Por: Patricia Juárez
Twitter, 13 de diciembre del 2022
Marcha en Apurímac contra el vandalismo, esta es la respuesta de la sociedad civil que necesitamos en estos momentos. ¡El Perú es más grande que sus problemas! ¡La patria se defiende!
Por: Cusco
CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia
A estas alturas va quedando en evidencia que la acción de las instituciones estatales que supuestamente son contrapesos al poder del gobierno, son absolutamente insuficiente para controlar a un Ejecutivo que actúa con criterios senderistas, es decir, con absoluto desprecio por la opinión pública, manipulando inescrupulosamente a otros poderes del Estado cuando pueden hacerlo y sustentándose solamente en el poder que detentan.
Un caso evidente es el de la Fiscalía de Nación, controlada desde principios de 2019 por la coalición vizcarrista y que, guiada por ONG y estudios de abogados caviares, ha actuado con celo persecutorio contra los adversarios políticos de ese consorcio y con suavidad y condescendencia con sus aliados.
Así, Zoraida Ávalos con total desvergüenza decide postergar hasta el 2026 las investigaciones a Pedro Castillo, y la fiscalía visita –no allana- la guarida de Sarratea 44 días después de conocido el reportaje que revelaba las clandestinas reuniones que tenían lugar allí.
Al secretario de Castillo, Bruno Pacheco, le devolvieron los US$ 20,000 que le encontraron en el baño de Palacio de Gobierno y sigue libre a pesar que todas las explicaciones que ha dado sobre ese dinero son inverosímiles.
Pero, desgraciadamente, no solo se trata de la fiscalía. El Congreso tampoco está a la altura de lo que se requiere en circunstancias tan graves como las que vive el país.
La premier Mirtha Vásquez ha protegido y respaldado públicamente a los vándalos que destruyeron instalaciones mineras y que bloquearon caminos obligando a paralizar a dos de las minas más grandes del mundo, y no ha sucedido absolutamente nada. Todo eso con la también activa participación del ministro de Energía y Minas. En cualquier otro gobierno habría sido obligada a renunciar o censurada inmediatamente por ese comportamiento. Aquí, ni siquiera la han llamado a dar explicaciones.
O por las sucesivas mentiras que, con toda desfachatez, ha vertido sobre las visitas a la casa de Breña. Eso hubiera originado un terremoto político en un ambiente donde existiera un mínimo de respeto por la democracia.
Pero eso no sucede ahora y si la obligan a abandonar el cargo será probablemente por las feroces disputas internas por los puestos en la gavilla que se ha apoderado del Estado y no por sus transgresiones.
El ministro del Interior nombra como prefectos a notorios miembros del Fenate, uno de los organismos generados por Sendero Luminoso (facción de Abimael Guzmán) que ahora se dedicarán a hacer agitación pagados por el Estado y con la autoridad que le proporciona el ministerio que antes los investigaba. Y no pasa nada.
Ningún gobierno democrático se hubiera atrevido a hacer esto. Pero el de Castillo lo hace sin inmutarse. Y todos los días van aprendiendo más. Saben que pueden manipular a la Policía Nacional y que no sucede nada. Se dan cuenta que pueden cambiar a la cúpula militar que resistió sus presiones ilegales, pagando un precio ínfimo por ello, la salida de un impresentable del Ministerio de Defensa que es reemplazado por otro similar.
En suma, es el estilo autoritario, senderista, de gobernar, atropellando la ya débil institucionalidad siempre que pueden, con un desprecio absoluto por la opinión pública y avanzando en pos de sus objetivos políticos. Lampadia
CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia
Después que se conoció al gabinete del terror, ha venido lo que era de esperarse, el nombramiento desordenado y caótico de funcionarios tan malos como los ministros.
La situación es, desde el principio crítica. Un gobierno integrado por simpatizantes de Sendero Luminoso y el MRTA, un notorio agente cubano y una retahíla de sinvergüenzas e incapaces, tendrá a su cargo los destinos del país en momentos en que la economía está devastada, no solo por el Covid, sino también por la nefasta política de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti.
Varios de los funcionarios designados por los ineptos gobernantes fueron cambiados en menos de 24 horas. Por ejemplo, un individuo acusado de vender exámenes de ingreso en la universidad Villarreal, fue nombrado jefe del gabinete de asesores del ministerio de Vivienda. Cuando se conoció su prontuario, fue cambiado por un sujeto denunciado por pertenecer a una organización criminal y lavado de activos en una azucarera de Lambayeque disputada por varias mafias. Y resulta que el fiscal a cargo de esa investigación es el nuevo ministro del Interior, que violó flagrantemente la ley al ocupar ese cargo sin haber renunciado al ministerio público.
Naturalmente, la legalidad es lo que menos les importa a los que se han apoderado del gobierno para destruirla.
Esta gente tiene objetivos precisos y no vacilan en utilizar el poder para cumplirlos. El nuevo ministro de Trabajo, un maestro del Sutep Conare de Ayacucho, es decir, la organización creada en el magisterio por Sendero Luminoso (Movadef), reconoció el primer día útil –viernes 30 de julio- a la federación de ese grupo, la Fenate, que enfrenta al Sutep que controla Patria Roja (PR). Durante la segunda vuelta, PR apoyó suicidamente a Pedro Castillo.
