Jaime Spak
Para Lampadia

Luego de las elecciones del domingo podemos colegir que el Perú está partido en dos.

Ni la gran mayoría de votantes de Catillo son marxistas leninistas ni la gran mayoría de votantes de Keiko son de derecha.

Quien gane las elecciones lo hará por un porcentaje mínimo y eso debe de llevar a la primera gran conclusión.

Si no hay un acercamiento entre las dos partes, el Perú se volverá ingobernable, como sucedió en el 2016, cuando PPK ganó las elecciones por 41,000 votos. Tal como comenté en un anterior artículo, si en ese entonces Fuerza Popular hubiera tenido un acercamiento a PPK y hubiera generado una agenda de crecimiento, estamos seguros que no hubiéramos llegado a esta situación. Será este el motivo por el cual no pudo remontar su anti voto, la candidata de Fuerza Popular.

Lo ideal sería si gana Perú Libre, que nombre por ejemplo ministro de economía a Luis Carranza, y si gana Fuerza Popular igualmente utilice a alguna persona valiosa de Peru Libre.

Los peruanos debemos de entender que, si no hay un acuerdo, el Peru no tiene futuro.

El día de ayer vi con gran entusiasmo la entrevista que le hicieron al secretario general del Acuerdo Nacional y concuerdo con lo dicho por él, que debe de haber un marco de entendimiento y creo que no hay lugar más democrático que el Acuerdo Nacional.

¿Seriamos muy ingenuos, si pensamos que un acuerdo entre todas las fuerzas vivas de la población puede ser factible?

Podríamos tener un mayor protagonismo, si los partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos, gobierno y los colegios profesionales, desarrollan un plan de mediano y largo plazo para lograr desarrollar el país.

¿Qué impide que los peruanos nos pongamos de acuerdo en un programa de desarrollo? Será que el caudillismo impide hacerlo y está enquistado tan profundamente, que los líderes no dan opción a nadie que le haga sombra.

Donde han quedado los grandes maestros de la política, cuál es la razón por la cual políticos de la talla de Haya, Prialé, Belaunde, Bedoya, Barrantes no han vuelto a aparecer.

Porque tenemos que esperar que los políticos resuelvan los grandes problemas del país, acaso no tenemos personalidades en las diferentes esferas que pueden unirse para trabajar en un plan a mediano plazo para lograr un crecimiento sostenido.

La misión de los presidentes y congresos elegidos debe ser, en el primer caso, administrar de una manera ordenada el país y en el segundo caso de debatir las leyes que deberían de sacarnos del subdesarrollo y que tendrían como primer tamiz el acuerdo nacional.

¿Es iluso esto?

No creo, pero para ello se requiere que las personas que estén representadas en el acuerdo nacional, tengan una agenda única, marcar el camino para lograr el bienestar de las grandes mayorías y evitar que la demagogia, la deshonestidad y las ideas delirantes nos cambien el rumbo hacia la modernidad y la mejora en las condiciones de vida de los peruanos.

Con un acuerdo nacional que funcione de manera permanente tendríamos un país entero, para que no acabemos con el corazón partido como estamos en estos momentos. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

En la primera vuelta de las últimas elecciones generales, el 67% de los votantes apostó por la derecha, por el modelo constitucional y el mercado. Quería despegue económico, no cambio de modelo.  Si agregamos el 11% de votos centristas, tenemos que el 78% no estaba a favor de los cambios constitucionales y de modelo económico propuestos por la izquierda, que el país ya experimentó con los desastres de Velasco en los 70´s y con Alan García en los 80´S.  Sólo el 22% quería eso y lo busca hasta ahora.

PPK y Keiko Fujimori desperdiciaron ese nítido mandato de las urnas y, lejos de unirse como algunos lo sugerimos en abril de 2016, se enfrentaron hasta destruirse, en la mayor estupidez política que se haya visto en la historia política reciente del Perú, azuzados por la izquierda y la mafia caviar que gobierna el país enquistada en ministerios, vice ministerios, secretarias generales, direcciones generales y consultorías. Al final, PPK y Keiko Fujimori terminaron presos y el felón Vizcarra concentró el poder, desbordándolo en una fanfarria intervencionista que en el último año ha destruido el PBI y no ha podido contener la pandemia.

PPK y Keiko Fujimori no se han destruido solos. Sus cortes los han acompañado en este despropósito. La “gran prensa” ha auspiciado, muy bien pauteada, este desangre. La historia los juzgará.

Hoy, PPK y Keiko Fujimori son dos cuadros de tristeza arrimados a alguna de las paredes de la escena política peruana. El primero es un cadáver político y la segunda es la candidata que perdería en segunda vuelta hasta con la candidata de Maduro. La mayoría de peruanos preferirían ver al Perú convertido en Venezuela antes que votar por ella.

Los errores políticos se pagan.

¿Podrían hacer algo para enmendar su grave error y la deuda con el mandato popular que hoy busca alternativas?

PPK está sólo, su corte lo ha abandonado, carece de partido y de futuro. Podría reconocer la estupidez, tal vez eso le otorgue un mejor sitio en la historia que el rincón que se ha ganado.

Keiko Fujimori podría renunciar. Declinar su postulación presidencial para dar paso a una candidatura viable como la de Hernando de Soto y conservar o inclusive acrecentar su caudal parlamentario, para aportarlo a una alianza de gobierno de derecha o centro derecha que nos saque del hoyo. De Soto necesitará ciertamente una base política en el Congreso que no puede conseguirla con su movimiento y que no debería tomarla prestada de la izquierda. Mantenerse en la liza electoral sería un error más que termine de pintar de oscuro el color de su epitafio político. Una renuncia en cambio, a su edad, puede inclusive darle la oportunidad de liderar una bancada que construye, que aprende de sus errores y que se lava la cara.

Las mezquindades y egoísmos de los dos líderes de la derecha pintaron el quinquenio que termina. Nuevamente esas mezquindades y egoísmos de los líderes de turno nos pueden poner en una paradoja peor, ya advertida en ¿Es tiempo del Otro Sendero? Lampadia 05.03.21.

No se puede cometer el error otra vez. No hay derecho a dejar que el 22% de los peruanos, ahora representados por Lescano y Mendoza, le impongan a la mayoría de los peruanos, su visión y sus despropósitos.

Ha llegado la hora de Keiko. No la hora que ella espera. Ha llegado la hora de mostrar el valor de una renuncia oportuna. Veremos si está a la altura del desafío. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 13 de noviembre de 2020
Para Lampadia

En este caso, los cuervos representan a los 105 congresistas que vacaron al presidente Vizcarra. Y el personaje al que le sacaron los ojos es – adivinen quién – el ahora ex presidente Martín Vizcarra.

En realidad, todo viene de atrás… desde cuando vacaron a PPK. Aunque en sentido estricto, a PPK no lo vacaron. PPK renunció. Pero era cuestión de horas – o minutos – para que el Congreso de entonces lo vacara.

La traición de Vizcarra fue determinante para la salida de PPK. Y – por ende – para su designación como presidente de la República. Lo que vino después, es historia conocida… se le subió el moño.

Pechadas – y más pechadas – contra el Congreso. Un referéndum claramente oportunista, provocador y anti congresal. – ¡No a la reelección de los detestables congresistas! – había que darle gusto a la turba. Luego – ¡disolver el Congreso de la República y convocar a una nueva elección congresal! –. ¿Cómo así? Pues por la denegación de confianza fáctica. ¿Qué es eso de fáctica? Pregúntenle a Vizcarra, porque nadie lo sabe… excepto él.

Sin embargo, a pesar de no pocos escándalos como el de Richard Swing y sus secretarias, más decenas de testimonios coimeros en su contra, Vizcarra – terco y altanero – siguió pechando al nuevo Congreso. ¿Qué pasó después? Pues pasó lo que tenía que pasar. Vizcarra – bien merecido – fue vacado por una inmensa mayoría de congresistas. Parlamentarios que él mismo gestó con la disolución del Congreso anterior. Los cuervos que él mismo crio, le sacaron los ojos.

¿Soberbia? ¿Altanería? ¿Vanagloria? Ciertamente Vizcarra no es un tipo humilde. Parecía que sí… pero no. – Aquí estoy con la frente en alto, dando la cara, impoluto, sin remordimiento alguno, no me van a doblegar, seguiré luchando contra la corrupción, los grandes empresarios se están vengando, bla, bla, bla – poco le faltó para decir que él era perfecto, y que los peruanos – todos menos él – éramos unos idiotas.

El hecho es que todos los peruanos vimos un espectáculo increíble. La vacancia de un presidente en cuestión de horas. El nombre de la obra teatral bien pudo haber sido – la corrupción contra la corrupción –. Efectivamente, eso de ver a congresistas corruptos rasgarse las vestiduras en señal de protesta contra la corrupción, fue todo un espectáculo.

Los corruptos siempre fungen de moralistas. Al menos, el lunes 9 de noviembre pasado – el día de la vacancia de Vizcarra – todos los congresistas fungieron de santurrones. Ese día había un solo corrupto en el magno recinto del Congreso de la República: el presidente en proceso de vacancia. Ese día, las mafias universitarias – y todas las demás – se disfrazaron de paladines de la justicia y la moral. Y como establece la norma… Merino – el presidente de la Mesa Directiva del Congreso – asumió la Presidencia de la República. Esa fue la gota que derramó el vaso.

