Por: Rodrigo Cruz
El Comercio, 21 de Marzo del 2023

“Lo que viene ocurriendo en el juicio a la red Orellana nos tiene que preocupar a todos”.

En los últimos años, la política peruana no se ha definido en las urnas ni en los debates, sino en los tribunales. Decir esto puede sonar a verdad de Perogrullo para quien está enterado de los escándalos judiciales de los últimos cinco años. Sin embargo, es importante no perderlo de vista. Líderes de partidos, congresistas, expresidentes y ex altos funcionarios componen esa relación vergonzosa que nos ubica como uno de los países de la región con más políticos comprometidos en casos de corrupción, que en el sistema de justicia son procesados bajo el rótulo de “casos emblemáticos”.

Un caso emblemático es, por su naturaleza e impacto en la política nacional, un proceso que debe llevarse con especial atención y celeridad. El ciudadano tiene derecho a conocer con prontitud el grado de corrupción de la autoridad política a la que alguna vez le confió su voto. Pero poco se ha hecho por mejorar y hacer más eficaces estos juzgamientos. Por un lado, a la fiscalía se le cuestiona por realizar investigaciones que duran decenas de meses en la acumulación de evidencias. Pero cuando la acusación es finalmente presentada, nos olvidamos de ella y pasa al terreno de nuestro precario Poder Judicial. ¿Están ellos en la capacidad de resolver con diligencia estos grandes juicios?

Lo que viene ocurriendo en el juicio a la red Orellana nos tiene que preocupar a todos. Es una muestra de lo que puede suceder con otros casos emblemáticos, donde hay cientos de testigos y acusados (solo el juicio a Orellana cuenta con 500 testigos; el de Keiko Fujimori tiene más de mil). Hoy, este proceso, que se inició en noviembre pasado, está en riesgo de caerse. O, mejor dicho, de quebrarse. La razón es sencilla: estos casos vienen siendo juzgados como si se trataran de un juicio cualquiera en el país.

Bajo nuestras leyes actuales, un juicio puede quebrarse –es decir, volver a fojas cero– cuando dos jueces de un tribunal se retiran o son cambiados. En el juicio a Orellana, el juez (ponente) Juan Félix Roldán Ponte ya se inhibió.

La inhibición fue presentada en febrero, cuando el juicio llevaba menos de 20 testigos escuchados, al recobrar súbitamente la memoria de haber sido abogado de una de las partes agraviadas en el 2013.

En su reemplazo ha entrado un juez que tiene que encontrar espacios para llevar las audiencias de este megacaso –que implica también a exfuncionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público– junto con los otros juicios que tiene. Lo curioso es que el juez Roldán no se ha inhibido en otro caso también contra la red Orellana (Oncoserv).

De modo que el juicio a Orellana está a un juez de caerse. ¿Qué garantiza que no se repita la historia en otros procesos emblemáticos?

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 27 de febrero de 2023
Para Lampadia

Los audios de “Los Cuellos Blancos del Puerto” revelaron – a la bruta – el extremo al que pueden llegar ciertos jueces y fiscales corruptos, cuando se pasan al lado del mal. Para muestra, tres botones:

1. “Tu encargo se cumplió.” Estaban hablando del nombramiento en un alto cargo en el Consejo Nacional de la Magistratura de una joven, digamos… débil de carácter.
2. “¿Qué baje la pena o que lo declaren inocente?” Estaban coordinando la sentencia de un delincuente violador de una menor de edad. Y
3. “Estoy pensando en diez verdecitos.” Estaban hablando de favorecer a un narcotraficante.

¡Qué tal! A ese nivel de podredumbre llegaron algunos de los más altos magistrados del Poder Judicial de nuestro país. Es verdad, los “Audios de la Vergüenza” se dieron a conocer a mediados del 2018. Sin embargo, cabe preguntarnos: ¿habrá mejorado el Poder Judicial o seguirá tal cual? ¡Si las paredes hablaran, ciertamente tendríamos la respuesta! Pero no; las paredes no hablan, así que todo lo que diré a continuación – del Poder Judicial – son simples apreciaciones personales.

Bueno pues, me temo que todo sigue igual en el Poder Judicial de nuestro país.

El Poder Judicial – léase, el Ministerio Público o Fiscalía y el Poder Judicial, propiamente dicho – sigue siendo una institución infestada de corrupción, que muchos repudiamos.

Por supuesto, soy el primero en reconocer que hay jueces y fiscales excepcionales – incorruptibles, inteligentes, incuestionables – que merecen nuestro mayor aprecio y gratitud. Pero – lamentablemente – hay también de los otros.

Los Convenios de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y varias universidades privadas, mediante los cuales se otorgan beneficios económicos a jueces y fiscales – y a sus familiares – no conlleva a nada bueno. Sobre todo, cuando se trata de aquellas universidades de propiedad de políticos en funciones como César Acuña (Universidad César Vallejo), José Luis Elías (Universidad San Juan Bautista), Pepe Luna Gálvez (Telesup), Joaquín Ramírez (Universidad Alas Peruanas), Luis Cervantes Liñán (Universidad Garcilaso de la Vega), entre otras.

¿Qué justicia se podría esperar de jueces y fiscales, cuyos hijos – u otros familiares – estén estudiando en dichas universidades, en condiciones económicas ventajosas, ante casos delictivos perpetrados por los propietarios de las mencionadas universidades? Claramente… ninguna.

Aparte de conflictos de intereses, existe también el problema de la precariedad – en todo sentido – del Poder Judicial, frente al poder económico y delincuencial de avezados narcotraficantes, desalmados criminales, poderosos mafiosos, empresarios y funcionarios corruptos y demás. Me refiero, tanto a temas remunerativos como a condiciones laborales: inmuebles, mobiliarios, equipos, servicios, etc. ¿Acaso no hay fiscalías y locales judiciales inmundos, con baños sin agua, expedientes en el suelo, calurosísimos, y todo lo demás? ¿Qué fácil debe resultarle a un criminal, amenazar – o sobornar – a un juez o fiscal, para torcer un fallo judicial a su favor? ¿No será por eso, que tantos criminales andan libres y / o son declarados inocentes?

También tenemos el problema de la impredictibilidad de la justicia en nuestro país. Yo puedo dar testimonio de ello. Dos bloqueos de carreteras idénticos – me refiero a los bloqueos de Ica y Virú en diciembre de 2020 – denunciados penalmente en los mismos términos, por los mismos delitos, con las mismas pruebas, con los mismos agraviados, en la misma fecha, merecieron – hasta ahora – dos fallos diametralmente opuestos.

