Oscar Urviola Hani
Ex presidente del Tribunal Constitucional
Para Lampadia

Desde que se conoció la decisión del Presidente Vizcarra de disolver el Congreso de la República, por considerar que se había negado de manera “fáctica” la cuestión de confianza planteada, he manifestado mi desacuerdo y total rechazo a esa decisión, que consideré – y no he cambiado de opinión – como una grave violación del orden constitucional, no por defender a un desprestigiado congreso – que había incurrido en graves errores políticos, conformado por algunos elementos seriamente comprometidos con la corrupción, que diariamente recibían el repudio de la población, sino por defender a una institución que conforma el sistema  democrático, como es el Congreso de la República, que está por encima de los avatares de quienes lo conforman.

Ante la grave alteración del sistema democrático, existe la posibilidad, en parte, de reconducir esta situación irregular hacia la normalidad, mediante la intervención del TC, máxime interprete de la Constitución, quien al admitir la demanda competencial interpuesta por el Congreso de la República, tiene la oportunidad de pronunciarse sobre:

a) Si la cuestión de confianza planteada por el ejecutivo puede estar relacionada a una facultad que en  la Constitución le está reservada exclusivamente al Poder Legislativo, b) Si la cuestión de confianza puede ser denegada  de manera fáctica, c) si la aprobación de la cuestión de confianza esta sujeta a formalidades.

La disolución del Congreso y su consecuencia en la convocatoria a elecciones complementarias, que constituye el cuarto petitorio de la demanda, se puede considerar como denegado y, por lo tanto, hechos consumados e irreversibles, al haberse rechazado la medida cautelar.

El magistrado Carlos Ramos Núñez, ha presentado su ponencia, que se debatirá públicamente, decisión que saludamos. El ejercicio del derecho de crítica que reconoce la Constitución, especialmente en este tipo de procesos, como es el competencial  en los que no existen partes sino legitimados activos, que representan intereses públicos y no particulares, así como el tipo de control abstracto, alejado de toda subjetividad, permite  la formación de una corriente de opinión pública  respecto de las distintas posiciones que se expongan en el curso del debate, tan necesarias para enriquecerlas, que conduzcan a decisiones acertadas, sobre todo cuando el interés público esta de por medio, como en el presente caso.

El versado conocimiento de la historia del derecho del ponente, nos presenta una interesante síntesis de las fuentes que han nutrido nuestro sistema democrático, así como de las propias creaciones que han dado lugar a un sistema de gobierno presidencialista atenuado por la injerencia del parlamento, con quien comparte la responsabilidad de gobernar, bajo los principios de división de poderes y pesos y contrapesos, que no excluyen al de colaboración de poderes.

No soslayamos la importancia que tiene la historia para conocer las fuentes, entender el presente y proyectar el futuro, sin embargo, en la ponencia encontramos que ese mismo interés por revisar el pasado no se muestra, con la misma amplitud y   objetividad, para analizar los hechos del presente que han alterado el orden constitucional y democrático, así como para evitar, en el futuro, las controversias entre los poderes del Estado.

La ponencia parece desconocer que es deber del TC señalar los actos que constituyan una violación constitucional y la alteración del orden democrático de la República, que se ha producido en el presente, en concreto en los hechos que dieron lugar a la disolución del Congreso en base a una negativa “fáctica” de la cuestión de confianza.

No considera las amenazas de disolución, anteriores y persistentes del ejecutivo, que revelan la intención política de prescindir del control que debe ejercer el Congreso; tampoco ha considerado la forma intimidatoria con la que el presidente del Consejo de Ministros irrumpió en el hemiciclo parlamentario, alterando los procedimientos establecidos en la ley, que constituyen formalidades de cumplimiento obligatorio, bajo pena de nulidad. Debo hacer recuerdo que el TC ha expedido sentencias de inconstitucionalidad, por la forma, cuando no se han observado los procedimientos establecidos.

¿Puede el presidente del Consejo de Ministros, por su sola presencia alterar el curso de una sesión, que tiene aprobada una agenda, cuya variación no es de su competencia?  La respuesta es no y menos aún para plantear una cuestión de confianza vinculada a una facultad que la Constitución le ha reservado, exclusivamente, al Poder Legislativo, sumado a ello exigir la paralización de un proceso ya iniciado. Sobre esto no dice nada la ponencia en un análisis desde la Constitución. Sólo dice que la elección de los miembros del TC es un tema de interés público, que por cierto lo es – y por eso remarca el interés del ejecutivo, al extremo de hacer cuestión de confianza – pero ese interés, que es de todos los peruanos, no puede significar la alteración de las competencias que señala la Constitución.

Preocupa, tanto para el presente como para el futuro, la interpretación de la negativa “fáctica” de la cuestión de confianza. La ponencia no obstante reconocer, en el fundamento 135, la necesidad de que la cuestión de confianza sea aprobada o desaprobada de manera expresa, resaltando nuestro modelo de gobierno, permite de manera abierta las situaciones de excepción en las que se pueda aplicar la negativa “fáctica”, dejando un amplio campo de arbitrariedad, que afecta los principios e instituciones del sistema democrático, especialmente en los que concierne a la división de poderes.

Ante esta situación de pasado, presente y futuro el TC está en la hora crucial de responder ante el país la importante misión que le ha asignado la Constitución de resguardar el orden constitucional y el sistema democrático que ella ha consagrado. Esperamos que esta ponencia pueda servir para iniciar un debate serio y responsable, que de como resultado una sentencia en armonía con el interés nacional. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La comisión de Constitución del Congreso está dedicada a debatir y aprobar las normas que permitan regular mejor las elecciones municipales y regionales del 2018,[1] pero todavía no aborda las reformas de fondo necesarias para reconstruir un sistema de partidos funcional, asegurar la gobernabilidad y mejorar la representación, ni, como veremos, existe aun consenso sobre ellas.

Fuente:  Blog: Polítika

Entre los congresistas no parece existir conciencia acerca de la necesidad de llevar a cabo una reforma política de verdad o se encuentran cómodos con la manera como llegaron al Congreso y no quisieran cambiar el statu quo. Son producto de la disfunción y por eso no ven la necesidad de remediarla.

Pero basta revisar el último proceso electoral para advertir las características del problema. El libro “Perú, elecciones 2016”, cuyo editor es Fernando Tuesta, contiene ensayos muy ilustrativos al respecto. Varios de ellos dan cuenta de cómo se manifestó en esa elección la naturaleza altamente personalista de la política peruana y la inexistencia de partidos propiamente tales: la gente vota por la persona, y los partidos son meros vehículos para la movilidad política de los candidatos.

