Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 19 de octubre de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

El problema no es sólo la Costra del 5to. Nivel… esa burocracia parasitaria que maltrata – sin piedad – a la sufrida población peruana. Ese cardumen de gente corrupta, indolente, e incompetente que se ha enquistado en muchos espacios del aparato gubernamental.

El Estado padece también de otros parásitos… cada cual más dañino que el otro. El célebre Club de los Constructores es uno de ellos. Odebrecht y su pandilla… ¡cuánto daño nos han hecho a los peruanos!

Pero ojo… Ica también tiene su Club de Constructores. Piura también. Y Arequipa, Junín, Cusco… todas las regiones tienen su Club de Constructores.

No obstante, hay otros clubes de la corrupción. El Club de los Consultores… por ejemplo. La nuez es así. La Costra del 5to. Nivel no mueve un dedo sin un informe elaborado por un consultor externo. Informe legal. Informe técnico. Informe económico – financiero. Estudio de mercado. Perfil y Expediente Técnico. Estudio de Impacto Ambiental. El Estado gasta una millonada en informes elaborados por consultores externos coimeros. Informes que no sirven para nada. Y que – para colmo – son puro COPY – PASTE.

Después está el Club de los Tramitadores. Los tramitadores de brevetes son los más conocidos. Pero hay más. Para cada tipo de licencia hay mil tramitadores. Operan con total impunidad – a vista y paciencia de todo el mundo – a sabiendas de que están en contubernio con los funcionarios responsables de atender dichos trámites.

Incluso, hay tramitadores que se dedican a conseguir financiamiento para proyectos de inversión pública. Recordemos a los Mamani videos. En esas mafias están metidos los tramitadores propiamente dichos, autoridades regionales y municipales, funcionarios de ministerios, y – hasta – Congresistas de la República.

Pasemos al Club de los Proveedores. Aquellos que estafan al Estado a través de la venta de todo tipo bienes y servicios. Expertos en sobrevaloraciones, adulteraciones, falsificaciones… y todo lo demás. Venden medicamentos vencidos, computadoras sin memoria, maquinarias “nuevas” con piezas usadas, o – simplemente – cajas vacías. Léase… cajas que no contienen los productos que – supuestamente – debían contener. Todo arreglado – bajo la mesa – con funcionarios corruptos enquistados en el Estado.  

Y termino con el Club de los Parlamentarios. Aquel club de congresistas que promulgan leyes con nombre propio. Aquellos que les sacan el jugo a sus inmunidades parlamentarias. Y que – a la hora de la hora – se blindan entre sí… descaradamente. ¡Cuánta marmaja habrá corrido bajo la mesa en beneficio de esos malos congresistas!

Club de Constructores. Club de Consultores. Club de Tramitadores. Club de Proveedores. Club de Parlamentarios. Como dice la canción… “y total corrupción hay en todos lados”. Y conste que por cuestiones de espacio no puedo explayarme en otros clubes parecidos. El Club de los Magistrados, el Club de los Colegios Profesionales, el Club de los Periodistas Chantajistas… y otros que no necesitan presentación.

Parafraseando a Ortega y Gasset se podría decir. Los peruanos somos nosotros y nuestra circunstancia… y si no la salvamos a ella, no nos salvaremos nosotros. Más claro… ni el agua. Si no salvamos a nuestro país de la corrupción… no nos salvaremos nosotros.

Confrontar a la corrupción con alma, corazón y vida. Eso es lo que estamos haciendo en el Gobierno Regional de Ica – precisamente – para salvarnos a nosotros mismos. Lampadia

La rotura de la cadena de pagos es un fenómeno creciente de paralización de la economía de un país, normalmente producido por problemas de liquidez del sector financiero, que genera un corte drástico del crédito y que impacta de sector en sector productivo, hasta abarcar toda la economía.

También puede romperse por agudos problemas financieros de un sector importante de la economía, que tenga importantes encadenamientos con el resto de la economía, especialmente si el fenómeno coincide con un período de debilidad económica.

La rotura de la cadena de pagos puede graficarse como el despliegue de un ‘hongo atómico’ que crece hacia abajo y va paralizando, uno a uno, los distintos componentes de la economía. La dificultad de manejo de este fenómeno es que, una vez que se gatilla, es prácticamente imposible de parar, pues el Estado no tiene la capacidad de dar crédito a todos los afectados; solo queda esperar que el hongo se consuma y reconstruir lo que quede. Su impacto genera un choque recesivo que eventualmente puede afectar hasta la capacidad del Estado de sostener los programas sociales. Ver ilustración:

Esto ya sucedió en el Perú entre 1998 y 2002 y tuvo tremendos impactos en la economía.