La Fiscalía de Ica declaró el caso complejo – por la gran cantidad de denunciados – y prosiguió con las investigaciones de los denunciados. Mientras que la Fiscalía de Virú – a pesar de contar con más denunciados que Ica y a pesar de tratarse de un hecho delictivo idéntico – declaró infundada la denuncia y dispuso su archivamiento.

Obviamente, pronto se interpondrá la apelación correspondiente. Pero es el hecho:

¿Por qué, frente a actos delincuenciales idénticos, una fiscalía – la de Ica – procede con las investigaciones del caso, y otra – la de Virú – la archiva?

Bueno pues, pareciera que las fiscalías e instancias judiciales remotas – sobre todo, las de Sierra y Selva – son más permisivas frente a la corrupción y criminalidad organizadas. Lo cual es muy malo. ¡Muy injusto para la inmensa mayoría de peruanos! ¡Pésimo para el país!

¿No será que, frente a tantos fallos injustos, extraños y / o pro delincuentes haya muchos “tu encargo se cumplió, qué baje la pena o que lo declaren inocente, o estoy pensando en diez verdecitos?

He ahí otro inmenso desafío nacional, del cual se habla poco, muy poco… la reforma del “SISTEMA DE JUSTICIA” de nuestro país. Reforma que, dicho sea de paso, no podría gestarse dentro del propio Poder Judicial – por más autónomo que sea – porque no se puede poner al gato de despensero.

La reforma del “SISTEMA DE JUSTICIA” debería gestarse desde la ciudadanía, y en alianza con la prensa. Una prensa – y una ciudadanía – que funjan de controladores y evaluadores del monstruo de la “JUSTICIA” en nuestro país. Algo así como ¿juez coimero? ¡A la cárcel! ¿Juez miedoso? ¡A su casa! Todo público. Todo transparente. ¡No queda otra!

Como en el caso de los “Cuellos Blancos del Puerto”, hagamos que las paredes hablen. Grabemos subrepticiamente a los jueces y fiscales corruptos y que todo el mundo se entere de la porquería que son. Saquemos a la palestra a los “César Hinostroza, Guido Águila, Iván Noguera, y demás” Todavía quedan muchos de esos en el Poder Judicial. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Según el diccionario, prevaricato es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público, dé una disposición arbitraria a sabiendas de que tal resolución es injusta y/o contraria al texto expreso de la ley.

Por estos días la prevaricación se ha convertido en el delito más común entre nuestras autoridades de gobierno, la fiscalía, el poder judicial y el JNE, entre otros. Vemos cómo, según estimados de la Contraloría General de la República, la corrupción entre los gobiernos regionales, municipales y gobierno nacional, ha perjudicado al país por 22 mil millones de soles, en el año 2020. Tenemos regiones donde el impacto de la corrupción alcanza a más de 26% del presupuesto asignado, mientras que en los más “honestos”, este perjuicio alcanza al 11% del presupuesto.

“Gracias” a la paralización económica del 2020 y, con ella, la paralización de obras públicas (principal fuente de corrupción), nos han robado 1 mil millones de soles menos que en el 2019, en que la pérdida se estima en 23 mil millones de soles. Por supuesto que los departamentos con mayor corrupción, son aquellos donde hay mayor pobreza y/o cacicazgo político local y regional. Es curioso el caso de Puno, departamento que, para fines prácticos, se ha liberado de la carga tributaria y legislación laboral, lo que le permite una gran actividad comercial (contrabando), turística y productiva, pero de pequeñas y numerosas empresas locales que no pagan impuestos, lo que significa menor dependencia del gasto público y, en consecuencia, la pérdida por corrupción es de “sólo 8.6%”, la menor del Perú.

Según lo publicado por GESTIÓN, en el 2020 se encontró 6,698 funcionarios públicos responsables de faltas administrativas y delitos de corrupción causantes de esas pérdidas, pero lo trágico es que, si bien la Contraloría General de la República gestionó ante el Congreso la legislación que le permita sancionar a los funcionarios que sean encontrados responsables de tales actos y el Congreso aprobó la ley, el Ejecutivo la ha observado. Esto no hace más que retroalimentar el concepto de que, en el Estado se puede cometer faltas y delitos, pero nada pasará, puesto que no habrá una sanción inmediata (más de tres años), como consecuencia de los hallazgos de la gestión de la Contraloría y una acción de control “sin dientes”, no sirve para nada.

Por supuesto, este sentimiento “empodera” a los malos funcionarios para continuar tomando decisiones contra la ley, no sólo en obra pública, sino también en organismos reguladores y supervisores u otras entidades de la administración pública, cuyo impacto económico nadie mide. En esos casos, al “administrado” no le queda más que judicializar su reclamo y, aun teniendo la razón, el sistema judicial se lo reconocerá varios años después, cuando el daño a la economía del país ya no tiene remedio, ni se identificará al causante del daño.

Otro grupo de prevaricadores está en el JNE, ONPE y RENIEC, donde, tal como se ha observado en este proceso electoral, han actuado y resuelto contra la ley, al extremo de haber permitido que varios terroristas sentenciados y liberados lleguen al congreso, acumulando además cuando menos 45 actos de prevaricato que, al final están inclinando la balanza electoral en contra de la voluntad ciudadana.

El ejecutivo, además de haber obstruido la posibilidad sancionadora de la Contraloría, tiene también lo suyo, pues desde el año 2000, entre Valentín Paniagua y Diego García Sayán, indultaron por Resolución Suprema a por lo menos 34 terroristas sentenciados, que en los años posteriores se infiltraron en la administración del Estado y desde ahí han socavado las bases de todo lo positivo que se pudo realizar en la década de los 90s. Luego de dos décadas de destrucción de la educación pública, creación de trabas a la gestión pública y crecimiento de una burocracia parásita, hemos llegado a una situación de control del aparato del Estado y de la educación por parte de la izquierda.

En el sistema judicial, las cabezas del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación, al igual que la Junta Nacional de Justicia, por supuesto que acompañados de ciertas ONG y muchos representantes de la prensa, actúan con un evidente “doble racero”. Por ejemplo, en el caso de corrupción de los “Dinámicos del Centro”, a quienes la Fiscal Bonnie Bautista identificó ejecutando actos de corrupción en el GRJ, les encontró maletas de dinero, producto de tales actos y les acumuló varios miles de llamadas telefónicas que los incrimina, así como WhatsApp con coordinaciones ilegales respecto a la conducción en las mesas de votación, los han liberado. Lamentablemente, el Fiscal Superior Omar Tello, jefe de las Fiscalías Anticorrupción, con anuencia de la Fiscal de la Nación, pospuso el allanamiento y detención de 38 investigados por un lapso de dos semanas, dándoles tiempo suficiente para huir y desaparecer pruebas. No obstante, se encontró todo lo antes mencionado. Además, el juez superior de Junín, Ever Bello, quien tendría que ver con el caso de Vladimir Cerrón y sus secuaces, es amigo y ex asesor de Cerrón en el GRJ.

