En el Perú hemos dejado que las prédicas anti inversión privada, distorsionen el sentido común sobre los elementos fundamentales del desarrollo, y en vez de entender la importancia del mercado para el bienestar general (de la ‘mano invisible’ de Adam Smith), nos dejemos llevar por los cantos de sirena del poder del Estado para resolver las necesidades de los ciudadanos a espaldas, y hasta en contra del sector privado. Un nefasto intervencionismo de los políticos, que configura una suerte de ‘mano negra’, que pretende diseñar nuestras vidas.

Ante la desaparición de los liderazgos políticos de PPK, el Presidente de la República, y de Keiko Fujimori, líder del partido mayoritario del Congreso de la República, y el abandono de la búsqueda de la ‘gobernanza’ y de toda iniciativa de reformas estructurales; estamos sufriendo una estampida de iniciativas que erosionan, desnaturalizan y paralizan, las actividades del sector privado. Se está exacerbando esa nociva tendencia de nuestros políticos, de buscar banderitas políticas, que enciendan los reflectores del facilismo populista, apoyados por las reverberaciones de las cajas de resonancia de los medios de comunicación.

La lista de iniciativas anti-inversión privada y anti-empresa es larguísima. Así tenemos, por ejemplo, el caso de los Fondos Privados de Pensiones, el etiquetado de alimentos, la canchita y los cines, las cadenas de farmacias, las tarjetas de crédito, los centros comerciales, los proyectos mineros, la leche en polvo, y tantos otros.

Lamentablemente, el sector privado, tanto desde la plataforma de sus gremios, como de las propias empresas, opta hace años por lo que llaman ‘el perfil bajo’, pasar desapercibidos; como si sus actividades no fueran legítimas, perdiendo la oportunidad de compartir con la opinión pública, sus aportes a la sociedad.

Pero, peor aún, dejando que los personajes que añoran el estatismo empobrecedor, que nos estancó por décadas hasta inicios de los años 90, recobre espacio en el pensamiento popular.

En Lampadia, estamos comprometidos con: La defensa de la economía de mercado, la inversión privada, el desarrollo y la modernidad, así como con la promoción del Estado de Derecho y la meritocracia de los funcionarios públicos. En general, no nos ocupamos de casos de empresas individuales, pero la situación que estamos viviendo, nos lleva a ampliar nuestra cobertura de análisis. 

La guerra contra la economía de mercado y la pasividad del sector empresarial, ya pasó de madura y vemos que algunas empresas, han decidido salir al frente y presentar sus casos con transparencia. Una de estas iniciativas es la de Southern Copper, que está divulgando con mucha solvencia los beneficios de su proyecto de Tía María en Arequipa.

Otro caso es el de Leche Gloria, atacada desde las veredas de reguladores estatales hasta una amplia convergencia de medios de comunicación.

Para difundir y apoyar el caso de Gloria, en la defensa de la leche evaporada, compartimos con nuestros seguidores el siguiente spot:

Lampadia

Hay quienes afirman que el Perú es una “Republica Empresarial” en la que las políticas públicas se dan en función de los intereses de los empresarios. Se han planteado edulcoradas teorías respecto de cómo los supuestos “Dueños del Perú”, son los grandes empresarios, que tendrían bajo su control las políticas públicas, que dirigirían según sus intereses. Esta hipótesis es utilizada para identificar a los grandes empresarios,como los culpables de los múltiples problemas del país, figurándolos alejados del mercado y de la democracia.

En realidad, este supuesto control empresarial es una influencia vaga, volátil, con muchas indefiniciones y niveles intermedios. En múltiples ocasiones los sectores hostiles a la inversión privada consiguen avanzar en políticas públicas sumamente nocivas para la actividad empresarial y para los supuestos “Dueños del Perú”. Estas políticas públicas no amenazan únicamente las fortunas personales de algunos individuos, sino también el dinamismo económico del que depende la reducción de la pobreza en el país. Por ello implican un riesgo para los intereses empresariales, y para el bienestar de la inmensa mayoría de peruanos.

Como ejemplo de la lejanía o incapacidad de la defensa de intereses empresariales, por parte de los supuestos dueños del país, podemos mencionar tres casos frente a los cuales los empresarios y sus gremios no han sido capaces de tomar medidas oportunas, relevantes y concertadas, acordes con los intereses del país ni con los suyos propios.Tres casos de prevalencia de las agendas de los anti-mineros, sobre las del país:

1. El mito de las cabeceras de cuenca
2. La “indigenización” de la población rural
3. La “Justicia Intercultural”

Veremos cómo en estos tres ámbitos los anti-mineros han mostrado un avance sostenido que no ha sido evitado, por quienes consideran que la minería puede ser un motor de desarrollo para el país. Esas tres líneas de incidencia van minando gradualmente el potencial minero del país y pueden hacer que el Perú sea, literalmente, “un mendigo sentado en banco de oro”.

El mito de las cabeceras de cuenca

El caso de las cabeceras de cuenca fue alertado desde Lampadia, una vez promulgada la ley de “Protección de las Cabeceras de Cuenca” que da a la ANA la potestad de declarar intangibles, áreas del territorio nacional. A esto se agrega que se brinda legitimidad pública a la anticientífica creencia, al mito de la existencia de “zonas generadoras de agua” que desconoce el ciclo del agua y los patrones de precipitación en los diversos pisos ecológicos del país. Esta falacia es uno de los pilares discursivos de los activistas anti-mineros. En Lampadia hemos tratado los múltiples aspectos negativos y tendenciosos de esta ley. Ver: Deroguemos norma sobre ‘cabeceras de cuenca’, Centrando el debate sobre las cabeceras de cuenca.

El debate público respecto a esta ley nos muestra que, al momento que la misma era materia de discusión en el Congreso, no hubo participación relevante del sector minero para contrapesar los esfuerzos de incidencia de los anti-mineros en los agentes decisores. Como se puede apreciar, las instituciones hostiles a la minería, tales como AIDESEP (Celebre promotor del “Baguazo”) fueron escuchados por los congresistas frente a la inacción del sector privado que no hizo llegar ningún parecer criticando los supuestos falsos de la ley, ni evidenciando a la opinión pública, los riesgos que su aprobación traería para la minería metálica en los pisos alto andinos. 

Finalmente, la ley fue aprobada por un Congreso con mayoría de Fuerza Popular y promulgada por un Ejecutivo de Peruanos Por el Kambio, firmada por Fernando Zavala y por el mismo Pedro Pablo Kuczynski, a pesar de las opiniones previas, contrarias de la PCM y del Ministerio del Ambiente. Ambas fuerzas políticas (legislativo y ejecutivo) se asumen como defensoras del rol de la inversión privada, pero terminaron aprobando una ley concebida y promovida por instituciones y personas directamente involucradas en la promoción de conflictos sociales en contra de la minería.