El pueblo se volcó masivamente a las calles… no para respaldar a Vizcarra, sino para protestar contra el zarpazo del nuevo Congreso. – Merino no me representa – fue el grito de la calle. Tan potente fue la protesta que – a los pocos días – Merino renunció. ¿Fue legal la vacancia de Vizcarra? Seguramente… aunque hay quienes dicen que no. Pero ese no es el tema. El tema es que la gente no quiso a Merino. Sobre todo, los jóvenes… que son la mayoría. Y ahí estamos hoy, al momento de redactar este artículo (lunes 16 de noviembre de 2020 a las 6:00 Horas).

En fin… como se dice coloquialmente – es lo que hay –. ¿Qué se puede hacer? Pues exigirle al Congreso de la República que consensue una salida constitucional a este desmadre. Exigirle al Tribunal Constitucional que precise el término “incapacidad moral permanente” y que norme respecto de su aplicación. Y consolidar la institucionalidad presidencial en nuestro país.

El lunes en la tarde, el Congreso empezó a desanudar la crisis nombrando una nueva junta directiva con Francisco Sagasti a la cabeza, que luego sería ungido como presidente del Perú.

Y – desde la ciudadanía – estar vigilantes. Denunciar con valentía y objetividad todo maltrato o acto de corrupción de parte del Estado. Incluso, del ámbito privado. Y estar unidos. Y que pase el tiempo. Y que venga el nuevo gobierno. Y que elijamos bien. Y que nos cuidemos del COVID. Y que venga la bendita vacuna. Y que termine todo este caos.

Y que esos cuervos – saca ojos – entiendan que una cosa es la legitimidad social, y otra cosa es la legalidad congresal. Y que una cosa es servir a la población, y otra cosa es servirse de la población. Y que una cosa es lo moral, y otra cosa es lo legal. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Las elecciones congresales del 26 de enero han producido algunos resultados que no han sido suficientemente analizados, y revelan una tendencia que habría que preguntarse si se manifestará en las elecciones presidenciales del 2021.

El siguiente cuadro, que compara los porcentajes de votación congresal del 2016 con los del 2020 por partidos, nos sirve para darnos una idea de hacia dónde fueron los votos que perdió Fuerza Popular y los que obtuvo PPK que esta vez no participó.

Fuerza Popular perdió 29.1 puntos porcentuales entre ambas elecciones. Suponemos que los votos del FREPAP y de Podemos vinieron principalmente de allí, pero vemos que ambos sumados alcanzan 16.76 puntos, bastante menos. De modo que hay casi 13 puntos que se han ido a otros grupos, la mayor parte quizá de izquierda, como veremos.

Y ¿dónde fueron a parar el 16.46% de los votos que obtuvo PPK el 2016?   Si sumamos los porcentajes del Partido Morado, Somos Perú y ese adicional de 3.06 que obtuvo Acción Popular en esta elección en relación al 2016, llegamos a un 16.51%, proporción casi idéntica a la que tuvo PPK el 2016.

Por su parte, el Frente Amplio obtuvo un 13.84% de los votos el 2016 y bajó a 6.16% en esta elección. Pero si le sumamos el porcentaje obtenido por UPP, llegamos a un 12,93, similar al 13.84 del 2016.

Sin embargo, esto último no se puede calcular así, porque la verdad es que si sumamos el porcentaje obtenido por todas las agrupaciones de izquierda, incluyendo las que no pasaron la valla (Juntos por el Perú, Democracia Directa, Perú Libre, RUNA), vemos que las izquierdas sumaron en total 26.6% de los votos el 2020, 8.33 más que el 2016.

De modo que si clasificamos los partidos que participaron en ambas elecciones congresales -hubieran o no pasado la valla- en las categorías clásicas de derecha, centro e izquierda, constatamos que la tendencia más clara ha sido la del crecimiento de la izquierda entre ambas elecciones.

También parece haber crecido el centro en detrimento de la derecha, pero puede ser un tanto subjetivo tipificar un partido en la derecha o en el centro. Lo que es indubitable es cuando el partido es de izquierda.

Ahora bien, la pregunta es si esta es una tendencia que pueda manifestarse en las elecciones del 2021, en el sentido de que una candidatura de izquierda pueda pasar a la segunda vuelta.

Puede ocurrir, si la izquierda se une. Y se daría una cuasi unión de facto, en la medida en que la mayor parte de los candidatos presidenciales potenciales de la izquierda están en la cárcel o prófugos. Antauro Humala recién recobra su libertad el 2024. Eso deja a Verónika Mendoza sola junto con Marco Arana, quien tendría poco arrastre.

En general, sin embargo, una elección solo congresal carece de poder predictivo porque en ella no participan candidatos presidenciales. Lo que se ve hasta ahora es que hay tres grandes corrientes o demandas.

• Una, que podemos llamar anticorrupción, tendría como candidato principal a Salvador del Solar, si se presenta.
• La segunda, que responde a la demanda por seguridad y orden, se encarnaría en Daniel Urresti.
• Y la tercera, que reflejaría una demanda por mayor igualdad (de izquierda), sería encabezada por Verónika Mendoza.

Veremos. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Exclusivo para Lampadia

La pregunta que cae de madura luego de que se hizo pública la demanda de ODEBRECHT contra el Estado Peruano por 1,200 millones de dólares es, ¿quién pagará esa cuenta?

Siempre somos todos los peruanos a través de nuestros impuestos directos, nuestro consumo (impuestos indirectos) y el perro muerto que el Estado hace de sus deudas con empresas y ciudadanos, quienes pagamos estas cuentas que alegremente asumen gobernantes y autoridades. Cada uno de los 32 millones de peruanos deberá agregar a su cuenta aproximadamente US$ 37.00 per cápita.

¿Siempre tiene que ser así?

• ¿No es hora de cambiar y buscar a los verdaderos responsables, para que sean ellos los que asuman estas cuentas y no todos los peruanos?
• ¿No sería lógico que gobernantes, autoridades y funcionarios sean responsables de sus actos y asuman con su peculio las decisiones que adoptan y los perjuicios que le causan al Estado?
• ¿No sería conveniente pensar en nuevos mecanismos legales de responsabilidad administrativa y civil que, por encima y más allá del show mediático de los procesos penales, los fiscales y las prisiones preventivas vaya a buscar responsabilidades efectivas y reparaciones concretas?
• ¿No sería este un primer paso para cambiar la forma artera, irresponsable y demagógica en que se ejerce la política en nuestro país?
• ¿No debiera ser esta la primera reforma política que permita ejercer la función pública con seriedad?

Pienso que sí.

Que el ejercicio de la función pública, de la labor legislativa, de la función ejecutiva o de la función municipal o regional debiera estar garantizada por hipotecas, avales, fianzas, cartas de garantía bancaria o por lo menos cauciones juratorias de bienes, para que cada autoridad, gobernante o funcionario que ejerza un cargo, cuando pretenda embarcarnos en obras faraónicas, construcciones sobrevaluadas o hechos de similar naturaleza, vea como sus bienes e ingresos se ponen en peligro. Tal vez esto podría ser disuasivo para gobernantes populistas, dispendiosos y derrochadores. Al fin y al cabo, por mucho menos en juego, se exige a contratistas o prestatarios garantías de este tipo. Resulta razonable empezar a exigirlo a quienes manejan el erario nacional y las finanzas en ministerios, gobiernos regionales o municipalidades.

¿Sin embargo, en tanto esto se dé, que hacemos con la cuenta de ODEBRECHT?

Habría que individualizar a sus responsables y hacer que asuman, si no es posible las garantías propuestas, por lo menos las responsabilidades políticas, administrativas y civiles que correspondan, por haber permitido algo tan obvio: que ODEBRECHT, encima de haber corrompido a la estructura política del país, de haber cobrado al Estado, de no haber pagado la reparación civil, ahora nos demande y nos exija pagar 1,200 millones de dólares, adicionales a los 400 millones ya demandados por ENAGAS, por el mismo proyecto.

Aquí una lista de los responsables más obvios:

• En primer lugar, la familia Humala, responsable de haber virado la política peruana para hipotecarnos al mercantilismo brasileño que financió su llegada al poder.
• En segundo lugar, los acólitos del Cartel de Sao Paulo, mal llamado Foro de Sao Paulo, que han seguido las encíclicas políticas de Lula y han avalado la colonización brasilera al costo más alto de nuestra historia republicana. ¿No sabe usted quienes son esos acólitos en el Perú?, los señores Arana, Santos, Mendoza, Cerrón, Glave, Villarán, entre otros.
• En tercer lugar, PPK, quien lejos de encontrar una salida inteligente a este problema, canceló el proyecto, dando el pretexto necesario para una demanda como la que se ha planteado contra el Perú.
• En cuarto lugar el presidente Vizcarra y todo su gobierno, que en lugar de defender los intereses del Estado Peruano y contratar una defensa de talla que negocie un acuerdo integral con ODEBRECHT considerando todas las variables en juego, prefirió y alentó que la negociación con ODEBRECHT se subordine al criterio e interés de dos fiscales neófitos en materia constitucional y sin ninguna experiencia en el manejo de conflictos financieros de esta envergadura, que dejaron pasar lo obvio que cualquier negociador de conflictos con algún oficio hubiera exigido: todo lo que pides siempre y cuando quede cerrada la contingencia de una demanda judicial millonaria como la que enfrentamos.
• En quinto lugar y tal vez antes que todos, el MINISTERIO PUBLICO, que, en su afán de ganar titulares, redujo el conflicto a las colaboraciones eficaces para conseguir nuevos nombres a quienes perseguir, denunciar y encarcelar, dejando pasar lo obvio. Y aquí hay nombres propios: la Fiscal de la Nación, los fiscales Vela y Pérez y los que han validado todo este despropósito.
• Los congresistas y los aliados del gobierno en ONGs que defendieron el acuerdo, tildando de fujiapristas, naranjas y corruptos a los otros congresistas que cuestionaron los acuerdos con ODEBRECHT y a todos quienes advertimos de la corrupción que quedaba escondida detrás del ruido anticorrupción (Lampadia 2019).
• La prensa bien pauteada por el gobierno y las encuestadoras que dieron insumos a la medida de las necesidades de las campañas mediáticas de aquella.
• Los miles de peruanos que en su afán de dignificarse denostando a fujimoristas y apristas se prestaron con sus likes, sus tweets, sus posts y sus historias a convertir en héroes a un par de fiscales no importa que en su afán de protagonismo entregaban en bandeja la posición jurídica del Estado peruano frente a ODEBRECHT.