Mauricio Zavaleta y Paulo Vilca, por ejemplo, muestran cómo los candidatos al Congreso han postulado antes a cargos sub nacionales por diversas agrupaciones regionales o locales, o al propio Congreso por partidos políticos distintos al que en esta ocasión los postula. Lo que hay es una altísima movilidad. Los partidos no tienen existencia propia. Son meros vehículos, como decíamos. Milagros Campos anota cómo el transfuguismo, es decir, cambiar de partido, es una manera de reelegirse.

Y el problema es que las reglas electorales y las que regulan las organizaciones políticas agravan esta situación. Más específicamente, impiden que los partidos se institucionalicen y socavan la democracia interna o colisionan con las normas que la regulan. Así, Mauricio Zavaleta y Paulo Vilca demuestran cómo los miembros o militantes de los partidos tienen pocas posibilidades de alcanzar las candidaturas congresales, puesto que éstas son obtenidas por políticos regionales (líderes de movimientos regionales) en negociaciones directas con los dirigentes del partido, quienes los escogen porque ya son conocidos y por su capacidad de aportar recursos.

Evidentemente, si las élites partidarias prefieren captar políticos regionales competitivos sin vínculos con la organización,  ¿para qué elecciones internas? Ellas y los Comités Locales se convierten en un problema.

Esta simbiosis entre partidos y movimientos regionales o locales atenta no sólo contra la democracia interna en los partidos sino también contra la propia consolidación de los partidos políticos en el territorio. En cada elección municipal el porcentaje de alcaldes que pertenece a movimientos regionales es mayor, y los partidos tienen cada vez menos presencia, pero eso no es problema a la hora de las elecciones nacionales porque los partidos reclutan precisamente a esos líderes conocidos y acaudalados de movimientos locales.

De lo que se desprende que una reforma necesaria sería eliminar la participación de los movimientos regionales en las elecciones subnacionales o ponerles requisitos más fuertes para inscribirse y participar, u obligarlos a adscribirse a un partido.

Pero allí no queda la cosa. En este contexto, el voto preferencial resulta funcional a las dirigencias partidarias porque incentiva a los candidatos al Congreso a hacer campaña con sus propios recursos, sin necesidad de usar recursos del partido, promoviendo de paso la imagen del candidato presidencial. Pero, claro, esto se hace a costa de una plataforma programática cohesionada y genera una competencia fratriciada entre los candidatos del mismo partido.

En suma, movimientos regionales liderados por políticos locales con recursos,  y voto preferencial, son instituciones que se refuerzas mutuamente, pero a costa de la institucionalización partidaria y de la democracia interna. No tiene sentido exigir formas mas acabadas de democracia interna si no cambiamos la combinación perversa de movimientos regionales con voto preferencial.

La solución acá es pasar a un sistema para elegir congresistas basado en distritos uninominales (o binominales), donde el candidato haría campaña pero contra los candidatos de otros partidos, no del suyo propio, eliminando el  efecto perjudicial de la competencia fratricida y de la destrucción del mensaje programático único. Este sistema tiene además un efecto reductor en el número de partidos y resuelve el problema de la representación porque el elector sabe quién es su representante y puede comunicarse con él. Le da sentido real a la democracia.

Por supuesto, un corolario de la complementariedad entre movimientos regionales y voto preferencial en la elección de los congresistas, es la fragmentación posterior de las bancadas parlamentarias, pues no existe realmente identificación partidaria.

Lamentablemente, no existe entre los congresistas de Fuerza Popular conciencia del efecto de estos mecanismos en la institucionalidad partidaria, y no hay consenso acerca de las reformas necesarias para prevenirlo. Ursula Letona me confesó de manera sincera que “hay mucha reticencia a eliminar el voto preferencial porque somos fruto del voto preferencial”. Pero más grave aun fue el desconocimiento de sus efectos: “creo que el esquema se ha mantenido porque no resulta tan dañino para la democracia, yo creo que más importante es cómo se genera la lista de candidatos, tiene que haber un sistema que le permita también al partido colocar candidatos”. Luego le pregunté:

-¿Pero tú no crees que se pueda eliminar el voto preferencial y canjearlo por un sistema uninominal?

-“De lo que he visto, no. No he visto ningún consenso”, me respondió.

Daniel Salaverry es de la misma opinión: “No hay una decisión de la bancada aún en esos temas, sin embargo mi opinión es que se puede mantener el voto preferencial”.

Si dos importantes representantes de la bancada mayoritaria están en contra de eliminar el voto preferencial, parece claro que esta reforma fundamental no se realizará. Y como tampoco se está planteando nada en el sentido de eliminar la participación de los movimientos regionales o poner requisitos mas fuertes para ella, pues se mantendrá el síndrome destructivo de la institucionalidad partidaria.  

Salaverry quizá se da cuenta de que mantener ese esquema impide la democracia interna, y tal vez por eso se opone a que los organismos electorales organicen las elecciones internas en los partidos. Obvio: las dirigencias tienen que poder reclutar a políticos locales con recursos. Si hay elecciones internas supervisadas, ese margen se achica.

De otro lado, sin embargo, el dictamen del grupo de Patricia Donayre mantenía el requisito para inscribir un partido de reunir un número de firmas equivalente al 4% del padrón electoral. Es una valla muy alta. Si se mantiene, se tiende a consolidar el monopolio de los partidos ya inscritos, lo que obligaría a que se conviertan en verdaderamente democráticos de manera que cualquiera que quiera hacer política y no tenga mas remedio que ingresar a un partido existente, pues tenga las garantías de que se respetará la voluntad de los electores internos si postula a un cargo partidario o a una candidatura.

Pero no hay consenso para que las elecciones internas sean universales –un militante un voto- ni para que los organismos electorales organicen dichas elecciones. Y menos serían éstas congruentes con mantener la nociva diada movimientos regionales-voto preferencial.

De modo que no hay lógica ni reforma por ninguna parte. Eso sí, Ursula Letona está de acuerdo –aunque a título personal- con el restablecimiento de la bicameralidad y con  la elección del Congreso junto con  la segunda vuelta presidencial o después de ella. Pero Fuerza Popular no ha discutido aun estos temas. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Tuvieron que pasar siete años y mucha presión mediática y política para que el Poder Judicial finalmente concluyera que un pasquín del Movadef, que exaltaba a niveles hiperbólicos la figura de Abimael Guzmán, hacía apología del terrorismo. Habría que preguntarse si detrás de esa demora no había algo de temor en los jueces, porque según trascendidos e informes oficiosos del Poder Judicial, el sindicato de Lima del Poder Judicial, el SUTRAPOJ, tendría una importante influencia del Movadef pues, de 14 delegados, 6 pertenecen a esa agrupación.

El hecho de que el Movadef pueda estar enquistado en el Poder Judicial y éste no pueda o no quiera hacer nada al respecto, nos sirve como introducción dramática al tema que queremos plantear: ¿es posible una reforma judicial “desde adentro”, considerando los intereses creados y la inercia del sistema? En realidad, existe un mito en torno a que la reforma judicial no se puede ni se debe realizar desde afuera. En la práctica, como veremos, los principales cambios en el sistema judicial vienen realizándose desde afuera. Y esa es la ruta que hay que profundizar.

