Milton von Hesse La Serna
Director de Videnza Consultores
Para Lampadia

La segunda parte del proyecto Majes Siguas es parte del viejo anhelo de la región del sur para conquistar las pampas de Siguas utilizando las aguas represadas del río Apurímac que discurren hacia la vertiente oriental. Este proyecto, que fue concesionado en el año 2010, habría generado -si se hubiese podido implementar de acuerdo a lo planificado-

• una irrigación de 38,500 hectáreas orientadas principalmente a la agroexportación
• que hubiera significado la creación de 120,000 empleos directos e indirectos,
• 1,500 millones de dólares anuales en valor bruto de la producción agrícola y
• un conjunto de encadenamiento dinamizadores de los flujos comerciales típicos que ya se observan en regiones como Ica, La Libertad y Piura.

• En primer lugar, por la demanda constitucional que hizo la región Cusco para evitar el uso de las aguas del río Apurímac por considerarlas aguas cusqueñas y no nacionales. Dicha demanda demoró un lustro en resolverse, tiempo durante el cual se tuvieron que suscribir más de 10 adendas para extender los plazos atados a compromisos de ejecución.
• Desde el 2015, el concesionario inició un proceso de negociación con el concedente -que es el gobierno regional de Arequipa- para mejorar la tecnología del proyecto ante la constatación de “nuevas circunstancias” que afectarían la disponibilidad de agua para poder llegar con el módulo de agua establecido a las parcelas del proyecto. Estas nuevas circunstancias consistían en el aumento de la reserva del caudal ecológico del río Apurímac determinado por el fallo del tribunal constitucional ante la demanda del Cusco, la corroboración de mayores usos informales del agua asignada al proyecto y, finalmente, por haberse constatado una mayor evaporación del agua como consecuencia de las mayores temperaturas atribuidas al cambio climático.
• Todos estos factores afectarían la disponibilidad de agua para el proyecto y solo se podrían irrigar 27,500 hectáreas sin un cambio tecnológico que permitiera una mayor eficiencia del uso del recurso hídrico. Por ello, contando con la aprobación de la supervisión especializada del proyecto, y el acompañamiento técnico del Ministerio de Agricultura y Riego y del Ministerio de Economía y Finanzas, el concesionario negoció una adenda, la número 13, al contrato de concesión, para que se permitiera pasar de un sistema de canales de riego abierto tradicional por gravedad a uno más sofisticado y moderno que contempla un sistema cerrado de tuberías y presurización del agua, que disminuye las pérdidas en la conducción así como la evaporación y evita costos a nivel de parcela para los agricultores.
• Luego de 5 años de discusión y paralización del proyecto, las partes en el marco del contrato acordaron los aspectos fundamentales de la modificación contractual -que implicaba US$ 100 millones adicionales- que fue aprobada por Proinversión ante la constatación de que dicha modificación generaba más beneficios que costos y que, de acuerdo a la opinión técnica especializada del MINAGRI y la económica y presupuestal del MEF, valía la pena suscribirla.
• Luego la adenda, se dirigió al MEF para su constatación de capacidad presupuestal, y -obtenida ella- fue aprobada por el Consejo Regional de Arequipa.

A pesar de lo anterior, la Contraloría General de la República ha observado la adenda a partir de argumentos que -principalmente- cuestionan la capacidad discrecional de todas las autoridades públicas a nivel nacional (Proinversión, MEF, MIDAGRI) y regional (GORE y Autodema) que participaron en la negociación en el marco de sus competencias funcionales y lo establecido en el propio contrato. La capacidad discrecional de los funcionarios públicos es aquella que les permite -sobre la base de un análisis técnico previo- elegir una opción determinada sobre otra, enmarcado dentro de las competencias que les da el marco legal. Así, uno o dos funcionarios de Contraloría, desautorizan un trabajo técnico legal del concesionario y del concedente durante cinco años bajo la atenta mirada de la supervisión especializada independiente, avalados por el ente rector de las APPs en el Perú (MEF), acompañado por la máxima autoridad en riego (MIDAGRI) y aprobado por el organismo especializado en materia de concesiones (Proinversión). La posición de la Contraloría tiene -claramente- no sólo un sesgo ideológico anti APPs sino también se arroga funciones que claramente escapan de sus competencias.

Si a la posición de la Contraloría respecto de la adenda 13 -que es no vinculante pero que advierte que si las autoridades la llevan a cabo se arriesgan a ser sancionados posteriormente- se agregan los vientos populistas de la anunciada segunda reforma agraria que plantea que los módulos de tierra deben ser para agricultura familiar y no empresarial, lo más probable es que Majes II siga siendo un sueño para los arequipeños por muchos años más y no una realidad. Lampadia

Durante las últimas elecciones nacionales, tan particulares en muchos aspectos, se ha desarrollado una nueva práctica política, la de ‘cooptar’ a los candidatos con exigencias y compromisos a cambio de votos. Además, por lo que  estamos viendo, ésta se sigue extendiendo hacia el Presidente Electo.

Incluso se ha llegado al extremo de que algunos grupos de izquierda que dieron su apoyo electoral, exigen ahora al nuevo gobierno en formación que no vaya a gobernar según su Plan de Gobierno, sino cumpliendo los compromisos asumidos indicados.

En nuestra opinión, ésta práctica debiera prohibirse, pues aleja a los candidatos de un proceso adecuado para el establecimiento de las políticas públicas que un Estado responsable necesita llevar a cabo. En el caso de PPK, el próximo Presidente de la República, él firmó 17 compromisos pre electorales. El más pernicioso de ellos, según hemos reportado anteriormente, es el suscrito con el sindicato de Sedapal.

Ahora, antes de la asunción del mando, en la llamada ‘Cumbre de Descentralización’ en el Cusco, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE han planteado las exigencias que describimos líneas abajo. 

