Jaime de Althaus
Para Lampadia

Lo que realmente hará la diferencia entre la gestión de Guido Bellido y la de Mirtha Vásquez, es decir, la prueba de que hayamos pasado de la confrontación social y política a una etapa colaboración entre poderes y entre sectores sociales por el desarrollo del país, es el tema de la asamblea constituyente, porque esa es la madre de todos los problemas y de todos los conflictos, como vamos a ver. Y, por supuesto, de que la inversión privada se retraiga.

Por eso es que la flamante presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, ha salido a aclarar que la asamblea constituyente “no está como una de las prioridades del Gobierno en este momento. En este momento lo que importa es abordar la pandemia y mirar cómo retornan los niños a clase lo antes posible, y sobre todo la reactivación económica”.

Es un avance, pero no es suficiente para lograr la reactivación económica. Porque el inversionista -de cualquier tamaño- se estará preguntando: ¿y cuándo es el momento? ¿En seis meses? ¿En un año? ¿En tres años? De las declaraciones de la Premier se derivan dos respuestas a cuándo sería ese momento. Una, que llegará cuando la reactivación ya se haya producido. El problema es que estamos ante una petición de principio: la reactivación de la inversión no se va a producir mientras exista esa espada de Damocles. Estaríamos ante el absurdo de que para que no haya asamblea constituyente, la economía no debe reactivarse.

Pero es un círculo perverso: si la economía no se reactiva y la situación económica y social se agrava, esto puede activar más bien el gen de la radicalización como vía política para escapar del atolladero económico y allí sí intentar movilizar a las masas para la asamblea constituyente.

La otra respuesta al cuándo es el momento, la dio de manera explícita la primera ministra. Y le puso un nombre: “el momento constituyente”, al que no hemos llegado aún.

• “Para eso se necesita generar un proceso…, que la población sienta la necesidad de caminar hacia una reforma total o parcial de la Constitución…. Son procesos largos…”
• Luego aclaró que “este Gobierno no lo está planteando y no lo va a plantear de hoy para mañana”,
• para luego agregar, sin embargo, que “Incluso he escuchado muchas veces al presidente hablar sobre generar condiciones, de crear comisiones de expertos”.

Entonces, ¿el gobierno va a crear esas condiciones o no?

De hecho, venía haciéndolo. Para alcanzar el “momento constituyente”, el gobierno convertía las políticas en armas de guerra destinadas a crear un clima de demanda social por la asamblea constituyente. Eso fue el lanzamiento de la “segunda reforma agraria”, un conjunto de programas de desarrollo agrario presentados con una retórica de reivindicación y justicia social, como si se tratara efectivamente de una revolución de la tierra. El presidente Castillo llegó al extremo de inventar unos amos que ya no comerán más del sudor de la gente, para terminar ratificándose en la necesidad de una nueva Constitución, como hicieron todos los demás oradores.

La búsqueda del “momento constituyente” lleva al gobierno a dictar políticas para la guerra social y no para el desarrollo. Así, se obliga al consorcio Camisea a renegociar -no se sabe qué- bajo amenaza de expropiación. Es que lo que interesa es crear un clima de reivindicaciones sociales y cambios estructurales que exigen en última instancia una nueva Constitución porque se dice que no se podrían hacer bajo la actual. Cada una de esas medidas son los ríos que van a dar a la mar del cambio Constitucional, el gran cambio, la madre de todos los cambios.

También se ofrece y se da modificaciones en la legislación laboral que solo servirán para condenar a las mayorías irremisiblemente a la injusticia informal, pero se consigue la disposición de los favorecidos para firmar los planillones del referéndum. Lo mismo con los cocaleros del VRAEM, que seguramente ayudarán además a financiar el recojo, para lo cual el ministro Barrenzuela es funcional. Y así sucesivamente. 

El gobierno tiene que apartarse claramente del proyecto de la asamblea constituyente si quiere recuperar la confianza que permita la suma de todos los esfuerzos para la recuperación nacional. Lampadia

Mucho se habla de cómo EEUU, a través de su renovada política exterior con el presidente Joe Biden – una antítesis de Donald Trump– podría retomar sus relaciones con China, tras varios años de confrontación geopolítica, tecnológica y comercial.

Sin embargo, la verdad al día de hoy es que esto dista largamente de la realidad, dadas las recientes declaraciones de Biden en torno al acercamiento que tomará EEUU con el mundo en su mandato, que más bien busca fortalecer su alianza con la UE y enfrentar abiertamente a China en una dicotomía democracia-autoritarismo (ver artículo publicado por Project Syndicate líneas abajo).

Ante ello, coincidimos con el prestigioso economista Jeffrey D. Sachs de por qué Biden debería, en vez de enfrascarse en la lucha por la supremacía de modelos políticos antagónicos, buscar puntos de interés con China centrados por ejemplo en la reactivación económica, potenciando el comercio internacional y la misma lucha contra la pandemia, a través de la cooperación internacional.