Para comenzar, como sabemos, este gobierno ha puesto en marcha el Acuerdo Nacional por la Justicia (ANJ), promovido y coordinado por la Ministra de Justicia Marisol Perez Tello. Es decir, desde afuera, aunque quienes lo integran son los titulares de las entidades que deben reformarse: el presidente de la Corte Suprema, el Fiscal de la Nación, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (que acaba de renunciar en desacuerdo con la iniciativa de reforma de ese organismo) y el presidente de la Academia de la Magistratura. Funciona más como un mecanismo de coordinación –que no existía- entre los integrantes del sistema de justicia y de motivación para la ejecución de mejoras y pequeñas reformas en cada entidad. Se ven temas como la mejora de los protocolos de coordinación en los procesos que se llevan a cabo con el nuevo código procesal penal, o mejoras en los procesos vinculados a casos de familia. También la importantísima reforma del expediente digital. Recientemente se quiere discutir la reforma del CNM, por ejemplo.

Fuente: eljuegodelacorte.

La pregunta es hasta qué punto el ANJ tendrá la decisión de abordar los temas más difíciles, esos que suponen romper el statu quo interno de las instituciones componentes. El Acuerdo se propone, por ejemplo, plantear un modelo de gestión por resultados, basado en procesos eficientes. Veremos hasta donde llega, porque hasta la fecha no ha habido manera de instaurar un sistema de evaluación de desempeño de los jueces que rija sus ascensos y su permanencia. Hay problemas de gestión en los juzgados, las salas y las audiencias. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial no funciona. El presidente del Poder Judicial debería serlo por un periodo de 4 años con más poderes ejecutivos y empoderando a la gerencia general. De lo contrario, todo es connivencia en torno al statu quo. La corrupción es grave. Algunos fiscales y jueces están vinculados a mafias o validan acciones de organizaciones criminales dedicadas a la usurpación de terrenos, por ejemplo. La OCMA carece de recursos y capacidades.

No se ve que en el ANJ se aborde esos temas.

Para comenzar, en las instituciones judiciales suele haber complicidad interna y horror a la transparencia. En el 2009 el PNUD donó al Poder Judicial un programa –que se usa en el FBI, por ejemplo- llamado I2, avaluado en 500,000 dólares, que permite descubrir desbalances patrimoniales, detectar robos o sobreprecios en las compras de la institución, etc. Se llegó a introducir en el programa información de la Reniec, de la Sunat, de la Sunarp, acerca de ingresos, bienes patrimoniales y vinculaciones familiares de los Supremos y gerentes en este caso, y también la información relacionada a las licitaciones y compras del Poder Judicial: las empresas que participaron y ganaron, las propuestas que hicieron, quiénes integraban las comisiones de adjudicación, etc. El programa llegó a hacer un informe que detectó desbalances patrimoniales en algunos supremos y descubrió corrupción en la compra de papel, por ejemplo. Con esa información el gerente fue despedido luego de un tiempo. Pero nada se hizo en relación a los Supremos. Más bien lo que ocurrió fue que al poco tiempo el programa sencillamente desapareció. Nadie sabe dónde está y hasta se ha perdido la memoria de su existencia. Un programa como ese sería de enorme utilidad, porque permitiría depurar las instituciones del sistema de justicia.

La misma fuente nos refiere que ese mismo año el Banco Mundial donó 4 equipos Forensic, que leen el espejo de las computadoras, para recuperar la data borrada. Pues bien, en la actualidad solo se ha encontrado uno. No se sabe qué pasó con los otros tres.

De acuerdo a nuestras informaciones, la corrupción en el Poder Judicial no solo es parte casi consustancial a la administración de justicia misma (ver libro de Jaris Mujica, “Micropoliticas de la Corrupción”), sino que sería aún más intensa en la parte administrativa de la judicatura. Las compras son un festín. Los gerentes generales puestos por los presidentes del Poder Judicial, no duran porque no pueden contra las fuerzas internas. Cesar San Martín tuvo dos gerentes públicos puestos por Servir, que tuvieron que salir por la resistencia del statu quo. Enrique Mendoza tuvo también dos gerentes generales, un marino y un gerente público de Servir, que tampoco pudieron cambiar el sistema. El de Ticona renunció en setiembre del año pasado y el cargo quedó vacante hasta la fecha.

Parte del problema estriba en que la mayor parte del personal administrativo está nombrado, de modo que es difícil exigirles nada y menos cesarlo por incompetencia o falta de trabajo. No solo eso, resulta que hay 23,000 trabajadores administrativos (sin contar los auxiliares jurisdiccionales que son unos 4,000) para 3,000 jueces. Una relación ¡de 8 a 1!, cuando debería haber menos administrativos que jueces.

Y ese número se incrementa a razón de 1,000 nuevos empleados por año. Aparentemente la autonomía les sirve para eso. Lo que ya resulta aún más escandaloso es el caso de las notificaciones. Se supone que con las notificaciones electrónicas el personal debía reducirse al mínimo. Pues bien, ¡aumentó! Pasó, en la Corte de Lima, de 183 personas antes, a 196 en la actualidad luego de establecido el sistema electrónico.

Es obvio que esta situación requiere de una intervención radical. Los jueces no se atreven a actuar porque dependen de los administrativos para tener papel, tonner, que funcionen las computadoras, la movilidad, etc. Los sindicatos que agrupan a los administrativos ni siquiera aceptan pasar al régimen de la ley de servicio civil, que les da los mismos o mejores beneficios que tienen ahora, pero a cambio de evaluaciones y de meritocracia. El Poder Judicial está en desacato frente a la ley de Servicio Civil. No la quiere aplicar, por presión de los sindicatos.

Para coronar esta situación resulta que el sindicato de Lima, el SUTRAPOJ, podría estar siendo manejado, en algo medida nada menos que por el Movadef, pues de 14 delegados, 6 tendrían vinculaciones a dicha agrupación. 

Pues bien, ante la resistencia a ingresar al régimen del servicio civil, existe una iniciativa en el Poder Judicial para contratar una consultora internacional que haga un estudio y recomiende la organización y los mecanismos de meritocracia interna que deberían establecerse en la administración. Pero, de acuerdo a nuestras fuentes, quien se opondría es precisamente el gerente general, y ya podemos imaginar por qué. Y tampoco el presidente del Poder Judicial ni el Consejo Ejecutivo muestran una voluntad clara de convocar la licitación correspondiente.

¿Cómo hacer para resolver esos problemas y todos los relativos a la parte jurisdiccional propiamente dicha? ¿Podrá el Acuerdo Nacional por la Justicia transformar organizaciones todavía en alguna medida patrimonialistas gobernadas por redes internas de poder que eventualmente se convierten en redes de corrupción, en organizaciones basadas en un orden interno meritocrático asegurado por evaluaciones de desempeño y orientado al cumplimiento de metas y resultados?

