Hace unos años atrás, las encuestas indicaban que uno de los principales reclamos ciudadanos era el empleo. La gente pedía trabajo. Hoy, esta exigencia no aparece en las encuestas. ¿Por qué? Porque con el crecimiento económico el empleo ha aumentado. Incluso, hay regiones como Ica, por ejemplo, con pleno empleo. Y no mal remunerado, los ingresos se han incrementado en las últimas décadas. Ahora la discusión gira entorno a la informalidad.

Distintas circunstancias han puesto a la informalidad laboral en el centro del debate. La polémica sobre la obligatoriedad de los aportes de los independientes a los sistemas de pensiones, la necesidad de hacer más competitiva la economía ante la evidente desaceleración que viene sufriendo y así como la publicación de estudios sobre el empleo formal (Ministerio de Trabajo – MINTRA).

De acuerdo a un informe del MINTRA solo el 29,5% de las casi 16 millones de personas que conforman la PEA ocupada tiene un empleo formal. Es decir un 70% se halla en la  informalidad. Según Jorge Toyama: “El empleo formal se concentra en el Estado, en las empresas de 10 a más trabajadores y en los independientes con educación superior. El Estado comprende a 1,4 millones de trabajadores, la mediana y gran empresa (con más de 100 trabajadores) a 1,5 millones, la pequeña empresa a 1,6 millones, y los independientes a solo 260 mil personas. En total, hay 4,8 millones de trabajadores formales. El sector informal, siguiendo el estudio del MNTRA, comprendería a 11 millones de trabajadores. Este sector percibe bajos ingresos [en promedio], no accede a la formalidad y especialmente tiene escasa cobertura en seguridad social: solo el28% de los trabajadores tiene un aseguramiento contributivo (Essalud y EPS)”.

Las cifras son elocuentes. Muchos sugieren o señalan abierta y erradamente que esta situación es causada por el modelo económico, al que acusan de descuidar el empleo. Nada más falso, son justamente las regulaciones y la escasa flexibilidad laboral lo que alienta este indeseable fenómeno. El Perú es uno de los países con mayor rigidez en el mundo en contratación y despido de acuerdo al  World Economic Forum. Ocupamos el puesto 14 de 144 (donde el primero es el más rígido)

Otros indican que es un sobrecosto. En Lampadia, no creemos que las vacaciones y gratificaciones deban considerarse sobrecostos. Cuando se emplea a una personal se lo hace por un paquete anual. Allí no está el problema. Como se ha señalado líneas arriba los inconvenientes radican en los costos de despido, en el regreso de la estabilidad laboral que incluye reposiciones destructivas de la productividad y hasta de instituciones como la policía, que tiene que reponer a delincuentes separados de sus filas, por órdenes judiciales. Toyama indica que “en otro países no se entrega al trabajador un seguro de desempleo e indemnización al mismo tiempo”.

Para colmo de males en los últimos años, tanto el Tribunal Constitucional como el Poder Judicial han reinstaurado con sus sentencias la más estricta estabilidad laboral, obligando a las empresas y al Estado a reponer a trabajadores despedidos. Y esto no es todo. El cese colectivo por razones económicas es imposible. En los últimos 13 años, el Mintra no ha autorizado ninguna solicitud de este tipo. Por tal motivo, como señala el citado especialista, es menos oneroso y fácil liquidar una compañía que reducir la planilla. Un contrasentido que atenta contra las principales generadoras de empleo: las empresas privadas. A diario, firmas cierran las puertas agobiadas por las regulaciones laborales que imponen multas, moras y obligaciones estratosféricas que las llevan a la quiebra.

Apenas una empresa se formaliza, los fiscalizadores laborales se acercan, piden libros y ordenan cómo deben ser las planillas (montos y formas de pago), imponen multas por omisiones de los años previos a la formalización (un contrasentido), asfixiando financieramente a las empresas que no consiguen superar lo que Pedro Olaechea ha llamado “el valle de la muerte” (el imposible paso de micro y pequeña empresa a categorías de mayor tamaño y formalización). Por eso en el país no tenemos muchas empresas medianas.

Esta trampa anti desarrollo es algo similar a lo que ocurre en Francia, en el que el número maldito es el 50. Las empresas no contratan al empleado número 50. Se quedan con 49, porque de lo contrario desencadenan casi tres decenas de regulaciones laborales que elevan sus costos al punto de representar inmensas pérdidas.