Hemos abogado por muchos años sobre cómo la convergencia entre occidente y oriente podrían mejorar las condiciones de vida no solo de americanos y chinos, sino del mundo en general, pues la profundización de los lazos comerciales entre ambos bloques, así como quedó demostrado en el mundo con la globalización, podría sentar las bases de uno de los procesos más prósperos de la humanidad. Esperemos pues que esta convergencia pueda dar lugar de una vez por todas en tan complejo escenario como el suscitado por la pandemia, en el que la cooperación internacional debe primar y no los intereses geopolíticos de las dos superpotencias. Lampadia

Por qué Estados Unidos debería seguir cooperando con China

Jeffrey D. Sachs
Project Syndicate
25 de febrero, 2021
Traducida y comentada por Lampadia

La cooperación no es cobardía, como afirman repetidamente los conservadores estadounidenses. Tanto EEUU como China tienen mucho que ganar con esto: paz, mercados expandidos, progreso tecnológico acelerado, la evitación de una nueva carrera armamentista, progreso contra el COVID-19, una sólida recuperación global del empleo y un esfuerzo compartido contra el cambio climático.

La política exterior estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial se ha basado en una idea simple, quizás mejor expresada por el presidente George W. Bush después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001: o estás con nosotros o contra nosotros. EEUU debe liderar, los aliados deben seguir, y ¡ay de los países que se oponen a su primacía!

La idea era simple y simplista. Y ahora es anticuada: EEUU no enfrenta enemigos implacables, ya no lidera una alianza abrumadora y tiene mucho más que ganar con la cooperación con China y otros países que con la confrontación.

El expresidente Donald Trump fue una caricatura grotesca del liderazgo estadounidense. Lanzó insultos, amenazas, aranceles unilaterales y sanciones financieras para intentar obligar a otros países a someterse a sus políticas. Rompió el reglamento multilateral. Sin embargo, la política exterior de Trump enfrentó un retroceso notablemente pequeño dentro de los EEUU. Hubo más consenso que oposición a las políticas anti-China de Trump y poca resistencia a sus sanciones contra Irán y Venezuela, a pesar de sus catastróficas consecuencias humanitarias.

La política exterior del presidente Joe Biden es una bendición en comparación. EEUU ya se ha unido al acuerdo climático de París y a la Organización Mundial de la Salud, busca regresar al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y promete volver a unirse al acuerdo nuclear de 2015 con Irán. Estos son pasos muy positivos y admirables. Sin embargo, los primeros pronunciamientos de política exterior de Biden con respecto al liderazgo de China y EEUU son problemáticos.

El reciente discurso de Biden en la Conferencia de Seguridad de Munich es una buena ventana al pensamiento de su administración en estos primeros días. Hay tres motivos de preocupación.

Primero, está la idea bastante ingenua de que “EEUU ha vuelto” como líder mundial. EEUU recién ahora está regresando al multilateralismo, ha arruinado por completo la pandemia de COVID-19 y hasta el 20 de enero trabajaba activamente contra la mitigación del cambio climático. Todavía debe curar las muchas heridas profundas que dejó Trump, entre ellas la insurrección del 6 de enero, y abordar por qué 75 millones de estadounidenses votaron por él en noviembre pasado. Eso significa tener en cuenta la fuerte dosis de cultura supremacista blanca que anima a gran parte del Partido Republicano de hoy.

En segundo lugar, “la asociación entre Europa y EEUU”, declaró Biden, “es y debe seguir siendo la piedra angular de todo lo que esperamos lograr en el siglo XXI, tal como lo hicimos en el siglo XX”. ¿En serio? Soy un eurófilo y un firme partidario de la Unión Europea, pero EEUU y la UE representan solo el 10% de la humanidad (los miembros de la OTAN representan el 12%).

La alianza transatlántica no puede ni debe ser la piedra angular “de todo lo que esperamos lograr” este siglo; no es más que un componente importante y positivo. Necesitamos una administración global compartida por todas las partes del mundo, no solo por el Atlántico Norte o cualquier otra región. Para gran parte del mundo, el Atlántico Norte tiene una asociación duradera con el racismo y el imperialismo, una asociación impulsada por Trump.

En tercer lugar, Biden afirma que el mundo está inmerso en una gran lucha ideológica entre democracia y autocracia. “Estamos en un punto de inflexión entre quienes sostienen que, dados todos los desafíos que enfrentamos, desde la cuarta revolución industrial hasta una pandemia global, la autocracia es el mejor camino a seguir … y quienes entienden que la democracia es esencial … para cumplir esos desafíos “.

Ante esta supuesta batalla ideológica entre democracia y autocracia, Biden declaró que “debemos prepararnos juntos para una competencia estratégica a largo plazo con China”, y agregó que esta competencia es “bienvenida, porque creo en el sistema global de Europa y EEUU, junto con nuestros aliados en el Indo-Pacífico, trabajamos tan duro para construir durante los últimos 70 años “.

EEUU puede verse a sí mismo como en una lucha ideológica a largo plazo con China, pero el sentimiento no es mutuo. La insistencia de los conservadores estadounidenses en que China quiere gobernar el mundo ha llegado a apuntalar un consenso bipartidista en Washington. Pero el objetivo de China no es probar que la autocracia supera a la democracia ni “erosionar la seguridad y la prosperidad de EEUU”, como afirma la Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU de 2017.

Considere el discurso del presidente chino, Xi Jinping, en el Foro Económico Mundial en enero. Xi no habló de las ventajas de la autocracia, ni de los fracasos de la democracia, ni de la gran lucha entre sistemas políticos. En cambio, Xi transmitió un mensaje basado en el multilateralismo para abordar los desafíos globales compartidos, identificando “cuatro tareas principales”.