El ANJ es un buen esfuerzo y debería institucionalizarse. Se ha preparado un proyecto de ley para eso. Pero está integrado por las partes interesadas. Ese es su límite. Se necesita más. Y lo primer que hay que despejar es el mito de que la reforma no se puede hacer desde fuera, aunque con la colaboración y la participación de los jueces y fiscales, desde luego. Desde fuera y desde adentro, a la vez.

En efecto, de hecho, tenemos ya el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), una institución externa creada por la propia Constitución. Es decir, la propia Carta Magna señala el camino. Ahora se ha planteado la reforma de esa institución, precisamente porque un CNM de primer nivel ayudará a nombrar mejores jueces y fiscales y destituir a los malos. Es, decir, ayudará a cambiar el sistema judicial. Es una intervención desde fuera.

Pero la composición propuesta en el proyecto del Ejecutivo no es convincente. Mucho mejor a simple vista es la que propone Transparencia: que los miembros del CNM “sean designados por el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, el Banco Central de Reserva y la Corte Suprema. Además, el Jurado Nacional de Elecciones, con el soporte operativo de Servir, seleccionaría a tres miembros adicionales por concurso público de méritos”

Transparencia propone también eliminar el mecanismo de ratificación de jueces cada siete años a cargo del mismo CNM, porque esa intervención sí es nociva porque puede ser arbitraria y hasta corrupta. La alternativa sería transferir al Poder Judicial y al Ministerio Público la función de realizar evaluaciones de desempeño y productividad regulares que determinen los ascensos y, eventualmente, el retiro de los que no alcanzan las aptitudes necesarias, lo que, a su vez, demandará la aprobación de una ley de carrera judicial y fiscal. Esta es tarea del Congreso, otra intervención externa. Quizá un nuevo CNM podría supervisar esos procesos o tener participación en su ejecución. 

También el Ministerio de Justicia puede impulsar cambios en el sistema judicial. De hecho, ya lo ha venido haciendo por medio de la Secretaría Técnica de la Comisión de Implementación del nuevo Código Procesal Penal, que ha monitoreado, en pared con el MEF, el largo proceso de implementación de ese código que está produciendo un verdadero cambio institucional y cultural en el sistema judicial-policial (aunque se requiere ajustes), pero que aún falta aplicarse en Lima. Otro caso de reforma “desde afuera”, relativamente exitoso, además.

Pues bien, sería bueno ampliarle el mandato a esa Secretaría para que promueva la “oralización” en todos los procesos (civiles y comerciales), la implantación de los sistemas de evaluación de desempeño en el Poder Judicial y el Ministerio Público, la introducción de expediente digital y la interoperabilidad, y lo que hemos llamado la  atención primaria de la justicia penal.[1]Esto en combinación con un sistema de presupuesto por resultados, de modo que se asigne más presupuesto en función del cumplimiento de metas y compromisos.

El Congreso, por su parte, debe intervenir no solo aprobando las leyes de carrera judicial y fiscal y la que amplíe el mandato de la Secretaría mencionada, sino dictando una ley para que el periodo del presidente del Poder Judicial dure cuatro y no dos años, transfiriéndole, además, atribuciones de decisión que ahora tiene la sala Suprema. Es decir, empoderándolo para que pueda hacer las reformas.

Y no nos olvidemos de la Contraloría. Su intervención tiene que ser certera y eficaz para erradicar la cantidad insondable de corruptelas que hay en la administración del Poder Judicial. Aquí no cabe la coartada de la autonomía administrativa. Son recursos de todos los peruanos que deben ser cautelados con rigor. Sí se requeriría probablemente una ley para que el MEF o Servir intervengan para racionalizar y reducir a su justa dimensión la hipertrofiada gerencia administrativa de la judicatura.

Sería bueno que el Acuerdo Nacional por la Justicia se pronuncie sobre estos puntos. La mayor parte de estas decisiones, sin embargo, están en manos del Congreso y del propio Poder Ejecutivo. Dependen de la clase política. No hay tiempo que perder. Ver también la primera entrega de este tema: El avance de las reformas del Estado es desigual. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Del conjunto de reformas que el país requiere para dar el salto que nos permita salir de la trampa del ingreso medio y no recaer en la pobreza, los Poderes del Estado, en el primer año de gestión del gobierno del presidente Kuczynski, han logrado avanzar de manera todavía incipiente y en distintas medidas en lo relacionado a desregulación y simplificación administrativa, digitalización del Estado, formalización tributaria, reforma policial, diseño de un nuevo sistema de inversión pública, reforma electoral y algunas iniciativas limitadas de reforma judicial. Pero todavía está en formulación la propuesta de reforma del sistema de protección social, que incluye la reforma integral de la Salud, de las pensiones y de la protección frente al despido (reforma laboral), no hay prioridad política para la aplicación de la ley de servicio civil y no hay planteamientos acerca de la necesaria reforma de la descentralización ni se están ejecutando aun estrategias para sacar adelante los proyectos mineros.

Comencemos por lo más avanzado y prometedor: lo relativo a un Estado moderno, digital, facilitador y profesional. Es decir, la reforma del Estado, o del Poder Ejecutivo, para ser más precisos. Aunque en esto los avances son desiguales, incluso en lo relativo a simplificación administrativa, que es donde se observa más determinación.

Fuente: zurse.com

Simplificación administrativa y desregulación

La simplificación administrativa no solo le hace la vida más fácil al ciudadano y a las empresas, sino que elimina oportunidades de corrupción. Se aprobó ya el reglamento y la metodología del llamado “análisis de calidad regulatoria” por el que tendrán que pasar cada tres años todos los procesos administrativos o trámites de los distintos ministerios y entidades públicas. De acuerdo al cronograma aprobado, este trabajo tendrá que estar terminado en setiembre del 2018. Las distintas instituciones realizan su propio análisis que es revisado y validado por una oficina central en la PCM. Los procedimientos que no pasen el examen serán derogados. Si esto se hace bien, puede ser una verdadera revolución facilitadora.

El Indecopi ha empezado ya a in-aplicar barreras burocráticas con efecto general, una atribución concedida por uno de los recientes decretos legislativos. Ivo Gagliuffi, presidente de Indecopi, nos informa que hasta la semana pasada se habían presentado 66 casos de inaplicación con efectos generales, todos declarados fundados aunque todavía en apelación o dentro del plazo de apelación. De ellos, uno, relativo a carnets de sanidad, es ya firme (ya no es posible exigir carnets se sanidad salvo para actividades que realmente lo necesiten, como manipulación de alimentos). Si la norma de inaplicación con efecto general hubiese estado vigente el año pasado, cuando se in-aplicaron, pero solo para el caso particular, 710 barreras burocráticas declaradas ilegales o carentes de razonabilidad, el ahorro potencial para el conjunto de ciudadanos y empresas habría sido de 1.17 millones de soles. El ahorro efectivo para las empresas que demandaron fue de  278 millones de soles.[1]      

De otro lado, en las reformas a la Ley del Procedimiento Administrativo General (DL 1272), se abrió la vía legal para que PCM vaya simplificando y uniformizando los textos únicos de procedimientos administrativos (TUPAS), estableciendo procedimientos estandarizados. Este es un trabajo complejo que todavía no ha producido frutos.  