PPK en el Cusco con las Regiones

Los gobiernos sub nacionales piden más recursos, pero antes se necesitan reformas

El presidente electo Pedro Pablo Kuczynski ha recibido toda clase de pedidos de los presidentes regionales y alcaldes del Perú en su reciente viaje al Cusco. Él, a su vez, les ha propuesto una alianza, cuyo eco llegue al Congreso, para hacer las obras que el país necesita. Evidentemente tal alianza solo será posible en la medida en que el gobierno entrante acoja por lo menos parte de los planteamientos de los alcaldes y gobernadores regionales. El problema es que dichos planteamientos se centran principalmente en pedidos tales como el reinicio del proceso de descentralización fiscal y el incremento de la transferencia de dinero a las regiones y municipios del 25% (que actualmente manejan) al 50% del presupuesto nacional.

Para comenzar, esa cifra del 25% del presupuesto no es exacta. Es la que corresponde, efectivamente, al presupuesto aprobado para el 2016, pero durante la ejecución tal proporción cambia significativamente, pues, explica Carlos Oliva, ex viceministro de Hacienda, se incorporan saldos no gastados y se realizan transferencias.  Lo que vale, entonces, es el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). “Al momento, el porcentaje del Gobierno Nacional (GN) ha bajado a 67.5%. El año pasado, el gobierno nacional terminó con un 63% del gasto Total”, explica Oliva. Lo que daría un 37% para las regiones.

Y el tema es que ese mismo porcentaje es engañoso porque incluye gastos que por naturaleza corresponden al GN, como Defensa, Interior, Justicia y Relaciones Exteriores, por ejemplo. Por eso, mucho más revelador es el porcentaje del gasto en Inversión. Y allí la realidad se invierte: el año pasado los gobiernos sub nacionales ejecutaron el 65% de la inversión pública, cuando hace 25 años esa cifra no pasaba del 5%. Se ha producido, pues, una descentralización muy fuerte de la obra pública.

El problema es que la obra pública descentralizada es muy deficiente. Para comenzar, se solicita más recursos, pero los que se tiene no se gastan. Según el informe “Estudio de la efectividad de la inversión pública a nivel regional y local” de la Contraloría General de la República, entre los años 2009 y 2014 el porcentaje de ejecución de la inversión a cargo de los Gobiernos descentralizados fue de solo 66%, un porcentaje inaceptable considerando las brechas existentes. Pero el tema se agrava considerando que el 43% de proyectos formulados por dichos gobiernos no se destinó a cubrir las brechas en los sectores básicos de Transporte, Educación, Salud, Agua y Saneamiento, sino a otros aspectos no prioritarios. Y pese a que el 30% de la ejecución de los gobiernos regionales se centró en el sector transportes, resulta que al 2014 el 90% de la Red Vial Departamental no estaba pavimentada.  

El informe describe otros problemas en la inversión pública sub nacional:  atomización, muchas obras por administración directa o por contrata a parientes y amigos y, por lo tanto, mucha corrupción. El 41% de la inversión pública en las municipalidades distritales se ejecuta por administración directa, modalidad ideal para el enriquecimiento ilícito.

No solo eso: la mayor parte de los proyectos que reciben la declaratoria de viabilidad por parte del SNIP no cumplen con los estándares de calidad solicitados por el propio SNIP. Y una vez ejecutados y entregados los proyectos, tampoco existe un sistema que permita monitorear cómo se lleva a cabo la operación y mantenimiento de los proyectos, ni es posible cuantificar cuánto se gasta en ello.

El resultado de todo lo anterior es que muchas obras terminan paralizadas o carecen del mantenimiento adecuado, con lo cual se deterioran y pierden funcionalidad. Es gasto en vano.

No cabe duda, entonces que se requiere reformar el sistema de inversión pública sub-nacional.  PPK propone, precisamente, la creación del Ministerio de Apoyo a las Regiones (MAR) y la descentralización de Proinversión para dar apoyo técnico y económico a las regiones y municipalidades. Proinversión realizaría estudios, priorizaría los proyectos dentro de un presupuesto quinquenal, los monitoreará y tendrá oficinas en los Gobiernos Regionales. Habría que conocer más en detalle de qué se trata.

Como fuere, dicha reforma tendrá que consensuarse en el Congreso con  Fuerza Popular, que propone algo distinto: un Sistema Integrado de Planeación de Políticas Públicas y Unidades de Gestión de Servicios y Procesos (UGSP) que identificarán las reformas para mejorar la calidad de la prestación de educación, salud, agua y saneamiento, así como de los procesos de inversión pública y acordarán las metas esperadas y los indicadores para dar seguimiento al avance de los planes.

Lo que no se puede hacer es sencillamente dar más recursos sin cambios estructurales, y no sólo en la inversión pública. También en los servicios públicos descentralizados, que suelen ser, asimismo, muy deficientes. En informe previo (ver en Lampadia: Empecemos a debatir la Reforma Política), explicamos los problemas y sugerimos algunas soluciones. Para comenzar, las funciones y competencias no están bien delimitadas entre los tres niveles de gobierno y no se sabe bien quién es responsable de qué: hay que hacer un buen trabajo de delimitación y redistribución de competencias. Luego, los procesos de certificación y acreditación de capacidades para asumir las funciones no se dieron, de modo que habría que hacer un nuevo proceso de recertificación y a partir de allí identificar brechas. Pero lo más grave fue que el gobierno central perdió capacidad de dirección, supervisión y control de las políticas sectoriales (ver “Análisis de la función rectora y sancionadora del Poder Ejecutivo”, Contraloría General de la República). Es indispensable recuperar esa capacidad rectora, supervisora, controladora y sancionadora. De lo contrario, el país se feudaliza y corremos el riesgo de enriquecer y facilitar el acceso de mafias al poder local o regional, como hemos visto que ha ocurrido en los últimos años en varios casos.  