Para nuestra sorpresa, hemos escuchado a algunas personas del sector público, defender una ley que ha sido considerada como un gran avance por los enemigos de la minería.  Esto nos señala los resultados del esfuerzo discursivo hegemónico de los anti-mineros frente a la inacción del empresariado y de sus gremios. ¿Cuántos eventos, estudios, apariciones en medios, o presentaciones frente al Congreso desplegó el sector privado para impedir que se promulgara semejante ley? La élite empresarial ha regalado a los anti-mineros un instrumento de política y de discurso de gran importancia para sus objetivos de impedir el desarrollo minero del Perú.

“Indigenización” de la población rural

Otra de las líneas de incidencia desplegadasha sido la “indigenización” de la población rural. ONGs y movimientos políticos hostiles a la minera han realizado esfuerzos sostenidos encaminados a que el mayor segmento posible de la población sea considerado por el Estado como parte de los “pueblos originarios”.

Por ello,diversas organizaciones hostiles a la minería, y del Ministerio de Cultura, realizaron un gran esfuerzo que para incluir una pregunta de auto-identificación étnica en el reciente Censo. Para los anti-mineros los “indígenas” constituyen un potencial “sujeto histórico” dado que, gracias a sus peculiaridades culturales, es menos sensible a los sentidos comunes del neoliberalismo.

Podemos estar seguros que los resultados de la pregunta de auto-identificación podrían desencadenar una dinámica política muy funcional a los grupos anti-mineros, pues en aquellas áreas en las cuales una mayoría de la población se haya identificado como indígena podría ser políticamente más viable el exigir que las mismas sean reconocidas oficialmente como territorios indígenas y jurídicamente especiales. Esto debería ser preocupante para el sector minero puesto que se puede deslegitimar los acuerdos entre las empresas y la población local. Se podría argüir, inclusive a posteriori, que dichos acuerdos no reúnen los estándares nacionales e internacionales de relacionamiento con pueblos indígenas, tales como la Consulta Previa y el Acuerdo 169 de la OIT.

Tanto en el Censo como en el caso de la Ley de Cabeceras de Cuenca, los anti-mineros realizaron años de esfuerzos con el fin de impulsar en primer lugar la presencia de preguntas específicas en el formato y en segundo para que la formulación de la misma sea la más afín posible a sus intereses. Desde el año 2015, organizaciones como ONAMIAP -de clara vocación anti-minera- han participado en mesas de trabajo conjuntas con el INEI, y posteriormente desplegando una intensa campaña de promoción de la auto-identificación indígena. Por el lado del sector privado, se han empezado a visibilizar los graves defectos técnicos en el diseño de la pregunta; pero en menor medida los riesgos sociales que se derivan de la misma. Tampoco se dio incidencia directa con el INEI como la que fue realizada por las organizaciones anti-mineras.

Justicia Intercultural

La justicia intercultural es otra de las líneas de incidencia permanente por parte de los grupos anti-mineros. Este enfoque impulsa un separatismo jurídico en la población rural y urbana que tenga modalidades de organización paralelas al Estado. Considera que existe una justicia originaria que preexiste a aquella del Estado Peruano. Para quienes impulsan este enfoque las rondas campesinas, comunidades campesinas y pueblos nativos tienen derecho a administrar justicia en “sus territorios” sin interferencia del sistema judicial nacional excepto en caso de graves violaciones de derechos humanos.

Justicia ordinaria y justicia indígena, justicia alternativa, justicia comunal, justicia rondera
Fuente: SERVINDI – Comunicación intercultural para un mundo más humano y diverso

Este enfoque es defendido por una muy activa coalición en diversos estamentos. Por un lado, el presidente del Poder Judicial está plenamente comprometido con impulsar la justicia intercultural. Es especialmente relevante que se hayan creado múltiples cursos de “pluralismo jurídico” en las que se forma a los jueces. Desde la sociedad civil, el principal actor es el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad que se dedica a dar la batalla de ideas, brinda apoyo legal a movimientos anti-mineros y divulga sus ideas entre los movimientos sociales. La justicia intercultural tuvo entre sus aliados a la ex ministra de justicia Marisol Pérez Tello, quien hizo lo posible por fortalecer esta corriente.

La justicia intercultural significa un grave riesgo para el sector extractivo. Brindaría a organizaciones sociales,que pueden ser fácilmente capturadas ideológicamente por los anti-mineros -como lo son las rondas campesinas-, prerrogativas semejantes a las del Poder Judicial. Es difícil pensar que un inversionista considere que tiene seguridad jurídica si sus operaciones dependen de los “fallos” que brinden organizaciones rurales, atomizadas, inestables y potencialmente ideologizadas.

Quienes han estudiado la conflictividad social ligada a la minería saben que los grupos promotores de conflictos se aprovechan de las debilidades del Estado en las provincias alejadas para crear zonas de impunidad para el uso de la violencia. La fragmentación jurídica del Estado incrementaría notablemente las zonas en donde grupos locales podrían volverse autónomos para ejercer la justicia al margen del sistema jurídico nacional.

Quienes impulsan la justicia intercultural realizan eventos académicos, enseñan diplomados, dictan capacitaciones a jueces, inciden sobre funcionarios públicos y coordinan con organizaciones sociales. Mientras tanto, la mayoría del sector privado ni siquiera es consciente de esta amenaza. En un campo de juego abandonado por una de las partes solo se puede esperar un resultado, la victoria de quien está en la cancha.

Como podemos ver los anti-mineros tienen líneas de acción en las que han logrado avances sistemáticos mientras que el sector minero no toma las medidas correspondientes. Es posible que, en algunos años, ya con los hechos consumados, esta sea una decisión de la que se arrepientan los empresarios, con profundas consecuencias para el país en su conjunto.

Los grupos anti-mineros avanzan en su agenda política conuna militancia activapara hacerla realidad en Perú.

¿Cuándo es que las élites empresariales y sus gremios van reaccionar y asumir una postura más activa en la formulación de las políticas públicas? La realización o frustración del potencial minero y la reducción de la pobreza en el Perú dependerá de ello. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En el Congreso hay 16 proyectos de ley que, sumados a 4 ya aprobados, generan costos fiscales –menores ingresos tributarios- que pueden llegar a cerca de 5% del PBI. De aprobarse, estaríamos decretando el final de la estabilidad monetaria y fiscal, el retorno a la inflación y la imposibilidad de alcanzar el desarrollo integral. Sería el suicidio económico nacional.

Fuente: marcandoestart

Ya el Congreso avanzó el jueves con esta agenda aprobando una ley que restablece por 5 años los beneficios de la admisión temporal para las aeronaves y sus partes, con suspensión del pago de tributos hasta por 5 años, y permitiendo su nacionalización con la depreciación de la base imponible del 20% anual. Inicialmente la ley se iba a aplicar a todas las empresas aéreas, pero luego del debate se limitó a las micro, pequeñas y medianas. Esto reduce el daño, pero no lo elimina porque sólo servirá para incentivar el fraccionamiento y atomización de las empresas grandes para no pagar tributos. Según fuentes del sector economía, “una gran empresa podría crear una división de reparación con un RUC distinto y a partir de ésta realizar la importación temporal por 5 años y luego la compra de aeronaves”.