El sueldo mínimo vital, también se consideraun factor limitante para la formalización. De acuerdo a un estudio de Macroconsult, el actual nivel de la Remuneración Mínima Vital es demasiado alto para la realidad de las micro y pequeñas empresas. Según este informe: “el 39% de los trabajadores informales del sector formal y un 63% de los trabajadores informales perciben menos del salario mínimo (S/. 750)”.

Tiene sentido, recientemente los suizos votaron en contra de que se fijara un salario mínimo en su país (su actual tasa de desempleo es de 3.3%). Prefirieron la libre negociación como es hoy. El estado del bienestar europeo con sus rigideces laborales explica en buena medida que en España el desempleo juvenil supere el 55% de los jóvenes en edad de trabajo. Alemania se salvó de esto, porque antes de la crisis  reformó su sistema flexibilizándolo.

En nuestro país, la formalidad es como un gueto inverso, hecho para que nadie entre. Además, la institucionalidad creada alrededor de nuestras regulaciones hace que, por ejemplo, los gremios sindicales terminen defendiendo el privilegio de minorías y evitando la protección del gran conjunto de trabajadores.

Está comprobado que la sobreregulación afecta el normal desenvolviendo de los mercados y el laboral no es una excepción. Por tanto es urgente realizar cambios que no sólo nos hagan más competitivos. Para ello, el gobierno debe crear una formalidad más accesible, explicar a empleadores y a la población los beneficios de un sistema más flexible y establecer procesos de transición no punitivos. Ojalá no tengamos que afrontar una crisis económica con rigidez laboral, como en España. Lampadia

“El Poder Judicial es responsable de la reelección de Gregorio Santos en Cajamarca. Si van a iniciarle un proceso a una autoridad y lo van a apresar, tienen que resolver el proceso antes de las elecciones, sino lo victimizan”.

Entrevista a Alfredo Torres. Director de Ipsos Perú

Por Ricardo Monzón Kcomt

(Perú 21, 07 de Octubre del 2014)

Luego de las elecciones regionales y municipales del domingo, los temas a analizar son, en Lima Metropolitana, la arremetida de Enrique Cornejo, y, en provincias, la reelección en Cajamarca de Gregorio Santos, la elección de Jaime Rodríguez (Moquegua) y la posible victoria de Waldo Ríos (Áncash). Para eso buscamos a Alfredo Torres, director de Ipsos Perú.

¿Qué opina de la nueva composición del Concejo Metropolitano de Lima?

El Apra, que será la máxima oposición, probablemente va a jugar con los dos cañones. El Apra es un partido que puede ser una muy fuerte oposición, pero también puede ser un aliado o una oposición amigable si le resulta conveniente. Teniendo tan cerca las elecciones presidenciales, quizás al comienzo el Apra juegue a ser una oposición amigable y, después, según como vayan las cosas, pase a ser una oposición más dura.

¿La gran perdedora fue Susana Villarán?

Indudablemente. Su objetivo era quedar segunda y con una votación más decente. Además, ha defraudado a un sector de la población que la veía con buenos ojos y que se sintió engañada cuando ella cambió de opinión y decidió ser candidata habiendo negado que iba a hacerlo. Creo que ese también es un mensaje importante para Nadine Heredia en el sentido que, si uno se compromete y da su palabra en un tema como este, que es tan claro, tiene que cumplirla.

La sorpresa fue Enrique Cornejo. ¿Si Cornejo empezaba antes su campaña, ganaba?

Definitivamente, no. Castañeda es un alcalde que terminó con el 80% de aprobación, tiene muchísimo que mostrar y tiene el fracaso de Villarán después de su gestión, o sea, lo lógico era que Castañeda ganara. Lo único distinto es que pudo haber ganado con 60% y ganó con 50%.

Los partidos tradicionales han ganado poco tras las elecciones. ¿Qué sucede?

En Lima hay buenos resultados para el PPC y para Somos Perú en algunos distritos, pero el drama mayor se ve a nivel nacional. El Apra, en una época, se vanagloriaba del sólido norte y ahora es territorio de Acuña.

¿De qué mensaje se ha valido César Acuña para lograr este cambio?

Creo que Acuña, sobre la base de su universidad, ha montado un aparato político con el financiamiento que le da la universidad y que, además, sabe llegar a los emprendedores exitosos del norte. En cambio, el Apra se ha quedado con una visión más tradicional; cuando había una cierta lucha de clases, décadas atrás, el Apra podía mediar. No han logrado actualizar su propuesta.

¿El partido de Acuña es uno de los más ganadores de las elecciones?