Xi pidió a los líderes mundiales que “intensifiquen la coordinación de la política macroeconómica y promuevan conjuntamente un crecimiento sólido, sostenible, equilibrado e inclusivo de la economía mundial”. También los instó a “abandonar los prejuicios ideológicos y seguir juntos un camino de convivencia pacífica, beneficio mutuo y cooperación de beneficio mutuo”. En tercer lugar, deben “cerrar la brecha entre los países desarrollados y en desarrollo y lograr conjuntamente el crecimiento y la prosperidad para todos”. Por último, deberían “unirse contra los desafíos globales y crear juntos un futuro mejor para la humanidad”.

Xi afirmó que el camino hacia la cooperación global requiere permanecer “comprometido con la apertura y la inclusión”, así como “con el derecho internacional y las normas internacionales” y “con la consulta y la cooperación”. Declaró la importancia de “mantenerse al día en lugar de rechazar el cambio”.

La política exterior de Biden con China debería comenzar con una búsqueda de cooperación en lugar de una presunción de conflicto. Xi ha prometido que China “participará activamente en la cooperación internacional sobre COVID-19”, continuará abriéndose al mundo y promoverá el desarrollo sostenible y “un nuevo tipo de relaciones internacionales”. La diplomacia estadounidense haría bien en apuntar al compromiso con China en estas áreas. La retórica hostil de hoy corre el riesgo de crear una profecía auto cumplida.

La cooperación no es cobardía, como afirman repetidamente los conservadores estadounidenses. Tanto EE. UU. Como China tienen mucho que ganar con esto: paz, mercados expandidos, progreso tecnológico acelerado, la evitación de una nueva carrera armamentista, progreso contra COVID-19, una sólida recuperación global del empleo y un esfuerzo compartido contra el cambio climático. Con la reducción de las tensiones globales, Biden podría dirigir los esfuerzos de la administración hacia la superación de la desigualdad, el racismo y la desconfianza que pusieron a Trump en el poder en 2016 y aún divide peligrosamente a la sociedad estadounidense.

Jeffrey D. Sachs, profesor de Desarrollo Sostenible y Profesor de Política y Gestión de la Salud en la Universidad de Columbia, es Director del Centro de Columbia para el Desarrollo Sostenible y la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por IIG – Infraestructura institucionalidad y Gestión, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos el siguiente video sobre qué esperar de la economía en los próximos meses.

Participan Sebastián Otero, nuevo asociado de IIG, junto con Aldo Defilippi, Gonzalo Prialé y Fernando Cillóniz.

Video:

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Presentamos nuestro video sobre la reactivación económica ¿para cuándo?

Participa como invitado Waldo Mendoza, doctor en economía, junto a Gonzalo Prialé, Jaime de Althaus y Fernando Cillóniz, asociados de IIG.

Waldo Mendoza: Hay un problema para la reactivación, las familias y las empresas van a estar sobre endeudadas y van a tener que reconstruir sus patrimonios.

Líneas abajo presentamos la propuesta desarrollada por IPAE con miras a rectivar la economía. Propuestas de este tipo toman especial relevancia ante la renuncia del gobierno a desarrollar una estrategia inteligente para controlar la pandemia y reactivar la economía.

Antes de la pandemia, el Perú tenía solidez macroeconómica y financiera marcada; sin embargo, también mostraba una desaceleración en su ritmo de crecimiento económico. Mantenía, además, problemas estructurales como la informalidad laboral y empresarial, la reducida base tributaria, la deficiente provisión de bienes y servicios públicos, y la alta vulnerabilidad de la clase media ante shocks adversos y, a pesar de una sostenida reducción de la pobreza y la pobreza extrema, alta desigualdad de ingresos y oportunidades.

A lo anterior se sumó una crisis económica por la pandemia y el distanciamiento social, que está lejos de terminar.

Se presentan 10 medidas de corto plazo para procurar que la recuperación de la economía sea lo más rápida y sostenible posible:

Ver la propuesta de IPAE:

https://www.lampadia.com/assets/uploads_documentos/02991-ruta-ipae-reactivacion-economica.pdf

EDITORIAL DE LAMPADIA

Mejor en lo sanitario (aunque insuficiente), y pobre en recuperación económica

La exposición de la política de gobierno del presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, estuvo dirigida a contentar a los parlamentarios para obtener el voto de investidura. Evitó, entonces, como veremos, las medidas cruciales necesarias para recuperar rápidamente la economía y el empleo, y priorizó la explicación de ciertas mejoras en la estrategia sanitaria, algo que sin duda había sido un vacío en la exposición de Pedro Cateriano.

Pero las mejoras anunciadas en la estrategia sanitaria siguen sin dar la talla necesaria. Afirmó que “ganar esta batalla requiere del trabajo conjunto y organizado de todos los niveles de gobierno, el empresariado y la sociedad civil”. Pero no explicó cómo participaría el empresariado ni lo convocó a tarea alguna, ni menos aun a un comando público-privado, algo que Cateriano sí había hecho al anunciar que diversos gremios empresariales se unirían al Comando COVID.

Anunció que se profundizará la “Operación Tayta”, que se ampliará a varias regiones del país, pero no solicitó el aporte de la capacidad tecnológica y logística del sector privado para realmente ampliar de manera sustantiva la cobertura de esa estrategia. Consiste en ir a buscar a los contagiados más vulnerables en sus casas en los barrios más infectados, aislarlos y atenderlos. Pero hasta ahora el alcance ha sido muy limitado por falta de capacidad logística precisamente. No dio cifras ni metas de alcance. Para que su impacto sea significativo, necesita incorporar al sector privado.

