico, reducción de la pobreza y recursos fiscales.

Un ejemplo escandaloso de la tramitología, que no nos cansamos de repetir, es lo ocurrido con el sector minero, veamos:

Entendemos que Fuerza Popular también tenía un plan para liberar al país de su esclavitud legislativa mediante una ley llamada ‘ley del ocaso’. La idea era darle a los ministros, directores de pliegos, jefes de las agencias del Estado, gobernadores, alcaldes, etc., un plazo fijo para sustentar con qué normas debían desarrollar sus actividades. Todas las normas que no se consideraran necesarias en dicho proceso quedarían automáticamente derogadas. (Ver en Lampadia: Desregulemos antes de pensar en nuevas leyes).

Esperamos que este ‘Paquete Simplificador’ sea el inicio de un profundo proceso de desregulación, para liberar a los ciudadanos y empresas de la maraña legislativa que impide el normal desarrollo del país.

Entre las medidas que serán aplicables a todas las entidades de la Administración Pública, están:

Denuncia policial gratuita

Dese ahora, el Estado está obligado a darle al ciudadano la primera copia certificada de su denuncia policial de manera gratuita e inmediata, ya no se pagará por la copia del DNI para hacer las denuncias.

Entidades conectadas: Pedir datos una sola vez en la vida

Para hacer cualquier trámite, se solicitan documentos como por ejemplo el DNI, los certificados de antecedentes policiales o judiciales y otros, que le pueden costar al ciudadano hasta más de 100 soles y muchas horas en colas. Ahora, las entidades de la Administración Pública van a estar interconectadas y compartirán bases de datos actualizadas de los ciudadanos.

Prohibición de pedir documentos inútiles

Ya no se solicitarán documentos que no son relevantes, como la copia del DNI, partida de Nacimiento o la copia de la ficha RUC.

Certificado de supervivencia para adultos mayores

Los adultos mayores ya no tendrán que hacer ningún trámite para demostrar que están vivos y poder continuar recibiendo sus pensiones. El Estado se encargará de hacer las verificaciones y sus cruces de información con el RENIEC.

Certificado de discapacidad

Ahora, los ciudadanos podrán obtener el certificado de discapacidad en cualquier centro de salud, público o privado, siempre que haya un médico.

DNI válido

Desde ahora, a pesar de no haber renovado el DNI, se podrá realizar actos administrativos necesarios.

Formalización. Promovemos la formalización a bajo costo

Actualmente, las micro y pequeñas empresas formales tienen que inscribir los contratos que hacen con sus trabajadores en el Ministerio de Trabajo, al igual que sus programas de capacitación. Sino, son multados. Ahora, estos trámites laborales ya no serán una carga extra para los empleadores, ya que utilizarán planillas electrónicas con las que los entes reguladores podrán fiscalizar sin trasladarle carga de trabajo al empresario.

Veamos el resumen publicado por la PCM:

Todas están medidas son un paso en la dirección correcta hacia la reforma institucional detrás de una visión compartida de desarrollo integral que nos lleve a recuperar la capacidad de ser una sociedad exitosa en el mundo que nos toca vivir. Celebramos esta gran propuesta y esperamos ansiosamente más por venir. Lampadia

En el Perú se ha retomado el debate sobre una ley antimonopolio y control previo de fusiones que buscaría, en teoría, ser un mecanismo regulador de las concentraciones empresariales, proteger al consumidor y promover la competencia. Sorprendentemente (o quizás no), los medios que parecen estar más entusiastas con la eventualidad de su establecimiento son los más alejados de la economía de mercado, como el diario La República, y el promotor de la ley, Yonhy Lescano, autor de innumerables iniciativas populistas. Lo que no se comentan son los costos privados innecesarios que se generarían en trámites burocráticos y riesgos de corruptelas que podrían ir en contra de la eficiencia de los mercados.

Esta no es la primera vez que se propone una ley de este tipo. En el 2012, Gana Perú propuso una ley que obligaba a todas las operaciones en las que el comprador y el vendedor facturen desde 100,000 UIT y 10,000 UIT, respectivamente, a obtener una autorización de Indecopi. Es aleccionador que este proyecto de ley jamás llegara al Pleno del Congreso.

Ahora, la resucitada y mediática ley propone, en simple, regular (mediante un control previo) los procesos de fusión, adquisición o concentración empresarial cuando el grupo resultante tenga el 51% o más de la participación del mercado. El mencionado congresista de Acción Popular propone que “no se autoricen las fusiones, adquisiciones o concentraciones cuando se determine que dichos activos limitan severamente la competencia, o generan o pueden generar abusos de posición dominante”.

