(Artículo 2 de una serie de 3)
Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

La legitimidad de toda actividad económica se juega a lo largo del tiempo, en una lucha que se da todos los días del año y durante muchos años. Esta depende de las opiniones que se van construyendo por líderes de opinión, sociedad civil, medios de comunicación, y público en general. Los pos-extractivistas (grupos contrarios a la actividad minera y al crecimiento productivo en general) y sus aliados están en una lucha de largo plazo para inviabilizar o restringir la mayor parte de la inversión minera en grandes proyectos.

Muchas empresas confiadas en su poder económico y en sus contactos con el Estado y con las elites políticas, creen que estos activistas no serán capaces de afectar sus actividades. El efecto individual de las diversas iniciativas de las organizaciones anti-mineras en el corto plazo puede ser débil pero su dedicación y esfuerzo sostenido terminan teniendo un gran efecto en el largo plazo.

El efecto acumulado del activismo anti-minero termina afectándoles, ya sea por la paralización directa de proyectos mineros o por el incremento del riesgo social que enfrentan sus proyectos. Ese riesgo implica que dichos proyectos se posterguen por muchos años y que requieran de mayores tasas de rentabilidad para tener acceso para financiamiento. El resultado de esas postergaciones o paralizaciones es el freno al desarrollo del país.

Hemos identificado tres iniciativas que los anti-mineros están desplegando en estos momentos. Todas buscan erosionar la legitimidad del sector minero. Esas iniciativas son:

• “La vida no vale un cobre”
• “Criminalización de Defensores”
• “Devoluciones Mineras”

Cada una de estas iniciativas se articula alrededor de una herramienta central (estudio o documental), para posteriormente generar derivados comunicacionales que llegan a los líderes de opinión, canalizando sus ideas a la prensa, para terminar impactando sobre la opinión pública y sobre los políticos.

Con esas campañas los grupos hostiles a la minería van creando paulatinamente una opinión negativa respecto al sector minero en el periodismo, en el Estado, en la juventud y en la población en general. Esta opinión negativa termina afectando a la industria de diversas maneras: predispone a periodistas en contra la industria, fomenta que políticos hagan leyes hostiles y promueve que funcionarios públicos hagan regulaciones adversas a la minería. Esas campañas, además, sirven de estrategias para la captación de fondos y para capturar cuadros entre la juventud peruana.

En un artículo anterior hablamos de la campaña “La Vida no Vale un Cobre”. La segunda iniciativa identificada consiste en la campaña “Criminalización de Defensores” que tiene por efecto, de ser exitosa, generar condiciones de un mayor nivel de impunidad a los activistas anti-mineros frente a potenciales acciones violentas o de uso de fondos públicos.

“Criminalización de Defensores”:

Parte del accionar de los anti-mineros consiste en la realización de acciones ilegales, muchas veces violentas, como bloqueo de carreteras, uso de fondos públicos para financiar sus actividades, intimidación física de la población, destrucción de propiedad privada, usurpación de terrenos y detenciones arbitrarias. Los casos en los que se ha manifestado esta clase de acciones han sido numerosos.[1]

Las acciones ilegales descritas son útiles a los anti-mineros en múltiples aspectos. Les permiten obtener recursos, generar ocasiones de violencia que favorecen su victimización, generar imágenes de caos que derivan en costos políticos que doblegan la voluntad política del gobierno central y hacer uso de la fuerza para consolidar su hegemonía política local. Si los anti-mineros tuvieran que enfrentar el imperio de la ley, en el grado que se da en otras latitudes, su capacidad para ejercer presión política y obtener recursos se vería severamente disminuida. Por ello, la impunidad para sus actos ilegales es sumamente importante.

Por supuesto, los anti-mineros no lo ven así. Ellos se imaginan enfrentando un orden legal injusto y un aparato represivo del Estado, que se encuentra al servicio de las empresas mineras y contrarios a los derechos de la población. Por ello, las medidas del Estado contra dirigentes anti-mineros responsables de acciones violentas e ilegales son consideradas por ellos y sus aliados como la “criminalización de la protesta social”.

En el caso de esta campaña, el producto que aglomera sus argumentos discursivos es el documento: “Una receta para criminalizar: personas defensoras del ambiente, el territorio y la tierra en Perú y Paraguay”[2]

La propuesta principal del texto, de acuerdo a la sumilla de presentación, es:

“Las personas defensoras de derechos humanos que ejercen su trabajo en relación con el acceso a la tierra y los derechos al territorio y al medio ambiente en Perú y Paraguay realizan sus actividades en contextos hostiles. En ambos países, los individuos y las comunidades que luchan por proteger el agua y acceder a la tierra son estigmatizados y su labor es desacreditada a través de declaraciones públicas y rumores. Sus comunidades son desalojadas a la fuerza de donde viven o enfrentan el riesgo de ser desalojadas sin las debidas garantías. Finalmente, las personas defensoras enfrentan procesos penales injustos e infundados. Son procesadas y juzgadas sin pruebas por delitos relacionados únicamente con su trabajo de defensa de los derechos humanos. Estos son los ingredientes de la receta para socavar su trabajo e impedirles seguir con la defensa de los derechos humanos.”