A las ONG (persecutoras de la corrupción “dizque”), que normalmente filtran toda información de sospechas de delito, en este caso les han comido la lengua los ratones y paralelamente, la jueza de Junín, July Baldeón, ha liberado a esa gavilla de delincuentes “por falta de elementos de convicción” para decretar una prisión preventiva de 36 meses, sin el más mínimo resuello de esas ONG.

Como se puede observar, podemos denominar al año 2021, el “año de los prevaricadores”. Lampadia

CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

El intento de una jueza de impedir que el Congreso elija a los seis miembros del Tribunal Constitucional (TC) cuyo mandato ha vencido hace ya casi dos años, es una nueva muestra del control casi dictatorial que las izquierdas han establecido en el Perú.

Una de las características de una dictadura es la concentración del poder y ellos han avanzado mucho en el control de los poderes del Estado desde el 2018, aliados con un presidente oportunista y corrupto -según la fiscalía- como Martín Vizcarra.

Como se sabe, ellos tienen la mayoría del TC y ese organismo les ha servido para dar un viso de legalidad a aberraciones inconstitucionales como la disolución del Congreso en setiembre de 2019. Allí mataron dos pájaros de un tiro, porque impidieron que el Parlamento designara a un nuevo miembro del TC, como correspondía, y a la vez liquidaron un poder del Estado con mayoría opositora.

En el período del Lagarto eliminaron el corrupto Consejo Nacional de la Magistratura y lo sustituyeron por una Junta Nacional de Justicia (JNJ) designada por quienes ellos querían. Es decir, los electores fueron los escogidos por ellos que a su vez nombraron a gente adicta.

En ese período prepararon también la elección de la presidenta del Poder Judicial, cuya hermana fue premiada con varios ministerios en la administración de Vizcarra.

El Lagarto también defenestró a Pedro Chávarry de la Fiscalía de la Nación para poner a la cuestionada Zoraida Ávalos.

En noviembre de 2020 derrocaron con una violenta algarada al presidente Manuel Merino y en una increíble maniobra impusieron a dos izquierdistas de los partidos minoritarios como presidentes de la República y el Congreso.

Ellos usan su poder a discreción, para perseguir a quienes se les oponen y favorecer a los que los ayudan.

Por ejemplo, la JNJ acaba de destituir al fiscal supremo Luis Arce, que recientemente denunció precisamente toda esta trama que ha permitido a las izquierdas imponer una cuasi dictadura controlando prácticamente todos los poderes del Estado, y alertando sobre las maquinaciones de la mayoría del Jurado Nacional de Elecciones para consentir el fraude e imponer a Pedro Castillo.

La señal es clarísima, si te opones y revelas las oscuras maniobras izquierdistas, te pasa por encima la aplanadora y te destruye.

Otro ejemplo es el del grupo El Comercio, que estaba tomado por ellos y les fue muy útil durante mucho tiempo. Hace poco se produjo un cambio importante en su línea editorial y de pronto un juez emite unas absurda e inaplicable resolución contra ese grupo por una demanda presentada hace ocho años. El mensaje es evidente, o se alinean nuevamente o iremos por ustedes.

Si ahora logran legalizar el fraude e imponer un gobierno radical izquierdista, es obvio que no se detendrán y tratarán de establecer una dictadura al estilo venezolano o nicaragüense. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Procrastinar significa postergar o aplazar tareas, deberes y responsabilidades, por otras actividades que nos resultan más gratificantes pero que son irrelevantes. En el fondo, una forma de evadir, refugiándose en otras actividades, para no enfrentar una responsabilidad o una decisión que debemos tomar (Así lo describe Fabián Coelho).

Recientemente, el ministro de justicia y DDHH, en un artículo publicado en El Comercio, compartía la información proporcionada por la Presidente del Poder Judicial, en el sentido que, juntando los procesos civiles, penales, de familia y laborales, al año 2021 se manejaba 2.6 millones de expedientes judiciales, 1.1 millones en trámite y 1.5 millones en ejecución. Por supuesto, esta información viene acompañada de un comentario referido a “la alta carga procesal”.

El artículo comienza diciendo que, en abril de 1993 se publicó el Código Procesal Civil, el que en su tiempo fue un gran avance, pero que pasados 27 años de vigencia, “se requiere una revisión para adecuarlo a las nuevas circunstancias”. Lo que no se comentó, es que el “nuevo” Código Procesal Penal, data del año 2004 y que su aplicación a nivel nacional, ha tardado 17 años, puesto que recién se está poniendo en aplicación desde junio 2021 en Lima Metropolitana, haciendo la salvedad, que el antiguo Código, se seguirá aplicando en los procesos antiguos.

Hago esta mención, porque es importante notar que los procesos judiciales en el Perú tardan entre 10 y 30 años, y esto, si una vez concluido el proceso, no lo reabren por alguna interpretación de algún jurisconsulto o fiscal.  En resumen, si el tiempo promedio de los procesos judiciales fuera conservadoramente de 15 años, el inventario a la fecha requiere 39 millones de años de trabajo-juzgado, entre las distintas instancias del proceso, para lo que claramente no hay presupuesto que alcance.

Obviamente, entre la proclividad de los peruanos a litigar, la creatividad y capacidad de interpretación de la ley por parte de nuestros abogados litigantes y la poca o nula vocación de nuestro aparato judicial, jueces y fiscales, para acelerar los procesos, acompañado de incentivos perversos, esto deviene en la de nunca acabar. La primera gran pregunta que haría es ¿Existe algún incentivo para que un juez acelere los procesos y llegue a una sentencia? La respuesta obviamente es NO, pues el ecosistema judicial no está diseñado en términos de eficiencia procesal, claridad y simplicidad de procesos, objetividad, ni precisión. El sistema judicial no establece tiempos razonables ni medición de eficiencia de los jueces y fiscales y, ya sabemos, que lo que no se puede medir, no se puede gestionar. Asimismo, los larguísimos plazos de prescripción, facilitan priorizar los casos simples y postergar hasta por más de 20 años, los casos más complejos o graves, dejando en el ínterin, en libertad al investigado para ejercer función pública.  