Efectivamente, el 10 de octubre de 1998, 3pm, en las oficinas del BCR, el Ministro de Economía y Finanzas, Jorge Baca Campodónico, con Germán Suarez, el Presidente del BCR, a su costado, anunció que, desde ese día, el BCR decidiría cada día, si facilitaría crédito al sistema financiero.

Las inmediatas protestas fueron desoídas, y a los bancos no les quedó otra cosa que cortar drásticamente el crédito, pues ninguno podía correr el riesgo de liquidez. Como entonces, el 80% de los depósitos bancarios era a 90 días plazo, la cadena de pagos se empezó a cortar muy rápidamente, y una vez desatada, no fue posible evitar el daño en todos los sectores de la economía, hasta entrado el siglo XXI.

Por ejemplo, entonces:

• Una zapatería de la calle Shell, no pudo conseguir crédito para pagar al productor de zapatos de Trujillo
• Este a su vez, no pudo pagar al proveedor de cuero de Caquetá
• Y este no pudo pagar a sus trabajadores
• Que no pudieron pagar al bodeguero de la esquina por los tarros de leche fiados, unos, y otros por pasta y frejoles a granel

Ese corte de la cadena de pagos llegó hasta el último rincón de la economía, y malogró los resultados de la economía en los importantes años 90, pues la recesión con la que terminó la década figuró, punta a punta, una década de logros muy pobres, a pesar de los éxitos del 93 al 97, años en que crecimos 7.5% en promedio.

Hoy , después de muchos años, nuestra economía está muy débil. El crecimiento económico está muy por debajo de lo necesario para la buena salud de la sociedad; la inversión privada recién ha empezado a crecer después de haber caído por tres años seguidos; el crédito al sector privado lleva creciendo alrededor del 5% (cuando la economía demanda un crecimiento de dos dígitos) y la inversión pública recién vuelve a sacar la cabeza después de graves problemas de crecimiento.

Además, en estas circunstancias, como producto del escandaloso afán imperialista brasileño (ejecutado por sus brazos empresariales), tenemos que enfrentar la parálisis de una serie de proyectos vinculados a Lava Jato. Situación que ya ha puesto en situación muy difícil a muchas empresas y trabajadores peruanos.

Ahora, de manera inentendible y con especial saña, Fuerza Popular (FP) pretende extender la parálisis del escándalo de Lava Jato a las empresas peruanas que tuvieron asociaciones o consorcios con Odebrecht. Esto, sin tomar en cuenta si las empresas peruanas se desvincularon de Odebrecht o si las empresas cambiaron sus equipos directivos, como es precisamente el caso de Graña y Montero; que parece representar nominalmente la inquina de FP.

Como hemos dicho con anterioridad, los eventuales actos dolosos, serían responsabilidad de las personas que podrían haberlos cometido, no de las empresas que tenían bajo su control, y mucho menos de sus trabajadores, proveedores, contratistas, e incluso del país en su conjunto, dado el riesgo de la ruptura de la cadena de pagos.

De promulgarse la ley que modifica el DU 003, que comprende a las empresas peruanas en las medidas intervencionistas, se haría un grave daño a muchos inocentes, y eventualmente, se podría generar un colapso de la economía, agravando el corte de la cadena de pagos. Un acto de irresponsabilidad extrema.

Es, pues, muy lamentable que por un mal diseño del gobierno (Marisol Pérez en el MINJUS) para enfrentar el escándalo de Lava Jato (ver en Lampadia: Y nosotros disparamos fuera del objetivo), por el que se dejó de poner interventores que cautelaran los intereses del Estado y se permitió un proceso desordenado de intervenciones descoordinadas y sin sentido práctico y equilibrado, por parte de la Fiscalía, el Poder Judicial, la Procuraduría, y la Sunat; que junto al afán sensacionalista de los medios, y de los políticos irresponsables, han creado un ambiente de linchamiento popular, que está haciendo daño a diestra y siniestra.

Ojalá podamos todavía recuperar la sensatez y lograr detener esta guerra mediática y política que puede hacer inmensos daños al país. Lampadia

Los CITE organizados durante el gobierno de Ollanta Humala, han sido evaluados por ONUDI y se han encontrado una serie de observaciones importantes, que consideramos necesario revisar.

En Lampadia hemos mantenido una serie de enfrentamientos conceptuales públicos con el anterior ministro de la Producción, Piero Ghezzi.