Es de resaltar que entre los supuestos abusos sufren estos defensores se encuentran la “estigmatización” que parecería ser la expresión pública de opiniones que entren en severa contradicción con la imagen que el activismo anti-minero plantea dar de estos personajes.

Un ejemplo de lo que se considera como estigmatización es el siguiente fragmento del texto de Amnistía.

A entender de Amnistía, caracterizar a Máxima Acuña de ser una ocupante ilegal, cuando ocupa terrenos que en Registros Públicos están a nombre de Minera Yanacocha, se trata de un acto de agresión a un defensor de los derechos humanos. Esta definición de “estigmatización” se encuentra muy extendida entre algunas organizaciones de derechos humanos para quienes ciertos personajes y actores sociales tienen un valor totémico, son intrínsecamente incapaces de acciones inmorales mas allá de las pruebas, y sus actos deben ser vistos más allá de la ley.

En su segmento de Recomendaciones se hacen un conjunto de peticiones a las autoridades para bridar un status especial a las personas consideradas por ellos y algunas organizaciones ideologizadas, como defensores ambientales. Bajo ese status especial, muchas de sus acciones ilegales en el marco legal de los países, como bloquear una carretera, paralizar actividades económicas de terceros y generar millonarias pérdidas a empresas mineras, serian considerados como parte del ejercicio legítimo de las funciones sociales de un defensor ambiental. Con ese status especial, esas personas son puestas por encima de las otras personas, de las leyes y de las instituciones del país.

Las personas consideradas como “defensores criminalizados” en esta campaña consisten en personajes difusores de la narrativa antiminera ya sea como activistas antimineros o como iconos funcionales para sus fines comunicacionales. Entre los “defensores” cuyos casos son visibilizados se encuentran Oscar Mollohuanca quien fuera protagonista principal de la conflictividad social antiminera en Espinar Cuzco, Cesar Estrada activista antiminero acusado por extorsión y secuestro, y Máxima Acuña, cuyo ícono es funcional a una estrategia de desprestigio generalizado del sector minero.

Esta campaña no se remite únicamente a un documento de Amnistía Internacional. El libro de Rocío Silva Santisteban, “Mujeres y Conflictos Eco-territoriales en América Latina”[3], ha sido presentado en múltiples ciudades del país con cobertura mediática de grupos hostiles a la minería, el libro hace hincapié en la victimización de las “defensoras” frente a supuestos abusos impulsados por empresas mineras, obviamente Máxima Acuña es una protagonista en el texto.

También la organización APRODEH toma acciones en su reporte ““La situación de los derechos humanos en el Perú. Balance y perspectivas desde el mecanismo del examen periódico universal 2017”[4] En dicho reporte se hace mención de la existencia de un proceso de persecución judicial contra los defensores de derechos humanos entre los cuales se encuentran activistas anti-mineros como Milton Sánchez, quien dirige la organización anti-minera Plataforma Interinstitucional Celendina en Cajamarca.

El Instituto de Defensa Legal también realiza acciones alineadas con esta campaña, en su programa radial “No hay Derecho” que es transmitido en las mañanas de lunes a viernes tanto en Lima como en múltiples ciudades del interior. En cada pausa de dicho programa se transmiten spots donde líderes anti-mineros tipificados como “criminalizados” denuncian que sufren persecución e instan a los oyentes a unirse a una campaña en su defensa.

En numerosas audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha llevado a activistas anti-mineros para que brinden sus versiones ante los magistrados de dicha corte.

Mientras los anti-mineros despliegan múltiples campañas, el Estado Peruano no es capaz de contar una historia alternativa que logre justificar su accionar como defensa de la ley y de los pilares de un orden social democrático.

La presentación de documentos no es el único resultado de esta campaña, con ella se entra en contacto con líderes de opinión, funcionarios del Estado, Congresistas e instancias internacionales (Como la Corte Interamericana de Derechos Humanos), ejerciendo influencias en personas con roles críticos en todos esos niveles.

Esto tiene un conjunto de consecuencias potenciales y reales. Presiona a los jueces a dar fallos favorables a los anti-mineros, fomenta una cobertura hostil de la prensa hacia el sector minero y propicia cambios institucionales o regulatorios que dificultan el imperio de la ley en zonas mineras. El objetivo legal definitivo consiste en que se brinde a los “defensores ambientales” un estatus legal especial en el que el grado de impunidad para potenciales actos delictivos se eleve ostensiblemente.