Según dicha fuente, la ley distorsiona la aplicación del régimen general de admisión temporal para reexportación pues “la deducción (depreciación) de la base imponible del 20% anual, implica en la práctica que el régimen general de admisión temporal para reexportación se convierta en un mecanismo destinado al no pago de tributos y no constituye un régimen aduanero suspensivo; por tanto, restablecer la vigencia de este mecanismo implicaría desnaturalizar el régimen de admisión temporal incorporando una exoneración del pago de tributos a la importación”.

Además, la Ley genera un tratamiento a favor del sector aéreo, lo que podría llevar al sector de transporte terrestre y a otros a solicitar el mismo beneficio.

Fuente: zestcapital.com

Pero el problema es mucho más grande. Como hemos señalado, hay en el Congreso 20 Proyectos de Ley que conceden beneficios tributarios y que ocasionarían altos costos fiscales. De esos, ya se han aprobado 4. Fuentes analíticas nos indican que el costo total de esas leyes y proyectos de ley ascendería a una cifra enorme que oscila entre S/ 27,067 millones (equivalente al presupuesto 2017 de los sectores educación y salud) y S/ 34,337 millones (equivalente al presupuesto 2017 de los sectores educación, transportes y vivienda). Lo que representa de 3.6% a 4.6 del PBI.

El más costoso de todos es PL 730/2016-CR, proyecto de ley que crea el Régimen Especial de Incentivos y Beneficios para compradores preferentes para las MYPEs, “Sello MYPE”.

Este es un proyecto de Fuerza Popular a iniciativa del congresista Edwin Vergara Pinto. Propone establecer un nuevo régimen especial de incentivos y beneficios para compradores preferentes de las MYPE — Sello MYPE. Se trata de beneficios tributarios para las empresas medianas y grandes que compren frecuentemente a las MYPE. Por ejemplo, se establece una deducción del 100% adicional de gastos para efectos del impuesto a la renta de los bienes muebles (exceptuando los vehículos automotores) adquiridos de las MYPE; un puntaje adicional en los procesos de selección que convocan las entidades del Estado; devolución en cinco días hábiles desde la presentación de la solicitud de saldos a favor de la exportación, drawback y pagos en exceso o indebidos, entre otros.

Las fuentes estiman que el costo del beneficio sobre la deducciónadicional degastos para efectos del impuesto a la renta para las compras efectuadas a MYPE por parte de las empresas medianas y grandes, ascendería entre S/ 5,310 millones (10% de las ventas de las MYPE) hasta aproximadamente S/ 10,619 millones (20% de las ventas de las MYPE).

La ley también excluye de los regímenes de retenciones y percepciones a las empresas que compren a las MYPES, lo que puede afectar la recaudación del IGV. Se calcula que el costo de la eliminación de ambos regímenes ascendería en S/ 735 millones. Fuera de que aplicar un esquema como el planteado requiere del desarrollo de un complicado sistema de información y control por parte de la administración tributaria.

En consecuencia, según las fuentes, el costo total estimando únicamente la deducción adicional de gastos para medianas y grandes empresas, así como la eliminación de los regímenes de retenciones y percepciones, ascendería potencialmente entre S/ 6,045 millones y S/ 11,354 millones.

El más inmediato de todos es el PL N° 626: Alertas Educativas, que ha sido observado por el Ejecutivo pero probablemente se aprobará por insistencia. Este proyecto obliga a la SUNAT a brindar una capacitación por cada infracción que cometa una microempresa antes de poder sancionarla por dicha infracción, y una vez por cualquier infracción en el caso de la pequeña empresa. El tema es que existen 64 infracciones posibles en el código tributario. Según el MEF, esto contraviene lo dispuesto en la Ley MYPE, que acota el acompañamiento tributario solo para las microempresas (Art. 42), condicionando ello incluso solo a las que se acojan al Registro de la MYPE (REMYPE). Asimismo, precisa que el acompañamiento es solo para cinco infracciones y solo por los tres primeros años desde la inscripción de la microempresa al REMYPE. Con este proyecto, en lugar de 5, serán 61/63 infracciones, sin pedir nada a cambio y de manera permanente.

Para el MEF no es solo que el proyecto aprobado requiere implementaciones operativas y de sistemas en SUNAT que excederán el plazo de 60 días dado por la norma para ello, y que se perderá algo de recaudación, sino el mensaje que estamos dando al contribuyente: es evidente que si le decimos que pueden cometer 50 o 60 infracciones antes de que se le ponga una multa, le comisen o le cierren su local porque por cada infracción, aunque esta sea muy grave, la SUNAT deberá primero darte una capacitación, estamos premiando su informalidad.

Esperemos que prime la cordura en el Congreso y se deseche este tipo de proyectos de ley. Mucho le ha costado al pueblo peruano alcanzar la estabilidad monetaria y fiscal para ponerla en peligro de esta manera. No nos podemos arriesgar al retorno de la inflación ni podemos sacrificar ingresos tributarios necesarios para mejorar la calidad de la infraestructura y los servicios públicos, con normas de la mejor tradición populista latinoamericana. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Hace unos días Lampadia dio cuenta de una noticia extraordinaria: el congreso brasilero había derogado una ley del año 1943 inspirada en la “Carta de Lavoro” de Mussolini que creaba un impuesto para subvencionar a los dirigentes sindicales de las empresas. En buena cuenta el Estado pagaba un salario a las dirigencias laborales. Fuera de eso, la ley aprobada por el congreso brasilero puso fin a la estabilidad laboral absoluta facilitando la contratación y la desvinculación de los trabajadores a cambio de una debida indemnización.

En el Perú no logramos construir hasta ahora la suficiente decisión política para reformar nuestra excluyente y rígida legislación laboral, que no solo mantiene en la informalidad y sin derechos a la gran mayoría de trabajadores peruanos, sino que, de paso, nos pone amarras que no nos dejan competir con eficiencia en la economía global a fin de crecer a tasas que nos permitan desarrollarnos.

Fuente: scoop.it

En su discurso de 28 de julio, el Presidente Pedro Pablo Kuczynski se refirió de manera muy general al tema del empleo y sencillamente no planteó el problema tal como es ni la necesidad de reformar el carácter excluyente de nuestro marco legal. Su discurso fue vencido nuevamente por el temor político, pero anunció que el tema se vería en el Consejo Nacional de Trabajo, como si no supiera que la CGTP ya se retiró de esa instancia hace pocos meses cuando el ministro Grados empezó a plantear los asuntos de fondo, pese a que, como veremos, la CGTP sería la principal beneficiaria de las reformas, al poder ampliar su base sindical.

Por lo tanto, si no nos vamos a pasar el periodo entero de gobierno sin atrevernos a enfrentar el asunto, no cabría otra salida que convertirlo en materia del acuerdo político que empezó a gestarse en la reciente reunión entre el Presidente Kuczynski y Keiko Fujimori.

