Con esta publicación iniciamos con Leopoldo Monzón, una serie de análisis de desarrollos potenciales de distintas cuencas que permiten la complementación, una suma positiva, entre la agricultura y la minería.

El primer análisis se refiere al del Valle del Tambo, donde hace poco se sembró una gran confusión que paró el proyecto minero de Tía María, mediante el uso de violencia extrema que costó, incluso, vidas humanas.

En el caso de Tía María, era claro que la minería potenciaba el desarrollo agrícola, pero grupos de interés económico y político, más la debilidad de las autoridades regionales, incluyendo a la Gobernadora de la Región, Yamila Osorio, inhibieron la posibilidad de que la población tuviera mejores elementos de juicio para tomar sus decisiones.

El desarrollo de los proyectos mineros en zonas de pobreza relativa pueden generar grandes beneficios económicos y sociales a las poblaciones más deprimidas. En inconveniente tradicional es que para que se produzcan dichos beneficios, se tiene que esperar el desarrollo de la inversión minera y su maduración, que permite que con un uso eficiente del canon, se hagan los desarrollos que cubran a la población en su conjunto.

Sin embargo, si se generan fondos adelantando parte del canon futuro, mediante fideicomisos u otros mecanismos, se puede buscar un desarrollo paralelo del conjunto de la zona y el proyecto minero.

Líneas más abajo, presentamos el análisis de esta gran opción para el Valle del Tambo, en función de los cálculos de Leopoldo Monzón:

Leopoldo Monzón Ugarriza
Gerente General de PROESMIN
Para Lampadia

Antecedentes
La cuenca del valle del Tambo está ubicada en la Provincia de Islay en Arequipa, Sánchez Cerro y Mariscal Nieto en Moquegua y San Román Puno. Va desde los 4,600 msnm hasta el mar. Cuenta con 100,000 pobladores, de los cuales 70,000 están en las zonas cercanas a la costa, la población en gran parte consume agua con alta presencia de Arsénico y Boro y el 30% de la población es pobre.

Existen 7,800 has sembradas, principalmente arroz, y por falta de riego otras no se pueden desarrollar otras 9,500 has, que se podrían incorporar al sistema productivo con un potencial de hasta 20,000 has, en función a suelos, pendientes, topografía y climas.

Se necesita mejorar la infraestructura de 20 colegios, la construcción de un Hospital y 5 centros de salud, así como construir una carretera de penetración hasta el departamento de Puno, cubriendo transversalmente Moquegua.

Vocación Territorial: Uso eficiente del territorio

• Radiación solar entre las más altas del mundo
• 37,000 has de Agro en donde se impone un cambio de Matriz agraria y riego tecnificado
• Existe vocación para gran minería de cobre y Oro. (Proyectos Tía María, San Gabriel), con Reservas estimadas de 10MM de Oz de Au equivalentes, en áreas que no interfirieran con el agro
• Modelo de desarrollo para alturas mayores a 3,500 msnm, con cosecha de agua, seguridad alimentaria y forestación
• Implementación de modelo forestal en 20,000 has
• Turismo gastronómico (zona del Camarón)
• Puerto / Petroquímica, integración con el gaseoducto Sur
• Oferta de agua anual promedio de 20,500 m³/segundo

Agua como eje de solución e integración
El agua será el eje principal que potenciará el desarrollo de la zona según la vocación territorial descrita. Se ha comprobado que existe agua en volúmenes importantes, pero esto debe ser analizado también por sus calidades y estacionalidad.

El uso de la misma debe considerar lo siguiente:

• Agua para población (tratamiento para potabilización, eliminación de materiales contaminantes y tratamiento de agua residuales para el total de la población)
• Agua para riego de 37,000 has usando las pendientes, suelos y climas existentes
• Agua para industria petroquímica y otras
• Agua para minería
• Calculo de la oferta y la demanda
• Planes afianzamiento hídrico

Necesidades de Infraestructuras

• Represas de saneamiento Huayrondo / Paltituri. US$ 200MM, para cubrir la oferta en los meses de estiaje
• Desalinización de agua de mar, planta sin salmueras. US$ 50MM
• 3 Plantas PTAP y PTAR^*, con eliminación de arsénico y boro en el tratamiento del agua potable para las ciudades de Islay, Mariscal Nieto y San Román, incluyendo redes. US$ 100MM 
  *PTAP: Planta de tratamiento de agua potable. PTAR: Planta de tratamiento de agua residual.
• Sistema de riego optimizado al total de la cuenca (37,000HAS) US$ 70MM
• Infraestructura de canalización de agua US$ 30MM
• Desarrollo vial trasversal del valle US$ 120MM
• Sierra Productiva en zona altas (13,300 familias, S/ 12,000 soles por familia). US$ 50MM
• Forestación y reforestación 20,000 Has US$ 30MM
• Colegios, Hospitales US$ 150MM