Un sector que ha logrado recuperar cierto grado de autoridad sobre la aplicación descentralizada de las políticas y el seguimiento y monitoreo manejo de los servicios públicos sectoriales, ha sido el Ministerio de Salud, y sus avances podrían servir de modelo para otros sectores. En un próximo informe daremos cuenta de esos desarrollos a fin de ilustrar las reformas que podrían introducirse para mejorar la eficiencia de los gobiernos descentralizados. 

Lampadia

Según el último Reporte de Inflación del Banco Central de Reserva (BCR), la estimación de crecimiento económico para este año se mantiene en 4%. Este pronóstico está siendo impulsado principalmente por la entrada en operación de los últimos proyectos mineros que evitaron su paralización por los conflictos creados por los anti mineros. Según el informe, el crecimiento del PBI “se debe principalmente por los sectores primarios, los cuales se expandirán en 7 por ciento”. Además, para los años 2017 y 2018, se proyecta un crecimiento del PBI de 4.6% y 4.2%, respectivamente.

Evidentemente, estamos mucho mejor que los demás países de la región (mal de muchos consuelo de tontos), seguidos por Bolivia con 3.6% y Paraguay con 3.3%. Por su lado, Chile (inmerso en su regresión socialista bacheletiana) tendría un crecimiento de tan solo 1.8%. La misma tendencia se vería en la proyección de crecimiento en 2017, con el Perú liderando en la región con 4.6%.

Es fundamental resaltar que la aceleración del crecimiento del PBI en el primer trimestre 2016 de 4.4%, respondió principalmente al desempeño de los sectores primarios, los cuales se expandieron en 10% y en donde destaca la minería metálica con un 25% de crecimiento, la cual contribuyó con 2 puntos porcentuales al crecimiento del PBI global. Esto demuestra lo que hemos venido repitiendo sin cansancio en Lampadia: el principal motor del crecimiento de la economía peruana es la inversión privada, especialmente en minería. El Perú es un reconocido productor mundial de cobre, oro, plata y zinc. La minería genera normalmente el 60% de los ingresos por exportación, con solo el 7%  del PBI, tiene un alto valor agregado y genera encadenamientos productivos muy importantes con otros sectores de la economía.  

Según un reciente informe del INEI, “el comportamiento ascendente de la minería metálica está asociado a la entrada en producción del íntegro de la capacidad operativa de la planta concentradora de Cerro Verde, la consolidación de las operaciones de Hudbay Perú (Constancia), el megaproyecto cuprífero Las Bambas de Minera Las Bambas, el proyecto Inmaculada de oro y plata de la Compañía Minera Ares y el proyecto aurífero Shahuindo; a los que se suman los mayores volúmenes reportados por Antamina, Antapaccay, Buenaventura, Casapalca y Volcan, entre las de mayor influencia, además de la producción estimada de los productores artesanales informales de oro en las regiones de Madre de Dios, Puno, Arequipa y Piura.”

Sin embargo, durante el último trimestre, este dinamismo fue atenuado por la caída de hidrocarburos (-18.5 %) y de la manufactura no primaria (-4.0 %). Esta baja en hidrocarburos se debe principalmente a la menor producción de petróleo por la ruptura del Oleoducto Norperuano. Ya han pasado cuatro meses desde que se suspendió el servicio de transporte de petróleo del Oleoducto Norperuano, debido a las reparaciones ordenadas por Osinergmin para evitar que se repita el desastre ecológico de febrero pasado, cuando múltiples rupturas causaron el derrame de 3,000 barriles de crudo en la región amazónica, contaminando dos ríos utilizados por pueblos nativos como fuente de agua. Ver en Lampadia: Se le acabó la ‘Tina’ a Petroperú y La ‘Tina’ de Petroperú sigue rota, donde denunciamos que la paralización del oleoducto tendría para rato pues éste ya ha cumplido con creces su ciclo de vida.

Pero, a pesar de la importancia de la inversión privada (mayormente ligada a la minería) para nuestro crecimiento, ésta recién podría empezar a crecer a partir del próximo año. El informe estima que en el 2016 caerá 1%, una disminución con respecto a las proyecciones de marzo cuando el propio Banco Central consideraba un crecimiento de cero. 

Esta caída se debe a que en los últimos años se han fomentado una serie de mitos anti mineros (que contamina, que se gasta el agua, que exporta piedras, que no se puede hacer minería en las cabeceras de cuenca, etc.). Además, de facto y paulatinamente, se instaló un ambiente anti inversión privada mediante todo tipo de trabas burocráticas, permisos ambientales y culturales, que además del empoderamiento de las autoridades regionales y municipales con capacidades discrecionales absolutas (con el dinero del canon en sus manos, pensaron que no necesitaban al sector privado y actuaron como si los ciudadanos individuales y las empresas fueran sus enemigos). Así fue como se paralizó la inversión minera y sus efectos multiplicadores, lo que a su vez terminó desacelerando la economía en su conjunto. Ver en Lampadia: Destrabemos la construcción de nuestro futuro.

Según el  BCR, “la inversión privada disminuiría moderadamente en 2016 en un contexto de un ciclo contractivo mundial de inversión minera por menores precios de las materias primas, atenuado por mayores inversiones en proyectos de infraestructura”. Para el periodo 2017-2018 se espera que la inversión se recupere con tasas de crecimiento de 4.0% y 4.2%, respectivamente (con el impulso de proyectos de infraestructura).

Por otro lado, el BCR elevó su proyección de crecimiento de la inversión pública para este 2016 de 7.4% a 10.3%. Durante los primeros cinco meses del año la inversión pública ha tenido un mayor dinamismo por una recuperación de los gobiernos regionales. La inversión pública es otro factor que fomenta un mayor dinamismo de la demanda interna, debido a la ejecución de proyectos de infraestructura.