Eliminado la estabilidad absoluta, la CGTP podría ampliar su base sindical

No vamos a repetir los datos ya conocidos acerca de los altísimos niveles de informalidad laboral que tenemos, de los más altos del mundo. Somos uno de los pocos países en el que la indemnización no cuenta como una protección adecuada al despido, de modo que el juez puede imponer la reposición del trabajador aun cuando haya sido indemnizado y haya cometido actos manifiestamente delictivos. (Se ha llegado al extremo de reponer policías dados de baja por delitos). Ya conocemos los efectos perversos de este condicionamiento. Perjudica incluso a los sindicatos y a las propias centrales sindicales, que deben resignarse a operar sobre una base sindical minúscula debido no solo a la altísima informalidad, sino a que, aun dentro de la pequeña esfera formal, la tasa de sindicalización es casi inexistente: los trabajadores sindicalizados en el sector privado son hoy apenas el 1.2% de la población ocupada, un porcentaje ridículo que debería darle vergüenza a la CGTP. Y son apenas el 5.8% de los trabajadores privados en planilla.[1] Ridículo también.

La explicación del tamaño irrisorio de la sindicalización en nuestro país es precisamente la legislación laboral vigente y la antojadiza interpretación del artículo 27º de la Constitución por parte del Tribunal Constitucional, presidido por el acciopopulista Javier Alva Orlandini a principios de siglo, que consideró, estableciendo el precedente,que la indemnización por despido no constituye protección suficiente contra el “despido arbitrario”. Esto, sumando a los altos costos no salariales del trabajo, inhibe a las empresas de todo tamaño, y sobre todo a las medianas y pequeñas, de contratar formalmente trabajadores. Y cuando los contratan optan por el contrato temporal a plazo fijo. Si antes la mayor parte de los contratos en el sector privado eran a tiempo indeterminado, en la actualidad cerca del 70% de los contratos son temporales a plazo fijo. Pero, como señala PLADES,[2] los contratos a plazo fijo “desincentivan la afiliación sindical y restringen el acceso a la negociación colectiva de los trabajadores, disminuyendo las posibilidades de obtener mejores remuneraciones y mejores condiciones de trabajo”.

Sí resulta claro que lo que le convendría a la CGTP es que las empresas encuentren atractivo el contrato a plazo indeterminado, para que la mayor cantidad de trabajadores se puedan sindicalizar y pueda así la CGTP ampliar sus bases y su poder, uno se pregunta si la renuencia de la clase política y del Tribunal Constitucional a precisar los alcances del artículo 27º de la Constitución en el sentido natural, obedece a una conspiración política para que ni la sindicalización, ni la negociación colectiva ni la CGTP crezcan.

Las propuestas del Ministro

Por supuesto, no es esa la única reforma que deba ser materia de un acuerdo político. El ministro de Trabajo, Alfonso Grados, ha venido trabajando en el diseño de un conjunto de mejoras específicas de la normativa orientadas a generar nuevos puestos de trabajo, duplicar la formalidad laboral pasándola del 28% de la población ocupada al 52% el 2021, elevar la productividad promedio de los trabajadores y elevar su ingreso promedio. Es obvio que un mercado laboral menos atado demandará más trabajadores formales y una  mayor demanda de trabajadores llevará a mayores salarios. Ese ha sido el camino de los países del sudeste asiático, que comenzaron con salarios misérrimos hace 30 o 40 años y hoy son varias veces superiores a los de nuestros trabajadores peruanos. 

En diciembre del año pasado el ministro de Trabajo presentó al Consejo Nacional del Trabajo 19 propuestas vinculadas a temas como los ceses colectivos (para que funcionen pero protegiendo mejor la situación de los trabajadores),[3] la negociación colectiva (para mejorar el arbitraje potestativo[4] por ejemplo), y las escalas de multas del Sunafil (para que no se aplique a una familia o a una microempresa la misma multa que a una gran empresa, por ejemplo), entre otros. Esas propuestas se discutieron, pero a la hora entrar a discutir reformas de fondo para facilitar la contratación formal de trabajadores manteniéndolos más tiempo en la planilla, es decir, con mayor seguridad para ellos, pero adaptando distintas modalidades laborales a las realidades del mercado en los distintos sectores a fin de mejorar la competitividad global de nuestras empresas y que estas, al crecer, puedan ofrecer más empleo formal y de calidad, las centrales se retiraron.

Las reformas que plantea Grados buscan reducir los llamados “costos no salariales del trabajo” sin reducir beneficios o derechos, a fin de incentivar la contratación de más trabajadores formales, cambiando, por ejemplo, para los nuevos, la CTS por un seguro de desempleo con capacitación, de modo que no se proteja el puesto de trabajo –que puede quedar obsoleto- sino al trabajador mismo. Esta propuesta, sin embargo, aún no ha sido aceptada por el MEF.

¿Eliminar los regímenes especiales para la exportación?

Una de las propuestas que está elaborando el ministro responde a un pedido clásico de la CGTP y de los sindicatos de los países importadores (que buscan así proteger sus mercados). Consiste en eliminar el régimen de exportación no tradicional de inmediato y el régimen agrario a su vencimiento, el 2021.Es una propuesta preocupante a primera vista porque esos regímenes han funcionado muy bien y han permitido desarrollar las exportaciones respectivas de una manera sin precedentes, proporcionando al mismo tiempo gran cantidad de empleo formal. En realidad, es casi el único empleo formal nuevo y masivo generado en los últimos 20 años.

Fuente: revistaganamas.com

Lo que plantea el Ministro es incorporar esos dos regímenes en el régimen general, introduciendo en este últimoalgunas de las características de esos regímenes especiales. Por ejemplo, el Régimen General adoptaría, de manera voluntaria, la llamada RIA (Remuneración Integral Anual), de manera que se pueda pagar las gratificaciones y la CTS en doce alícuotas, junto con el sueldo mensual. Al mismo tiempo, se ajustaría y simplificaría los contratos sujetos a modalidad del régimen general de modo de incorporar en ese régimen, regulándolas mejor, las modalidades hoy recogidas por los regímenes agrario y de exportaciones no tradicionales. En el caso de este último la idea sería ajustar la contratación a plazo a los pedidos de exportación, por ejemplo, poniendo un límite alto al número de años en que se puede renovar el contrato a plazo. En nuestra opinión, esta última medida corre el riesgo de convertirse en una caja de Pandora que todos los años sea motivo de negociaciones que la lleven a su desnaturalización.

En cuanto al régimen agrario, el ministro nos explica lo siguiente: “La idea es mantenerlo hasta el 2021 con una gradual revisión de las vacaciones, incrementándolas paulatinamente de modo que el impacto sea manejable. Efectivamente la RIA se aplicaría voluntariamente al nuevo régimen general y si eventualmente el MEF valida el seguro del desempleo, resolveríamos el tema de la CTS. Sí tendríamos que ajustar en algo la RIA mínima del régimen agrario pues hoy, al desagregarlo, no cubre la RMV. Creo que ese ajuste lo debemos hacer pronto. Por todo lo dicho, nuestra postura no es eliminar el régimen al 2021, sino que a esa fecha las diferencias entre el régimen agrario y el nuevo Régimen General no serían tan grandes, y con ello se tomarán decisiones más ajustadas”.