Hay otras iniciativas privadas alcanzadas al gobierno sobre contact tracing y estrategia conductual, por ejemplo, que no han sido recogidas. Anunció, en cambio, la implementación de Centros de Atención Rápida Temporal en los distritos con mayor incidencia epidemiológica del Covid-19, con tratamiento sanitario a cargo del primer nivel de atención, nivel que en realidad ha sido relativamente desactivado. Veremos si funciona. Y la potenciación de los 1175 equipos de respuesta rápida que, por lo visto, hasta ahora no han tenido los resultados esperados.

Tal parece que se ha abandonado Te Cuido Perú, programa orientado a aislar y abastecer a los contagiados para cortar la cadena de contagios. Con logística privada hubiese podido funcionar.

Necesitamos una respuesta más potente para vencer a la pandemia. No ha sido presentada.

Pero donde la exposición fue muy pobre, fue en lo relativo a la recuperación económica. No se puede gobernar con el mínimo común denominador, es decir, con un plan menos que mediocre, cuando se ha tenido la caída más grande del globo. La visión que queda es que la economía se va a recuperar a través de ilusos programas estatales de empleo temporal en la ciudad y en el campo, de asistencia técnica y compras a Mypes (que apenas benefician a 30 mil y 14 mil empresas respectivamente, cuando hay 3 millones de Mypes), de una aceleración sin precedentes de la inversión pública -que sería un milagro-, y de unas APPs que son las mismas que hace años se anuncian y nunca se concretan.

Por supuesto, nada explícito acerca de simplificar regulaciones sectoriales y flexibilizar la contratación de personal para beneficiar a 3 millones de mypes y no solo al 1%, y recuperar rápidamente empleo. Nosotros habíamos sugerido que se convoque a los gremios de mypes para consultarles qué regulaciones sectoriales y laborales requieren para salir adelante y volver a dar empleo. E interesantemente algo de eso ha sido recogido cuando el Premier anunció la creación de “la Mesa Ejecutiva para el desarrollo de las MYPEs”, para identificar y solucionar los cuellos de botella, barreras y problemas que afectan y limitan la productividad de las MYPEs, lo que “engloba aspectos de regulación y de gestión”. ¡Ojalá esa mesa ejecutiva tenga la dinámica y el peso suficiente!

Se curó en salud omitiendo por completo referencia alguna a la gran palanca reactivadora que serían los proyectos mineros. Ese silencio es el más claro síntoma de la enfermedad ideológica peruana. Sin embargo, las bondades de la minería se insinuaron implícitamente cuando anunció que enviará “un proyecto de ley para establecer un mecanismo que permita estabilizar los recursos de canon, sobrecanon y regalía minera del vaivén de las cotizaciones internacionales a partir de establecer ahorros en un fondo de estabilización de estos recursos”. Quizá allí se coloque esos 13 mil millones de soles que Cateriano reveló que los gobiernos regionales no han usado. Sería muy bueno que se conformaran unidades ejecutoras en las zonas mineras para usar esos recursos en planes integrales de desarrollo, con los alcaldes no en la ejecución sino en el directorio. 

Puso énfasis en los programas sociales, cuando el mejor programa social es una reactivación económica acelerada por medio del tipo de medidas tabú no mencionadas. Nuevamente, no se aprovechará el segundo bono universal para hacer inclusión financiera, pues se lo distribuiría principalmente mediante la banca celular. Ni siquiera mencionó la cuenta DNI anunciada en el discurso de Cateriano.   

En lo directamente político, no le propuso al Congreso trabajar una agenda legislativa conjunta, algo fundamental para encauzar los impulsos populistas y alinear los esfuerzos nacionales contra la crisis. Sin embargo, sí reveló que le ha pedido a los ministros encargados de cada departamento, que se reúnan con los congresistas de su región para viajar juntos y sumar esfuerzos en la lucha contra la pandemia. Muy buena idea.

En el tema de la reforma política insistió en la eliminación del voto preferencial, lo que es necesario, pero sigue faltando demandar la aprobación de las reformas de gobernabilidad para facilitarle el trabajo al próximo gobierno, que deberá reconstruir la economía nacional.

En suma, un discurso que brilla principalmente por lo que no se dijo. Lampadia

La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por IIG – Infraestructura institucionalidad y Gestión, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos el siguiente video sobre flexibilizar para generar empleo y reactivar.

Participan Susana Saldaña, presidenta de la Coordinadora de empresas de Gamarra y German Lora, abogado laboralista, con Fernando Cillóniz y Jaime de Althaus.

Las opiniones vertidas en este programa no necesariamente representan la opinión institucional de IIG sobre los temas tratados.

Entrevista de Lampadia a José Méndez
Director Ejecutivo del Patronato del Rímac

MEF y Mincetur tienen la palabra

Estos proyectos, que José Méndez muestra en imágenes, no solo ponen en valor monumentos y paseos históricos del Rímac para generar turismo y recuperación económica, sino que permitirían celebrar el bicentenario recuperando precisamente una ciudad bicentenaria, y con ella parte de nuestra identidad nacional y nuestro orgullo. Corremos el riesgo de pasar estos 200 años de República sin obras que nos permitan afirmarnos en nuestra historia. Todo está listo y financiado. Solo falta la decisión del MEF y del MINCETUR, como explica Méndez.