Todos ellos deberán pagar esas cuentas, si no es con su peculio, con sus renuncias, sus destituciones, la suspensión de sus vergonzosos contratos de publicidad o por lo menos el escarnio de ser los cómplices de una de las felonías más grande al Perú.

El Presidente Vizcarra, al igual que sus aliados, no tendrá ante la historia, los atenuantes que el presidente Balta tuvo con sus ferrocarriles por el oneroso Contrato Dreyfuss, ni la justificación de reconstruir el país que tuvo Andrés A. Cáceres ante el polémico contrato Grace. Vizcarra sólo podrá decir que negoció en contra del Perú para llevar a la cárcel a sus adversarios políticos. Una razón que tal vez le otorgue el aplauso efímero del presente, pero que no lo libera de asumir su cuenta, por lo menos ante el implacable cobro de la historia. Lampadia

David Belaunde
Para Lampadia

“La vocación de los políticos no es ser liberales” (Guy Sorman, La Solution Libérale, 1984)

La revelación, hace ya un mes, de los audios de Vizcarra en el caso Tía María demostró, para quienes no quisieron hacer caso de señales anteriores, que tenemos un presidente no solo corroído por peligrosos instintos plebiscitarios sino mal predispuesto hacia el sector privado. Esto es exactamente lo contrario de lo que los peruanos elegimos abrumadoramente en el 2016. ¿Qué pasó? ¿Y qué se puede hacer?

1. Los mayores culpables de que hoy tengamos un gobierno anti-empresa son paradójicamente las élites que se consideran liberales

Descartamos de plano la hipótesis de que un vuelco tan súbito refleja la “voluntad popular”. Como afirmaba Bertrand Russel, un gobierno puede eficazmente controlar a la opinión pública manipulando los estímulos emocionales correctos – a corto plazo por lo menos. Desde ese punto de vista, el nuestro ha realizado, a través de los medios, una labor admirable.

La verdadera responsabilidad recae en quienes formaron el gobierno de PPK, y esto por las razones siguientes:

• En el 2016 existía la posibilidad de generar una cooperación entre ejecutivo y legislativo en torno a reformas económicas pro-mercado. En vez de eso, el ejecutivo decidió enfrentarse a la mayoría parlamentaria promoviendo el “enfoque de género” en la educación y otras medidas que implicaban entrar en conflicto con el fujimorismo, mermando así las posibilidades de un consenso sobre tales reformas.
• Al asumir el poder Vizcarra y dar a la llamada “lucha contra la corrupción” prioridad sobre las reformas económicas, el partido siguió apoyándolo.
• Medidas poco liberales como la ley anti elusiva tuvieron el apoyo de la bancada ppkausa.
• Incluso con PPK, el gobierno incumplió las expectativas generadas por un equipo pro-mercado. Desde la elección hemos visto un continuo retroceso en materia de proyectos mineros y de infraestructura, debilidad ante pedidos desmesurados por parte de gremios diversos, contratos de concesión no respetados, etc.

Como consecuencia, en un país donde una economía de mercado funcional e intervención estatal contenida han sido históricamente más la excepción que la regla, se desperdició una magnífica oportunidad de reformar la economía en un sentido más liberal.

2. El fondo del problema: el neoliberal que se quiso vestir de progre (o “el nuevo traje del emperador”)

¿Pero cómo pudieron estos “liberales” abandonar sus supuestos objetivos económicos tan fácilmente?

A – Una confrontación innecesaria y debilitante con las fuerzas conservadoras en torno a cuestiones no económicas

El equipo de PPK en la elección del 2016 se definía por oposición al fujimorismo. En la conocida matriz de Nolan, los fujimoristas se considerarían liberales en lo económico y conservadores en aspectos socioculturales. Los PPKausas estarían alineados con ellos en lo económico, pero serían más “abiertos” en lo sociocultural. El gráfico de abajo, adaptación de dicha matriz, resume esta idea.

No obstante, era posible defender posturas abiertas en importantes temas socioculturales sin entrar en colisión frontal con el fujimorismo u otras agrupaciones del cuadrante superior derecho. ¿Cómo? Quedándose dentro de los límites de una tradición filosófica liberal que va de Locke y Hume a John Stuart Mill y Tocqueville, y que busca garantizar la libertad individual mediante instituciones sólidas, en condiciones de igualdad legal y con el mínimo grado posible de coerción gubernamental.

En los hechos, sin embargo, ppkausas y afines asumieron consignas y esquemas mentales propios de la izquierda. Para esta, las relaciones sociales son una lucha entre opresores y oprimidos en la que no rige el principio de igualdad ante la ley, por lo que el “oprimido” solo puede ser liberado de su condición si la ley, más que proteger, lo favorece.

Así, por ejemplo, las mujeres son “victimas” estructurales (no específicamente aquellas que han sufrido ataques, sino todas) y el culpable no es un individuo concreto sino los hombres en general, su “masculinidad toxica” y el patriarcado institucional. La solución pasa por legislación que atenta contra los principios de la presunción de inocencia y de igualdad jurídica, entre otros. Problema real, diagnóstico errado, solución inadecuada.

B – Una adhesión menguante al liberalismo económico

La aceptación de la narrativa izquierdista de la conflictividad esencial en los fenómenos sociales y culturales conlleva a su aplicación inevitable al ámbito económico. De ahí que los pobladores de zonas aledañas a proyectos mineros y que se oponen a los mismos sean percibidos como “víctimas” históricas (soslayando el hecho de que no es la mayoría de los pobladores la que se opone sino grupúsculos de activistas, respaldados por ONG). Así, es comprensible que la ley no se aplique a los agitadores, y el principio de seguridad jurídica del que deberían gozar el empresario minero y sus múltiples contratistas se torne irrelevante.

Esta contaminación ideológica que sufren los “liberales” da pie a contradicciones, vacilaciones y componendas que oscurecen su discurso como una alternativa al estatismo izquierdista, y les impiden formular un proyecto coherente de desarrollo. Su ilusorio “nuevo traje progre” los despoja del “liberal”.

3. Los liberales debemos reenfocarnos y aliarnos con todos aquellos que defienden la economía de mercado, dejando de lado por el momento las discrepancias sobre otros temas  

Como se recomienda en toda crisis existencial, es vital que quienes se dicen liberales hagan un poco de “soul searching”, redescubran sus raíces y desarrollen herramientas conceptuales autónomas respecto de las visiones maniqueas provenientes de sectores más conservadores o de la izquierda. También es importante que sean más disciplinados al establecer sus prioridades.

A – Reinventarse en torno a la noción de claridad de reglas

En lo económico, afirmar los principios liberales no implica una búsqueda dogmática del “todo privado”. La historia de las relaciones sociales en el Perú desde el virreinato desafía la noción hayekiana de Kosmos (el orden espontáneo, por oposición a Taxis u orden impuesto), por lo que nunca nos libraremos del intervencionismo estatal, cuyo alcance siempre será materia de discusión y de negociación.

No obstante, hay una idea básica no negociable: las reglas de juego deben ser claras, y su aplicación garantizada por el Estado (en vez de ser abandonadas al pie de un montículo de llantas quemadas). Es necesario, además, tener en cuenta, como señalaron Brennan y Buchanan en su libro The Reason of Rules (1985), los costes de toda transición normativa. Por ende, toda evolución de las reglas debe ser progresiva y darse únicamente luego de un estudio objetivo de los resultados y consecuencias económicas, sociales, medioambientales, etc. Violentar el principio de claridad, de estabilidad y de ejecución garantizada de las normas, quiebra el contrato social y nos aboca progresivamente al caos y a estancarnos en el subdesarrollo.

Limitar su propia discrecionalidad puede parecer antinatural para un gobernante y hasta frustrar a la población a corto plazo (de ahí la frase de Sorman, citada en epígrafe). Sin embargo, en aras del desarrollo a largo plazo, es indispensable.

B – Dejar de lado los debates socioculturales que nos enfrentan a otros partidarios de la economía de mercado

Creemos que aplicando la noción de claridad de reglas (y sus derivadas, como el principio de especificidad del delito) y demás principios clásicos de libertad y de igualdad ante la ley se puede abordar temas socioculturales sin generar un enfrentamiento abierto con fuerzas más conservadoras.

Pero, sobre todo, es importante priorizar: si los temas socioculturales nos enfrentan a agrupaciones políticas que estén a favor de una economía ordenada, y es de importancia vital luchar por esta última, entonces estos debates deben ser puestos de lado hasta que se haya restablecido la funcionalidad del marco jurídico en el ámbito económico.

Y así, quizás, tras estos años de escapismos y enredos ideológicos, cada uno llegue, o regrese, al lugar que le corresponde, y el país se encamine de nuevo hacia el desarrollo, la riqueza y el bienestar general. Lampadia

En el mundo se discute hasta donde debe llegar el rol de las empresas en la sociedad, tal como lo presenta The Economist en el artículo que presentamos líneas abajo. En el Perú lamentablemente, se dificulta el accionar de las empresas y hasta se pretende sustituirlas por empresas públicas mediante un cambio de Constitución.