También han ordenado a la Policía Nacional que entrene a unas supuestas rondas campesinas para que se hagan cargo de la seguridad en las ciudades. En verdad ese es un subterfugio para crear lo que en Cuba se llaman brigadas de intervención rápida y en Venezuela colectivos, que no son otra cosa que grupos de matones y delincuentes asalariados y armados por el gobierno que atacan y reprimen a opositores y disidentes.
También han cambiado a todos los altos mandos de las Fuerzas Armadas.
Los izquierdistas supuestamente moderados, se han subido inmediatamente al carro de Vladimir Cerrón y Castillo cuando les han ofrecido algunos pocos ministerios y puestos públicos. Ellos confían en que seguirán mamando de la teta del Estado.
En suma, como algunos habíamos advertido, si esta gente se hacía fraudulentamente del poder, trataría de instaurar rápidamente una dictadura chavista, incompetente y corrupta, que destruiría la democracia y el país. Y eso está ocurriendo.
En esta situación, en la que su próximo paso es disolver el Congreso y montar una asamblea constituyente a su medida, son cada vez más los que proponen acabar con el gobierno vacando a Castillo y a su ilegal vicepresidenta. Por ejemplo, Aldo Mariátegui dice “¡vacancia democrática ya!” (Perú21, 3/8/21). Francisco Cohello sostiene que “solo queda la vacancia” (Correo, 4/8/21). Y Oscar Sumar señala que el Congreso tiene que actuar en forma rápida “negando la confianza [al gabinete] y vacando a Castillo”. (Lampadia, 2/8/21).
¿Se podrá? Lampadia
Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
Luego de un proceso raro, mediante el cual, quienes nunca fueron elegidos por la mayoría, se alzaron con el gobierno y el poder, la Presidencia de la República recayó en el congresista Francisco Sagasti. Esto lo menciono sólo para que tengamos claro el alcance y pretensiones que esta administración pudiera tener.
Efectivamente, el Sr. Sagasti, al asumir la presidencia mencionó tres objetivos para los ocho meses de gestión:
Debo resaltar que, dentro de los 130 congresistas, el Sr. Sagasti resultaba uno de los que mejor capacidad intelectual, preparación y calificaciones académicas exhibía. Del mismo modo, los tres objetivos que planteó, calzaban exactamente con lo que corresponde. En consecuencia y a pesar de todo el movimiento político previo a su designación, todos aceptamos el desenlace con la mejor disposición.
Lamentablemente, transcurrió muy poco tiempo para desdibujar el mensaje inicial.
Así, designó un gabinete progresista y monocorde, muy allegado al Partido Morado, el Ministro del Interior defenestró a 18 generales, sin causa ni motivo, en contra de la constitución y las leyes. Y, por si fuera poco, con gran soberbia, se aferró al error que le hicieron cometer, a pesar de las advertencias de “Tirios y Troyanos”. El desconcierto y agresión moral a la Policía Nacional, le va a pasar factura. Por lo pronto, ya los revoltosos olieron el miedo del gobierno y su indefensión, al punto que exigen cambio de leyes, a punta de bloqueo de carreteras y actos vandálicos, a los que este gobierno se somete.
Se observa un copamiento gradual de las diversas instancias de gobierno con gente del partido Morado y empieza la aparición del color morado en presentaciones oficiales de toda índole. Eso, ciertamente no habla de un manejo imparcial y adecuado de un proceso electoral. Esperemos se corrijan, caso contrario, el primer objetivo no se cumplirá.
Respecto al segundo objetivo, es importante mencionar que, ya se inició el proceso de vacunación en el primer mundo, que nuestros países vecinos han firmado acuerdos con distintos fabricantes de vacunas y ya tienen asegurada su atención en el primer semestre 2021, mientras tanto, en el Perú hemos perdido el tren, no hemos suscrito acuerdos con los fabricantes y lo más probable es que tengamos disponibilidad para el 2022, compitiendo sólo con Bolivia y Venezuela. Si seguimos así y a la luz del rebrote que se estará presentando luego del descontrol producto de las manifestaciones y protestas, el objetivo sanitario tampoco se estaría cumpliendo.
Finalmente, luego del pésimo comportamiento de nuestra economía durante el año 2020 (entre los peores del mundo), es razonable trabajar en una inmediata y vigorosa reactivación de la economía, pero desde el congreso nos están “torpedeando bajo la línea de flotación”, al ratificar el “retiro de fondos” de la ONP, al derogar la ley de promoción agraria que daba sustento al importante crecimiento de nuestra agroexportación y salir con una propuesta que destruiría esa actividad, no acelerar el destrabe de los dos proyectos de irrigación; Chavimochic III y Majes-Siguas II, no hacer fluir la reconstrucción con cambios en el norte e impedir la construcción de los proyectos mineros más maduros y como cereza en la torta, cinco bancadas en el congreso quieren dar pie a un referéndum para convocar a una asamblea constituyente para el 2021.
Ya las leyes sobre ONP, incorporación de trabajadores CAS al sector público como permanentes, destruir la agroexportación y poner trabas a la inversión minera, es suficiente para que no se pueda reactivar la economía al nivel requerido, por más que el MEF piense que su “Bala de Oro” para reactivar, es la inversión pública. Pero la propuesta de una asamblea constituyente (no propuestas de modificaciones parciales), nos lleva a una absoluta incertidumbre, pues tal cambio lleva a la revisión de toda la legislación en todos los ámbitos de la actividad, deberes y derechos, condiciones y estabilidad de las inversiones, relación entre las instituciones, sólo por mencionar algunos efectos.