Mientras esta iniciativa se despliega con múltiples líneas de incidencia simultanea el sector minero no realiza acciones efectivas destinadas a justificar legal y éticamente su accionar ni a visibilizar el alto grado de impunidad del accionar violento de muchos antimineros. Una vez más, el sector y sus organizaciones, da muestras su incapacidad para percibir la importancia del la “superioridad moral” en el conflicto político prolongado en el que, a pesar de no quererlo, se encuentra involucrado. Lampadia

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

La legitimidad social de un sector se juega a lo largo del tiempo. Esa legitimidad depende del flujo diario de las opiniones respecto a un sector en la opinión pública, líderes de opinión, sociedad civil, medios de comunicación, y público en general. No es algo que puede revertirse con campañas publicitarias circunstanciales, cuando los problemas se agravan. Es una lucha prolongada, y como tal debe ser analizada.

Los pos-extractivistas y sus aliados están en una lucha global de largo plazo para inviabilizar la gran inversión minera. Gran parte de las grandes empresas mineras subestiman el riesgo que representa para ellos el activismo intelectual de los anti-mineros. Muchas empresas, confiadas en su poder económico y contactos con las elites políticas, creen que estos activistas no serán capaces de afectar sus operaciones en forma significativa.

Sin embargo, los hechos de los últimos años requieren consideración. En El Salvador se ha prohibido la minería metálica, en Costa Rica se prohibió la minería a tajo abierto, y varias provincias de Argentina también se ha vuelto ilegal la minería a tajo abierto. En el Perú no son pocos los proyectos mineros que no pueden ser ejecutados a causa de la conflictividad promovida por los grupos hostiles a la minería. Esos ejemplos nos enseñan que los anti-mineros operan como la erosión geológica. Su fuerza en el corto plazo puede ser débil pero su dedicación y esfuerzo sostenido terminan teniendo un gran efecto en el largo plazo.

Hemos identificado tres iniciativas que los anti-mineros están desplegando que tienen por efecto erosionar la legitimidad del sector minero. Esto ocurre sin que dicho sector tome medidas para mitigar sus efectos, ni mucho menos revertirlos. La falta de respuesta del sector es sintomática de las limitaciones del sector minero para comprender que se encuentra en una lucha de largo plazo contra adversarios determinados e ideológicamente motivados en la que se juega su viabilidad.

Las iniciativas que hemos identificado consisten en tres documentales: “La vida no vale un cobre”, “Criminalización de Defensores” y “Devoluciones Mineras”. Cada una de estas iniciativas articula alrededor de una herramienta central (estudio o documental), para posteriormente generarse derivados comunicacionales que llegan a líderes de opinión, a la prensa y terminan impactando sobre la opinión publica y los políticos. De esta manera se va creando, de manera paulatina, una opinión negativa respecto al sector minero. Esta opinión negativa termina afectando a la industria de diversas maneras. Entre ellas, predispone a periodistas contra la industria, fomenta que políticos hagan leyes hostiles a la minería, que funcionarios públicos hagan regulaciones adversas e incrementa la facilidad de los anti-mineros para obtener cuadros.

En esta primera entrega trataremos sobre el intento de deslegitimar las operaciones cupríferas en el sur del Perú.

“La Vida no Vale un Cobre”

Se trata de una serie de contenidos[i], en general de videos cortos como entrevistas y animaciones en la que se retrata la conflictividad social de la provincia de Espinar, Cusco desde la perspectiva anti-minera. La postura de este documental “transmedia”, como sus autores lo denominan, es evidente, como se ve en el siguiente párrafo extraído del Facebook del documental:[ii]

“#CortoAnimado A través del recorrido de un río una campesina de Espinar, Cusco, muestra como sus ríos se contaminan debido a la actividad minera, y en el camino ella va viendo como los ganados -que son la principal fuente económica para las poblaciones de la zona- están muriendo, mientras la actividad minera va extrayendo y llevando camiones repletos de concentrado de cobre, dejando pobreza y contaminación para ellos.”

Se muestran testimonios en los que se afirma que las actividades mineras, en especial las de Minera Tintaya contaminan la zona. Como resultado de ello está muriendo el ganado, naciendo niños con malformaciones, y acabándose el suministro de agua en la zona.