Además, el proyecto incluye “como disposición transitoria que todos los procesos producidos con anterioridad a la vigencia de la norma y que resulten comprendidos, deberán adecuarse en un plazo máximo de 60 días”. Esta estúpida disposición  abarcaría todas las compras y fusiones de empresas producidas en la historia del país que cumplan con las condiciones descritas líneas arriba. Esto sería anticonstitucional, empezando por que  la retroactividad de las leyes está expresamente prohibida.

Según Lescano, su propuesta es un proyecto de ley de desarrollo constitucional, basado en el artículo 61 de la Constitución Política del Perú, y su objetivo es “obligar a través de esta ley la posición de una parte del congreso que dice: no señor, ahora se tiene que revisar a todas porque ellos han violado la Constitución del Estado” Sic. 

Esta retroactividad también apuntaría a revisar la fusión de Backus con Inbev, donde la firma resultante en el Perú concentrará el 99% del mercado de cervezas y producirá un 30% de la cerveza que se consume en todo el mundo, con presencia en más de ochenta países y una fuerza laboral conjunta de unas 225,000 personas.

Pues bien, cuando instauramos la economía de mercado, el Perú eligió un sistema muy eficiente para lograr los objetivos aducidos pr el proyecto en cuestión, basado en los siguientes cuatro elementos: economía abierta, eliminación de barreras de acceso, control del abuso de la posición de dominio y regulaciones ad-hoc.

La Constitución del 93, que incluye estos elementos, ha permitido que el Perú pasara de ser prácticamente un ‘Estado Fallido’ en 1990 a una de las estrellas económicas en el mundo, que transformó nuestra economía, redujo la pobreza y la desigualdad, alentó el desarrollo de una importante clase media y la reducción de los precios de los bienes y servicios que se hicieron accesibles a la gran mayoría de la población. Pero, además, de alguna manera, por primera vez en nuestra historia, se desarrolló una institución económica muy importante: el mercado.

El propósito de una ley de fusiones es evitar la concentración de mercado y la creación monopolios, sin embargo, tampoco puede bloquear el crecimiento ni el avance del país. La teoría económica explica claramente los efectos de un mercado monopólico tanto en la producción cómo en los márgenes de las empresas monopólicas. Dentro de un mercado monopólico, si la demanda de un bien o servicio permanece relativamente estable (inelástica), y al no haber competencia ni sustitutos perfectos, la empresa tenderá a aumentar sus márgenes a pesar que ello implique menos demanda y producción ya que la ganancia en el margen por la totalidad de lo vendido superaría con creces la menor producción. El consumidor final tendría que pagar mayores precios de lo que lo haría en un mercado de competencia, y se tendería a tener menor oferta de estos bienes o servicios dentro de la economía, un fenómeno llamado  por los economistas “pérdida de eficiencia social”.

Fuente: www.2gb.com

Para evitar los daños de un mercados monopólicos, las economías de mercado necesitan contar con un conjunto de reglas que garanticen un funcionamiento balanceado de los mercados. Sin embargo, es importante explicar que existe una diferencia sustancial entre la prohibición de monopolios y el combate de abusos originados por posiciones dominantes . El primero va al hecho per se (el monopolio), el segundo al resultado o efecto del monopolio en la sociedad; lo cual permite la existencia de monopolios, evitando el abuso de la posición de dominio.

En el Perú ya existe una Ley de control de abuso de posición dominante (Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas), “que prohíba y sancione el abuso de la posición de dominio y las prácticas colusorias horizontales y verticales fortalecerá sustancialmente el marco regulatorio de defensa de la libre competencia, lo que, a su vez, incentivará la eficiencia económica en los mercados, promoverá la competitividad económica del país y mejorará el bienestar de los consumidores, estableciendo un ambiente apropiado para las inversiones.”

Cuando se debatió la Constitución del 93, se descartó el modelo que ahora se vuelve a proponer, un modelo que requiere la intervención de la burocracia para determinar con antelación de los procesos económicos, si la unión de los unos con los otros es conveniente y si las posiciones dominantes son per se convenientes o inconvenientes.

Es importante resaltar que un requisito muy importante para que ese modelo sea exitoso es un nivel alto de institucionalidad, predictibilidad y moralidad en el sector público. Algo que nosotros adolecemos. El Perú cuenta con una gestión pública e instituciones deficientes, al igual que niveles muy altos de corrupción. Y, lamentablemente, además esta ley maneja conceptos tan amplios que se prestan a la manipulación política de la economía y a lobbies empresariales inconvenientes.