Según el BCR, las exportaciones crecieron 7.8 % en el primer trimestre y estima que tendrían un crecimiento de 6.4% para el 2016, mientras que las importaciones se incrementarían en 0.3%.  Las mayores exportaciones serían tradicionales, principalmente mineras, las cuales compensarían unas menores exportaciones no tradicionales, principalmente por menores ventas al exterior de productos pesqueros por problemas de oferta.

En el caso de la agroexportaciones, según el BCR, se han diseñado grandes proyectos de irrigación que fomentarán un mayor crecimiento de la industria. Según cálculos de ProInversión, gracias a estos grandes proyectos se duplicarán las hectáreas dedicadas a la agroexportación, lo que generaría un aumento de exportaciones de US$ 3,190 millones al año,  orientadas principalmente al mercado externo.

El Perú cuenta con un gran potencial de crecimiento en distintos sectores productivos. En el minero tenemos el potencial de multiplicarnos por 5; igual o más en energía; en forestería, podemos multiplicarnos por 30; podemos desarrollar acuicultura en nuestros ríos, cochas y mares; etc. El Perú es infinito en comparación al tamaño de nuestra población. Solo necesitamos un gobierno que entienda esa realidad, nos libere de las abusivas manos de la burocracia y permita que nuestra capacidad creativa se encargue del resto. Ya es hora de poner en valor nuestros recursos y actuar en pro de un desarrollo integral, duradero y sostenible. ¡No hay disculpas que valgan! Lampadia

Una de las grandes falencias del Perú es su pobre nivel de infraestructuras sociales y económicas. Las económicas permiten un mejor nivel de competitividad de las actividades productivas del país. Las sociales permiten el acceso de los pobres a la modernidad, a un mejor nivel de vida y a la economía de mercado.

Es por eso que análisis como el recientemente publicado por el IPE (ver en nuestra sección Documentos: IPE – Infraestructuras), son tan importantes. Eliminar las brechas de infraestructuras no solo permitirá reducir los costos de transacción de las empresas y los ciudadanos, sino que también ayuda a los pobres a tener acceso a electricidad, caminos y telecomunicaciones. Ver en Lampadia: Destrabemos la construcción de nuestro futuro.

Como muestra el gráfico superior, existe una gran diferencia en el bienestar (sobre todo por el acceso a servicios básicos) entre las zonas rurales y urbanas. Una mejora de las infraestructuras ayudaría a reducir la pobreza en el país, especialmente en las zonas rurales. Lo más apremiante es acceso al desagüe, que es la brecha más importante (tan solo el 15% cuenta con este servicio básico).

Un trabajo que subraya que las infraestructuras tienen un enorme impacto en la reducción de la pobreza es el reciente libro de Richard Webb, Conexión y despegue rural que demuestra que los avances en infraestructuras en la sierra rural han producido una revolución económica en la región más pobre del Perú. La conclusión de esta investigación es clara: mientras en el período 1900-1994 (casi 100 años) el crecimiento de los ingresos fue de solo 1.4% por año, pero entre el 1994 y el 2011, los ingresos se incrementaron a un ritmo de 7.2% anual, una prueba de que los beneficios de la economía de mercado llegaron a todas las zonas del país. Lo que no es óbice para reiterar que lo que falta por hacer es aún inmenso.

Según el IPE y el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, la brecha total de infraestructuras es de US$ 160,000 millones, de los cuales el 36% se centra mayormente en el sector transporte (gran parte en carreteras), 19% en energía y 17% en telecomunicaciones. Esto se puede observar a más detalle en el siguiente cuadro:

Sin embargo, la cartera de proyectos de ProInversión al 2016 es de tan solo US$ 6,346 millones. Y, de los proyectos que se han concesionado, una buena parte no logra ejecutarse por diferentes trabas y trámites burocráticos.

El principal problema, según el IPE, es la inexistencia de un plan nacional de infraestructuras en el Perú. Países como Colombia, Chile y México sí los tienen (Chile cuenta con un plan hasta el 2025). Es así que hasta ahora no mejoramos en el pilar Infraestructuras del Global Competitiveness Report del Foro Económico Mundial y nos mantenemos por debajo de otros países de la región.

Un plan nacional de infraestructuras ayudaría a planificar de forma integral y expansiva los proyectos en el país, además de orientarse al mediano y largo plazo. Una reciente publicación de McKinsey sobre el último foro de Iniciativas Globales de Infraestructura (GII por sus siglas en inglés), sugiere que casi el 40 % de los US$ 9 millones de millones invertidos en infraestructura anualmente se mal gasta debido a los cuellos de botella, la falta de innovación y fallas administrativas. El plan ayudaría a tener una visión conjunta al futuro, necesaria ya que tiene que ser diseñada para cumplir con su función durante sus 30 a 40 años de vida, con una capacidad de adaptación para satisfacer una demanda cada vez más cambiante.

El IPE afirma que existirían “prácticas inadecuadas en el proceso de inversión pública”. La inadecuada formulación de proyectos explica que haya 560 obras públicas paralizadas. El 74% son de administración directa y se concentran en gobiernos locales.

Otro punto importante es que se proponen muchos proyectos pequeños en vez de grandes proyectos. El informe del IPE afirma que en 2011 los gobiernos regionales programaron proyectos,  que implicaron la contratación de 285 perfiles, expedientes técnicos, contratos de obra y contratos de supervisión, generando finalmente 1,140 contratos en poco más de un año.