El caso de la muerte del ganado es bastante llamativo puesto que los pobladores de la zona han enviado varios de los cuerpos de los animales muertos supuestamente debido a la contaminación minera al SENASA para ser evaluados. Cuyo informe [iii] es concluyente:

Este informe fue firmado por múltiples autoridades y lideres locales de Espinar que no tienen reparos en seguir acusando a la minería de acabar con el ganado local. Siendo esta la más recurrente acusación que se realiza localmente contra la actividad minera en la zona.[iv] A pesar de la evidencia empírica el documental continúa insistiendo en su acusación. La mayoría del público no conoce el informe de SENASA y no tiene como saber que las acusaciones contenidas en el documental ya fueron respondidas. En el vacío, los mensajes de los anti-mineros avanzan.

Ellos buscan también replicar el exitoso modelo de la mujer campesina, pobre, defensora del medio ambiente, ya aplicado con “Máxima Acuña” en Cajamarca por el ex cura Arana. En este caso ellos están visibilizando a la campesina Melchora Surco, quien comparte con Máxima la capacidad para acusar a la minería de múltiples abusos en medio de lágrimas. Al igual que en el caso de Máxima sus acusaciones no requieren ser corroboradas puesto que su condición de mujer pobre indígena es suficiente prueba para los pos-extractivistas y sus aliados. Se ha realizado un documental entero sobre la señora y se plantea presentar frente a múltiples públicos.

Este documental fue realizado con el auspicio de Broederlijk Denle, Entrepueblos, Gobierno Vasco, CooperAcción y Derechos Humanos sin Frontera (Cusco). El caso de CooperAcción es llamativo puesto que de manera insistente esta organización afirma no ser anti-minera, sin embargo, de manera sistemática se dedica a divulgar ataques a la minería independientemente de la carga probatoria de la misma.

El documental va dirigido a desprestigiar la actividad minera de cobre en el Corredor del Cobre del Sur Peruano. Esto es especialmente importante puesto que es el cobre el mineral en el que se enfoca el grueso de las expectativas de crecimiento de la minería en el Perú. Líderes de opinión nacionales, redactores de medios de comunicación y reporteros ven estos materiales y cuando se dan casos de conflictividad social asumirán posturas hostiles a la minería y al cobre específicamente.

Posteriormente las empresas se lamentan por el sesgo anti-minero del periodismo cuando las ONG anti-mineras mantienen líneas de acción sostenidas de desprestigio mientras que las empresas, en su mayoría, hacen algo de relaciones publicas cuando el conflicto asume relevancia nacional.

Estos documentales, y otros que veremos en los artículos siguientes, deforman la realidad de la minería en el país, sin que reciban respuestas adecuadas. Si no se contrarresta la narrativa anti-minera, se priva a los periodistas y a las poblaciones locales de los elementos de juicio alternativos, necesarios para pensar en forma realista sobre la minería y sus opciones de desarrollo y bienestar. Esos hechos no contribuyen a la sostenibilidad social del sector. Lampadia

“Es más fácil engañar a la gente,
que convencerlos de que han sido engañados”. Mark Twain

Como hemos explicado antes, los anti-mineros que adhieren al Pos-Extractivismo (en el caso del Perú, todas las izquierdas) son especialistas en generar relatos para engañar a la gente, y en asociarse con distintos agentes, internacionales y locales, confesionales, laicos, ambientalistas,  mediáticos, etc., con el afán de ir validando sus propuestas.

El caso de El Salvador, donde se ha proscrito toda actividad minera, mostrado líneas abajo por los estudiosos del Centro Wiñaq, es el destino final, el objetivo máximo de la lucha del pos-extractivismo, el transito regresivo al ‘buen vivir’, en las condiciones de pobreza de los feudos de la Edad Media. Ver en Lampadia: Exigimos que se renuncie al ‘pos-extractivismo’​

Camilo Ferreira
Franco Olcese
Centro Wiñaq
Para Lampadia

“La ley tiene por objeto prohibir la minería metálica en el suelo y subsuelo del territorio de la República, la prohibición incluye las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento ya sea a cielo abierto o subterráneo.”

Este es el texto del primer artículo de la Ley, aprobado el 29 de marzo de 2017, con la que la República de El Salvador ha prohibido la minería metálica en todas sus modalidades en todo su territorio. Cómo ocurrió esto, es un notorio ejemplo de como la legitimidad socio-política de una actividad económica puede caer hasta el punto de ser inviabilizada en un país.

1-El país.

El Salvador no es un país de vocación minera, el 2015 la minería representó el 1.2% de las exportaciones de este país. En cambio, en el caso peruano esta cifra llega a 48.6%. Sin embargo, tiene ciertas experiencias previas de minería como es el caso del Cerro San Sebastián en el que desde 1968 se operó con bajos estándares ambientales y que ha dejado visibles pasivos mineros.