Un tema clave es la simplificación de las licencias de funcionamiento (DL 1200 y DL 1271).Para esto es indispensable aprobar el nuevo reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSEs). Según Pierina Polarrollo, “el  proyecto está listo, y es muy bueno. Se elaboró sobre la base de una propuesta del IFC-Banco Mundial. Busca poner énfasis en las edificaciones que suponen mayor riesgo y simplifica enormemente el trámite para los locales de riesgo bajo (la calificación del riesgo se hace sobre la base de una matriz que contiene criterios muy objetivos). Y abre el camino para tercerizar las inspecciones en manos de empresas como SGS (aunque solo en caso de que las municipalidades lo quieran por el tema de la autonomía municipal)” 

Una mala noticia en este tema fue la ley aprobada recientemente por el Congreso que deroga un decreto del 2014 que eliminaba la obligación de renovar cada dos años las licencias o las inspecciones mencionadas. Un retroceso lamentable, que podría ser parcialmente atenuado con el reglamento arriba mencionado.

Respecto de los brevetes para  conducir, el ministro de Transportes Bruno Giuffra ha anunciado una reforma total al corrupto y kafkiano sistema actual: “Las licencias de conducir particulares durarán 10 años y para renovarlas solo será necesario un examen médico. ¡Vamos a modernizar todo!”, ha declarado. Estamos a la expectativa.

Pero donde no ha habido avance hasta ahora ha sido en la simplificación de las certificaciones ambientales en ningún sector: ni para obras de Vivienda y saneamiento, ni para inversiones en el agro, en minería y energía, obras viales, etc. En muchas ocasiones las exigencias en relación a estudios de impacto ambiental son francamente absurdas. Es algo vital que está pendiente.

Tampoco hay avances en la simplificación de los registros sanitarios para alimentos y medicinas (Digesa, Digemid). Un decreto legislativo que simplificaba el tema fue anulado por el Congreso, lamentablemente.

Digitalización del Estado

En lo que se refiere a digitalización del Estado, que es una reforma fundamental porque no solo trae enorme celeridad sino también transparencia y menor corrupción, por fin se ha empezado un trabajo serio. Durante el gobierno esto quedó librado a la iniciativa de las propias instituciones. La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), ubicada en la PCM, no ataba ni desataba. Desde noviembre del año pasado, sin embargo, el gobierno puso como directora de esa oficina a una ex funcionaria de Microsoft, Lienecke Scholl, que le ha dado un impuso notorio. A julio de este año 50 servicios web estaban ya en la plataforma de interoperabilidad y más de 200 entidades públicas hacían uso de esos servicios. Además, desde el 25 de julio fue posible pagar por internet (pagalo.pe) más de 50 trámites que antes había que pagar físicamente en las agencias del Banco de la Nación. Y el asunto, según parece, está recién comenzando. Se avisora  grandes avances en los próximos meses en este tema.

Además, la Sunat está desarrollando la tecnología para iniciar a partir del 2018 la masificación de los comprobantes de pago electrónicos, de modo que el 2019 el 100% de las transacciones en el país se efectúen de esa manera. Para ello los pequeños comerciantes podrán emitir dichos comprobantes desde sus celulares, incluso desde celulares simples, sin necesidad de que sean Smart Phones. Con ese sistema el pequeño contribuyente ni siquiera tendría que preparar su liquidación de impuestos, sino que esta le vendría preparada automáticamente por la Sunat. No solo eso, a fin de incentivar el uso de comprobantes electrónicos, la idea es que la Sunat pueda descontar también  automáticamente una parte del IGV que pagan los contribuyentes para aportarlo a su AFP o a Essalud, como una manera de generalizar las aportaciones y la cobertura de Essalud y del sistema de pensiones. Una verdadera revolución social y una reducción radical de la informalidad tributaria.

Una novedad que puede traer un cambio también revolucionario en el sistema judicial, es el expediente digital. Se está concretando un préstamo de 200 millones de dólares con el Banco Mundial para implementarlo. El Poder Judicial  tiene el apoyo del MEF en esto. Pero se está dejando la parte penal para el final.

Ley de servicio civil y presupuesto por resultados

Otra reforma crucial que forma parte consustancial de la reforma del Estado es la aplicación de la ley de servicio civil en todas las instituciones del Estado y a todo nivel. Es la implantación masiva de la meritocracia. Esta reforma, sin embargo, no ha merecido una prioridad política por parte del gobierno, algo que sorprende tratándose de un gabinete técnico que debería ser particularmente sensible a la profesionalización del Estado. Esperemos que esa voluntad política se forme en los meses venideros, porque no podemos seguir con una gestión pública de naturaleza patrimonialista, sobre todo en los gobiernos sub nacionales. 

Esta ley obliga a repensar los objetivos de cada institución y a redefinir el cuadro de profesionales que requiere en función de esos objetivos, y luego llama a concurso interno y externo para ocupar las plazas, y establece evaluaciones de desempeño para el ascenso y la permanencia. Además, algo muy importante, paga relativamente bien a los funcionarios de nivel medio y alto, severamente afectados por la reducción de sueldos que decretó de manera demagógica el ex presidente Alan García, debilitando el Estado.

Lo que no tiene sentido es, como lo dispuso una resolución del Tribunal Constitucional, aplicar esta ley al Banco Central de Reserva y a la Superintendencia de Banca y Seguros, que tienen desde hace mucho tiempo un sistema meritocrático y bien remunerado que les ha permitido alcanzar niveles de excelencia. La ley del servicio civil es un instrumento para que el sector atrasado del Estado acceda a niveles profesionales, pero en casos como los mencionados solo serviría para afectar negativamente estándares ya alcanzados. También debe advertirse el sin sentido de que el proyecto de ley del Congreso para excluir a estas dos entidades de la ley Servir, pretenda excluir de paso al personal administrativo del propio Congreso. Inaceptable.

Esa reforma, además, es indispensable para consolidar otra en la que sí hemos registrado avances, que es la de la instauración del presupuesto por resultados. En la actualidad el 71% del presupuesto nacional funciona en el marco de programas por resultados. Esto ha sido un logro del Ministerio de Economía Finanzas, en un proceso que comenzó con Luis Carranza cuando fue ministro de Economía del gobierno de Alan García. Pero, repetimos, no se sostendrá si no tenemos una burocracia profesional y meritocrática, y relativamente bien pagada.