Podemos observar casos flagrantes, como lo denunciado recientemente por Perú 21, en el sentido que, en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Junín, se ha producido un crecimiento exponencial de casos acumulados “en trámite”, en comparación con los casos resueltos. Mientras en el año 2011 se resolvía más del 97% de casos, quedando en trámite menos del 3%, esta proporción fue deteriorándose rápidamente hacia los años 2015-2017, alcanzando una proporción de 40% en trámite contra 60% resueltos. Ya en el 2019, el número de procesos en trámite fue el doble que el de resueltos (2.16 veces) y en el 2020 alcanzamos a 12 veces los expedientes en trámite respecto a los resueltos, eso quiere decir que sólo se resolvió el 10% de los casos en trámite. Esto es particularmente grave, cuando se aprecia que 14 investigaciones iniciadas en el 2011, aún no se resuelven y, oh casualidad, un número importante de estos están relacionados al señor Cerrón. Pero lo más grave, es que el periódico mencionado consultó a la Fiscalía de la Nación y nunca obtuvo respuestas. Debe pues, en estos casos, en que el Fiscal Provincial puede ser objeto de presiones por parte de la autoridad regional, elevarse los casos a fiscales supra regionales, quienes debieran tomar control de los casos, pues esta situación se agravará, en la medida que los gobiernos descentralizados estén manejados o influenciados por delincuentes más avezados.

El poder judicial, no hace, ni revisa periódicamente un Planeamiento Estratégico que le permita identificar con claridad sus objetivos, visión y misión, para estar en condiciones de identificar qué es lo que debe hacer y lo más importante, qué es lo que no debe hacer. El sistema judicial debe concentrar sus capacidades y esfuerzos, optimizando los recursos que el Estado le da, para brindar el mejor servicio de justicia a la ciudadanía, de la forma más equitativa y célere posible.

Como hemos descrito, tampoco se ha ocupado de poner en aplicación los Códigos Procesales en simultaneo, por lo que, cuando están terminando de ponerlo en aplicación (dos décadas después), ya sienten la necesidad de modificarlos. Nadie se ha puesto tampoco a pensar que, por el artificio judicial de “desacumulación” de procesos, se genera una gran inequidad en la conducción de los procesos, pues unos se conducen con el código antiguo, mientras otros con el código nuevo.

Es obvio que, en el sistema judicial, poco o nada se ocupan de la calidad académica y probidad de los candidatos en los procesos de selección de fiscales o jueces, ni exigen los mejores valores éticos y morales, forjados desde el hogar. Tampoco son prolijos para examinar los potenciales conflictos de interés, directos e indirectos, a través de las relaciones familiares, la cercanía a grupos de interés delictivos, tales como; cocaleros, traficantes de drogas, terroristas, gente dedicada a tala y extracción ilegal de minerales o a miembros de grupos infiltrados u organizados alrededor de autoridades elegidas a nivel municipal o regional, especialmente en regiones donde se concentran esas actividades delictivas, ni se toma medidas de protección, para que los jueces y fiscales no estén expuestos a presiones indebidas, ni extorsión de los delincuentes.

El problema radica, en que toda demanda civil, de familia, laboral o penal, se admite a trámite, con la posibilidad de recorrer, desde la primera instancia, hasta la Corte Suprema, pasando por supuesto por las Salas Superiores. Por eso, además de la buena aplicación de los expedientes electrónicos impulsado desde la pandemia, debería orientarse completamente los temas civiles a tribunales arbitrales, los temas de familia, a jueces de paz, autorizando a los notarios a ejercer esas funciones, reservando los temas laborales y penales al poder judicial.

Los procesos debieran llegar a las salas de la Corte Suprema, sólo por excepción y siempre que permita sentar jurisprudencia de aplicación obligatoria. En aras de la predictibilidad, debiera de aplicarse obligatoriamente la jurisprudencia. Se debe tener un reporte periódico del avance de los casos, así como un control directo sobre el accionar de los jueces, evitando dilaciones innecesarias.

Como podemos apreciar, no sólo las dependencias del poder ejecutivo, gobierno central y gobiernos sub-nacionales, están enfermos de procrastinación, sino que todo el sistema judicial, también lo padece y en grado sumo. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Lima, 14 de mayo de 2021
Para Lampadia

Mucha gente cuestiona al Poder Judicial. Lo cuestiona por aquellos casos de corrupción que son de dominio público. Y bueno… es verdad. Lamentablemente, hay jueces corruptos… recontra corruptos. Para muestra un botón. Mejor dicho, un botonazo: los jueces y fiscales embarrados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. ¡Un asco!

Sin embargo – así como hay corrupción – hay también probidad en el Poder Judicial. Y lo mismo ocurre en los demás poderes del Estado. Incluso, en la sociedad civil. Puede parecer extraño, pero así es la nuez… la corrupción convive con la probidad. Yo puedo dar fe de ello. Lo comprobé durante mi experiencia en el Gobierno Regional de Ica, durante los años 2015 al 2018.

El problema es que muy poco se habla de probidad en el Estado. Todo el mundo – sobre todo la prensa – se refiere casi únicamente a casos de corrupción. Para el común de la prensa – salvo escasas excepciones – todo es corrupción en el Estado. Y si hay audios y videos… mejor. Para ese periodismo escandaloso, farandulero y maledicente, nada hay bueno en el país. Al dios rating le encantan los escándalos. Poco le interesan las noticias positivas.

No obstante, este artículo se refiere a aquellos lobos disfrazados de corderos – tremendos corruptos y sinvergüenzas – que recurren a cada rato al Ministerio Público para denunciar a los buenos funcionarios estatales, quienes con su accionar honesto y responsable, impiden a los corruptos realizar sus fechorías.

En realidad, se trata de una táctica muy efectiva de las mafias enquistadas en el Estado. Ahuyentar a los buenos funcionarios públicos, denunciándolos maliciosamente por todo tipo de delitos. Delitos que son propios de bandidos de las más bajas estofas: abuso de autoridad, malversación de fondos, colusión, negociación incompatible, omisión de funciones, calumnia, difamación, falsedad genérica, o lo que sea. El objetivo es – claramente – alejar a los buenos funcionarios del Estado, para que ellos – los corruptos – sigan haciendo de las suyas.

