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Aprendizaje cooperativo de docentes

Aprendizaje cooperativo de docentes

La educación en el Perú, sigue atrapada entre la conciencia de su inadecuación y nuestra incapacidad para transformarla. Desde la clamorosa huelga del año pasado, ha caído en un marasmo en el que ya no tenemos la energía para insistir en su transformación.

En Lampadia hemos compartido experiencias innovadoras de distintos países, y hemos alentado reiteradamente, la necesidad de una verdadera revolución educativa. Hemos propuesto un ‘Pacto Social por la Educación’, que aún esperamos se pueda llevar a cabo, cuando mejoren los tiempos.

Lamentablemente, las crisis múltiples que nos lastran a la frustración y a la inercia, casi no dejan espacio para escapar de la coyuntura y hablar y actuar en la dirección del diseño de nuestro futuro. Uno de los costos más grandes del gobierno de PPK es habernos incapacitado para pensar en el futuro.

En las siguientes líneas compartimos un artículo de Ana Torres, de El País, posteado por León Trahtemberg en su Facebook, sobre el aprendizaje cooperativo de los docentes. El área de mayor dificultad para el cambio de los paradigmas educativos, pues el magisterio sigue capturado por las dirigencias de los grupos ideologizados.

La ineficiencia del profesor solitario

El rol del equipo directivo es clave en la transformación de los colegios. La innovación es imposible sin la colaboración entre docentes

Ana Torres Menárguez 
Ganadora del Premio Nebrija de Periodismo Educativo, por el artículo ‘El cerebro necesita emocionarse para aprender’
El País, 12 de marzo de 2018
Posteado por León Trahtemberg (Facebook)
Glosado por Lampadia

Los directores de escuela trabajan bajo presión. Se espera que innoven sin molestar a nadie, que respondan a las demandas de las familias y, por encima de todo, que presenten resultados. El gran problema es que nadie ha definido con claridad cuál debe ser el rol del equipo directivo escolar, una figura clave en la transformación de los centros educativos. Ese es el planteamiento de Michael Fullan, asesor en Educación durante 10 años del primer ministro de Ontario, en su libro La dirección escolar, tres claves para maximizar su impacto (Morata).

Fullan, catedrático emérito de Educación de la Universidad de Toronto, critica que históricamente la enseñanza ha sido una profesión solitaria en la que la mayoría de profesores se han encerrado en su aula y no han recibido información sobre sus prácticas docentes, lo que les ha impedido mejorar. Para Fullan, la tarea central de los directores debe ser asegurarse de que todos los profesores aprenden de forma continua y programan sus clases de forma colaborativa. 

En España, la ola de innovación educativa ha traído consigo un replanteamiento de las funciones del director de escuela que, sobre todo en la pública, ha pasado de ser una figura burocrática que se elige cada cuatro años a un líder de grupo encargado de impulsar el cambio en las pedagogías. “Implantar el aprendizaje cooperativo genera conflictos, porque no todos los docentes están dispuestos a cambiar. Supone quitarse de la cabeza la idea del súper profe y entender que, en solitario, por muy bueno que sea, no nos vale”. La que habla es María del Mar Santos, directora del colegio público Manuel Bartolomé Cossío, en el barrio madrileño de Aluche, que en 2011 recibió el Premio Marta Mata del Ministerio de Educación por su proyecto de centro innovador.

Santos, que ocupa el cargo de directora desde 1998, cuenta cómo esta escuela ha pasado de ser un centro sin un proyecto pedagógico claro, a un colegio bilingüe, con talleres en lugar de asignaturas y en cuyas aulas ya no hay una mesa para el profesor, que se mueve libremente por la clase. “Uno de los cambios fundamentales es que los alumnos son de todos, ya no son de un tutor. Ya no existe el concepto mi clase. Todos nos responsabilizamos del progreso de los estudiantes”, explica. Implicar al conjunto de profesores en la modernización del colegio es a lo que más horas ha dedicado. “Animarles a compartir con los demás aquello en lo que son buenos, como el dominio de Internet, por ejemplo. No hay ningún maestro que pueda reconvertirse solo”, añade. 

Al hablar de su rol como directora lo compara con su hijo, que ahora tiene 17 años. “Requiere mucha dedicación. Nos planteamos qué nos pasaba y qué podíamos mejorar. La educación pública estaba denostada y nos sobrepasaba la oferta de la concertada”, explica. Preparó un proyecto y fijó como prioridad la formación de los docentes. Desde entonces, ha sido elegida cada cuatro años por la comisión de selección, integrada por miembros de la Administración (como inspectores) y parte del consejo escolar (formado por docentes y familiares de los alumnos). En 2013, el centro consiguió otro premio de la Comunidad de Madrid por su integración de las TIC en experiencias pedagógicas innovadoras. 

La única manera de convencer es, según Santos, por contagio. Las evidencias en el aula hacen que los profesores se interesen por lo que motiva a los a los niños. Quien no lo soporta, pide el cambio de centro. “El profesor solitario no transforma un colegio, el equipo directivo es el motor del cambio y lo importante es replicar el modelo año tras año independientemente del profesor que esté”. La interinidad de los docentes puede ser uno de los frenos, no todo el mundo encaja cuando llega y para ello han elaborado una guía docente.

El director de la Escuela Trilema El Pilar, Miguel García, con dos docentes. Kike Para

La financiación pública (unos 16,000 euros al año para 460 alumnos) no ha sido suficiente para cubrir las reformas. Sus clases son interactivas gracias a las tabletas que compraron con los 9,000 euros que obtuvieron con el premio del Ministerio. También les sirvió para renovar parte del mobiliario e incorporar mesas modulares. Ya no hay filas de pupitres. En cuanto a la formación, sus principales recursos son los cursos que organizan de forma voluntaria los maestros del colegio y los que ofrece el centro público de innovación y formación Las Acacias.

¿Puede cualquier profesor ser un buen director de centro? El filósofo José Antonio Marina, autor del Libro Blanco de la Profesión Docente por encargo del Ministerio de Educación, cree que hace falta formación específica porque mandar y organizar es complicado. En su opinión, habría que crear un MIR para directores, un tema que en España sienta mal a los docentes y a los sindicatos porque consideran que conlleva introducir clases dentro del profesorado y que no es democrático. “Se trata de ver si son eficaces o no. Los equipos directivos pueden modificar los programas académicos. El éxito, en parte, depende de ellos”, asegura. 

La Fundación Trilema, centrada en la difusión de nuevas pedagogías, ofrece un curso en liderazgo para equipos directivos, que han seguido más de 500 responsables de centros públicos en España. Esta fundación laica es además la impulsora de la red Escuelas que Aprenden, un proyecto del que forman parte 24 colegios, de ellos cuatro públicos de Andalucía. “Tienes que romper muchas reglas. Quitar las asignaturas provoca resistencia en el profesorado y discernir la velocidad de cambio es una responsabilidad del equipo directivo”, señala Carmen Pellicer, fundadora de Trilema. 

Hace cuatro meses una congregación religiosa les cedió un colegio en el barrio de Tetuán con 691 alumnos al que han llamado Colegio El Pilar. El director, Miguel García, ha acompañado a todos los docentes en su proceso de transformación. “No puedes quitar la seguridad que da el libro de texto de golpe; es un proceso lento”, apunta. Solo han mantenido las asignaturas de matemáticas y lengua por la “presión” de las pruebas PISA. El resto son talleres donde los alumnos trabajan por proyectos. También han reducido el número de exámenes y los alumnos se autoevalúan desde la etapa de Infantil. “Cuando tienes 50 años y quieres darle la vuelta a lo que has hecho durante toda tu vida, necesitas ver el nuevo modelo”, cuenta García. Por eso es tan importante la red de escuelas innovadoras, para ver el cambio in situ

“No creo en la dirección unipersonal, hace falta equipo. Es muy peligrosa y si no estás tú, se cae. Esa idea yanqui del director líder no funciona; nadie tiene todas las competencias y hace falta liderazgo compartido”, opina Pellicer. Los docentes de esa red de colegios reciben una media de 100 horas de formación al año. Lampadia




Chile regresa a la economía de mercado

Después de cuatro años en los que Chile abandonó las políticas públicas que lo hicieron distinguirse del resto de la región latinoamericana, el socialismo decimonónico del segundo gobierno de Bachelet hizo colapsar la inversión, el crecimiento y alentó las disputas “entre los buenos y los malos”.  

Chile había logrado un crecimiento acumulado que prácticamente eliminó la extrema pobreza y dotó a sus ciudadanos de servicios y condiciones de vida, que les permitían ambicionar, con sustento, el alcanzar el status de país desarrollado.

El afamado historiador británico, Niall Ferguson, lo puso muy claro en una de sus visitas al sur: “Chile ha sido el país más inteligente de la región, pero ahora está ejerciendo su derecho a ser estúpido”.

El bache de Chile es típico de gobiernos dirigidos por la ideología, antes que por el afán de desarrollo integral de sus pueblos.

En Perú nos pasó algo muy parecido, pues en uno de los mejores momentos de nuestra historia, el 2011, optamos por un gobierno del nacionalismo, altamente ideologizado y que no entendía que había que sumar y multiplicar, en vez de restar y dividir.

Pero a diferencia de Chile, en que cuatro años después, el gobierno de Piñera apunta a corregir los errores y dar un nuevo salto adelante; en el Perú, de la mano del ‘gobierno de lujo’ de PPK, no se cambió de discurso, no se corrigieron los errores, se confrontó al Congreso y, con una clamorosa falta de liderazgo, nos precipitamos en la crisis generalizada que hoy nos abruma.

Veamos que pasa en Chile, ya que nuestros medios son incapaces de rescatar las lecciones que necesitamos aquilatar.

Sebastián Piñera arrancó su segundo gobierno en minoría, sin control de las cámaras de diputados y senadores. Su enfoque, desde el primer día, evita toda confrontación y, más bien, lo sustenta en un llamado a ‘Cinco grandes acuerdos nacionales’.

Luego de jurar como presidente, Sebastián Piñera toma juramento colectivo a sus ministros.
Foto de: El Telegrafo

La ceremonia de cambio de mando en el Congreso no incluyó discursos del presidente saliente, ni del entrante. Horas después, desde la casa de gobierno, el flamante presidente propuso: Cinco grandes acuerdos nacionales:

“Convoco a todos mis compatriotas, y muy especialmente a los parlamentarios, a cinco grandes acuerdos nacionales: Por la infancia – Por la seguridad ciudadana – Por una salud oportuna y de calidad para todos – Por la paz en La Araucanía – Para alcanzar el desarrollo y derrotar la pobreza, durante los próximos ocho años.

Infancia: “No solo porque ellos son nuestro futuro, sino porque una Patria grande, justa y solidaria no puede fallarle a ninguno de sus hijos sin fallarse a sí misma”.

Seguridad ciudadana: “La seguridad ciudadana es una condición fundamental para poder desarrollar nuestros proyectos de vida.

Salud: “Nos haremos cargo de la grave crisis de nuestro sistema de salud, que sin duda requiere cirugía mayor”.

Paz en La Araucanía

Desarrollo y pobreza: “Un gran acuerdo nacional para alcanzar el desarrollo y derrotar la pobreza en los próximos ocho años”.

Glosado del Portal de El Mercurio de Chile

En su corto discurso, Piñera hizo especial énfasis en la clase media:

“En las últimas décadas, la clase media chilena ha progresado, y mucho, en base a su propio mérito, perseverancia y esfuerzo.

Nuestras familias de clase media tienen temores que un accidente en el ciclo de la vida, como pérdida de empleo, una enfermedad grave, el costo de la educación superior de sus hijos, el embate de la delincuencia o una tercera edad extendida, puedan retrotraerlos a una situación de vulnerabilidad, que superaron y a la cual no quieren volver.

Tenemos que recuperar los equilibrios económicos y fiscales. Tenemos que rejuvenecer la capacidad de crecer y mejorar los salarios.

No hay mejor política fiscal que el crecimiento económico.

No hay mejor política laboral que el pleno empleo”.

Fuente: Diario Financiero, Chile, (www.df.cl)

Así como los chilenos tienen que aprender de sus errores; nosotros, los peruanos, también podemos aprovechar las experiencias de nuestro vecino para formar los criterios y el sentido común que nos permitan juzgar las políticas públicas, más allá de las chácharas de la política y la banalidad de muchos medios de comunicación. Por ello, queremos reproducir la entrevista del Diario Financiero de Chile a Fernando Bustamante:

“El de Bachelet fue un mal gobierno”

Fernando Bustamante aborda cambio en La Moneda

El empresario –histórico de la Concertación, pero renunciado del PS– analiza la administración que termina y lo que viene: “Piñera no tiene a nadie al otro lado de la vereda, en la oposición”.

Diario Financiero, Chile
Por Rocío Montes
9 de marzo, 2018
Glosado por Lampadia

Militante socialista desde la adolescencia, Fernando Bustamante vivió la Unidad Popular desde la gerencia de ENAP. Con el golpe tuvo problemas, pero no se fue al exilio: se quedó en Chile aplicando su talento para los negocios y llegó a ser dueño de varias empresas, como Coppelia, que vendió recién hace algunos años. Pero en el régimen de Pinochet no abandonó la política: junto con la actividad privada, a fines de los setenta conoció a Ricardo Lagos en la comisión económica del PS.

Fue en esa época donde comenzó una amistad estrecha y una sociedad ideológica: Bustamante no solo es uno de los mejores amigos del ex- presidente, sino uno de sus cercanos colaboradores. Lo acompañó en el intento senatorial de 1989 y en el esfuerzo presidencial de 1993. En la campaña de 1999 contra Lavín fue uno de sus cercanos estrategas y durante su mandato, 2000-2006, fue presidente de Metro. En esos seis años, duplicó la red de 40 a 80 kilómetros.

Dedicado a los directorios, pero sin empresas productivas a su cargo, en marzo de 2016 renunció al PS. “Milité 59 años y no tomé la decisión por un hecho determinado, porque esto se produjo antes de que fracasara la candidatura de Lagos. Simplemente, no me sentía identificado con la línea del PS desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Fue grande el desencanto. No observaba que el partido estuviera haciendo las cosas como correspondían y me sentía poco motivado. Se acabó el amor”, señala en esta conversación que se produce en el escritorio de su casa, desde donde sigue al dedillo la contingencia y escribe sobre los temas que le interesan, como la revolución digital, internet de las cosas, la riqueza de los datos, globalización y la educación en esta nueva época.