Adicionalmente, El Salvador es un país sumamente denso llegando a los 311 habitantes por kilómetro cuadrado (en Perú es 25). Por ello en sus 21,000 kilómetros cuadrados (210 km x 100 km, un tamaño similar al de la región Ica) pueden habitar 6.5 millones de personas. Es un país que vivió 13 años de guerra civil entre 1979 y 1992, en que las principales fuerzas políticas del país el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) son herederos políticos de los protagonistas de este conflicto armado.

En lo económico es un país que, en 2016, mostraba un 35% de la población por debajo de la línea de pobreza, y un PBI per cápita de US$ 8,000, en paridad de poder de compra, aproximadamente 2/3 del ingreso per cápita de Perú. Las remesas anuales enviadas por salvadoreños residentes en el exterior, especialmente desde los EEUU alcanzaron US$ 4.48 mil millones en 2016, representando el 17% del PBI nacional, brindando un ingreso mensual promedio de US$ 206 por familia por mes (según nuestros cálculos).[1]

Estas características locales (economía con bajo nivel de productividad, poco peso económico y social de la minería, dependencia de una fuente externa de recursos, etc.) influenciaron el devenir del conflicto político prolongado alrededor de la minería metálica que terminó con su prohibición y en una clara victoria de los Pos-Extractivistas. Sin embargo, esas particularidades no significan que lo mismo no pueda suceder, nacional o regionalmente, en otros países con estructuras económicas distintas.

2-El proceso.

La actual resistencia frente a la minería metálica se organizó originalmente, hace más de una década, con el propósito de impedir la realización de dos proyectos mineros: uno en el Departamento de Cabañas y otro en el de Chalatenango. Se dio un conflicto social con las características ya vistas en el Perú en múltiples ocasiones: movilizaciones violentas, fatalidades, consultas ciudadanas, y ONGs alimentando temores entre la población. Inclusive hubo un análisis de los Estudios de Impacto Ambiental realizado por Robert Morán, el mismo hidrogeólogo cuyos análisis hostiles a la minería fueron utilizados en los casos Conga y Tambogrande. Esta dinámica, en la que una coalición social anti-minera consigue impulsar un conflicto que genera costos políticos al gobierno central, costos económicos al inversionista minero, y costos reputacionales a los potenciales aliados de la minería. Es la misma dinámica que se ha dado en múltiples países latinoamericanos y que derivó en la paralización de proyectos extractivos valorizados en decenas miles de millones de dólares. El caso del El Salvador se distingue por el hecho que esta dinámica de conflicto desencadenó un proceso socio-político que llegó al extremo de la prohibición de la minería metálica en el país.

Minería Metálica, compuesta por ONGs, Pos-Extractivistas, organizaciones locales de desarrollo y grupos religiosos.

La Mesa y sus miembros estructuraron la coalición social que impulso la prohibición de la minería y que consiguió de manera efectiva copar el discurso social al respecto. A este núcleo activista se le agregó el apoyo entusiasta de la Iglesia Católica local y de algunas iglesias evangélicas. El apoyo académico e institucional de la Universidad de Centroamérica, ligada a la Compañía de Jesús, fue muy relevante por su significado ético y académico para la población.

El arzobispo de El Salvador, José Luis Escobar Alas, tuvo un rol protagónico para inviabilizar la minería metálica. El 9 de marzo de este año, junto con un grupo de manifestantes, él presentó 30,000 firmas al parlamento apoyando la prohibición. La declaración abajo ilustra la postura hostil del arzobispo hacia la minería[2]:

“La verdad es que la explotación minera es dañina en todos los países donde quiera que se haga, y no es cierto lo que se ha dicho de que ahora hay capacidad, hay tecnología para tener una explotación minera, limpia, ecológica, ambientalista, no es cierto. Porque se ocupa una gran cantidad de cianuro que es sumamente letal y nunca deja de ser letal y agua. Porque con el cianuro mezclado con el agua se separa el oro de los demás metales… Si se ocupa nuestra poca agua en la explotación minera eso sería gravísimo, una mina como El Dorado contaminaría un millón de metros cúbicos de agua por día… la más grave agresión al medio ambiente es la minería metálica.”

Estas declaraciones son científicamente incorrectas y absolutamente infladas. Un millón de metros cúbicos por día es el consumo de una ciudad de 6 a 10 millones de habitantes y ninguna empresa minera tiene un consumo de esas proporciones. El hecho que una mina moderna utilice cianuro no significa contaminación pues lo hace en forma aislada del ambiente. Además, el agua que las minas devuelven al ambiente, después de su uso, no está contaminada, es agua tan o más limpia que aquella que corre por los riachuelos, y puede ser utilizada en la agricultura, y filtrada, es apta para el consumo humano. La pregunta que surge es: ¿Qué gana el arzobispo de El Salvador y la iglesia católica salvadoreña deformando la realidad hasta ese extremo?