Bajo esas circunstancias, estaríamos provocando una paralización total de las inversiones, hasta tener una clara visión del Perú como país y como destino de inversiones, ya que, entre otras cosas, tienen la mirada puesta en los convenios de estabilidad jurídica, necesario para las inversiones de larga maduración. Ya las agencias clasificadoras de riesgo, aunque no han hecho reducción a nuestra clasificación, sí nos están poniendo bajo observación e indicando tendencia negativa y están advirtiendo que las ideas que hay sobre el tablero, no son buenas y que no ofrecen buen pronóstico. Si persistimos en eso, estaremos espantando las inversiones y estaremos asegurando, cuando menos, otro quinquenio perdido, con lo cual, el tercer objetivo propuesto, tampoco se cumpliría.
Pero, entre otras cosas, al margen de no estar trabajando adecuadamente los tres objetivos propuestos, ahora quieren reformar la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, como si un gobierno de transición tuviera el mandato y el tiempo suficiente para esa tarea.
¿Dios mío, qué pecado hemos cometido para que tengamos este Calvario? Lampadia
Como todos los ciudadanos sabemos desde hace muchísimos años, el Sistema Judicial (Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional), adolece de corrupción generalizada. Prueba de ello es el desprestigio de estas instituciones, especialmente del Poder Judicial, recogido por décadas en todas las encuestas y en el sentir ciudadano.
Y no podía ser de otra manera. Todos conocemos de las coimas para el manejo de juicios, de las terribles e injustas demoras de los procesos judiciales, de la abusiva prisión preventiva que afecta a cerca del 50% de los reos en cárcel, y de los grandes escándalos que década tras década van quedando en la impunidad.
La calidad del sistema judicial peruano afecta a todos los ciudadanos y empresas, a los ciudadanos de a pie y a los más reconocidos socialmente, a las empresas pequeñas y grandes, nacionales y extranjeras. Pero evidentemente, los más afectados son los ciudadanos y empresas más débiles, aquellos que no tienen los medios para contratar a los mejores abogados, o no tienen los recursos para abrirse camino mediante la podredumbre de la corrupción.
A la fecha, se ha hecho todo tipo de intentos de reorganización judicial. Todos fallidos. El más reciente y notorio, por su alcance y calidad de propuestas, fue el del CERIAJUS. No prospera ningún intento de reforma, porque estamos entrampados entre la incapacidad de lograr una reforma seria desde adentro del sistema, por el compromiso de muchos de sus miembros con la corrupción y/o el statu-quo; y la imposibilidad de emprender la reforma desde afuera, dado nuestro ordenamiento jurídico que otorga autonomías infranqueables.
Es por ello que solo una crisis muy profunda puede movilizar las voluntades y capacidades, dentro y fuera del sistema. Una crisis como la que se produjo con el estallido del escándalo del Lava Jato, que clamaba por castigos, y pocos meses atrás, por la difusión de los audios que explicitaron la corrupción al interior del sistema judicial.
Lamentablemente, la acción judicial reciente se ha centrado y focalizado en los aportes de campaña, que en principio no son delito, más que en las coimas por los grandes proyectos. Asimismo, ha dejado de lado la necesidad de rehacer el sistema judicial de pies a cabeza, para que todos los ciudadanos y empresas tengamos una administración de justicia que genere la confianza en sus procesos y fallos.
Veamos como están distorsionadas las cosas: por ejemplo, la noche del 31 de diciembre pasado, cuando el fiscal Pérez fue cesado, declaró que tenía que lacrar su oficina para evitar que se arriesgue la información sobre los casos que investiga. Ante la pregunta del periodista sobre de que casos se trataba, su respuesta fue: “Keiko Fujimori y Fuerza Popular”.
O sea, para el fiscal Pérez, solo importa la persecución del único partido político que no fue gobierno y no pudo poner sus manos en los recursos públicos. Efectivamente, durante los últimos meses, hemos visto que esa era su única preocupación. Esta fiscalía especializada se olvidó de las grandes coimas por los macro-proyectos.
Otro ejemplo de desenfoque: para el Fiscal Supremo Pablo Sánchez, ex titular del Ministerio Público, “El origen de la crisis del Ministerio Público está en Pedro Chávarry” (Diario La República). Así opina el fiscal que desde la jefatura promovía, junto con Duberlí Rodriguez, entonces presidente del Poder Judicial, la justicia paralela.
Y el Poder Judicial, con el doctor Prado a la cabeza, más allá de canalizar unos proyectos de ley, dejó de lado la posibilidad de liderar UNA GRAN MOVILIZACIÓN que llevara a una apertura que alentara el inicio de la verdadera reforma. Lo mismo parece acontecer con las preocupaciones del nuevo presidente de la Corte Suprema, el doctor Lecaros.
Pero según vemos en las encuestas y en el quehacer de los medios de comunicación, estas graves fallas de la acción judicial, dirigidas casi exclusivamente a la suerte de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, y Chávarry, se han convertido en la gran preocupación nacional. Nos han hecho creer que en esa persecución está la ansiada reforma, la lucha contra la corrupción.