Así es. No solo está en el norte, está en Lima también y en otras provincias. César Acuña, con la expansión de sus universidades, ha llevado de la mano a su partido político. Donde está su universidad hay un local partidario.

En Cajamarca, ¿qué mensaje le deja la reelección de Gregorio Santos?

Esta es una llamada de atención a todos los poderes del Estado. En primer lugar, para el Poder Ejecutivo, que no supo recuperar la confianza de Cajamarca tras la batalla por Conga, nunca trabajó lo suficiente para recuperar al poblador. También me parece responsable el Poder Judicial, porque, si van a iniciarle un proceso y van a apresar a una autoridad, tiene que resolver el caso antes de las elecciones, para que esa persona no llegue como procesada a las elecciones y se victimice.

La población piensa que está preso por defender sus intereses…

Claro, por eso la mitad de la población de Cajamarca piensa que Santos es víctima de un complot y no una persona con serias acusaciones de corrupción. El Poder Judicial termina ayudándolo. Y el tercer responsable es el Congreso, que debería dictar normas para evitar que tantas personas involucradas en procesos por corrupción puedan postular.

¿Los proyectos mineros seguirán paralizados?

Sí, mientras el sentimiento de la población siga siendo que Gregorio Santos es su gran defensor, es muy difícil pensar que van a haber inversiones en la zona.

La situación de Áncash también se torna complicada. Waldo Ríos, quien recibió dinero de Montesinos, podría ganar.

El Estado no llega bien a Áncash en el sentido de brindar los servicios públicos que la población espera, pero tampoco llegan la sociedad civil, la prensa y las ONG. Entonces, nos enteramos de lo que ocurre en Áncash cuando ya asesinan gente, cuando ya estamos en la etapa más avanzada del cáncer. Hay una gran distancia entre algunas ciudades de la costa, que son mucho más pragmáticas y modernas, y otras ciudades del país donde la clase media es muy pequeña y se requiere de clase media para consolidar la democracia.

¿Cómo ve el caso de Moquegua? Ganó el candidato que dijo que robó ‘en carretilla’.

En el caso de Moquegua es una pena que hayamos visto que los dos primeros candidatos eran bastante cuestionados, sobre todo, porque el presidente regional saliente es uno de los presidentes que ha hecho una mejor gestión en este último periodo y uno hubiese deseado que pudiese continuar alguien como él en el cargo.

El 7 de abril último, Fiorella Nolasco, hija del asesinado ex consejero regional Ezequiel Nolasco, protegida por un chaleco antibalas se presentó en una audiencia especial de la Comisión de Fiscalización del Congreso llevada acabo en Chimbote. Mostrando la determinación que otorga el convivir con la barbarie culpó al presidente regional de Ancash, César Álvarez de la muerte de su padre. “La justicia acá ha estado comprada”, denunció ante la mirada desconcertada del entonces Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, y varios congresistas.

Que una joven que apenas supera los veinte años esté desengañada así de la Justicia peruana, es más que sintomático. Lamentablemente, a Fiorella Nolasco, el comportamiento de jueces y fiscales le dan la razón. Su padre, denunció durante casi cinco años los latrocinios, corruptelas y sanguinarios procedimientos de César Álvarez, sin que nadie le hiciera caso. El día que fue asesinado en un restaurante de Huacho regresaba a Chimbote tras presentarse en el Tribunal Constitucional al que solicitaba que reabriera una denuncia contra el ahora reo presidente regional de Ancash, la cual había sido archivada por el Poder Judicial. Una horrorosa paradoja, que ha marcado trágicamente la vida de esta joven.

Presionados por la indignación ciudadana, las autoridades judiciales parecen haber reaccionado. Hoy estarían tratando de evitar que la muerte de Ezequiel Nolasco no quede impune y, sobre todo, no sean en vano.

En poco tiempo, han surgido equipos que han mostrado una eficiencia inédita. Como ha mencionado, Jaime de Althaus (Ver: Nace otro país ). “El caso más notorio es la reacción contra el avance incontenible de las mafias. Es una corriente nacional donde se juntan la valentía de víctimas, magistrados, dos o tres congresistas y el papel de la prensa, pero en la que confluye el hecho sin precedentes de que, como ha resaltado César Azabache, la fiscalía, la policía y la contraloría hayan logrado construir, trabajando conjuntamente, unos casos sólidos y bien fundamentados que han permitido detener preventivamente a los presidentes regionales César Álvarez, Kléver Meléndez y Gregorio Santos, y ordenar la detención de Rodolfo Orellana, presunto líder de una megamafia que posee tentáculos en todas las instituciones”.