En otras palabras, se incorporaría al régimen general, ajustándolas,algunas particularidades de esos dos regímenes especiales.

Una alternativa más efectiva para lograr un ambiente regulatorio ‘pro-empleo’, sería más bien, llevar paulatinamente el régimen general hacia los regímenes especiales, pero es muy difícil que un gobierno débil se avenga a plantearlo.

Paralelamente la llamada “Comisión de Protección Social” ha venido preparando una propuesta, que aún no está lista, que incluiría un nuevo sistema de pensiones, la integración y universalización del aseguramiento en salud, y, como decimos, la protección contra el cese laboral. Algo que debería merecer un amplio debate público antes de empezar a configurarse.

Como fuere, el lastre del marco legal del trabajo en el Perú es demasiado pesado y oneroso como para seguir con la venda en los ojos. Es hora que el gobierno y Fuerza Popular se sienten a trabajar un acuerdo político que permita que la mayor cantidad de peruanos pueda acceder a un empleo formal, con derechos y mejor pagado. Todo lo demás es demagogia o cobardía. Lampadia

La cantidad de proyectos de ley absurdos y contraproducentes que se aprueban irreflexivamente, sin información adecuada y sin análisis costo beneficio de ningún tipo, ha adquirido proporciones alarmantes. El Congreso se ha convertido en un peligro público, en una fábrica de locuras. Quizá la conversación entre el presidente Kuczynski y Keiko Fujimori ayude a establecer un mecanismo de coordinación para detener exabruptos legislativos, pero no cabe duda que la solución estructural a este problema es  el restablecimiento de una cámara revisora capaz de contener los brulotes demagógicos y populistas de la cámara baja o elevar el número de votos necesario para insistir en una ley observada por el Ejecutivo.

Fuente:  nexos.com

Libro de reclamaciones

Recientemente, por ejemplo, se aprobó ¡por unanimidad! una ley que obliga a todos los proveedores o comercios a nivel nacional –desde las grandes empresas a las micro empresas- a remitir al Indecopi copia de todas las quejas y reclamos consignadas en sus libros de reclamaciones para que esta entidad adopte “las acciones correspondientes”. Por supuesto, violando el artículo 75 de la ley del Reglamento del Congreso que obliga a que todo proyecto de ley venga acompañado de un estudio costo beneficio, aquí no se realizó estudio alguno. Si se hubiese hecho, los congresistas se habrían percatado de que hay aproximadamente 2 millones de empresas en el Perú que estarían obligadas a remitir copia de las reclamaciones al Indecopi, con los costos consiguientes para esas empresas y con un impacto monumental e inviable en las tareas del Indecopi. Esta entidad ha calculado que si cada una de las 2 millones de empresas le remite una hoja de reclamación al mes, la labor del Indecopi en términos de recibir las copias, sistematizarlas, adquirir el software, realizar las estadísticas y el análisis de la información para “adoptar las acciones correspondientes”, sería de tal magnitud que los costos de ese esfuerzo no bajarían de unos 400 millones de soles anuales –varias veces el presupuesto actual de esa entidad que, por lo demás, no viene del tesoro público sino de sus propios ingresos- y obligarían a contratar a alrededor de 10 mil personas para llevar a cabo todas esas tareas.

Tendremos todos los peruanos que pagar por este absurdo. Esto sin contar el hecho de que se desincentiva la iniciativa de la empresa de resolver por sí misma la reclamación. En la actualidad, cuando un consumidor formula un reclamo, el proveedor está obligado a dar respuesta en 30 días, acogiendo o no el reclamo. Si el consumidor no recibe respuesta o esta no es satisfactoria, puede acudir al Indecopi para interponer allí su denuncia. La mayor parte de los casos se resuelven por atención directa del proveedor. Esa negociación directa quedaría anulada. 

Otro efecto secundario de esta norma es que en adelante el Indecopi concentrará sus esfuerzos en la defensa del consumidor, cuando su labor en defensa de la libre competencia es mucho más importante en términos de beneficios para el consumidor.

Prohibición de importación de leche en polvo

Otra ley aprobada por el Congreso, también por abrumadora mayoría, es la que prohíbe el uso de la leche en polvo para la fabricación de leche evaporada, yogurt, quesos y cualquier otro producto lácteo. El resultado será el encarecimiento de la leche evaporada y de los demás productos lácteos, en perjuicio de los consumidores, por la sencilla razón de que hay un déficit apreciable de producción lechera nacional. Esta ley también se redactó sin estudio costo beneficio, desconociendo la realidad. Pues no es cierto, por ejemplo, el argumento de que la leche en polvo disminuye los nutrientes. Según el científico nutriólogo Robinson Cruz, la leche en polvo y la propia leche evaporada reducen la cantidad de vitamina A y D (que luego se repone en el proceso de elaboración), pero no afectan la esencia del poder nutritivo de la leche, que está dada por las proteínas y el calcio que contienen, más allá de las  vitaminas A y D que se pueden agregar al final del proceso productivo. Nuevamente, pues, una ley confeccionada sin información adecuada, cuyos efectos, de promulgarse sin modificaciones, ocasionarán un incremento en el precio y acaso un decremento de la calidad de los productos lácteos.

Injerencia en proyectos inmobiliarios

Allí no queda la cosa. Otra muestra fantástica de la creatividad parlamentaria ha sido el proyecto de ley presentado por Marissa Glave y aprobado en la comisión de Vivienda para la generación de suelo a fin de reubicar o reasentar a la población afectada por desastres naturales, que establece que “los propietarios o promotores de condominios o proyectos edificatorios multifamiliares, deben destinar un porcentaje para vivienda de interés social no menor al 10% de la totalidad de las unidades inmobiliarias que conforman el condominio o proyecto edificatorio multifamiliar, para atender a las familias afectadas por los desastres naturales…”. Una obligación como esa podría tener sentido en proyectos públicos de interés social, pero es una imposición socialista inaudita obligar a los proyectos inmobiliarios privados a reservar el 10% de las viviendas a los damnificados. Sólo a congresistas que no entienden la naturaleza de la inversión privada se les puede ocurrir algo así. Se querrá que no haya más inversión inmobiliaria en el país.

Colegio de historiadores

Otra barbaridad es pretender crear un nuevo colegio profesional, en este caso de historiadores. Algo contra natura, pues lo último que se puede hacer es regimentar la historia a través de típicas acciones gremiales de los colegios. Lo que es más, deberíamos pensar en eliminar los ‘estancos’ y ‘aplanadoras’ en que han devenido todos los colegios profesionales, a los que están sometidos obligatoriamente tantas profesiones.