Germán Lora
Abogado especialista en Derecho Laboral
Para Lampadia

Cuando a mediados del mes de abril, y luego de casi 30 días de una obligada e inmodificable licencia con goce de haber (compensables), el Gobierno creó un nuevo procedimiento de suspensión perfecta en la búsqueda de otorgar un respiro a las entidades empleadoras, todos pensamos que allí podría estar la posibilidad de mantener los puestos de trabajo. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo se ha encargado de regresarnos a la realidad a través de sus resoluciones denegatorias. Entonces ¿ahora qué hacemos?

Las medidas adoptadas por el Gobierno, desde la declaración del Estado de Emergencia Nacional, se plantearon como excepcionales y temporales. Lamentablemente, con el pasar de los días y semanas, nos hemos dado cuenta de que esta coyuntura en la que nos encontramos no será temporal y se convertirá en una nueva normalidad que tomará varios meses más. Han pasado más de tres meses desde que el país se encuentra casi totalmente paralizado, por lo cual es necesario tomar medidas radicales que permitan reactivar la economía, con el objetivo de recuperar los puestos de trabajo perdidos, flexibilizando la contratación de trabajadores en el sector privado. Aproximadamente 2.3 millones de personas se quedaron sin trabajo entre los meses de marzo y mayo, según el INEI.

Frente a situaciones complicadas, debemos tomar medidas extremas. No podemos seguir como estamos. Una de las medidas que planteamos está referida a la “contratación libre” sin la necesidad de justificar una contratación a plazo fijo – es decir por tiempo determinado – con una causa objetiva. En esa línea de ideas, el Ministerio de Trabajo podría elaborar un Decreto Supremo que le otorgue un contenido ad hoc al denominado contrato de emergencia regulado en el artículo 62 del TUO del Decreto Legislativo 728 – Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el que simplemente lo define como “aquel que se celebra para cubrir las necesidades promovidas por caso fortuito o fuerza mayor coincidiendo su duración con la de la emergencia”. Sería una gran oportunidad.

Es importante recordar que el reglamento del TUO del Decreto Legislativo 728 solo establece lo siguiente con relación al contrato de emergencia: “El caso fortuito o la fuerza mayor en el contrato de emergencia, se configura por su carácter inevitable, imprevisible e irresistible”. Es decir, existe una gran posibilidad en que el Gobierno modifique el reglamento mencionado para poder “crear” un contrato de trabajo temporal necesario para esta emergencia, en la búsqueda de una simplificación – temporal – de la contratación, que converse con la reactivación económica planteada por el Gobierno.

Lo que planteamos es diferente, y necesario desde nuestra perspectiva. Un contrato a plazo determinado, que podría ser utilizado hasta que acabe el 2021, siempre evaluando como va evolucionando la pandemia, en donde el empleador pueda contratar a trabajadores “sin justificar” el contrato con una causa objetiva, como lo exige de forma muy estricta nuestra legislación y nuestros jueces laborales. Introducir este contrato temporal, permitirá no solo que se elimine la incertidumbre antes planteada, sino que, además, al flexibilizar la contratación, los empleadores se verán más dispuestos a contratar, reactivando la economía y beneficiando a miles – o millones – de desempleados, pues además se tratan de relaciones laborales formales.

De una vez por todas nos debemos dar cuenta que la formalización de las relaciones laborales y de los trabajadores, mas que pasar por mayores beneficios laborales, debe representar la protección de la seguridad social (pensiones, salud, desempleo) que hemos extrañado durante la pandemia.

Estos planteamientos, si bien alejan del proteccionismo del Gobierno que ha tenido durante toda la pandemia en favor de los trabajadores y la estabilidad laboral absoluta que venimos padeciendo desde hace más de 20 años, son necesarios para que el empleo se reactive. Si no se da un respiro a los empleadores, con normas que ayuden y no entorpezcan, es muy probable que la tasa de desempleo siga en aumento. Las medidas radicales necesitan llevarse a cabo en una situación tan radical como la es la pandemia del COVID-19. Flexibilizar las normas laborales creemos que es la solución, las cuales no deben entenderse como una desprotección del trabajador, sino como una nivelación de la balanza, permitiendo a los empleadores poder reactivar sus actividades y estabilizarse en una nueva normalidad. Lampadia

La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por IIG – Infraestructura institucionalidad y Gestión, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos el siguiente video sobre los sectores responden: ¿funciona la reactivacion?

Participan Víctor Gobitz, CEO de Cía. Minera Buenaventura, Jacques Mayo, Gerente General de Cía. Industrial Nuevo Mundo, y Benjamín Cillóniz, Gerente General de Grupo Safco como invitados, y Jaime de Althaus, Fernando Cillóniz y Gonzalo Prialé.

Las opiniones vertidas por los participantes no necesariamente representan la opinion institucional de IIG sobre los temas tratados.

Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Si nos llevamos por la narrativa del gobierno y de la prensa adicta al mismo, la gran mayoría de periódicos radios y canales de televisión, el Perú debería estar superando con éxito la doble crisis de la pandemia, la sanitaria y la económica.

Lamentablemente, la realidad nos muestra todo lo contrario.