Inversión Total: US$ 800MM

Proyectos Privados

• 600MW energía solar    US$  1,200MM
• Petroquímica                US$  4,000MM
• Minería                        US$  2,000MM
• Agro (37,000HAS)         US$   200MM
• Construcción de Casas  US$   500MM
• Complejo turístico         US$   150MM

Total     US$ 8,050MM

Financiamiento
Generación de Fondos del Canon (2019-2039)
>>> (750,000 Oz Au Equivalentes X US$ 400/Oz X 20 años) X 30% = US$ 2,025MM

Fondos requeridos para Programa de Inversiones: US$ 800MM

Bases de cálculo:

• Proyectos Considerados: Tía María (Southern) y San Gabriel (Buenaventura)
• Producción del oro 750,000 Oz. Equivalente
• Utilidad por onza explotada: US$ 400
• 20 años de vida del proyecto
• Impuesto a la renta 30%

Resultados esperados

100% empleo en la cuenca
Valor Presente Neto esperado: US$ 6,000 MM, incluyendo minería, agro, petroquímica y otros
Pobreza Extrema: 0 %
Agua y desagüe para el  100% de la población
Inversión total estimada,  público y privada: US$ 8,850 MM

Conclusiones y Recomendaciones

• Con el adelanto del canon se propone el cierre de las brechas de infraestructuras. Para ello  es indispensable un acuerdo social en donde se logre firme una paz social que asegure que los fondos no se detendrán.
• Se propone cerrar la brecha productiva del valle con inversiones privadas y APPs, las cuales permitirán generar empleo al 100% de la población.
• Debido al cambio climático actual es indispensable complementar los proyectos con procesos de desalinización del agua, especialmente para cubrir la demanda minera futura.
• Potenciar el agro y llegar a producción de 37,000 has, incorporando las zonas entre 1,500 msnm y 3000 msnm, además de un cambio de la matriz agraria; como por ejemplo arroz por uva.
• Dotar de agua y desagüe al 100% de la población, considerando en el tratamiento los contaminantes naturales predominantes.

Por lo expuesto el proyecto es altamente rentable solo necesita la voluntad política y encargar el mismo a una institución educativa y a la empresa privada para elaborar la ingeniería al detalle. Lampadia

En nuestra biblioteca virtual sobre Recursos Naturales y Desarrollo hemos depositado múltiples informes, incidiendo de manera importante en los aspectos vinculados a la conflictividad social. Esta, aunada al débil liderazgo gubernamental, ha logrado parar varios proyectos mineros, operativos como la ampliación de Yanacocha en el Cerro Quilish de Cajamarca y la mina Santa Ana de Bear Creek en Puno y; entre otros, dos proyectos que estaban a punto de caramelo como Conga en Cajamarca y Tía María en Arequipa.

Como hemos publicado en varias ocasiones, esto nos ha hecho perder hasta tres puntos de crecimiento del PBI en 2014 y 2015 según el IPE[1], nos llevó a desaprovechar la cola de los buenos precios para terminar inversiones que hoy estarían produciendo, con la consiguiente frenada de la reducción de la pobreza y la desigualdad.

Después de las divagaciones sobre las propuestas de diversificación productiva, hoy ha quedado muy claro que nuestros principales motores de crecimiento son la minería, la agroexportación, el desarrollo forestal, la acuicultura y el turismo. De ellos, la minería es el más importante y el próximo gobierno tendrá que hacer aproximaciones inteligentes y serias para que nuestra población pueda tener una correcta apreciación de sus impactos positivos, así como de los requisitos sociales y ambientales que deben velarse. En este proceso habrá que evidenciar la naturaleza de los conflictos impulsados por los anti mineros, que muchas veces obedecen a objetivos subalternos a los de la creación del bienestar general.

Con mucho sentido de importancia, el último debate electoral incluyó una sección sobre los recursos naturales y la conflictividad. Con el apoyo de nuestros colaboradores del Centro Wiñaq, hemos preparado el siguiente análisis de los comentarios de los candidatos.