– Se fue del PS y por primera vez no estuvo en el reciente intento de Lagos de regresar a La Moneda.

– Con Lagos, mi apoyo total. Si él tomaba una decisión, iba a estar con él. En lo que no estuve fue en el comando y lo conversamos: yo sentía que, para estar en política, para lo que hay que dejar mil cosas, se tiene que estar convencido realmente. En esta ocasión, no me sentía identificado con el proyecto que estaba en funcionamiento –el gobierno- y con lo que venía hacia delante. Finalmente, la Nueva Mayoría tomó la decisión presidencial no sobre la base de una discusión programática, de principios y objetivos, sino sobre la base de encuestas. Nunca se llegó a discutir el ideario que tenía Lagos.

– ¿Cómo observa al PS?

– El PS se inclinó por un candidato –Alejandro Guillier– porque en un momento puntual iba subiendo en las encuestas. Pero el poder por el poder produce distorsiones muy grandes, es una perversión. Quedamos con un partido absolutamente liquidado, sin un programa adecuado ni debate interno.

– Si de igual forma se hubiera perdido contra Sebastián Piñera, pero con Lagos, ¿habría cambiado la situación de la centroizquierda?

– De eso no tengo duda: si se hubiese perdido con Lagos, de partida tendríamos una cantidad importante de liderazgos, porque en su equipo había gente joven que habría asumido las banderas. Habría habido, además, un programa. Pero hoy está todo desaparecido. Y lo que ha pasado en el sector posteriormente me tiene muy sorprendido.

– ¿En qué sentido?

– El candidato de la Nueva Mayoría, por ejemplo, ya no pertenece a la Nueva Mayoría, porque en el Parlamento está con los independientes. Los partidos no asumen ningún liderazgo y, como dicen no tener urgencia por una coalición, intentan armar las comisiones en el Congreso. No existe un proyecto, análisis autocrítico ni reflexiones sobre la forma en que se necesita sintonizar con la clase media emergente chilena, con el mundo. Los partidos hicieron una lectura profundamente equivocada y cuando se comete un error de esa envergadura, se hace un mea culpa, se renuncia.

– ¿Por qué se sentía incómodo en la Nueva Mayoría?

– En los ochenta, incluso antes de la caída del muro, con la renovación socialista se acabó la pugna entre una economía centralmente planificada y una capitalista. El PS aceptó el mercado como asignador de recursos, con determinadas supervisiones. El mercado no es capitalista, no es anti-socialista. Cuando llegamos al gobierno en 1990 pensamos que era una tensión que se había superado por completo, pero con la Nueva Mayoría nos encontramos con que de nuevo aparecen los buenos y los malos. Esa coalición –que ya no existe– cuestionó muy ácidamente lo que hizo la Concertación. Por lo tanto, cuando nosotros mismos hacemos pedazo todos los éxitos conseguidos –porque los últimos 20 años son los más virtuosos de los últimos 150-, es muy difícil estar en eso. Amén de la política adoptada por el PC, defendiendo cosas como Cuba, Venezuela o Corea del Norte.

– Finalmente se quebró la alianza entre el centro y la izquierda.

– El rompimiento con el centro comenzó hace muchos años. Con la Nueva Mayoría y este segundo gobierno de Bachelet finalmente se produjo el triunfo de los auto- flagelantes de los años ‘90, los que querían avanzar rápido. Pero buena parte de la DC y gente como yo –socialistas moderados– no estuvimos disponibles ni entonces ni ahora para una izquierdización.

– ¿Bachelet hizo un gobierno izquierdizado?

– A veces pienso que no es que este gobierno haya tenido una gran concepción de avanzar hacia la izquierda. Lo que hubo son reformas mal hechas y mal planteadas, una gestión deplorable. Cuatro años trabajando en una reforma educacional que no se entiende, lo mismo la tributaria y la laboral. Junto con la incorporación del PC, Bachelet planteó un programa que no se conoció. Yo mismo intenté conseguirlo y, por todos los medios, lo pude tener solo una semana antes de las elecciones. Era evidente que Chile no tenía la capacidad para administrar esa cantidad de proyectos, por lo que se iba a bajar el nivel de gestión y de eficiencia. Con la mayoría absoluta en las dos cámaras, además, se abrió espacio a la retroexcavadora.

– ¿Cuál es su diagnóstico del gobierno que termina?

– El de Bachelet fue un mal gobierno. En el plano político, por segunda vez en toda la historia de Chile la misma persona entrega el poder a la oposición. Eso es, al menos, delicado. Segundo, usted destruye dos coaliciones, la Concertación y la Nueva Mayoría. Obtiene una derrota parlamentaria fuerte y un candidato presidencial con apenas el 22% de votación en primera vuelta. Desde el punto de vista político, para la centroizquierda no ha quedado nada encima de la mesa. Todo lo que viene para adelante se tiene que reconstruir. Piñera no tiene a nadie al otro lado de la vereda, en la oposición. Y realmente me preocupa que luego de una derrota política de estas dimensiones nadie salga a dar la cara.

– ¿Qué esperaría?

– Por ejemplo, las directivas siguen sin que se toquen. En el pasado, por la décima parte de esto tenían que renunciar de inmediato y había toda una revisión interna. Un congreso programático, reflexionar: ¿Dónde nos equivocamos? Hoy día, cero.

– ¿Y cuál es su balance desde el punto de vista económico?

-Tenemos todas las variables bastante comprometidas. El crecimiento fue sin duda el más bajo de todos desde el retorno a la democracia: 1.9% de promedio. En los periodos de la Concertación crecíamos más que la economía mundial y más que América Latina, a diferencia de lo que ocurrió en estos últimos cuatro años. El precio del cobre no fue lo determinante: los gobiernos de Aylwin, Frei y Lagos tuvieron precios inmensamente menores que los de este periodo. La inversión: cuatro años consecutivos de caída y eso no había sucedido en Chile en las últimas seis décadas. Tampoco se ha generado la cantidad de empleo que se logró en los mandatos anteriores. Se dobló la deuda pública y las cuentas fiscales quedaron estrechas. Por primera vez en 20 años subió el riesgo país. Este gobierno deterioró la economía.

– ¿Reconoce avances?

– Los beneficios son discutibles considerando el deterioro que tenemos. Es verdad que por todo lo que se hizo antes y la inercia, Chile todavía en el concierto de América Latina tiene un lugar importante. En este país todavía funcionan las instituciones. Hubo avances como lo realizado en energía –sobre todo en las renovables no convencionales-, la votación en el extranjero, el cambio del binominal, las medidas anticorrupción. Pero si se analiza en una balanza de precisión las cosas buenas y malas, la inclinación a mi juicio es bastante grande en contra. Cuando miro los resultados no puedo llegar sino a una conclusión: lo hicieron mal.

– El ministro Nicolás Eyzaguirre señaló que este gobierno acercó a Chile a ser un país desarrollado.

Le tengo cariño y aprecio al Nico. Durante la época de Lagos nos veíamos todas las semanas, pero no comparto nada de lo que dice, porque las cifras están a la vista. Más que una ley, más que lo que se declara, los gobiernos tienen que ser extremadamente cuidadosos en las señales e incentivos a la sociedad y a los agentes económicos. Y las señales e incentivos en estos cuatro años fueron contrarios al curso que deberían haber tenido. En este minuto, de hecho, hay un clima to- talmente distinto: todavía no asume el gobierno de Piñera y, sin embargo, han cambiado positivamente una cantidad importante de indicadores.

– ¿Bachelet no habrá tenido en contra al empresariado?

– Hay cosas que son consustanciales a la actividad que usted desarrolla. Si usted crea una empresa, su objetivo es que eso le rinda más que un de- pósito a plazo. Por lo tanto, se puede esperar que los empresarios tengan un sentido social, que cumplan con reglas del juego y que tengan una visión ética, pero no corresponde pedirles que tengan una actitud distinta a buscar maximizar sus utilidades. Cuando comenzaron a ver los incentivos y las señales que dio este gobierno, es evidente que se postergaron inversiones, porque nadie aseguraba que se podían recuperar.

– Mahmud Aleuy dice que la coalición tiene la responsabilidad de lo que ocurrió en la elección.

– Perdóneme, pero un Presidente en Chile todavía es jefe de gobierno y jefe de la coalición. ¿Existe hoy alguna duda de que Piñera es el jefe de Chile Vamos? Si el gobierno tiene todas estas fallas, hay una responsabilidad ineludible de la presidenta Bachelet y su gobierno. Y si la coalición está despedazada y hecha pebre, también hay una responsabilidad de Bachelet. Obvio. Es la principal responsable.

– Usted en primera vuelta estuvo por Carolina Goic, que obtuvo un 5%. ¿Qué queda de la centroizquierda moderada y del laguismo?

– La centroizquierda moderada está muy disminuida. Es mucha la gente que sigue creyendo en la moderación, pero no tiene ningún peso político. Este sector quedó huérfano. No por culpa de la candidata, pero el 5% de Goic agudizó el problema.

– ¿Qué piensa de las opciones de Bachelet para 2022?

– Después de todo lo dicho anteriormente, la opción de Bachelet 2022 suena a mis oídos como una broma.

“Piñera va a tener muchísimo que corregir”

Para Bustamante, “por cierto que en Chile existen grados de desigualdad que se deben corregir”. Pero apunta a una mala interpretación de los cambios sociales: “Durante décadas, el 65% de la población era parte de una masa de pobreza, un asalariado precario con inmensa conciencia política. Era la base de sustentación de los partidos de izquierda, por ejemplo. Pero en los gobiernos de la Concertación, aparece un 45% de clase media emergente que no existía, que no quiere volver al pasado y que tiene motivaciones completamente distintas. No tiene tiempo para la política y lo que busca es beneficiarse del inmenso esfuerzo que hace. Ir mejorando y no retroceder. Sin embargo, la izquierda extrema –el Frente Amplio, el PC y parte de los socialistas- sigue pegada en una sociedad donde el 65% estaba en la extrema pobreza”.

– ¿La derecha pudo interpretar mejor a esa ciudadanía?

– Mérito de la derecha o de Piñera es que ha logrado captar a gran parte de esa gente que se desplazó a una clase media emergente que tampoco se identifica con los intelectuales de centroizquierda. Piñera hizo una mejor lectura del nuevo Chile, que quiere soluciones ahora: tasas más bajas, que la educación sea más barata, tener acceso a salud de calidad, una buena jubilación. El gobierno de Bachelet partió con un error de diagnóstico y persistió durante los cuatro años.

– ¿Cuál cree usted que será el legado de Bachelet?

– Como dice Óscar Guillermo Garretón, el legado de Bachelet es Piñera. Y Piñera va a tener muchísimo que corregir. Lo que gastamos en educación superior –cantidades gigantescas–, va a repercutir en educación pre-básica, básica y media, en la técnico-profesional, en salud, pensiones y tercera edad, ignorada por completo. Las posibilidades que tenemos de superar esto es volver a una sociedad inclusiva, al diálogo.

– ¿Una nueva etapa de acuerdos?

– Hacer reformas razonadas, conversar las cosas, avanzar de las maneras óptimas para las mayorías. Tenemos que ir avanzando paulatinamente, para evitar la confrontación social, que lo único que hace es retroceder.

– ¿Piensa en que la derecha tiene opciones importantes de gobernar al menos ocho años? – Hay una cantidad de demandas que son extraordinariamente grandes y los recursos -debido a que hay cantidad de compromisos- van a ser limitados. Va a haber que racionalizar y necesariamente se va a comprar conflictos al abordar la reforma del Estado, tocar en serio el tema de seguridad ciudadana, La Araucanía, etcétera. No me atrevería a decir que la derecha se va a quedar ocho, 12 o 16 años, pero lo concreto es que hay un sector que hizo las cosas mejor que otro. Y los que hoy no tienen ninguna posibilidad es porque lo hicieron muy mal. Lampadia




No permitamos que se descoloque a Martín Vizcarra

Algo que ya se percibía de los efluvios del poder, permitía intuir la existencia de un movimiento que pretendía ir debilitando la figura del vicepresidente Martín Vizcarra, como el eventual sucesor del presidente Pedro Pablo Kuczynski, ante la posibilidad de escenarios políticos que lo alejen del poder.

Ahora, ante el pedido expreso de Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, el partido de mayor representación congresal, de que PPK renuncie y permita una sucesión constitucional que destrabe el nudo político que ha paralizado al país, así como por la inminencia de un segundo proceso de vacancia; se ha desatado una campaña contra Vizcarra, que linda en la desesperación.

El día de hoy, los promotores de esta campaña se han multiplicado en los medios para apabullar a Vizcarra. La figura más común que se está repitiendo, es el pedido de que Vizcarra se pronuncie sobre la vacancia. Como siempre, estos dislates son reverberados en los medios, con gran soltura y aparente sensatez. Por ejemplo, esta mañana en RPP, Patricia del Rio, decía que no puede ser que Vizcarra no se pronuncie.

La pregunta es: ¿Por qué y sobre qué, debe pronunciarse Vizcarra?   

El vicepresidente es la figura de respaldo del presidente de la República ante cualquier evento que determine la ausencia del mismo. Si como en estos días, la figura presidencial está fuertemente cuestionada, se repiten los pedidos de renuncia, y nos amenaza un voto del Congreso por la vacancia, lo último que debe hacer el vicepresidente es pronunciarse, comprometiendo su posición, que debe mantenerse ajena a la situación del presidente, y mantener su independencia para, si la situación lo exige, asumir la presidencia de la República, en las mismas condiciones de PPK, representando a todos los peruanos.   

Es interesante ver las expresiones de las personas que, ya sin vergüenza, están socavando la figura del vicepresidente.