En cuanto a la crisis sanitaria, el Perú es el octavo país con peores resultados en el mundo. Ver los datos de Worldometer:

Fuente: Worldometer

En términos del impacto económico de la cuarentena, decretada a raíz de la pandemia, los resultados no pueden ser peores. Según el Banco Mundial, el PBI peruano caería en el 2020 12%, solo después de Belice (-13.5%) y de Maldivas (-13%). En Latino América tendríamos largamente el peor resultado, detrás nuestro estarían Brasil cayendo 8%; México, 7.5%; Ecuador, 7.4%; y Argentina, 7.3%. Nuestros otros socios de la Alianza del Pacífico caerían solo 4.9% Colombia y 4.3% Chile. Ver tabla del Banco Mundial:

Fuente: Banco Mundial

Estas cifras muestran una muy cruda realidad, tenemos los peores resultados imaginables, tanto en lo sanitario como en lo económico.

Por su lado el Consejo Fiscal ha producido un análisis de escenarios que confirman esta triste realidad.

A nivel global ve un rango de caída del PBI de 3.8 a 6.2%.

Para nuestros socios comerciales se ve una caída entre 3.5 y 6%.

Pero en cuanto a nuestro PBI, coincidiendo con previsiones del IPE, Macroconsult y Apoyo, el Consejo Fiscal muestra escenarios de caída que van de 10 a 20% para el 2020.

Los resultados fiscales se ven cayendo entre 5.4 y 9.9%.

Y nuestra deuda pública no financiera crecería el 2020 a 35.1 o hasta 41.8% del PBI, desde un 27% para el 2019.

Fuente: Consejo Fiscal – Informe N° 004-2020-CF
Análisis de escenarios macroeconómicos y sus efectos en las cuentas fiscales ante el COVID-19

Estos resultados no son casuales. Son producto de decisiones de gobierno, tanto en lo sanitario como en lo económico.

Para empezar, el gobierno rechazó el apoyo del sector privado, de las iglesias y de las Fuerzas Armadas, en diferentes instancias. Los problemas se trataron a puerta cerrada con un complejo de Superman, como dice Fernando Cillóniz.

En lo sanitario no se tomaron previsiones oportunas para el abastecimiento de pruebas moleculares, las únicas efectivas. No se entendió la naturaleza de las condiciones de vida de buena parte de la población que se gana el pan día a día, y se abastece de comida dos o tres veces por semana.

Además, se restringieron horarios de atención y se establecieron paralizaciones que generaron congestiones y, por lo tanto, se multiplicaron los contagios.

En lo económico se tomaron decisiones planas cerrando todas las regiones, incluso las que no tenían amenaza de contagios; y se cerraron todos los sectores, incluso los que podían operar con controles adecuados. Por ejemplo, los países que compiten con nosotros en minería, Australia, Canadá y Chile, no cerraron el sector y mantuvieron un mayor crecimiento económico.

En la fase de reactivación económica se siguieron cometiendo errores, estableciéndose protocolos equivocados, imposibles de cumplirse que sabotean la posibilidad de reiniciar operaciones. Los errores se corrigen tarde mal y nunca, y se pierde tiempo.

La caída de la economía será dramática y profunda. La recuperación tardará mucho tiempo y, mientras tanto, la pérdida de empleos y la quiebra de empresas se multiplicará sin límites. Hoy se habla de la pérdida de dos millones de empleos.

Ayer el presidente del Consejo de ministros convocó mesas con el sector privado para recibir sugerencias. En nuestra opinión, como en la gran mayoría se casos, las mesas son un saludo a la bandera. De lo que se trata es de transferir responsabilidades a verdaderos expertos, a los representantes del sector privado. También se trata de promover el apoyo de las iglesias y de convocar a las Fuerzas Armadas para asuntos logísticos y otros.

Esto no puede seguir así. El país no es propiedad del gobierno, es propiedad de todos los peruanos. Se debe convocar a todos los estamentos que tienen capacidades naturales para diseñar y ejecutar planes de acción adecuados, como lo han hecho, cerca de nosotros, en Medellín y Guayaquil. Lampadia

El quinto componente de nuestras propuestas para reducir la conflictividad anti minera, esfuerzo desarrollado con colaboración de Sebastiao Mendonça Ferreira, del Centro Wiñaq, se circunscribe al rol del Estado, el actor más importante de todos, pues está facultado para crear y modificar las reglas con las que deben actuar los demás y a ejercer el monopolio de la violencia en defensa del conjunto de la sociedad.

Después de la caída de la inversión privada y del crecimiento de la economía, coincidente con la parálisis de la inversión en minería y, habiendo vivido previamente lo contrario, alta inversión privada en minería y otros sectores, y un período largo de alto crecimiento económico, está muy claro el aporte de la inversión minera al conjunto de la sociedad y al desarrollo integral. Desafortunadamente, se ha dado mucho espacio mediático y político, así como el disfrute de la impunidad, a los grupos y cúpulas promotoras de la conflictividad minera, que han logrado confundir a buena parte de la sociedad, haciendo pensar que sus motivaciones son de carácter social y ambiental y, no políticas, ideológicas y simples mecanismos de captura del poder.

La debilidad de nuestras instituciones políticas, gremiales, académicas y mediáticas, ha permitido que los anti mineros hayan convertido los mitos anti mineros en una suerte de ‘breviario’ de lo políticamente correcto.

Estamos a días del inicio de un nuevo gobierno que tiene entre sus objetivos, la reactivación de la economía. Esto solo se podrá lograr echando a andar los grandes proyectos productivos y de infraestructuras paralizados, pues su impacto en la economía y en los muy necesarios recursos fiscales, es más rápido que el desarrollo de nuevas aventuras.