También existe un exceso de trabas burocráticas. La falta de coordinación gubernamental genera severos obstáculos para la provisión adecuada de los servicios públicos. Se tienen que eliminar o acortar el número de normas y permisos que enfrenta la actividad minera y los proyectos de infraestructuras. IPE cita un ejemplo publicado en el Diario El Comercio, en el que se explica como el inicio de las obras de instalación del aire acondicionado en el aeropuerto de Piura demoró cerca de 4 años debido principalmente a una gestión ineficiente. 

El IPE termina su informe proponiendo unas recomendaciones, como la elaboración de un plan de mediano-largo plazo, con un horizonte mínimo de 10 años y sujeto a revisiones periódicas. Dicho plan debe priorizar las necesidades de los servicios públicos y empaquetar múltiples proyectos en uno solo. Con respecto a la inversión rural, se debe propiciar una inversión en “combos”, en vez de realizar inversiones individuales en sectores y tiempos diferentes. La complementariedad demostró tener mayor impacto.

Esto es importante porque, como afirma McKinsey, los planes de infraestructuras sirven para “cumplir con las necesidades de los ciudadanos actuales y futuros, impulsar la mejora del crecimiento económico y reducir al mínimo las disparidades socioeconómicas. Pero para ello es necesario traducir las ideas de pequeños proyectos en mega proyectos viables, políticamente resistentes y adaptables en una dinámica cambiante. Para lograrlo, es fundamental: trabajar con los tomadores de decisiones a nivel local para llevar a cabo los proyectos; involucrar a todos los actores y socios potenciales desde el principio, una visión de futuro y de los potenciales beneficios; trabajar con los gobiernos para generar apoyo público y gestionar las expectativas de los mega proyectos; y el fomento de la experimentación y el procesamiento en paralelo del diseño, ingeniería, estudios ambientales y contratación para reducir el tiempo de planeamiento y ejecución para permitir la innovación que tanto se necesita.”

Para lograrlo, el IPE sugiere restructurar ProInversión, complementando sus funciones para diseñar, promover y ejecutar los proyectos de inversión. Deberá coordinar con las autoridades pertinentes para la pronta ejecución de los proyectos, eliminando posibles trabas, así como realizar evaluaciones expost de los proyectos.

Como se pude observar, entonces, resolver los déficits de infraestructuras es un asunto urgente y requerirá de grandes reformas. Ya hemos dicho que no hay desarrollo sin crecimiento económico. Ver en Lampadia: Infraestructuras: menos pobreza y más desarrollo

En Lampadia hemos insistido varias veces en la necesidad de ser ambiciosos e imaginativos para cerrar las brechas de infraestructuras en el menor plazo posible. Para ello es necesario diseñar un esquema de financiamiento de las contrapartes del Estado en los proyectos concesionados, no se puede estar buscando soluciones caso por caso. Ver: Sobre cómo financiar e invertir US$ 80,000 millones y Estrategia para el financiamiento de las Infraestructuras. En esencia, nuestra propuesta pretende inyectar unas chispas que enciendan el debate sobre cómo financiar nuestros requerimientos de infraestructuras aprovechando las condiciones estructurales, favorables de nuestra economía.

Esperamos que este análisis y el esfuerzo del IPE, conlleven a un planteamiento efectivo y a ejecutar las reformas necesarias que faciliten el desarrollo de nuestras infraestructuras. Lampadia

La Carretera Central, es una de las vías de comunicación más importantes del Perú. No solo comunica toda la región central del país con la Capital de la República, el mercado interno más grande del país y, la más importante puerta de salida de nuestros productos al exterior; también es una carretera icónica por su diseño de ingeniería y su belleza escénica, que la convierte en un atractivo turístico en si misma.

Construida en 1924, como una obra extraordinaria de ingeniería, puede ser eficiente con un volumen de tránsito de 4 a 5,000 vehículos por día y para la circulación de camiones de 42 toneladas peso. Sin embargo, hoy está congestionada con el tránsito de más de 7,000 vehículos diarios y de camiones que transportan 5 a 6 millones de toneladas en vehículos del llamado ‘modelo Perú’, prohibido incluso en las autopistas de EEUU, donde el peso máximo es precisamente 42 toneladas por vehículo. En el  Perú, el MTC ha ido subiendo el peso máximo autorizado a 48 TM, y luego hasta 53 TM. Pero las mafias del transporte se las han ingeniado para sabotear las estaciones de pesaje (que no funcionan) y, hoy circulan con 60 TM por camión a una velocidad de 13 K/Hora (de subida y bajada).

La carretera no está colapsada, está saturada por las malas regulaciones que alientan el paso de camiones que debieran estar absolutamente prohibidos. Mientras tanto tenemos al Ferrocarril Central operando muy por debajo de su capacidad, al 20% (según su operador). Hoy día lleva solo 3 millones de toneladas anuales.

La Concesión

El contrato es parte de la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Se trata de una red vial de 377 km en una de las carreteras más complejas del mundo por su ubicación, geografía, y altura sobre el nivel del mar.

En 2003, Proinversión la incorporó al proceso de Inversión Privada. En diciembre de 2008, se declaró de necesidad pública. En 2009 Proinversión convocó al concurso. En 2010 adjudicó la buena pro a Deviandes. En setiembre de 2010 se firmó el contrato. Desde 2013 debe administrar, operar, construir y mantener la infraestructura.

La empresa se comprometió a invertir US$126 millones, monto que no ha  ejecutado por diferencias con el MTC.

Las mejoras que debieron empezar en enero del 2015, tras una paralización de más de cuatro años, todavía no dan fuego. Esta es claramente una mala concesión, donde es casi imposible deslindar responsabilidades, por las múltiples trabas, demoras y desacuerdos. Mientras tanto, esta importante vía sigue sin operar adecuadamente. En el reciente evento climatológico se ha hecho evidente que el concesionario no tiene maquinaria pesada para actuar con efectividad. Además, según se ha denunciado, demoró 48 horas en reaccionar y todo fue agravado por Sutran que propició que siguieran entrando vehículos a la carretera.