• Esto empezó antes de que Ghezzi entrara al ministerio. Con su libro, ¿Qué se puede hacer con el Perú? (escrito con José Gallardo, eventualmente ministro de Transportes y Comunicaciones en el mismo gabinete), en el que comparaba absurdamente, el desarrollo de la minería peruana con las experiencias del guano y del caucho. Además, entre otras perlas, afirmaba que el Perú ya había agotado su ‘bono demográfico’. En su momento comentamos que el libro parecía una estrategia de marketing personal para hacerse visible como eventual ministro.
• Posteriormente, ya como ministro, cuestionamos que mantuviera y fortaleciera el nefasto decreto DS-005-2012-PRODUCE de su antecesora, Gladys Triveño, que desestabilizó la industria pesquera. Ver en Lampadia: Graves fallas del ordenamiento pesquero, Más sobre el ordenamiento pesquero (incluye artículo, una carta del Ministerio de la Producción a Lampadia y nuestra respuesta).
• Igualmente, tuvimos que enfrentarnos a su gestión cuando articuló el contenido del ‘Plan de Diversificación Productiva’ (PDP), el cual parte de algunas premisas incorrectas y diagnósticos sesgados de la economía peruana. 

En el documento se señaló que uno de los objetivos del PDP era “Generar entre los peruanos una visión de largo plazo sobre la necesidad de diversificar la economía. Los países que han logrado transitar de ingresos medios a ingresos medios-altos se han diversificado”. ¿Quién puede oponerse a que un país diversifique su economía? Evidentemente, nadie. El punto de discusión es cómo se pretende hacerlo.

En Lampadia tuvimos importantes objeciones al planteamiento de Ghezzi, ver: El diagnóstico equivocado del Plan de Diversificación Productiva y Plan de Diversificación Productiva y sus diagnósticos equivocados.

Además de las objeciones al plan, anotamos que el mismo, validó el abandono del sector minero como motor del crecimiento económico y, alentó el regreso a políticas industriales típicas de un Estado intervencionista, que se permite elegir a los ganadores y perdedores de la economía. 

A pesar de que el Ministerio luego reacomodó su plan, el daño ya estaba hecho, pues el Perú olvidó los beneficios de la minería.

Es en este momento que empiezan a multiplicarse los CITEs. Para nuestra sorpresa, ahora vemos que la estrategia de desarrollo de los mismos, reflejaba, en buena medida, la praxis política de Ghezzi, con la visión de un Estado intervencionista y un excesivo despliegue mediático, en el que priman las fotos más que el contenido.

Tras evaluar el informe de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), en la que en referencia a los CITEs se afirma que se “Considera como una falla de Estado, a aquel acto de política pública que tiene un impacto neto negativo sobre el bienestar”, tenemos que volver a presentar nuestras diferencias conceptuales con la gestión del ministro Ghezzi.

Fiel a su estilo, ahora Ghezzi se dedica a criticar las afirmaciones de PRODUCE y de  ONUDI sobre la calidad del programa de los CITE. Sorprendentemente, el diario El Comercio en su publicación del domingo (23 de abril), respalda las críticas de Ghezzi y  rescata a su antecesora, Gladys Triveño para contrastar las conclusiones del estudio de ONUDI. Por su lado, Juan José Garrido, director de Perú21, afirma que en  “[Los CITES] No solo se ha gastado sin sentido, sino, además, de manera irresponsable (incluso transgrediendo la normativa nacional). Hay CITES que no cuentan ni con luz ni agua potable, otros que se encuentran sin infraestructura adecuada; la mayoría son solo ladrillos sin capital humano. ¿Eso era lo que entendían por innovación y desarrollo tecnológico?”.

En síntesis, ni la regulación pesquera, ni el PDP, ni los CITES, estuvieron bien enfocados y merecen que ampliemos nuestras críticas a la gestión de un ministro excesivamente mediático, y muy apurado en implantar reformas y programas que requerían mayores estudios y debates.

Compartimos con nuestros lectores los documentos preparados por ONUDI:

Análisis de los CITES por la ONUDI
Revisión de la Situación Actual de la Red de CITE en Perú
Resumen Ejecutivo de la Revisión de la Situación Actual de CITE en Perú

Además, líneas abajo, resumimos los comentarios más importantes de la ONUDI sobre su evaluación de los CITE en el Perú:

“Revisión de la Situación Actual de la Red de Centros de Innovación Tecnológicos (CITE) en Perú”

“Consideramos como una falla de Estado, a aquel acto de política pública que tiene un impacto neto negativo sobre el bienestar”.

“Estudio en el que se ha buscado patrones transversales a los diversos CITEs en tres aspectos fundamentales. Alivio de Fallas de Mercado, Articulación con el Sistema Productivo y Calidad de Diseño e Implementación”.

“Se encontró que en múltiples ocasiones el accionar planificado de los CITEs no iba dirigido al alivio de fallas de mercado sino más bien a acciones de soporte productivo en las que el Estado pasaba a asumir una porción de una determinada cadena de valor. Es decir una versión bastante parcial del Estado Empresario en el que el Estado asume el rol de productor de bienes y donde no se generan externalidades positivas de ningún tipo de su accionar. Esta clase de acciones puede tener consecuencias nocivas como desplazar injustificadamente al sector privado de una porción de la cadena de valor y volverse una permanente fuente de destrucción de valor económico”.