El FMLN, que desencadenó la guerra civil, fue el partido político más cercano a las posturas de la Mesa, pero ninguna de las otras fuerzas políticas alternativas, favorables a la economía de mercado, estuvo dispuesta a dar una lucha política en favor de la existencia del sector minero. Las fuerzas hostiles a la minería no tuvieron que enfrentar ninguna oposición. La sociedad salvadoreña estuvo a merced de un discurso orientado a la generación de temores, sin que nadie saliera al frente para clarificar las cosas. Cuando se hicieron encuestas a la población, ésta ya estaba desinformada y temerosa respecto a la minería.

3-Soporte internacional.

No solo había actores nacionales detrás de la prohibición. Se constituyó una amplia Alianza Internacional Frente a la Minería, compuesta de 25 organizaciones hostiles a la minería de los EEUU y Canadá. Esas organizaciones dieron un gran respaldo institucional y de prestigio a los rumores y exageraciones que se propagaron en El Salvador.

Hay que resaltar la participación de OXFAM en un frente que impulsaba la prohibición total de la minería metálica en un país, algo que se dio apenas se hizo políticamente viable. En múltiples ocasiones OXFAM ha afirmado no ser una organización anti-minera, sin embargo, cuanto se dio el clima político propicio, OXFAM apoyó la prohibición total de la minería metálica.

Iván Morales, director de OXFAM en El Salvador declaró:

“Es necesario que se escuche la voz de la población y que sus demandas sean tomadas en cuenta, pues ella considera que la minería metálica no es una opción para el desarrollo del país” [3]

Lo que no explica el Morales es que esa percepción negativa hacia la minería fue resultado de una campaña sistemática y hegemónica en contra de dicha actividad, y del respaldo institucional de una alianza internacional de organizaciones hostiles a la minería.

Esta coalición de actores fue capaz de obtener un importante logro estratégico, al degradar profundamente la legitimidad de la minería frente a públicos decisivos. Una encuesta realizada por La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas[4] en las zonas con potencial para la actividad minera dio como resultado que un 77% de los encuestados afirmaban estar a favor de una prohibición a la minería metálica en el país.

Frente a la posición de la opinión pública, líderes de opinión, sociedad civil y líderes religiosos, el consenso social contra la minería fue tan grande que, oponerse a la prohibición hubiera significado un costo político inaceptable para los congresistas. Ello explica porque 70 de los 84 congresistas, miembros de todas las fuerzas políticas, han aprobado la prohibición.

4-Como se Destruyó la Legitimidad de la Minería.

La destrucción de la legitimidad de la industria minera pasó por el despliegue de una narrativa que afectaba componentes básicos de la imagen de la minería. Con el soporte intelectual de las instituciones listadas arriba, la Iglesia católica, la Universidad Centroamericana (UCA), el FMLN, y ONGs aliadas se construyó una narrativa con los siguientes mensajes:

A) Efectos Ambientales:  Este fue el foco de la narrativa anti-minera. Ellos afirman que la actividad minera es inevitablemente contaminante, que no existen tecnologías que puedan controlar ni mitigar de manera efectiva su efecto fatal. Se indica que la minería hace uso de miles de litros de sustancias tóxicas como el cianuro, y que solo un grano de arroz de ese veneno es capaz de acabar con la vida de un ser humano. Se afirma que las operaciones mineras implican la contaminación con cianuro de millones de metros cúbicos de agua, y se oculta que el agua devuelta al ambiente es segura. Se argumenta que El Salvador es un país pequeño y densamente poblado, a diferencia de países de mayor extensión, y que no dispone de áreas despobladas para “sacrificar a la minería,” pero oculta que una hectárea de minería produce muchísimo más que una hectárea de agricultura. Afirman que las actividades mineras se hallarían en las cabeceras de cuenca del rio Lempe por lo que el suministro de agua del 70% de la población del país estaría en riesgo. Se dice que El Salvador es el segundo país con el ambiente más degradado del hemisferio y no puede correr riesgos ambientales, pero no informa qué actividades lo han degradado. También señalan que las actividades de exploración minera ya tienen de por sí efectos nocivos sumamente relevantes, y que sus daños son inevitables.

B) Impacto sobre el Desarrollo: Se indica que las operaciones mineras tienen un plazo breve de duración entre 6 a 10 años y que las mineras dejan una fracción ínfima de sus ganancias como impuestos, y que los grandes ganadores son las empresas trasnacionales. Afirman que los beneficios temporales que generan son pequeños y efímeros, y largamente superados por los costos medioambientales perenes que las acompañan. También afirman que una vez que se acaba el yacimiento, las regiones mineras terminarán más pobres que antes de la llegada de la minería como resultado tanto de la contaminación, como de la falta de experiencia de la población en otras modalidades de obtener un sustento (debido a una especialización en minería).