Las siguientes son citas textuales del recorte mostrado:

  • Debe hablar, el vocero de Peruanos Por el Kambio, Juan Sheput, emplazó al embajador a que fije una postura sobre la vacancia de PPK y que aclare si se ha tenido conversaciones con el fujimorismo, tal como lo sugirió Maritza García. “El señor Martín Vizcarra tiene que decir si está en esta componenda política (con el fujimorismo) o no lo está. Es importantísimo que, en este momento, el vicepresidente se pronuncie”, indicó.
  • Gilbert Violeta le pidió a Vizcarra que deslinde de estos trascendidos. “Sería lamentable para una figura respetable, como Martín, que eso sea cierto.
  • Guido Lombardi fue más radical. “Yo esperaría que Vizcarra fuera claro, como Mercedes Aráoz, sobre la vacancia (…). Haría bien, por su honor personal y por la estabilidad del país, en pronunciarse sobre este asunto”, dijo.
  • Mercedes Aráoz se sumó al pedido de sus colegas. “Vizcarra está trabajando. Él dice que está trabajando. También quisiera escucharlo. Espero que pronto salga a plantear el tema (de la vacancia) porque es un hombre leal al presidente”, detalló. Ante la insistencia de la pregunta, la titular de la PCM indicó que si ella tuviera el cargo de Vizcarra, “sí defendería al mandatario, porque tiene principios”. “A mí no me engañan con el saborcito gracioso ‘ay te voy a cuidar’, ‘te voy a hacer meme’, eso es mentira”, dijo en referencia a los rumores de una posible negociación entre el fujimorismo y el primer vicepresidente.
  • No hay conversaciones, la congresista de Fuerza Popular, Úrsula Letona, negó que su partido haya tenido alguna reunión particular o conversación con el embajador en Canadá.

En la misma nota, Fernando Rospigliosi afirma que el silencio de Vizcarra es conveniente.

El oficialismo está tratando de presionar y desacreditar a Martín Vizcarra con ese tipo de declaraciones. No solamente han pedido que se pronuncie, sino también han insinuado que es parte de una suerte de conspiración contra PPK. Es claro que el vicepresidente estaría dispuesto a reemplazar a Kuczynski si este es vacado, por eso no ha dicho nada hasta ahora. A Vizcarra le conviene quedarse mudo, no debería meterse en esa discusión y caer en la provocación, porque si entra al debate se expone a nuevas críticas, no importa lo que le digan los adversarios. Los pocos partidarios de Kuczynski dirán que Vizcarra es un traidor, pero la gran mayoría piensa que es lo mejor. Según las encuestas, PPK es un presidente con bajísima popularidad e inmensa desaprobación.

Está pues claro de donde viene esta campaña antidemocrática. Basta de politiquería. Lampadia




Dentro del remolino, ya no vemos la realidad

Dentro del remolino, ya no vemos la realidad

Desde hace un año, momento en el cual el gobierno de PPK comete uno de los peores errores de su gobierno, la dación del DU 003, nuestra sociedad se viene hundiendo en un remolino de confusiones, desde el que hemos perdido la capacidad de distinguir qué es bueno y qué es malo para el bienestar nacional.

El DU 003 se dio para manejar el escándalo de corrupción desatado en el Perú por las maniobras intervencionistas del presidente de Brasil, el líder de la izquierda de la región, y sus brazos empresariales, encabezados por Odebrecht.

Como hemos informado anteriormente, la muy incapaz ex ministra de justicia, Marisol Pérez, mal-aconsejó al gobierno de PPK, diseñando un instrumento que no solo ha ido paralizando la economía del país, también ha envenenado el alma de los peruanos, pues con el DU 003 en la mano, estamos culpando a todos, sin respetar la presunción de inocencia, ni las garantías constitucionales.

Solo anoche, la ex procuradora y actual congresista, Yeni Vilcatoma, con Mávila Huertas en Canal N, nos alertaba en términos exaltados, diciendo que estábamos perdiendo la capacidad de cobrar resarcimientos de las empresas corruptas.

Nunca se entendió, que para poder cobrar lo que eventualmente se determine correcto, a las empresas que sean encontradas como culpables en los procesos judiciales, lo último que debemos hacer es destruir la capacidad de generar riqueza de esas empresas, y destruir sus activos. Además, por supuesto, que, para resarcir al Estado de los daños causados, no podíamos destruir la capacidad productiva de una buena parte de las empresas peruanas y dejar sin empleo a cientos de miles de peruanos.

Pero todos estamos dentro del remolino, ya no distinguimos lo correcto ni lo conveniente. Pero alguien que llegó del exterior, descontaminado nos ha hecho reflexionar con mucha sindéresis. Veamos:

El último domingo, el programa ‘Rey con Barba’ invitó al periodista y empresario español, Román Cendoya y a Francisco Tudela, a comentar sobre la situación política y económica que estamos viviendo en el Perú.

Cendoya nos visita después de unos meses, no está dentro del remolino en que estamos todos en el país, libre de ese proceso en el que todos estamos inmersos, y que ya nubla nuestra visión de las cosas, y que nos lleva, poco a poco, a aceptar como normales, anomalías que en otras circunstancias serían rechazadas por todos.

Empezando el programa le preguntan a Cendoya: ¿Cómo has encontrado nuestro país? – “Mal, preocupante”.

Veamos algunos de los comentarios de Cendoya el domingo pasado:

  • Se ha instalado de manera permanente la violación constante de los derechos constitucionales.
  • El DU 003, después de su fecha de caducidad, se va a resolver con un ‘decreto de más urgencia’.
  • El DU 003 ha llevado a la quiebra a 450 empresas que no tenían nada que ver. Se ha roto la cadena de pagos. Tiene unas deficiencias absolutas.
  • ¿La ‘presunción de inocencia’?
  • En el nuevo decreto se establece que [las empresas] tendrán que depositar un fideicomiso (voluntario), si quieren trabajar. Y ¿si son inocentes?
  • La prensa está haciendo una función acrítica.
  • La presunción de inocencia está siendo violentada, el falso ‘club de los constructores’ es peligrosísimo.
  • Un funcionario de Odebrecht, colaborador eficaz, hace una declaración que exime a Odebrecht. Acá hay un club que no se sabe cuál es, ni cómo funciona, ni cuáles son los miembros.
  • Da la lista de 30 socios de Capeco.
  • La Fiscalía convierte a todas [las empresas] en culpables.
  • Es punible que se junten.
  • Y además dictan prisiones preventivas.

Aconsejamos ver el video de Willax:

Esperamos que todavía estemos a tiempo para detener este ‘todos contra todos’, que además de haber malogrado nuestra salud mental, está destruyendo nuestra economía. El remolino en el que todos hemos caído, no nos permite distinguir el camino de la sensatez. Hay tiempo para investigar, y para castigar a quién corresponda, pero no podemos seguir destruyendo todo, como si estuviéramos en una trampa demoníaca.

El Ejecutivo ha diseñado una nueva norma, que es muy superior al DU 003. Pero todavía está imbuida de un espíritu de resarcimiento ciego. Más adelante debiéramos mejorarla, pero hoy día no podemos evitar su implantación, a riesgo de profundizar la quiebra de una buena parte de nuestro sector productivo y condenar al Perú a una absurda recesión. Esperamos de Fuerza Popular un gesto de grandeza que muchas veces les ha sido esquivo.

Reflexionemos sobre las palabras de Román Cendoya. Lampadia

Ver en Lampadia:

DS 003 y PL 1410, despropósitos y pasiones

Y nosotros disparamos fuera del objetivo




El indulto, la Corte IDH y su falta de juridicidad

El indulto, la Corte IDH y su falta de juridicidad

El tema del indulto es muy importante para el Perú, se refiere a la suerte de un ex Presidente de la República en base a la decisión de otro Presidente de la República, encierra importantes elementos jurídicos, y ha generado una brecha entre grandes proporciones de los peruanos.

Pero, más allá del indulto mismo, está en juego la naturaleza y el comportamiento de la Corte IDH. Corte que interviene en asuntos muy caros al interés nacional.

Como explica el respetado jurista, Domingo García Belaunde, ‘amicus curiae’ (amigo y colaborador independiente) de la Corte, al igual que en una serie de casos anteriores, en el caso del indulto, los miembros actuales de la Corte muestran comportamientos disfuncionales y partisanos, que han generado la rebeldía ante sus fallos, por parte de muchos países.

Los miembros de la Corte se han deslegitimado, y en nuestra opinión, hasta que no sean reemplazados por magistrados probos e independientes, el Perú debe anunciar su rebeldía a todos sus fallos, empezando por el referido al caso del indulto.

Líneas abajo compartimos el informe de don Domingo García Belaunde:

Informe sobre el indulto a Fujimori que Domingo García Belaunde presentó a la Corte IDH en calidad de «amicus curiae»

LEGIS.PE
FEBRERO 9, 2018

El viernes 26 de enero de 2018, el constitucionalista Domingo García Belaunde, mediante una carta dirigida al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Eduardo Ferrer Mac-Gregor, hizo llegar a la Corte, en calidad de amicus curiae, un informe sobre el indulto a Fujimori, que a continuación compartimos.

Amicus Curiae presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Tema: Indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori

Elaborado por Domingo García Belaunde, Secretario General Ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Presidente de la Academia Peruana de Derecho(2012-2014), Presidente Honorario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y Profesor Principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Lima, 15 de enero de 2018

En relación con el indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori y que ha sido denunciado por distintos medios y agrupaciones políticas en días pasados, me permito hacer las siguientes consideraciones:

a) Mediante comunicado de fecha 28 de diciembre de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aparentemente por unanimidad, se ha pronunciado en contra del indulto humanitario otorgado al expresidente Fujimori, en lenguaje desusado y vehemente ajeno a la serenidad que debería usar un ente de tal relevancia. Esto nos suscita diversas preocupaciones:

i- El indulto fue anunciado esquemáticamente en un comunicado de la presidencia de la República el día 24 de diciembre de 2017 en la tarde y esa misma noche se publicó el dispositivo legal pertinente en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano. No obstante, en un aproximado de tres días la Comisión en pleno lo cual lo dudamos aprueba un largo comunicado en el cual se basa, sustancialmente, en aspectos médicos y de trámite interno que no sabemos de dónde los sacó. Aún más, califica a los delitos por los cuales se sancionó al expresidente Fujimori como de lesa humanidad, lo cual es falso. Tales calificativos no aparecen ni en el expediente de extradición enviado por la Corte Suprema de justicia de Chile ni menos en la sentencia final emitida por la Sala Penal de la Corte Suprema peruana. El delito de lesa humanidad aparece en la normativa peruana solo a partir de 2003. No sabemos de dónde la Comisión saco esa información.

ii. Todo parece indicar que la información que manejó la Comisión Interamericana fue proporcionada por conocidas ONGs de Lima, que precisamente se dedican a estos menesteres. Estos grupos son los que se conocen en los medios como “caviares”, expresión tomada del francés y que se usó en los medios políticos de los años ochenta del siglo pasado (gauche caviar) para referirse a las personas que viven del establishment, pero practican el deporte de criticarlo.

b) La Comisión Interamericana tiene un funcionamiento muy interesante y que se remonta a varios años atrás. Ha servido mucho para que los países puedan librarse de las dictaduras y en tal sentido han sido útiles al Perú en los años finales de la dictadura de Fujimori. Pero en los últimos tiempos se ha vuelto fundamentalista y usa un lenguaje soez que no se compadece con la prestancia que debería tener. Ha tenido pronunciamientos apresurados y por eso varios países no les han hecho caso, pues se montan sobre situaciones en los cuales están mal informados y en donde responden a consignas partidarias cuyo origen no está muy claro. Por solo mencionar uno, hay que recordar que hace pocos años la Comisión Interamericana, alarmada por los “ambientalistas” y los “defensores” de derechos humanos, emitieron un comunicado en términos altisonantes pidiendo al gobierno peruano que paralizase las obras para llevar a cabo el proyecta minero “Conga” en la sierra norte del Perú. Lo curioso del caso es que a ese momento el referido proyecto ni siquiera se había iniciado y todavía sigue sin iniciarse. Lo cual, lamentablemente contribuye a que la Comisión Interamericana no sea confiable.

c) La Comisión Interamericana se ha tomado en serio muchas cosas, de manera preocupante. Por ejemplo, de acuerdo a la Convención América solo la Corte Interamericana puede adoptar medidas provisionales. Sin embargo, ella se ha arrogado es decir, tomar algo que no le corresponde la capacidad de dictar ese tipo de medidas. Esto indudablemente afecta su seriedad, ya bastante mellada.

d) La Convención Americana señala claramente que las medidas provisionales las adopta la Corte (art. 63.2). En el caso de la acusación constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, el entonces presidente de la Corte, señor Roberto F. Caldas, dictó la medida provisional para que el trámite de acusación constitucional que se seguía en el congreso peruano se paralice. Es decir, el señor Caldas, conocido únicamente por sus actividades en pro de las ONGs en su país de origen, dio por sí y ante sí tal medida provisional en tanto la Corte Interamericana no se reuniese en su sesión de 2 de febrero de 2013. Cabe advertir que el Reglamento de la Corte en el cual se apoya el señor Caldas (art. 27) entiende que él solo en cuanto Presidente puede adoptar tales medidas cuando la Corte no está en sesiones. Lo grave del tema es que el reglamento de la Corte y su Presidente han violado lo dispuesto en el art. 63.2 de la Convención Americana que señala que dichas medidas solo pueden adoptarse en caso de extrema y urgente necesidad y que adicionalmente es competencia de la Corte como cuerpo colegiado, no de su Presidente, que además de incurrir en este desliz, se ha olvidado que la acusación constitucional estaba en trámite y faltaban varias etapas antes de que llegase al Pleno del Congreso para su votación. Y aun más, que aun en ese momento era muy difícil saber si tal acusación prosperase o no. Estos supuestos no se cumplieron y fueron invocados falsamente. Esta atribución que se ha arrogado la Corte a través de su reglamento, es inconvencional, pues la Convención Americana es clara al decir que eso es competencia de la Corte. Aun más, el largo documento que justifica la medida provisional jamás lo pudo redactar el señor Caldas, cuya lengua materna es el portugués y porque además tiene información que solo figura en el expediente que circula en el Congreso peruano, por lo que es fácil concluir que tal documento se lo prepararon en Lima y él se limitó a trascribirlo y firmarlo y probablemente sin entenderlo.