Ian Vásquez, en su reciente columna No a la ley antimonopolio, aborda está preocupación, explicando sus consecuencias en EEUU: “Bajo las leyes antimonopolio en EEUU a las empresas se las acusa de mantener precios muy altos o precios muy bajos. Se ha vuelto imposible predecir si una fusión se aprobará o una acusación de monopolio prevalecerá. Esto crea incertidumbre y un incentivo por parte de las empresas para hacer lobby en vez de enfocarse en su negocio. De hecho, las empresas menos exitosas y otros grupos de interés usan las leyes de fusión y antimonopolio para protegerse de la competencia. Quienes pierden en el mercado competitivo muchas veces ganan al apelar a la ley. El efecto es el de reducir la competencia y la innovación y prevenir que bajen los precios.”

Elmer Cuba (¿Control previo de fusiones?), por su lado, aconseja una mirada a los ejemplos en el exterior: “Las leyes antimonopolios (anti-trust law) han evolucionado en los últimos 100 año. En algunos países hay umbrales muy bajos y el control de fusiones ha devenido en un trámite más, no ha beneficiado ni a los consumidores ni a las firmas, se han perdido recursos públicos y solo han ganado los abogados y economistas. Si queremos tener una ley de este tipo en el país, debemos tomar en cuenta las experiencias de otros países y las mejores prácticas internacionales.”

Además, cabe agregar que este proyecto de ley creará más barreras burocráticas, que van en contra de uno de los objetivos del actual gobierno: eliminar las barreras de acceso. Se suponía que los peruanos habíamos entendido que se necesitaba iniciar un profundo proceso de desregulación, de liberar a los ciudadanos y empresas de la maraña legislativa que impide el normal desarrollo del país. En Lampadia hemos denominado a ese exceso normativo como una ‘urdimbre regulatoria’ (urdimbre = maniobra, intriga, maquinación, enredo, etc.), ver: El Perú sucumbe a la ‘urdimbre regulatoria’. Necesitamos desenredar las trabas burocráticas y liberar a los ciudadanos y empresas para que sus emprendimientos e inversiones nos traigan un mayor crecimiento económico, reducción de la pobreza y recursos fiscales.

En lugar de experimentar con cambios apurados, mal enfocados, en un entorno institucional débil, lo que tenemos que hacer es reforzar los mecanismos actuales y vigilarlos. A los cuatro elementos importantes ya mencionados (economía abierta, eliminación de barreras de acceso, control del abuso de la posición de dominio y regulaciones ad-hoc), se ha agregado ahora un quinto elemento, la dinámica (hasta exacerbada) de las redes sociales, que permite alertas tempranas de abusos y de comportamientos empresariales disfuncionales. Lampadia

Se suponía que los peruanos habíamos entendido que se necesitaba iniciar un profundo proceso de desregulación, de liberar a los ciudadanos y empresas de la maraña legislativa que impide el normal desarrollo del país. En la reciente campaña electoral, todos repetían una y otra vez que era indispensable terminar con la tramitología. Incluso la normativa del proceso electoral, ayudó a evidenciar lo pernicioso de la abundancia normativa, que además, suele ser de pésima calidad.

Sin embargo, ante el inicio de un nuevo gobierno, parece que todos se olvidaron del ánimo desregulatorio. Ya comenzaron las propuestas de nuevas leyes por parte de los congresistas electos para los próximos cinco años. Todavía no se asumen funciones y las ideas sobre nueva legislación empiezan a multiplicarse. Inclusive, en el diario más importante del país, El Comercio, Martín Hidalgo hizo un reportaje el pasado 30 de junio, en una nota titulada “Mis tres primeros proyectos de ley”, para la cual entrevistó a ocho futuros congresistas de diversas bancadas y les solicitó describir sus tres primeros proyectos. Ver nuestro resumen de la nota en el siguiente cuadro:  