C) Institucionalidad minera: También afirman que las empresas convencen a autoridades locales a apoyar a la Empresa a través de sobornos y prebendas. Indican que, en el pasado, el país ha mostrado ser incapaz de controlar los efectos de la minería en el departamento de San Sebastián por lo que no se podría esperar que ahora pueda ejercer un control efectivo sobre la minería a gran escala.

D) Caracterización Ética: Según la narrativa hostil a la minería, las empresas compran las voluntades de los sectores de la población mediante pequeñas prebendas, y que todo aquel que se pronuncia en favor de las empresas lo hace como resultado de beneficios personales de corto plazo. Dicen que con sus estrategias comunitarias la minería destruye el tejido social de las comunidades rurales, que manipula a la población con su campaña mentirosa respecto a la “Minería Verde”, y chantajea al país, al haber llevado a El Salvador al CIADI por no brindar los permisos para iniciar la etapa de explotación.  Según su visión, las transnacionales mineras no respetan a la inmensa mayoría de la población que las rechazan y desean imponerse a su voluntad.

La difusión de esta narrativa fue apoyada por dinámicas políticas que sirvieron de plataforma para la emisión de mensajes. Los conflictos contra las inversiones mineras les posibilitaron a las fuerzas hostiles a la minería horas de entrevistas gratis en medios, que brindó la oportunidad para que diversos voceros tuvieran espacio en medios, y dio acceso a recursos externos para las ONGs anti-mineras. Posteriormente, la relevancia mediática del juicio en el CIADI entre Oceana Gold y el gobierno salvadoreño, generó múltiples instancias para emitir mensajes anti-mineros.  Para contrarrestar estos mensajes empresas mineras lanzaron una campaña respecto a la “Minería Verde” que resultó poco efectiva, pues una campaña pro-minería hecha por empresas mineras tiene baja credibilidad. Otro mecanismo para mantener el tema minero en términos favorables para el interés de La Mesa fue la realización de 6 consultas populares en los que 99% de la población participante se mostraba opuesta a la minería. Es decir, resultados semejantes a los que se podría encontrar en un referéndum cubano. Fue así que se pudo sostener el tema en agenda por más de 13 años consecutivos y consolidar la narrativa anti-minera como parte del “sentido común” de la población.

1) Las Lecciones de El Salvador.

El caso de El Salvador brinda unas lecciones respecto al proceso estratégico detrás de las disputas por la legitimidad:

A) La importancia de la coalición social: La Mesa, la Iglesia Católica[5], las instituciones académicas, voceros mediáticos, operadores locales, y ONGs internacionales conformaron una coalición que superó largamente la coalición que el sector minero fue capaz de movilizar. Los distintos componentes de la coalición social anti-minería tenían un poder gran discursivo que terminó moldeando la percepción de la población respecto a la minería en todo un país. El apoyo del gobierno central y unos cuantos operadores locales, los típicos aliados de una empresa minera, claramente no es suficiente cuando se enfrenta a un movimiento social articulado.

B) La inefectividad de las campañas mediáticas: Las disputas por la legitimidad son batallas sostenidas, de larga duración y estructuradas alrededor de narrativas en disputa. La respuesta de muchas empresas, al verse involucradas en una disputa de este tipo, consiste en desplegar campañas publicitarias con la expectativa de influir en la opinión pública, en caso de El Salvador fue la campaña de la “Minería Verde”. Unos cuantos meses de campaña publicitaria y spots publicitarios no pueden hacer frente al sostenido accionar anti-minero. Ellos llevan años creando una narrativa potente, resultante de la creación de contenidos académicos, y con la cooptación de voceros creíbles para la población. Una campaña publicitaria hecha por un actor interesado, las empresas mineras, no puede competir con un bombardeo de mensajes de voceros considerados independientes como la Iglesia católica, la universidad, y organizaciones ambientalistas de países desarrollados.

C) La legitimidad es indispensable para la supervivencia de una industria: La minería metálica en El Salvador, la energía nuclear en Alemania, la minería a tajo abierto en Costa Rica son actividades económicas que se han visto inviabilizadas frente a la formación de un consenso social hostil. Frente a ello la racionalidad económica de permitir operar a un sector que genera riqueza para la sociedad se ve desplazada por la racionalidad política de no enfrentarse a la opinión pública.