e) En la jurisprudencia de la Corte se notan avances interpretativos realmente audaces. Algunos interesantes y otros no tanto. Cuando los Estados aceptaron la competencia de la Corte, fue en el entendido que confiaban en jueces que eran gente seria, no comprometida políticamente y además estudiosa de la problemática. Esto no se ha comprobado. Los miembros de la Corte y de la Comisión tienden a ser con el tiempo, activistas desenfadados en materia de derechos humanos, antes que jueces serenos y austeros, como era en otras épocas (como por ejemplo cuando fue juez el maestro Héctor Fix-Zamudio, que además fue presidente de la Corte.). El reciente pronunciamiento de la Corte instando a los países a que legalicen el matrimonio entre personas del mismo sexo es una reciente muestra de ello. Una cosa es permitir la relación entre personas del mismo sexo, con facilidades, sin discriminaciones y con derechos patrimoniales, y muy otra es equipararlo al matrimonio que históricamente ha sido siempre unión de hombre y mujer. Así lo señalan los instrumentos internacionales (Pacto de Naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos de 1966, art. 23; Pacto de San José, art. 17). Esto muestra que la Corte, al igual que la Comisión, han violado irresponsablemente lo que dicen los instrumentos internacionales que dicen defender. Esto de por sí es algo grave y hay que señalarlo muy claramente.

f) Adicionalmente existe un discutible concepto de “reparaciones” que llega a la exageración. En la práctica se tiende a “reparar” a los terroristas y tienden un manto de olvido sobre las víctimas de los terroristas. De muestra baste lo siguiente; en el conocido caso El Frontón, murieron todos los terroristas que habían hecho un motín contra las autoridades de ese centro penitenciario, lo que estuvo a cargo de la Marina de Guerra, pues El Frontón es una isla que está a pocas millas de la ciudad de Lima. Pues bien, la Corte Interamericana se apresuró a condenar al Estado peruano y señalar cuáles eran las reparaciones que se tenían que dar a las víctimas, o sea, a los terroristas muertos. Sin embargo, dentro de ese grupo de terroristas estaba un grupo que había perpetrado emboscadas terroristas contra el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones (1985) y otros altos funcionarios del Estado. La Corte interamericana se olvidó de ellos, pero lo más improbable es que ni les interesaba. Es decir, se preocupan de los terroristas lo cual está bien pero no les interesa el futuro de los deudos de las víctimas del terror.

g) Mi impresión personal es que el sistema interamericano -sobre todo la Comisión- es importante cuando un país está gobernado por una dictadura -caso de Venezuela, que la Corte irresponsablemente ha defendido en más de una oportunidad (ej. caso Brewer-Carías) pero no sirve para el caso de países que viven en democracia, pues se supone que cuentan con los dispositivos legales internos para poner remedio a los excesos o delitos que se cometen.

h) Hay que recordar que al decir que el caso del indulto al ex presidente Fujimori se va a analizar en cumplimiento de la ejecución de los casos Barrios Altos y La Cantuta, se cae en un sofisma que repiten sin cesar las ONGs que operan en Lima. Y esto por cuanto estas sentencias señalan los hechos, condenan los delitos cometidos y siguen las infaltables reparaciones. Pero el indulto es consecuencia de un acto presidencial discrecional, que se da luego que se dio un proceso y sentencia condenatoria contra al expresidente Fujimori, que es algo totalmente distinto. En realidad, el indulto se ve como consecuencia del seguimiento de dichos casos que no tienen nada que ver con el tema del indulto, salvo que se le estire hasta el infinito y hagamos decir a dichas sentencias lo que no dicen, lo cual no nos extrañaría.

i) En lo referente al indulto, cabe agregar que no existe antecedentes en la jurisprudencia de la Corte. Lo más cercano a ello son sus pronunciamientos sobre las amnistías, que es algo totalmente distinto y razonable, más aún cuando eran “autoamnistías”. Pero el indulto no borra el delito, no olvida los hechos ni tampoco se anulan sentencias, como es el caso del expresidente Fujimori. Simplemente, considerando que se ha cumplido casi el 50% de la condena y mediando factores humanitarios -lo cual es aceptado universalmente se procede a liberar a una persona. Lo que han hecho algunos es analizar el procedimiento administrativo para impugnar el indulto, lo que muestra que faltan argumentos, ya que, si hubo algo, insuficiente o faltante, esto es en todo caso responsabilidad del Estado. Lo mismo cabe decir cuando se cuestiona el informe o informes médicos, pues los que así lo hacen como lo repite la Comisión interamericana- no han visto ni analizado médicamente los informes que, por cierto, no han leído. Desconocíamos que entre los comisionados existían médicos que en su caso opinaban sin ver al paciente. Son las paradojas del fundamentalismo “humanista”.

j) Las críticas arriba señaladas están dirigidas contra la Comisión y la Corte en cuantos órganos colegiados. No significa una crítica a sus miembros en especial, pues conozco a algunos de ellos que son altamente calificados. Pero lamentablemente son minoría en medio de otros que no merecen mayor consideración, por lo menos mientras algunos sigan haciéndoles el juego a los políticos radicales.

k) Es evidente que el presente escrito no pretende en ningún momento impugnar la validez o mejor dicho la importancia del ente interamericano de derechos humanos, tanto de la Comisión como de la Corte. Pero si bien mantiene su firme lealtad a ellos, espera que, en un futuro, quizá con nuevos miembros, retome la senda de garantía, seriedad y sindéresis que tuvo en sus primeros años y que corresponde a los fines con los cuales se puso en marcha el sistema interamericano en la década de los sesenta del siglo pasado.

Lampadia

Anexo:

¿Quién es y qué hace el «amicus curiae» (amigo del Tribunal o de la Corte)?

POR
LEGIS.PE
ENERO 4, 2018

 

En un acercamiento conceptual primario y básico, se trata de un tercero o persona ajena a un proceso en el que se debaten cuestiones con impacto o trascendencia públicos, que al contar con reconocidas trayectoria e idoneidad en el asunto en examen presenta al tribunal interviniente consideraciones jurídicas u otro tipo de referencias sobre la materia del litigio, a través de un documento o informe. Puede por ejemplo suministrar consideraciones relativas a principios y elementos de derecho interno y/o internacional de relevancia, bien información estadística, económica, histórica o de otra índole útil para la resolución del caso.

Se ha discutido sobre el origen del instituto, y si bien algunos autores lo ubican en el derecho romano (por ejemplo, Cueto Rúa), otros lo sitúan directamente en el Reino Unido (v. gr. Salinas Ruiz). Lo cierto es que fue en el derecho inglés donde se delinearon embrionariamente los perfiles de la figura tal como es hoy conocida, siendo posteriormente receptada y desarrollada en el escenario jurídico de EE.UU. de Norteamérica y en otros países de habla (o influencia) inglesa donde impera el common law; por ejemplo, su consagración en las Reglas (Rules) de la Suprema Corte de Justicia Canadá, su similar de India, la High Court de Nueva Zelanda y, jurisprudencialmente, en Australia (precedente ‘Lange vs. ABC’, S 108/116 [Umbricht]).

[Características]

Los rasgos salientes del amicus curiae, y siempre dejando a buen resguardo las particularidades que puede exhibir cada contexto jurídico específico, muestran que están facultadas para comparecer en tal calidad las personas físicas (de existencia real) o jurídicas (morales o de existencia ideal), siempre que acrediten una significativa competencia en la temática en examen en el proceso; no revisten carácter de parte ni mediatizan, desplazan o reemplazan a éstas; su intervención no debe confundirse con la de un perito o de un consultor técnico; su actividad consiste en expresar una opinión fundada sobre la cuestión debatida, debiendo explicitar el interés que ostentan en la decisión que recaerá para poner fin al asunto, y su comparendo no vincula al tribunal actuante ni genera costas u honorarios.

[El amicus curiae en el mundo]

El instituto es extensamente conocido en distintas instancias internacionales. Así, y con mayor o menor nivel de utilización, están presentes en la praxis de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; los órganos de supervisión del sistema africano de protección de derechos humanos; el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia; los paneles y el Cuerpo de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y hasta el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

También se ha empleado, con magnitudes diversas de intensidad y frecuencia, por la Suprema Corte de Justicia norteamericana (donde ha sido importante y fructífera) y en otros órganos máximos de justicia constitucional de Estados latinoamericanos, por caso, la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, la Corte Constitucional de Colombia, el Tribunal Constitucional del Perú e incluso la Suprema Corte de Justicia de México.

[Utilidad]

Cuenta, al menos potencialmente, con aptitud para brindar mayor transparencia a las decisiones jurisdiccionales de interés público, y puede encaramarse en un útil vehículo para fortalecer, transparentar y democratizar el debate judicial y, por extensión, asegurar el principio del “debido proceso”, que entre otros elementos involucra la emisión de sentencias jurídicamente sustentables, misión eminente en cabeza de la magistratura constitucional, que sustenta buena parte de su legitimidad en la razonabilidad de sus pronunciamientos.

En ese sentido, puede coadyuvar al mejoramiento de la actividad jurisdiccional en asuntos complejos o dilemáticos de interés social al poner en escena argumentos públicamente ponderados, fortaleciendo el Estado de derecho contemporáneo, que es Estado constitucional. Permite, asimismo, la participación ciudadana en ciertas manifestaciones de la administración de justicia precisamente en causas que ofrezcan aquellas características. Es claro que mientras mayor sea el concurso de ideas en el debate constitucional, más fuerte será la legitimidad de la respuesta sentencial que se proporcione. Paralelamente, exhibe una clara matriz democrática, al abrir nuevas vías de participación, sobre todo a favor de los grupos con menores posibilidades de injerencia real en el proceso democrático (Nino).

[¿Debe ser imparcial?]

Una arista compleja de la cuestión radica en definir si, para ser recibidos en el proceso, los memoriales de los amici deben ser totalmente asépticos o si es posible que patrocinen alguno de los intereses en juego en el caso particular. Pareciera que la exigencia de pureza e imparcialidad absolutas podría conspirar contra la efectividad de la figura, conduciéndola a la inocuidad o a la falta de real incidencia fáctica. En el fondo, lo más relevante es que dichas presentaciones pudieran añadir sustancia al debate público y enriquecer la situación y las condiciones en que el órgano de justicia interviniente se encuentre para pronunciar su sentencia.

Bien entendida (y aplicada), la institución puede cumplir un significativo rol como fuente de aportación argumental a los tribunales internos y a las instancias internacionales en materia de derechos humanos, lo que representa una muestra más del crecimiento de los espacios de convergencia interactiva del derecho constitucional, el procesal constitucional y el internacional de los derechos humanos.

La exigencia de agotamiento de los recursos internos permite al Estado remediar localmente y por sus propios medios toda violación de derechos humanos que pudiera conducir al debate de la cuestión en el marco transnacional y generar una eventual responsabilidad internacional de aquél. En consecuencia, al estar reglamentariamente habilitada la presentación de amici por ejemplo ante la Corte IDH, es adecuado acordar en el plano interno a los grupos o instituciones interesados (v. gr. ONG) la posibilidad de emitir opiniones fundadas sobre el tema en cuestión, en equivalencia de condiciones respecto de las que contarían en el plano internacional, adelantando ante los órganos judiciarios domésticos fundamentos que luego serían considerados por aquel tribunal internacional (Abregú y Courtis).

[El amicus en la Corte IDH]

La Corte IDH se ha ocupado de subrayar que los amici tienen un importante valor para el fortalecimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, contribuyen al debate y amplían los elementos de juicio con que cuenta para resolver los asuntos de su conocimiento, que poseen una trascendencia o un interés generales (“Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos”, sentencia sobre excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 6 de agosto de 2008, serie C, número 184, párr. 14).

En suma, en la medida en que exista voluntad judicial y política para aplicar la figura, ésta resulta un instrumento plausible y digno de ser explorado para tonificar el debate judicial —ampliando los márgenes de deliberación en cuestiones de relevancia social por medio de argumentos públicamente analizados—, favorecer la defensa y la realización de los derechos humanos (en los ámbitos interno e internacional) y contribuir a la elaboración de sentencias razonables y generadoras de un grado sustentable de consenso en la comunidad.

Fuente: Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional (coordinadoires Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Fabiola Martínez Ramírez y Giovanni A. Figueroa Mejía).




No procede la vacancia, pero sí es necesaria la renuncia

No procede la vacancia, pero sí es necesaria la renuncia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, no debería ser vacado, porque no corresponde y dañaría la imagen del Perú, pero sí convendría al país su renuncia.

Según el artículo 117° de nuestra Constitución, “El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

Es decir, si se presume que el Presidente ha cometido un delito puede ser investigado pero no acusado sino hasta luego de terminar su mandato (y aquí estamos hablando de hechos cuya naturaleza presuntamente delictiva no ha sido todavía precisada y que ocurrieron antes de que fuera elegido Presidente). La Constitución, en este sentido, busca blindar al Presidente a fin de que pueda culminar su mandato.

El problema es que la propia Constitución contradice su espíritu cuando, en el artículo 113°, establece que la Presidencia de la República vaca por “Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso”. Pasamos del blindaje más duro a un mecanismo de destitución presidencial sin fundamentación rigurosa, subjetivo, que se presta fácilmente a la arbitrariedad de la mayoría.

Cuando las constituciones del siglo XIX establecieron la vacancia por “incapacidad moral permanente”, estaban significando “incapacidad mental”, que es fácilmente verificable. Cuando luego el concepto muta para convertirse en sinónimo de “inmoralidad” o “falta de ética”, entramos en el terreno de la indeterminación, de la atipicidad. Un delito es un hecho objetivo tipificado en el código penal que se puede y debe probar, y para eso está el debido proceso. Las mentiras no están tipificadas, aunque se pueden eventualmente demostrar, pero ¿cuán grave debe ser una mentira para que acarree la vacancia? ¿Tiene sentido que el presidente no pueda ser destituido por delitos supuestamente cometidos, y si lo pueda por una mentira, o por una falta moral?

En todo caso, lo que detonó el fallido proceso de vacancia de diciembre fue lo que a todas luces era una mentira clara del presidente al negar relaciones contractuales con Odebrecht que después se descubrieron ciertas. Su excusa fue que él no sabía nada porque su empresa se la había entregado a Gerardo Sepúlveda, de quien le separaba una muralla china pese a que se había reunido con él en varias ocasiones mientras era ministro.