En el quinquenio 2011-2016 se aprobaron y publicaron 1,442 leyes y el Congreso saliente dejó 1,943 proyectos de nuevas normas en comisiones ordinarias . Como todos sabemos, hoy abundan normas absurdas, inaplicables, redundantes, superpuestas y hasta contradictorias, que en muchísimos casos consiguen lo contrario de sus maniqueos enunciados. El requisito de las evaluaciones costo-beneficio ha sido saltado con garrocha incluyendo en la norma, la frase: “considerando la evaluación Costo-Beneficio”. A esto se agrega una burla a las normas que regulan el Congreso, que, a falta de una segunda cámara, establecen la obligación de que las leyes sean aprobadas en dos votaciones con una distancia de siete días. Pero el ingenio parlamentario ha llegado a crear un artificio disfuncional por el cual, cuando los Padres de la Patria desean ‘regalarnos’ apuradamente una nueva norma, simplemente, la exoneran de su segunda votación en la junta de portavoces. La idea original de la doble votación era permitir a la sociedad civil discutir el proceso normativo y evitar que las emociones coyunturales puedan generar legislación. La exoneración de la doble votación solo debería darse, como estuvo establecido, para temas muy específicos como los tributarios y de seguridad.

Hace un mes comentamos y presentamos el artículo de José María Ruiz Soroa, abogado español, publicado en El País de España: ¡Dejen de legislar! Ruiz reflexiona sobre la naturaleza del parlamento y los comportamientos disfuncionales de los congresistas en España. Explica que el principal propósito de los parlamentarios es ‘parlamentar’. Su análisis parece escrito para el Perú. Dice que “la vorágine normativa ha devaluado el Estado de derecho”. Ver la nota completa en Lampadia: Selva legislativa asfixia e incapacita al Perú.

La hipótesis de Ruiz Soroa es la siguiente: “La ambición de los políticos, de todos, es hacer y hacer nuevas leyes. Una legislatura se considera un éxito cuando ha añadido a la colección legislativa unos cuantos textos, un fracaso cuando no ha conseguido sacar adelante ningún proyecto. Si una ley no funciona se hace otra más, que tampoco funcionará”.  

Eso es lo que está sucediendo en el Perú. En Lampadia hemos denominado a ese exceso normativo como una ‘urdimbre regulatoria’ (urdimbre = maniobra, intriga, maquinación, enredo, etc.), ver: El Perú sucumbe a la ‘urdimbre regulatoria’.

Carlos Adrianzén, en su columna de opinión: Subdesarrollo por ley, nos presentó una aterradora estadística sobre este sin sentido: “Solo a lo largo del 2013, el Poder Ejecutivo nos inundó con 22,132 disposiciones nuevas. Los congresistas, por su lado, se dieron un descanso en medio de su vorágine de escandaletes y acusaciones mutuas para inundarnos con 368 nuevas piezas legales. Pero esto para nada fue todo. Los llamados organismos constitucionalmente autónomos, los órganos administradores de justicia, así como los gobiernos locales y regionales se lucieron suministrando 7,702 nuevos instrumentos legales adicionales. Solamente el año pasado. En buen español, inyectaron –para deleite abogadil y desgracia del resto– 38,845 nuevas piezas legales.”

¿Qué debemos hacer? Aprovechar que tenemos un nuevo Congreso que tiene un mandato político de avanzar en las reformas y en la desregulación o superación de la tragedia de la tramitología, que los ciudadanos reclaman y, que de alguna manera, fue sancionada en el proceso electoral, como de alta prioridad.  

Necesitamos desenredar las trabas burocráticas y liberar a los ciudadanos y empresas para que sus emprendimientos e inversiones nos traigan un mayor crecimiento económico, reducción de la pobreza y recursos fiscales.

Un ejemplo escandaloso de la tramitología, que no nos cansamos de repetir, es lo ocurrido con el sector minero, veamos: 

No olvidemos que el lema del gran reformador del mundo actual, Narendra Modi, Primer Ministro de la India, es: “No red tape, only red carpet for investors”. (Ver en Lampadia: La visión de país y reformas que el Perú necesita).

Entendemos que Fuerza Popular tenía un plan para liberar al país de su esclavitud legislativa mediante una ley llamada aparentemente ‘ley del ocaso’. La idea sería darle a los ministros, directores de pliegos, jefes de las agencias del Estado, gobernadores, alcaldes, etc., un plazo fijo para sustentar con qué normas debían desarrollar sus actividades. Todas las normas que no se consideraran necesarias en dicho proceso quedarían automáticamente derogadas. Algo que parece un sueño y que ojalá el grupo de PPK pueda rescatar junto con Fuerza Popular.

La gran preocupación de la clase dirigente, que tenga vocación cívica y compromiso por la acción, debe ser incentivar a los congresistas a comprometerse con la desregulación antes que con la creación de nuevas normas. 