D) Economías de alcance discursivas: La narrativa desplegada para socavar proyectos mineros específicos tiene componentes que son hostiles a la totalidad o a gran parte del sector minero. Una frase como “La minería emite millones de litros de agua cianurada al ambiente” afecta a todo el sector, no sólo a la Empresa a la que es dirigida.  Los conflictos sociales brindan a los anti-mineros una plataforma mediática para emitir su narrativa frente a la opinión pública. Reciben horas de entrevistas y reportajes en radio y televisión, centímetros cuadrados en periódicos y revistas, espacio en redes sociales, y todo esto sucede a lo largo de años consecutivos. En ese espacio mediático los mensajes que se emiten en contra de una empresa particular permiten descalificar a la totalidad del sector minero.

En el Perú, en abril del 2015 una encuesta GFK encontraba que un 9% de la población peruana consideraba que “La minería no es importante para el desarrollo económico del país”.  Un mes después, en mayo, este porcentaje se había elevado a un 19%.[6] Entre ambas encuestas, ocurrió una alta conflictividad respecto al proyecto minero Tía María.  Este conflicto facilitó el envío de mensajes que degradaron la legitimidad del sector minero como un todo y no solo al proyecto bajo conflicto. En solo un mes se logró que un 10% adicional de la población asumiera una postura hostil a la minería. En el caso salvadoreño, se tuvo años de conflicto con superioridad discursiva anti-minera que acabó con la legitimidad de la minería.

E) Ampliar los afectados: Los anti-mineros tienden a tratar de ampliar al máximo el grupo poblacional que pueda sentirse amenazado por las actividades mineras. Con esto se consigue por un lado ser mediáticamente relevante para un mayor conjunto de personas, incrementar el número de potenciales movilizados contra un proyecto minero. El concepto más útil para ampliar la percepción de amenaza es “la cabecera de cuenca” con ello cualquier elevación conexa a una cuenca pasa a ser un punto sensible en el cual realizar operaciones mineras se considera una amenaza a los recursos hídricos de toda la cuenca. En El Salvador se tuvo éxito en asociar la minería a una amenaza al rio Lempa en cuya cuenca habita el 70% de la población.  Se afirmó que esta población se hallaría inevitablemente amenazada por aguas y drenajes ácidos y tóxicos que se generarían con actividades mineras. Al posicionar esta idea en la agenda pública, el temor a la contaminación pasó a ser permanentemente relevante para el 70% de la población. La narrativa anti-minera apunta siempre a ampliar los sectores sociales preocupados con los potenciales efectos de la minería.

2-Implicancias para el Perú.

Sería fácil considerar que eventos como los ocurridos en El Salvador no podrían darse en el Perú. Es difícil imaginar que el Perú podría prescindir totalmente de un sector que representa el 14% de su PBI. La misma encuesta de GFK previamente citada encontraba que un 80% de la población consideraba a la minería como un sector importante o el más importante para el desarrollo del país. En el Perú existe un consenso social a escala nacional respecto al potencial de la minería para impulsar el desarrollo del país. Tan es así, que en el Perú las organizaciones Pos-Extractivistas sistemáticamente rechazan que se les asigne el apelativo de anti-mineros que en otras latitudes sus colegas se atribuyen con orgullo.

Sin embargo, las herramientas desplegadas por los anti-mineros de manera exitosa en El Salvador también lo han sido utilizadas en el Perú y les han permitido generar hegemonías políticas locales.  En aquellas zonas en las que se han dado conflictos mineros prologados como los de Tía María, Majaz, Conga, Las Bambas, etc. Las organizaciones políticas hostiles a la minería[7] obtuvieron en conjunto entre un 60% y 80% del voto. Los antimineros están impulsando mediante el Ordenamiento Territorial a cargo de autoridades locales una institucionalidad mediante el cual se pueda replicar el fenómeno de El Salvador a escala local.

Otro mecanismo de expulsión de la minería es mediante el avance legislativo de propuestas como la Ley de Protección de las Cabeceras recientemente aprobada a nivel de comisión en el Congreso de la Republica. 

“Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 283/2016-CR que, mediante texto sustitutorio, propone la Ley de Conservación y Protección de las Cabeceras de Cuenca mediante el establecimiento de los Criterios Técnicos para su Identificación y Delimitación.” 

Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro-peruanos, Ambiente y Ecología

En el Perú los Pos-Extractivistas están impulsando una agenda de descentralización de las prerrogativas para que determinan la viabilidad legal a las actividades mineras. Esta descentralización de las decisiones permitirá generar zonas de exclusión a la actividad minera en aquellos espacios geográficos en los que consigan degradar lo suficiente la legitimidad de la minería. También impulsan regulaciones en las que una mayor proporción de la superficie del país sea legalmente considerada como excluida de la actividad minera. Un ejemplo de esto son las cabeceras de cuenca.