Reforma de las descentralización

Pero en nuestro Estado hay un problema estructural: el proceso de descentralización, que ha transferido la mayor parte de las competencias del gobierno central a los gobiernos sub-nacionales sin que estos tengan las capacidades suficientes y dándoles una autonomía tal que impide al gobierno central intervenir cuando un gobierno sub-nacional desacata o no puede cumplir una disposición, una norma o una política nacional. El resultado es la pérdida de autoridad y rectoría del gobierno central, la imposibilidad de aplicar políticas sectoriales, la afectación severa del principio constitucional del gobierno unitario y la cuasi feudalización del Estado peruano.

Es indispensable una reforma que no solo le devuelva autoridad y capacidad de intervención y control al gobierno central, sino que redistribuya funciones de una manera racional entre los tres niveles de gobierno y recertifique la capacidad de los gobiernos sub-nacionales de asumir las funciones que les correspondan.

Otra falla grave de la descentralización es la referida a las capacidades discrecionales absolutas de gobernadores y alcaldes, la debilidad de la rendición de cuentas a las que están sujetos y la ausencia una segunda instancia en sus decisiones, una institución esencial para el buen funcionamiento de las instituciones democráticas y la protección de ciudadanos y empresas. Ver el Lampadia: Patente de corso para la corrupción

Empresas de saneamiento

Por último, está el tema de las empresas municipales de saneamiento (EPS), cuya gestión es un desastre al punto que los ingentes recursos que el Estado peruano invierte cada año en agua potable y redes se pierde en la corrupción e ineficiencias de estas empresas. No cabe duda que requieren una reestructuración profunda. Aquí la solución debió ser que el Estado capitalizara las ingentes deudas que tienen, sobre todo con el Fonavi, para concesionarlas a asociaciones público privadas (APPs), pero el nivel  primitivo de nuestra ideología económica impide hacerlo. De todos modos el ministerio de Vivienda, a través de la OTASS, ha empezado a intervenirlas para racionalizarlas y modernizarlas, algo que no se había hecho antes. En la actualidad 13 de las 48 EPS están en el régimen de “apoyo transitorio”, gestionado por la OTASS, y el resto ha ingresado a un programa de asistencia técnica. Es posible incluso que se contrate gerencias privadas para manejar algunas de ellas.

Donde sí se estableció por medio de un decreto legislativo la posibilidad de la intervención de APPs fue en la construcción y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua, como si la participación privada solo valiera para los desechos. Actualmente hay alrededor de 200 de esas plantas y ninguna funciona. Lamentablemente, el Congreso derogó el decreto legislativo que establecía esa opción. Sin embargo, uno de los frutos del diálogo entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori fue el acuerdo de enviar al Congreso un proyecto de ley que restableciera dicha solución. Este ya fue remitido y debería ser aprobado.

Este es el balance del avance de las reformas relativas al Estado, más específicamente, de las referidas al Ejecutivo, porque aquí no hemos hablado de la situación de las reformas judicial, policial y del Congreso. Lo dejamos para próximas entregas. Lampadia

Según Sergio Moro, el juez brasileño responsable, en gran medida, del exitoso proceso judicial del Lava Jato, para enfrentarlo, hubo que priorizar las siguientes estrategias:

• Independencia política del sistema judicial
• Respaldo de la opinión pública
• Colaboración eficaz
• Prisión preventiva

Ver mayores detalles en Lampadia: Los factores que permiten luchar contra la corrupción.

Pues, así como Moro se nutrió de la experiencia italiana para organizar su proceso, la fiscalía peruana, en buena hora, se estaría empoderando con la experiencia brasileña.

Así lo explica Jaime de Althaus en su revelador artículo, que presentamos líneas abajo. Althaus también pondera la necesidad de que el proceso se maneje cautelando una estrategia que evite se desbaraten las pruebas y los activos, como también la necesaria autonomía judicial, sin interferencias políticas o mediáticas, ni de los otros poderes del Estado, a los que les toca respaldar sin ambages, el proceso incoado por la justicia.

En cuanto al cuidado de los activos y las fuentes de reparación económica, así como lo concerniente al cuidado de los inocentes, en Lampadia hemos propuesto la figura de los interventores, ver: Despacio que estamos apurados – La crisis de corrupción requiere rigor y tranquilidad. 

¡Tenemos Fiscalía!

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La inminente orden de captura internacional y pedido de prisión preventiva de 18 meses para Alejandro Toledo es, duele decirlo pese a todo, una gran noticia, porque significa que los peruanos empezamos a sentir que hay justicia en nuestro país y que esta alcanza también a los peces gordos. Empezamos a tener una sensación que es una mezcla de indignación y asombro creciente frente a las revelaciones escandalosas de corrupción por todas partes, y de reparación a la sociedad por los delitos cometidos contra ella por lo menos en este caso.

Fuente:  peru21.pe

Y, tan interesante como lo anterior, empezamos a constatar que tenemos institucionalidad en el Ministerio Público. Tenemos un equipo liderado por el fiscal Hamilton Castro que funciona y produce resultados, desvirtuando con ello las críticas ligeras que se le ha estado haciendo tales como debilidad, lentitud, parsimonia e incompetencia. Pues para solicitar una orden de captura internacional y pedir prisión preventiva de 18 meses, la fiscalía está obligada a tener elementos graves y fundados de convicción, más aun tratándose de un ex Presidente. Los fiscales, pues, han hecho su trabajo y lo han hecho bien. Y esto es solo el comienzo.

Según los trabajos de la fiscalía, Toledo habría recibido 20 millones de dólares de parte de Odebrecht por la carretera Interoceánica en las cuentas de su amigo íntimo Joseph Maiman. De esos 20 millones, ya se ha identificado claramente 11 millones. Es una vergüenza.

Suiza

¿Cómo hizo el fiscal Hamilton Castro para reunir esos elementos? Parte de esta información la obtuvo en Suiza, donde viajó junto con parte de su equipo luego de enterarse de que allí se había descubierto nada menos que el registro de coimas de Odebrecht. En efecto, como parte de la investigación a Petrobras abierta por la fiscalía Suiza el año pasado, se encontró en documentos de Odebrecht un pago por el servicio de mantenimiento a servidores de esa empresa en Suiza. El fiscal Stephan Lenz acudió entonces a la empresa de mantenimiento y esta le entregó el servidor que contenía toda la información de la perversa ‘división de operaciones estructuradas’.

Antes de su viaje, el fiscal Castro remitió una carta rogatoria con preguntas. Una vez allá, el equipo peruano se sentó en una mesa de trabajo junto con fiscales suizos para recibir y analizar las respuestas y de esa mesa de trabajo surgieron más preguntas y pistas cuyas respuestas llegarán en marzo o abril. Es posible que aparezcan evidencias relativas a otros peces gordos, aunque la información resulta muy difícil de desentrañar porque existen hasta cuatro capas de ocultamiento de off shores receptoras de pagos.