Se puede argumentar que la mentira presidencial justificaba presentar una moción de vacancia, aunque ningún debido proceso hubiese sido suficiente para demostrar que la consecuencia de esa mentira debía ser indubitablemente la vacancia. La decisión, como se argumentó, era en última instancia política. Es decir, potencialmente arbitraria. Y potencialmente abusiva, porque una vez dado un motivo, la fatalidad de las leyes de la política lleva a utilizar una institución como esa –la vacancia- hasta el extremo, más aún si carece del freno del debido proceso, que es impracticable en ausencia de tipificación. Es decir, dada la existencia de esa institución, es difícil no usarla, sobre todo si, como en el caso de los dos grupos de izquierda en el Congreso, sienten que cobrar la cabeza de un presidente “neoliberal” es lo más parecido a una revolución, cuando menos simbólica. De hecho, son ellos los que están planteado nuevamente una moción de vacancia.   

Nuevos hechos

La justificación para el pedido de vacancia original fue, como decíamos, una mentira de PPK: haber negado contratos que podían implicar cuando menos conflicto de interés. Ahora han aparecido nuevos hechos: tres contratos de Westfield Capital con Odebrecht para el Proyecto Olmos, la Interoceánica Norte y para los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur respectivamente, firmados mientras el PPK era ministro. Y que luego de esos contratos, Odebrecht haya conseguido efectivamente los proyectos. Y reuniones entre Barata y PPK cuando este era ministro.

Pues bien, esos son hechos que el fiscal Hamilton Castro está investigando para ver si los contratos fueron determinantes para que salieran los proyectos y si en las reuniones de Barata con PPK se acordó los mencionados contratos con Westfield. Porque, de haber sido así, estaríamos ante una forma de soborno o alguna otra figura del derecho penal que el fiscal tendría que determinar.

No se puede juzgar a nadie dos veces por la misma falta

Pero todo eso nos lleva al terreno del art. 117° de la Constitución: que el presidente sólo puede ser acusado luego de terminar su periodo. Si la fiscalía encuentra suficientes elementos de convicción, lo acusará, pero luego de terminar su gobierno.

La vacancia, por lo tanto, no aplica. No hay una nueva mentira del presidente. Estos nuevos hechos revelados están dentro de los que fueron negados por la primera y única mentira. Y esa ya se resolvió en el proceso de vacancia, con resultado negativo. No se puede juzgar a nadie dos veces por la misma falta. Ese, que es un principio del derecho penal, con mayor razón rige ante una falta moral.

La única salida es la renuncia

Dicho esto, sin embargo, también es cierto que la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, ya no es viable. Su autoridad y credibilidad –dos caras de la misma moneda- se han reducido al mínimo. La consecuencia es que ya no puede gobernar. Si él quisiera convocar en este momento a un nuevo Presidente del Consejo de Ministros para recomponer relaciones con el Congreso, sería prácticamente imposible que alguien que en otras condiciones tuviera esas capacidades, ahora pudiera aceptar, porque no podría lograr resultados. Es más, el desgobierno que eso implica lleva a los distintos actores a funcionar por la libre, cada uno tratando de maximizar ganancias políticas sea con proyectos de ley tan populistas como contraproducentes –véase por ejemplo las propuestas del Defensor y de Javier Velásquez Quesquén para regular precios de los medicamentos-, sea con acciones de fuerza que terminan obligando al gobierno a ceder con medidas que también resultan contraproducentes.

Por supuesto, en ese ambiente las indispensables reformas para sacar al país de la trampa de los ingresos medios, pierden cada vez más oxígeno. Tampoco los funcionarios toman decisiones y los ministros se limitan a administrar lo mínimo. Todo se detiene, creando las condiciones para un círculo vicioso de impotencia gubernamental y protestas que puede llevar a los peores escenarios. 

Por eso, lo mejor para el país sería la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la República, dejando el cargo en manos del primer vicepresidente Martín Vizcarra, quien tendría que plantear como condición para asumir la Presidencia acuerdos de gobernabilidad con la oposición. Para ello deberá nombrar a un Premier de altas condiciones, capaz de organizar gobierno y de elaborar una agenda conjunta –que incluya reformas- con el Congreso de la República. Hay que pensar en el país. Lampadia




Todos los problemas desembocan en crisis explosivas

Todos los problemas desembocan en crisis explosivas

Durante los dos últimos gobiernos, el del ‘piloto automático’ de Ollanta Humala, y el del ‘auto sin piloto’ de PPK, los problemas que se presentan como demandas sociales terminan siempre en crisis graves, que van minando la estructura política, económica y social del país.

Entre muchos casos menores, podemos destacar los siguientes ejemplos de alto impacto, en que nuestros gobiernos retroceden y retroceden:

  • Conga en Cajamarca
  • Tía María en Arequipa
  • Las interrupciones del acceso a Machupicchu
  • Las zanjas en el acceso a las Bambas
  • La huelga magisterial
  • El desbalance productivo de papa

En todos estos casos, el país no solo sufrió la paralización de inversiones y pérdidas económicas, también se debilitó la capacidad fiscal del Estado y se debilitó gravemente la gobernabilidad, permitiendo que cada caso vaya generando mayores facilidades para la siguiente asonada.

Una importante puntualización al respecto, es que la sociedad, especialmente, desde los frentes políticos y mediáticos, sigue refiriéndose a estos problemas como conflictos sociales. Claro que todos los casos tienen componentes sociales, pero su manejo, su profundización, la reticencia a entrar en diálogos conducentes a soluciones razonables, y los personajes involucrados; son prueba de sobra, de que uno de los componentes más importantes de estos conflictos, es político.

En Lampadia hemos explicado reiteradamente, la naturaleza de los conflictos ‘político-sociales’. Ver:

Hemos explicado cómo, en cada conflicto, convergen distintos intereses sin que se aprecien estructuras de control, cómo los conflictos son mecanismos de búsqueda de rentas y trampolines mediáticos y políticos.Pero todo se origina en la debilidad de las autoridades y la impunidad de quienes llegan a cometer todo tipo de delitos. En el Perú, el conflicto es una vía muy segura para extorsionar al conjunto del país, sin consecuencias negativas para sus perpetradores; y muchas veces, al contrario de los que debe esperarse de una sociedad moderna, la escalera del triunfo hacia el liderazgo político. Como el caso del ex rondero y supuesto maestro Pedro Castillo, que ahora es una suerte de interlocutor del Estado en los temas de educación.

El Perú está a medio camino de desarrollo, hemos avanzado mucho, desde el ‘Estado Fallido de 1990’, pero falta mucho por hacer.

Muchas ambiciones y demandas son muy justas y, cuando no se tiene un gobierno que marque un sentido de dirección, que transmita sensación de avance y convoque a la población a participar de la gesta del desarrollo; se crea un vacío, un pozo negro, donde el sentimiento es que no hay nada que ganar. Ese es el escenario ideal para que los aventureros de la política busquen sus espacios de ganancia individual.

Peor aún, si a esto se agrega la parálisis de las inversiones y el crecimiento, la pérdida de empleos, déficit fiscal, y escándalos de corrupción que abarcan los espacios políticos; más elecciones locales y regionales; estamos listos para escenarios caóticos, del tipo que llevó a Evo Morales a coronarse como emperador de Bolivia.

¿Qué hacer?

Exigir al gobierno se empodere para enfrentar la anomia que nos acosa.

Ese empoderamiento implica:

  • Explicar a los ciudadanos las condiciones actuales del país
  • Detallar a los ciudadanos el potencial de mejora del país, si superamos las trifulcas políticas y promovemos un shock de inversiones, fundamentalmente privadas
  • Proteger a los funcionarios públicos para que cumplan sus funciones sin temores a procesos políticos y de control absurdos
  • Proteger a las fuerzas del orden por las acciones que desempeñen en el cumplimiento de sus funciones
  • Establecer la ley del ocaso, derogando masivamente las normas que impiden la gestión pública y las inversiones
  • Encarcelar a quienes cometan delitos en relación a los conflictos político-sociales, desarraigándolos de sus áreas de influencia política
  • Invitar al Ministerio Público y al Poder Judicial, a compartir el fortalecimiento del Estado de Derecho y el Imperio de la Ley​ 

El Perú es infinito. Para ser más prósperos, solo necesitamos tener una visión positiva de futuro, que podamos compartir la mayoría de los ciudadanos. Pero sin liderazgo, todas estas palabras son huecas. Lampadia




Veracidad antes que Neutralidad

Veracidad antes que Neutralidad

“Creo en ser veraz, no neutral”

“Nosotros no podemos continuar con el viejo paradigma; no podemos, por ejemplo, seguir diciendo, como ocurrió con el calentamiento global, donde el 99.9 % de la ciencia, los hechos empíricos, la evidencia, recibieron la misma presencia que la ínfima minoría de negacionistas.

Yo aprendí hace mucho, mucho tiempo, cuando cubría el genocidio y la limpieza étnica en Bosnia, a nunca equiparar las víctimas con los agresores, a nunca crear una falsa equivalencia moral o fáctica, porque entonces, si lo haces, particularmente en situaciones como esa, eres parte y cómplice de los crímenes y consecuencias más indescriptibles, así es que creo en ser veraz, no neutral.      

Creo en ser veraz, no neutral. Creo que debemos dejar de banalizar la verdad. Tenemos que estar preparados para luchar especialmente duro en este momento por la verdad…”.

Christiane Amanpour

Palabras muy sabias de uno de los mejores periodistas del mundo, Christiane Amanpour. Son parte esencial de su importante discurso de aceptación del Premio: ‘Burton Benjamin Memorial Award’, otorgado en la ceremonia de: ‘International Press Freedom Awards’ (noviembre 2016).

Reflexiones para los peruanos

Durante las últimas décadas, el paradigma de nuestros medios a sido ‘la neutralidad’. Así es cómo, aún en nuestros días:

  • Todos los programas periodísticos hacen especial hincapié en contrastar todo tipo de opiniones, así algunas de ellas provengan de expresiones poco representativas o sean manifiestamente destructivas.
  • En el caso de las secuelas del terrorismo, hemos equiparado moralmente a las víctimas y los agresores, a los ciudadanos y las fuerzas del Estado con las bandas de agresores.
  • Al igual de la crítica de Amanpour sobre las elecciones de EEUU, en nuestras últimas elecciones, pusimos la valla excepcionalmente alta para un candidato y baja para otro.
  • En nuestros medios de comunicación también proliferaron las ‘pos-verdades’.
  • Últimamente, tras largos meses de crisis política, los medios televisivos como Canal N y RPP, privilegian desmedidamente a los personajes de las minorías, cuyos planteamientos fundamentales son de ruptura, tanto de la vida democrática como de nuestra estructura económica.
  • Durante el gobierno de PPK, los medios nacionales han subsidiado irreflexivamente todos los actos del gobierno, lo que en muchas ocasiones dificultó que se señalaran errores y se hicieran correcciones.

También podemos apreciar la necesidad de ser veraces en nuestras recientes publicaciones:

Veamos el artículo de Corinne Grinapol, del Comité para Proteger a los Periodistas (CPJ), del 23 de noviembre de 2016. (Traducido y glosado por Lampadia​).

Christiane Amanpour

‘Creo en ser Veraz, No Neutral’

“Nunca en un millón de años pensé que estaría parada aquí en este escenario, después de todas las veces que participé en esta ceremonia, apelando realmente, por la libertad y la seguridad de los periodistas estadounidenses en casa”.

“Realmente había esperado que una vez presidente electo, todo eso cambiara”, dijo Amanpour de Donald Trump y su relación con las libertades de la Primera Enmienda, “y todavía espero eso y estoy seguro de que va a suceder”.

“Todavía no hemos llegado, pero, todos: como lo han visto esta noche, así es como funciona con los autoritarios de todo el mundo como Sisi, como Erdoğan, como Putin, como los ayatolás, Duterte en las Filipinas, y todas esas personas”, dijo, refiriéndose a los líderes autoritarios de Egipto, Turquía, la Federación Rusa e Irán, respectivamente.

“Y como saben muy bien todos los periodistas internacionales a quienes honramos esta noche, y a quienes honramos cada año: primero se acusa a los medios de incitar, simpatizar y luego asociarse, y de repente se les acusa de ser terroristas y subversivos. Y luego, terminan esposados, en jaulas, en tribunales, en cárceles, y ¿quién sabe qué?

“Una gran América requiere una gran prensa libre y que se sienta segura”, continuó diciendo Amanpour, una oración que recibió los aplausos de la sala.

“Esta noche, sobre todo, es realmente un llamamiento para proteger el periodismo en sí mismo”. La apelación, como lo describió Amanpour, no era solo una llamada a una protección de arriba hacia abajo de la libertad de prensa, sino también desde dentro:

  • Volver a comprometernos con informes completos, basados en hechos, sin temor y sin ver favorablemente los problemas.
  • No toleremos que nos llamen, que nos etiqueten, que nos acusen de estar comprados o de mentirosos o que estamos fallando. Tenemos que levantarnos juntos, porque divididos caeremos.
  • También parecía que gran parte de la prensa, gran parte de los medios, se estaba atando a sí misma, tratando de diferenciar entre el balance, entre objetividad, neutralidad y, lo más crucial, la verdad.
  • No podemos continuar con el viejo paradigma; no podemos, por ejemplo, seguir diciendo, como ocurrió con el calentamiento global, donde el 99.9 % de la ciencia, los hechos empíricos, la evidencia, tienen el mismo peso que la minoría de negacionistas.

Yo aprendí hace mucho, mucho tiempo, cuando cubría el genocidio y la limpieza étnica en Bosnia, a nunca equiparar la víctima con el agresor, a nunca crear una falsa equivalencia moral o fáctica, porque entonces, si lo hacemos, particularmente en situaciones como esa, uno es parte y cómplice de los crímenes y consecuencias más indescriptibles, así es que creo en ser veraz, no neutral.

Creo en ser sincera, no neutral. Creo que debemos dejar de banalizar la verdad. Tenemos que estar preparados para luchar especialmente duro en este momento por la verdad, porque este es un mundo donde el Oxford English Dictionary, anunció su palabra para 2016: “post-verdad”.