Los Planteamientos

Todos los años se reiteran distintos planteamientos de solución, pero esto parece ser solo una de las grandes frustraciones con la ineficacia del Estado.

Los múltiples planteamientos de solución incluyen los siguientes temas:

1. Regular el transporte de camiones
2. Aprovechar el Ferrocarril Central
3. Ampliar la carretera a una autopista
4. Construir el túnel transandino
5. Habilitar rutas alternas efectivas
6. Ampliar el aeropuerto de Jauja

Sin embargo nada de esto ha sido hecho con seriedad: 

1. Se permite el tránsito de camiones que están prohibidos en las autopistas norteamericanas… Nadie toca el tema, especialmente los políticos, porque no quieren enfrentar al gremio de los camioneros o perder votos en las elecciones. Por ejemplo, PPK (uno de los candidatos más serios), escribió hace unos meses un artículo de una página en el diario Correo sobre esta carretera, hizo el diagnóstico, pero no mencionó el túnel transandino (para no perder votos ¿?).
2. Aprovechar el Ferrocarril Central, que sería la mejor solución, sigue sin dar frutos por las absurdas regulaciones generadas por la falta de gestión estatal y las presiones de las mafias de transporte.
3. Construir una autopista. Una propuesta absurda e irrealizable por la geografía de la vía y el innecesario y elevadísimo costo que representaría.
4. La construcción del túnel trasandino, que permitiría reducir de 12 a 6 horas el tiempo de viaje de carga y pasajeros entre Lima y Huancayo, según el Ministro de Transportes, José Gallardo, recién cuenta con el perfil correspondiente. Esta obra ha sido ninguneada por el MTC por muchos años. Recién Gallardo se ha abocado a avanzar con el proyecto y habrá que esperar por lo menos cuatro años para que empiece a operar.
5. Las rutas alternas. Por lo menos cuatro alternativas siguen esperando el sueño de los justos.
6. La ampliación del aeropuerto de Jauja. Obra que debiera haberse realizado hace años, fue saboteada por el anterior presidente regional, Vladimir Cerrón, que cuando todo estaba listo, salió con la idea de  construir otro aeropuerto en algún otro lugar.

Así es como cosechamos nuestras desgracias, simple y llanamente con desidia, incapacidad, intereses, corrupción y estupidez. Lampadia

Los problemas, necesidades y oportunidades del Perú son múltiples y difíciles de enfrentar, sobre todo por las limitaciones de la clase política: orientada al corto plazo, a las peleas de barrio y a visiones parroquiales no convergentes.

En la campaña electoral que va tomando cuerpo, seremos inundados de propuestas de todo color. Muchas de ellas estarán diseñadas para el aplauso fácil de las tribunas y tendrán altos contenidos de populismo que no tienen posibilidad de llevarse a cabo. Para el ciudadano común, como en anteriores ocasiones, será muy difícil separar la paja del trigo, evaluar (aunque someramente) los posibles impactos y encontrar los elementos de consistencia y coherencia.

Por esta razón, cumpliendo con nuestro objetivo de empoderar a nuestros ciudadanos mediante análisis e información e inspirados por nuestra Misión, mientras avanza la campaña electoral iremos armando un “Súper Combo Electoral” en el que acopiaremos las mejores propuestas específicas de los diferentes candidatos, cuidando un cierto nivel de coherencia entre ellas.

La idea es promover un debate sobre lo que pueden ser las mejores ideas de gobierno y que, en conjunto, puedan ser tomadas por el ganador, con una cierta indicación de viabilidad y conveniencia.

Todavía es pronto para recolectar propuestas de todos los candidatos, algunos todavía no han hecho públicos sus planteamientos, como es el caso del líder en las encuestas, Keiko Fujimori. El CADE que se inicia hoy nos adelantará varias propuestas de los cinco candidatos, cosa que recogeremos para la próxima semana. Un buen referente para el análisis de las propuestas que nos harán durante la contienda electoral, es también La Visión del Perú al Tercio de Siglo, presentada en CADE 2014, que lamentablemente IPAE no ha sabido difundir.

Mientras tanto queremos adelantar unas pocas propuestas de dos candidatos que ya hicieron públicos algunos planteamientos, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski.

Alan García

Canon Comunal

Propone que a las comunidades del área de influencia de los proyectos mineros se les entregue como ‘Canon Comunal’ una parte de los impuestos y regalías que pagan las empresas. 

Propiedad del subsuelo

Plantea que los propietarios del suelo sean también propietarios del subsuelo, tal como sucede en algunos otros países. Este cambio, según García, debería hacerse mediante un referéndum. La propuesta no es nueva y para hacerla viable hay muchos requisitos previos y se requerirían varios años de preparación. Por ejemplo: los programas de titulación están truncos; en las comunidades de la sierra coexisten dos tipos de propiedad, comunal e individual, pero ninguna está debidamente registrada; no hay un registro formal de la propiedad de cada comunidad y menos catastros que delimiten las tierras de cada una; las directivas de las comunidades no están inscritas en los Registros Públicos, como sucede con cualquier empresa e institución. Por lo tanto, sus actos sociales de venta, renta o cualquier otra transacción relacionada a sus derechos, tampoco son registrados. Ver más información en Lampadia: La propiedad del subsuelo y la explotación de los RRNN.

En consecuencia, esta propuesta puede ser filosóficamente deseable, pero no podrá implantarse en el siguiente período de gobierno ni, quién sabe, en los próximos dos o tres. Compartimos la idea, pero la propuesta parece apurada.

Pedro Pablo Kuczynski

Proinversión en cada Plaza de Armas de las Regiones

La propuesta de PPK es dar mucha fuerza y presencia a Proinversión para que se acerque a las poblaciones de las regiones, donde deben darse la mayor parte de los proyectos de inversión en infraestructuras sociales y económicas.