A ese respecto va una crítica mía al Poder Judicial. ¿Por qué son tan permisivo con aquellos personajes – especialistas en leguleyadas y vericuetos judiciales – que se pasan la vida merodeando por los pasillos de los tribunales de justicia, donde presentan todo tipo de denuncias o querellas maliciosas contra funcionarios probos, las cuales – a la larga – terminan archivándose?

Resulta que para archivar dichas denuncias – por más que no tengan sustento alguno – los jueces y fiscales tienen que esclarecerlas previamente… como si les sobrara el tiempo. Además ¿cuánto cuestan las toneladas de papel y tinta que se consumen en dichos procesos, cuánto cuestan las horas de horas de interrogatorios que pierden los jueces y funcionarios denunciados, cuánto cuestan los atestados que van y vienen por todos lados?, ¿cuánto cuestan las audiencias, citaciones, objeciones, quejas y demás? Y todo por las puras.

Y lo que es peor. ¡Cuántos casos y procesos delictivos reales – crímenes, robos, estafas, vandalismos, corrupción, etc. – quedan desatendidos porque los jueces y fiscales están ocupados en esclarecer denuncias maliciosas! Conversando al respecto con una fiscal que archivó una de las numerosas denuncias maliciosas que tengo en mi contra, me dijo que cerca del 70% de la carga procesal del Ministerio Público se debe a este tipo de denuncias. ¡No hay derecho!

Distraer – y pretender confundir – a jueces y fiscales con denuncias maliciosas debería constituir un delito de suma gravedad. Ante ello, propongo penalizar pecuniariamente – y penalmente – a todos aquellos denunciantes que presenten denuncias que terminen archivándose.

Y en el caso de los caseritos – es decir, de aquellos denunciantes que sólo se dedican a ello, y que tienen varias denuncias archivadas en su haber – aumentar exponencialmente las penas por cada nueva denuncia archivada. La idea es limitar las denuncias maliciosas en todo el país, proteger a los buenos funcionarios públicos, y liberar al sistema de justicia nacional – Ministerio Público y Poder Judicial – de tanta carga procesal injusta e innecesaria.

Estas son ideas – sólo ideas – para cortarle las alas a la corrupción, y para que ésta no se aproveche abusivamente del Poder Judicial. Lampadia

El INDECOPI que nació en 1992 para proteger al consumidor y fomentar la libre competencia, ha terminado convirtiéndose en una institución súper poderosa, peligrosísima para las empresas y onerosa para los consumidores. Tiene en los usuarios de los servicios miles de eficientes fiscalizadores trabajando gratuitamente para él. Cualquiera de ellos, por un módico costo de S/ 36, puede presentar su denuncia y de ahí en adelante es INDECOPI, con su buen staff de abogados, el encargado de continuar la causa, haciéndola suya. Existen, además, por si fuera poco, asociaciones de “protección a los consumidores” que se financian haciendo denuncias y percibiendo, como incentivo, parte de las multas.

Las empresas deben contratar buenos y caros abogados para defenderse y si llegan a ganar la causa no podrán pedir que INDECOPI o el denunciante le reembolsen lo gastado, todo ello por supuestamente “tutelar a la parte más débil”. Lo que realmente sucede y parece que a nadie preocupa es que se incrementan innecesariamente los costos de las empresas y sus ejecutivos deben invertir tiempo valioso para, además de no incurrir en la menor falta, seguir los tediosos procesos legales.

INDECOPI publica además a las empresas sancionadas por sector, pero nunca presenta las estadísticas de los casos que pierde en el Poder Judicial. No existe ningún empacho en empañar el prestigio de las empresas y presentarlas como abusadoras.

No se vaya a pensar que INDECOPI tiene esta actitud porque por un milagro de la naturaleza se ha convertido en una institución estatal con vocación por cumplir eficientemente su función. Realmente se debe a que ellos son al mismo tiempo recaudadores y beneficiarios: las multas que cobra nutren sus arcas, en lugar de ir al Tesoro Público o a los usuarios perjudicados. Se viola, de esta manera, el principio de imparcialidad, nadie puede ser juez y parte. Y ni qué decir de la posibilidad de usar a INDECOPI como un instrumento político en contra de posibles empresarios opositores al régimen de turno.

Además, los miembros de las comisiones y vocales de INDECOPI son profesionales de diferentes ramas que continúan en sus trabajos mientras “imparten justicia” a pesar de que la Constitución en su artículo 146 -en pro de garantizar la imparcialidad de los cargos jurisdiccionales- solo permite ejercer simultáneamente la docencia. En sentido estricto, INDECOPI no ejerce función jurisdiccional, están prohibidos supuestamente, por ende, ese artículo no se aplicaría. Solo los jueces y los árbitros lo pueden hacer. Sin embargo, en los hechos sí ejercen, imparten justicia, aunque lo hayan disfrazado bajo el nombre de “medidas correctivas”. Como si todo esto fuera poco, estos “jueces” son nombrados o propuestos por su propio Consejo Directivo, tremendo poder.

Esto hace que INDECOPI, además de atender los reclamos de los usuarios particulares organice inspecciones de oficio a ver si encuentra algo que los propios usuarios del servicio no han detectado. Los ciudadanos debemos tomar conciencia de que tanto, estas verificaciones como los procesos legales terminan incrementando el costo de lo que adquirimos. No hay otra, si un colegio o clínica, por ejemplo, ha tenido que incrementar su asesoría legal, indiscutiblemente ello va a terminar aumentando el costo del servicio, o sea el valor de adquisición para los usuarios.

Para establecer un sistema más razonable y justo sugerimos tres medidas:

1. Que el INDECOPI devuelva las costas en los casos que impulse la acción de oficio y pierda.
2. Que en caso de perder, los usuarios asuman el 50% de las costas de la parte denunciada y en el caso de las asociaciones de consumidores asuman el 100%.
3. Que el producto de las multas no vaya a INDECOPI sino al Tesoro Público.

Con esto vamos a lograr que los usuarios no hagan denuncias por gusto y que INDECOPI los asesore con mayor seriedad antes de dar curso a cualquier queja. Así, INDECOPI trabajará más trasparentemente al no verse directamente favorecido por sus propias sentencias.

¡Ya es hora de cortarle las uñas al monstruo! Lampadia

CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

El caso del chofer que atropelló intencionalmente a una inspectora de ATU y se dio a la fuga, fue atrapado por la policía y dejado en libertad por la fiscalía, es uno de los tantos casos que muestra que la justicia en el Perú está patas arriba.