Ejemplos de los comentarios del estudio sobre CITEs específicos:

• CITE Forestal Pucallpa
  “Se presta a los empresarios del sector los servicios de afilado de cuchillas, carpintería básica y secado de maderas. Existe un sentimiento de inconformidad en los empresarios por las bajas tarifas que ofrece en estos servicios, generando una distorsión muy amplia entre el costo comercial y el precio CITE”.
• CITE Pesquero Ahuashiyacu
  “El CITE todavía no cuenta con equipamiento. Una vez que esté en operación va contar con el siguiente equipo: Planta de procesamiento con una capacidad de 02 toneladas diarias, para eviscerado y 01 toneladas diarias para congelado. con una capacidad de almacenaje 40 toneladas de producto terminado, en dos cámaras de producto congelado, un túnel de congelamiento por aire forzado de 1 tonelada por hora en batch de ocho horas. Un productor de hielo en escamas con capacidad para dos toneladas de hielo en 24 horas. Planta para procesar productos curados, hasta dos toneladas diarias, que es la capacidad máxima de eviscerado: seco y salado, ahumado…..”.
• CITE Agroindustrial – UT Ambo
  “Es extremadamente dificultoso transferir buenas prácticas agrícolas a los productores independientes, por su renuencia a modificar los procesos tradicionales”.

[Increíblemente, desde el año 2000, cinco gobiernos, incluido el actual, se resisten a apoyar la difusión del Programa de Mejoras Tecnológicas, Productividad y Calidad de Vida de Sierra Productiva (SP). 

En cuanto a la capacidad de “trasferir buenas prácticas agrícolas a los productores independientes”, la FAO, después de evaluar SP, afirmó que era el único programa a nivel mundial que no generaba resistencia al cambio, y que por lo tanto, su capacidad de ser exitoso era mucho mayor que cualquier otro programa. 

¿Cuál era la razón que origina esa efectividad? – La difusión del programa a través de los Yachachiq, campesinos iguales a los sujetos de cambio, que ya habían adoptado las técnicas de SP y las explicaban en el mismo idioma, con gran credibilidad. Algo muy diferente al uso de técnicos contratados, o personal externo a la realidad de los campesinos, que son percibidos como una suerte de ‘marcianos’. Error cometido por el Estado, cada vez que quiere apropiarse de SP, pero ‘a su estilo’. Algo, no solo inefectivo, sino también, oneroso. El Estado desconfiando de los campesinos como agentes de cambio, a pesar de las experiencias de SP con más de 60,000 familias].

• CITE Agroindustrial Oxapampa​​​
  “El problema es la carencia de materia prima, por lo que para la obtención de néctares y concentrados de maracuyá, por ejemplo, tienen que recurrir a proveedores del norte del país”.
• CITE Agroindustrial Majes
  “Diferencia entre la realidad productiva de la región y las CITE pone en duda los criterios mediante los cuales se ha determinado los productos a ser impulsados por los CITEs”.
• CITE Agroindustrial – UT Ambo
  “No existe una caracterización de la situación de la cadena productiva, ni tampoco un análisis de la potencialidad exportadora de las tres cadenas seleccionadas.”
  “No se consideró previamente si es que existía en la zona de intervención del CITE el capital humano útil para la difusión del impacto de la CITE, y en todo caso tampoco se tomaron medidas para paliar estas deficiencias”.
• CITE Agroindustrial Huallaga
  “La planta no dispone de agua potable (estaba previsto conectarse a la tubería de la red de agua potable que abastece a la población cercana de Aucayacu, pero se enfrenta la resistencia de los pobladores), no está previsto el saneamiento, y el punto de conexión de energía eléctrica trifásica más cercano está a 11 km de distancia.”

Conclusiones del estudio:

“Para ser efectivo un programa de innovación debe cumplir con un conjunto de requisitos”:

• Fundamentar cual es la falla de mercado sobre la que se plantea intervenir
• Responder por qué las herramientas de intervención elegidas son superiores a las alternativas
• Se debe establecer protocolos de análisis de impacto
• Cuidar la ubicación de los CITEs y las actividades a ser cumplidas por los mismos
• Incrementar la articulación con el sector productivo local y la magnitud del impacto sobre el mismo 

“De los casos analizados parecería que no se establecieron los mencionados protocolos”.

“Por ello se requiere de una revisión a profundidad del despliegue de la red de CITEs tal como ha sido planteada, no hacerlo implicaría el dar mal uso a centenas de millones de soles y perder la oportunidad para, con estos recursos, impulsar de manera más efectiva la productividad e innovación nacional”. Lampadia