El acuerdo de colaboración

El otro vehículo, muy efectivo, ha sido el acuerdo de colaboración de la fiscalía con Odebrecht. Este acuerdo ha sido criticado porque solo ha recabado 30 millones de soles y porque, en virtud de él, se le habría negado a la UIF y a la Procuraduría Anticorrupción pedidos de allanamiento y congelamiento de cuentas, pero lo concreto es que gracias a dicho acuerdo se pudo obtener la declaración de Jorge Barata que revela el espectro completo de los pagos a Toledo, así como las informaciones que permitieron  detener a varios de los que fueron sobornados por Odebrecht para ganar la licitación de la Línea 1 del Metro, entre ellos al ex vice ministro de Transportes Jorge Cuba, cuyo ministro era Enrique Cornejo.

La estrategia del equipo de Hamilton Castro con Jorge Cuba es clara: se le aceptará su pedido de colaboración eficaz siempre y cuando delate, con pruebas, a personas de una jerarquía superior a la suya. Concretamente, al ministro de entonces, Enrique Cornejo, o al ex presidente Alan García. De no acogerse a ese procedimiento, podría recibir una pena de hasta 28 años de cárcel. Si realmente tiene información valiosa en esos términos, lo más probable es que se acoja a la colaboración eficaz porque, según fuentes de la Fiscalía, Cuba se encuentra espiritualmente “quebrado” por la situación en la que colocado a su pareja Jessica Tejada, y por las sospechas de que compras hechas por su hijo, el futbolista Rodrigo Cuba, pudieran haber sido hechas con dinero de los sobornos. Sin duda la detención preventiva de Jessica Tapia por 18 meses, podría influir en el ánimo de Cuba para negociar una colaboración eficaz a cambio, entre otras cosas, de un trato benevolente para ella también.

Respecto de la imputación de que la Fiscalía solo ha logrado un pago de 30 millones de soles, la respuesta de los fiscales es que este es un pago a cuenta del que tengan que hacer por devolución de ganancias ilícitas, cuyo monto no se ha definido aún, y que no es cierto que en Panamá, por ejemplo, Odebrecht haya pagado 59 millones de dólares: recién están negociando y no ha habido pago alguno ni en ese país ni en ningún otro, tampoco en Estados Unidos, donde el abono se hará en junio. La Fiscalía peruana es la única que ha recibido ya un pago.

El acuerdo de colaboración y la Procuraduría

El acuerdo con Odebrecht ha sido criticado, ya vemos que sin  fundamento, por el propio procurador anti corrupción Amado Enco y por congresistas, sin conocer en realidad sus términos, que no han sido revelados. Pero, según explicaciones dadas a esta columna por el fiscal de la Nación, Dr. Pablo Sánchez, y el propio Hamilton Castro, estamos ante una suerte de acuerdo de colaboración eficaz. Su argumento es que una persona jurídica puede acogerse a la colaboración eficaz o a la terminación anticipada, en la misma medida en que puede ser sometida a un proceso penal en el que las sanciones no son la pena privativa de la libertad obviamente, sino multas, clausura, suspensiones, etc.   

Los fiscales explican que se enfrentaron a un dilema: o allanaban la empresa y los proyectos, congelaban sus cuentas y otras medidas similares solicitadas por la Procuraduría, con lo que se hubiese impedido el pago de los 30 millones y la colaboración eficaz que están dando y ha sido realmente efectiva, o se abstenían de adoptar esas medidas y se garantizaba que den la información. Obviamente la Fiscalía se decidió por lo segundo. Fue una decisión correcta.

Lo que no obsta para que la Procuraduría, por su parte, pueda solicitar las medidas necesarias para asegurar la reparación civil, la indemnización, que es lo que le corresponde. Para ello podría solicitar embargos, cartas de garantía o la designación de interventores, u otras medidas, pero en lugar de optar por alguna de estas líneas, dudando de la efectividad del acuerdo de colaboración, le demanda a la fiscalía acciones tales como allanamientos o congelación de cuentas o incautaciones con fines de decomiso o el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Odebrecht en todo el mundo, que son medidas –algunas inejecutables- que tienen que ver con el aspecto penal, que es competencia exclusiva de la Fiscalía.

Es más, según los fiscales, en el acuerdo con Odebrecht se estableció una cláusula obligatoria para que la Procuraduría se siente a negociar con la empresa el monto de la reparación civil. Pero eso no ha ocurrido. La Procuraduría, al parecer, optó por una actitud reivindicativa y tutorial con la Fiscalía en lugar de coordinar visiones y acciones y asumir su propia responsabilidad.

El Procurador Enco le pidió a la Fiscalía, por ejemplo, que incluya a Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, cuando eso es algo que depende de la evolución y la estrategia de las investigaciones, que la Procuraduría desconoce, y cuando de hecho la investigación está abierta contra los que resulten responsables. Tal como va, la Procuraduría anti corrupción es un obstáculo más que una ayuda en la investigación.

El problema aquí es que el gobierno no ha encontrado [nota al pie] hasta ahora la persona que acepte hacerse cargo de la Procuraduría ad hoc para este caso, que requiere de un abogado de peso que conozca de derecho empresarial o comercial y pueda aportar a una estrategia inteligente conversada con el Ejecutivo y con la Fiscalía para tomar todos los recaudos necesarios pero intentando afectar lo menos posible la continuidad de los proyectos y las operaciones. Al parecer, la Procuradora Julia Príncipe no vería con buenos ojos una coordinación con el Ejecutivo para buscar a la persona idónea, porque se sentiría afectada en su autonomía. Pero este un asunto de tal importancia que no deberían caber remilgos de esa naturaleza.

Conflicto con el Congreso

El otro tema es la relación conflictiva que se ha establecido entre la Fiscalía y el Congreso. Todo comenzó con la invitación de la Comisión Lava Jato al Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Obviamente el Dr. Sánchez no podía responder a la mayor parte de las preguntas que le formulaban, porque no podía revelar nombres ni estrategias ni tampoco el contenido del acuerdo con Odebrecht. Entonces comenzó a recibir ataques. Se le dijo que la Fiscalía era muy lenta, débil y no estaba haciendo lo que debía. Hubo expresiones despectivas y ridiculizantes que el Fiscal resintió. Se sintió maltratado. La consecuencia fue que cuando la Comisión solicitó la presencia del Fiscal Hamilton Castro, el Fiscal de la Nación respondió con un oficio explicando que los procesos son reservados y que por lo tanto no correspondía que el Fiscal Hamilton Castro acudiese a la Comisión. Por supuesto, la reacción fue virulenta y se llegó a amenazar al Fiscal de la Nación con acusarlo constitucionalmente y con traer al fiscal Castro “de grado o fuerza”.