Sigue la creatividad legislativa

También está en agenda de la misma comisión una modificación al decreto legislativo de obras por terrenos en la que se prohíbe que en los terrenos recuperados o creados por la inversión en encauzamiento de los ríos se pueda hacer inversión inmobiliaria. Lo que sencillamente mata la idea. Nadie va a invertir en costosas obras de encauzamiento de los ríos simplemente para formar tierras agrícolas.

Hay otro tipo de leyes que se aprueban demagógicamente siguiendo corrientes del momento originadas en hechos reprobables. Los tremendos escándalos de corrupción, por ejemplo, llevaron al Congreso a aprobar hace unos meses una ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Esa ley, sumada a la hiperactividad persecutoria por asuntos formales o menores por parte de la Contraloría, no hace sino alejar cada vez más a los buenos profesionales de la función pública y a inhibir a los funcionarios en ejercicio de tomar decisiones, paralizando el Estado y la obra pública. De esa manera empobrecemos el Estado y, paradójicamente, lo hacemos por esa vía más vulnerable aun a la corrupción y, sobre todo, a la ineficiencia. Nuevamente leyes que se aprueban sin mayor análisis y sin estudios costo beneficio serios.

Y así podríamos seguir. Es hora de introducir un control de calidad en las leyes del Congreso. El congresista Alberto de Belaunde planteó un proyecto de ley para crear una oficina de análisis económico e impacto regulatorio de los proyectos de ley, que debería opinar sobre todos los proyectos que se presenten. Es hora de aprobar esa iniciativa, por la salud del país. Además de ello, una bancada tan poderosa como la de Fuerza Popular debería tener también un equipo de economistas y profesionales que filtre los proyectos de ley y los mejore.

Por supuesto, ya es hora, como decíamos al abrir esta nota, que la bancada de Fuerza Popular tome la decisión de aprobar el restablecimiento de la bicameralidad, como garantía de análisis y revisión de la calidad de las leyes. Mientras tanto, es indispensable subir el número de votos para insistir en una ley observada por el Ejecutivo. En el Perú es apenas la mitad mas uno del número legal de miembros del Congreso. En todos los demás países de América Latina es cuando menos los dos tercios. Es imperativo. Lampadia

La siguiente entrevista forma parte de nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI.

“No es necesario crear un Senado, y sí es bueno dividir Lima en distritos electorales mas pequeños”

Martín Tanaka, politicólogo

Entrevista de Jaime de Althaus

Para Lampadia

P. ¿Cuál es tu opinión acerca de las propuestas de reforma política formuladas por Lampadia? (Ver: Empecemos a debatir la Reforma Política).

R. Antes de empezar, quiero mencionar que fui parte del equipo que elaboró la propuesta de reforma institucional presentada por la Asociación Civil Transparencia, que puede verse en: http://www.transparencia.org.pe/documentos/propuestas_de_reforma_institucional.pdf.

Varias de las propuestas de Lampadia coinciden con la propuesta de Transparencia, que suscribo; otras no son parte de esa propuesta, con algunos estoy de acuerdo y con otras no. Pero más allá de esto, me parece importante contar con un diagnóstico claro de cuáles son los problemas más importantes y urgentes, cuáles serían los mejores caminos para enfrentarlos, y que al mismo tiempo puedan contar con el consenso necesario para ser implementadas. Sin una mirada integral, corremos el riesgo de tener nuevamente una falsa reforma política como la que tuvimos al final del Congreso anterior.

P. ¿Respecto de la propuesta de crear un  Senado con funciones solo revisoras, y elegido en distrito único nacional mientras no se integren regiones propiamente dichas?

R. No me es evidente cuál es el problema que se pretende resolver con el Senado, y deberíamos tenerlo claro antes de embarcarnos en su reinstauración: ¿Mejorar la representación con una lógica de elección diferente a la departamental? ¿Hacer más exigente el proceso legislativo, con otra instancia revisora? ¿Aumentar el número de legisladores? ¿Atribuir funciones específicas a una instancia electa con una lógica diferente a la departamental? El asunto es que estos problemas se pueden solucionar con medidas que no pasan por la creación de un Senado.

Si se quiere que los proyectos de ley tengan un mejor proceso de maduración, con lo que estoy de acuerdo, podríamos ser más exigentes con el proceso legislativo: más transparencia en comisiones, en la determinación de sus agendas y las del pleno, más consulta con la sociedad civil; doble votación en el pleno sin excepciones, etc. Si se quiere elegir representantes útiles que no tienen cabida en un esquema departamental, con lo que también estoy de acuerdo, podríamos elegir un grupo adicional de congresistas por lista, para acercar más la votación congresal a la proporcionalidad, como sucede en Alemania; o podríamos simplemente elegir un grupo adicional en lista única, independientemente del criterio de proporcionalidad, que también me parecería bien. El asunto es que ninguna de estas cosas requiere necesariamente de un Senado, como es evidente en la propuesta de un congreso unicameral de 150 miembros, con 30 electos en circunscripción nacional.

En el fondo, tenemos que, sin hacer otras reformas, el Senado podría ser más de lo mismo que hemos visto en los últimos años. Preferiría por ello empezar por fortalecer los partidos, y terminar con el Senado.

P. La idea central de un Senado elegido en distrito único o en macroregiones sería limitar el poder de un congreso unicameral que, por ejemplo, tenga una mayoría absoluta y pudiera instaurar una suerte de “dictadura parlamentaria” populista (de izquierda o de derecha) por ejemplo. Y, a la vez, balancear el efecto distorsionador de la proporcionalidad de diputados elegidos en distritos pequeños…   

R. Si lo que se busca es evitar la “dictadura parlamentaria”, funciona mejor la propuesta que uds. formulan de elevar a los 2/3 o 3/5 el porcentaje de votos que se requiere para insistir en un proyecto de ley observado por el Ejecutivo.  De acuerdo con buscar mejor proporcionalidad, y también abrir espacio para liderazgos no territoriales, pero para eso podría funcionar la idea de un congreso unicameral de 150 miembros, con 30 electos en circunscripción nacional.

P. ¿Y sobre la propuesta de eliminar el voto preferencial y establecer distritos electorales más pequeños (uni o binominales) para elegir diputados o la parte mayoritaria de la cámara única?

R. Varios puntos diferentes en esta propuesta. De acuerdo con eliminar el voto preferencial, siempre y cuando se asegure la democracia interna en los partidos, y se asegure la alternancia de género. Respecto al tamaño de las circunscripciones, en realidad en nuestro país sólo Lima tiene un tamaño “excesivo”; estaría por ello de acuerdo con “achicar” su tamaño, partiéndola en varios: podría ser Lima norte, sur, este y oeste, y además la de peruanos en el extranjero. Las demás circunscripciones departamentales tienen tamaño chico o mediano, en realidad. No estoy de acuerdo con llegar a circunscripciones uni o binominales, porque se distorsiona en exceso la proporcionalidad del voto nacional, y porque se acentúa en demasía la “provincianización” del Congreso, ya de por sí excesiva en la actualidad.