The Economist comenta que “más de 180 empresarios, incluidos los jefes de Walmart y JPMorgan Chase, anularon tres décadas de ortodoxia para prometer que el propósito de sus empresas ya no era servir solo a sus propietarios, sino también a clientes, personal, proveedores y comunidades”.

Un gran propósito como dice la revista: “eso suena bien, pero el capitalismo colectivo sufre dos trampas: la falta de accountability [responsabilidad y rendición de cuentas] y la falta de dinamismo”. 

“La rendición de cuentas solo funciona si hay competencia. Esto reduce los precios, aumenta la productividad y garantiza que las empresas no puedan mantener durante mucho tiempo ganancias anormalmente altas. Además, alienta a las empresas a anticipar las preferencias cambiantes de los clientes, trabajadores y reguladores, por temor a que un rival llegue primero”.

“De todos modos, la reacción popular e intelectual contra el valor de los accionistas ya está alterando la toma de decisiones corporativas. Los jefes respaldan causas sociales que son populares entre los clientes y el personal. (…) Todo esto presagia un sistema en el que las grandes empresas establecen y persiguen objetivos sociales amplios, no su estrecho interés propio”.

Excelente análisis, pero nadie discute que las empresas privadas son la base de las economías de sus países.

Lamentablemente acá, no queremos tener las cosas claras y siempre estamos discutiendo lo mismo y hasta tropezando con las mismas piedras.

Nuestros políticos populistas, por no decir todos nuestros políticos, se la pasan criticando a las empresas privadas, y con la ayuda, inconsciente e inconsecuente, de los medios de comunicación, han devaluado la imagen de las empresas. Hoy día, en el sector público y en los medios, se mira al sector privado como una suerte de fuerza de invasión extranjera. Veamos la siguiente información de Vox Populi:

En el Perú, el 80% del empleo lo da el sector privado, responde por el 80 a 90% de la inversión y genera el 90% de los recursos fiscales. La salud del sector privado, que es la suma de grandes, medianas y pequeñas empresas, es crucial para el bienestar de la población.

Hoy, gracias a los gobiernos de Humala, PPK y Vizcarra, la inversión privada está deprimida. Lo mismo pasa con la inversión pública.

En la cola del círculo virtuoso de la primera década del siglo, el 2013, la inversión total llegó al 25% del PBI, unos US$ 55,000 millones. Con inversión pública de US$ 12,000 millones, inversión extranjera de otros US$ 12,000 millones y US$ 31,000 millones de inversión de empresas peruanas, en gran medida medianas y pequeñas.

Hoy día la inversión es menor en unos US$ 20,000 millones anuales, una inmensa diferencia que se puede restar directamente a la lucha contra la pobreza.

Veamos el artículo de The Economist sobre el rol de las empresas en los países más ricos. Lampadia

Grandes empresas, accionistas y sociedad
Para qué son las empresas

La competencia, no el corporativismo, es la respuesta a los problemas del capitalismo.

The Economist
22 de Agosto de 2019

A lo largo de Occidente, el capitalismo no funciona tan bien como debería.

• Los empleos son abundantes, pero el crecimiento es lento
• La desigualdad es demasiado alta
• El medio ambiente está sufriendo.

Es de esperar que los gobiernos promulguen reformas para lidiar con esto, pero la política en muchos lugares está estancada o es inestable. ¿Quién, entonces, irá al rescate? Un número creciente de personas piensa que la respuesta es recurrir a las grandes empresas para ayudar a solucionar los problemas económicos y sociales. Incluso los jefes despiadadamente famosos de Estados Unidos están de acuerdo.

Esta semana, más de 180 de ellos, incluidos los jefes de Walmart y JPMorgan Chase, anularon tres décadas de ortodoxia para prometer que el propósito de sus empresas ya no era servir solo a sus propietarios, sino también a clientes, personal, proveedores y comunidades.

Los motivos del CEO son en parte tácticos. Esperan evitar ataques a las grandes empresas desde la izquierda del Partido Demócrata. Pero el cambio también es parte de una agitación en las actitudes hacia los negocios que ocurren en ambos lados del Atlántico. El personal más joven quiere trabajar para empresas que adopten una postura sobre las cuestiones morales y políticas de la época. Los políticos de varios tonos quieren que las empresas traigan empleos e inversiones a sus hogares.

Por bien intencionada que sea, esta nueva forma de capitalismo colectivo terminará haciendo más daño que bien. Se arriesga a afianzar una clase de CEOs inexplicables que carecen de legitimidad. Y es una amenaza para la prosperidad a largo plazo, que es la condición básica para que el capitalismo tenga éxito.

Desde que se otorgó a las empresas responsabilidad limitada en Gran Bretaña y Francia en el siglo XIX, ha habido discusiones sobre lo que la sociedad puede esperar a cambio. En las décadas de 1950 y 1960, Estados Unidos y Europa experimentaron con el capitalismo gerencial, en el cual las empresas gigantes trabajaron con el gobierno y los sindicatos y ofrecieron a los trabajadores seguridad laboral y ventajas. Pero después del estancamiento de la década de 1970, el valor para los accionistas se apoderó, ya que las empresas buscaban maximizar la riqueza de sus propietarios y, en teoría, maximizaban la eficiencia. Los sindicatos declinaron y el valor para los accionistas conquistó América, luego Europa y Japón, donde todavía está ganando terreno. A juzgar por las ganancias, ha triunfado: en Estados Unidos han aumentado del 5% del pib en 1989 al 8% ahora.

Es este marco el que está bajo asalto. Parte del ataque se trata de una disminución percibida en la ética empresarial, desde los banqueros que exigen bonos y rescates al mismo tiempo, hasta la venta de miles de millones de píldoras de opioides a los adictos. Pero la queja principal es que el valor para los accionistas produce malos resultados económicos. Las empresas que cotizan en bolsa están acusadas de una lista de pecados, desde obsesionarse con las ganancias a corto plazo hasta descuidar la inversión, explotar al personal, deprimir los salarios y no pagar las externalidades catastróficas que crean, en particular la contaminación.

No todas estas críticas son correctas. La inversión en Estados Unidos está en línea con los niveles históricos relativos al PBI, y es más alta que en la década de 1960. El horizonte temporal del mercado de valores de Estados Unidos es tan largo como siempre, a juzgar por la parte de su valor derivado de las ganancias a largo plazo. Las empresas Jam-tomorrow como Amazon y Netflix están de moda. Pero algunas de las críticas suenan ciertas. La participación de los trabajadores en el valor que las empresas crean ha disminuido. Los consumidores a menudo obtienen un mal trato y la movilidad social se ha hundido.

De todos modos, la reacción popular e intelectual contra el valor de los accionistas ya está alterando la toma de decisiones corporativas. Los jefes respaldan causas sociales que son populares entre los clientes y el personal. Las empresas están desplegando capital por razones distintas a la eficiencia: Microsoft está financiando $ 500 millones en nuevas viviendas en Seattle. El presidente Donald Trump se jacta de jefes desconcertantes sobre dónde construir fábricas. Algunos políticos esperan ir más allá. Elizabeth Warren, una contendiente demócrata para la Casa Blanca, quiere que las empresas tengan una licencia de constitución federal para que, si abusan de los intereses del personal, los clientes o las comunidades, sus licencias puedan ser revocadas. Todo esto presagia un sistema en el que las grandes empresas establecen y persiguen objetivos sociales amplios, no su estrecho interés propio.

Eso suena bien, pero el capitalismo colectivo sufre dos trampas: la falta de accountability [responsabilidad y rendición de cuentas] y la falta de dinamismo.

Considere accountability primero. No está claro cómo los gerentes deberían saber qué quiere la “sociedad” de sus empresas. Lo más probable es que los políticos, los grupos de campaña y los directores ejecutivos mismos decidan, y que la gente común no tenga voz. En los últimos 20 años, la industria y las finanzas han estado dominadas por grandes empresas, por lo que un pequeño número de líderes empresariales no representativos terminarán con un inmenso poder para establecer objetivos para la sociedad que van mucho más allá de los intereses inmediatos de su empresa.

El segundo problema es el dinamismo. El capitalismo colectivo se aleja del cambio. En un sistema dinámico, las empresas tienen que abandonar al menos algunas partes interesadas: una cantidad debe reducirse para reasignar capital y trabajadores de industrias obsoletas a nuevas. Si, por ejemplo, se aborda el cambio climático, las empresas petroleras enfrentarán enormes recortes de empleos. Los fanáticos de los gigantes corporativos de la era gerencial en la década de 1960 a menudo olvidan que AT&T estafó a los consumidores y que General Motors fabricaba automóviles obsoletos e inseguros. Ambas empresas incorporaron valores sociales que, incluso en ese momento, eran tensos. Fueron protegidos en parte porque cumplieron objetivos sociales más amplios, ya sea trabajos para toda la vida, ciencia de clase mundial o apoyo al tejido de Detroit.

La manera de hacer que el capitalismo funcione mejor para todos no es limitar la responsabilidad y el dinamismo, sino mejorarlos a ambos. Esto requiere que el propósito de las compañías sea establecido por sus dueños, no por ejecutivos o activistas. Algunos pueden obsesionarse con los objetivos a corto plazo y los resultados trimestrales, pero eso generalmente se debe a que están mal administrados. Algunos pueden seleccionar objetivos caritativos, y buena suerte para ellos. Pero la mayoría de los propietarios y empresas optarán por maximizar el valor a largo plazo, ya que es un buen negocio.