Lo mismo se ve en la acción del gobierno, que con un país en el que vuelven a crecer la pobreza y la desnutrición, el gobierno solo habla de la lucha contra la corrupción, en la misma pobre línea. Con excepción de los proyectos de ley de reforma judicial que envió al Congreso, pareciera que la política de corto plazo y la búsqueda de popularidad guían las grandes preocupaciones y decisiones del gobierno. De allí que se eluda las necesarias reformas para incrementar la productividad.
La política, pues, ya no nos sorprende, pero lo que no es entendible, es el comportamiento de la prensa nacional que, desde el medio más pintado, hasta el menos significativo, también ha olvidado que la vida de una nación va mucho más allá del escándalo y de los pedidos de ajusticiamiento.
Todo tiene un límite, pero para los medios solo existe la tarea de expulsar a Chávarry de la fiscalía y la carcelería de los líderes de Fuerza Popular.
Debe llamarnos a escándalo, por ejemplo, que los políticos y toda la prensa hayan dejado de lado el informe de la comisión parlamentaria del Lava Jato, presumiblemente porque la presidía Fuerza Popular y no involucraba a KF (pues solo estaba dirigida a la corrupción alrededor de los grandes proyectos de infraestructuras). Por definición, no podía involucrar a KF, pero un tabloide reclamaba: “la comisión ya no sabe como justificar la ausencia de KF en la investigación”. Para los medios más importantes, el informe de Lava Jato tampoco merece atención alguna, a pesar de que éste puntualiza una serie de eventuales responsabilidades y una amplia lista de involucrados en muchos proyectos de inversión pública. Pero se prefiere editorializar y titular portadas sobre Chávarry y KF.
El mismo corte informativo destaca en los canales nacionales, particularmente en los de cable. Sus invitados son seleccionados para reforzar sus ante-juicios y direccionamientos políticos. Salvo contadas excepciones, los ciudadanos no tienen como informarse con profundidad y objetividad.
Pareciera que los medios promueven con gran afán los quehaceres de su recobrado mayor cliente, el Estado, antes que el desarrollo de su misión.
Como dice y repite Christiane Amanpour en CNN, el nuevo paradigma del periodismo no es la neutralidad, sino la veracidad.
Cuan lejos estamos de recibir señales de veracidad.
En verdad parece que lo que nos induce a la acción todos los días es un gran psicosocial. Uno que lleva seis meses y que pretende que nos olvidemos que gobernar en una tarea compleja y multipropósito, una tarea que en el Perú no puede desentenderse de la pobreza, la anemia y la desnutrición.
¿Es todo un juego de poder? ¿No nos mueven los grandes intereses nacionales? – ¡BASTA! El buen gobierno y la acción cívica de la clase dirigente reclaman algo más: GOBERNANZA: “Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”. (RAE).
¡Nunca es tarde para hacer lo correcto! Lampadia
Jaime de Althaus
Para Lampadia
La propalación de los audios judiciales abre una oportunidad única no solo para llevar a cabo por fin la gran reforma del sistema judicial sino para abordar el problema estructural básico que está en la raíz de nuestros males: el dualismo, la coexistencia entre sectores modernos de un lado, y sectores informales, ilegales y patrimonialistas, de otro lado, en la economía y el Estado.
El sistema judicial, la Policía y segmentos del Estado funcionan todavía, en mayor o menor medida, con sistemas de gestión patrimonialista basados en redes de compadrazgo, amistad, parentesco o compañerismo universitario que se convierten en redes de intercambio de favores y eventualmente ejecución de actos ilícitos. Algunas de esas redes están intersectadas con el crimen organizado.
Lamentablemente el crecimiento económico de las últimas dos décadas y media, salvo en ciertas áreas, no ha venido acompañado de desarrollo institucional. Y entonces lo que hemos tenido es el avance creciente de un ordenamiento mafioso favorecido por una descentralización mal hecha que transfirió muchos recursos a los gobiernos sub nacionales convirtiéndolos en botines presupuestales apetecidos por mafias de proveedores y de extorsionadores de obras, y cooptados por organizaciones criminales de usurpadores de tierras necesitados de alcaldes y jueces que validen sus asaltos a la propiedad ajena.
Este proceso retroalimentó y se vio favorecido a la vez, por la fragmentación del sistema de partidos. En cada elección la proporción de alcaldes pertenecientes a partidos políticos nacionales ha sido menor, y los que representan a movimientos regionales o locales (ver gráfico). Los aventureros políticos y los mafiosos tuvieron la facilidad adicional de no tener que responder a un colectivo nacional que ejerza algún grado de control.
Lo que tuvimos fue una estructura política crecientemente entrópica, desintegrada y capturada por redes ilícitas, con perdida también creciente de la autoridad y el control central. Policías, fiscales y jueces fueron captados por esas organizaciones criminales. Y, por supuesto, también funcionarios públicos.
La tarea de limpiar y arreglar este sistema, entonces, va más allá de la sola reforma judicial, ver en Lampadia: Aportes a la reforma del sistema judicial.