Hace poco, dos cabecillas terroristas del Vraem que habían sido capturados el 12 de julio de 2019 cuando -según la policía- se disponían a atacar una comisaría en Huancavelica, fueron liberados por el Poder Judicial por exceso de carcelería. En este caso la culpa es tanto de la fiscalía que no presentó acusación luego de dieciocho meses, como de los jueces que pudieron haber extendido la prisión preventiva.

Según el especialista Pedro Yaranga, uno de los capturados era un mando importante, “a nivel militar, era el segundo hombre [del grupo de los Quispe Palomino], que planificaba las emboscadas, las incursiones armadas. Él es detenido por un trabajo eficiente de la policía en las vísperas de lo que tenía previsto incursionar en una comisaría y hacer un baño de sangre con 18 hombres”. (“RPP Noticias”)

La incompetencia de los operadores del sistema judicial es nefasta y todas las reformas que se han intentado hasta ahora han fracasado. Peor aún, muchas veces no han tenido como propósito real mejorar las cosas sino controlar políticamente el sistema, como la última que realizó Martín Vizcarra y la coalición que lo respaldaba.

Otros casos escandalosos son los de los disturbios de los últimos meses. Tanto en las manifestaciones promovidas por los vizcarristas, incluyendo al Partido Morado y todas las tendencias izquierdistas contra Manuel Merino, como en los bloqueos de carreteras en Ica y La Libertad, donde los vándalos cometieron delitos sancionados con prisión efectiva, no hay –que se sepa- detenidos ni procesados.

Los únicos acusados, tanto por el Gobierno de Francisco Sagasti como por sus cófrades de organismos internacionales, son los policías que arriesgaron su vida para cumplir su deber e intentar mantener el orden.

Es indignante, por ejemplo, el reporte de la oficina de DDHH de la ONU que dirige Michelle Bachelet que señala que en noviembre la policía hizo “un uso innecesario y excesivo de la fuerza”. En realidad, la policía se defendió a duras penas de la turba violenta, sin contar con los instrumentos adecuados, a pesar de lo cual impidió que los vándalos hicieran los que las muchedumbres realizaron en el Capitolio de Washington o el Congreso de Guatemala.

Dicen, además, que “las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente” y que la policía las atacó con violencia. Eso, por supuesto, es absolutamente falso. Primero, la policía no disolvió a los manifestantes pacíficos, solo se defendió de los violentos. Y segundo, de acuerdo al estado de emergencia decretado por Vizcarra, todo tipo de concentraciones estaba terminantemente prohibido y nadie tenía derecho a reunirse.

En suma, la tendencia es la misma, el desastroso sistema de justicia peruano sigue protegiendo a los delincuentes. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

El Estado peruano, al igual que todos los Estados del mundo que se respeten, tiene derecho a exigirle a sus ciudadanos la información que considere conveniente y a gestionar por todos los medios a su alcance, aquella información que requiera para asegurar la recaudación tributaria, tener bajo control los movimientos de dinero que podrían implicar; lavado de dinero, evasión tributaria y financiamiento del terrorismo, entre otras actividades delictivas.

El asunto sería sencillo si contáramos con instituciones sólidas, que respeten las normas y parámetros de legalidad, con las se maneje la información antes mencionada. El problema se complica, cuando alguno de los poderes del Estado es infiltrado por la delincuencia y está claro que en nuestro país, desde el poder ejecutivo (empezando por una seguidilla de ex-presidentes y ministros), el congreso, al que en los últimos años se le fue incorporando la delincuencia, al punto que algunas fuerzas del lumpen lo tienen controlado. El sistema judicial, con muchos jueces y fiscales descalificados (para muestra “los cuellos blancos del puerto”, por no recorrer todo el país y confirmar lo dicho con múltiples ejemplos).

En estas circunstancias, estamos observando que la Comisión de Defensa del Consumidor del congreso, después que le atribuyeron facultades de comisión investigadora, ha tenido el atrevimiento de solicitar a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que le entregue una copia espejo de un sinnúmero de datos e información recibida por esta entidad, incluyendo información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Ante esto, la jefe de la SBS, Sra. Socorro Heysen, ha explicado que este pedido “pone en riesgo la reputación, la seguridad y hasta la vida de los ciudadanos”.

Debemos tener claro, que las normas legales que le permiten a la SBS y a la SUNAT a exigir a los ciudadanos, así como la atribución de recibir información proveniente de múltiples países, en base a acuerdos internacionales, también obligan al Estado peruano a la reserva de tal información. Esta obligación de reserva está protegida por la Constitución y la ley, incluyendo la ley de protección de datos y su no cumplimiento, es sancionable. Las comisiones investigadoras del congreso tienen derecho a solicitar información puntual, referida a casos específicos bajo investigación. La otra forma de obtener igualmente información puntual, es mediante mandato judicial. Lo dicho significa, que ninguna comisión del congreso puede solicitar se le proporcione un “archivo espejo”, sin límites de la información manejada de manera reservada por estas instituciones.

Resulta importante remarcar, que esta prerrogativa y derecho de los Estados, se ha instituido de manera universal, partiendo del supuesto de un Estado conducido por gente honesta, que respeta las instituciones y guiado por intereses superiores orientados al bien común. En el mundo, nadie se ha puesto ante el escenario en que la delincuencia pueda capturar al Estado y valerse del poder que este control le confiere, para a partir de eso, ampliar su accionar delictivo. Eso no se puede permitir, lo contrario implica ratificar un elemento adicional para considerarlo un Estado fallido.

Creo que la ciudadanía debe cerrarle el paso a esta pretensión, caso contrario, los propios ciudadanos tenemos el derecho de entrar en rebeldía, en contra del uso de estos poderes por parte de la delincuencia y al efecto, suspender sus declaraciones juradas, no proporcionar más información que pueda caer en manos del lumpen, con fines delictivos e insospechados.