A continuación presentamos algunos lineamientos sobre el rol del Estado en la conflictividad minera. Ver los cuatro capítulos anteriores en Lampadia, Recursos Naturales y Desarrollo.

El Estado en la Reducción de la Conflictividad

Ideas para estimular un debate

Sebastiao Mendonca Ferreira

Centro Wiñaq

Una expectativa de gran parte de la población es que el nuevo gobierno tenga la voluntad política y la inteligencia para llevar a cabo la reactivación de la minería, pues su  reactivación podría dinamizar nuevamente el conjunto de la economía.

Sucede que la reactivación de la minería no será solo una cuestión de promover inversiones sino de tener la capacidad de prevenir la conflictividad social que se ha incrementado alrededor de algunos proyectos: Xtrata, Las Bambas, Conga, Tía María, etc. El gobierno saliente fracasó rotundamente en el intento de reducir la conflictividad, sacrificando miles de millones de dólares de inversión y de impuestos, y muchos miles de empleos productivos. Si este gobierno no lo hace mejor, irá por el mismo camino de su antecesor. Nuestra intención es contribuir a que esta decepción no se repita.

Marco conceptual

Como ya hemos explicado en artículos previos, los cuatro actores que determinan el grado de conflictividad social de la actividad minera son (1) las Empresas Mineras, (2) las Sociedades Locales, (3) los Anti-mineros y (4) la Institucionalidad pública/Estado. De esos actores, el Estado es el más importante porque es el que puede modificar las reglas del juego y las condiciones institucionales dentro de las cuales actúan los demás actores.

La minería, igual que el petróleo, en los años de altos precios de los commodities, como los hemos tenido hasta hace poco tiempo, genera grandes cantidades de rentas, y la disputa por esas rentas es la principal razón de la conflictividad minera. Esto contradice la aparente causalidad de los temas sociales y ambientales, que son en su mayor parte la plataforma para la búsqueda de rentas.

La conflictividad minera es un problema tan serio que para muchos de los países africanos y algunos latinoamericanos la abundancia de recursos naturales ha resultado siendo una maldición (Congo, Sierra Leona, Venezuela, etc.). El célebre economista Jeffrey Sachs llega a creer que esa maldición es inevitable.[i] Nosotros no compartimos esa opinión, y creemos que podemos hacer que los recursos naturales sirvan para promover y financiar el desarrollo sostenible. Todo depende de cuan bien se hagan las cosas, como es el caso de Botsuana, Noruega, Polonia, Chile, y muchos otros.

Los estudios de Paul Collier, de Oxford University, realizados en decenas de países y por 40 años consecutivos, concluyeron que los conflictos extractivos ocurren en aquellos países donde las instituciones crean condiciones favorables para la conflictividad, y los conflictos son más violentos en los países en que las instituciones son más precarias. Ello significa que, de los 4 factores de la conflictividad explicados arriba, el marco institucional es el más importante. De ahí el rol preponderante del Estado.[ii]

Daron Acemoglu ha estudiado el rol de las instituciones en el desarrollo o estancamiento económico de los países y ha identificado cómo el poder político y las instituciones inciden sobre el desempeño de las empresas y de las economías. Él ha desarrollado un enfoque teórico que representamos gráficamente en el cuadro de más abajo.[iii]

En el caso del Perú, los anti-mineros han aprendido a utilizar los conflictos para acumular poder político tanto “de facto” (control social, político y mediático en zonas mineras) como “de jure” (congresistas, alcaldes y gobernadores), y con ello neutralizan el funcionamiento de las instituciones públicas que viabilizan y legitiman la actividad minera, a costo del desempeño económico del país. Su ambición es prohibir la minería moderna en las zonas suni y puna, justo donde está el 80% de las reservas de minerales metálicos del país.

Por ello, la reactivación de la minería no puede ser vista como resultado de una medida aislada, tipo bala de plata, sino como consecuencia de un conjunto de cambios en ese sistema institucional y político. La implicancia central es que el Estado tiene que actuar sobre las instituciones para cambiar los incentivos económicos y las relaciones de poder, y así neutralizar a los factores que hoy bloquean a la minería. 
La buena noticia es que con la elección del nuevo gobierno (pro economía de mercado), el poder político nacional “de jure” debe ser favorable al mejoramiento del desempeño económico del país. El problema es que los anti-mineros tienen parte del poder político “de jure,” en el congreso con miembros claramente hostiles a la minería y también parte del poder político “de facto:” opinión pública, organización política, medios de comunicación, etc., y son fuertes en las regiones mineras. Nacionalmente los anti-mineros son largamente minoritarios, pero en algunas localidades mineras ellos sí son predominantes. En esas zonas van ocurrir los problemas sociales en los próximos años, pues la conflictividad minera se desarrolla justo en el desequilibrio entre el poder nacional y los poderes locales.

Las Condiciones para la Conflictividad

En el caso peruano, la conflictividad minera es viabilizada por nueve factores agrupados en tres bloques principales: (a) deficiencias institucionales, (b) poder político de los anti-mineros, (c) el clima social en las zonas mineras.