Algunas otras frases del discurso de Amanpour:

Sobre las últimas elecciones en EEUU:

  • Me chocó como pusimos la valla, excepcionalmente alta para un candidato y baja para otro.
  • El candidato ganador realizó una ronda final muy sensata a nuestro alrededor y la usó para llegar directamente a la gente. Combinado con el desarrollo más increíble de todos los tiempos: el tsunami de portales de noticias falsas (también conocidas como mentiras) que de alguna manera la gente no puede verificar, no reconoce como falso, no lo verifica o lo ignora.
  • Facebook debe involucrarse.
  • Los anunciantes necesitan boicotear los espacios de mentiras.

Sobre el periodismo:

  • Siento que tenemos una crisis existencial, una amenaza a la relevancia y utilidad de nuestra profesión.
  • Ahora, más que nunca, necesitamos comprometernos a hacer reportajes realistas a lo largo del país y del mundo real; en el que el periodismo y la democracia están en peligro mortal, incluyendo a los poderes extranjeros como Rusia, que paga para distribuir noticias falsas y hackear los sistemas democráticos en nuestras elecciones y las de Alemania y Francia.
  • También debemos luchar contra el mundo de la pos-verdad.
  • ¿Desde cuándo los valores de EEUU son valores elitistas? No son valores de izquierda o derecha. No son valores de pobres o ricos.
  • Como muchos extranjeros, yo he aprendido qué son valores universales. Son la más grande exportación y regalo de EEUU al mundo.
  • Yo lucharé como periodista, como todos debemos hacerlo, para defender y proteger el singular sistema de valores que hace de EEUU, con el cual busca influenciar al resto del mundo.
  • Tenemos que luchar contra la normalización de lo inaceptable.

Y ahora, ¡las soluciones!

  • Debe terminar  la guerra de desgaste en este país.
  • ¡¿En los medios, ¡¿Vamos a seguir echando leña al fuego en esta guerra o vamos a respirar hondo y, tal vez, resetearnos?!
  • También nos importa a nosotros los extranjeros.
  • Los ejemplos de la política y los ejemplos de los medios de EEUU son rápidamente emulados y desplegados alrededor del mundo.
  • Los medios podemos contribuir a un sistema más funcional o profundizar la disfunción política.
  • La política se ha llevado a caminos venenosos, donde las diferencias políticas se criminalizan, donde el juego de suma-cero significa que para ganar hay que destruir.  Esa misma infección ha contaminado a segmentos poderosos de los medios de EEUU.
  • El periodismo mismo se ha armado como para una guerra. Tenemos que pararlo.
  • ¿No podemos tener diferencias sin matarnos los unos a los otros?
  • Desde nuestra profesión, luchemos por lo que está bien.
  • Luchemos por nuestros valores.
  • Las cosas malas suceden cuando los buenos no hacen nada.
  • Luchemos por mantenernos relevantes y útiles.

Link al discurso:

https://cpj.org/awards/2016/christiane-amanpour.php

Sobre Amanpour:

Amanpour es el principal corresponsal internacional de CNN y presentadora del galardonado programa de asuntos globales “Amanpour”. Es asesora principal del CPJ y forma parte de la Junta Directiva de la International Women’s Media Foundation. En 2015, fue nombrada embajadora de buena voluntad de la UNESCO por su lucha por la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas.

Desde 1990, cuando Amanpour se convirtió en corresponsal internacional de CNN y cubrió la Guerra del Golfo, ha informado sobre Afganistán, Irak, Irán, Pakistán, Somalia, Israel, los territorios palestinos, Ruanda, los Balcanes y los Estados Unidos durante el huracán Katrina.Ha entrevistado a muchos líderes mundiales en las últimas dos décadas, incluida la obtención de la única entrevista con el ex presidente egipcio Hosni Mubarak y el fallecido líder libio Muammar Qaddafi durante los levantamientos de 2011.

En 2011, recibió el premio Giants in Broadcasting y fue la ganadora en 2011 con el  Premio Walter Cronkite a la Excelencia en Periodismo de la Arizona State University. Es miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, La Excelentísima Orden del Imperio Británico y Ciudadana Honoraria de Sarajevo. Amanpour nació en Londres y pasó parte de su infancia en Teherán, Irán. Se graduó summa cum laude de la Universidad de Rhode Island con una licenciatura en periodismo.

Lampadia




Es el momento de lanzar un gran programa anticorrupción

Es el momento de lanzar un gran programa anticorrupción

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Los escándalos de corrupción vinculados a la nefasta penetración económica y política brasilera amenazan con deslegitimar por completo la clase política, derribar el establishment y eventualmente vacar al propio presidente de la República, peligro que aún no ha cesado del todo. Es el momento de dar un giro de tuerca en las políticas y las acciones anti corrupción para mostrar que el sistema en su conjunto es capaz de reaccionar para que estas cosas no vuelvan a suceder y establecer mecanismos que permitan prevenir, disuadir y restar espacio para la corrupción en general en el país.  

 

ISO Antisoborno en las empresas privadas

En esa línea, Julio Luque, presidente de IPAE, recogió la propuesta de Oscar Espinoza Bedoya en el último CADE, y anunció una iniciativa que podría terminar siendo histórica: que uno de los cinco compromisos de esa institución, sobre el que se rendirá cuentas en el próximo CADE, será “conseguir que el mayor número posible de empresas en el Perú se comprometan con un Programa de Tolerancia Cero a la Corrupción”. Esto podría incluir que las empresas adopten el ISO Antisoborno (37001) que, dicho sea de paso, podría ser establecido como condición para contratar con el Estado.

Se ha formado un comité integrado por Oscar Espinoza, Ricardo Briceño y el propio Julio Luque. Dicho comité ha contratado una consultoría para que identifique los procesos anti soborno que las empresas que se comprometan deban implementar. Esto es lo que hace la diferencia y hace pensar que esta vez sí vamos en serio, porque de esa manera la adhesión o inscripción de las empresas no será solo declarativa, sino que se podrá “auditar” su comportamiento. La inscripción de las empresas se hará posiblemente a partir de marzo, cuando se tenga todos los procesos definidos.   

Un movimiento claro de las empresas grandes, medianas y pequeñas en esa dirección, sin duda ayudaría a cambiar la tendencia y crear un clima de integridad en el país que no tiene precedentes.

Sistemas de integridad y de denuncias en las entidades públicas

Ahora, para que ese impulso que viene del sector privado pueda tener máximo impacto en la creación de un ambiente nacional de honestidad, se requiere un decidido movimiento en la misma dirección de parte del sector público. Lo primero sería el establecimiento de la función de integridad en las entidades estatales. Es algo que se está trabajando en la propuesta del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 que elabora la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).[1] La idea es que en cada entidad pública haya una oficina o una persona que se encargue de monitorear todo lo relativo a transparencia, conflicto de intereses, política de regalos y atenciones, control interno, análisis de riesgos de corrupción, régimen disciplinario y sanciones.

Esto supone, además, como parte de dicha política de integridad, que cada entidad pública implemente un efectivo sistema de denuncias. Para ello se dio el Decreto Legislativo N° 1327, reglamentado incluso mediante el Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, que establece procedimientos y mecanismos para facilitar e incentivar las denuncias realizadas de buena fe de actos de corrupción y sancionar las denuncias realizadas de mala fe, y define medidas de protección a denunciantes. El Ministerio de Justicia no ha terminado de dar los pasos necesarios para hacer lo que le corresponde como rector de este sistema. Este sistema, bien implementado, debería servir de base operativa para lanzar una campaña nacional de denuncias en todos los ámbitos.

[1] Esta propuesta se presentó en un taller en la GIZ a representantes de varias bancadas del Congreso. Para hacerla,toma como base en “Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú. Reforzar la integridad del sector público para un crecimiento incluyente” (2017), y el “Informe de la Comisión Presidencial de Integridad. Detener la corrupción, la gran batalla de este tiempo”, que presentó una propuesta de 100 acciones contra la corrupción en el Perú.

Obra pública

También se requeriría reformar la obra pública, haciéndola más predecible y transparente. La mencionada propuesta del Plan Nacional de Integridad contiene un conjunto amplio de medidas para prevenir la corrupción en la obra pública, tales como fortalecer con el más alto nivel profesional la Central de Compras Públicas (Perú Compras), aprobar un Plan Nacional de Infraestructura que transparente, y haga predecibles las decisiones públicas en los próximos veinte años, políticas de transparencia, entre otras. 

El congresista Javier Velásquez Quesquén ha propuesto la excelente idea de reducir el espacio para que municipalidades hagan obras por administración directa, donde hay mucha corrupción. Y sería bueno estandarizar las obras menores.

Recientemente el ministro de Transportes, Bruno Giuffra, ha anunciado la contratación internacional de un PMO (Project Manager Office) para estandarizar los procesos de licitación y contratación en Provías, sede de los presuntos arreglos denunciados al llamado “club de la construcción”, y para supervisar de manera permanente dichos procesos. También ha presentado al MEF una nueva estructura de personal y remuneraciones, en aplicación de la ley de servicio civil.

Simplificación administrativa

La adopción de sistemas Antisoborno por parte de las empresas privadas, sobre todo si esto llega también a empresas medianas y chicas, se potenciaría además si el Estado avanza de veras con la simplificación administrativa y la eliminación de trámites y regulaciones inútiles, que debe ir de la mano con la digitalización del Estado y con su profesionalización a través de la aplicación del régimen del servicio civil meritocrático en toda la administración estatal. Todo eso es fundamental para reducir las ocasiones de corrupción.

La PCM está trabajando en la simplificación administrativa. Mayen Ugarte, Secretaria de Gestión Pública, nos informó que, al 8 de noviembre, su oficina había revisado ya los trámites y Tupas de 9 Sectores. Como resultado, había emitido 59 Resoluciones Ministeriales simplificadoras, eliminando 127 trámites y simplificando 62. El próximo año avanzará con los demás sectores.

Al mismo tiempo, está en ejecución el difícil y resistido “Análisis de Calidad Regulatoria” (ACR) de las normas. Comenzó, de acuerdo al cronograma, en tres Sectores: PCM, Ambiente y Comercio Exterior y Turismo. Se revisaron 350 procedimientos. La tarea es dura: según Ugarte, de los primeros 11 que entraron, solo sobrevivió uno, lo que sin duda es una buena noticia, pero da una idea de la resistencia que el proceso puede engendrar en la burocracia, que se aferra a sus normas. En todo caso, se enviaron las observaciones del ACR a esas tres entidades para las subsanaciones correspondientes, ya las subsanaron y ahora han ingresado al proceso de validación por la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, por lo que el proceso no ha culminado aún. Luego el 30 de noviembre se presentó a la PCM el ACR del segundo grupo de entidades (los sectores Trabajo y Promoción del Empleo, Agricultura y Riego, y Cultura), relativo a 500 procedimientos, que está siendo revisado por la Secretaría de Gestión Pública para formular las observaciones a que haya lugar. 

También ha llegado el ACR de cerca de 1,000 procedimientos del tercer grupo de ministerios, que aún no ha empezado a revisarse. Todavía se está dentro del cronograma, aunque las observaciones y subsanaciones demoran más que los tres meses asignados. Es un proceso de varias vueltas. Según Mayén Ugarte, es un proceso de aprendizaje. El primer lote fue más difícil porque todo era nuevo.  “En un momento hicimos un alto para analizar y trabajamos la estandarización de observaciones y hemos podido trabajar con equipos de consultores externos con apoyo de la GIZ. Lo interesante es que, para la segunda vuelta, después de las observaciones las propias entidades están proponiendo eliminaciones y se lo toman en serio porque ven que el programa va en serio, y entonces vienen mejor las sustentaciones”, explica.

Fuera de esto, es interesante ver que en adelante solo por decreto supremo se puede ahora crear un procedimiento nuevo, que deberá pasar por el ACR y también por el análisis de impacto regulatorio (RIA): el ministerio de justicia analiza el impacto de la norma propuesta en la legalidad, el MEF el impacto en los mercados y la PCM en la organización del Estado (duplicidad, simplificación). Lamentablemente en diciembre la carga de los ACR fue tal que se decidió hacer RIA solo para las normas multisectoriales, y en las sectoriales la PCM revisa si requieren pasar por ACR o no. Da la impresión que la PCM debería reforzar el equipo encargado de todos estos temas clave.

Indecopi y las barreras burocráticas

El Indecopi, que tiene una tarea también clave de eliminación de barreras burocráticas, parece estar avanzado. Su Director Ejecutivo, Ivo Gagliufi, nos informaba que a fines de diciembre existían 106 casos de inaplicación de barreras burocráticas con efectos generales. Además –añade- se han eliminado voluntariamente entre enero y octubre un total de 2,224 barreras burocráticas que representan un ahorro de 82.5 millones de soles, y “hemos creado el programa Comando Antibarreras para identificar barreras de oficio pidiendo la información a los gremios y luego vamos a las entidades para pedirles que las eliminen voluntariamente. Es decir, lo estamos haciendo proactivamente”. Bien.

No obstante, el abogado Alejandro Falla escribió hace poco en El Comercio lo siguiente: “el MEF parece trabajar para el enemigo al haber aprobado metas que incentivan a las municipalidades a aprobar trámites absurdos cuestionados por el Indecopi”. En efecto, el MEF administra el programa de fortalecimiento a la gestión municipal que aprueba transferencias adicionales de dinero a las municipalidades que cumplen ciertas metas que se aprueban año a año.  Pues bien, ocurrió que el MEF estableció una meta que incentivaba a las municipalidades a aprobar un reglamento (para obtener ingresos propios) que contenía requisitos y exigencias que Indecopi ya había declarado como barrera burocrática (exigencia del carnet de sanidad). Es decir, la mano derecha no conversa con la mano izquierda.  Como sugiere Falla, “sería mejor que dentro de las metas a ser priorizadas el próximo año se incluya el destrabe o la simplificación administrativa. Si lo hacen, podrían tener a todas las municipalidades alineadas con el objetivo. En Australia han aplicado un sistema similar y les ha dado resultados”.

Digitalización del Estado

La digitalización del Estado, que es también fundamental para transparentar, facilitar y disminuir peajes corruptores, ha empezado a moverse desde que en noviembre del 2016 se nombró a Lieneke Scholl en la Oficina de gobierno Electrónico. Ella es ahora ministra de la Producción. En la actualidad hay 85 servicios WEB del Estado en la plataforma de interoperabilidad y 238 entidades públicas usándolas, y 61 tasas se pueden pagar por Internet (pagalo.pe)  en lugar de tener que ir al Banco de la Nación. Además, en agosto se publicaron los lineamientos de Gestión Documental para que las entidades del Ejecutivo puedan conectar electrónicamente sus aplicaciones de trámite documentario camino a CERO PAPEL. En ese terreno las cosas están avanzando.