Esta supone actuar simultáneamente en los siguientes ámbitos:
1. Mantener el ritmo de megaoperativos para desarticular las organizaciones criminales, lo que supone profundizar la reforma de la inteligencia policial, que hasta ahora ha sido exitosa. Pero para que los megaoperativos realmente sean efectivos se requiere:
a. Modificar el art. 454 del Nuevo Código Procesal Penal que blinda a fiscales y jueces, de modo de poder detenerlos en los megaoperativos y acusarlos directamente, sin pasar los órganos de control interno.
b. Instalar de una vez por todas bloqueadores de celulares en las cárceles, porque los cabecillas capturados siguen organizando golpes desde los centros penales. O permitir los celulares e instalar sistemas de escucha que permitan anticipar los delitos organizados desde los penales.
2. Profundizar la depuración de la Policía Nacional, lo que requiere de un acuerdo político para aprobar una ley que impida que los jueces repongan a policías corruptos o no idóneos.
3. Retomar y redoblar la reforma del servicio civil, que fuera abandonada durante la etapa de PPK. Ahora el premierato de Villanueva le ha dado nuevamente prioridad política. Ello es indispensable para pasar de una administración pública basada en elementos patrimonialistas a una basada en la meritocracia y la evaluación de resultados. No solo se le debe dar impulso al tránsito al régimen de la ley de Servicio Civil, sino que debería darse la directiva a las distintas entidades del Estado de que soliciten a SERVIR la designación de gerentes públicos, cuya asignación hoy depende de que la entidad se interese en pedirlos.
4. Reforma de la descentralización.
a. Por primera vez este gobierno ha pedido facultades para resolver algunos de los problemas que presenta el desorden descentralizado. Las ha pedido para delimitar mejor las funciones entre los tres niveles de gobierno para algunos procesos o servicios en salud, educación, transportes y saneamiento. A nuestro juicio, habría que ir más allá, fortaleciendo la competencia del gobierno nacional en el manejo de recursos estratégicos tales como el desarrollo forestal o la pesca. Y debería rescatarse y poner en práctica la reingeniería del Seguro Integral de Salud (SIS) que llevó a cabo el Dr. Moisés Rosas cuando estuvo a cargo de esa entidad.
b. El Ejecutivo ha pedido facultades también para facilitar y desarrollar mancomunidades macroregionales, y para organizar Agencias Regionales de Desarrollo que busquen coordinar mejor la acción del Estado y del sector privado en áreas determinadas, como el corredor minero del sur, por ejemplo. También ha pedido facultades para juntar dependencias del gobierno central en las regiones en locales de servicios compartidos, a fin de ahorrar en alquileres y personal y facilitarles la gestión a los ciudadanos.
c. Un avance importante desde el punto de vista de la recuperación del control central, es que desde setiembre las Oficinas de Control Interno de los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales, pasarán a depender directamente de la Contraloría General de la República y ya no de sus dependencias originales. Esto será útil siempre y cuando la Contraloría vaya sustituyendo las auditorias de cumplimiento de normas, que solo sirven para inhibir a los honestos, por auditorías de gestión o de desempeño, de la mano con el avance de la reforma del servicio civil y de los presupuestos por resultados.
d. Algo que debe incorporarse a la normativa de la descentralización es asegurar que los ciudadanos y empresas tengan, en las regiones, una segunda instancia a la que recurrir antes las decisiones de los gobernadores y alcaldes.
e. Deben fortalecerse los mecanismos de rendición de cuentas de las autoridades regionales y locales, así como las capacidades del gobierno central para intervenir en su gestión, en casos de extrema necesidad.
f. Hace falta tener un Plan Nacional de Infraestructura que reduzca discrecionalidad a la corrupción en la programación de la obra pública.
5. Reforma política. Este es el lado más débil, porque el Congreso no ha asumido hasta ahora con seriedad la tarea de diseñar las reformas constitucionales y legales que permitan reconstruir un sistema de partidos, mejorar los canales de representación y propiciar la formación de gobiernos que tengan mayoría en el Congreso, para facilitar la gobernabilidad. Las reformas necesarias acá son las siguientes:
a. Equilibrio de poderes y gobernabilidad
b. Partidos y representación
Necesitamos emprender todo este conjunto de reformas a la vez si queremos dejar de ser un Estado mafioso y pasar a ser uno basado en la meritocracia y el cumplimiento de metas que garantice seguridad jurídica y ciudadana y reduzca sustancialmente los niveles de corrupción. Lampadia
Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia
Hace quince años escribí en el diario La Primera, un artículo (Poder Judicial, La Reforma Posible) sobre la necesidad de implantar ‘un nuevo Poder Judicial y probablemente también una nueva base doctrinaria para la administración de justicia en el Perú’.
Entonces estábamos en el tercer año de gobierno de Alejandro Toledo, hoy estamos en tercer año del gobierno de PPK-Vizcarra, y nada ha mejorado. Seguramente estamos aún peor.
Mi propuesta del 2003 pretendía salir del margen tradicional en el que los peruanos solemos considerar nuestras opciones de cambio institucional. Hoy, con más fuerza, republico mi artículo con las siguientes consideraciones:
1. Tenemos que aprovechar la oportunidad para emprender una reforma integral del Sistema Judicial (Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y su relación con los abogados), empezando por el Poder Judicial.
2. La reforma tiene que hacerse desde adentro del Poder Judicial, con el propósito de respetar su autonomía constitucional.