También requiere que las empresas se adapten a las preferencias cambiantes de la sociedad. Si los consumidores quieren café de comercio justo, deberían obtenerlo. Si los graduados universitarios evitan las compañías poco éticas, los empleadores tendrán que ponerse en forma. Una buena manera de hacer que las empresas sean más receptivas y responsables sería ampliar la propiedad. La proporción de hogares estadounidenses con exposición al mercado de valores (directamente o mediante fondos) es solo del 50%, y las tenencias están muy sesgadas hacia los ricos. El sistema tributario debería alentar una mayor participación en las acciones. Los beneficiarios finales de los planes de pensiones y los fondos de inversión deberían poder votar en las elecciones empresariales; este poder no debe ser subcontratado a unos pocos barones en la industria de gestión de activos.

La rendición de cuentas solo funciona si hay competencia. Esto reduce los precios, aumenta la productividad y garantiza que las empresas no puedan mantener durante mucho tiempo ganancias anormalmente altas. Además, alienta a las empresas a anticipar las preferencias cambiantes de los clientes, trabajadores y reguladores, por temor a que un rival llegue primero.

Desafortunadamente, desde la década de 1990, la consolidación ha dejado a dos tercios de las industrias en Estados Unidos más concentradas. Mientras tanto, la economía digital parece tender hacia el monopolio. Si las ganancias fueran históricamente normales y los trabajadores del sector privado obtuvieran el beneficio, los salarios serían un 6% más altos. Si echa un vistazo a la lista de los 180 signatarios estadounidenses esta semana, muchos están en industrias que son oligopolios, incluidas tarjetas de crédito, televisión por cable, venta minorista de drogas y aerolíneas, que cobran demasiado a los consumidores y tienen una reputación abismal de servicio al cliente. Como era de esperar, ninguno está interesado en reducir las barreras de entrada.

Por supuesto, una economía sana y competitiva requiere un gobierno efectivo, para hacer cumplir las normas antimonopolio, para acabar con el cabildeo y el amiguismo excesivos de hoy, para abordar el cambio climático. Esa buena política no existe en la actualidad, pero la respuesta no es empoderar a los jefes de las grandes empresas para que actúen como un conveniente sustituto. El mundo occidental necesita innovación, propiedad ampliamente difundida y empresas diversas que se adapten rápidamente a las necesidades de la sociedad. Ese es el tipo de capitalismo realmente ilustrado. Lampadia

El gran proyecto chino de infraestructuras globales (Road and Belt), ha generado una airada reacción de EEUU para tratar de evitar su despliegue. Veamos, por ejemplo, como el jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EEUU, el almirante Craig Faller, le pide a Chile que limite sus desarrollos con China:

“Chile rechaza crítica de que cambie soberanía por inversiones chinas
(EFE) El ministro de Defensa de Chile, Alberto Espina, aseguró este miércoles que su país “jamás” cedería su soberanía ante China, a pesar de las advertencias de EEUU, que considera que las recientes inversiones del gigante asiático en Latinoamérica se producen a costa de su independencia.
El funcionario reconoció que China “es un país que tiene una relación comercial muy importante para Chile”, pero asimismo defendió la importancia de EEUU como “socio estratégico”.
“Chile tiene excelentes relaciones con China y excelentes relaciones con EEUU”, dijo Espina, apenas un par de horas después de recibir al comandante del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EEUU, el almirante Craig Faller, quien se encontraba de visita oficial en Santiago.
Faller, que a lo largo de la semana ha visitado Argentina y Chile, ha insistido con vehemencia en la “amenaza” que supone Beijing para la región y ha denunciado en distintos foros que las relaciones comerciales con China suelen producirse en condiciones “desfavorables””.
Gestión, 27 de junio de 2019

Viendo las cosas con perspectiva, apenas iniciado el gobierno de PPK, en su viaje a China, se desbarató el gran proyecto del tren China-Brasil-Perú, con razones falaces e inconsistentes. Un tren que entraba al Perú a la altura de Pucallpa, subía por la carretera Marginal, atravesaba la cordillera por el abra de Porcuya y llegaba al Pacífico por Bayovar. En su momento, Lampadia denunció este grave error, pero el gobierno hizo oídos sordos. Ver:

Perú impide desarrollo ferrocarrilero con China y Brasil

El Perú desecha tren China-Brasil-Perú

Entre tren y tren se va, se va… el tren

Al futuro se va en tren… a pesar de los lobbies

Entonces sospechamos que el rechazo del macro proyecto era por favorecer a EEUU. PPK y su gobierno habrían malogrado el desarrollo ferroviario para satisfacer los deseos de EEUU de debilitar la presencia de China en la región. De ser así, estaríamos ante una decisión que linda con la traicion a la patria.

A la luz de las recientes gestiones de EEUU en la región, la cosa queda muy clara. EEUU saboteará la presencia de China en la región, si se lo permitimos. Los intereses del Perú tienen que estar más allá de los de EEUU. Nosotros necesitamos mantener excelentes relaciones con ambos. Un equilibrio complicado, pero no cabe otra agenda.

Veamos un reciente artículo de The Economist que muestra los afanes de EEUU en su relación con China:

Armas de destrucción masiva
EEUU está desplegando un nuevo arsenal económico para afirmar su poder

Eso es contraproducente y peligroso

The Economist
6 de junio, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

Cuando Donald Trump llegó a la Oficina Oval, prometió restaurar el poder de los EEUU. Su método ha resultado ser un arma mayorista de herramientas económicas. El mundo ahora puede ver la asombrosa fuerza que una superpotencia puede proyectar cuando no está restringida por reglas o aliados. El 30 de mayo, el presidente amenazó con paralizar los aranceles en México luego de una disputa sobre la migración. Los mercados se tambalearon y una delegación mexicana se apresuró a Washington para demandar por la paz. Un día después se cancelaron las normas comerciales preferenciales para la India. Su gobierno usualmente machista no se opuso y prometió preservar “lazos fuertes”. China se enfrenta a un aumento de los aranceles pronto, y su gigante tecnológico, Huawei, ha sido separado de sus proveedores estadounidenses. Los líderes autocráticos del país están furiosos, pero el 2 de junio insistieron en que todavía buscan “diálogo y consulta”. Un embargo más estricto sobre Irán, impuesto sobre las objeciones europeas, está estrangulando su economía.

El presidente Trump debe ver esta escena con satisfacción. Ya nadie da por sentado a EEUU. Los enemigos y amigos saben que está preparado para desatar un arsenal económico para proteger su interés nacional. EEUU está implementando nuevas tácticas, una habilidad al estilo del póker, y nuevas armas que explotan su papel como el centro neurálgico de la economía global para bloquear el libre flujo de bienes, datos, ideas y dinero a través de las fronteras. Esta visión inflada de una superpotencia del siglo XXI puede ser seductora para algunos. Pero podría desencadenar una crisis y está erosionando el activo más valioso de los EEUU: su legitimidad.

Se podría pensar que la influencia de EEUU proviene de sus 11 portaaviones, 6,500 ojivas nucleares o su papel de ancla en el FMI. Pero también es el nodo central en la red que sustenta la globalización. Esta malla de empresas, ideas y estándares refleja y magnifica la destreza estadounidense. Aunque incluye bienes comercializados a través de cadenas de suministro, es principalmente intangible. EEUU controla o hospeda más del 50% del ancho de banda transfronterizo, el capital de riesgo, los sistemas operativos de teléfono, las principales universidades y los activos de gestión de fondos del mundo. Alrededor del 88% de las operaciones con divisas utilizan billetes verdes. En todo el planeta es normal usar una tarjeta Visa, facturar en dólares, dormir junto a un dispositivo con un chip de Qualcomm, ver Netflix y trabajar para una empresa en la que BlackRock invierte.

Los extranjeros aceptan todo esto porque, en general, los mejora. Es posible que no establezcan las reglas del juego, pero obtienen acceso a los mercados estadounidenses y un trato justo junto con las empresas estadounidenses. La globalización y la tecnología han hecho que la red sea más poderosa, aunque la participación de EEUU en el PBI mundial ha disminuido, de 38% en 1969 a 24% en la actualidad. China aún no puede competir, a pesar de que su economía se está acercando al tamaño de EEUU.

A pesar de esto, Trump y sus asesores están convencidos de que el orden mundial está amañado contra EEUU, señalando su cinturón de óxido y su déficit comercial. Y en lugar de imitar las tácticas relativamente moderadas del último conflicto comercial, con Japón en la década de 1980, han redefinido cómo funciona el nacionalismo económico.

Primero, en lugar de utilizar los aranceles como herramienta para obtener concesiones económicas específicas, se están implementando continuamente para crear un clima de inestabilidad con los socios comerciales de EEUU. El objetivo de los nuevos aranceles mexicanos, menos migrantes que cruzan el Río Bravo, no tiene nada que ver con el comercio. Y rompen el espíritu del USMCA, un acuerdo de libre comercio firmado por la Casa Blanca hace solo seis meses, que reemplazará al NAFTA (el Congreso aún tiene que ratificarlo). Junto a estas grandes peleas hay un aluvión constante de actividad insignificante. Los funcionarios se han visto perjudicados por las lavadoras extranjeras y las importaciones canadienses de madera blanda.