Impuesto plano a la renta

Se propone un impuesto plano de 17.5% sobre una mayor base de aplicación, que incentive el empleo y la inversión. El impuesto se calcularía deduciendo de los ingresos todos los costos laborales y el íntegro de la inversión del año correspondiente. Este es un sistema tributario que ha sido muy exitoso en varios países y es coherente con los grandes objetivos nacionales: promoción del empleo, inversión y recaudación tributaria.

Ayúdennos a armar el Súper Combo Electoral como una contribución al empoderamiento de nuestros ciudadanos y al futuro gobierno. Lampadia

Por José Carlos Reyes

(Gestión, 18 de Febrero de 2015)

Economista estima que la economía crecería entre 3% y 3.5%. Advierte que aún no se recupera, pues el PBI desestacionalizado cayó tanto en noviembre como en diciembre del 2014.

El Gobierno podría volver a fallar en cumplir la meta de crecimiento trazada para este año, e incluso también será difícil que se supere la tasa de expansión de 2.3% registrada en el 2014.

Para el economista Pablo Secada, este 2015 el PBI crecería solo “un cachito más” que el año pasado: “entre 3% y 3.5%”. Ello debido a que los últimos datos del INEI no muestran una recuperación y tampoco repunta la confianza empresarial.

Refirió que si se observa el PBI desestacionalizado -que compara el PBI de un mes con el anterior- en diciembre y noviembre pasados la economía retrocedió, a diferencia de lo ocurrido en meses previos (ver cuadro).

“En noviembre y diciembre la actividad económica retrocedió. Entonces, hemos terminado el año no recuperándonos, sino retrocediendo”, indicó a Radio Exitosa.

Incertidumbre

Asimismo, Secada subrayó que actualmente la confianza empresarial está “estancada”, y si en algún momento se recupera, sus efectos en la economía se sentirían recién luego de dos trimestres.

“No es que mañana mismo se gira el cheque. El dinero entra en dos trimestres. Por ejemplo, mientras pides la maquinaria y llega, luego recién la pagas”, anotó.

Cabe recordar que tanto el Ministerio de Economía (MEF) como el Banco Central de Reserva estiman que este año el PBI crecería alrededor de 4.8%, impulsado por la recuperación de la minería y pesca, la baja del precio del petróleo, el avance de las obras de infraestructura y los efectos del paquete fiscal lanzado a fines del 2014.

Sector externo “no ayuda”

No obstante, Secada remarcó que este año el “sector externo no ayudará”, pues se prevé una baja en la demanda, incluida la de los minerales, del mercado chino y europeo. “Si bien no es un panorama de crisis, como en algún momento lo dijo el presidente, la economía mundial no te va a ayudar. Básicamente, lo que te queda es el consumo privado y el gasto público”, sostuvo.

Pero advirtió que en el primer caso el consumo privado ha venido desacelerándose, al crecer antes a 6% anual y ahora a solo 4%. Mientras que el gasto público viene avanzando muy lento, no solo a nivel de las regiones y municipios, sino también de parte del gobierno central (Gestión 12.02.2015). “Entonces, no sabemos de dónde va a salir el crecimiento (adicional para este año)”, anotó.

“Fallas” en concesiones

Secada, analista del Instituto Peruano de Economía (IPE), también advirtió sobre fallas en los contratos de concesión de los proyectos de infraestructura elaborados a nivel del MEF y el Ministerio de Transportes para luego ser promovidos en ProInversión. “El diseño es pobre, los contratos están mal hechos, pues no se define bien de quién es el riesgo. Por ello, al final, se presentan pocas empresas postoras”, anotó el analista.

Entrevista a César Butrón Fernández, presidente del directorio del COES

Por Luis Hidalgo

(Gestión, Martes, 27 de enero del 2015)

—El presidente del COES opina que la idea del Ejecutivo de subastar 1,200 MW en hidroeléctricas es buena pero cree en la necesidad de debatir el esquema bajo el cual se hace.

Según las proyecciones del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), la demanda de electricidad creció solo 5.3% en el 2014, la mitad de lo programado inicialmente. César Butrón nos muestra el panorama venidero.

¿Cuál es la situación del sector eléctrico nacional?

La primera conclusión que tenemos es que el sistema eléctrico interconectado del Perú está actualmente en una situación cómoda. Hemos salido de aquellos años en los que casi no teníamos reserva operativa, cuando estábamos al borde del corte de energía por cualquier motivo.

¿Y cómo se ha llegado a esta buena situación?

Se han producido una serie de inversiones en el sector, producto de muchos esquemas (de promoción) diferentes, además de las inversiones en transmisión, por lo que actualmente el sistema tiene capacidad para atender la demanda. Incluso tenemos una reserva de 23%. Y hay un programa de inversiones en plena ejecución de acá al 2018 (ver vinculada).

¿Podría crecer la demanda más que lo proyectado?

Sí, si se ponen en marcha inversiones mineras que han sido anunciadas pero que no se están ejecutando. Nuestras previsiones actuales no incluyen proyectos como Tía María, Conga entre otras, porque no tenemos fecha cierta de su ejecución.

¿Cuánto sería el crecimiento de la demanda de electricidad si ingresaran esos proyectos mineros ahora paralizados?

Con esos proyectos la demanda podría crecer a 12% o 13%. Aun así alcanzaríamos a atenderla, pero habría que adelantar algunas obras previstas para el 2019.

¿Cuáles, por ejemplo?

Habría que definir qué nuevas centrales de generación se adelantan porque hay mucho nombres pero se tendrían que concretar en estos días para lleguen a tiempo.

¿Hablamos de centrales térmicas?