3. La reforma debe ser conducida por un presidente del Poder Judicial (PJ), con el apoyo de una comisión de expertos, ajenos al PJ, que conduzca el diagnóstico, los lineamientos de la reforma, el diseño del nuevo Poder Judicial, y la redacción de códigos y normas.
4. Para viabilizar una reforma desde adentro, definida desde afuera, se debe recurrir también a la opinión de los ciudadanos, gremios laborales y empresariales, y otras instancias de la sociedad civil.
5. Se debe propiciar la participación ciudadana, mediante mesas de diálogo a instalarse a lo largo y ancho del país, para recoger sistemáticamente, opiniones y sugerencias, que deben registrarse minuciosamente; y los avances deben irse validando mediante amplias encuestas de opinión.
6. Se deben evaluar experiencias de reformas exitosas en el exterior, modelos de sistemas judiciales prestigiados, e incorporar especialistas extranjeros en todas las instancias del proceso.
7. Debe fortalecerse la institución del Juez de Paz no letrado, eliminar toda otra forma de administración de justicia externa al PJ, y fortalecer los mecanismos no judiciales de solución de conflictos, como el arbitraje.
8. Todos los componentes de la reforma deben ser sometidos a un referéndum popular para ser aprobados o rechazados en conjunto.
9. El resultado del referéndum debe ser mandatorio e implementado por una comisión externa ad-hoc, coordinada y dirigida por el presidente del Poder Judicial.
Espero que, en esta ocasión, nos ayudemos con estas ideas, que nos permiten hacer una reforma definida al exterior del PJ, pero conducida desde adentro del mismo.
Mi artículo del 2003:
Poder Judicial, La Reforma Posible
Pablo Bustamante Pardo
Publicado en enero, 2003
La Primera
Por increíble que pueda parecer, por nuestra azarosa historia republicana, los peruanos coincidimos en muy pocos temas. Uno de ellos es la opinión, prácticamente unánime, sobre las deficiencias del Poder Judicial.
Está muy claro que necesitamos un nuevo Poder Judicial y probablemente también una nueva base doctrinaria para la administración de justicia en el Perú.
Reformas han habido muchas, ninguna exitosa y sostenible. Se dice que desde adentro no se puede reformar lo que no funciona, efectivamente, esto ha sido así hasta ahora. Por otro lado, los intentos de reforma desde afuera, también fracasados, se enfrentan ineludiblemente a nuestra estructura legal, vulnerando la autonomía del propio Poder Judicial y alienando las fuerzas internas del mismo.
En ambos casos, las reformas desde adentro y las de afuera, se cometió el mismo error, enfrentar la reforma, a espaldas de la ciudadanía, origen y razón de su propia existencia.
Hoy, nos toca enfrentar esta realidad. Debemos hacerlo con sentido de urgencia, pero también con solvencia. La nueva reforma que debemos iniciar debería seguir ciertos principios y estrategias.
Principios
Estrategias
Una vez desarrollado este proceso, eminentemente público y participativo, habríamos acumulado un conjunto de conclusiones, que serían una base extraordinaria para el posterior diseño de la reforma. Así mismo se habría impregnado en la sociedad, no solo la necesidad de la reforma, como ya es hoy, sino también, la convicción y exigencia imparables sobre su posibilidad, fuerza motora imposible de enfrentar ya, por los grupos de poder contrarios a la reforma o por las mafias de adentro y de afuera del Poder Judicial.
Posteriormente, el presidente de la Corte Suprema debería convocar a una Asamblea Judicial con la participación de aquellos ciudadanos que hayan destacado durante el proceso, así como de expertos peruanos en varias disciplinas y asesores internacionales.
Ésta asamblea, basada en los trabajos previos, debería hacer una propuesta de reforma integral del Poder Judicial, de sus bases doctrinarias y de los procedimientos judiciales y extra-judiciales de resolución de conflictos. Dichas propuestas deberían ser sometidas a la ciudadanía mediante un referéndum. Luego se redactarían los códigos y leyes necesarias para su presentación al Congreso de la República.
Espero que este análisis, hecho por un ciudadano común, sin relación directa con el Poder Judicial, sirva como una contribución libre, en un momento tan delicado de la administración de justicia en nuestro querido país.
Lampadia
Una de las funciones más sagradas que puede ejercer un ser humano es la de juez. Juzgar a otro ser humano, sus actos y determinar la suerte de su vida y la de sus familiares es una responsabilidad que debe abrumar a quién la tiene y llevarlo al máximo grado de consecuencia moral y profesionalismo.
En el Perú esto suena a ciencia ficción, aunque, como ya casi vivimos en ciencia ficción, diremos que es iluso y utópico. No por eso, sin embargo, debemos renunciar a predicar los principios que deben regir tan sagrada función.
En nuestras lecturas, hemos dado con un magnífico artículo de Francesc De Carreras, publicado por El País de España, el 10 de abril pasado. Su tema es: ¿Qué es politizar la Justicia? En Lampadia, hemos rescatado sus sentencias sobre la naturaleza de las decisiones del juez.
Veamos lo que nos dice De Carreras sobre las funciones del juez (citas textuales)
“Dictar una sentencia presupone, precisar los hechos, encontrar en el ordenamiento las normas aplicables, e interpretarlas de acuerdo con métodos preestablecidos”.