Hace unos días, habría que agregar el PJ dictó  18 meses de prisión preventiva contra el presidente regional de Loreto, Yván Vásquez Valera, al encontrar indicios de  malos manejos y corrupción en su gestión. Con dicha resolución, Vásquez se sumó a los otros cuatro presidentes regionales con orden de prisión preventiva.

“No son palos de ciego. Los casos efectivamente están bien construidos. Lo que está naciendo es una nueva institucionalidad, un nuevo nivel de calidad, en la administración de justicia y la investigación policial. El avance de las mafias de todo orden está obligando a la institucionalidad judicial y policial a transformarse para hacerle frente. La reforma judicial se está dando a la fuerza, como respuesta a las amenazas crecientes, aunque también como cristalización de algunas reformas anteriores”, como señala Althaus.

 Aunque, todavía parece temprano para saber si este proceso termina en una real institucionalización de la justicia, si es un paso adelante que hay que saludar, a pesar de que todavía hay tropiezos que desalientan o desaniman (como la forma en que se arrastran los pies para investigar una serie de casos más peliagudos).

Tal vez esta sea la gran oportunidad que necesitábamos, para dar un salto cualitativo en la calidad de la justicia. Es evidente que la ciudadanía está muy atenta a este proceso. Su satisfacción debe ser el mejor aliciente para consolidar un mejor nivel de justicia, pero su frustración sería sin dudas, insoportable a la sociedad y tendría consecuencias sociales que podrían ir más allá de una descalificación en las encuestas. Por ejemplo, más justicia por mano propia, lo cuál sería la antesala de una debacle social.

El Poder Judicial es autónomo, solo puede reformarse desde adentro. Esta es su última oportunidad para recuperar un prestigio esencial. Solo así, una joven como Fiorella Nolasco podrá concentrarse por completo en sus estudios de ingeniería y no tener que enfundarse en un chaleco antibalas para denunciar el asesinato de su padre, permitido en parte, por la incompetencia y corrupción del sistema. Lampadia

La reciente renuncia de Gladys Echaíz a su cargo como Fiscal Suprema revela la escasa predictibilidad y transparencia en la elección del Fiscal de la Nación. La desinstitucionalización y desprestigio del sistema judicial peruano es un grave problema para el desarrollo de largo plazo del país.

Para que una economía de mercado funcione debidamente se requiere de un Estado sólido, eficiente, predecible y por supuesto, carente de corrupción. Lamentablemente, el Estado peruano está muy lejos de esta aspiración. 

Sin luz roja: Es urgente reconstruir nuestras instituciones

En los últimos años hemos asistido al creciente descrédito de las instituciones clave del país. En especial las que tienen que resguardar el orden interno y velar por el normal funcionamiento de la justicia en el país. Nos referimos a la Policía Nacional y al Sistema Judicial formado por el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y el Colegio de Abogados. Ni que decir del Congreso.

Tras el escándalo López Meneses, se renovó la percepción de que la policía está muy corrompida, aunque para la mayoría de ciudadanos que día a día sufren su actuación, no es sorprendente lo ocurrido. La Policía lejos de cumplir con sus funciones, controlar la criminalidad y dar seguridad a la sociedad, se preocupa por obtener ingresos indebidos exigiendo sobornos y prebendas.

La reciente renuncia de Gladys Echaíz al Ministerio Público revela las oscuras formas y las presiones políticas que se producen entre bambalinas a la hora de elegir a los fiscales y en especial, al Fiscal de la Nación.

El Poder Judicial es rechazado mayoritariamente por la población y en vez de ser una fuente de intermediación y solución de conflictos, en muchos casos, actúa agravándolos. Sentencias, resoluciones, amparos y fallos suelen estar motivadas por oscuros intereses y son un factor que enrarece el clima de inversión.

En realidad la desinstitucionalización por la que atraviesa nuestra nación alcanza a los colegios profesionales (cada vez más desprestigiados) y a los clubes de fútbol. Si el fútbol no es un negocio como en otras partes es porque los clubes, sus jugadores y dirigentes nos ofrecen un espectáculo cada vez más carente de interés, en especial si se le compara con lo que se entrega en Europa.

¿Cómo se puede invertir en nuestro país sin seguridad jurídica? Es imprescindible un pacto social que permita una reinstitucionalización del país en todos sus ámbitos y en especial en lo que respecta al sistema judicial y el Poder Legislativo. Lampadia.