Ley de Servicio Civil sin prioridad

Las empresas privadas honestas necesitarían interactuar con un Estado profesional y meritocrático. Para ello se dio la ley de Servicio Civil, cuya aplicación lamentablemente carece de prioridad política en esta administración pese a que es fundamental para pasar de entidades estatales neo patrimonialistas basadas en redes personales y eventualmente ilícitas (como en el caso de muchos gobiernos sub-nacionales, la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial), a organizaciones profesionales basadas en el mérito. 

Dicho sea de paso, una de las instituciones que presentó y logró que se aprobara un proyecto de ley para exceptuarse de dicha ley, es nada menos que el Poder Judicial (para sus trabajadores administrativos), cuyo presidente preside, paradójicamente, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN). Se aprobó en ese mismo acto, hace un par de semanas, una ley de Carrera del Trabajador Judicial, en la que la meritocracia se limita –y con excepciones, además- al ingreso a la carrera, que será mediante concurso público, pero de allí en adelante se instaura la estabilidad absoluta: no se dispone evaluaciones para ascender ni menos aún para permanecer en la carrera. Esto es una burla al país, más aún en la institución encargada de castigar la corrupción.  

El único efecto práctico de esa ley será una nueva escala con remuneraciones más altas que las actuales, pero a cambio de nada. 

Reformar la Corte Suprema

El lanzamiento de un movimiento anti soborno en las empresas privadas debe ir de la mano con una reforma profunda del sistema judicial. Por supuesto, la adopción por parte de los estudios de abogados del mencionado ISO Antisoborno y la firma de un pacto anti soborno como el que Beatriz Boza intentó hace unos años sin éxito, ayudarían muchísimo. Pero se requiere reformar y modernizar el sistema judicial mismo. Se ha planteado la reforma del CNM, la reducción de la provisionalidad de magistrados anticorrupción (jueces y fiscales), y la Interoperabilidad del sistema de administración de justicia, que incluye el estratégico expediente digital, para el que se está solicitando un préstamo de $200 millones de dólares al Banco Mundial.

Pero hace falta, además, y primero que todo, reformar la Corte Suprema, en la línea de lo que hace años planteó la Ceriajus: pasar a una Corte Suprema de muy alto nivel conformada por solo 11 miembros (no los ¡45! que son ahora entre titulares y provisionales) dedicada solo a casos emblemáticos que permitan sentar jurisprudencia. Y fortalecer la gerencia general para descargar en ella la parte administrativa. Si reformamos la cabeza, reformamos el cuerpo. No solo habrá predictibilidad, reduciendo el espacio para la compra de sentencias, sino que muchos buenos egresados de las facultades de derecho querrán ingresar a la carrera judicial si ven que la Corte Suprema está integrada por los mejores juristas del país. Mejoraríamos así la calidad de los jueces.

Financiación ilegal de campañas y reforma política

Por supuesto, de nada sirve que muchas empresas privadas adquieran prácticas de integridad si los poderes ilegales pueden infiltrarse en el Congreso y el Ejecutivo a través del financiamiento de las campañas electorales. La mencionada propuesta de Plan Nacional de Integridad establece la penalización de aportes no autorizados, la rendición periódica de cuentas y no al final de campaña, y la transparencia en la publicidad. Al respecto, Jorge del Castillo y Javier Velásquez Quesquén proponen que, en la medida en que el costo de la publicidad electoral en la televisión representa alrededor del 80% o 90% del gasto de los partidos en las campañas, que sea el Estado quien pague dicho costo. Esto en lugar del financiamiento público a los partidos, que lleva a controles e injerencias en las organizaciones políticas.

Por supuesto, el problema es mucho más complejo. Se necesita una reforma política y una reforma de la descentralización que permitan recuperar autoridad central sobre gobiernos sub-nacionales que se han convertido en botines presupuestales de aventureros políticos no pertenecientes a partidos políticos sino eventualmente a mafias de todo tipo. Se necesita revertir la feudalización del país, que es la madre del cordero de la corrupción en el interior del país.

Sería bueno que se empodere a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción a fin de que pueda movilizar la ejecución del Plan Nacional de Integridad cuando se apruebe, y que coordine con el sector privado, con IPAE en este caso, para llevarlo adelante. Lampadia

 

 

 




DS 003 y PL 1410, despropósitos y pasiones

DS 003 y PL 1410, despropósitos y pasiones

Entre el rosario de errores del gobierno de PPK, destaca con luz propia, el manejo del escándalo de corrupción del Lava Jato, que ha terminado desprestigiando buena parte de nuestra clase política y, paralizando proyectos de inversión y operaciones empresariales, con gran impacto en la economía.

  1. Normativa y su evolución

Cuando estalló el escándalo, a fines de diciembre, 2016, el gobierno peruano entró en shock, sin saber qué hacer. (Ver referencia del despacho del Departamento de Justicia de EEUU). 

https://www.justice.gov/opa/pr/odebrecht-and-braskem-plead-guilty-and-agree-pay-least-35-billion-global-penalties-resolve

Un mes después, hace dos años en estos días (19/1/2016), en Lampadia publicamos, A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente):

“Los circuitos de corrupción empresarial y política organizados por el PT de Lula da Silva, Petrobras y Odebrecht más otras empresas constructoras brasileñas, han llegado a niveles insoportables para una sociedad que debe ir hacia la formación de instituciones sólidas y transparentes”. 

Entonces, nuestra principal recomendación fue “intervenir las empresas brasileñas involucradas en la acusación …”. El propósito era muy claro, velar por que los recursos de las empresas no se sifoneen a los accionistas comprometidos en las acusaciones y, preservar el aporte de trabajadores, proveedores y terceros (inocentes), cuidando la fluidez de la economía en su conjunto. Había que evitar que las eventuales intervenciones desordenadas de la Fiscalía, Poder Judicial, Procuradurías, Sunat, et al (al son de los acordes mediáticos y gritas de políticos fariseos), paralizaran empresas y proyectos.

Pero, el gobierno de PPK, presumiblemente por consejo de la entonces ministra de justicia (MPT), consideró que las intervenciones serían ilegales y diseñó el perjudicial Decreto de Urgencia 003. Este decreto, entre otras cosas, suspendía los pagos del Estado a dichas empresas, con lo cual se podía desequilibrar sus operaciones y proyectos. Un primer paso hacia el peligrosísimo corte de la cadena de pagos.

Sin una estrategia de intervención ordenada, se iniciaron acciones diversas acciones por parte de distintas entidades del Estado, como por parte de la Fiscalía, Sunat y otras, ahondando los impactos sobre la cadena de pagos. Además, se dificultaron las eventuales transferencias de activos y proyectos a empresas que no estuviera implicadas en las acusaciones, dañando el valor de importantes activos, con perjuicio para todas las partes.

Posteriormente, por ímpetus de algunos políticos, especialmente de Fuerza Popular y Acción Popular, se promueve la extensión del DS 003 a las empresas peruanas que se hubieran asociado con Odebrecht. Como resultado de esta iniciativa, en noviembre de 2017, el Congreso termina aprobando el Proyecto de Ley 1410, que modifica el DS 003, incluyendo en sus alcances a las empresas que se hubiesen consorciado con empresas como Odebrecht, con una participación mayor al 5% de los contratos.

Esto, entre una serie de otras disposiciones, impediría que estas empresas participen en proyectos del Estado, (llámese reconstrucción u otros), y también confiscaría las acreencias, que, por todo concepto, tuvieran con el Estado; incapacitándolas.

Lógicamente, el Ejecutivo se vio obligado a observar la ley, cosa que hizo el 18 de diciembre pasado; planteando aspectos constitucionales, legales, tributarios y económicos. Advirtiendo que se generaría la ruptura de la cadena de pagos y la paralización de proyectos de inversión por aproximadamente el 13% del presupuesto de inversiones del país.

El Congreso de la República entró en receso el pasado 12 de enero, sin haber debatido la eventual insistencia para la promulgación de la Ley 1410. Mientras tanto, la vigencia del dispositivo original, el DS 003, vencerá el 13 de febrero próximo. Úrsula Letona, presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, declaró al respecto, “Ojalá que el ejecutivo saque otro decreto de urgencia y modifiq1ue la norma ante la proximidad de su vencimiento y ante su inoperancia”. Por su lado, Víctor Andrés García (AP) y Jorge Castro (FA), propusieron un pleno extraordinario para que sea el Congreso, el que defina el tema.

2. Análisis conceptual

  • Normas Contra-Propósito

Como lamentablemente, se repite una y otra vez en el Perú, las disposiciones de muchas leyes y normas, son contrarias a sus enunciados. Veamos el caso del DS 003, del 11-2-2017:

Artículo 1.- Objeto

El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto aprobar medidas que eviten la paralización de la ejecución de obras públicas o asociaciones público privadas y la ruptura de la cadena de pagos que ponen en grave riesgo el desempeño económico del país, (…).

¿Increíble no? El DS 003 originó todo lo contrario de su ‘objeto’.

  • Enfoque de las intervenciones del Estado

El Perú es un país pobre, que no ha podido acumular una masa suficiente de capital, para sustentar un mayor desarrollo.

Por ejemplo, en los procesos concursales ante Indecopi, toda la orientación normativa se dirige a cautelar a los acreedores (pasivos). Un país pobre debiera privilegiar la cautela de los activos, que son el medio para crear riqueza y prosperidad. 

En el caso del escándalo de Lava Jato, debieran, efectivamente, haberse asegurado, las acciones que permitieran la continuidad de operaciones de las empresas y el avance de los proyectos.

  • Cautela efectiva de los intereses del Estado

Un manejo inteligente del caso del Lava Jato, debía identificar la cautela de los siguientes objetivos:

  • Cuidar que los recursos vinculados a eventuales casos delictivos, no puedan ser retirados antes de la finalización de las investigaciones correspondientes y el establecimiento de responsabilidades y penas.
  • Evitar la pérdida de valor económico y/o de la capacidad de crear riqueza de las operaciones vinculadas a las acusaciones.
  • Evitar la pérdida de ingresos de los trabajadores y proveedores peruanos, vinculados a las operaciones en cuestión.
  • El caso del llamado ‘club de constructores’
    Cuidado con repetir los mismos errores. Seguir lineamientos anteriores.

Conclusión

Como recordó Julio Luque, en su artículo, El futuro de Graña y Montero, en marzo 2017, en Alemania, el Reino Unido y EEUU, varias empresas icónicas, como: Siemens, Walmart, Daimler, Glaxo, British Aerospace, Avon, ABB y Alcatel; fueron halladas culpables de corrupción y soborno de funcionarios estatales.

Sin embargo, luego de investigaciones serias, sin escándalos, todas fueron condenadas a pagar lo que establecieron las cortes, sin destruir la operatividad de las empresas.

En el caso que nos ocupa, tal vez podamos aún recuperar el tiempo perdido y enmendar la acción del Estado en sus diferentes estamentos.

Nuestro planteamiento: Cuando las investigaciones judiciales ameriten medidas cautelares y den origen a la apertura de procesos acusatorios, el Estado debe designar interventores en las empresas y proyectos que corresponda.

Función del interventor

Cautelar que los recursos de la empresa y/o proyecto se mantengan en el ámbito de sus operaciones, evitando que se canalicen a los accionistas de la empresas.

Invocación

Invocamos pues, al Estado a abstenerse  de las presiones mediáticas y a repensar la mejor manera de enfrentar los procesos del Lava Jato, vinculados a empresas y proyectos de inversión. Lampadia




¿Acaso Mercedes Aráoz no sabe lo que necesitamos?

¿Acaso Mercedes Aráoz no sabe lo que necesitamos?

En opinión de Aráoz, los gobiernos “compraron” muy pronto la globalización, pero ahora se está viendo “quién gana y quién pierde” con ella. “No hemos podido producir los resultados que queríamos para nuestros países”, admitió. (Gestión).

La Primer Ministro del Perú, Mercedes Aráoz, acaba de hacer las peores declaraciones de su vida en el Foro Económico Mundial.

Es absolutamente inaceptable que el primer ministro de un país emergente, como el Perú, cometa una torpeza tan grande, máxime habiendo sido previamente Ministra de Comercio.  

Como hemos explicado en reiteradas ocasiones, una de las mejores formas de lograr el crecimiento de los países pequeños, es exportando sus productos y servicios a los países de mayores recursos. Esto conceptualmente. Pero, además, a una persona como Aráoz, no se le pueden escapar los impactos que la globalización y el libre comercio han tenido en el mundo emergente. Y, menos aún, los impactos recibidos en el Perú, que pasó de ser un Estado fallido en 1990 a una estrella internacional el 2011, gracias a que supimos aprovechar el mejor tiempo de la globalización y el libre comercio.

Además, de este tema, la primer ministro, se despachó sobre la corrupción, en términos descalificadores para el Perú.  

En nuestra humilde opinión, o Mercedes Aráoz les pide perdón a los peruanos, por haber hecho una representación tan negativa del país en el exterior, o debe dar un paso al costado, por una aguda crisis de confusión intelectual y política. Lampadia

Líneas abajo reproducimos la nota de Gestión:

Mercedes Aráoz:

Los gobiernos “compraron” muy pronto la globalización

Gestión.pe              
23 de enero, 2018

La presidenta del Consejo de Ministros intervino en uno de los coloquios organizados hoy por el Foro Económico Mundial en la estación alpina de Davos, que estuvo dedicado a analizar “la política después del orden establecido”.

Mercedes Aráoz: Los gobiernos “compraron” muy pronto la globalización

AGENCIA EFE / 23.01.2018 – 11:27 AM

La “corrupción sistémica” está debilitando a los gobiernos de Latinoamérica, según reconoció hoy la presidenta del Consejo de Ministros del Perú, Mercedes Aráoz, quien pidió luchar contra ella colectivamente y superar este debate para dedicarse a los problemas reales de la gente.

La representante peruana intervino en uno de los coloquios organizados hoy por el Foro Económico Mundial en la estación alpina de Davos, que estuvo dedicado a analizar “la política después del orden establecido”.