“Esta limitación de los métodos interpretativos es una garantía de la seguridad jurídica: el juez no puede utilizar cualquier método para interpretar el significado de una norma sino sólo aquellos aceptados por la comunidad jurídica. La principal garantía de que el juez se atiene a la ley en sus resoluciones está en la motivación de las mismas, argumentada en los fundamentos jurídicos. Una sentencia será buena o mala, no porque el fallo se ajuste o no a nuestras convicciones sobre la justicia como valor, sino por los argumentos jurídicos —basados en hechos y en normas— que la motivan”.
Cómo podemos ver de los preceptos anteriores, solo se justifica la plena autonomía del juez, en la medida de que esté absolutamente sometido a las leyes y los procedimientos jurídicos, incluso si se trata de la ley de leyes, la Constitución. El juez no puede ejercer su función según su criterio, así sea de conciencia.
Una de las grandes carencias institucionales del Perú es la calidad de nuestros ‘sistema judicial’, que abarca al Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Policía Nacional y a los profesionales del Derecho. Empecemos, en la sociedad civil, por tomar conciencia de los principios básicos que deben regir la administración de justicia, para saber que exigir a nuestros gobernantes. Lampadia
Datos demasiado grandes para el formato del archivo
En América Latina los casos en los que se ha conseguido un avance importante en la reducción de los niveles de inseguridad y de la tasa de homicidios, por lo general tienen en común el hecho de que los gobiernos locales jugaron un papel protagónico en articular a la policía nacional, los órganos judiciales y otras instancias del gobierno central, ofreciendo además servicios y programas de regeneración urbana y social capaces de dar respuesta a las condiciones que crearon medios propicios para la delincuencia. En el presente informe de la OEA tenemos una revisión de los casos exitosos de Guayaquil y Quito en Ecuador, y de Medellín y Bogotá en Colombia.
En las dos primeras ciudades las municipalidades asumieron funciones en seguridad pese a que constitucionalmente ello es responsabilidad del gobierno central. Pusieron en funcionamiento Consejos de Seguridad con el objetivo de coordinar el trabajo de las distintas instituciones estatales que tienen responsabilidad en los temas de seguridad y justicia y en ambas se crearon sistemas de información de violencia y delincuencia que compilan, sistematizan, hacen análisis y entregan reportes de violencia e inseguridad de las ciudades.
En Colombia la policía, dependiente del Ministerio de Defensa y dominada por la guerra contra las FARC, tendía a no hacer caso de la autoridad de los alcaldes. Sin embargo, en Medellin y Bogotá alcaldes sucesivos asumieron sus funciones en el terreno de la seguridad e hicieron uso de las atribuciones legales que tenían desde 1991 de conducir los consejos de seguridad, impartir órdenes a los comandantes de la policía, evaluar su desempeño y solicitar su cambio motivado. Y así lograron, en coordinación con la policía y otras instituciones, reducir sustancialmente la tasa de homicidios y delitos. En el informe se explica las acciones y programas que condujeron a ese resultado. Lampadia
Experiencias exitosas de seguridad en gobiernos locales
Guayaquil, Quito, Medellín, Bogotá y el Programa: Departamentos y Municipios Seguros –DMS-.
Por: Hugo Acero Velásquez
Publicado por la OEA
1. Presentación.
Los alcaldes, prefectos y gobernadores son aquellos funcionarios que en cualquier Estado están más cerca de la vida cotidiana de los ciudadanos, mientras que las autoridades nacionales son las encargadas de fijar las líneas de acción general a desarrollarse en todo el territorio. En el caso de la gestión de la seguridad, son las autoridades locales, en representación del Estado, a las que en un primer momento les toca dar respuesta a las problemáticas de violencia y delincuencia que ocurren en sus municipios y prefecturas.
Este planteamiento tiene su justificación en que las problemáticas de seguridad ciudadana, además de ser multicausales, tienen diferentes formas de manifestarse de acuerdo con los lugares donde se presentan, por cuanto median en las mismas las características culturales, sociodemográficas, condiciones económicas y hasta en ciertas oportunidades las condiciones geográficas. Por otro lado, al tener las autoridades locales jurisdicciones sobre determinados territorios, tienen la posibilidad de intervenir sobre los problemas de seguridad con más elementos de juicio y a tiempo, obviamente siguiendo unas líneas generales de acción que indiscutiblemente provienen del nivel nacional.
Pese a la trascendencia de los anteriores planteamientos y a su pertinencia en cuanto al manejo de las problemáticas de seguridad ciudadana, son muy pocas las administraciones locales que en América Latina han liderado procesos en la materia con buenos resultados. De igual forma, son muy pocos los Estados en los cuales la normatividad permite que sean las autoridades locales las responsables del tema de seguridad ciudadana.
Para seguir leyendo, ver documento completo: Experiencias exitosas de seguridad en gobiernos locales
El proyecto minero de las Bambas, que está a punto de entrar en operación (95% de avance de la inversión) después de cincuenta años de espera, es atacado con las mismas prácticas anti desarrollo de los anti mineros violentistas. Ellos, como muchas otras veces, buscan exacerbar los conflictos al punto de generar las condiciones para que tengamos que lamentar las muertes de ciudadanos inocentes.
Ya es hora de que nuestra sociedad rechace estas prácticas estalinistas. (Ver en Lampadia: Estalinismo en Cajamarca, Criminales anti Tía María amenazan con violaciones y canibalismo y Lampadia denuncia sabotaje contra la economía peruana – Complot anti-desarrollo al descubierto.