La cobertura periodística respecto al reciente debate presidencial se ha focalizado en los ataques y críticas mutuas entre los candidatos. A pesar de ello, a través de las propuestas brindadas, ha servido para tener una buena impresión respecto a los consensos y disensos sobre cómo enfrentar varios de los más agudos problemas del país.

La viabilidad de las propuestas sobre el aprovechamiento de los Recursos Naturales  dependerá, en gran medida, de la efectividad con que se reduzca la Conflictividad Social. Por lo tanto, no podemos tratar estos dos temas de forma separada. En este artículo trataremos los consensos y discrepancias entre los candidatos en estos dos aspectos, y evaluaremos el impacto esperado de las medidas propuestas sobre la conflictividad social.

Los Consensos y sus Limitaciones.

Ambos candidatos se refirieron a la consulta previa como un mecanismo efectivo de reducción de la conflictividad social. A primera vista, esto es bastante obvio. Si las comunidades, tras un proceso de negociación e información aprueban un proyecto, el mismo podrá llevarse a cabo sin que exista un proceso de resistencia social.

El problema estriba en que no existe una definición inequívoca respecto a quienes son y quienes no son “la comunidad,” donde están sus límites geográficos  y en qué consiste la “consulta previa”. Si consideramos como “la comunidad” a la población del entorno directo de un proyecto minero, de haberse realizado la consulta previa sobre el proyecto Conga en Cajamarca o Santa Ana en Puno, se hubieran viabilizado. En ambos casos las comunidades del área de influencia directa de estos proyectos eran claramente favorables a los mismos. Fue la movilización de la resistencia de comunidades más alejadas, que no se beneficiaban tanto de su implementación, la que inviabilizó los proyectos.

Si se expande el ámbito de la consulta, se generaría un nuevo espacio de disputa que debe ser evaluado con cuidado. Tanto los grupos interesados en beneficiarse con la minería como los grupos interesados en promover la conflictividad van buscar estar incluidos en “la comunidad” que apruebe la consulta previa. Los criterios técnicos no son suficientes, pues todos los grupos de interés utilizarán criterios “técnicos” en su discurso, se requiere entender los intereses en purga detrás de los argumentos técnicos.

Los anti-mineros pretenderán dar representatividad a aquel grupo que se movilice contra algún proyecto y dirán que el mismo representa a las “comunidades afectadas” independientemente de su cercanía al proyecto y o del real involucramiento en las consecuencias del mismo. Lo único que les importará será que la movilización de los insatisfechos tenga relevancia política y mediática. Mientras existan condiciones para generar conflictividad social en alguna zona la aplicación de la consulta previa, su realización no será un mecanismo efectivo para evidenciar la aceptación social de los proyectos.

El otro punto de consenso de los candidatos fue el énfasis que se dio en que las actividades extractivas generen desarrollo local. Sea mediante un mayor grado de inversión pública (Keiko Fujimori) o mediante un “adelanto social” (PPK). Este desarrollo local es un fin loable desde el punto de vista humano, económico y político. Si bien la minería debe servir al desarrollo de todos los peruanos, y no solo a quienes estén cerca de una mina, debemos estar claros que la persistencia de la pobreza adyacente a la enorme riqueza de las actividades extractivas genera condiciones óptimas para la conflictividad social.

Si bien el desarrollo local es condición necesaria, los estudios muestran que no suficiente para que las actividades extractivas sean viables. Una investigación del BID[2] respecto al impacto sobre el desarrollo local de las actividades mineras en el Perú encuentra que las zonas mineras manifiestan una reducción más rápida de la pobreza y de la desigualdad que zonas (comparables) sin actividad minera. Es decir, la minería en el Perú no solo reduce la pobreza en su entorno sino también la desigualdad, siendo estos hallazgos claramente opuestos a las creencias comunes brindadas respecto a las causas de la conflictividad en las zonas mineras. No hay que olvidar que las zonas mineras han recibido, vía canon, regalías y derechos de vigencia, más de 40 mil millones de soles, entre 2005 y 2014.[3]

Un problema objetivo es que los beneficios locales de los proyectos mineros, se dan con un importante desfase en el tiempo, pues estos se dan mayormente durante la etapa productiva de los mismos. El canon llega cuando las empresas producen utilidades y, eso ocurre algunos años después del inicio de operaciones, luego de absorber las pérdidas pre-operativas. En consecuencia, si el Estado no se las ingenia para acompañar el desarrollo de los proyectos (en su fase previa al canon) con inversiones sociales, productivas y de infraestructuras, la espera de los beneficios crea un espacio de vulnerabilidad hacia los conflictos.