P. No entiendo bien el argumento de la “provincianización”: no hay contradicción, un buen líder o representante, entenderá los temas nacionales. Con la ventaja de que  el distrito pequeño uni o bi nominal permite una clara relación entre representados y representantes, dándole sentido, contenido real, a la democracia, al Congreso. Y con un distrito electoral pequeño habrá muchos menos candidatos y el elector podrá elegir mejor. De modo que los representantes tenderían a ser mejores. Y en cuanto a la distorsión de la proporcionalidad, esta se corregiría precisamente con un Senado o una parte del Congreso elegida en distrito nacional o macroregional…

R. Yo sí tengo el temor de que circunscripciones uni o binominales acentúen el provincianismo, de que terminemos eligiendo “caciques” provinciales, por así decirlo. No me parece que tengamos distritos muy grandes en Perú, salvo Lima, cuyo tamaño es claramente excesivo. Madre de dios tiene un congresista; Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Moquegua, Pasco, Tacna, Tumbes y Ucayali, tienen dos; Ayacucho y Huánuco, tres; Callao, Ica, Lima provincias, Loreto y San Martín, cuatro; Ancash, Cusco, Junín, Lambayeque y Puno, cinco; Arequipa, Cajamarca seis; La Libertad y Piura, siete. Viendo estos datos, no me preocupa tanto el tamaño, porque se trata de un número no tan grande, que permite cierta proporcionalidad. Lo que me preocupa más no es el número por región, sino la distribución demográfica de la misma, de modo que la representación se concentra en las ciudades o provincias más grandes en desmedro de otras: para solucionar ese problema aceptaría “achicar” algunas para dar cabida a otros, pero no me resulta claro que distritos más pequeños impliquen menos y mejores candidatos, o un mejor trabajo congresal.  

P. Bueno, si eliges entre un número mucho menor, puedes elegir mejor, y si tienen 4 o 5 o 6 representantes, ya no tienes ninguno… La siguiente propuesta es la de Transparencia: elegir el Congreso junto con la segunda vuelta presidencial, o dos semanas después de ella, para favorecer que el gobierno tenga mayoría y acelerar el proceso de reducción de partidos que ya vendría impulsado por los distritos uni o binominales.

R. De acuerdo. Para mí, la principal fundamentación está en permitir que las preferencias de los ciudadanos se dé con la mayor información posible: después de conocer los resultados de la primera vuelta, los electores decidirán si concentran el voto en las fuerzas principales o no, pero es importante saber quiénes pasan a segunda vuelta. Y de acuerdo con que la votación se concentre en las fuerzas más importantes.

P. ¿Subir la valla a las alianzas? 

R. De acuerdo. Hasta el momento, la facilidad para integrar alianzas es el mecanismo que ha permitido la supervivencia de muchos partidos cascarón. En Transparencia propusimos una barrera general del 5% de votos válidos para contar con representación, y en el caso de alianzas 2.5% de votos válidos por cada partido adicional.

P. ¿Reducir significativamente el número de firmas para formar un partido pero obligarlo a participar con candidatos por lo menos en el 50% de las regiones, provincias y distritos?

R. De acuerdo, en tanto las firmas no son un mecanismo que permita identificar la representatividad de los partidos. Ella se define a través del desempeño electoral, así que estoy de acuerdo. En Transparencia hemos sugerido algo muy parecido.

P. ¿Aumentar los requisitos para formar y mantener movimientos regionales. Deben acreditar existencia y presentar candidatos por lo menos en tres regiones? 

R. De acuerdo con ser más exigentes con movimientos regionales, equiparables a las de los partidos nacionales: así deberían estar obligados a presentar candidatos a en las elecciones municipales provinciales y distritales; podría ser además estén obligados a presentar candidatos en más de una región; de otro lado, si no ganan representantes en consejos regionales o alcaldías provinciales, deberían perder el registro. Finalmente, deberían desaparecer las candidaturas de organizaciones políticas locales distritales. Cada vez pierden más terreno, y fomentan la fragmentación.

P. Aumentar el financiamiento público de los partidos y subir el tope de las aportaciones privadas (transparentadas)… 

R. De acuerdo, hacer efectivo el financiamiento público, pero con controles estrictos y sanciones drásticas al mal manejo del mismo. De otro lado, transparentar y hacer más realista la normatividad referida a los aportes privados. Urge hacer transparente los gastos en medios masivos de comunicación, los más costosos.

P. ¿Y respecto de la idea de permitir la candidatura al Congreso de los candidatos a la presidencia, a fin de que los líderes partidarios estén en el Congreso y este se convierta en un verdadero foro político? 

R. De acuerdo, pero debería ir junto con todas las medidas destinadas a reducir la fragmentación política. Atención que la eliminación de la postulación simultánea buscaba desincentivar que los aspirantes al Congreso lanzaran candidaturas presidenciales solo con fines propagandísticos.

P. Jorge Morelli ha propuesto elevar a los 2/3 o 3/5 el porcentaje de votos que se requiere para insistir en un proyecto de ley observado por el Ejecutivo, como es en la mayor parte de democracias presidencialistas, a fin de contener los impulsos populistas. 

R. De acuerdo, el Perú aparece como una rareza de poder parlamentario, a pesar de que algunos señalaban, en especial durante los años noventa, que la Constitución de 1993 es “hiperpresidencialista”. Hoy, con mayoría congresal fujimorista, señalan que el presidente es muy débil. Sería prudente subir a los tres quintos los votos necesarios para la insistencia congresal en una ley observada por el ejecutivo, que igual nos pondría en una zona moderada en el contexto regional.

P. ¿Derogar cambios absurdos como que los partidos que no se presenten a una elección general pueden conservar su inscripción, la no reelección de autoridades regionales y locales, y la exclusión de los candidatos por repartir dádivas?

R. De acuerdo, estos cambios fueron resultado de oportunismos de última hora del Congreso anterior, que buscaban preservar el statu quo o aprobar medidas efectistas. Entonces, los partidos que no participan en elecciones (no solo nacionales) deben desaparecer; se debe permitir la reelección inmediata por un solo periodo adicional en regiones y municipios; y el reparto de dádivas debe ser sancionado, pero con castigos proporcionales a las faltas, y en donde la pérdida de registro puede ser la pena máxima aplicada solo en casos extremos, y no durante un proceso en curso.

Lampadia

A solicitud de Lampadia hemos recibido del ex-congresista Santiago Fujimori un muy buen análisis sobre los logros de la Comisión Especial que él presidió encargada de derogar las leyes que ya habían perdido vigencia, y sobre la necesidad de cuidar la formación de leyes, sus interfaces y el impacto del conjunto normativo en la sociedad. Fujimori enfatiza además, lo importante que es mantener procesos de depuración de las normas. 