Para quienes tengan interés en ver como se complota contra el país, ver: Manual anti minero.
El proyecto de las Bambas es uno de los proyectos mineros más importantes del mundo. Su desarrollo ha cumplido todas las normas, con los mejores estándares internacionales. En términos ambientales y sociales, su manejo ha sido icónico.
Ver algunos detalles sobre el proyecto y su desarrollo:
Las Bambas es uno de los mayores proyectos de cobre del mundo. Se localiza en la región Apurímac, provincia de Cotabambas, distrito de Challhuahuacho. Fue avalado socialmente por más de 5,000 personas en una audiencia pública del Estudio de Impacto Ambiental, en 15 julio del 2010.
El proyecto está terminando y el avance es mayor al 95%. Las Bambas será una de las minas de cobre más grandes del mundo. Tiene reservas minerales de 6,9 millones de toneladas de cobre y recursos minerales de 10,5 millones de toneladas. Su operación durará más de 20 años.
El concentrado se transportará al puerto de Matarani a través de una modalidad bimodal (camión y tren). La línea de transmisión de alta tensión de Las Bambas incluye una línea de transmisión de 220 Kv de 130 kilómetros de longitud, que se extiende desde la red eléctrica del Perú (subestación Cotaruse) hasta el sitio.
El agua para el proyecto se almacenará durante la temporada de lluvias en dos presas y se maximizará el reciclaje del agua minimizando el uso de agua fresca.Eventualmente se utilizaría el agua del río Challhuahuacho, pero existe el compromiso de mantener el caudal ecológico en el río Challhuahuacho lo que asegurará la flora y fauna acuática todo el año.
En el aspecto social, entre el 2005 y 2015, Las Bambas desarrollo una intensa campaña de trabajo social.
El EIA de Las Bambas se aprobó en el 2011, considerando tres áreas: Área de Las Bambas: mina, planta concentradora y componentes auxiliares, área Mineroducto y área de Tintaya: planta menor de Molibdeno y planta de filtrado final.
El EIA fue aprobado luego de un delicado Proceso de Participación Ciudadana que incluyó monitoreos participativos, 20 talleres de participación ciudadana y una audiencia pública en donde participaron más de 5,000 personas.
Como consecuencia de los cambios de propiedad de Las Bambas y la mina Antapaccay (ex Tintaya), tubo que mudarse la planta de molibdenos al área de Las Bambas, reduciéndose así la huella del proyecto (espacio geográfico autorizado donde se desarrollarán las operaciones del proyecto) con un proceso más eficiente, reubicándose la planta de molibdeno y filtros.
El mineroducto fue reemplazado por un sistema de transporte bimodal; carretera y transporte en ferrocarril hasta el Puerto de Matarani, una carretera de primer orden, creando con esto un corredor económico a lo largo de esta nueva vía, solicitado muchas veces por las mismas comunidades, productores y empresarios locales.
Todas las modificaciones del EIA se llevaron a cabo respetando estrictamente los procedimientos regulatorios e involucró una comunicación con las municipalidades involucradas respetando los requerimientos legales aplicables, así como cumpliendo a cabalidad las exigencias de las entidades gubernamentales involucradas en el proceso de aprobación.
El 11 de julio de 2013, se presentó un Informe Técnico Sustentatoriode conformidad con el artículo 4 del D.S 054-2013-PCM, fue aprobado mediante Resolución Directoral N°319-2013-MEM-AAM del 17 de septiembre de 2013. En este se sustentó que los impactos ambientales, relacionados a la reubicación de las plantasauxiliares y menores de molibdeno y filtración,y el almacén de concentrados, son de carácter no significativo y por lo tanto no generan mayor impacto a los evaluados en el EIA aprobado.
Estas modificaciones fueron informadas oportunamente a las autoridades provinciales de Cotabambas y Grau, y las distritales de Challhuahuacho, Mara, Coyllurqui y Tambobamba, por el Ministerio de Energía y Minas, como consta en los cargos de entrega correspondientes.
Desde hace algunos meses empezaron a infiltrarse personajes ajenos a la región para preparar las asonadas como la que hemos presenciado. Según el Director de Perú21, en su columna del 29 de setiembre: “(…) las organizaciones y los actores detrás de esta “protesta”: Ronald Bello (Tierra y Libertad); Oscar Mollohuanca (Tierra y Libertad); Wilfredo Saavedra (ex MRTA), entre otros grupos (miembros del Movadef, etnocaceristas y ex PUM, por ejemplo). Distintos partes de inteligencia han confirmado reuniones de coordinación entre estos tres personajes desde el año pasado”.
Estábamos advertidos, pero nuevamente se ha dejado de alertar a los ciudadanos sobre estas maniobras. Ahora cobran muertes que debemos lamentar, pero exigen de las autoridades y, especialmente, al Ministerio Público y del Poder Judicial, su acercamiento a la Policía Nacional para encausar debidamente y sin pausa a los criminales anti país.
Esperamos que esta vez, después de los fracasos de Tambogrande, Cañariaco, Pichanaqui y Tía María, se pueda generar una acción concertada entre los distintos estamentos del Estado para parar estos enfrentamientos criminales y hacer prevalecer el Estado de Derecho. Lampadia