En segundo lugar, el alcance de la actividad se ha extendido más allá de los bienes físicos al armar la red de EEUU. Los enemigos directos como Irán y Venezuela enfrentan sanciones más estrictas: el año pasado se agregaron a la lista 1,500 personas, empresas y embarcaciones, una cifra récord. El resto del mundo se enfrenta a un nuevo régimen de tecnología y finanzas. Una orden ejecutiva prohíbe las transacciones en semiconductores y software realizadas por adversarios extranjeros, y una ley aprobada el año pasado conocida como FIRRMA controla la inversión extranjera en Silicon Valley. Si una empresa está en la lista negra, los bancos generalmente se niegan a tratar con ella, cortándola del sistema de pagos en dólares. Eso es paralizante, como descubrieron dos empresas, ZTE y Rusal, brevemente, el año pasado.

Dichas herramientas solían reservarse para tiempos de guerra: las técnicas legales utilizadas para la vigilancia del sistema de pagos se desarrollaron para cazar a Al Qaeda. Ahora una “emergencia nacional” ha sido declarada en tecnología. Los funcionarios tienen discreción para definir qué es una amenaza. Aunque a menudo atacan a empresas específicas, como Huawei, otras se están asustando. Si dirige una empresa global, ¿está seguro de que sus clientes chinos no están a punto de ser incluidos en la lista negra?

El daño a la economía de EEUU hasta ahora ha sido aparentemente pequeño. Los aranceles causan agonía en centros de exportación como el norte de México, pero incluso si Trump impone todos sus aranceles amenazadores, el impuesto a las importaciones valdría solo alrededor del 1% del PBI de EEUU. Sus índices de votación en su país se han mantenido, incluso cuando se han desplomado en el extranjero. Sus funcionarios creen que el experimento de armar la red económica de EEUU apenas ha comenzado.

De hecho, la cuenta va en aumento. EEUU podría haber construido una coalición global para presionar a China para que reforme su economía, pero ahora ha desperdiciado una buena voluntad. Los aliados que buscan nuevos acuerdos comerciales con EEUU, incluido el Reino Unido posterior al Brexit, se preocuparán de que un tuit presidencial pueda dañarlo después de que se haya firmado. La represalia en especie ha comenzado. China ha comenzado su propia lista negra de empresas extranjeras. Y el riesgo de un error torpe que provoca un pánico financiero es alto. Imagínese si EEUU prohibiera el comercio de acciones chinas en Nueva York por US$ 1 trillón o cortara bancos extranjeros.

A largo plazo, la red liderada por EEUU está bajo amenaza. Hay indicios de motín: de los 35 aliados militares europeos y asiáticos, solo tres han aceptado hasta ahora prohibir a Huawei. Los esfuerzos para construir una infraestructura global rival se acelerarán. China está creando sus propios tribunales para resolver disputas comerciales con extranjeros. Europa está experimentando con la construcción de un nuevo sistema de pagos para sortear las sanciones de Irán, que podrían ser utilizadas en otros lugares. China, y eventualmente la India, estará dispuesta a poner fin a su dependencia de los semiconductores de Silicon Valley. Trump tiene razón en que la red de EEUU le otorga un gran poder. Tomará décadas, y costará una fortuna, reemplazarla. Pero si abusas de ella, al final la perderás. Lampadia

La lucha por la hegemonía global de China – potenciada en los últimos años por la guerra comercial que disputa con EEUU (ver Lampadia: La Guerra contra Huawei, EEUU vs. China: ¿Una Nueva Guerra Fría?, Se agrava la guerra comercial EEUU – China) – incluye iniciativas estatales que abarcan diversos campos como el tecnológico, con iniciativas como “Made in China 2025”, y el campo de la seguridad y defensa como los convenios de armas nucleares firmados con Rusia recientemente, por destacar algunos.

En el campo de la inversión en infraestructura, se destaca la “Belt and Road Initiative” (en adelante, BRI), que consiste en brindar financiamiento para la construcción de grandes proyectos en varios países, a través de inversiones o la toma de deuda con China, constituyéndose como una importante herramienta de política que ha permitido al gigante asiático canalizar sus excedentes recursos financieros.

¿Cuál es la naturaleza del BRI, cuyo origen se remonta al 2014, y cuáles son sus prospectos a futuro? ¿Podría potenciar la inversión en infraestructura de nuestro país si formásemos parte de dicha iniciativa?

Un reciente artículo escrito por Yasheng Huang – Profesor del Programa Internacional en Economía y Negocios Chinos y Profesor de Economía Internacional y Gestión en la MIT Sloan School of Management – y publicado por Project Syndicate (ver artículo líneas abajo), destaca al BRI como un fondo dedicado a proyectos de infraestructura en países con poco potencial económico e inclusive con regímenes autoritarios y con un stock de capital humano de baja calidad. Sin embargo, es esta misma característica la que refleja el alto riesgo del que son capaces de asumir los acreedores chinos, además del carácter de muy largo plazo sobre el cual realizan sus inversiones.

Y es esta misma característica también la que nuestro país puede aprovechar para potenciar su inversión en infraestructura.

¿En qué sentido?

Los grandes proyectos en infraestructura de largo plazo en nuestro país lamentablemente han sido desechados en el pasado. Un ejemplo emblemático de ello fue el Tren China-Brasil-Perú (ver Lampadia: Perú impide desarrollo ferrocarrilero con China y Brasil), un proyecto ferroviario con un impacto ambiental mínimo, a cero costo para el Perú y que hubiera creado una vía eficiente de transporte para el emporio selvático peruano del Valle del Huallaga, la zona minera del norte y los fosfatos de Bayovar, hacia Brasil. Lamentablemente el proyecto del tren – que podría haber consolidado nuestra relación económica y de inversiones con el gigante asiático por su interés en apoyarlo – fue saboteado por el gobierno de PPK-Vizcarra, lo cual habría beneficiado a EEUU al limitar el avance de China en nuestro país para potenciar el crecimiento.

En ese sentido y ante la falta de decisión de otras naciones extranjeras para contribuir con el financiamiento de este tipo de inversiones en nuestro país, urge pues retomar nuestra relación con China; y una vía podría ser a través del BRI, lo cual impulsaría los proyectos de infraestructura de largo plazo – como el Tren Perú-Brasil-China – que tanta falta hacen en nuestro país, y no estar jugando a favorecer los proyectos bolivianos. Lampadia

¿Puede el Belt and Road convertirse en una trampa para China?

Yasheng Huang
Project Syndicate
22 de mayo, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

A través de su Iniciativa Belt and Road (BRI por sus siglas en inglés), China está estableciendo vínculos con algunos de los países más autoritarios, económicamente opacos y económicamente atrasados. En lugar de exponerse a riesgos políticos, económicos y de impago masivos, los responsables políticos chinos deberían buscar reparar las relaciones con Occidente.

Los críticos a menudo afirman que China está utilizando su masiva “Iniciativa Belt and Road”(en adelante, BRI) como una forma de “diplomacia de trampa de deuda” para ejercer el control sobre los países que se unen a su esquema de inversión transnacional en infraestructura. Este riesgo, como señaló recientemente Deborah Brautigam de la Universidad John Hopkins, es a menudo exagerado por los medios de comunicación. De hecho, el BRI puede tener un tipo de riesgo diferente, para la propia China.

En la reciente cumbre del BRI en Beijing, el presidente chino Xi Jinping pareció reconocer la crítica de la “trampa de la deuda”. En su discurso, Xi dijo que “construir una infraestructura de alta calidad, sostenible, resistente a los riesgos, de precio razonable e inclusiva ayudará a los países a utilizar plenamente sus dotaciones de recursos”.

Esta es una señal alentadora, ya que muestra que China se ha vuelto más consciente de las implicaciones de la deuda del BRI. Un estudio realizado por el Centro para el Desarrollo Global concluyó que ocho de los 63 países que participan en el BRI están en riesgo de “problemas de deuda”.

Pero como John Maynard Keynes lo expresó de manera memorable: “Si le debes a tu banco cien libras, tienes un problema. Pero si usted le debe a su banco un millón de libras, él lo tiene”. En el contexto del BRI, China puede convertirse en el banquero a quien se le debe un millón de libras.

En particular, China puede ser víctima del “modelo de negociación obsolescente”, que establece que un inversor extranjero pierde poder de negociación a medida que invierte más en un país anfitrión. Los proyectos de infraestructura como los del BRI son un ejemplo clásico, porque son voluminosos, están atornillados al suelo y tienen un valor económico cero si se dejan incompletos.

Como era de esperar, algunos países socios del BRI ahora exigen renegociar los términos, y generalmente después de que los proyectos han comenzado. China puede verse obligada a ofrecer concesiones cada vez más favorables para mantener los proyectos en marcha. A mediados de abril, por ejemplo, Malasia anunció que un importante proyecto ferroviario BRI, suspendido por el gobierno después de las elecciones del año pasado, ahora se llevaría a cabo “después de la renegociación”. Es probable que otros países BRI también soliciten el perdón de la deuda y las cancelaciones, cuyos costos serán en última instancia a cargo de los ahorradores chinos.

El BRI puede tener costos ocultos adicionales para China en el futuro. Para empezar, es extraordinariamente difícil ganar dinero en proyectos de infraestructura. Existe la creencia generalizada de que la inversión en infraestructura potencia el crecimiento económico, pero la evidencia de esto es débil. De hecho, la propia China construyó gran parte de su infraestructura actual después de que su crecimiento hubiera despegado. En los años 80 y 90, por ejemplo, China creció mucho más rápido que India a pesar de tener una red ferroviaria más corta. Según el Banco Mundial, en 1996 China tenía 56,678 kilómetros (35,218 millas) de líneas ferroviarias, e India tenía 62,915 kilómetros. El crecimiento chino no fue impulsado por la infraestructura, sino por reformas e inversiones de capital humano. Si el crecimiento no se materializa en los países BRI, las empresas chinas pueden terminar soportando los costos.