Si los poderes del Estado, los mismos que han sido diseñados considerando los contrapesos necesarios para evitar estos excesos, no ponen coto a esta situación, somos los ciudadanos quienes debemos poner freno, por todos los medios a este riesgo y curarnos en salud. Debemos denunciar estas pretensiones ante organismos internacionales y hacer que el Perú quede excluido, cuando menos, de los convenios internacionales de cooperación y cruce de información financiera, en protección de la integridad de los ciudadanos frente a la delincuencia que haya tomado el poder. Independientemente, debemos asegurarnos que esta información sea de uso exclusivo de la entidad que la recibe en primera instancia, permitiendo su uso exclusivamente al poder judicial, ante mandato expreso del juez a cargo de la causa. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 17 de abril de 2020
Para Lampadia

La frase original es “El campo es santo… la ciudad no tanto”. Y proviene de Fray Ramón Rojas – más conocido como el Padre de Guatemala – quien allá por el año 1830 hizo brotar agua en el desierto de Ica, en un lugar conocido como Pozo Santo. Para muchos iqueños, el fraile guatemalteco es un santo de facto. “Un santo buscador de hombres en su existencia, en su vida sencilla, y su trato cotidiano”. (Ver “Vida y Prodigios de Fray Ramón Rojas” escrito por Alberto Benavides Ganoza)

A lo que quiero llegar es que el Estado peruano no es – ni remotamente – tan santo como debiera. Los ciudadanos no nos sentimos adecuadamente servidos por él. La política – o, mejor dicho, la politiquería – lo ha malogrado todo. El hecho es que el Estado ha devenido en un ente inoperante, maltratador, sobredimensionado, engorroso, indolente, despilfarrador, parasitario, y – sobre todo – corrupto. Incluso, chantajista. Y encima, abusivo y mandón.

La coima y el clientelismo político son sus principales atributos. Ciertamente, hay servidores públicos honestos, eficientes, y muy serviciales. Pero – lamentablemente – hay muchos malandrines también… en todas las instituciones públicas, y a todo nivel.

La pregunta es… pasada la pandemia ¿vamos a seguir con el Estado, tal cual? ¡De ninguna manera! Lo estamos viendo en estos días de emergencia. La precariedad de los hospitales públicos. Las compras de mascarillas y equipos de pésima calidad… y recontra sobrevalorados. Alcaldes y autoridades regionales apropiándose ayuda humanitaria. Calles inmundas. Sin agua… ni para lavarnos las manos. ¿Y qué decir de la corrupción en el Poder Judicial? La verdad, la verdad… el Estado no sirve.

Bueno pues, así como la pandemia está propiciando un cambio radical de usos y costumbres en la ciudadanía y en el sector empresarial, lo mismo debe ocurrir en el Estado. Claro que los cambios en el Estado debieron ocurrir hace tiempo… mucho antes de la pandemia. Pero no discutamos eso. Traguémonos el sapo. Y discutamos – más bien – el cómo y quién debe cambiar al Estado. Más vale tarde que nunca.

El Estado tiene que concentrarse – prioritariamente – en mejorar los servicios de agua, salud, educación, y seguridad. ¡Y punto! El único gran objetivo debe ser la vida – y el bienestar – de las personas y la naturaleza. Eso implicaría aumentar significativamente los presupuestos de los cuatro servicios antes mencionados. Entonces ¿de dónde pecata mea? Pues de la reducción de muchos programas e instituciones públicas innecesarias y redundantes, que no sirven para nada… y que cuestan un montón de plata.

El clientelismo político debe terminar. La meritocracia y la carrera pública deben establecerse como normas sagradas en el aparato estatal. Para ello hay que replicar el modelo de autonomía y profesionalismo del Banco Central de Reserva (BCR) en los demás servicios básicos. Hay que acabar con las prerrogativas ministeriales, regionales y municipales de cambiar funcionarios públicos según sus filiaciones partidarias, familiares o amicales.

Hay que ir – firmes y directos – a la transformación digital del Estado. Cero papeles. Cero colas. Cero coimas. Compras y contrataciones, permisos y licencias, certificados, títulos de propiedad… todo debe digitalizarse.

Ahora bien. Dado que el Estado no se va a cambiar a sí mismo ¿quién debería cambiarlo? En mi opinión, el cambio lo tendríamos que forzar desde la ciudadanía. No queda otra. Desde la ciudadanía tenemos que evaluar con objetividad los servicios del Estado, y desenmascarar a los corruptos e indolentes. La prensa tendría que jugar un rol preponderante en esta materia. Y así por el estilo.

En fin. Estas son ideas – solo ideas – para que el Estado sea tan santo como el campo. Veremos – con el tiempo – cómo nos va. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Exclusivo para Lampadia

En la dictadura de Velasco, luego de que el Poder Judicial fuera intervenido y desarmado con el apoyo de connotados juristas con Héctor Cornejo Chávez, los jueces no contuvieron las deportaciones, las detenciones arbitrarias, las confiscaciones, ni la apropiación de los medios de comunicación. El temor a las botas fue evidente.

En los años 80 y principios de los 90, muchos terroristas subversivos de Sendero Luminoso y del MRTA fueron liberados por ”falta de pruebas”,  eufemismo con el cual se justificaba el temor de muchos jueces frente a las amenazas de muerte de los subversivos, sus sicarios y sus grupos de apoyo. Varios jueces y fiscales cuentan entre las víctimas de la insania criminal de los subversivos.

Ese mismo temor obligó al Estado a instalar jueces sin rostro y tribunales especiales para superar el temor y juzgar a terroristas.

Años después, cuando concluyó la emergencia política aquella justicia especial ad hoc, fue puesta en tela de juicio en foros internacionales y surgió ya también el temor a las sentencias condenatorias frente al Estado Peruano por infracciones a los derechos humanos, lo cual llevó a desmantelar el sistema sumario y retomar el juzgamiento de este tipo de delitos a los jueces comunes.

En los 90s también, los jueces no admitieron amparos contra destituciones arbitrarias o interferencias de poderes por temor al régimen de turno, siendo los casos de activismo judicial la excepción y no la regla.

Sicarios, narcotraficantes, secuestradores y otros delincuentes pasaron entonces a ser las nuevas amenazas de los jueces. El temor a sus represalias y los no pocos casos de jueces asesinados, le ha costado al Perú muchas liberaciones, seguramente también por “falta de pruebas” de estos delincuentes que han vuelto a las calles a delinquir. 

El temor aparece entonces como una constante en la labor judicial. Como una suerte de telón de fondo que explica, por lo menos en parte, la debilidad de un poder del Estado cuyo rol debiera estar por encima y a pesar del temor a cualquier poder institucional o fáctico. Decimos “en parte” porque esta reflexión no puede caer en el simplismo de reducir el problema judicial a esta variable. La corrupción, la incompetencia, la falta de recursos, la interferencia política, son entre otros, factores que definen el perfil de nuestra justicia, pero no es de ellos que nos ocupamos hoy.

Hoy, lamentablemente, el temor sigue siendo una variable presente en la administración de justicia. El temor frente a la incorrección política de las decisiones judiciales. El temor frente al sentido y la dirección de la opinión pública. El temor a contradecir los lugares comunes de la política y desentonar con los propósitos políticos de turno, está llevando a qué ya no sea la “falta de pruebas” el eufemismo justificatorio de las decisiones judiciales, sino a algo peor como las condenas por indicios y las encarcelaciones por supuestos, deducciones e interpretaciones, que dejan presos a quienes no deben y no sentencian a quienes deben.