Lampadia

A diferencia del Asia, en América Latina, la política y el manejo de la cosa pública siguen teñidos por las ideologías, básicamente por aquellas que responden a las ‘ideas muertas’, como lo explica Moisés Naím. Ver: El amor a ideas muertas.

Por esa suerte de maldición, es que varios países de la región se encaminaron al llamado ‘socialismo del siglo XXI’ y destruyeron sus economías, empobrecieron a sus pueblos y desperdiciaron los mejores años de crecimiento de la economía global. Esta ideología capturó a buena parte de la región: Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia. 

En el Perú, nos libramos de caer en lo mismo en 2006, cuando el entonces ‘chavista’ Humala perdió las elecciones contra Alan García. Sin embargo, después de ‘aggiornarse’ Humala llega al gobierno el 2011, ya sin las ataduras revolucionarias del socialismo del siglo XXI, pero mantiene una profunda desconfianza en el sector privado que percoló a todos los niveles de la administración pública.

Solo a mediados del gobierno se empieza un cierto acercamiento con el sector privado y se logra instituir las Asociaciones Público Privadas (APP) para permitir que el sector privado pueda, mediante concesiones, invertir, operar y mantener obras de infraestructuras. Es así, que desde 2012 se han presentado 55 iniciativas privadas autosostenibles y 237 iniciativas privadas cofinanciadas, pero solo se llegaron a ejecutar cinco iniciativas privadas autosostenibles, pues la gran mayoría de las demás cayeron víctimas de la maraña burocrática o la desidia del aparato público.

Con mucho nivel de certeza se puede afirmar que esta pobre performance de la ejecución de las APPs se debe a que lo promovido por la mano derecha, ha sido inhibido por la mano izquierda. Producto de esa lejanía del gobierno y la burocracia estatal con el sector privado.

No se quiso entender, como ahora no lo entienden muchos de los candidatos a la Presidencia de la República, que el Perú ha cambiado. Ya no ese pequeño y empobrecido país diseñado por el nefasto velascato, donde lo que predominaba era el Estado, estado de cosas que subsistió hasta 1993 en que aprobamos la nueva Constitución. Ahora, las ‘Medidas del Perú son 90-90-90’.  Redondeando las cifras: 90% del empleo, la inversión y los recursos fiscales provienen del sector privado. Ver en Lampadia: 90-90-90.

Como un ejemplo muy exitoso de las APP que lograron pasar las vallas de la mentalidad estatista, tenemos los hospitales de ‘Bata Blanca’ de ESSALUD:  Alberto Leopoldo Barton Thompson y Guillermo Kaelin de la Fuente. (Ambos iniciados en el gobierno anterior). Ver en Lampadia: APPs en salud: Poniendo a la población por delante y Las APP han generado servicios de salud de alta calidad. Estos son los mejores hospitales del Estado (y probablemente también, del sector privado) que se hayan construido en toda nuestra historia. Pero, ¿ha aprovechado esta experiencia el gobierno para difundirla como ejemplo de lo que significa una APP para la población? No, en verdad está muy escondida de la opinión pública. Lo que es más, el propio ESSALUD no pretende replicar el éxito en los nuevos hospitales, que está desarrollando en la modalidad de ‘Bata Gris’ (que excluyen los servicios médicos).

En otras palabras, en el Perú hemos tenido una experiencia de APP muy exitosa en el tema más sensible a las necesidades sociales: la salud. Pero, ni por eso nos hemos volcado a promover el desarrollo EFECTIVO de las APPs. 

A continuación reseñamos un par de publicaciones del BID sobre la importancia de las APP en el desarrollo urbano.

BID: ¿Cómo financiamos la infraestructura urbana?

9 mayo 2014

Por Juan Ellis J., Coordinador General de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles

“Las agencias internacionales de desarrollo estiman que se requiere alrededor de 5% del PIB para responder a las necesidades anuales de inversión en infraestructuras y asegurar un crecimiento de la economía promedio del 4% anual en nuestra región. Durante el periodo de 2010 – 2012 solo se invirtió un promedio de 2.4% del PIB en la región, incluyendo la inversión pública y privada. Del total de estas necesidades de inversión en infraestructura, los gobiernos sub-nacionales de la región representan aproximadamente el 60% (US$ 150,000 millones, base PBI 2012).

http://blogs.iadb.org/ciudadessostenibles/2014/05/09/financiar-infraestructura-urbana/

Financiando la Infraestructura Urbana en Ciudades Emergentes: Asociaciones Público-Privadas

Por Luis Schloeter

Publicado en el Blog del BID

28 enero 2016

Glosado por Lampadia

(…) Analizaremos las Asociaciones Público-Privadas (APP) como una alternativa para satisfacer la creciente demanda de servicios de infraestructurasurbanos en nuestra región.