A pesar de todos los beneficios generados por la operaciones mineras, los resultados electorales evidencian una fuerte presencia de la ideología de la conflictividad justo en las zonas más beneficiadas. Ello muestra que el beneficio económico no es suficiente para reducir la conflictividad. No hay que olvidar que algunos grupos promueven la conflictividad justamente porque es posible obtener rentas económicas y políticas por medio del conflicto.

Para ser efectivo, el desarrollo local debe aumentar la legitimidad del sector extractivo. La población necesita visualizar claramente que los beneficios obtenidos tienen su origen en la actividad minera. Es necesario que la población local atribuya el desarrollo traído por este sector a las operaciones extractivas y las empresas que las realizan. Sin ese entendimiento la narrativa anti-minera socava la legitimidad de la minería como motor del desarrollo, y vamos a escuchar consignas absurdas como “Canon sí, Mina no”.

Respecto a la minería informal ambos manifiestan una postura expectante a la misma, posiblemente dado el importante bolsón electoral que este sector representa. Sin embargo, hay que considerar que la fiscalización ambiental efectiva a miles de unidades económicas de pequeña minería resultara un esfuerzo mucho más complejo que la fiscalización a la gran inversión minera con procedimientos de control y reporte mucho más estandarizados. A su vez, la presión tributaria que se puede ejercer sobre la pequeña minería es claramente menor que la que se puede dar sobre las grandes empresas. En este aspecto hay que desarrollar nuevas estrategias para, por ejemplo, concentrar el procesamiento del mineral en instalaciones limpias y formales.

Las Diferencias.

Keiko Fujimori hizo hincapié en el rol de árbitro que debe jugar el Estado entre las comunidades y las empresas mineras. Por otro lado, considera que son las comunidades afectadas las que deben recibir las multas generadas por las infracciones ambientales. Ambas medidas tienen un potencial positivo en la medida que este rol de árbitro sea respetado y considerado como legitimo por parte de las poblaciones locales y supere la persistente campaña de desconfianza que promueven los anti mineros. Respecto a la entrega de las  multas a las comunidades afectadas, esto debe verse con mucho cuidado, esto puede responder a un principio de justicia, sin embargo el proceso de fiscalización ambiental tiene que obedecer a criterios puramente técnicos para evitar que las denuncias ambientales se vuelvan mecanismos de presión política de comunidades deseosas de fondos.

Pedro Pablo Kuczynski planteo un adelanto social como mecanismo de generación de confianza, esto permitirá mostrar realidades que faciliten socavar parte de la estrategia política anti-minera en los momentos previos a la implementación de un proyecto extractivo, el momento más vulnerable de un proyecto, tal como hemos planteado líneas arriba.

PPK propone un Banco de Fomento Minero con la idea de propiciar la formalización del pequeña minería, ello sin embargo implica poner en riesgo fondos públicos con fines que siempre terminan siendo sobrepasado por la política. Dada la nefasta experiencia del Estado con la banca de fomento sectorial, esta opción debe ser considerada como riesgosa.

En Conclusión.

Las propuestas evidencian intenciones positivas y avances sobre la situación actual, pero los planteamientos adelantados por ambos candidatos, evidencian una comprensión limitada respecto a la naturaleza de conflictividad social como fenómeno político. Las medidas en favor de minería informal parecen, por ahora, más impulsadas por criterios electorales que de formalización efectiva.

Ambos han presentado diversos mecanismos para amplificar los efectos de las actividades extractivas sobre el desarrollo en el entorno de los proyectos. Estas medidas, con un mejor entendimiento de las cuestiones políticas, tienen el potencial de reducir la conflictividad social y reabrir la puerta del desarrollo minero en Perú.

Algo que debió estar presente en el debate, es el inmenso impacto positivo de los grandes proyectos mineros, tanto los suspendidos, como los de desarrollo potencial, en el conjunto de la sociedad a través de sus encadenamientos productivos, la generación de empleo de calidad (directo e indirecto) y el aporte de divisas y recursos fiscales, que hacen posible una acción efectiva del Estado para derrotar la pobreza y superar las brechas sociales que nos aquejan. Lampadia