La justicia no puede temer. Solo debiera temer a no cumplir con la Constitución y las leyes. Lampadia

Los crímenes de violación dejan remanentes psicológicos traumatizantes que pueden resultar insuperables en las mujeres víctimas de tales delitos. Peor aún, en un país como el Perú, en donde las instituciones que velan por la justicia como el Poder Judicial y el Ministerio Público presentan grandes déficits de capital humano capacitado para realizar sentencias (ver Lampadia: Prisión preventiva) además de altos niveles de corrupción, pueden terminar siendo no solo ineficientes en penalizar dichos actos sino que además pueden colaborar con concretar la impunidad de los denunciados.

Para nutrir la discusión de cómo abordar el combate de estos delitos y de ser posible, disuadirlos en gran medida, compartimos un reciente artículo de The Economist en el que se exploran alternativas legales que han sido implementadas por varios países de Occidente con muy buenos resultados. Definir claramente la naturaleza del delito de violación y promover la educación sexual en la educación básica regular serían los principales drivers que, según el análisis de The Economist, podrían cambiar la realidad de las mujeres violadas en los países. Lampadia

Justicia esquiva
Cómo reducir la violación

Es el crimen violento más difícil de procesar. Pero la mayoría de los países pueden hacerlo mejor

The Economist
2 de enero, 2020
Traducido y glosado por Lampadia

La violencia sexual es menos común hoy que en generaciones anteriores. Pero incluso en democracias ricas y pacíficas, es a la vez generalizado y angustiosamente fácil de salirse con la suya. Una quinta parte de las mujeres estadounidenses será violada en algún momento, según una estimación. Sin embargo, solo una cuarta parte de las víctimas lo denuncian. La mayoría permanece en silencio a pesar del daño de por vida que la violación puede infligir y el deseo de encerrar a un depredador y disuadir a otros. Lo hacen en parte porque las probabilidades están en su contra. En Inglaterra y Gales, en los 12 meses hasta marzo de 2019, solo el 1.5% de las violaciones denunciadas terminaron en un cargo penal. Con tan pocas posibilidades de justicia, muchas mujeres son reacias a sufrir la terrible experiencia de denunciar un ataque a la policía.

Mucha gente piensa que las mujeres a menudo mienten sobre la violación. Ellas no. La cifra precisa es desconocida, pero las estimaciones más creíbles son que entre el 2% y el 8% de las denuncias de violación son falsas. En las encuestas, muchos oficiales de policía suponen que la cifra es mucho más alta, lo que seguramente afecta la forma en que manejan las quejas. Cuando una adolescente británica informó que había sido violada en grupo en Chipre, la policía local la interrogó durante horas, mientras estaba traumatizada, sin un abogado presente. Ella dice que la presionaron para que retractara sus acusaciones, que ahora insiste en que son ciertas. El 30 de diciembre fue condenada por mentir y enfrenta hasta un año de prisión. Otras mujeres que piensan denunciar una violación en Chipre ahora pueden decidir no hacerlo.

La violación es un crimen inusualmente difícil de probar, particularmente cuando ninguna de las partes niega que haya tenido relaciones sexuales. Un jurado debe ser persuadido más allá de toda duda razonable de que la víctima está diciendo la verdad y que el autor está mintiendo. Sin otros testigos o evidencia física, esto es difícil. Mientras se presuma la inocencia del acusado hasta que se pruebe su culpabilidad, una piedra angular de cualquier sistema de justicia decente, las tasas de condena por violación nunca serán tan altas como lo son por asesinato.

Sin embargo, la mayoría de los países podrían y deberían manejar mejor los casos de violación. Comienza con la ley. La violación debe definirse claramente como sexo sin consentimiento. Varios países europeos y estados estadounidenses aún requieren pruebas de que se utilizó la fuerza, o la amenaza de la fuerza. Esto brinda escasa protección a las víctimas que estaban inconscientes o que se congelaron. En la mayor parte del mundo no occidental, la violación marital sigue siendo legal; no debería ser. Los estatutos de limitaciones deben extenderse o desecharse, como lo han sido en Gran Bretaña. Los jueces deben permitir que los testigos de apoyo den fe de un patrón de comportamiento depredador por parte del acusado, como sucederá en el juicio de Harvey Weinstein, un productor de películas, que comienza el 6 de enero.

Para alentar a más mujeres a presentarse, sus casos deben tratarse con mayor sensibilidad. En Gran Bretaña, casi la mitad de las mujeres que denuncian violaciones ahora se retiran durante las investigaciones, en parte porque consideran que el proceso es muy desagradable. Los investigadores especializados deben estar capacitados en las mejores formas de entrevistar a los denunciantes traumatizados. En Alemania, a diferencia de Gran Bretaña, se investigan todos los informes de violación. En Suecia, tales investigaciones son supervisadas por fiscales. La evidencia obtenida de los teléfonos puede proporcionar una corroboración valiosa, pero si la recopilación de evidencia se siente como una búsqueda de tiras digital, exponiendo toda la vida del demandante al escrutinio, disuadirá a muchos de presentar cargos. Más dinero puede ayudar, a veces de manera obvia. Hasta hace poco, algunas ciudades estadounidenses tenían una acumulación de miles de “kits de violación” no probados (el ADN y otras pruebas recopiladas del cuerpo de una víctima justo después de un presunto asalto). La ciudad de Nueva York pagó alrededor de US$ 12 millones para eliminar su cartera de pedidos de 17,000 kits no probados acumulados antes de 1999, ayudando a encontrar 2,000 partidos y asegurar 200 arrestos. Otras ciudades han seguido sabiamente su ejemplo.

Por último, las actitudes deben cambiar. La educación sexual en las escuelas canadienses, holandesas y suecas incluye enseñar a los niños sobre el consentimiento. Se ha demostrado que esto reduce la violación; debe copiarse. En las universidades y los lugares de trabajo, las víctimas de conducta sexual inapropiada deben tener muchas maneras de denunciarlo, incluso de forma confidencial y en custodia (de modo que, por ejemplo, se divulgue un informe solo si más de una persona presenta una queja similar sobre el mismo atacante). La violación y otras formas de abuso sexual nunca pueden eliminarse. Pero pueden ser disuadidos más efectivamente de lo que son hoy. Lampadia