Los gobiernos sub nacionales que hayan agotado las fuentes tradicionales de ingresos (por ejemplo, impuestos locales; tarifas a los usuarios; y transferencias), pueden asociarse con el sector privado mediante Asociaciones Público-Privadas (APPs) para traer recursos, experiencia e innovación para la provisión de servicios de infraestructura.

Las APPs son contratos a largo plazo (por lo general duran entre 20 y 30 años) entre entidades públicas y privadas para la prestación de bienes o servicios. Bajo el esquema de una APP, los riesgos del ciclo del proyecto se transfieren al consorcio privado y los pagos se vinculan a la prestación del servicio, que usualmente los cubren los usuarios, el sector público, o una combinación de ambos.

Si la APP se articula correctamente, el consorcio privado tiene todos los incentivos para trabajar de manera eficiente durante el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento del proyecto, reduciendo así sus costos sin afectar los estándares de calidad del servicio. Adicionalmente, los contratos de APPs minimizan la inversión pública inicial para proyectos de infraestructura, reduciendo la presión fiscal que usualmente acompaña las inversiones de capital. Dado el potencial de las APPs para la expansión de los servicios de infraestructura, las APPs sub-nacionales se están convirtiendo cada vez más populares en ALC, especialmente en Brasil.

Un informe reciente de The Economist Intelligence Unit estima que la mayoría de las APPs en Brasil entre 2006 y 2014 se concentraron a nivel sub-nacional—39% a nivel municipal y 55% a nivel estatal. Las APPs sub-nacionales en Brasil atienden una amplia variedad de sectores que van desde los residuos sólidos y educación hasta transporte y salud. Por ejemplo, la ciudad de Belo Horizonte—la tercera más grande de Brasil—tiene varios programas de APPs para el transporte, edificios gubernamentales y educación. De hecho, la primera APP para la educación en Brasil fue desarrollada con el apoyo de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el fondo del BID para el desarrollo de las APPs en Brasil. Una mirada más cercana a este último proyecto aclara por qué Belo Horizonte es la referencia para otras ciudades, cuando se trata de Asociaciones Público-Privadas para la educación.

APPs para la Educación: Belo Horizonte marca la pauta

En 2010, Belo Horizonte estableció el desarrollo infantil temprano (DIT) como una prioridad dentro de su amplia estrategia para mitigar la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, satisfacer la creciente demanda de servicios de educación inicial en la ciudad para la época (un estimado de 11,000 niños estaban en lista de espera en 2010) requería importantes inversiones para la construcción de escuelas; inversiones irrealizables por el gobierno municipal. Para superar los obstáculos financieros, el gobierno municipal recurrió a un esquema de APP.

Después de una licitación competitiva, la concesión de la APP fue otorgada al Consorcio Educar en 2012. Por un período de 20 años, el consorcio privado debe financiar, diseñar, construir, equipar, operar y mantener 32 nuevos centros preescolares y 5 escuelas primarias, alcanzando una inversión privada de US$ 80 millones. Al transferir al sector privado los riesgos de diseño, construcción y mantenimiento de las obras, el gobierno espera que el proyecto se desarrolle con la mayor eficiencia posible, disminuyendo los tiempos de construcción y los costos de mantenimiento a lo largo del ciclo del proyecto.

Escuela pública en Belo Horizonte. Foto: Banco Mundial

Según el contrato de la APP, el gobierno municipal debe pagarle al consorcio privado la prestación de servicios sobre la base de una evaluación de la calidad; identificar los sitios para la construcción de las escuelas; y la prestación de servicios educativos, incluyendo la contratación de maestros y monitoreo de la calidad educativa. Una vez completado, el proyecto beneficiará a unos 18,000 niños de bajos ingresos, brindándoles acceso a servicios de educación.

Lecciones aprendidas

A continuación, algunas lecciones sobre la experiencia de Belo Horizonte:

• Las APPs son una opción viable para la ampliación de la prestación de servicios en tiempos de restricciones fiscales.
• La distribución adecuada de los riesgos en una APP puede aumentar la eficiencia de los proyectos.
• Las instituciones multilaterales pueden desempeñar un papel importante en la expansión de las APPs a nivel sub-nacional.
• Las licitaciones competitivas y transparentes para las APPs pueden resultar en precios más eficientes.