Centrales térmicas ya no, la base tendría que ser de centrales hidroeléctricas, porque con las primeras ya hemos crecido, como es el caso del Nodo Energético del Sur, ahora hay que crecer con hidroeléctricas.

¿Y cuáles son las hidroeléctricas pendientes?

Las conocidas son Santa Rita, Molloco, Santa María, San Gabán I, III y IV, Santa Teresa II, Chavín, Santa Cruz, Curibamba, hay mucho proyectos que fácilmente suman 3,000 MW, pero no se pueden hacer todos y sí unos 1,500 MW.

¿Por qué no seguir instalando generadoras a gas natural?

Actualmente tenemos 51% de la potencia instalada a gas y 49% en hidroeléctricas. Con el potencial que tenemos de esta última fuente, deberíamos tener una distribución 70% y 30%, o 60% 40% entre térmicas a gas e hidroeléctricas.

La generación hidroeléctrica es renovable, no produce gases de efecto invernadero y tiene un costo variable (operación) muy pequeño. Entonces, lo racional y conveniente es basar el crecimiento del país en centrales hidroeléctricas, complementadas con generación a gas y energías renovables, y no al revés.

El titular del MEF ha anunciado que este año adjudicarán 1,200 MW en hidroeléctricas…

Es bueno que el Gobierno tenga esa iniciativa; la forma que lo está haciendo es a través de concursos lanzados por ProInversión mediante contratos de concesión, pero lo que hay que tener cuidado es de no adelantarse demasiado en el tiempo y ponerlos cuando se necesita (según nuestros cálculos se necesitan para después del 2022). Y ese es el gran problema a resolver.

¿Por qué?

Porque cuando ProInversión licita proyectos de este tipo (o de infraestructura) tiene que garantizar un ingreso a los concesionarios.

Una especie de garantía de red principal (GRP)…

Sí, pero más delimitada; el Nodo Energético del Sur se ha hecho así: poner en el peaje de transmisión una especie de GRP con lo cual a las empresas de este nodo se les va a pagar un cargo especial para garantizarles un ingreso. La pregunta es si en la siguiente subasta para hidroeléctricas le van a dar esa GRP, o qué, pero algo les tienen que dar para que sean rentables.

¿Y cuál es el problema?

Uno es que no es gratis, lo tiene que pagar el usuario vía las tarifas. No estoy diciendo que sea un mal esquema, pero habría que determinar si es el más apropiado.

¿Y cuál sería en su opinión el mejor esquema a aplicarse en este caso?

Lo importante es que tenga el impacto más eficiente en la tarifa. No hay que olvidar que no siempre la tarifa debe ser la más baja posible, sino que debe ser lo más justa posible, que remunere el capital y demás componentes de manera adecuada, y que la tarifa resultante (para el usuario) sea competitiva. El gran tema a debatir sería: cuál es el mecanismo más conveniente para el país que debe utilizar el Estado para promover la inversión en hidroeléctricas; todavía no está claro.

Oferta puede atender el crecimiento de demanda hasta el 2018

¿Hasta cuándo se sostendrá el actual estado de comodidad? Hasta el 2018, dice Butrón, porque por un lado hay un programa de inversiones en plena ejecución y se van a incorporar unos 4,800 MW nuevos de capacidad de generación de acá a esa fecha y, por otro lado, el crecimiento de la demanda de energía se ha desacelerado (por la disminución del ritmo de crecimiento de la economía).

Precisa que con las inversiones en generación eléctrica en marcha, las proyecciones del COES indican que se puede atender la demanda, si esta crece a tasas de 8% a 9% anual, hasta el 2018.

Refirió que en el 2013 el COES proyectaba que la demanda nacional de electricidad iba a crecer 10% en el 2014, pero “al final el año pasado terminó creciendo solo 5.3%”, debido al impacto de la desaceleración de la economía nacional (pasó de crecer 5.8% en el 2013 a 2.4% el año pasado, según la última cifra del BCR).

Comentario de Lampadia:

En anteriores oportunidades nos hemos visto precisados a reclamar al Ministro de Transportes y Comunicaciones su aparente desidia en cuanto al desarrollo de los ferrocarriles en el país. Ver en (L):La tradición y los nuevos proyectos ferroviarios peruanos – Al futuro se va en tren… a pesar de los lobbies.

Ahora queremos destacar la reacción positiva del ministro, que está anunciando un plan ferroviario.

Plan Ferroviario Nacional estará listo a inicios del 2015

Por Omar Mariluz

(Gestión 24 de Septiembre del 2014)

Glosado por Lampadia:

El Plan Nacional Ferroviario, que busca modernizar el sistema de ferrocarriles en todo el territorio nacional, estará listo en el primer trimestre del 2015, anunció el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El titular de la cartera de Transportes, José Gallardo, comentó que este plan, que se desarrolla con apoyo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), es paralelo a otros proyectos que impulsa el Gobierno para modernizar la red ferroviaria del país.

“El Plan Nacional Ferroviario estará listo en el primer trimestre del 2015. Eso no quita que estemos haciendo proyectos que son los que, digamos, van teniendo sentido con el grado de desarrollo de nuestra economía”, dijo.

Gallardo precisó que se ha encargado a Proinversión la construcción del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica y que el ministerio realiza los estudios de base para el desarrollo de los ferrocarriles internacionales que conectarán al país con Brasil y Bolivia.

China, Brasil y Perú emitieron a mediados de julio un comunicado en el que prometen hacer esfuerzos concertados para construir un ferrocarril que cruce el continente sudamericano para promover la integración comercial regional con miras al Asia.

“Perú es como un intermediario y podría de esta manera aprovechar esta infraestructura para exportarles a China y Brasil. También, pensando en Brasil, tenemos opciones en el ferrocarril Bolivia-Perú, que pasa por el sur y tiene la ventaja que desde Santa Cruz hasta  Sao Paulo existe”, destacó.