Un año después de sonoros éxitos populistas como fueron calificados el Brexit (ruptura británica con la Unión Europea) y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, los participantes en el foro conversaron sobre el balance de los movimientos y líderes surgidos de la “rabia” ciudadana.

En opinión de Aráoz, los gobiernos “compraron” muy pronto la globalización, pero ahora se está viendo “quién gana y quién pierde” con ella. “No hemos podido producir los resultados que queríamos para nuestros países”, admitió.

“Tenemos otro problema en Latinoamérica: una corrupción sistémica”, advirtió la primera ministra peruana, quien se refirió en especial al caso “proveniente de Brasil y que ha infectado a toda Latinoamérica”.

Estos escándalos “están debilitando a nuestras democracias porque solo vemos involucrados a políticos”.

La primera ministra peruana se lamentó, no obstante, de que “el único debate en los medios y en las redes sociales sea algo así como quién es el más corrupto”, sin atención a los demás problemas.

“Perú está atravesando un período muy difícil en este momento”, admitió, “pero no sólo somos nosotros, vemos crecer este problema en todas partes”.

En su opinión, la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Lima a mediados de abril, debería marcar un “momento importante” para que todos los países americanos comiencen a abordar juntos la lucha contra la corrupción, así como la “construcción de un nuevo liderazgo”. 

Critica las redes

Araóz criticó el hecho de que las redes sociales fomenten debates en los que “sólo participa el 15% de la población” descuidando todas las demás preocupaciones.

“Los gobiernos tienen que centrarse más en los problemas de la gente, en lugar de en esos debates que dominan en los periódicos”, dijo la primera ministra e insistió en que “los problemas reales están en otros lugares”.

Aráoz abogó por avanzar en Latinoamérica en la lucha contra la desigualdad y en la defensa de “la integridad”.

“Damos la bienvenida a las inversiones, pero haciendo frente al problema de la desigualdad en las zonas donde se va a invertir”, explicó.

Y, desde luego, “queremos que vengan los inversores pero, por favor, no los sobornos”, dijo a la vez que señaló que los políticos y el sector privado tienen que “trabajar juntos” en esa dirección.

Otra gran prioridad para la región es la protección del medio ambiente, como ha resaltado el papa Francisco en su reciente viaje a Perú respecto a la preservación de la Amazonía.

Para todos estos objetivos “necesitamos una agenda latinoamericana”, porque, según la política peruana, “no son cuestiones de un solo país”.

También señaló que es preciso “hablar con los extremos, porque la polarización está ahí”.

Junto a la representante peruana participaron en el coloquio el viceprimer ministro belga, Alexander De Croo; el ministro de Ferrocarriles y Carbón de la India, Piyush Goyal; el consejero delegado de FiscalNote, Timothy Hwang; y el profesor de políticas de la Universidad de Princeton Jan-Werner Müller. Lampadia




Una visión positiva en un contexto de incertidumbre

Una visión positiva en un contexto de incertidumbre

En un contexto de incertidumbre tanto política como económica, sumado a las bajas expectativas de crecimiento, se ha creado una gran ‘nube negra’ sobre el futuro de la economía peruana. Luego de un periodo de ligera recuperación en el último semestre del 2017, la baja expansión que registró el PBI en noviembre (tan solo 1.78%, inferior a lo esperado) ha generado que la proyección de crecimiento que el MEF tiene para la economía peruana al cierre del año anterior, situada en 2.7%, se haga cada vez más difícil de alcanzar.

No queda claro si esta ralentización ya termino o si aún podemos marcar un cambio en la tendencia. Ante esta incertidumbre, Elmer Cuba describe un 2018 que vendrá impulsado por un fuerte choque externo positivo. La economía se verá impulsada por el crecimiento de las agroexportaciones, la mejora en los precios de los minerales y por un alto crecimiento en el sector construcción. Se prevé una mejora sustancial en la inversión pública y privada, un robusto crecimiento de la demanda interna y el aprovechamiento de los altos ingresos de capital recibidos en el 2017. Ello, junto con la mejora de competitividad de todo el sector exportador, ayudará a que el 2018 sea mayor que el del 2017.

Sin embargo, Cuba aclara que “Lamentablemente, el mayor crecimiento del PBI no se va a sentir en los bolsillos de la gente. Los que van a jalar el carro (del crecimiento) son la inversión pública y privada.”

Desde el punto de vista político, ya hemos comentado que el nuevo gabinete no parece tener la capacidad para contribuir de manera significativa a reducir la tensión política, y claramente no es el “Gabinete de la reconciliación”. Además, la debilidad de PPK continúa aumentando, lo cual eleva la posibilidad de llegar en cualquier momento a una vacancia.

En Lampadia ya hemos planteado (A mayor crisis mayor tranquilidad, y Salvemos el ‘Proceso’) que, de darse el alejamiento del presidente, debemos apoyar a Martín Vizcarra para que asuma la conducción del Estado hasta el 2021 y terminar así el gobierno elegido el 2016. Además, para evitar prolongar la debilidad e inconsecuencia del gobierno de PPK, Martín Vizcarra tendría que convocar a un Primer Ministro independiente, no partidista, que convoque un gabinete compuesto por independientes y por representantes del Partido de Peruanos por el Kambio y Fuerza Popular; que asuma el compromiso de un ‘Gobierno Programático’ dirigido a recuperar el crecimiento económico y la salud institucional. Lampadia

“Este año el PBI crecerá más que el 2017, pero no se va a sentir en los bolsillos de la gente”

ENTREVISTA Elmer Cuba, economista principal de Macroconsult
Por Luis Hidalgo Suárez
Gestión, 22 de enero de 2018

El peor escenario para la economía peruana sería que el presidente Kuczynski sea vacado o renuncie, asumiendo el cargo el presidente del Congreso, advierte el economista.

Tras los últimos acontecimientos políticos y el escenario incierto que persiste, ¿qué perspectivas hay para la economía?

En el tema político es como que terminó una temporada y empieza otra. Hay un presidente con muy poca credibilidad, no solo ante la opinión pública, sino entre los principales agentes económicos.

Hay Estado, pero también una vacancia implícita, con un Congreso con poca intención de apoyar. Es un Gobierno muy precario.

Entonces la pregunta es: ¿este es el mejor escenario hacia adelante o mejor sería un vicepresidente (que asuma) fortalecido políticamente, con respaldo congresal, que haga reformas y políticas económicas que este Gobierno ya no las va a hacer?

Si asumiera el vicepresidente, ¿contaría con mayoría congresal para llevar adelante las reformas que se requieren?

Lo que veo es que el presidente Kuczynski está muy debilitado y con una agenda de política económica que no existe. La famosa revolución social se ha evaporado.

¿Cuáles serían las ventajas para la economía de un escenario con Vizcarra como presidente?

Primero, que Vizcarra no tiene partido político, es un hombre práctico, y si al presidente Kuczynski lo vacan o renuncia, el Congreso tiene la obligación moral y política de respaldar al vicepresidente. Vizcarra puede hacer lo que hizo Temer en Brasil, es decir, sostener un Gobierno que hace reformas porque no tiene costo político. Lamento decir esto, en enero, pero es ese el escenario que tenemos.

Pero aún el escenario actual es con PPK en funciones y todo el ruido político en su alrededor.

Así es, pero el escenario con Vizcarra se puede gatillar este año en cualquier momento. La probabilidad de que ocurra no es menor.

En el escenario actual, ¿cambian las proyecciones económicas que teníamos?

Es paradójico, porque en el corto plazo estamos a punto de observar una disociación entre la situación presidencial, la situación política y las perspectivas económicas. Algo parecido a lo que se vivió en el 2004 en el gobierno de Toledo: un presidente con baja popularidad en las encuestas, sin credibilidad y, sin embargo, la economía crecía a tasas altas (4.8% en el 2004) por un choque externo (de precios) favorable.

¿Ahora es similar la situación?

Con las distancias del caso, sí. Los términos de intercambio crecieron 20% de enero del 2016 a la fecha. Eso, para que se tenga una idea, es como si las utilidades de una empresa crecieran entre 50% y 100%, ya que un cambio de esa magnitud en los términos de intercambio significa hasta duplicar las utilidades de todas las empresas exportadoras, no solo de las mineras.

Es decir, ¿no solo el precio de exportación de los metales está empujando el crecimiento?

Ese es un factor, otro es la entrada de capitales (más de US$ 5,000 millones en el 2017). Tercero es la posibilidad de que la inversión pública crezca más. Es lamentable que, en el 2017, cuando había en qué invertir, la inversión pública creció casi cero, igual que en el 2016. Y, un cuarto factor son las expectativas económicas que, han caído, pero aún están altas y en tramo positivo. Este último factor no es menor y por ello, espero que la inversión privada crezca este año, al margen de PPK.

Entonces, ¿al margen de lo que ocurra con PPK, crecerá el PBI?

Sí, este año va a crecer más que el año pasado (2.5% según Macroconsult), de todas maneras, a pesar del escenario político.

Y en el verano ¿cuánto crecerá el PBI? LatinFocus estima 3.9%.

Sí, puede ser 3.9% en el primer trimestre, pero será el más alto (de los trimestres) del año porque debe recordarse que en el 2017 hubo los efectos de El Niño y el PBI creció poco. Ahí ya hay un efecto estadístico.

Y este año, ¿cuánto se proyecta?

En Macroconsult esperamos un crecimiento de 3.8% y creemos que es una buena tasa. Además, porque la demanda interna crecerá arriba de 4%, liderada por la inversión privada. Pero también por la inversión pública por las obras de los Panamericanos y otros proyectos puntuales, aparte de un repunte de la inversión de los gobiernos regionales y locales al ser su último año.

Este mayor crecimiento esperado para el año, ¿se va a sentir en los bolsillos? El empleo y los ingresos están estancados.

Es cierto con lo del empleo e ingresos. Lamentablemente, el mayor crecimiento del PBI no se va a sentir en los bolsillos de la gente. Los que van a jalar el carro (del crecimiento) son la inversión pública y privada. Las constructoras principales, que están presuntamente implicadas en el Club de la Construcción, podrían generar fricciones y atrasos en las obras públicas.

Si eso ocurriera, ¿cuánto sería el crecimiento?

Si eso ocurriera habría que bajar la proyección, ya que la construcción es la estrella del crecimiento este año.

Pero la fuerza del choque externo positivo es muy fuerte y aunque el choque político interno tiene signo contrario, no es suficiente para contrarrestar el crecimiento que ocasionará el primer factor.

Además, porque en la economía hay subinversión en todos los sectores que los inversionistas lo identifican muy bien. Hay nichos de inversión que esta crisis política no anula, esa es la maravilla del Perú: falta mucha inversión y, si no fuera por el problema político, la inversión privada estaría boyante.

¿Qué pasaría con la economía bajo un escenario en el que sale PPK y asume el presidente del Congreso, porque los vicepresidentes desisten?

Sería el peor escenario porque se abre una caja de Pandora con la incertidumbre de una nueva elección general y nadie invierte porque espera a ver quién ganará. Es paradójico, pero un escenario con Vizcarra al mando es mejor en términos económicos que con el presidente del Congreso.

¿Cuánto crecería la economía con Vizcarra?

Va a depender. Pero si es con respaldo político no va a ser peor de lo que ya es, sería mejor, no se pararían las inversiones ya programadas. En cambio, con Galarreta se paran las inversiones, entramos a un periodo de suspenso hasta las nuevas elecciones.

Hasta que se sepa quién es el nuevo presidente…

Claro, porque el nuevo presidente asumiría recién en julio del 2019, tendríamos dos años muertos para el repunte del crecimiento.

Inversión

¿Qué tanto afecta la situación política a la reconstrucción?

La reconstrucción está fracasando por una sencilla razón: es un nudo gordiano en las compras estatales.

Un nudo gordiano, ¿por qué?

Hay que reformar todo lo que es la OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado), son regímenes muy complejos, no son funcionales al éxito. La mitad del fracaso de la reconstrucción son las compras estatales. La otra mitad es el tema político.

¿Es optimista la proyección oficial de la inversión pública?

Han sido un fiasco. Va a ser lo que más va a jalar el PBI este año, es cierto, pero el 2017 primero dijeron que crecería 15%, sin embargo, entró la ministra Cooper y dijo entre 7% y 7.5%. Pero ha sido cero. Este año no creo que lleguemos a 15%. Con que lleguemos a 7%, ya eso jalaría la economía.

En cuanto a la inversión privada, el BCR proyecta 6.5% de crecimiento para el año. ¿Hay que ajustar con el nuevo escenario político?

Va a depender de cómo influyan los escenarios políticos. Las expectativas (económicas) que cayeron en diciembre deberían subir paulatinamente cada mes. Eso con el escenario de un entorno. Esto tiene un costo en el corto plazo, de algunos puntos del PBI. Pero a la larga es lo mejor, los culpables tendrán que pagar, y los ejecutivos privados y directores en el Estado, que vienen detrás, van a tener cuidado de hacer esas prácticas, eso será tanto en el lado público como en el privado.

El consumo

¿Con la situación política cambian, cuáles son las perspectivas de crecimiento de consumo?

En la época dorada el consumo crecía 6% al año, ahora crece 3%. Y para este año se espera 2.5%. Si alcanza un crecimiento estable de 3%, en buena hora. Está debajo del producto potencial, pero, por ejemplo, 3% más de pollos a la brasa ahora es lo mismo que 6% más de hace 10 años.

¿Qué le diría a la gente que tiene desánimo?

Espero que sea pasajero. Ha sido una gran decepción todo lo que pasa a nivel político. Menos mal que tenemos un choque externo positivo fuerte y va a durar por lo menos un par de años con un precio de cobre alto; además con un boom agroindustrial peruano y un crecimiento importante en telecomunicaciones.

¿Qué tan optimista es?

Tengo optimismo moderado. El 2017 fue malo, pésimo para la demanda interna, que creció 1%. El sentimiento de los negocios es como que el PBI hubiera crecido 1%. En esa medida, el 2018 será moderadamente mejor, pero no en la carrera que teníamos antes, estamos reptando.

¿El actual gobierno es peor que el de Humala?

Es peor. Lo cual es paradójico. El mejor hombre de la derecha es peor que el ‘cuco’ de Humala chavista.

Lampadia