Deficiencias Institucionales

1. La incapacidad del Estado para hacer respetar la ley en las zonas mineras. Esta debilidad del Estado genera un clima de inseguridad generalizado y hace posible que la violencia y la coerción sea parte de las prácticas diarias de las organizaciones que promueven el conflicto. Esta debilidad del Estado es la condición principal para los actos de violencia y los muertos que tanto benefician a los anti-mineros. El Estado debe recuperar el monopolio de la fuerza y hacer uso legítimo del mismo.

2. La falta de legitimidad de las instituciones públicas que norman y supervisan la actividad minera. Sin referencia institucional creíble, la población local no sabe en quién creer, y se vuelve presa fácil de la narrativa de los anti-mineros y de sus campañas en contra las empresas mineras y las instituciones públicas. 

3. La fragmentación de la institucionalidad jurídica, generando una especie de vacío jurídico que refuerza la impunidad para impedir las actividades económicas, para la destrucción de la propiedad y para la realización de acciones violentas. A diferencia de los países desarrollados, aquí en el Perú autores de actos violentos y criminales terminan impunes y muchos de ellos llegan a ser declarados héroes locales. El paulatino avance de la Justicia Intercultural impulsa esta fragmentación jurídica.

Poder político de los anti-mineros

4. La narrativa anti-minera presenta una versión maniquea de la realidad en que ellos son los buenos (defensores del medio-ambiente y de la población local) frente a los malos (las empresas mineras), cubriéndose de un manto de buena intención y moralidad y ocultando sus reales intereses económicos y políticos (autoritarios). Una parte significativa de la población peruana esta bajo la influencia de esa narrativa.

5. Hegemonía mediática, vía el control de los medios de comunicación y del flujo de mensajes que llegan a la población en la zonas mineras, especialmente las radios rurales, recurriendo en algunos casos a la amenaza y a la represión violenta de las voces discordantes del discurso anti-minero. Este es un mecanismo fundamental para el influenciar la mentalidad de la población local y la propagación de rumores.

6. El desvío de recursos locales o externos. Los grupos anti-mineros siempre obtienen recursos para financiar la conflictividad, y para beneficiar a sus líderes y activistas. Su fuente principal de recursos es el desvío del presupuesto público y del canon minero (municipalidades, Gobiernos Regionales, etc.) pero también reciben fondos de sectores radicalizados y/o desinformados de la cooperación internacional. 

Clima Social

7. Disputa de rentas. En amplios sectores de la población persiste el sentimiento de que la minería es una fuente de rentas que sólo es posible apropiarse por medio del conflicto. Si la población no visualiza una relación positiva de colaboración con la minería (desarrollo compartido), se generaliza en la población la disputa de rentas por medio del conflicto. En esas condiciones los anti-mineros florecen.

8. La polarización social hostil a la minería que divide la sociedad en dos bandos (los buenos versus los malos), que neutraliza a los sectores medios urbanos (intelectuales, empresarios, profesionales, instituciones, etc.), y genera condiciones para hacer socialmente dominante la narrativa hostil a la minería. La polarización social es un mecanismo de acumulación de fuerzas muy usado por los anti-mineros y les sirve para neutralizar a sus rivales.

9. Temores y sentimientos de agravio de la población local. Los problemas de afectación del agua en comunidades cercanas, la existencia de pasivos mineros, la pérdida de posición social relativa de parte de las élites locales, el incremento de los precios locales, los accidentes ambientales, etc., agudizados por la propaganda anti-minera, generan un clima de temor y malestar hacia la minería. Estos sentimientos son exacerbados para generar la polarización social hostil hacia la minería y permitir a los anti-mineros posicionar su narrativa como los defensores de la población local.

¿Qué hacer? El rol del estado.

Esos tres grupos de condiciones que estimulan la conflictividad están inter-ligados. Es decir, solo pueden ser superadas efectivamente si se abordan conjuntamente.

En forma muy resumida presentamos algunos de los componentes de las respuestas.

1. Una apuesta por el desarrollo regional y no por la conflictividad: El nuevo gobierno debe elaborar cuidadosamente los lineamientos de una propuesta de desarrollo regional que tenga a la minería como motor económico, y el canon como el gran financiador del desarrollo regional, apoyado por inversiones del gobierno nacional. Esta propuesta debe movilizar las capacidades productivas y empresariales de las regiones de modo a generar un consenso regional pro-desarrollo. Esa propuesta debe contener un plan de inversiones públicas a llevarse acabo en base a las fuentes de recursos señaladas arriba. La población regional deberá sentirse dueña de dicha propuesta en su región, y contar con mecanismos institucionales para fiscalizar a todos los actores: gobernantes locales, empresas mineras, gobiernos nacional y regional, e instituciones públicas respecto al cumplimiento estricto de los compromisos asumidos y el uso correcto de los recursos públicos. 

2. La vigencia de los derechos y del imperio de la ley en todo el territorio: El nuevo gobierno debe hacer una evaluación de la capacidad institucional del Estado para hacer cumplir la ley en todo el territorio, muy especialmente en las zonas con actividades mineras. Es fundamental que el uso de la violencia como recurso de presión política disminuya, que los reclamos de la población se canalicen vía las instituciones que les ofrece la democracia, y que los anti-mineros sean forzados a respetar las opiniones divergentes en el seno de la población local. Sin imperio de la ley en las zonas mineras no habrá reactivación de la minería y los recursos públicos que se apliquen en obras y proyectos serán desperdiciados. La estrategia del Estado hacia la violencia debe ser preventiva para reducir los costos sociales y políticos.