Además, muchos de los países socios del BRI de China son riesgosos, incluido Pakistán, uno de los principales receptores de inversiones en el marco del plan. Además de sus altos riesgos políticos, económicos y de incumplimiento, el país también puntúa mal en los indicadores de educación. Según un informe, Pakistán ocupó el puesto 180 entre los 221 países en alfabetización. Esta es una bandera roja potencial para las inversiones chinas en Pakistán, porque la investigación sugiere que las inversiones en infraestructura física promueven el crecimiento solo en países con altos niveles de capital humano. La propia China se benefició de sus inversiones en infraestructura porque también había invertido mucho en educación.

Tampoco debe compararse el BRI con el Plan Marshall, el programa de ayuda de EEUU para ayudar a reconstruir Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial, como un ejemplo de cómo los proyectos de inversión a gran escala pueden impulsar el crecimiento. El Plan Marshall fue tan exitoso – y a una fracción del costo del BRI – porque ayudó a los países generalmente bien gobernados que habían sido interrumpidos temporalmente por la guerra. La ayuda actuó como un estímulo que desencadenó el crecimiento. Varios de los países BRI, por el contrario, están plagados de problemas económicos y de gobernabilidad y carecen de requisitos básicos para el crecimiento. Solo construir su infraestructura no será suficiente.

Finalmente, el BRI probablemente fortalecerá aún más el sector estatal de China, aumentando así una de las amenazas a largo plazo para su economía. Según un estudio realizado por el American Enterprise Institute, las empresas privadas representaron solo el 28% de las inversiones del BRI en el primer semestre de 2018 (últimos datos disponibles), un 12% menos que en el mismo período de 2017.

La escala masiva del BRI, junto con la falta de rentabilidad del sector estatal de China, significa que los proyectos bajo el esquema pueden necesitar un apoyo sustancial de los bancos chinos. Las inversiones del BRI inevitablemente competirían por los fondos, y por los cada vez más valiosos recursos de divisas, con el sector privado nacional de China, que ya enfrenta una alta carga fiscal y las tensiones de la guerra comercial con EEUU.

Además, las empresas occidentales, un componente importante del sector privado de China, se están retirando del país. Varias compañías estadounidenses, entre ellas Amazon, Oracle, Seagate y Uber, así como Samsung y SK Hynix de Corea del Sur, y Toshiba, Mitsubishi y Sony de Japón, han reducido sus operaciones en China o han decidido retirarse por completo. En parte como resultado, la inversión extranjera directa de EEUU en China en 2017 fue de US$ 2,600 millones, en comparación con US$ 5,400 millones en 2002.

Este es un desarrollo preocupante. A través del BRI, China está estableciendo vínculos con algunos de los países más autoritarios, opacos financieramente y económicamente atrasados. Al mismo tiempo, una guerra comercial, un sector estatal cada vez más fuerte y el proteccionismo están alejando a China de Occidente.

China ha crecido y desarrollado la capacidad para emprender proyectos BRI precisamente porque abrió su economía a la globalización, a la tecnología y los conocimientos occidentales. En comparación con sus compromisos con Occidente, el BRI puede conllevar riesgos e incertidumbres que podrían llegar a ser problemáticos para la economía china. A medida que la economía china se desacelera y sus perspectivas de exportación están cada vez más nubladas por factores geopolíticos, vale la pena repensar el ritmo, el alcance y la escala del BRI. Lampadia

Yasheng Huang es Profesor del Programa Internacional en Economía y Negocios Chinos y Profesor de Economía Internacional y Gestión en la MIT Sloan School of Management.

Los indicadores de abril pasado muestran mejoras de la economía en varios aspectos, un crecimiento del PBI de 7.8%, acompañado por mayor empleo formal con mejores ingresos, crecimiento de la inversión pública y privada, y crecimiento de la recaudación fiscal, entre otros.

Ver en Lampadia: Un pulso de crecimiento de nuestra briosa economía, donde nuestro director afirmaba que se empiezan a recoger las burbujeantes reacciones de una economía que fue parada a la mala y que mantiene un potencial de crecimiento alto y sostenido. El pulso del crecimiento de abril es un pulso que está en el corazón de todos los peruanos.

Si bien, no podemos proyectar que sigamos creciendo al mismo ritmo, si se puede afirmar que, de mayo en adelante, tendremos mejores indicadores que los de los meses anteriores. Julio Velarde, el Presidente del BCRP, ve una recuperación de la economía “vigorosa” y estima que en mayo podríamos ver un crecimiento de 5%.

Pero lo más importante es que, si analizamos las características de nuestra economía, podemos ver que nuestras fortalezas se están alineando favorablemente. Nuestras exportaciones apuntan a batir record, con un estimado de US$ 52,058 millones este año y US$ 55,181 millones el 2019.

Veamos otros indicadores que acaba de publicar el BCRP en su ‘Reporte de Inflación de junio 2018:

El Perú quiere crecer, pero no lo dejan

Desde el 2011 se frenó el crecimiento y esto se ha ido agravando con otros procesos perversos, que lo único que han logrado es que se pare el desarrollo y la reducción de la pobreza. Los frenos más importantes son:

• El corte de la inversión minera, logrado a pulso por Humala-Heredia-Lerner desde el 2011 y su rebote en la parálisis de la inversión privada.
• La llamada tramitología, que ha literalmente amarrado al país, impidiendo o complicando excesivamente las inversiones.
• La infiltración en el Estado de funcionarios politizados que están más comprometidos con una ideología que con su rol de buscar el bienestar común.
• La complacencia de los gobiernos de Humala y PPK con los movimientos anti-mineros, que han hecho lo que le ha dado la gana, sin asumir los costos por los daños causados.
• La falta de liderazgo por parte del Estado, que deberían explicarle a la población los beneficios de las inversiones privadas.
• Combatir la campaña desestabilizadora del gobierno dirigida por Mercedes Aráoz y Juan Sheput desde las filas del oficialismo. Campaña en la que convergen miembros del establishment político limeño, el cual se siente desconectado del presidente Vizcarra; y las tradicionales acciones levantiscas de nuestras tristes izquierdas, que buscan elecciones inmediatas, constituyentes y tomas del poder producto del caos y el vacío.
• El abandono de buena parte de los medios de comunicación nacionales en manos de operadores anti economía de mercado que todos los días fortalecen un sentido común perverso y anti desarrollo, habiendo renunciado sus accionistas al compromiso que exige el manejo de la prensa.

Pareciera que corregir todo esto es muy difícil, pero solo se necesita que el gobierno de Martín Vizcarra se consolide y tenga la capacidad de entablar un diálogo de pros y cons con la población, para evaluar el impacto de las decisiones dirigidas a re-dirigir al Perú hacia una senda de desarrollo integral. Lampadia

A diferencia de otros países que supieron fijar prioridades y cautelar sus intereses, luego de las revelaciones de corrupción de Odebrecht en el Perú, nuestro gobierno (PPK), hizo todo mal, a pesar de que, un mes antes del DU 003, se le recomendó cómo proceder y evitar riesgos.

Ya que la orientación del DU 003, ‘empoderaba’ al ministerio de Justicia, y tanto PPK como el primer ministro Zavala no dominaban el tema, tenemos que asumir que el decreto fue inspirado por quién entonces estaba a cargo de la cartera, Marisol Pérez, una ministra con agenda propia, que no supo servir los intereses nacionales.

El diseño del DU 003 fue fatal, paralizó obras esenciales, destruyó empleo y quebró empresas, dejando al país sin capacidad de enfrentar la reconstrucción de los impactos causados por el ‘niño costero’, ni de relanzar las inversiones esenciales para recuperar el crecimiento económico.

Peor aún, tuvimos muchas oportunidades para enmendar los errores, pero tanto el gobierno como la oposición de FP se mantuvieron en un juego político suicida. El gobierno de PPK no atinaba a nada, y en FP estaban obnubilados con el deseo de castigar al supuesto monstruo de José Graña MQ y su aludido manejo del (por su lado) absurdo anti-fujimorismo de El Comercio.

Finalmente, a la hora undécima, el MEF logró articular, la Ley 30737, que se conversó con tirios y troyanos, y a la cual no se plantearon mayores objeciones por parte de varios agentes económicos vinculados al problema de la parálisis generada por el DU 003, porque la nueva ley, con todos sus defectos, era mejor que el DU 003 y que el eventual vacío del vencimiento del DU, sin el imperio de una nueva norma.

Pero, como ‘el diablo está en los detalles’, la nueva ley no se ha podido reglamentar hasta ahora, manteniendo un espacio de incertidumbre que solo agrega más daño a todo lo acumulado hasta hoy.

A estas alturas, es mejor ir adelante con el reglamento, pero organizando un grupo de trabajo que incluya al Ejecutivo, Congreso, un par de gobiernos regionales, consultores y constructores, para, en paralelo, ir diseñando un nuevo mecanismo que recoja las observaciones planteadas y se oriente a conjugar los resultados de la norma en función de un arreglo sensato de prioridades.

Anoche el gabinete habría aprobado el reglamento de la ley. Veremos si recoge algunas propuestas de cambio. Mientras tanto, veamos nuestras observaciones:

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY 30737

I. SU ORIENTACIÓN

La Ley 30737 parte de una base errónea, pues prioriza fundamentalmente mecanismos que tratan de asegurar el pago inmediato de las reparaciones civiles a favor del Estado, fijando un 10% del presupuesto de todas las obras públicas manejadas por las empresas sometidas a casos de investigación.