La mencionada Comisión Especial desarrolló una experiencia poco común y hasta contraria a la disfuncional práctica parlamentaria de multiplicar la creación de normas. Esta práctica adolece de múltiples fallas, como son la misma profusión de normas en sí, la falta de análisis de concordancias y contradicciones, la ausencia de un buen análisis costo beneficio, la poco democrática costumbre de no promover la pre-publicación de las normas y su debate previo en la sociedad, la burla a los procesos de doble votación y, esa especie de absurda competencia por producir más proyectos y leyes.

Hace un poco más de un par de meses (09 de junio de 2016), publicamos en Lampadia un análisis sobre ese afán de legislar y legislar, Selva legislativa asfixia e incapacita al Perú, para el cual recogimos las recomendaciones del español José María Ruiz Soroa, que resumía en una potente frase: “No Legislen”. Sin embargo, a juzgar por lo que se viene dando estos días en el Congreso, donde vemos formarse una nueva ola legislativa con las mismas fallas de las anteriores legislaturas,  parecería que los nuevos ‘padres de la patria’ no han registrado la necesidad de brindarnos un conjunto adecuado, suficiente y depurado de normas. .

Se suponía que los peruanos habíamos entendido que se necesitaba iniciar un profundo proceso de desregulación, de liberar a los ciudadanos y empresas de la maraña legislativa que impide el normal desarrollo del país. En la reciente campaña electoral, todos repetían una y otra vez que era indispensable terminar con la tramitología. Incluso la normativa del proceso electoral, ayudó a evidenciar lo pernicioso de la abundancia normativa, que además, suele ser de pésima calidad.

Sin embargo, ante el inicio de un nuevo gobierno, parece que todos se olvidaron del ánimo desregulatorio. Ya comenzaron las propuestas de nuevas leyes por parte de los congresistas electos para los próximos cinco años. Todavía no se asumen funciones y las ideas sobre nueva legislación empiezan a multiplicarse. Inclusive, en el diario más importante del país, El Comercio, Martín Hidalgo hizo un reportaje el pasado 30 de junio, en una nota titulada “Mis tres primeros proyectos de ley”, para la cual entrevistó a ocho futuros congresistas de diversas bancadas y les solicitó describir sus tres primeros proyectos. Ver nuestro resumen de la nota en el siguiente cuadro:  

En el quinquenio 2011-2016 se aprobaron y publicaron 1,442 leyes y el Congreso saliente dejó 1,943 proyectos de nuevas normas en comisiones ordinarias . Como todos sabemos, hoy abundan normas absurdas, inaplicables, redundantes, superpuestas y hasta contradictorias, que en muchísimos casos consiguen lo contrario de sus maniqueos enunciados. El requisito de las evaluaciones costo-beneficio ha sido saltado con garrocha incluyendo en la norma, la frase: “considerando la evaluación Costo-Beneficio”. A esto se agrega una burla a las normas que regulan el Congreso, que, a falta de una segunda cámara, establecen la obligación de que las leyes sean aprobadas en dos votaciones con una distancia de siete días. Pero el ingenio parlamentario ha llegado a crear un artificio disfuncional por el cual, cuando los Padres de la Patria desean ‘regalarnos’ apuradamente una nueva norma, simplemente, la exoneran de su segunda votación en la junta de portavoces. La idea original de la doble votación era permitir a la sociedad civil discutir el proceso normativo y evitar que las emociones coyunturales puedan generar legislación. La exoneración de la doble votación solo debería darse, como estuvo establecido, para temas muy específicos como los tributarios y de seguridad.

Hace un mes comentamos y presentamos el artículo de José María Ruiz Soroa, abogado español, publicado en El País de España: ¡Dejen de legislar! Ruiz reflexiona sobre la naturaleza del parlamento y los comportamientos disfuncionales de los congresistas en España. Explica que el principal propósito de los parlamentarios es ‘parlamentar’. Su análisis parece escrito para el Perú. Dice que “la vorágine normativa ha devaluado el Estado de derecho”. Ver la nota completa en Lampadia: Selva legislativa asfixia e incapacita al Perú.

La hipótesis de Ruiz Soroa es la siguiente: “La ambición de los políticos, de todos, es hacer y hacer nuevas leyes. Una legislatura se considera un éxito cuando ha añadido a la colección legislativa unos cuantos textos, un fracaso cuando no ha conseguido sacar adelante ningún proyecto. Si una ley no funciona se hace otra más, que tampoco funcionará”.  

Eso es lo que está sucediendo en el Perú. En Lampadia hemos denominado a ese exceso normativo como una ‘urdimbre regulatoria’ (urdimbre = maniobra, intriga, maquinación, enredo, etc.), ver: El Perú sucumbe a la ‘urdimbre regulatoria’.

Carlos Adrianzén, en su columna de opinión: Subdesarrollo por ley, nos presentó una aterradora estadística sobre este sin sentido: “Solo a lo largo del 2013, el Poder Ejecutivo nos inundó con 22,132 disposiciones nuevas. Los congresistas, por su lado, se dieron un descanso en medio de su vorágine de escandaletes y acusaciones mutuas para inundarnos con 368 nuevas piezas legales. Pero esto para nada fue todo. Los llamados organismos constitucionalmente autónomos, los órganos administradores de justicia, así como los gobiernos locales y regionales se lucieron suministrando 7,702 nuevos instrumentos legales adicionales. Solamente el año pasado. En buen español, inyectaron –para deleite abogadil y desgracia del resto– 38,845 nuevas piezas legales.”

¿Qué debemos hacer? Aprovechar que tenemos un nuevo Congreso que tiene un mandato político de avanzar en las reformas y en la desregulación o superación de la tragedia de la tramitología, que los ciudadanos reclaman y, que de alguna manera, fue sancionada en el proceso electoral, como de alta prioridad.  

Necesitamos desenredar las trabas burocráticas y liberar a los ciudadanos y empresas para que sus emprendimientos e inversiones nos traigan un mayor crecimiento económico, reducción de la pobreza y recursos fiscales.

Un ejemplo escandaloso de la tramitología, que no nos cansamos de repetir, es lo ocurrido con el sector minero, veamos: 

No olvidemos que el lema del gran reformador del mundo actual, Narendra Modi, Primer Ministro de la India, es: “No red tape, only red carpet for investors”. (Ver en Lampadia: La visión de país y reformas que el Perú necesita).

Entendemos que Fuerza Popular tenía un plan para liberar al país de su esclavitud legislativa mediante una ley llamada aparentemente ‘ley del ocaso’. La idea sería darle a los ministros, directores de pliegos, jefes de las agencias del Estado, gobernadores, alcaldes, etc., un plazo fijo para sustentar con qué normas debían desarrollar sus actividades. Todas las normas que no se consideraran necesarias en dicho proceso quedarían automáticamente derogadas. Algo que parece un sueño y que ojalá el grupo de PPK pueda rescatar junto con Fuerza Popular.

La gran preocupación de la clase dirigente, que tenga vocación cívica y compromiso por la acción, debe ser incentivar a los congresistas a comprometerse con la desregulación antes que con la creación de nuevas normas. 

Lampadia