La pregunta de fondo aquí es si tiene sentido que cuando una investigación está ya judicializada, y más aún si lo está de una manera tan seria y concentrada y en conexión con investigaciones similares en otros países, como en este caso, que el Congreso se aboque a la misma causa.  Es claro que ante una investigación tan profunda y bien estructurada como la que lleva a cabo la Fiscalía, es muy difícil, si no imposible, que la comisión del Congreso obtenga información relevante por sus propios medios. La tendría que obtener de la propia Fiscalía, que no la puede dar. La salida, por lo tanto, estaría en delimitar bien el objeto de la comisión investigadora del Congreso: quizá abocarse a una reflexión mayor acerca de las condiciones estructurales e institucionales que facilitaron esos niveles de corrupción a fin de proponer las reformas necesarias para prevenir actos como esos en el futuro.  Pero, claro, una labor como esa es menos atractiva mediáticamente y más exigente intelectualmente. Casi imposible. Lampadia

NOTA: Al cierre de edición, el gobierno ha nombrado a la doctora Katherine Milagros Ampuero Meza, como Procuradora Pública Ad Hoc para el caso Odebrecht, y a la doctora Liliana Elizabeth Meza Quito como Adjunta 

El Instituto Peruano de Economía publicó recientemente su entrega sobre Institucionalidad, donde comunica sus propuestas sobre las más importantes reformas que debiéramos emprender. Esta es una parte importante de nuestras agendas pendientes. Por ejemplo, tenemos que aplicar un sistema meritocrático para los funcionarios públicos, reformar el desprestigiado sistema judicial, flexibilizar el régimen laboral, y simplificar normas y trámites administrativos que ahogan a empresas y ciudadanos y han parado nuestro desarrollo. Al final, buena parte de estas reformas, redundarían en menores espacios para la corrupción.

Según el Índice de Competitividad del World Economic Forum (WEF), las instituciones en el Perú son las más precarias si las comparamos con las de nuestros pares regionales. A pesar de mejorar en el pilar instituciones (subió 2 posiciones con respecto al año pasado), el país aún enfrenta desafíos en relación con la ética y corrupción (bajó 7 posiciones) y el pobre desempeño del sector público (bajó 8 posiciones). Para continuar el crecimiento de la economía  peruana, tendrá que “construir resiliencia abordando desafíos estructurales en instituciones, eficiencia del gobierno, corrupción e infraestructura”, afirma el WEF.

Como afirma Roberto Abusada, Presidente del IPE, “el Estado opera en una institucionalidad deficiente. Tenemos fallas graves en el sistema judicial, la inseguridad ciudadana; y un desprestigio de los poderes del Estado, además de la carencia de partidos políticos sólidos que den fundamento a la democracia. Para tornar la situación más grave aún, al poner en marcha la necesaria descentralización de manera tan torpe como desaprensiva, hemos dilapidado el carácter unitario de la nación.” Recomendamos revisar nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI, un espacio donde compilamos los distintos aspectos relativos a las imperiosas reformas del Estado por emprender.

Comparando al Perú con los demás países de la Alianza del Pacífico y Brasil, las regulaciones impuestas por el gobierno son excesivas y la eficiencia del marco legal es uno de los más bajos de la región.

La falta de instituciones sólidas en un país tiene un impacto sobre la vida de sus ciudadanos en la forma de corrupción generalizada. El mal uso de los recursos del Estado lleva a una pobre provisión de servicios públicos, lo cual constituye una barrera para el desarrollo.

Según el último informe de opinión pública de Latinobarómetro, la percepción que tienen los peruanos respecto al progreso  en la reducción de la corrupción es una de las más bajas de la región. 

En 2015, solo el 24% de los peruanos cree que se ha progresado mucho o algo en reducir la corrupción en el Estado. Aplicar un sistema meritocrático para los administradores de justicia y simplificar normas y trámites administrativos para disminuir la discrecionalidad de los funcionarios públicos son dos medidas que podrían acelerar la lucha contra la corrupción.

Además, el Perú tiene el nivel más bajo de aprobación presidencial en América Latina. Lo mismo se ve en el caso del congreso, el cual obtiene una aprobación de tan solo 8%. Para solucionar esto, el IPE sugiere “Cambiar circunscripciones electorales de manera que sean proporcionales al número de electores y los acerquen a las autoridades elegidas. Ver en Lampadia: Chile abjura del bipartidismo. Actualmente las elecciones al Congreso consideran la circunscripción plurinominal que es muy grande y no guarda relación con el número de votantes, por ello recomendamos cambiarla a una uninominal lo que incrementaría el grado de identificación de la población con el Congreso. En el caso de Lima, el número de candidatos para el Congreso, entre los que debe elegir el ciudadano puede ascender hasta 684 (36 por 19 partidos) cifra que hace imposible identificar la mejor alternativa para cada persona y sobretodo mantener un seguimiento del representante elegido al Congreso.”

Uno de los problemas más grandes de institucionalidad es la falta de confianza en la policía, la cual se considera una de las instituciones más corruptas en el Perú. El 36% de la población indica que el problema más importante es la delincuencia. Según el IPE, existe un problema de articulación entre la policía, fiscalía y juzgado que impide que se imparta la pena debida a los delincuentes.

La explicación que brinda el IPE es que existe una disociación entre el número de delincuentes capturados por la DIRINCRI y los que son efectivamente procesados, lo cual genera una norme desconfianza en la población hacia las instituciones involucradas: la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Ver avances y carencias sobre este importante tema en nuestra biblioteca virtual Estado del Siglo XXI, ‘Servicios del Estado‘.

Para solucionar esto, el IPE recomienda una integración efectiva del sistema de seguridad y administración de justicia es un proceso en el que participan la PNP, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE. Esto fortalecería, en particular, la policía nacional, con el fin de mejorar la investigación y contrarrestar el alto índice de delincuencia en el país.

Según Daron Acemoglu, profesor de Economía en la Universidad de MIT en EEUU y autor del libro ‘Why Nations Fail’ (Por qué fallan las naciones), la institucionalidad tiene tres características clave: “reforzar los derechos de propiedad para incentivar la participación económica, restringir el poder de políticos y élites, y asegurar un cierto grado de igualdad y acceso a las mismas oportunidades para la mayoría de los ciudadanos. Estos son los cimientos que aseguran el desarrollo sostenido de una economía”.

La institucionalidad es una de las principales garantías para el crecimiento económico, pues se transmite confianza a los inversionistas a través de reglas claras que no dependen de las autoridades de turno. Aparte de la recuperación del crecimiento económico, la materia prima para un Estado presente y efectivo, la gran tarea del próximo gobierno debe priorizar las distintas reformas institucionales que viene reclamando el conjunto de nuestra sociedad. Lampadia