No recoge la importancia para el país, trabajadores, proveedores, de la economía en general, de la necesidad de que las obras públicas paralizadas por los efectos del DU 003, se reanuden y que las distintas entidades del Estado puedan llevar adelante nuevas obras.

Se mantienen bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia, múltiples instancias de gestión vinculadas a los fideicomisos, algo para lo cual no está capacitado y será, sin lugar a dudas, una traba infranqueable para el manejo de las obra y proyectos.

Los otros objetivos declarados en la norma son puramente declarativos, pues el primer objetivo de la norma se opone a su consecución: no incentiva la colaboración eficaz, no evita la paralización de las obras públicas ni las de las asociaciones público privadas, y no evita la ruptura de la cadena de pagos.

II. ¿POR QUÉ NO FUNCIONARÁ EL REGLAMENTO?

• No se prioriza la obra pública y se queda únicamente en cálculos económicos de la reparación civil sin tomar en cuenta la realidad de las obras paralizadas, ni de los proveedores y trabajadores impagos de construcción civil.
• El monto a colocar en un fideicomiso del 10% del presupuesto de reparación civil es casi siempre superior a la utilidad de las obras contratadas investigadas. Es decir, el pago de la reparación es muy alto respecto del patrimonio, lo cual solo conduce a la quiebra de la empresa. Este monto no debería ser superior al 20% del patrimonio.
• Las empresas al incurrir en montos que exceden el patrimonio no son sujetas a crédito por carta fianza y crean problemas de caja que concluyen en la ruptura de la cadena de pagos y el abandono de las obras. Tengamos presente que si las obligaciones son 2/3 de su patrimonio son declaradas en quiebra formal ante el INDECOPI.
• Las empresas estarían propensas a pérdidas con efectos en el empleo y puestos de trabajo. No olvidemos en las reuniones de las comisiones de Economía y de Justicia que antecedieron a la aprobación de la Ley 30737 se pudo conocer de propia voz del sindicato de trabajadores obreros de construcción civil una pérdida de 100 mil puestos de trabajo debido a la paralización de obras y 60,000 trabajadores impagos, así como de la Asociación de Proveedores de Odebrecht que señaló que a esa fecha ya habían quebrado 169 empresas peruanas que habían dado servicio a la contratista brasileña.
• No se puede cumplir los objetivos de la norma por exagerar la reparación civil. Por esta razón, sigue creciendo el círculo vicioso de la incertidumbre ante los actores económicos, quienes no podrían definir el riesgo de una organización pues sería irrelevante saber si ejecutó un proyecto cuestionado o no, y tiraría por los suelos la posibilidad de recuperar la confianza de los decisores económicos para el sector construcción.

III. ¿QUÉ SE DEBE HACER PARA QUE FUNCIONE?

Se necesita un régimen simple aplicable a las empresas investigadas que permita asegurar la separación de activos y los recursos a un fideicomiso que garanticen al Estado la reparación civil en caso resulten culpables, pero a su vez debe evitar que esas mismas empresas terminen estranguladas por la ley y quiebren. Porque una empresa quebrada no paga reparación civil, ni proveedores ni trabajadores, y mucho menos concluye los proyectos de infraestructura a su cargo.

El proyecto de reglamento debe incluir:

• El incentivo a la colaboración eficaz
• La estrategia para evitar la paralización de las obras
• El blindaje de la cadena de pagos

Las empresas investigadas deben sobrevivir, concluir sus proyectos, pagar sus deudas y destinar todo recurso que no se use para pagar la reparación civil. Solo así se logrará la meta integral de la ley. No al revés.

Con ese objetivo propusimos en Lampadia, en enero de 2017, la figura del interventor, recogida a medias en la ley, sin darle el peso adecuado como veedor, el interventor tendría que auditar la contabilidad de cada empresa y/o proyecto, y verificar el buen uso de los recursos. Que una empresa que está siendo investigada no pueda usar ni un centavo para repartir dividendos o utilidades. Que ningún accionista pueda recuperar los préstamos hechos. Y que año a año esos recursos remanentes sean destinados al fideicomiso que garantiza el pago de la reparación civil. Y no por 5 años como indica el reglamento, sino por todos los años que se requiera, hasta llegar a completar el 100% de la reparación civil calculada.

Solo así se logrará recuperar la confianza del sistema financiero, que hoy se encuentran a espaldas al sector construcción.

Ver en Lampadia:

A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente)

DS 003 y PL 1410, despropósitos y pasiones

DU 003, fiducias, confusiones e irresponsabilidades

Del 003 a la Ley Frankenstein

Lampadia

Como hemos explicado en anteriores ocasiones, en el Perú se sigue desnaturalizando la relación de algunas grandes empresas con el Estado.

• “Las grandes empresas no pagan impuestos”: Se ha creado el ‘San Benito’ de que las grandes empresas no pagan impuestos. Pero la verdad es todo lo contrario, los ingresos fiscales están concentrados en muy pocas empresas, las más grandes y formales.

• Intervencionismo Siglo XXI: Desde los albores del siglo, el voluntarismo político ha ido generando un nuevo intervencionismo del Estado en todos nuestros mercados. La actividad privada de estos días, está tremendamente limitada y desalentada.
   
• Ninguneo del sector privado: Nuestros políticos y funcionarios públicos no entienden las medidas de nuestra economía. Hoy, gracias a las reformas económicas de los años 90, tenemos una economía conectada al mundo, en la cual la inversión privada da cuenta del 80-90% de la inversión, 80% del empleo, y 90% de los ingresos fiscales. Sin embargo, se sigue pensando que el futuro de la economía depende de lo que se haga en el ámbito del Estado.
   
• La invasión de asesores estatistas: Desde el año 2000, el Estado ha sido ocupado por muchos funcionarios y asesores de orientación estatista. Esta tendencia se exacerbó notoriamente en el gobierno de Humala-Heredia, algo que no corrigió el gobierno de PPK. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, bajo la dirección del estatista Jaime Saavedra, batió el record de consultorías, dedicando buena parte del presupuesto a contratar asesores de la PUCP, de orientación anti-inversión-privada en educación.

  Por ejemplo, hace un año, el entonces primer ministro Fernando Zavala, reportó que:

  “Durante el 2016, el Ejecutivo contrató servicios de consultorías, asesorías y similares con personas jurídicas por S/ 500 millones. En tanto, contrató estos servicios con personas naturales por S/ 622 millones, por lo que ambos conceptos suman S/ 1,122 millones.

  En el devengado por personas jurídicas, quienes más contrataron fueron la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) por S/ 138 millones. Esto provino principalmente de las consultorías contratadas por Osinergmin, Ositran y Devida, informó hoy martes el primer ministro Fernando Zavala ante la comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República el Congreso.

  En segundo lugar, el ministerio de Educación contrató S/ 90 millones, el MEF S/ 88 millones, el MTC S/ 78 millones y el ministerio de Comercio Exterior y Turismo S/ 17 millones”.
  Gestión: 16 de mayo, 2017

El recorte de gastos anunciado por el gobierno de Vizcarra, se concentra en gran medida en el sector educación. Suponemos y esperamos que se esté corrigiendo esta infiltración desde la PUCP.

• Acoso a la inversión privada: En los últimos años, no solo se ha estado haciendo la vida imposible a la inversión privada, también se ha estado haciendo una suerte de acoso a las grandes empresas, desde la Sunat.

Por ejemplo: luego de las tardías verificaciones tributarias que conduce la Sunat, sus funcionarios han desarrollado interpretaciones fiscalistas, abusivas en muchos casos, como desconocer los gastos de cobranza de bancos y telecoms, por supuestas fallas documentarias absurdas. Este tipo de observaciones dio lugar a acotaciones de impuestos, más multas e intereses, que generaron enfrentamientos que han servido para acusar a las grandes empresas de no querer pagar impuestos.
Lo mismo pasó con el sector minero, con antojadizas interpretaciones de los contratos de estabilidad tributaria.
Ver en Lampadia: Herencia que la SUNAT y el MEF deben recusar y Sobre deudas, acotaciones y litigios.

• De satélites y procuradores: Recientemente, se ha producido un nuevo caso de acoso a las operaciones del sector privado. En esta ocasión, en relación a los servicios satelitales usados por las empresas de telecomunicaciones.

La Corte Suprema de Justicia, contrariando los criterios técnicos de la Intendencia Jurídica de la Sunat, del Tribunal Fiscal, y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha establecido que los operadores satelitales no domiciliados en el Perú, están sujetos al Impuesto a la Renta.

Este fallo ha sido posible por la insistencia procesal del Procurador de la Sunat, que ha llevado el caso hasta la Corte Suprema. O sea, el abogado del Estado, en contra de las decisiones del Estado.

Esta decisión afecta la predictibilidad del espacio tributario, la viabilidad de los servicios de comunicaciones en las localidades más remotas del país, y sigue alimentando criterios equivocados sobre las condiciones para hacer negocios en el Perú.

• No hay primera sin segunda, ni tercera: Este caso está manejado por el mismo procurador que, en los casos contenciosos mencionados líneas arriba, salía en los medios de comunicación a acusar a las grandes empresas de no querer pagar impuestos. Alimentando así, de argumentos perversos, a los enemigos de la economía de mercado y de su principal motor, la inversión privada.

Ahora que estamos en una crisis de ‘vacas flacas’ en el Estado, es hora de que en el gobierno se prendan algunas luces que iluminen a la población y marquen el camino de los funcionarios públicos, para que podamos recuperar la senda del bienestar.

Basta de acosar a la inversión privada. Los empresarios no son una fuerza de ocupación extranjera, sino, nuestros mejores socios para promover la inversión, el empleo y el crecimiento de los recursos fiscales. Lampadia